Los bordes constitucionales

Posiblemente, una de las causas del fracaso del proceso constituyente 2019 – 2022 radicó en la falta de consentimiento y apoyo de la gran mayoría de ciudadanos al contenido de la propuesta de la Convención Constitucional que incluía una serie de instituciones y normas muy alejadas de la tradición constitucional y republicana de nuestro país. Frente a dicho escenario, los actores políticos que acordaron este nuevo proceso constituyente optaron por crear una serie de “bordes constitucionales” que sirvieran como una especie de dique de contención a la tentación de volver a proponer experimentos cuasi refundacionales o imposiciones autoritarias de parte de las mayorías eventuales, que conviertan a la Constitución en un mero programa de gobierno o en la consolidación de un modelo que no genera consenso social y político. Ellos quedaron establecidos en el art. 154 de la Constitución. Algunos de estos “bordes” son ampliamente compartidos por todos los sectores políticos. Por ejemplo, las directrices acordadas para la regulación de la forma de gobierno y la forma de Estado. Sin embargo, existen otros “bordes”, cuyo reconocimiento podría generar fuertes discrepancias, como es, aquel que establece que Chile deberá constituirse como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales dejaron al Partido Republicano y a la derecha en general con un total predominio dentro del órgano constituyente. Los 23 escaños obtenidos por el Partido Republicano le entregan un poder de veto que les permite oponerse a cualquiera de las iniciativas propuestas por la Comisión de Expertos, las que requieren ser aprobadas por los 3/5 de consejeros. Además, la suma de los consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos (33 escaños) les permitirán aprobar normas sin necesidad de consensuar con las fuerzas de la izquierda.

En este orden de cosas, a las pocas horas de conocerse los resultados de la elección de consejeros, algunos personeros republicanos, como el diputado Kaiser, han emitido declaraciones que ponen en duda el respeto al acuerdo político contenido en la Constitución. Frente a este escenario, es necesario señalar que la observancia de los “bordes constitucionales” establecidos en la Constitución no es opcional para los republicanos, ya que se trata de una norma constitucional, obligatoria para todos los órganos del Estado, así como para toda persona, institución o grupo. El argumento de “nosotros no hemos firmado nada” esgrimido por Kayser carece de cualquier valor jurídico y político. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico son válidas y obligatorias al margen de la posición particular de las personas e instituciones, es decir, no es una cuestión de voluntad su observancia. Por otro lado, cuando el Partido Republicano decide competir en las elecciones de consejeros constitucionales, asume un compromiso político con el marco normativo donde se inserta ese acto eleccionario.

El desconocimiento de los bordes constitucionales implicaría una directa vulneración a la Constitución, además de un acto de irresponsabilidad política que pondría en un grave riesgo, no solo el proceso constituyente, sino que también la estabilidad política de nuestra democracia. Es de esperar que el Partido Republicano y su líder José Antonio Kast entiendan todo lo que se encuentra en juego, que eviten replicar las prácticas soberbias observadas en la Convención Constitucional y contribuyan a entregar a Chile una propuesta que refleje las distintas sensibilidades presentes en nuestra sociedad. Es fundamental contar con una Constitución que represente a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, ya que, solo así podrá gozar de una verdadera legitimidad democrática que perdure en el tiempo. Por ello, es de esperar que las fuerzas que dominarán el Consejo Constitucional sean coherentes con su discurso de respeto a la institucionalidad, que no se tenga que recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad y en caso de hacerlo, los actores acaten sus decisiones.

Finalmente, si bien un eventual rechazo de la propuesta de Constitución implicaría mantener la vigencia de la Carta de 1980, no es menos cierto que, ésta no es la misma que nos rigió originalmente y que hoy tiene un procedimiento de reforma mucho más razonable y democrática, lo que implicaría ajustar su contenido incorporando las materias que sean necesarias para lograr un mayor consenso, adecuándose a las directrices establecidas en los “bordes constitucionales” acordados por la inmensa mayoría de partidos políticos que han actuado como legítimos representantes de la voluntad ciudadana.

Usuario: No seas el eslabón más débil de la cadena de protección

Una de cada dos empresas en Latinoamérica ha sufrido ataques cibernéticos en el último año, y México, Brasil, Colombia, Perú y Chile encabezan la lista de los países con más incidentes de este tipo en América Latina. En este último, los grupos organizados que se dedican a esta actividad ilegal generaron 14 mil millones de intentos de ciberataques en el último año, ubicando al país como el quinto más vulnerable de la región.

Con la llamada Cuarta Revolución Industrial y el avance exponencial de la digitalización debido al actual contexto, invertir en la seguridad de los datos ya no es sólo una cuestión de evitar pérdidas financieras, sino de la protección de la información. Por ello, es necesario que las empresas de la región tomen medidas para garantizar la confianza de los consumidores y la sostenibilidad de los negocios.

Las amenazas están mayormente orientadas a afectar desde dos ángulos: dañar directamente la infraestructura y atacar a los colaboradores o usuarios finales de los sistemas empresariales. De este modo los criminales cibernéticos utilizan cualquier brecha de entrada para acceder a las redes internas de las empresas mediante la ingeniería social, aprovechándose de las emociones de los usuarios y explotando sus debilidades y desconocimiento, aplican

Ricardo Pulgarín Security Solutions Architect

ataques como el phishing que hoy se ha trasladado incluso a plataformas como WhatsApp, con mensajes de voz o códigos QR que despistan a las personas y las vuelven más vulnerables.

Desde la predicción y la prevención hasta la detección y respuesta, las acciones de control deben formar parte de un ecosistema efectivo para proteger la información crítica del negocio. Sin embargo, la falta de educación en ciberseguridad y la poca importancia que se le atribuye al tema por parte de los usuarios, son algunas de las debilidades que favorecen los ataques cibernéticos y los dejan como el eslabón más débil de la cadena de protección.

Si bien las empresas están avanzando en sus procesos de transformación digital y adquiriendo cierta madurez en relación a los temas de ciberseguridad, aún están al debe cuando se trata de profundizar sobre la cultura y la concientización en sus colaboradores como medida fundamental para neutralizar los ataques.

“Calles sin violencia”

Con el objeto de conocer antecedentes sobre la implementación del “Plan Calles sin Violencia”, que anunció recientemente el Gobierno, la Sala de la Cámara realizó una sesión especial.

Algunos legisladores afirmaron que se ha abordado la materia con seriedad y con una iniciativa concreta, como lo es el “Plan Calles sin Violencia”. Algo que ataca directo al corazón de la delincuencia y el narcotráfico.

No obstante, ningún plan de este tipo puede tener cobertura total al inicio; depende del escalamiento, la evolución que van teniendo las medidas y la capacidad de las policías.

En ese contexto, se pidió al Gobierno explicar cómo llegaron al número de comunas, por qué se eligieron unas por sobre otras y, por qué se tomó tiempo entre el anuncio y su implementación. También, solicitó conocer los índices de persecución que se consideraron para iniciar el Plan.

La estrategia de seguridad del Gobierno, consta de 5 ejes: Fortalecer las instituciones; impulsar una política contra el crimen organizado y de control de armas; intervenir en el territorio con planes concretos y adaptados a las realidades de los territorios; reforzar integralmente la prevención; y alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad.