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Caracas, 4 de mayo de 2016
El chavismo repetirá estrategias de 2004 y se valdrá de otras nuevas para retrasar lo más posible la consulta sobre el fin adelantado del mandato del presidente. La MUD deberá prepararse desde ya para presentar un candidato único en caso de lograr el objetivo antes de enero
¿Habrá o no revocatorio? uego de que El Tribunal Supremo de Justicia dictó que una enmienda para adelantar el fin del período presidencia no aplicaría a Nicolás Maduro, y de que una hipotética renuncia es casi imposible, entre las
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opciones de la hoja de ruta de la Mesa de la Unidad Democrática para lograr un cambio de gobierno este año solo parece quedar como camino posible el referéndum revocatorio. Aunque el revocatorio fue la alter-
nativa originalmente apoyada por Primero Justicia, los demás partidos de la MUD están cerrando filas en torno a él. La recolección de centenares de miles de firmas en unos pocos días ha sido un impulso, pues demostró un interés Cont. en la pág. 2
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por parte de la población que superó las expectativas. Pero hay un problema importante: el calendario. La MUD no aspira a revocar a Maduro solamente, sino a todo su gobierno. Para que eso ocurra, la consulta debe darse antes del 10 de enero de 2017. De lo contrario, tal como lo dicta la Constitución, habrán pasado cuatro años del mandato y el vicepresidente completaría el período (hasta 2019). Considerando las vacaciones navideñas del Poder Electoral, hay una fecha límite en las primeras dos semanas de diciembre de este año. El éxito de la oposición dependerá de cuánto logre presionar al Gobierno y al propio Consejo Nacional Electoral para que no entorpezca el proceso. Si fracasa, a pesar de la salida de Maduro en 2017, tendrá que conformarse con lidiar con un nuevo Ejecutivo chavista que no garantiza la transición.
Fantasmas del pasado El referéndum revocatorio es un mecanismo constitucional joven. Es una posibilidad para todos los cargos de elección popular, pero solo ha sido usado una vez contra quien se consideraba su "padre": Hugo Chávez, principal impulsor de la Carta Magna de 1999 que establece la consulta. En 2004, activarlo fue una odisea para la oposición. Varias veces presentó las firmas de 20% de los inscritos en el Registro Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral las rechazó, por considerar que buena parte de ellas eran falsas. El ente en ese momento estaba presidido por Francisco Carrasquero, quien más tarde sería uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) más señalados de usar el Poder Judicial para favorecer al chavismo. Otra figura resaltante fue Jorge Rodríguez, hoy alcalde de Caracas, y entonces uno de los principales encargados de contabilizar las firmas vá-
Los obstáculos de hoy
Jorge Rodríguez amenaza con paralizar proceso si “agreden” al CNE
lidas como rector y presidente de la Junta Nacional Electoral. En un momento, la Sala Electoral del TSJ sentenció que la oposición sí había recolectado suficientes firmas, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión, con el argumento de que los jueces actuaron fuera de su jurisdicción. Además, Chávez exigió al CNE la publicación de la lista de firmantes para comprobar que la mayoría era un "fraude" de la oposición. El diputado oficialista Luis Tascón la publicó en su sitio web. Desde entonces y durante aproximadamente un año hubo denuncias de que varias personas en la lista, bautizada con el nombre del parlamentario, fueron despedidas de sus cargos en la administración pública por apoyar el revocatorio. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la acusación de tres mujeres cesadas en sus puestos de trabajo presuntamente en estas circunstancias. Finalmente, el CNE reconoció que la oposición reunió el mínimo necesario de manifestaciones de apoyo y puso fecha a la consulta: 15 de agosto de 2004. Ese día el "No" a la salida de Chávez se impuso por 59,1% de los votos.
