¡NUEVO DISEÑO! Caracas, 28 de septiembre de 2016
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El Gobierno pretende que el resto del mundo vea a la oposición como un grupo de terroristas para justificar el encarcelamiento de adversarios. Hasta ahora esa estrategia ha sido contraproducente l chavismo ha dejado muy en claro que no tiene ninguna intención de permitir eventos electorales que le resten hegemonía política ahora que es clara minoría. Mueve cielo y tierra para que no haya referéndum revocatorio y sus voceros (dentro y fuera del Estado) sostienen que no pueden hacerse las elecciones regionales. La Mesa de la Unidad Democrática es la única que puede desafiar esa hegemonía y, potencialmente, la única capaz de movilizar a la población en reclamo del derecho a un cambio pacífico y constitucional de gobierno. Tal vez por eso el asedio a los partidos de la coalición y sus militantes se ha intensificado recientemente. El gobierno quiere hacer ver a la oposición como la versión criolla de los brazos políticos de organizaciones armadas extranjeras, como Batasuna (ETA-España) o el Sinn Féin (IRA-Irlanda). El caso de Voluntad Popular es el más emblemático, pero a otras organizaciones la persecución les está pasando factura. Incluso se amenaza con proscribir a toda la MUD. Pero los riesgos nacionales e internacionales, de llegar a eso, pudieran hacer al oficialismo cambiar de idea.
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Primero los naranja La arremetida persecutoria inició con uno de los blancos a los que el Gobierno más arroja sus dardos: Voluntad Popular. Desde antes, este partido ha sido el más afectado por el aprisionamiento de sus dirigentes. El líder máximo de la organización, Leopoldo López, lleva dos años y medio tras las rejas, mientras que quienes le siguen en la jerarquía, Carlos Vecchio y Antonio Rivero, están en el exilio, prófugos de la justicia. Ahora a esto se agrega la supresión de las figuras clave del partido en las regiones. Delson Guárate, alcalde de Mario Briceño Iragorry (Aragua), fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 2 de septiembre. Lo recluyeron en la sede de este organismo en Caracas (el Helicoide) y, luego, según informó la diputada nacional por VP Gaby Arellano, lo internaron en el Hospital Militar de la capital por problemas de salud. Sobre el alcalde de Maturín, Warner Jiménez, y el concejal de Zulia Lester Toledo pesan órdenes de captura. Al segundo el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, lo señaló de "financiamiento del terrorismo" y "asociación para delinquir". El director del Sebin, Gustavo González López, ha dicho que huyó a Colombia. Pero Arellano asegura que tanto él como Jiménez están dentro del país. Yon Goicoechea, que volvió al país recientemente para engrosar las filas de VP, está preso por presuntamente ser capturado con explosivos, según dirigentes oficialistas. Francisco Márquez, activista de la tolda naranja detenido supuestamente con una alta suma de bolívares, sigue recluido por "legitimación de capitales". Al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, le interrumpieron su arresto domiciliario y lo enviaron a una cárcel en Guárico por "planear fugarse". David Smolansky, también alcalde de El Hatillo, fue citado por el Sebin por "mentir" sobre las condiciones de reclusión de Goicoechea, pero no se presentó. Hasta ahora no lo han detenido.
