EL NORTE CONTRA DINA, UN PARO EN PROTESTA POR EL ABANDONO Y LA FALTA DE AYUDA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIONES

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Pobladores se movilizan para exigir atención del Gobierno por las torrenciales lluvias

en coordinación con las Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de las tres provincias, dispuso implementar la educación virtual en los colegios a partir de hoy hasta que finalice el paro.

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Quieren nombra persona no grata a la mandataria

El norte del país, que siempre está caliente por las altas temperaturas, se calentó mas ayer por el paro que autoridades y pobladores realizaron contra el gobierno y quieren que la mandataria Dina Boluarte sea nombrada persona no grata.

Los norteños, están cansados de promesas de que autoridades van, se toman la foto y no dan soluciones a las inundaciones, destrucciones de carreteras, por efectos de los fenómenos naturales, como la intensas lluvias.

Lo que se tiene que hacer es convocar a un grupo de profesionales en urbanismo, planificación de como tener una ciudad moderna y con el apoyo de los privados, ver como desaguar y crear canales, un sistema de drenaje y como tener una ciudad modelo de futuro.

No se trata de dar dinero. Urge más allá del apoyo en víveres o carpas, una evacuación masiva hacia otro lugar cercano y pensar en una gran reconstrucción de las ciudades afectadas.

Hay que dar el primer paso. Hay que hablar con la población que tiene que poner de su parte. Se ha visto ciudades devastadas en otras partes del mundo y como se han reconstruido. Pero como vamos mucho cuidado que el norte se va recalentar y eso si seria peligroso para el desarrollo económico de esa zona y de ese tema se pueden aprovechar grupos recalcitrantes.

Como se sabe cientos de piuranos se movilizaron en estos momentos para protestar contra el Gobierno, que no destina recursos para atender la emergencia por las torrenciales lluvias, que han inundado cientos de viviendas y ha obligado a los ciudadanos a convivir con aguas putrefactas estancadas, plaga de zancudos, moscas, cucarachas y roedores.

“Piura se levanta para exigir que nos tomen en cuenta. Ya basta de abusos y que se burlen de nosotros al asignar presupuestos irrisorios”, expresaron los ciudadanos durante la movilización.

En esta marcha participaron el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, quien ha expresado su rechazo a la manera cómo el Ejecutivo está afrontando la emergencia.

De otro lado, la Policía informó que las carreteras bloqueadas son la vía que conduce al caserío Miraflores, en el Medio Piura. En esta zona los manifestantes están quemando llantas para impedir que los vehículos de las empresas agroexportadoras trabajen con normalidad.

También se ha bloqueado el Cuarto Puente, que une a los distritos de Piura y Castilla. Ellos exigen mayor atención del Ejecutivo porque hasta el momento no se siente la ayuda, ya que parece que no tienen clara la dimensión del problema.

Hay piquetes conformados por integrantes del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, quienes cerraron el puente de ingreso a la provincia de Sechura. El servicio de transporte Sechura-Piura ha paralizado para apoyar esta medida de fuerza.

Hay otro bloqueo de ciudadanos en el poblado El Tabanco de El Tallán, en la carretera Panamericana Norte, vía PiuraChiclayo.

También se ha registrado un piquete de ciudadanos en el distrito de La Unión, el mismo que bloquea la carretera hacia Piura.

“Ya es tiempo que los piuranos levanten su voz, no podemos permitir que se siga viendo a la región Piura con indiferencia del Gobierno Central. Con una sola fuerza y en unidad, buscaremos recibir el presupuesto que se requiere para obras definitivas. No queremos más mecidas por parte de algunos ministerios, como es el caso de Economía y Finanzas (MEF), que ni siquiera ha enviado la mitad de los S/ 500 millones que se comprometió en transferir para hacer frente a la emergencia por las lluvias”, enfatizó el gobernador regional Luis Neyra León.

Neyra León señaló que el norte ha estado dormido por mucho tiempo, pero ante la falta de empatía del Ejecutivo con muchos pueblos y la población afectada, ahora “Piura se ha visto obligada a salir a las calles para que escuchen a los piuranos que también merecemos inversión en obras duraderas, como es el sistema de drenaje pluvial, reservorios, manejo integral del río; Piura no se merece estar inundada y sumergida en cuencas ciegas, merecemos respeto y más atención”.

También se han registrado bloqueos en la vía hacia Los Ejidos, cerca de la Universidad Privada Antenor Orrego. Decenas de familias no pudieron llevar a sus hijos a los colegios que sí optaron por dictar clases presenciales, pese a que la Dirección Regional de Educación de Piura dispuso suspender las clases.

Por otro lado cientos de tumbesinos han bloqueado siete tramos de la carretera Panamericana Norte, entre ellas el puente principal de ingreso a la ciudad de Tumbes. Ellos reclaman al Ejecutivo central mayor presupuesto para atender la emergencia por las fuertes lluvias, que han afectado a viviendas, calles y campos agrícolas en la región.

En este paro participan gremios de pescadores, agricultores, construcción civil, educación, autoridades del Gobierno Regional de Tumbes y las municipalidades provinciales y distritales, así como sociedad civil.

La población le pide a la Presidenta República, Dina Boluarte que atienda las necesidades de la región que se ha visto seriamente afectada con las continuas precipitaciones pluviales. Además, reclaman el servicio de agua potable lo que carece diferentes distritos.

Los tramos bloqueados de la vía departamental figuran a la altura del muelle Cancas (Canoas de Punta Sal), los puentes de Zorritos, La Cruz, El Piojo, Héroes del Cenepa, y Puente Internacional.

El 99 % de los comerciantes del emporio comercial de Aguas Verdes acata este martes un paro regional en Tumbes en espera de la atención del Ejecutivo.

Así lo informó Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes y Zarumilla

El empresario indicó que los comerciantes vienen atravesando durante los últimos años una grave crisis económica, no solo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, sino también por los estragos de las lluvias. Esto luego que el tránsito fuera interrumpido para los proveedores y consumidores provenientes de Ecuador.

Tanto comerciantes como autoridades y la sociedad civil tomaron por algunos momentos el Puente Internacional que une las ciudades de Huaquillas (Ecuador) con Aguas Verdes.

El gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, el alcalde de la provincia de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro junto a la población marchan por las principales calles de la ciudad.

Con el propósito de prevenir situaciones de riesgo que afecten la integridad física y socioemocional de los integrantes de la comunidad educativa, la Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET)

“Implementar la modalidad de educación a distancia a partir del 18 de abril hasta que concluya el paro regional, en las instituciones educativas públicas y privadas del ámbito de la región Tumbes”, detalla el comunicado de la DRET.

Asimismo, indica que, en ese periodo, los directores de los colegios públicos y privados deberán gestionar y realizar trabajos de limpieza y recuperación de espacios afectados a fin de garantizar las condiciones operativas de acceso, salud y seguridad para el retorno a la presencialidad.

El congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor José Ventura Ángel fue rechazado por la población de Tumbes, a donde llegó para sumarse a las medidas de protestas contra el Gobierno debido a la emergencia por lluvias. Empero, los ciudadanos no lo aceptaron y lo llamaron ‘mentiroso’, para luego echarlo de esta región norteña. El parlamentario solo atinó a decir que las acusaciones no son ciertas, para luego abordar su camioneta y enrumbar a otro lugar, tal como se observan en los videos de las redes sociales.

Gremios de Lambayeque también anunciaron que se unirán en protesta contra el Gobierno central. La difícil situación que atraviesan los distritos de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, ha generado que diversas organizaciones tomen acciones a través de manifestaciones. “Estamos de acuerdo con la sociedad civil. Lo que queremos es que el Gobierno de Dina Boluarte, las municipalidades y el gobierno regional presten mayor atención al problema en Lambayeque. Transitamos por desagües y pistas destruidas, pero las autoridades no toman acciones rápidas”, manifestó el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, Wilson Miñope Carbajal.

Mientras tanto la Presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo reunión de trabajo con representantes de maricultores de Sechura, Piura, para escuchar sus necesidades y coordinar acciones a favor de este sector.

Dicha actividad es una rama de la acuicultura que consiste en cultivar o criar plantas y animales marinos en estructuras navales ubicadas en mar abierto.

Miércoles 19, abril del 2023

Tribuna Libre

Escribe: ANTERO FLORES-ARAOZ

Ordena Que El Estado La Distribuya Gratuitamente

Quienes pintamos canas o ya no tenemos pelo para cambiar de color, recordamos con deleite una película, del género de la comedia, en que eran estrellas centrales Deborah Kerr y David Niven, titulada “Prudencia y la píldora”, un desarrollo con humor de lo relacionado con la píldora anticonceptiva.

Con sana curiosidad el lector se preguntará ¿a qué viene ello? Y la respuesta es simple: me hizo recordar la película una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la llamada “píldora del día siguiente”. Una sentencia que no tiene nada de comedia, y que más bien podría significar un drama porque se entromete en temas con connotación presupuestal, autorización de gasto y dictar, en buena cuenta , legislación positiva. Todo ello no es competencia del TC sino de otros poderes del Estado, con lo cual a nuestro juicio se estaría invadiendo campos ajenos.

Para quienes somos defensores de la vida, tal como lo disponen los dos primeros artículos de nuestra Constitución, nos llama la atención que el TC considere que la píldora del día siguiente

Tribuna Libre

Escribe: HERBERTH CUBA

El Minsa y el servicio rural y urbano marginal

A O Tras A O Se Producen Muertes De M Dicos J Venes Por Realizar El Serums

En corto tiempo se han promulgado varias resoluciones ministeriales que modifican las condiciones en las que los nuevos profesionales de salud cumplirán “con la obligación patriótica” de laborar en las zonas en las que los gobiernos aún no han logrado otorgar servicios de salud permanentes, o en las que incluso se carece de plazas o puestos laborales para el nombramiento. Estas modificaciones se realizan por resolución ministerial en mérito a la autorización que le otorga al ministro de Salud el Decreto Supremo 005-97-SA, “Reglamento de la Ley 23330, Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums)”, que en su artículo 3 señala: “por resolución ministerial se aprobarán las disposiciones complementarias y las modificaciones al presente reglamento”. Esta autorización contraviene la práctica de que una norma se modifica con otra de igual rango; un decreto supremo, por ejemplo, debería modificarse solo con otro decreto supremo. Sin embargo, en el caso del Reglamento del Serums se ha creado una salvedad que ha propiciado el abuso de la modificación en reiteradas oportunidades en detrimento, la mayoría de las veces, de los nuevos profesionales de la salud.

La Ley 23330, que “establece el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud”, fue promulgada el 11 de diciembre de 1981, a inicios del segundo periodo de Gobierno del presidente Fernando Belaunde. Este servicio reemplazó al Servicio Civil de Graduandos en Ciencias de la Salud Humana (Secigra-Salud), que se realizaba como requisito para la titulación universitaria. El Secigra-Salud fue implementado por el Gobierno militar, el 5 de diciembre de 1972, con la lógica de servicio patriótico y de corte castrense, mediante el Decreto Ley 19646, que establece la coordinación entre los ministerios de Educación y Salud para que “pongan en ejecución, como programa piloto, al servicio civil de graduandos de las ciencias de la salud humana en la Amazonia y otras zonas de menor desarrollo relativo del país”.

El Minsa estaba a cargo “de la organización del servicio, su calificación y asignación de personal y cubre todos los gastos que demande”, y se señalaba que cuando se reglamente, organice y ponga en ejecución en forma general”, estará a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Graduandos”. El objetivo del Decreto Ley 19646 era “implementar convenientemente la participación del sector Salud en el desarrollo socioeconómico de la selva peruana y otras zonas de menor desarrollo relativo del país, por tanto es necesario el fortalecimiento y ampliación de los programas de operaciones preventivas y asistenciales”.

no es abortiva, en un cambio radical de criterio, sustentado en que hay estudios científicos que así lo afirman. Aunque tenemos entendido que también hay opiniones contrarias, no estamos capacitados los legos para determinar cuál es la verdadera.

El TC ordena al Ministerio de Salud incluir la famosa píldora, también conocida como “anticonceptivo oral de emergencia” (AOE), entre los métodos de planificación familiar, sentando con ello un mal precedente de que se puede meter en cualquier tema. Peor aún, ordena que el Estado la distribuya gratuitamente bajo el argumento de que hay discriminación, pues quien tiene dinero para costear la píldora la puede adquirir en las farmacias, mientras que quien carece de medios económicos es discriminado, rompiéndose el criterio de igualdad.

