¿Por qué se necesita un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminción? / Mauricio Coitiño
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Hablando de derechos | DESC+A Charlas de formación en derechos humanos
¿Por qué se necesita un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminción? / Mauricio Coitiño
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¿Por qué la necesidad de un Plan Nacional Contra la Discriminación? Definición de Discriminación Derecho al empleo y no discriminación Discriminación institucional Discriminación y medios de comunicación Autodiscriminación Objetivos del PNRD
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Mauricio Coitiño COORDINADOR PLAN NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN. PNRD En mayo de 2010 Mauricio fue seleccionado como coordinador de proyecto del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación. Como expositor calificado ha participado de diversas instancias como “El Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación: un compromiso estado-sociedad” (2009), la mesa “Género y Diversidad Sexual” UDELAR (2008 y 2009); el “Seminario Internacional sobre Diversidad Sexual y Socialismo” (Buenos Aires, 2007), entre otros. Integró el equipo redactor del proyecto de Ley de Derecho a la Identidad de Género (2008). Ha sido co-redactor de las “Guías en Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo Diversidad Sexual” del MSP (2009), y de varios artículos relativos a políticas de Estado sobre diversidad sexual. Como activista en derechos humanos, ha participado de múltiples instancias de diálogo y coordinación sobre derechos y discriminación a nivel nacional, regional e internacional.
Montevideo, octubre de 2011 © Ministerio de Desarrollo Social Avda. 18 de Julio 1453 Teléfono: (598) 2400 03 02 interno 1190 CP. 11200. Montevideo, Uruguay pgainza@mides.gub.uy www.mides.gub.uy Diseño y armado: Unidad de Información y Comunicación ISBN 978-9974-8327-4-9
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1. ¿Qué es la perspectiva en derechos humanos? Fernando Willat 2. ¿Por qué DESC+A? Ivahanna Larrosa 3. ¿Por qué la necesidad de un Plan Nacional contra la Discriminación? Mauricio Coitiño 4. ¿Por qué legislar desde derechos humanos? Margarita Percovich 5. Presupuesto basado en derechos Mariana Labastie 6. DESC+A y derecho a la vivenda Graciela Dede 7. Políticas públicas y diversidad sexual Diego Sempol
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Dignidad y derechos
Los programas sociales son instrumentos de avance hacia el horizonte ético-político que proponen los derechos humanos. Se trata de la igualdad y la libertad de las personas. Uruguay inició con la Reforma Social un proceso de transformación destinado a impulsar la perspectiva de derechos humanos, inclusión e integración social. Es central, entonces, que el Estado se oriente por el primero de los derechos: el de la igualdad y la no discriminación. Esto implica la voluntad expresa de revertir situaciones de desigualdades injustas -intolerables- por razones de género, orientación sexual, generación y etnia/raza, entre otras. No basta con buenos diseños de política pública. Debemos, como servidores públicos, sensibilizarnos en la temática. Por tal razón la Dirección Nacional de Política Social inició un ciclo de charlas de capacitación y formación cuyos contenidos compartimos en estas publicaciones. Les proponemos sumarse a su lectura y, a través de ella, a nuestro trabajo por hacer efectivo el artículo primero de la Declaración
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Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Andrés Scagliola Director Nacional de PolÌtica Social
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Presentación
El enfoque de derechos humanos provee a la política de un marco normativo claro, así como de principios y criterios orientadores para la acción. Actuar de acuerdo a este enfoque permite establecer reglas y procedimientos claros, limitando el margen de discrecionalidad de la acción estatal y sobre todo de sus funcionarios, al tiempo que contribuye a trazar planes de acción integrales, orientados con criterios de justicia y equidad. Mediante estrategias y acciones de provisión, subsidio y regulación de bienes y servicios sociales, el Estado debe erigirse como garante de los derechos de toda la ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía lo hacemos en un sentido amplio que incluye a todas las personas viviendo en el territorio nacional, independientemente de su situación administrativa regular o no. Para la construcción de política social desde esta nueva perspectiva es necesario sensibilizarnos y educarnos en igualdad y no discriminación, esto exige de un gran esfuerzo de revisión de las prácticas y políticas estatales. Corresponde preguntarse en qué medida y de qué maneras las propias prácticas del Estado repro-
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ducen pautas sistémicas de discriminación, y así tomar medidas correctivas a partir de las respuestas generadas. Es en este marco que realizamos estas instancias de formación y las y los convocamos a la reflexión.