A Yon Goicoechea lo acusan de portar explosivos como parte de “actividades de violencia desestabilizadora contra el Gobierno”
Tras amarillos, blancos y azules Pero VP no ha sido el único partido al que se le ha aplicado la "cacería de brujas". El 15 de septiembre, cinco activistas de Primero Justicia fueron privados de libertad por el Sebin en Maracaibo, mientras realizaban una recolección de fondos en la calle. Fueron liberados cuatro días después, pero con régimen de presentación. Quienes siguen detenidos son cuatro comunicadores sociales empleados de una productora a la que la tolda amarilla contrató para hacer un video. La pieza audiovisual buscaba llamar la atención de la FANB sobre la represión de la ciudadanía que mayoritariamente aboga por el cambio de gobierno. Por participar en la producción, los jóvenes fueron detenidos y se pretende imputarles delitos militares. PJ ha pedido su liberación y que la responsabilidad por el video sea adjudicada exclusivamente al partido. En cuanto a Acción Democrática, la persecución se ha concentrado en el entorno más cercano a su secretario general, Henry Ramos Allup. Primero fue la aprehensión de su jefe de seguridad, Coromoto Rodríguez, señalado de ser el autor intelectual del ataque a policías registrado durante una manifestación opositora en Caracas a mediados de año. Siguió, este mes, el caso de Alejandro Puglia, periodista en el equipo de la presidencia de la >> Cont. en la pág. 3
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Asamblea Nacional. Ha estado preso desde la primera semana de septiembre por volar un dron durante la Toma de Caracas, a pesar de la prohibición gubernamental. La semana pasada, el periodista Nelson Bocaranda dijo en su programa de radio en el Circuito Éxitos que Oliver Blanco, director de comunicaciones de la AN y jefe de prensa de Ramos Allup, había salido del país ante la posibilidad de ser también aprehendido. Un Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo tienen el problema de que sus principales dirigentes, Manuel Rosales y Antonio Ledezma, están detenidos. Las autoridades no han atendido las denuncias de irregularidades en los procesos de ambos. Carlos Melo, militante de Avanzada Progresista (partido de Henri Falcón), está tras las rejas, acusado de participar en la misma trama que Goicoechea. Un tribunal ordenó su liberación bajo fianza, ya que la Fiscalía no pudo comprobar las acusaciones del Gobierno, pero esto no ha sido acatado.
Terroristas porque sí El presidente Nicolás Maduro dijo que la manifestación opositora del 1 de septiembre era parte de un "golpe de Estado". Aseguró tener pruebas y ordenó al ministro Reverol mostrarlas. Al día siguiente, este funcionario mostró un video de un supuesto campamento paramilitar desmontado por fuerzas de seguridad en el noroeste de Caracas. Reverol explicó que supieron de esta supuesta instalación de irregulares por información contenida en un pen drive incautado a Daniel Ceballos. De esta manera, argumentó, quedaba clara la vinculación entre partidos de la MUD (sobre todo VP) y grupos armados que buscan generar violencia y desestabilización. Esta no es la primera vez que el oficialismo ha tratado de dar a entender que la oposición es un movimiento que busca imponerse mediante la fuerza. Más temprano este año, Maduro afirmó que la oleada de saqueos que azotó a varias ciudades del Oriente nacional fueron perpetradas por "bandas armadas de Primero Justicia y Voluntad Popular". Desde hace años el Gobierno ha insistido en que la MUD colabora con paramilitares colombianos para asesinar a venezolanos. El chavismo ha intentado así justificar ante el mundo la supresión de sus adversarios. Pretende que sean vistos de la misma manera que organizaciones como Al-Qaeda. Irónicamente, el Psuv tiene su origen en un movimiento militar golpista. Tales señalamientos han sido desestimados o ignorados en general por la comunidad internacional, excepto por algunos aliados incondicionales del oficialismo venezolano. Ningún país u organismo multilateral de peso geopolíti-
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4 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3 co ha tachado de organizaciones terroristas a los partidos políticos venezolanos opositores. Al contrario, la mayoría ha expresado repudio, o al menos preocupación, por este trato a la disidencia en el país.
