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Caracas, 25 de marzo de 2015
La punta del iceberg a Asamblea Nacional aprobó este martes que la Comisión de Contraloría investigue las denuncias del presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en el Banco de Andorra. La propuesta fue hecha por el diputado opositor (Primero Justicia), Julio Montoya, quien explicó que el monto involucrado ronda los 4.200 millones de dólares, "la mitad de lo que necesitamos para resolver la coyuntura del sector alimentos".
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Las recientes denuncias de presunta corrupción por parte de funcionarios venezolanos parecen ser solo el inicio de una oleada de señalamientos de mal manejo de fondos públicos El presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado del PSUV Pedro Carreño, señaló que ese ente cumplirá con
abrir la investigación siempre y cuando se presenten pruebas fehacientes ("no recortes de prensa") y que se demuestre que existe lesión al patrimonio público. Este miércoles Montoya indicó que las denuncias sobre el Banco de Andorra involucran a exfuncionarios del Gobierno, exmilitares y empresarios venezolanos y que no permitirá que se haga silencio por este caso. Explicó que se han encontrado más casos de corrupción en el continente asiático tras estas denuncias. "Estamos Cont. en la pág. 2
2 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 1 pidiendo el apoyo al parlamento de Panamá y España para recabar mayor información", expresó.
Salen algunos nombres Montoya señaló que a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica y presidente de Cadafe, se le encontraron dos empresas consultoras, una en Islas Vírgenes y otra en Portugal. Aseveró que el hallazgo más grande se hizo en la consultora de Portugal, a través de un convenio bilateral para traer materiales que tenían que ver con la materia eléctrica. El diputado también mencionó a Javier Alvarado, viceministro de Desarrollo Eléctrico, quien está vinculado a la empresa Derwick Associates. Asimismo, un exmilitar que participó en el golpe del 4 de febrero de 1992 y que fue ministro del despacho de la Presidencia, Carlos Aguilera, es socio de las compañías Semeca, Tecnotren de Venezuela y Constructora Hispánica, las cuales recibieron comisiones por adjudicaciones de contrataciones para hacer trabajos en el Metro de Caracas.Agregó que Omar Farías, ligado al sector asegurador, también aparece en la investigación, al igual que Diego Salazar.
Más investigaciones Pero la Asamblea Nacional no es el único organismo que anunció la apertura de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Este martes la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que se iniciaron investigaciones sobre los fondos colocados en bancos internacionales. "Ya solicitamos, a través de la Cancillería, que se nos informe de los fondos que tienen algunos venezolanos" en la sede suiza del banco británico HSBC y filiales de la Banca Privada d'Andorra (BPA), reseñó Unión Radio.
más de 15 mil clientes. El diario español El Mundo indicó que la Comisión contra el Blanqueo de Capitales de España investiga a varios exfuncionarios del Gobierno que tenían cuentas y productos en esa entidad, cuyos fondos tienes orígenes oscuros. Entre ellos están Nervis Gerardo Villalobos, ex viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Alcides Rondón, ex viceministro de Seguridad Ciudadana; Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de la Disip, y fundador de una empresa que vende alimentos al Gobierno; Omar Farías, dueño de Seguros Constitución, y Rafael Jiménez, ex directivo de Pdvsa. Agregó que un informe de la mencionada Comisión deja entrever que Banco Madrid está relacionado con delitos de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
¿Y el HSBC? Una investigación realizada por los periodistas Emilia Díaz Struck y Joseph Poliszuk, reveló que más de 14 millardos de dólares del erario público fueron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza entre 2005 y 2007. Este descubrimiento se debió a que un insider (Hervé Falciani) filtró en 2008 las bases de datos de más de 85 mil clientes, que incluyen "astros del jet set, multimillonarios de todo el mundo y has-
El caso Andorra El BDA fue intervenido luego de que Estados Unidos revelara que la entidad era usada como un lavador masivo de dinero, y su filial española Banco Madrid cerró bajó la mirada consternada de sus
Julio Montoya
ta personajes enjuiciados por tráfico de armas", reza el texto publicado en el portal web Armando.info. "De los 14.800 millones de dólares registrados que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro", afirman Díaz y Poliszuk, quienes forman parte de una red de periodistas de más de 45 países motorizada por el diario Le Monde de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington DC (Estados Unidos). "Las autoridades venezolanas no han dado luces sobre el tema. Tampoco los funcionarios que aparecen a cargo de las cuentas suizas. Aunque se intentó en repetidas oportunidades consultar al ex tesorero nacional, Alejandro Andrade, a través de contactos en el sur del estado de Florida, Estados Unidos, no fue posible localizarlo para obtener un comentario", señalaron. "Fue Andrade uno de los funcionarios que manejó los casi 700 millones de dólares que aparecen colocados en el HSBC suizo. El resto de los recursos suman 11.900 millones de dólares a nombre del Banco del Tesoro", agregan.