Doce años después, la oposición vuelve a invocar la carta del revocatorio, con los mismos desafíos de 2004 y unos cuantos más. Al igual que entonces, el CNE está claramente dominado por funcionarios simpatizantes del Gobierno. Cuatro de los cinco rectores no disimulan esta inclinación (Tania D'Amelio, por ejemplo, fue diputada a la Asamblea Nacional por el MVR y el PSUV entre 2000 y 2010). Lo mismo pasa con la Sala Constitucional del TSJ, otra instancia que puso obstáculos a la consulta anterior. Un nuevo reto es el reglamento establecido por el CNE en 2007, que regula la convocatoria a referendos y establece más trámites. Nada de eso aparece en el artículo 72 de la Constitución (el que establece el revocatorio). Ahora, quienes quieran activar este mecanismo deben formar una "asociación de ciudadanos", que tiene que ser legitimada ante el CNE con 1% de las firmas de los inscritos en el registro electoral. La MUD decidió de todas formas respetar las nuevas reglas y pidió la planilla para recolectar autógrafos. El CNE tardó varias semanas en entregarla, con la excusa de que debían verificar los recaudos de la alianza opositora. La semana pasada la cedió, y aunque se estableció un lapso de 30 días para que la oposición consignara casi 200 mil firmas, en unos cuatro días recogieron, según cálculos de la MUD, 2,5 millones. De estas, entregaron unas 1,8 millones a autoridades del CNE en la madrugada del lunes. El árbitro electoral, según sus propias leyes, tiene hasta cinco días hábiles para comprobar que la oposición recolectó suficientes rúbricas. Luego procede a la validación, en la que todos los signatarios tendrán que aportar sus huellas digitales en puntos distribuidos por el CNE en todo el país. Este proceso también dura un máximo de cinco dí>> Cont. en la pág. 3
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as hábiles. Aquí aparece uno de los problemas para la MUD. La rectora Tania D'Amelio sorpresivamente expresó vía Twitter el pasado domingo que no contabilizarían las firmas hasta pasado el lapso de 30 días. Esta pudiera ser una decisión avalada por sus compañeras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Socorro Hernández. El periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez ha dicho que, por ser la única de las cuatro rectoras femeninas activa en redes sociales, D'Amelio se ha vuelto una vocera de las cuatro. Luis Emilio Rondón, el único integrante del directorio del CNE que ha mostrado interés por garantizar la celeridad del proceso revocatorio, al poco tiempo refutó a su colega y dijo que se podía entregar las firmas en cualquier momento del lapso de 30 días, y no solamente al final del mismo. Este planteamiento fue avalado por su predecesor, Vicente Díaz. Prevalezca la opinión de Rondón o la de las otras rectoras, es solo cuando el organismo electoral valida las firmas que se reconoce a la asociación de ciudadanos. Esta puede proceder entonces a informar quién es el funcionario que desea revocar, y el CNE establecerá los puntos para la recolección de, ahora sí, las firmas de 20% de los electores. En esta ocasión, la MUD tendrá tres días para recopilar las manifestaciones de voluntad de casi cuatro millones de venezolanos. El ente comicial tendrá lue-
go que volver a certificar que las expresiones de apoyo al revocatorio son suficientes y llamar para dentro de 90 días a la consulta. En total, son 213 días para organizar el referéndum presidencial. Partiendo del lunes de esta semana, cuando se entregaron las firmas de 1%, este lapso implicaría que el revocatorio podría celebrarse a partir del domingo, 4 de noviembre de 2016. Adicionalmente, la oposición tiene un obstáculo ad hoc: por orden de Maduro, la administración pública, incluyendo el Poder Electoral, solo está trabajando dos días a la semana, de media jornada cada uno, "para ahorrar energía eléctrica". Rondón dijo la semana pasada que esto no debería afectar el proceso, pero persisten las dudas sobre la posibilidad de que la totalización y validación de firmas se vean severamente desaceleradas. Para la mayoría de los especialistas en la materia, no se trata de un tema de capacidad del CNE para trabajar rápido en la legitimación del respaldo al revocatorio, sino de voluntad. Ponen como ejemplo el hecho de que el año pasado, por pedido del Ejecutivo, fueron supuestamente certificadas unas 10 millones de firmas en contra del decreto del Gobierno de Estados Unidos que declara a Venezuela una "amenaza". Luego, también por orden del Presidente, se formó una comisión de dirigentes oficialistas que serán sus "defensores" en la lucha por el referéndum. A la cabeza de este grupo está Jorge Rodrí-
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guez, el mismo que tuvo un papel destacado en el tortuoso camino a la consulta de 2004. El alcalde de Caracas dijo el lunes que revisarán todas las firmas. El reglamento del CNE no contempla que personas ajenas a este organismo participen en la auditoría en iguales condiciones que los funcionarios competentes. En todo caso, permite a las partes interesadas tener testigos en la recolección y validación de las firmas, pero solo en la etapa de 20%, y no en la de 1%, como pretende el chavismo. El trabajo de la comisión pudiera ser interpretado por la ciudadanía como una nueva Lista Tascón. Si eso ocurre, muchos trabajadores públicos o beneficiarios de programas sociales gubernamentales que firmaron la semana pasada o quisieron hacerlo, tal vez se inhiban en el siguiente paso por temor a represalias. Todo este camino cuesta arriba para la MUD no necesariamente implica que está descartado un revocatorio este año. Pero los expertos coinciden en que el éxito de la causa opositora dependerá de la presión ejercida mediante protesta ciudadana. Los voceros de la alianza, incluso los más moderados, han sido enfáticos en que convocarán manifestaciones cada vez que detecten retrasos que juzguen como injustificados. Una primera muestra iba a ser la marcha hacia las sedes del CNE de la semana pasada, cancelada porque se entregó la planilla. El chavismo ha reaccionado con de-
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4 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3 nuncias de violencia y golpismo. Jorge Rodríguez advirtió que ante cualquier "agresión" a las instituciones pedirán que se paralice el proceso de revocatorio. El problema es que para el Gobierno cualquier protesta opositora es violenta y debe ser reprimida.
