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Caracas, 13 de enero de 2016
Socialismo como sea l presidente Nicolás Maduro se ha manifestado preocupado por la economía nacional. No es para menos: el precio del petróleo está en sus niveles más bajos en los últimos doce años, la inflación es la más alta del mundo y sigue la escasez de productos de primera necesidad. El jefe de Estado ha llegado a proponer un nuevo decreto de emergencia económica, cuyo contenido permanece en las sombras. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado medidas que sugieren que apostará por llevar al extremo las mismas políticas que han conducido al país hacia donde está ahora.
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El Gobierno busca radicalizar su modelo económico a pesar del rechazo de la población plasmado en la elección de la nueva Asamblea. El fundamento de sus planes es la profundización del sistema comunal. Ha tomado medidas para asegurarse de que el Parlamento no interfiera en sus planes
En este ambiente, diseñó un nuevo gabinete económico de pensamiento diverso, con una mezcla de dogmáticos y pragmáticos, pero en el que la última palabra la tiene un defensor radical de la ideología que ha inspirado los controles y la atribución de los problemas al sector privado. También ha demostrado un renovado interés en los planes comunales como forma de reactivar la producción nacional. Aunque parezcan decisiones tomadas de la noche a la mañana, es posible que de hecho hayan sido concebidas con bastante anticipación, y que el chavismo haya tenido como meta llegar a ellas tarCont. en la pág. 2
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de o temprano.
El dogma por encima de todo Incluso antes de admitir la emergencia económica, Maduro pidió públicamente a todos sus ministros poner sus cargos a la orden. Fue casi un mes después cuando se concretaron los cambios, que afectaron sobre todo a la parte del gabinete que regula las actividades económicas en el país. El nuevo ente rector es el Ministerio de Economía Productiva, que Maduro asignó a una figura hasta ahora desconocida para la mayoría de la opinión pública nacional: Luis Salas, que también fue designado vicepresidente para el Área Económica. Su pensamiento, está marcado por el marxismo ortodoxo. Ha sido vinculado con el grupo más radical de los asesores económicos de Maduro, encabezado por Tony Boza y el español Alfredo Serrano. El nuevo ministro es uno de los intelectuales que más ha intentado brindar argumentos teóricos para demostrar que sí existe la "guerra económica" con la que el Gobierno busca eludir su responsabilidad en la crisis. Sostiene que la inflación no es un problema atribuible a los controles de precio, sino una especulación de la que se valen los empresarios capitalistas para maximizar su lucro mediante la explotación de los trabajadores. Tampoco cree que haya escasez de productos, sino acaparamiento. Para él, al menos buena parte del
sector privado está conformado por una "burguesía parasitaria" que ha vivido de las importaciones, en lugar de impulsar la producción nacional, desde la década de 1940. El nada disimulado desprecio de Salas por el empresariado nacional podría traducirse en un recrudecimiento de la agresividad gubernamental contra las compañías privadas, que ya se ha vuelto común en el Ejecutivo de Maduro. Salas rechaza la noción de que el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central de Venezuela genere aumento de precios. Recientemente Maduro reformó la Ley del BCV para aumentar la permisividad al ente emisor para que cubra los gastos gubernamentales. Con el nuevo director a cargo de la sinfonía económica, es muy probable que esta impresión de dinero inorgánico se mantenga. Sin embargo, a la batuta de Salas deberá responder a una orquesta de funcionarios con instrumentos afinados de maneras muy diferentes. Es más, dentro del gabinete fichas claves consideradas como pragmáticas y bastante alejadas del dogmatismo del vicepresidente económico. Así lo indica la información de disponible sobre Rodolfo Medina, nuevo ministro de Finanzas y Banca Pública. Economista de la UCV, donde ha sido profesor, se ha desempeñado como director de la Oficina Nacional de Presupuesto. Se le considera un hombre de perfil bastante técnico, alejado de las ideologías. El sector privado reaccionó positi-
vamente a la designación del empresario Miguel Pérez Abad, expresidente de Fedeindustria. Lo perciben como alguien que entiende sus necesidades y que puede interceder a su favor ante el Gobierno. A ellos dos se añade Jesús Faría como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. El exdiputado a la Asamblea Nacional -derrotado el pasado 6 de diciembre- también es economista, pero de formación marxista. Aunque se ha caracterizado por su discurso radical, más recientemente ha hecho planteamientos flexibles, rechazados por el sector extremista. Entre ellos están la creación de un sistema dual de tasa de cambio y el aumento de la gasolina y la tarifa eléctrica. No está claro si el organismo que preside Faría reemplazará el Centro Nacional del Comercio Exterior (Cencoex). En el nombre, podrían tener las mismas funciones. El problema es que estos tres ministros estarán subordinados al radicalismo de Salas. Para la firma Barclays, la cuestión clave está en las oportunidades que tengan para frenar la influencia del vicepresidente para el Área Económica. "Creemos que el poder y la capacidad para afectar la economía de Salas podrían verse reducidas por el hecho de que está recibiendo un nuevo ministerio sin estructura y tendrá que construir su equipo. No obstante, pensamos que las diferencias en el gabinete, más que aumentar la capacidad del Gobierno para resolver la crisis, reducirá la posibilidad de coordinar un plan económico coherente", dice el último informe de la firma sobre Venezuela. Además de esta nueva distribución de poderes, llaman la atención dos carteras dedicadas a sectores económicos bastante específicos: son el ministerio de Pesca y Acuicultura y el ministerio de Agricultura Urbana. Para el primero, Maduro designó a Ángel Belisario, un almirante de la Armada venezolana, y para el segundo, a Emma Ortega, exfuncionaria de la Gobernación de Aragua.
