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Caracas, 20 de enero de 2016
La hora de la verdad uando comenzó el año 2015, Venezuela ya estaba en crisis económica. Aunque lejos de los índices de hoy, la inflación era galopante y la escasez de productos, crónica. Los precios del petróleo ya habían comenzado su brusco descenso, cayendo del límite de $150. Sin admitir ninguna culpa, el gobierno de Nicolás Maduro dijo a la población que él mismo había diseñado las estrategias para que el país se recuperara sin mayores traumas. Pasaron doce meses y la economía solo empeoró. El jefe de Estado volvió a culpar al desplome petrolero e incluyó la entelequia de la "guerra económica". No
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El chavismo y la oposición usarán sus respectivos poderes en el Gobierno y la Asamblea Nacional para buscar soluciones al malestar económico. No ha habido por ahora mayor cooperación entre ellos. Mientras, las finanzas del país siguen en deterioro por un petróleo que puede seguir bajando por el retorno de Irán a los mercados
le importó que más de la mitad de la población se manifestara en contra de su modelo político y económico en las parlamentarias del 6 de diciembre. Ahora busca más poder en torno a su persona para seguir intentando soluciones a la crisis sin desviarse un milímetro de la dirección escogida por el oficialismo para conducir al país. Comenzó decretando una emergencia económica que le permitiría manejar a su antojo los fondos nacionales, ocupar temporalmente bienes privados y restringir las transacciones financieras. Esta vez hay un obstáculo con el que el Gobierno no contaba antes: la mayoría Cont. en la pág. 2
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opositora en la Asamblea Nacional. Ella está facultada para anular el decreto, y tiene hasta el viernes para evaluar su decisión. Hasta ahora, los diputados a cargo de analizar la propuesta de Maduro se han mostrado escépticos. El decreto y otras estrategias sobre el rescate de la economía nacional muy probablemente serán pasto para la candela entre el Ejecutivo y el Parlamento, entre un oficialismo que quiere conservar su predominio y una oposición empoderada que exige cambios.
¿Decreto o habilitante? Luego de la lectura del Decreto de Emergencia Económica por el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, varios economistas y abogados reaccionaron en redes sociales, calificándolo como "un conjunto de buenos deseos". En efecto, el texto legal ofrece más información sobre sus objetivos que sobre los métodos concretos para alcanzarlos. El artículo 3 faculta al Presidente para dictar medidas de orden "social, económico, político que estime convenientes a las circunstancias (…) con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional". Es muy probable que las implicaciones reales del decreto, de ser aprobado, sean vistas en las próximas semanas, cuando Maduro ordene las acciones que le parezcan pertinentes. En ese sentido, el propósito general del decreto sería dar al jefe de Estado poderes extraordinarios para intervenir la economía nacional. A la salida de la sesión especial de la Asamblea Nacional para el mensaje presidencial de memoria y cuenta, el alcalde de Baruta y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, manifestó que el decreto está redactado de manera general para otorgarle al Presidente facultades especiales. Opinión similar tuvo el politólogo John Magdaleno. Entrevistado por Globovisión, describió el decreto como una "habilitante soterrada". A partir de las generalidades que sí aparecen en el texto, es posible entrever al menos las líneas maestras que orientarán las decisiones del Ejecutivo. En pri-
mer lugar, llama la atención el aumento de la discrecionalidad con la que el Gobierno pudiera administrar los fondos públicos. El numeral 2 del artículo 2 plantea la posibilidad de asignar recursos extraordinarios a proyectos que no necesariamente aparezcan en el presupuesto aprobado para 2016. Esta disposición, añadida a la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, puede aumentar el financiamiento al gasto público por parte del ente emisor, con poco o ningún control por parte del Parlamento. Como resultado podría haber una importante impresión de dinero inorgánico que genere inflación y mayor opacidad en el manejo de recursos del Estado. El decreto contempla el diseño e implementación de medidas para reducir la evasión fiscal. La economista Anabella Abadi y el abogado Carlos García Soto señalaron en un artículo publicado en el portal Prodavinci que el Gobierno ya con-
taba con los medios para combatir esta falla, por lo que tal argumento para declarar la emergencia económica es cuestionable. Además, se supone que el decreto sirve para atender una circunstancia económica. Por ello, las acciones que abarque no podrían atender problemas estructurales, como la elusión fiscal, una vez terminada la emergencia. Otro punto es la simplificación de los trámites para la importación de bienes "indispensables para el abastecimiento nacional", que incluye al sector privado. Sin embargo, eso difícilmente signifique una apertura general al libre comercio exterior para las empresas, dada la línea de pensamiento del ministro Salas sobre la "burguesía parasitaria que vive de las importaciones". Es más probable que la facilitación de la compra de productos en el extranjero quede limitada a aquellos insumos para la elaboración de artículos terminados que estén entre las prioridades del Gobierno.