Patricia Gainza Responsable del Departamento de Perspectivas Tranversales Dirección Nacional de Política Social
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Presentación del Departamento de Perspectivas Transversales / DNPS
La División de Investigación y Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Política Social fue creada en marzo de 2010 y tiene como objetivo mejorar la calidad de las políticas públicas sociales a través de la investigación y el conocimiento sobre la realidad en la que se pretende operar y las distintas técnicas posibles para ello. Incidir en el diseño de la política social desde una perspectiva de derechos humanos, en el sentido de incorporar crecientemente el conocimiento académico del objeto a los procesos de diseño e implementación. Asimismo, tiene como objetivo la transversalización en el diseño e implementación de la política social las perspectivas de derechos humanos, igualdad y no discriminación, género, generaciones y etnia/raza. El Departamento de Investigación y Propuestas tiene como objetivo específico apoyar la investigación y generación de propuestas para mejorar la calidad de las políticas sociales, promover nuevas líneas de investigación que den sustento académico al diseño de la política social, desarrollar protocolos de diseño de programas so-
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ciales del Mides y fortalecer el conocimiento de la oferta de programas sociales del Estado uruguayo. El Departamento de Perspectivas Transversales tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como las dimensiones de género, generaciones y etnia/raza, en las políticas sociales, con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, apuntando a la generación de indicadores de progreso y promoviendo la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas. Las líneas de acción desarrolladas por el Departamento de Perspectivas Transversales son las siguientes: • Coordinación general de las actividades enfocadas en derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de la Dirección Nacional de Política Social. • Producción de documentos y debates sobre la temática derechos humanos y Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) aplicados a las políticas sociales. • Creación de lineamientos para la formación interna del personal del MIDES en temas de derechos humanos y DESC. • Elaboración de insumos sobre derechos humanos y DESC para el diseño de las políticas sociales. • Coordinación y articulación con otros organismos de gobierno en temas de derechos humanos y DESC.
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Coordinación y articulación con instancias de la sociedad civil para el desarrollo de estrategias particulares a grupos vulnerables como población trans, inmigrantes y retornados, afrodescendientes, mujeres rurales, personas viviendo con VIH. Asesoramiento y articulación con otras instancias del Ministerio en la elaboración de nuevos sistemas de diseño y evaluación de políticas sociales desde una perspectiva de derechos humanos.
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Voy a comenzar definiendo qué es discriminación. El Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación (PNRD) se plantea como una gran política que cubra todos los mecanismos, todas las formas y todas las prácticas de discriminación.
¿Qué es discriminación?
En Uruguay existe la ley 17.817, que declara de interés nacional la lucha contra toda forma de discriminación. Es una ley del año 2004, que crea la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación que funciona en el MEC. Esta ley recoge la definición más genérica de discriminación. Discriminación es “toda distinción, exclusión, restricción, preferen-
cia o ejercicio de violencia física o moral”. Ese es el acto. Pero descompuse la definición completa en distintas partes. La segunda “basado en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación, identidad sexual”. Aquí me voy a detener porque lo que recorre a todos estos motivos y que probablemente en cinco o diez años genere que esta lista taxativa de motivos de discriminación tal vez sea obsoleta, es que no hay una motivación racional, no hay una motivación constitucionalmente válida que tenga que ver
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Principio de no Discriminación Garantías de igualdad de acceso a bienes fundamentales. El Estado debe generar las reglas y garantías necesarias para que en sus prácticas y en las medidas que adopte, no se vulnere el derecho de ningún individuo o grupo de personas. También debe proteger frente a las prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad. Atención prioritaria a quienes padecen mayores limitaciones en el acceso.