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Comunas, a producir Los despachos nuevos indican la dirección con la que el Gobierno ha manifestado que resolverá la crisis. Se trata de una sustitución de los bienes terminados comprados en el extranjero por otros producidos en Venezuela, pero en comunas o, incluso, en el mismo hogar, como lo propone el dogma comunal. La decisión, si realmente se concreta, implicaría un giro de 180 grados con respecto a la tendencia que el Ejecutivo ha mantenido desde hace varios años, basada en traer directamente desde otros países los productos de primera necesidad. Sin embargo, no está claro si en vez de eso se les otorgará a las empresas las divisas que requieren para importar materia prima y reactivar sus líneas de producción, sobre todo teniendo en cuenta la actitud de Salas. Aunque Pérez Abad ha tenido gestos hacia el sector privado, como la simplificación de trámites, también ha dicho que los dólares irán solamente a las compañías que elaboren rubros "estrictamente necesarios" para la población. No debe olvidarse que, además de los cambios al gabinete económico, Maduro designó como vicepresidente de la República a Aristóbulo Istúriz, quien ha dicho reiteradas veces que el control de cambio no es una medida estrictamente económica, sino también política. Istúriz sostiene que, sin el control, los empresarios "se llevarían los dólares para tumbar al Gobierno". Su presencia en este puesto clave es una señal más de la poca disposición oficialista a una flexibilización que aumente el flujo de divisas hacia el sector privado. En vez de articularse con un empresariado al que es hostil, el Gobierno buscaría reactivar la producción nacional me-
diante una expansión del modelo económico comunal. Ello estaría más en línea con los planteamientos de Salas y de Istúriz, quien fue uno de los pocos voceros chavistas que desde 2010 proclamó abiertamente la necesidad de desmantelar las gobernaciones y alcaldías para sustituirlas con los consejos comunales y comunas. Es por eso que se han creado carteras dedicadas a áreas tan específicas como el comercio exterior, la pesca y la agricultura urbana. Dos de ellos están enfocados en el suplemento de alimentos, una cuestión que ha producido fuertes dolores de cabeza a las autoridades por el desabastecimiento crónico. La idea sería implementar en todo el país sistemas productivos locales que brinden a la población la comida que consuman. Emma Pérez, ministra de Agricultura Urbana, ha sugerido que las comunidades se organicen para cultivar vegetales y criar animales para su dieta diaria. A sembrar yuca en apartamentos y criar gallinas en los techos de los edificios, una propuesta que no le funcionó a Chávez en 2008. El sistema económico comunal, establecido mediante una ley orgánica vigente desde 2010, está basado en la propiedad social, un concepto marxista por el que los medios de producción no tienen dueños individuales. El modelo productivo socialista, contemplado en la legislación como marco de la economía comunal, está "orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista, y dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación y apropiación, así como la reinversión social del excedente". Es decir, no hay ganancias privadas.
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Ya el Gobierno tiene algún tiempo trabajando en esa dirección, pues en noviembre se realizó el primer Encuentro del Sistema Económico Comunal y este lunes inició el segundo en Los Teques, Estado Miranda. Según una nota de prensa del Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, el encuentro -que se extenderá hasta este miércoles- busca afinar propuestas de productividad en tres áreas específicas: la producción económica, el fortalecimiento de proyectos impulsados por el Poder Popular y productores comunales, "atendiendo así el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, de crear nuevas líneas de la economía apegadas al plan de la Patria 2013-2019". Las actividades económicas concretas, según la ley, son los proyectos socioproductivos. Ejemplos de ellos pueden ser los planes pesqueros y agrícolas locales que el Ejecutivo ha proyectado mediante los nuevos ministerios. El financiamiento de estos proyectos proviene del Gobierno. Es por eso que en este momento existen dudas sobre su viabilidad en momentos en que la principal fuente de ingresos en divisas del Estado, la renta petrolera, está mermada por la caída en los precios del crudo. El barril venezolano estaría rondando los 24 dólares, según dijo ayer martes el mismo presidente Maduro. Es probable entonces que el Ejecutivo siga valiéndose del BCV para financiar su gasto en proyectos socioproductivos. Tal impresión sostenida de dinero inorgánico, contra toda advertencia de la mayoría de los economistas, generaría una mayor inflación. Pero como ya se expuso, el nuevo jefe del gabinete económico está convencido de que ese no será el caso.