Transición roja sin Maduro La vía cantada por el chavismo es evitar la consulta de cualquier manera posible, pero esto sería al costo de deteriorar más el apoyo popular de Maduro, que quedaría contra las cuerdas frente a la actual crisis económica y la caída de los precios del petróleo. Otra opción, tal vez debatida a puerta cerrada, es un escenario donde "el proceso revolucionario" sobreviva mediante el sacrifico de Maduro vía revocatorio en 2017. Es este caso es plausible una transición encabezada por el chavismo, con participación opositora minoritaria. La esperanza del PSUV sería llegar así a 2019 con un candidato presidencial exitoso. No obstante, el "socialismo del siglo XXI" tendría entonces que renunciar (al menos por un tiempo) a posiciones estáticas y radicales, y apueste realmente a escuchar, a mediar y a ofrecer soluciones basadas en las ideas que se recojan en el contacto con todos los sectores. Lo contrario llevaría a la prolongación indefinida de la crisis y un creciente riesgo de ingobernabilidad.
este año y el Gobierno acepte la derrota, se llamará a elecciones en los próximos 30 días. Debido a la proximidad de los eventos comiciales, lo más probable es que la oposición vuelva a verse favorecida. Sin embargo, para eso es indispensable que la unidad presente un solo candidato. No hay tiempo para realizar primarias, por lo que la coalición, aunque sus voceros eviten hablar al respecto, ya debería estar considerando quién será el nominado. Leopoldo López, el más popular según varios estudios de opinión pública recientes, no es una opción porque todo indica que el cambio de gobierno es un requisito para su liberación. Henrique Capriles es una alternativa, pero tal vez un político relativamente joven como él no esté interesado en asumir las riendas del país en una condición tan deteriorada y por solo dos años (revocar a Maduro antes de enero implicaría que el nuevo Presidente deberá completar el mismo mandato hasta 2019). Otras opciones pudieran ser Henri Falcón y Henry Ramos Allup.
Herencia ruinosa En el supuesto de que la MUD logre sus objetivos de revocar a Maduro
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
Luis Emilio Rondón, rector del CNE
Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo
Quien quiera que sea, no lo tendrá fácil. Recibirá una república aquejada de la inflación más alta del mundo, desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad, una inmensa deuda externa, un aparato productivo quebrado y sediento de divisas y un hampa descontrolada. Los precios del petróleo probablemente se habrán estabilizado para entonces, pero en un nivel muy inferior al de los años de bonanza. La población exigiría mejoras en su calidad de vida a corto plazo, a pesar de que sería difícil que las primeras medidas tomadas tengan un impacto positivo inmediatamente notorio. Por el contrario, el retiro de los controles de cambio y de precio produciría un fuerte repunte de la inflación. El hipotético nuevo gobierno tendría que buscar la forma de reducir el efecto perjudicial en el poder adquisitivo, tal vez con un subsidio directo temporal. Al mismo tiempo, el Presidente tendría que lidiar con un PSUV que no desaparecerá como fuerza política aún después de la derrota en el revocatorio. A menos que sienta que su debilidad es inaguantable, la jerarquía roja podría seguir comportándose con la agresividad que la caracteriza y tratar de hacerle la vida imposible al nuevo gobierno. Para eso contaría con su predominio sobre el TSJ, el Poder Ciudadano y las Fuerzas Armadas. El revocatorio es una carrera de obstáculos, lleno de riesgos para la oposición. Pero incluso si llega a él, los retos apenas comienzan. Seguiremos informando…
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