Ley Corta de Isapres: senadores descartan

Cuándo se ingresaría el mensaje y cuál es monto total de las devoluciones. Esas fueron algunas de las preguntas que realizaron los integrantes de la Comisión de Salud a la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, quien asistió a la sesión con el fin de exponer sobre la elaboración de una ley corta de Isapres.

El 31 de mayo, la Superintendencia de Salud tiene previsto informar cómo se aplicará el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras de salud privadas a devolver los cobros en excesos realizados a sus afiliados por la adecuación a una tabla única de factores.

Cabe recordar que la mencionada sentencia establece que todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la Superintendencia de Salud (SS) de 2019 que entró en vigencia el 2020. Se calcula que 600 mil contratos no fueron actualizados, por lo que esos afiliados recibirán devolución en excedentes o fondos en prestaciones.

En forma transver-

A través de un comunicado de prensa, la Presidencia de la República informó ayer que el Jefe de Estado, Gabriel Boric Font, “ha aceptado la renuncia de la ministra Ana Lya Uriarte”. En su reemplazo, el Mandatario nombró a Álvaro Elizalde Soto.

Se trata del abogado de la Universidad de Chile y, hasta ayer, senador por la Novena Circunscripción, Región del Maule, cargo al cual debió renunciar y deberá ser reemplazado por alguien que designe el Partido Socialista.

Fue presidente del Senado entre el 11 de marzo de 2022 y el 14 de marzo de 2023. Además, ejerció como ministro Secretario General de Gobierno desde el 11 de marzo de 2014 al 11 de mayo de 2015, bajo el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria; y fue presidente del Partido Socialista de Chile.

El comunicado agrega que “El Presidente agradece la gestión de Ana Lya Uriarte, quien atraviesa una situación de salud que requiere reposo por tiempo aún indefinido. sal, los congresistas respaldaron a la secretaria de Estado asegurando que “en ningún caso se trata de hacer un perdonazo a la industria”, “es necesario garantizar que existan los fondos para devolver los excesos, por eso la fórmula debe evitar la insolvencia”, y “primero se deben bajar los planes y luego hacer las devoluciones”. los legisladores quedaron a la espera del ingreso de la ley corta asegurando para comenzar la ronda de audiencias.

El Presidente de la República valora su profesionalismo, dedicación y compromiso, y manifiesta la certeza de que seguirá vinculada al proyecto político cuando se recupere”.

Un apoyo transversal tuvo el proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias. La propuesta, iniciada en moción, fue respaldada por amplia mayoría en las tres votaciones de este tercer trámite legislativo. Con esto, la norma quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República.

La iniciativa contó con el respaldo del Ejecutivo en el primer trámite en la Cámara. Aquí, se estableció la creación del derecho a una pensión para las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. El monto del beneficio ascenderá a $160.000 y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios. El reajuste de la pensión será el 1 de febrero, de acuerdo al IPC deter- minado por el Instituto de Estadísticas.

En el Senado, se estableció que, en un plazo de seis meses, el Ejecutivo deberá crear el reglamento que regule el pago de esta pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento. La Sala también aprobó la propuesta del Senado para perfeccionar las definiciones de víctimas que establece la norma. Entre ellas, reconoce a la madre o al padre de las hijas o hijos de la ofendida por el delito. Junto a esto, reconoce también a quienes tengan el cuidado personal de estos. Finalmente, reconoce a la actual pareja de la ofendida que tenga una relación de carácter sentimental sin convivencia.

En el proyecto se estableció, además, que la calificación administrativa de víctima que establezca el Ejecutivo no tendrá ningún efecto en la determinación de las responsabilidades que deriven de los hechos. Y agregó que éstas deben ser establecidas por los tribunales competentes conforme a lo dispuesto en la ley.