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con talentos y virtudes, con la adecuación de una persona a un cargo, con el comportamiento de una persona en un espacio público, sino que lo que justifica esa exclusión, esa distinción, ese ejercicio de violencia es un prejuicio. Muchas veces, por cuestiones jurídicas la ley tiende a acotar los motivos, pero toda exclusión, restricción o violencia física que se asienta en un prejuicio se define como una práctica discriminatoria. En Uruguay, lo único que está penalizado formalmente es la violencia, la incitación a la violencia física o moral, el resto es muy difícil de probar y ese es uno de los déficit que deberá cubrir y abordar el PNRD. En Argentina las demás distinciones, exclusiones y restricciones están penalizadas con condenas que van desde la compensación hasta la prisión. Por ejemplo, si por un acto administrativo se excluye a alguien, es decir, se le restringe el ejercicio de sus derechos por motivos de prejuicios, un juez puede decretar la anulación de ese acto administrativo. En Uruguay es muy difícil de comprobar, excepto en el campo de lo laboral (y no siempre). Por ejemplo, que en un concurso fui excluido de la terna final porque soy afrodescendiente. Cuando analizamos la situación puntual —en Uruguay existe una Comisión honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación que tiene este rol— va a llegar un punto en el que vamos a ver que la razón por la cual se excluyó a esa persona o se la violentó no tiene un fundamento: no se la violentó porque otra persona se estaba defendiendo, no se la violentó porque estaba generando disturbios en el espacio público y la policía no tenía otra
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manera que reprimirlo, no se lo excluyó porque no estaba calificado. Estos son algunos mecanismos antidiscriminatorios que vemos analizando la situación, como por ejemplo, el caso de una chica afrodescendiente que tenía un currículum espectacular, quedó entre los primeros tres lugares y en la entrevista quedó afuera. Después se enteró que la persona seleccionada estaba menos calificada que ella. Entonces, analizamos los dos currículum y de ahí surge que evidentemente no había una razón de descalificación, lo que había era un prejuicio del empleador que no quería a esa persona ahí. En todo esto no hay elementos racionales, más allá de que el discurso se articula racionalmente. Podemos leer el discurso nazi y está perfectamente articulado: es una serie de silogismos muy lógicos, pero cuando uno profundiza en el discurso, lo que hay detrás son prejuicios. No existen bases biológicas de la raza, no existen bases biológicas de la superioridad de los ciudadanos de un origen sobre otro, no existen bases biológicas ni genéticas ni nada que determine que una persona, a priori, es apta para determinadas tareas y no otras. Actualmente, se han dado varias denuncias, sobre todo en Argentina, contra lugares donde no se le quiere vender o atender a determinada persona: una persona que no tiene el fenotipo esperado por una tienda de determinada marca y antes de que solicite lo que quiere, le dicen que no tienen su talle. La persona hace la denuncia y se le comunica que la única razón para no venderle es presuponer que no tiene los recursos o que no es conveniente que esté ahí por una cuestión de imagen, etcétera. La restricción del derecho al consumo está ingresando en este tema.
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Desde una perspectiva de derechos humanos, el objetivo de estas distinciones, exclusiones, restricciones o violencia, es “anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en lo político, económico, social, cultural, ambiental y civil”. Esa exclusión tiene efecto directo sobre el ejercicio de los derechos que tiene una persona. Por lo tanto, la discriminación, los mecanismos discriminatorios o las prácticas discriminatorias, son elementos o dispositivos sustanciales de producción de la desigualdad, de la exclusión y de la violación de los derechos humanos. La privación de los elementos materiales —la pobreza, por ejemplo, que es un gran desencadenante de violación de un cúmulo de derechos— se asienta en la realidad material del individuo que nació en un medio que no le permite transportarse a la escuela, vivir en una zona donde haya capacitación, tener una vivienda digna, ni un desarrollo intelectual adecuado porque no tiene la alimentación adecuada. Estos mecanismos producen exactamente los mismos efectos: privan a la gente del derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, etcétera. Según recomendaciones del ECOSOC1 (Consejo Económico y Social), la discriminación como problema dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y también tendríamos que sumar los derechos ambientales, civiles y políticos, de una parte considerable de la población. Este es otro tema interesante, porque hay un discurso que es el de las minorías, donde los afrodescendientes son un 10%, los judíos otro porcentaje, los gays y lesbianas otro porcentaje y las mujeres también. En realidad cuando tenemos una visión
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compartimentada de los fenómenos discriminatorios, tenemos una percepción de minorías. Ahora bien, cuando sumamos el fenómeno, cuando lo consideramos como un único fenómeno que toma diferentes formas, vamos a ver que el contingente de población afectado es enorme.
Afectación de los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales ¿qué derechos económicos, sociales y culturales o ambientales se vulneran a través de la discriminación? Un ejemplo podría ser la población afrodescendiente, a la cual se encasilla en una visión de minoría numérica y cultural. Otro ejemplo podría ser en parejas del mismo sexo, que no tienen 1. El Consejo Económico y Social se estableció en el marco de la Carta de las Naciones Unidas como principal órgano para coordinar la labor económica, social y conexa de los 14 organismos especializados de las Naciones Unidas, las comisiones orgánicas y las cinco comisiones regionales. También recibe informes de 11 fondos y programas. El Consejo Económico y Social actúa como foro central para el debate de cuestiones internacionales de índole económica y social y para la formulación de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas. Se encarga de: promover niveles de vida más elevados, pleno empleo y progreso económico y social; buscar soluciones a los problemas internacionales de tipo económico, social y sanitario; facilitar la cooperación cultural y educativa internacional; y fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está facultado para realizar o iniciar estudios e informes sobre estos temas. También tiene competencia para prestar asistencia en los preparativos y la organización de conferencias internacionales importantes en las esferas económica, social y conexas y facilitar un seguimiento coordinado de éstas. Dado su amplio mandato, el ámbito del Consejo se extiende a más del 70% de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las Naciones Unidas..
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derecho al matrimonio, donde no sólo se afectan los derechos civiles, sino que también se afectan también los derechos sociales derivados.
Derechos económicos: el derecho al empleo
seguramente es el ejemplo más fácil de pensar: la remuneración del derecho al empleo de una persona. Otro claro ejemplo es la identidad de género: el hecho de que una persona sienta como propia una identidad de género que no es la asignada genera un quiebre, que le impide acceder a otros derechos como al empleo. Otro ejemplo de discriminación es la “buena presencia”, así como el “derecho de admisión”, que son ventanas que se abren a la discrecionalidad y que amparan prácticas discriminatorias. Muchas veces vemos anuncios en los que se pide “buena presencia”, que más allá de qué tanto se puede considerar esto como talento o virtud; en los casos donde no hay contacto con el público, ¿por qué se pide este requisito? Por ejemplo para venta telefónica y asesoría a clientes no hay ningún fundamento que justifique la exigencia de “buena presencia”. Entonces, hay que ver hasta qué punto tendría fundamento, incluso, para una empleada de una tienda de ropa de alto espectro económico. Otro claro ejemplo es el caso del acceso al empleo de personas con discapacidad motriz, casi predestinadas al no empleo, salvo aquellas que tengan acceso a un nivel de educación que se los permita, como por ejemplo el teletrabajo. Pero todo empleo que implique traslado, vencer las barreras físicas con seguridad, está vedado. El no tener en cuenta a ese colectivo de personas que necesitan una rampa para acceder a un lugar es una forma de discriminación también.