La igualdad es ante la ley. Y si bien como políticas de Estado hay que contribuir a la igualdad, ello no significa que todos deban tener las mismas facilidades o adquirir los mismos bienes o servicios. Con el criterio establecido bien se podría reclamar para que el Estado proporcione un automóvil Porsche, pues el Volkswagen tipo “escarabajo” está bastante deteriorado.

La Constitución determina, con claridad meridiana, que los gastos del Estado tienen que ser presupuestados y que la iniciativa para sus ingresos y egresos corresponde al Poder Ejecutivo, impidiendo incluso que los representantes del pueblo tengan iniciativa de gasto. La aprobación del Presupuesto es competencia del Parlamento y nada tiene que ver en el tema el TC, que ordena comprar al Estado el AOE.

Ha sido práctica del TC exhortar al Congreso a aprobar determinadas leyes, pues no tiene el TC la prerrogativa de legislador positivo, sino solamente negativo, pues puede derogar las normas que estima inconstitucionales. Esa práctica no debería perderse, pues es un llamado de atención o de recomendación respecto a lo que se podría hacer en bien de la sociedad y del país en su conjunto. No es bueno cambiar la recomendación por la decisión, y menos cuando ella colisiona con la Constitución.

El advenimiento de la democracia, en 1980, no implicó un cambio de la lógica militar o castrense de ese modelo de servicio social, salvo en aspectos formales, como por ejemplo, ahora es realizado por profesionales titulados, por tanto, en lugar de ser un requisito para la titulación, como era durante el Secigra-Salud, se ha convertido en un requisito “indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento.” Igual suerte ha corrido la organización, los recursos humanos, la gestión y el financiamiento, que continúan a cargo del Minsa, e incluso, que el servicio “está destinado principalmente a brindar atención integral a la población más vulnerable y que residen en zonas de menor desarrollo del país.” Como se puede apreciar, se continúa con los mismos objetivos que se establecieron en 1972, a pesar de que las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y de seguridad han cambiado, así como, la realidad sanitaria del país.

Desde 1972, se han promulgado dos constituciones políticas, la de 1979 y la vigente de 1993. Se han producido además dos procesos de descentralización, el último según la Constitución de 1993; un proceso que está en marcha, aunque con serios cuestionamientos, que ha transferido las funciones y competencias de la salud a las regiones. Los indicadores sanitarios y los niveles de pobreza han cambiado favorablemente. Sin embargo, el Serums es inamovible, a pesar de que hasta resulta inconstitucional. Por ejemplo, se mantiene la modalidad del Serums equivalente, que se sostiene con el trabajo gratuito, aspecto de por sí inconstitucional, pero que los profesionales son forzados a realizar porque es un requisito indispensable y útil para el desarrollo de su carrera.

También es inconstitucional que sean los titulados de las profesiones de la salud los únicos condicionados a realizar el Serums, en clara discriminación con las otras profesiones. Asimismo, representa un impedimento para el libre ejercicio de la profesión exigir un periodo laboral previo en condiciones “de riesgo,” para ejercer ese derecho. Se han introducido mecanismos de distribución de plazas muy subjetivos, como los sorteos, sin tomar en cuenta que se deciden aspectos cruciales en la vida de las personas. Un tema controversial y sujeto a reiterados vaivenes ha sido la obligatoriedad de dar y aprobar el Examen Nacional de Medicina por parte de los médicos normado en el inciso g) del artículo 23 del Reglamento del Serums, porque ha sido modificado 11 veces desde agosto del 2016 hasta la fecha.

Otro aspecto controversial es el otorgamiento de bonificaciones para los concursos asistenciales que se efectúan en las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, en función del “grado de dificultad” del establecimiento de salud donde el profesional realiza el Serums. Desde el grado de dificultad 5, con 15% sobre el puntaje total de puntos, el 4 con 10%, el 3 con 7%, el 2 con 3% y el 1 con 1%. Los criterios y la metodología para establecer los grados de dificultad los establece el Minsa. Es increíble que año tras año se produzcan muertes de profesionales de la salud entre los 22 y 29 años por realizar el Serums. Sin embargo, estas muertes evitables no conmueven a las autoridades del Minsa ni a los políticos para eliminar o derogar el Serums. El Gobierno y el Congreso de la República tienen una deuda con las comunidades más pobres y con los jóvenes profesionales de la salud. ¡Urge derogar Ley del Serums!