La caja negra El Gobierno tiene una política "clara y definida" de opacidad para todos los fondos públicos, como parte del actual marco legal , que impide hacerle auditoria y seguimiento al erario público, y por lo tanto favorece la corrupción, señaló la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas. "Hemos hecho seguimiento a toda la legislación aprobada en estos 16 años y hemos encontrado múltiples normas de opacidad y de censura previa, otras que autorizan el secreto, la creación de organismos como el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) que luego se convirtió en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cespa), etc", señaló. El decreto presidencial N° 458 señala >> Cont. en la pág. 3
>> Viene de la pág. 2 en su artículo 9 que el Cespa está facultado para "declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria". Resaltó que organismos como la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) no han publicado información en sus páginas web desde 2011. Afirmó que esa falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos genera que los ciudadanos desconfíen de las instituciones del Estado, que "debería preocuparse por ofrecer información clara y verificable". Explicó que los casos de Andorra y HSBC tienen características distintas. "En el caso de Andorra se trata de individuos que fueron funcionarios del Gobierno y que tenían cuentas con montos extraordinarios, que no son explicables como productos de bienes de fortuna, o que no formaron parte de sus declaraciones juradas de bienes mientras fueron funcionarios". "Sobre HSBC, el Gobierno debe responder por que colocó esos fondos públicos allí, cuantos fueron los intereses, y a donde fueron trasladados esos recursos", acotó. Agregó que esa entidad tenía pocos sistemas de control y que las autoridades han debido hacer caso a las denuncias internacionales de irregularidades en el banco suizo. Aclaró que Transparencia Venezuela ha solicitado a la ONT , a la Onapre y al Ministerio de Finanzas que ofrezcan información al respecto, pero "no han respondido ni ofrecido pruebas verificables". De Freitas manifestó que hasta ahora el Estado venezolano no ha ofrecido una respuesta idónea a las denuncias de ca-
Mercedes de Freitas sos de corrupción. "Por el contrario, los funcionarios se limitan a ofrecer pocos datos, a hacer acusaciones o, en la mayoría de los casos, a guardar silencio", aseveró. Respecto al inicio de las investigaciones de los casos por parte de la Fiscalía y la Asamblea Nacional, indicó que Transparencia Venezuela "hace votos para que realmente se inicien" las averiguaciones. Sin embargo, advirtió que alberga pocas esperanzas de que se llegue al fondo. "Nuestra experiencia es que en los últimos 20 años el Estado se ha negado a investigar, aunque esta es una de las pocas veces en que ha aceptado iniciar las averiguaciones", precisó.