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En muchos casos, estos tipos de discriminación, se superponen en una sola persona. Se acumulan -no sólo por la realidad material, sino por otras discriminaciones- por ejemplo: ser pobre y ser mujer afrodescendiente, ser pobre y ser mujer lesbiana. En este último caso, las mujeres lesbianas se enfrentan a una fuerte discriminación desde el aparato de salud, donde su sexualidad está totalmente invisibilizada y no existen políticas de salud del Estado dirigidas a ellas. En la actualidad ha mejorado, desde el año pasado, porque el MSP tiene guías de atención en diversidad sexual. Hay mujeres lesbianas que no se hacen estudios ginecológicos durante años, para no someterse a la violencia simbólica que significa para ellas ir a la consulta con un/a ginecólogo/a que les dice: “Si sos lesbiana, no tenés relaciones sexuales, ¿para qué viniste a consulta?”. En Uruguay el derecho al acceso al empleo es un problema. Si bien actualmente el Ministerio de Trabajo está comprometido con el PNRD, aún existen prácticas discriminatorias grotescas, como la diferenciación de las solicitudes de empleo en masculinas y femeninas, algo que está prohibido en muchos países (como Estado Unidos e Inglaterra). Es un principio general de no discriminación por género, que es inadmisible en la selección de personal. También es un tema importante la edad. En Uruguay habrán visto que muchos de los anuncios de oferta de empleo, dicen “entre 25 y 35 años”, por ejemplo, además de pedir experiencia. Hay cargos de alta calificación para los que no tiene ningún sentido este requisito, excepto por la edad jubilatoria (una persona que esté realmente al borde de la edad jubilatoria y se le vaya a hacer una capacitación, por la cual la inversión de la empresa no va a regresar, eso es un argumento
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racional). Pero una persona de 45 años que está a 15 años de jubilarse o más, ¿por qué no puede entrar en un llamado de asesor en riesgo financiero, por ejemplo? La respuesta es que no, “porque las políticas del cambio organizacional no lo permiten”, respuesta que no tiene sentido o fundamento. Generalmente sustenta otro tipo de discriminación, que es que la gente más joven recibe un menor sueldo, entonces, para la misma función sustituyen a un empleado de mucho bagaje en la empresa por uno joven y con salario más bajo.
Derechos civiles
el matrimonio y el derecho a las uniones se enlazan, de alguna manera, con el derecho a la identidad. Sucede algo similar con las personas migrantes, donde su grado de inserción social depende de la facilidad que tengan en el acceso a la documentación. En Uruguay los inmigrantes se quejan de que no es igual de rápido el proceso de regulación para una persona que vino con su auto y tiene su casa armada para mudarse a Punta del Este, que para quien llegó como migrante económico desde algún país andino.
Derechos políticos
Respecto a la representación en organismos de gobierno es muy claro. La discusión sobre la incorporación de acciones afirmativas, y concretamente la cuotificación para la representación de la mujer mostró, en todo su esplendor, la gama de discursos que sustentan la perpetuación de la baja integración de las mujeres en el Parlamento.
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Acceso a la información Debe garantizar el más amplio acceso a la información en todos los momentos del proceso (diagnóstico, plan de acción , monitoreo, evaluación), favoreciendo la libre circulación, apropiación y posibilidad de crítica respecto a la misma. Es además imprescindible el conocimiento de la agenda del proceso con la debida antelación.
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¿Quiénes discriminan?