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¿Y la Asamblea opositora? aya estado desde hace tiempo o no entre los planes oficialistas tomar tarde o temprano las medidas que hoy está tomando, lo cierto es que el Gobierno no esperaba que le surgiera un obstáculo como la elección de una Asamblea Nacional con mayoría calificada opositora. El chavismo ha tomado rápidamente medidas para reducir la capacidad parlamentaria de entorpecer sus planes. Además, la Asamblea se encuentra por los momentos en un limbo jurídico sin precedentes, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato a una orden suya y anuló todos sus actos hasta que no obedezca. Específicamente se exige a la junta directiva que deje sin efectos la juramentación de tres diputados electos con los votos de Amazonas. Aunque hasta ahora no el TSJ no ha amenazado con sanciones penales para los tres dirigentes afectados, el diputado chavista Pedro Carreño ha pedido a la corte que considere dictar castigo. Una fuente que prefirió no identificarse dijo a Descifrado que las medidas punitivas podrían extenderse a los integrantes de la junta directiva de la AN, Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla. Además, esta situación pone en entredicho la presentación de la memoria y cuenta anual del presidente Nicolás Maduro ante el Parlamento, programada para pasadomañana, 15 de enero. El jefe de Estado ha evitado pronunciarse al respecto, pero los diputados del PSUV han manifestado que no debería hacerlo mientras la AN siga en desacato. Incluso sugirieron que Maduro lo haga ante la Sala Constitucional del TSJ. La prolongación de esta situación dependerá del balance que haga la mayoría opositora sobre los costos y beneficios que implique mantener su actitud de no reconocimiento a un fallo que considera ilegal.
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No es improvisación El otorgamiento de recursos a los proyectos socioproductivos está condicionado a su congruencia con los planteamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, mejor conocido como Plan de la Patria. Este documento, que contiene las líneas maestras para el Gobierno en el período constitucional 2013-2019, está, también orientado totalmente por las tesis del socialismo radical. Uno de sus objetivos estratégicos es "democratizar los medios de producción, impulsando nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad". La profundización de este modelo comunal, así como la formación del nuevo
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
gabinete económico, han sido criticadas como medidas desesperadas e ilógicas por parte de economistas, y buena parte de la opinión pública en general. Consideran que se insiste en políticas que empeoran la situación económica y que el equipo ministerial difícilmente podrá operar por las diferencias entre sus integrantes. Para Aura Marina Palermo, directora de la firma AP Consultores, en realidad las decisiones del Gobierno no son improvisadas. Más bien están en la misma dirección hacia la que el chavismo ha apuntado desde que su líder fundador planteó la Agenda Alternativa Bolivariana en 1996, para su ejecución en un lapso de 20 años. Su consolidación en el Plan de la Patria sería solo un paso más en una ruta fría-
Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo
mente calculada por el oficialismo. "Este nuevo orden jurídico, se presenta en apariencia como un desorden más o menos caótico, y esta impresión tampoco es accidental o involuntaria, sino que busca lograr dos efectos de distracción en la percepción: primero, el efecto de hacer creer que son medidas improvisadas e inconexas, incluso contradictorias; y segundo, esconder la verdadera arquitectura subyacente, la cual sólo aflora con claridad, cuando las leyes se mapean de forma cronológica", dice Palermo en su artículo "Venezuela en 2016: cuando lo racional no puede ser aplicado". Cabe recordar en este sentido que al mismo poder comunal con el que el Gobierno aspira a atender la emergencia económica se le dio ordenamiento legal, no en los últimos días, sino hace más de cinco años. En entrevista para Descifrado, Palermo manifestó que el conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia es una cortina de humo que distrae a la población sobre las acciones económicas del Gobierno y la pretensión de fusionar la República con el Estado comunal. Para los actores políticos y económicos es fundamental tener una visión clara sobre cuáles son las intenciones reales del oficialismo y su capacidad para materializarlas. En este momento, dada la fuerte derrota electoral del 6 de diciembre, esa capacidad por primera vez ha encontrado un escollo importante dentro de las propias fronteras. Pero no por eso debe asumirse que al chavismo solo le queda dar patadas de ahogado. Pensar así podrá traer serios desaciertos en las decisiones futuras. Seguiremos informando…
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