¡NUEVO DISEÑO! Caracas, 21 de septiembre de 2016
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Con las manos en el oro El Arco Minero del Orinoco es otro proyecto económico que pudiera caer bajo el control de los militares. Mediante la compañía Camimteg los uniformados pudieran estar habilitados para extraer recursos del subsuelo l Gobierno redobla sus apuestas por el Arco Minero del Orinoco como fuente de desarrollo económico y, sobre todo, de las muy necesitadas divisas que ha perdido el Estado tras el cierre del chorro de petrodólares de años anteriores. Todavía no está muy claro cómo funcionará este proyecto ni quiénes estarán al frente de las operaciones. Cabe la posibilidad de que, al igual que la distribución de alimentos, el presidente Nicolás Maduro lo entregue a un sector del que cada vez depende más en los asuntos clave de su gobierno: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los militares no les faltan pretextos para hacerse cargo del arco. Además de su creciente participación en las actividades económicas
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fundamentales, el Gobierno pudiera necesitarlos para acabar con las bandas criminales que dominan buena parte de la minería en Bolívar. Pero su participación podría acarrearles mayores pérdidas de popularidad entre la población.
¿Quién está a cargo? La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco fue creada formalmente por el decreto presidencial no. 2.248, fechado el 24 de febrero de este año y difundido en la Gaceta Oficial No. 40.855. El artículo 5 establece que el arco "tendrá un Consejo de Gestión que fungirá como la instancia de coordinación del Ejecutivo nacional". El texto legal añade que dicha instancia "estará constituida por un coordinador y un representante de cada Vicepresidencia Sectorial, propuesto por el o la titular de dichos despachos". La designación de los miembros del consejo debe ser autorizada por el Presidente de la República. La instancia podrá coordinar con las demás instituciones en las áreas que se requiera, incorporando vocerías con carácter de invitados temporales o permanentes. El coordinador del consejo es designado por el jefe de Estado y dependerá del ministerio con competencia en materia minera. Aunque el Gobierno ya contaba con el Ministerio de Petróleo y Minería, Maduro creó en junio un despacho aparte que parece ad hoc: el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Puso al frente del mismo a Roberto Mirabal, un abogado que ha fungido como asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, pero que anteriormente ocupó puestos administrativos en entes a cargo de las actividades mineras del Estado (otro funcionario más de trayectoria entre el Gobierno y un poder que se supone autónomo y libre de militancia política). Al igual que Mirabal, los vicepresidentes a cargo del consejo son ministros. Aunque se supone que tienen posiciones más altas dentro del gabinete, cabe recordar que, en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano, todos están a las órdenes del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por decisión del propio Maduro. Este plan del Gobierno le dio al también comandante estratégico operacional de la FANB prácticamente carta blanca para hacer lo que considere necesario en la reversión de la escasez crónica de productos de primera necesidad. En ese sentido, puede intervenir en áreas no asociadas directamente con la producción y distribución de dichos bienes. Aunque a primera vista no lo parezca, la minería pudiera estar incluida. Con un barril de petróleo que se ha mantenido por debajo del promedio calculado en el presupuesto de la nación y que difícilmente tendrá un repunte importante próximamente, el Gobierno aspira a diversificar su fuente de divisas con qué importar. Eso justamente lo estaría buscando con la explotación de los diferentes minerales en el arco. Por tal razón, Padrino López pudiera decidir que el desarrollo de la zona es una prioridad en la procura de bienes fundamentales y aumentar su control de las actividades ahí, mediante una participación extendida del sector que mejor conoce: los militares.
Mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, quien se opone al arco instó a militares activos a “debatir” el tema y “defender la soberanía”
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Seguridad primero Padrino López informó a principios del mes pasado que una Unidad Especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activaría en los próximos días para operaciones de defensa integral en el Arco Minero del Orinoco. Detalló que dicha Unidad Especial estará articulada con la Zona Operativa de Defensa Integral Guayana y con la Región Estratégica de Defensa Integral Bolívar. Estas entidades están comandadas por los generales de división Carlos Augusto Leal Tellería y Jesús Mantilla, respectivamente. Padrino López recordó entonces que la incorporación de la FANB a este motor de la Agenda Económica Bolivariana, y en unión cívico-militar, es un "mandato constitucional". "La FANB, en el concepto de la Zona Económica Militar, que no solamente tiene el objetivo de preservar y aumentar progresivamente el nivel de apresto operacional de la FANB, también tiene el objetivo de participar en unión cívico-militar, junto al pueblo, en actividades de desarrollo nacional", agregó. La seguridad pudiera ser el argumento de los militares para tomar las riendas del Arco Minero. Al Gobierno le interesa que grandes empresas extranjeras inviertan el capital con el que el Estado venezolano no cuenta para desarrollar el proyecto. Estas compañías, que han de estar informadas sobre las altísimas tasas de violencia delictiva en Venezuela, difícilmente estarán interesadas en participar en el Arco Minero si no perciben que su socio público les brinda un mínimo de seguridad para su personal y propiedades. Buena parte de la minería artesanal en Venezuela es controlada por bandas criminales con decenas de miembros, fuertemente armadas y con amplios recursos financieros. A una de ellas, encabezada por el ultimado Jamilton Ulloa Suárez (alias "El Topo") se le atribuye la masacre acaecida en Tumeremo hace varios meses. Es poco probable que estas mafias acepten ceder su negocio lucrativo a una aventura conjunta del Gobierno y empresas extranjeras sin oponer resistencia. Los militares pudieran presentarse como los únicos capaces de enfrentar a los grupos delictivos en aras de permitir la operatividad normal de las empresas que decidan invertir en el Arco Minero. Sin embargo, esta no es una garantía. Antes de la masacre de Tumeremo, ya había una presencia castrense importante en la región, pero ello no evitó la matanza. Para llegar a Las Claritas, una gran mina de oro en el municipio Sifontes, hay que pasar por al menos seis alcabalas de la Guardia Nacional, el Ejército y Policía del estado Bolívar, reseñó un reportaje publicado por la periodista Clavel Rangel en el portal El Pitazo la semana pasada. "Es esta
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Los militares pudieran presentarse como los únicos capaces de garantizar la seguridad a las trasnacionales en el Arco Minero frente a bandas criminales que controlan la zona
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4 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3 zona la que, a consecuencia de la masacre de Tumeremo el presidente Nicolás Maduro decretó como zona especial de seguridad (un refuerzo adicional al previsto en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación), pero en ella la ilegalidad florece y la violencia también. De acuerdo al monitoreo de Adón Soto, un veterano dirigente del partido La Causa Radical, este año han muerto 53 mineros atrapados en el conflicto por el control de las minas en el estado Bolívar", se lee en el texto periodístico.
Empresa con las botas puestas Los militares ya cuentan con una empresa, según su nombre lo indica, destinada a la extracción de minerales. Se trata de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada por el Gobierno a principios de año. Su fundación desató las alarmas entre políticos de oposición y expertos en los temas castrense y petrolero, que la vieron como un intento de la FANB por controlar el negocio de los hidrocarburos al margen de Pdvsa. Aunque voceros del Ministerio de Defensa han descartado esta posibilidad y asegurado que Camimpeg más bien prestará servicios a la estatal original, no han brindado mayores detalles al respecto. El recelo está enfocado en el crudo, pero el decreto creador de la compañía también la habilita a participaren la exploración de yacimientos minerales. Es posible que esta sea una de las entidades que se articule con el Consejo de Gestión del Arco Minero. Si a los militares les ofrecen este negocio, quizás se deba a que Maduro busca de esta manera asegurarse su apoyo en medio de la crisis política y el rechazo mayoritario a su gobierno. Tampoco puede descartarse que los uniformados estén buscando una fuente autónoma de recursos monetarios que les garanticen influencia en este gobierno, o incluso en uno de la oposición.