Parecería que la discriminación es un hecho que ocurre entre la ciudadanía, entre gente que se discrimina entre sí, donde el Estado no tiene mucho que ver. La discriminación se reproduce a nivel social y en contactos interpersonales, redes sociales, etcétera, pero las instituciones también discriminan desde sus prácticas. Dicha discriminación puede ser más o menos explícitas y tener formas más o menos sutiles. Por ejemplo, una forma que tienen las organizaciones políticas de trabar la participación de las mujeres es no tener guarderías. Las mujeres están mayormente a cargo de los niños, por lo tanto, a medida que escalan posiciones en la organización necesitan brindarle más dedicación, y para ello tienen que resolver de manera individual y personal lo referido al cuidado de los niños. Las mujeres que no pueden resolverlo, se ven impedidas de participar en política. Por eso, en los países desarrollados hay una política sistemática que establece que los lugares de trabajo, y especialmente los espacios de representación, deben tener guarderías, porque el hecho de tener a los niños al cuidado de alguien no debería ser un impedimento para que una persona participe. En esa dimensión, la mayoría de las organizaciones -creo que todas las organizaciones políticas en Uruguay- tienen esa práctica discriminatoria respecto a las mujeres. En algunos espacios esto va cambiando por la vía de los hechos. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de mujeres ingenieras, sobre todo en el área de las telecomunicaciones, donde existe una demanda laboral enorme y esto lleva a que se tomen medidas concretas. Las instituciones discriminan y el Estado, como gran conglomerado de insti-
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tuciones, también discrimina. Hay normas claramente discriminatorias que se van corrigiendo. El Estado discrimina desde las prácticas del Poder Ejecutivo, del gobierno central, ya que el Estado tiene contacto con la ciudadanía y, además, administra recursos humanos, por lo que también reproduce las mismas prácticas, los mismos discursos que habitan en la sociedad. Asimismo, discrimina a través del Poder Judicial, en la medida en que en términos reales, el acceso a la justicia tiene implicancias diferenciadas de acuerdo al nivel socioeconómico, a la localización geográfica, etc. Un ejemplo de esto es la implementación de la Ley de Violencia Doméstica, que necesitó de la capacitación de los magistrados y demás actores jurídicos, donde sigue habiendo jueces que se niegan a aplicar las medidas cautelares, que no aplican la ley adecuadamente y que el único sustento que tiene es su propio prejuicio sobre la conducta de las víctimas (“Si te golpearon, algo habrás hecho”). La gravedad de los mecanismos de discriminación es tal que pone en riesgo la vida misma de las personas; y es el Estado quien tiene que comprometerse en un plan sistemático y articulado de eliminación de esas prácticas. En este sentido, los medios de comunicación son una gran caja de resonancia y de amplificación de esos mecanismos. Estamos en mes de las mujeres, tenemos un Instituto Nacional de la Mujer, todos hablamos de género, etc., y si uno ve las pautas publicitarias del Día de la Madre siguen girando mayoritariamente en la lógica de promocionar como regalos los electrodomésticos. 2. htpp://andebu.org/ Revisada marzo 2010
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Desde los consejos que dirigen los medios de comunicación, es interesante analizar las respuestas frente a los conflictos y generalmente aparecen términos como “moral”, “buen gusto”, “estética”. Incluso si uno lee la carta de principios de ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos), prácticamente se erige en custodio de la moral y las buenas costumbres. No aparecen en ningún lado la igualdad, la equidad, la no discriminación o, por lo menos, el respeto a las garantías constitucionales y/o apego a la Constitución. La carta de principios establece que los medios velarán para que no haya inmoralidad, etc. La pregunta es, ¿la moralidad de quién? Esta carta de principios está colgada hoy en la página web de ANDEBU2, pero data del año cuarenta. Ahora tenemos un debate sobre la ley de Comunicación Audiovisual. La cuestión es cuando llegamos a la pregunta, “¿la moral de quién?”, y resulta que es la moral de quienes dirigen el medio, de su familia y de su grupo social. El resto de la sociedad, que fue la que dio la concesión de la onda de la cual está haciendo usufructo dicho medio, no es tomada en cuenta. Es interesante ver qué pasa con la prioridad cuando uno ve los canales públicos que trabajan desde una perspectiva totalmente distinta, de pluralidad, por la responsabilidad que implica que sean canales públicos Se ve una diferencia de contenidos sustancial. Respecto a la campaña “Un beso es un beso” difundida por el Colectivo Ovejas Negras, queda demostrado que la naturalización de un beso de dos personas del mismo sexo echa por tierra un estereotipo. Ahora, una mujer semidesnuda que baja por un caño, sigue reproduciendo la idea de que esa mujer es un objeto, que
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Planes de acción El Estado debe elaborar políticas y definir prioridades compatibles con los compromisos asumidos a nivel del Derecho Internacional relativos a los Derechos Humanos y correlacionados con los diagnósticos definidos, adoptando planes de acción con metas y plazos concretos.