“¡Y sigue robando!” Desde que el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, denunció que al menos 25 millardos de dólares se fueron del país, a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjeras (Sitme), ha corrido mucha agua (y mucha plata) bajo el puente. "¿Por qué creen ustedes que se eliPUBLICIDAD
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minó el Sitme? Porque era la cobija de los banqueros venezolanos. Ahora están pensando en un sistema alternativo al Sitme a ver si les siguen llegando los reales", manifestó el pasado 22 de marzo durante la presentación de su libro "Encuentros y Desencuentros en una Construcción Bolivariana" en la Feria del Libro 2015. "¿Qué significa el socialismo? ¿No es vivir del trabajo? ¡Y tanta gente que anda robando por allí, en el Gobierno! ¡Y sigue robando, carajo! ¿Y entonces?, ¿Hasta cuándo?", manifestó Giordani, según reseñó Víctor Salmerón en el portal Prodavinci. Agregó que "hay que hacer una ley draconiana contra la corrupción para que salgan todos estos señoritos que están allí, capitalistas y no capitalistas, militares y civiles". El tema de la corrupción apenas está despuntando en la palestra pública de Venezuela, pues todo parece indicar que los casos de Andorra y HSBC son apenas el inicio de un torrente de señalamientos. El controversial decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde califica a Venezuela como una amenaza para ese país, señala: "Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger los institutos democráticos, y al proteger el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela". Cabe preguntarse si el alerta lanzado por Estados Unidos contra el BDA forma parte de una estrategia para ir develando esos flujos, y si el Gobierno de Nicolás Maduro podrá resistir señalamientos (con nombres y apellidos) más frecuentes contra altos funcionarios. Seguiremos informado...
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RAÍZ
CUADRADA
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Tres dígitos largos
De acuerdo con Barclays Capital, la economía venezolana registrará una contracción de 6,2% en el PIB en 2015, año en que la inflación se ubicará en 188,5%, conforme con sus proyecciones. Las cifras, incluidas en el más reciente informe sobre Latinoamérica del banco global, relacionan la tendencia con la caída de precios de los commodities, particularmente respecto al descenso del petróleo. En medio de un cuadro general complementado con shocks políticos y ambientales, la región enfrenta un ciclo de bajo crecimiento, estrictas políticas monetarias, aumentos de precios y devaluación de las monedas nacionales. Perú sería la economía de mayor crecimiento de la región para Barclays, con 3,5% de incremento en su PIB y tan solo 2,8% de inflación.
Otra empresa que quiere irse n
El grupo estatal de petróleo y gas de Vietnam, PetroVietnam
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(PVN), está considerando la venta de su participación de 40% en la empresa mixta Petromacareo, en la cual Pdvsa tiene el restante 60%. La inversión de PVN en el campo Junín 2 de la Faja del Orinoco estaba presupuestada inicialmente en 1,8 millones de dólares durante cinco años. Pero una fuente de Pdvsa reveló a la agencia Reuters que la compañía está considerando una retirada definitiva, debido a la elevada inflación de Venezuela y los controles de cambio. Asimismo, otra fuente cercana al proyecto Petromacareo indicó que una empresa colombiana estaba interesada en la compra de la participación de PetroVietnam. A mediados de enero de este año PetroVietnam informó que había suspendido la producción de crudo en el campo Junin-2.
sito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Explicó que la sentencia "aún no se encuentra firme", tal como lo señala una comunicación emitida por el Juzgado Superior Décimo antes identificado, en fecha 12 de marzo del presente año. La medida cautelar contempla la prohibición de la comercialización de sus productos en el Distrito Capital, el estado Miranda y la Región Central, y es consecuencia de una demanda por daños y perjuicios (por 575 millones de bolívares) presentada a mediados de 2014 por las empresas Sudamericana de Licores 2000 y Sudamericana de Licores Centro. "Pernod Ricard confía en que Venezuela representa incontables oportunidades para el futuro, y está comprometida a continuar creando un legado de logros, junto a los venezolanos que han confiado en sus marcas. Recalcamos que siempre ha estado apegada a la legislación venezolana y que quedamos a la espera de la resolución del recurso de impugnación", aseveró la empresa en un comunicado enviado a Descifrado.
Pernod Ricard introdujo medida de impugnación n
Pernod Ricard Venezuela informó que presentó un recurso de impugnación contra una medida cautelar dictada el 18 de febrero de 2015 por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Trán-
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