Prohibido discernir Además de la persecución física, los militantes de los partidos opositores encaran el peligro de la anulación política por vías institucionales. El oficialismo ha introducido denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, dos poderes que controla, contra la MUD, por supuesto "fraude" en la recolección de firmas de 1% de los inscritos en el Registro Electoral a favor del referéndum revocatorio. Estos procesos fueron abiertos poco después de que se terminara aquella etapa, y luego de varios meses algo engavetados, Jorge Rodríguez, delegado del Gobierno para dirigir la causa preventiva del revocatorio, los ha vuelto a desempolvar en las últimas dos semanas, con visitas a sedes de los poderes Electoral y Judicial para conocer el estatus de las denuncias. Dirigentes del PSUV han manifestado claramente qué esperan que hagan el CNE y el TSJ: suspender la convocatoria a revocatorio y retirar la inscripción de la MUD como partido ante el Poder Electoral. Aunque la MUD no es realmente un partido político, sino una alianza de partidos, ante el CNE la cosa es diferente. La rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D'Amelio señaló a principios de este mes que 62 organizaciones de un total de 67 tienen pendiente su renovación. Entre el 4 y el 10 de mayo el organismo abrió el lapso para solicitudes de renovación de nóminas de las organizaciones políticas para mantenerse vigentes, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Las toldas deben consignar 0,5% de firmas en un mínimo de 12 estados del país para recuperar su estatus, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de enero que las obliga a relegitimarse ante CNE. La decisión del TSJ estaba dirigida a las agrupaciones que no obtuvieron 1% de los votos en los comicios legislativos celebrados el 6 de diciembre de 2016 y aquellos que no postularon candidatos para esos comicios. Al acudir en tarjetas unitarias, algunos partidos que pertenecen al Polo Patriótico y a la MUD también tendrán que recolectar firmas para no ser eliminados. Si la coalición opositora es suprimida del CNE, los partidos integrantes tendrían que volver a registrarse, proceso a lo sumo difícil y sujeto a sesgos, como lo demuestra la negativa del organismo a aceptar la inscripción de Vente Venezuela (partido de María Corina Machado) y Marea Socialista. En entrevista para Unión Radio la semana pasada, Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV, descartó que con las sanciones a la MUD se pretenda instaurar un régimen de partido único. Sin embargo, hay casos de Estados catalogados en esta categoría en la que los partidos opositores formalmente existen, solo que tienen vetada cualquier participación electoral. Cuba, por ejemplo, es el modelo más seguido por el chavismo. Las organizaciones políticas disidentes no están ilegalizadas, pero tienen prohibido inscribir planchas en cualquier evento comicial. Aunque esta regla teóricamente aplica al Partido Comunista, las juntas electorales, controladas por el oficialismo, admiten a los candidatos según criterios como "historial revolucionario".
Hasta ahora los intentos oficialistas por hacer pasar a la oposición como “terroristas” han sido ignorados por mayoría de la comunidad internacional
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Esa pudiera ser la pretensión del PSUV. Es cierto que la MUD no abarca toda la oposición, pero hasta ahora ha sido la única fuerza capaz de desafiar con éxito la hegemonía electoral chavista. Aunque queden organizaciones como el MAS, Bandera Roja, etc., si ellas también se vuelven una amenaza, pudieran correr la misma suerte.
Costos altos
Aunque Eduardo Piñate descartó que el chavismo pretende imponer un régimen de partido único, la anulación de la MUD ante el CNE, dejaría al PSUV como único participante de peso en elecciones
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas
Desde el año pasado, la MUD se ha vuelto el bloque político con el mayor respaldo popular. La brecha de ventaja que mantiene con respecto al oficialismo se ha ensanchado a lo largo de 2016 debido al agravamiento de la crisis económica. La última encuesta de Venebarómetro concluyó que 54% de la población está identificada con la oposición, frente apenas 27,5% que lo hace con el chavismo. Además, 56,5% de los consultados manifestó su deseo de que el país avance por donde indica la MUD. Cualquier hipotética proscripción de la coalición implicaría un riesgo de mucha mayor ingobernabilidad, sobre todo si esto va acompañado de la no celebración del revocatorio. La población vería cerrada la salida pacífica del gobierno al que atribuye sus penurias sociales. Pudiera entonces reanudarse la oleada de protestas masivas por alimentos y de saqueos a establecimientos públicos y privados vista a mediados de año. La esperanza depositada en el revocatorio pudo haber contribuido a una reducción reciente en este tipo de incidentes. Al Gobierno solo le quedaría responder con represión. Los costos no son solo hacia lo interno. En pleno siglo XXI, la comunidad internacional tiende a ser menos tolerante con transiciones hacia regímenes autoritarios. Más aún en aquellos en los que la falta de democracia se combina con la insatisfacción de las necesidades más básicas. La posibilidad de aislamiento para un país que depende de las importaciones para mantenerse abastecido se dispararía hacia arriba. Más países de la Organización de Estados Americanos pudieran sumarse a la iniciativa, por ahora engavetada, de aplicar la Carta Democrática. También se reduciría la oportunidad de solventar las diferencias que aseguren la continuidad de Venezuela en el Mercosur. En este organismo están algunos de los principales proveedores de alimentos del país, cuyo sector privado no estaría tan interesado en exportar hacia esta dirección sin los beneficios arancelarios del bloque. El Gobierno ha expresado que la supresión de sus adversarios es al menos una tentación. Pero la apuesta es arriesgada y en los más altos niveles del oficialismo lo saben. Es posible que no haya un consenso en torno a esta cuestión. Seguiremos informando…
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