El retorno del persa a pesadilla del Gobierno de una cesta petrolera a precio de gallina flaca tiene un nuevo elemento de terror. Irán ha reingresado plenamente al mercado internacional del crudo. El pasado domingo Estados Unidos y la Unión Europea levantaron las sanciones comerciales que pesaban sobre el país islámico, mucho antes de lo que se pensaba. Con una producción actual de 2,8 millones de barriles diarios (bd), Irán es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No conforme con esto, las autoridades del país anunciaron que ordenaron añadir 500 mil bd más. Los 3,3 millones resultantes pronto se sumarán a una oferta mundial ya excesiva por los suministros de Arabia Saudita y Estados Unidos, y que mantiene el oro negro presionado a la baja. El gobierno de Maduro lleva más de un año pidiendo que con urgencia se adopten estrategias para recuperar los precios, sin ningún éxito. La posibilidad de un acuerdo en esta dirección parece todavía bastante remota, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, inmersos en una agria disputa por influencia política e ideológica en el Medio Oriente. La semana pasada el petróleo venezolano llegó a cotizarse en 24,38 dólares por barril. A menos de que ocurra algo extraordinario para revertir esta situación, la sobreoferta de crudo significará que el descenso seguirá. Si pasa la línea de los 20 dólares, será menos de la mitad del precio con el que fue calculado el presupuesto de la nación para 2016, hecho que dificultaría severamente la posibilidad de mejoras económicas a corto plazo.
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>> Viene de la pág. 2 El numeral 8 habilita al Gobierno para "requerir a empresas del sector público y privado incrementar su producción y el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales". Nada dice sobre cómo las compañías cumplirán con esta orden. La siguiente cláusula advierte que, en aras de garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios de primera necesidad, el Estado podrá "requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios". Este es quizás el punto que más ha disparado las alarmas, puesto que varios especialistas lo han interpretado como una autorización para más expropiaciones e incautaciones de activos del sector privado. Como síntesis de los numerales 8 y 9, Abadi y Soto alertan que se plantea la necesidad de incrementar la producción e inversión, pero no se garantizan las condiciones adecuadas para lograrlo. Entre sus declaraciones a la prensa del viernes, Blyde mencionó que el decreto no contempla expropiaciones, pero sí ocupaciones temporales, y que una vez finalizada la emergencia económica, los bienes ocupados deben devolverse a sus dueños. Mucho más extrema fue la reacción del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice). La organización afirmó en un comunicado que "la intención es reforzar las políticas y controles del Gobierno hasta las máximas consecuencias, lo que implica confiscar e invadir empresas, sustituir a los gerentes y propietarios de sus negocios e imponer precios sin relación con los costos".
El ministro de Industrias y Comercio, Miguel Pérez Abad, intentó calmar a los empresarios al asegurar que el decreto no busca "expropiaciones express" y catalogar como rumores falsos las informaciones que así lo hacían ver. Dijo que el Ejecutivo más bien busca establecer alianzas estratégicas con las compañías privadas. En el artículo 4 del decreto se lee que el gabinete económico y el BCV podrán establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones financieras. "Mientras que algunos pudieran interpretarlo como un 'corralito', otra interpretación lo puede relacionar con la entrada y salida de bolívares por la frontera, o con la insuficiencia de billetes de alta denominación en circulación. Ahora bien, para 'la protección de la moneda nacional' o, mejor dicho, de su capacidad de compra, es necesario garantizar en primer lugar la autonomía del BCV y aplicar políticas monetarias oportunas y responsables", manifiestan Abadi y Soto.