El precio: la impopularidad La idea de una zona del país rica en recursos naturales como pocas en el mundo, resguardada o administrada por militares para la explotación por grandes trasnacionales, suena bastante alejada de las típicas políticas de extrema izquierda nacionalista esgrimidas por el chavismo. Más bien recuerdan la situación en varios países de la región denunciada por Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina (1971), una suerte de Biblia para el Foro de Sao Paulo. En efecto, el Arco Minero ha alborotado el avispero en los sectores del chavismo que se han desencantado con el gobierno de Maduro y la jerarquía oficialista en general. La Plataforma en Defensa de la Constitución, que integra al partido Marea Socialista y otros disidentes chavistas, ha sido particularmente crítico del proyecto. En agosto introdujeron un recurso en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia exigiendo la nulidad del decreto presidencial que creó el arco. Según reseñó entonces El Nacional, plataforma rechaza que no hubiese estudio de impacto ambiental previo ni consulta con las comunidades indígenas. Estas son dos banderas que los seguidores de Hugo Chávez aseguran que fueron rescatadas por el presidente fallecido, y ahora señalan
El Arco Minero ha sido rechazado por sectores del propio chavismo. Le critican la falta de estudio de impacto ambiental y de consulta con pueblos indígenas
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Padrino López describió la participación de la FANB en el desarrollo del arco minero como “un mandato constitucional”
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas
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a Maduro de volverlas a abandonar. Además, destacaron que el decreto no fue sometido a consideración de la Asamblea Nacional como exige la Constitución. El mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, uno de los miembros del grupo, llamó a la FANB a debatir el decreto y a defender la soberanía. Indicó que cuando estuvo asignado a la zona sur de Bolívar (Alcalá Cordones fue comandante de la REDI Guayana), retuvo 25 aeronaves ilegales de propiedad privada en 2013, que luego fueron legalizadas por el INAC: "En estas aeronaves se transportaban piedras preciosas que iban a las islas caribeñas para luego llegar a Holanda". Las críticas no solo provienen del chavismo. Alexander Luzardo, quien presidió la Comisión de Ambiente del Senado en el desaparecido Congreso de la República, considera que el Arco Minero constituye un "crimen ecológico". "Se vería afectada la reserva forestal de Imataca, que tiene 3 millones 800 mil hectáreas. De sus bosques depende en gran parte el equilibrio ecológico del sur de Venezuela; sería afectada la reserva forestal del Caura, con más de 5 millones de hectáreas, decretada como Reserva Forestal por el entonces presidente Rómulo Betancourt en 1961", dijo, durante un foro organizado por la Fundación Pensar en Venezuela y el Colegio de Ingenieros. "Sería afectado también el monumento natural Wanai, que es un Tepuy decretado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y el cual pertenece al conjunto de tepuyes que se encuentran entre Amazonas y Bolívar. También se afectaría la cuenca estratégica del Caroní, que surte de hidroelectricidad a más del 65%del territorio nacional", agregó. Los efectos nocivos que tenga el arco sobre la transmisión de electricidad, los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y el turismo en la región puede ser un nuevo factor de desprestigio para un Gobierno con la popularidad por el piso. Si los militares asumen un papel protagónico en el desarrollo de los planes, su prestigio entre la población difícilmente quedará exento de merma. Por su creciente papel en el control del orden público y el ordenamiento económico, la imagen que los venezolanos tienen de la FANB ya es bastante negativa. Algunos estudios de opinión la ponen incluso por debajo de 10% en aprobación. Este pudiera ser un problema en el supuesto de que los uniformados estén pensando en aumentar su poderío sobre la política y la economía nacionales en un contexto de transición, habida cuenta que el referéndum revocatorio como mecanismo de cambio de gobierno luce remoto. Aunque a quien tiene las armas tal vez no le importe mucho lo que piensen de él. Seguiremos informando…
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