En manos del enemigo Debido a que por primera vez en más de una década se rompió el monopolio chavista sobre todos los poderes públicos, ha habido un fuerte interés sobre qué prerrogativas tiene la Asamblea Nacional sobre el Decreto de Emergencia Económica. La Constitución plantea que este tipo de iniciativas presidenciales deben ser remitidas al Parlamento hasta ocho días después de su promulgación, para que la legislatura las considere y decida si las aprueba o no. Luego de la memoria cuenta de Maduro, Blyde explicó a periodistas que la emergencia no necesita el visto bueno de la AN, ni del Tribunal Supremo de Justi-
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cia, para estar vigente. Agregó que está en vigor desde su aparición en Gaceta Oficial. Sin embargo, advirtió que, ya activado el decreto, no está eximido de la evaluación del Parlamento y el TSJ. Si alguno de los dos poderes lo rechaza, queda anulado de inmediato. Es previsible que la máxima corte dé su consentimiento, dada su tendencia a favorecer los intereses del oficialismo en sus decisiones. El primer paso que el Gobierno pretende dar para sacar a Venezuela de la fuerte crisis económica queda así condicionado a la voluntad de una legislatura controlada por la oposición. La Asamblea tiene hasta pasado mañana, viernes, para pronunciarse al respecto, de conformidad con la Ley Orgánica de Estados de Excepción. El análisis del decreto quedará a cargo de una comisión presidida por el diputado José Guerra (Distrito Capital, MUD). En declaraciones para Descifrado, Guerra manifestó que es difícil adelantar posiciones sobre cuál será la decisión de la Asamblea, debido a la falta de información verificable sobre la situación económica. "Si el Gobierno quiere decretar una emergencia, debe ser porque sabe algo más que nosotros no. No pueden decir que es por la caída de los precios del petróleo porque entonces Arabia Saudita estaría en una crisis igual", dijo. Añadió que el otro gran argumento de Maduro para emitir el decreto, la "guerra económica", es político y tampoco convence a la oposición. Aseguró que el apoyo de la AN al planteamiento gubernamental dependerá de que desde el Ejecutivo les briden datos que pongan en evidencia la pertinencia de las medidas. Guerra dijo que, aunque probablemente el BCV publicó justo ahora los índices macroeconómicos ocultos para demostrar lo grave de la situación y justificar a Maduro, esos datos no bastan. "Pu-
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José Guerra dirigirá análisis del Decreto de Emergencia Económica en la AN blicaron solamente los números hasta septiembre. Hace falte el resto. Además, esa inflación no se la cree nadie", afirmó en referencia al índice nacional de precios al consumidor acumulado de 108,7% durante los tres primeros trimestres del año pasado. Los parlamentarios opositores deben hacer un cálculo muy delicado sobre los costos y beneficios que implicaría consolidar la iniciativa chavista o rechazarla, tanto para el país como para la propia Mesa de la Unidad Democrática. Si lo aprueba y el resultado es un agudizamiento de la crisis, como la mayoría de los especialistas advierten que ocurrirá, la oposición tendrá que compartir el descontento popular resultante con el Gobierno. Por el contrario, anularlo le daría excusas a Maduro para presentar a la AN como un obstáculo para el rescate económico de la nación. Guerra descartó que este sea un condicionante para la decisión de la Asamblea. "Hay que recordar que hasta hace poco Maduro tuvo hubo una habilitante por amplio período. ¿Por qué no hizo nada durante todo ese tiempo para atacar la
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
crisis? No pueden usar ese chantaje y culparnos por sus propios errores", dijo.
Los siguientes rounds Se apruebe o no el decreto, la economía venezolana seguirá requiriendo atención y es bastante posible que siga siendo uno de los principales focos de choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. Desde luego, es este último el que diseña la política económica, pero eso no impide al Parlamento tomar iniciativas para limitar la capacidad de acción del Gobierno, o para exponer las fallas en su proceder ante la opinión pública. Por ejemplo, puede haber un intenso debate ante el hipotético aumento de la gasolina. En su mensaje de memoria y cuenta, Maduro aseguró que había llegado el momento para adoptar esta medid. Se pensaba que el nombramiento del dogmático Luis Salas como vicepresidente del Área Económica era una señal de que no se procedería en esta dirección. No obstante, el pasado lunes Salas se manifestó de acuerdo con el alza. Es improbable que la Asamblea se manifieste en contra de un aumento al
Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo
combustible, pero sí pudiera reclamar por el carácter tardío de la decisión, así como por las pérdidas de ingreso que han supuesto para Pdvsa como Petrocaribe. De esta forma podría no interferir con un cambio que las finanzas nacionales necesitan, y a la vez arrojar el costo político a Maduro. Para mantener su capital político al menos estable, la AN no debería tomar unilateralmente este tipo de medidas impopulares. Otras posibles causas de más disputas entre ambos poderes son los proyectos de leyes promovidos por la bancada opositora en el ámbito económico. Muchas de ellas implican un alejamiento del modelo marxista impuesto por el oficialismo, que difícilmente se quedará de brazos cruzados. Una primera muestra de ello ha sido el absoluto rechazo del chavismo a la propuesta de dar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda, por razones más ideológicas que técnicas. Como ha hecho con el caso inmobiliario, el Gobierno podría objetar la Ley de Producción Nacional bajo el argumento de que "amenaza los derechos sociales del pueblo". A cualquiera de ellas Maduro las podría enviar a la Sala Constitucional del TSJ, en la que serían revisadas por Calixto Ortega u otros magistrados abiertamente pro oficialismo. Esta constante pugna de poderes impediría la toma de medidas efectivas para resolver la crisis. Dependiendo de hacia dónde vuelquen las masas su descontento, uno de los dos contendientes pudiera obtener la fuerza para noquear al otro y terminar con su resistencia. Solo entonces quedará libre para quitarse los guantes de boxeo y ponerse los quirúrgicos, y comenzar a operar la maltrecha economía. Seguiremos informando…
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