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no dice cosas inteligentes: a los efectos de reproducir el status quo, es perfecto. A través de esa campaña se mostró en 2009 que como el resto de la programación reproduce el status quo, y por tanto mantiene el estado de situación eso no genera polémica, lo mismo que relacionar a los afrodescendientes con las llamadas y el candombe; en cambio otros contenidos rupturistas, como un beso de una pareja de personas del mismo sexo, o mostrar afrodescendientes abogados, médicos o ingenieros no es bienvenido.
La idea de la autodiscriminación
Lo que hay detrás del discurso de la autodiscriminación es la justificación de los mecanismos discriminatorios y los efectos que esos mecanismos tienen. Cuando se dice, por ejemplo, “¿Por qué tiene que salir una persona a decir que es gay, que es lesbiana o que se recibió de abogada y que además es travesti?” no se ve que los mecanismos discriminatorios cooperan, generan que determinados grupos tengan que construir necesariamente identidad para, desde ese lugar, construir poder y visibilidad para ser escuchados. Entonces, no es que esa persona se está autodiscriminando sino que está pidiendo que se la escuche y diciendo que existe. Probablemente en un contexto en el cual lleguemos a ciertos niveles o a cierto consenso de no discriminación, no sea necesario que haya una afirmación de las identidades. La discriminación no existe por sí sola, porque la discriminación implica a una persona discriminada y un mecanismo o un individuo discriminante. Uno no puede discriminarse a sí mismo. La discriminación no implica una verticalidad.
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Son mecanismos que operan a todo nivel y que van más allá de las estratificaciones. Todos sentimos que la norma es la reproducción de los estereotipos y basta con infringirla para darnos cuenta de los efectos. Basta decir “Mi marido es amo de casa y yo soy gerente de una empresa” para que surjan miradas suspicaces, risas; o que “Le puso botitas azules a la niña” (simplemente porque no vio la razón para ponerle botas rosadas). Pero si es al revés y le pone botas rosadas al varón, es un problema. Vemos hasta qué punto se disparan los mecanismos de sanción social cuando uno infringe la norma. Esto no quiere decir que los colectivos discriminados no reproduzcan estereotipos. El ser víctima de discriminación no es una vacuna antidiscriminación. También los reproducen de otras maneras. El machismo se reproduce a la interna de los movimientos de diversidad sexual, y en los movimientos afro, así como la xenofobia y la homofobia. Hay algunos grupos que parecería que sostienen que el hecho de ser víctima de discriminación da credencial para ir “bardeando” a otros colectivos. Si acordamos en la no discriminación es desde todos hacia todos. La dimensión subjetiva e interpersonal en este tema son fundamentales, ya que es indispensable la interacción entre una y otro, así como la de tener la sensibilidad apropiada respecto al proceso que tiene cada uno, que viene del dolor,
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de la angustia, de la humillación, de la exclusión, de sentirse por fuera. Hay que entender y atender esa dimensión. Veamos algunas preguntas que ponen en evidencia lo que venimos desarrollando: ¿Por qué las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres? ¿Por qué los afrodescendientes componen una población de alrededor del 10% de la población general, pero solamente tienen un 1% de participación en la población universitaria? ¿Por qué la discapacidad motriz es sinónimo de desempleo vitalicio? ¿Por qué un cadete de la Escuela de Policía no puede continuar sus estudios por vivir con VIH? Estas son todas situaciones reales. Cuando uno pregunta por qué, es cuando emergen todos los mecanismos de exclusión que no tienen ningún asiento racional. En el fondo lo que hay son únicamente prejuicios. El prejuicio de que una persona que cuida del orden no puede tener “enfermedades de gente rara, promiscua, etc.”. O que es muy caro hacer rampas para personas con discapacidad. En cuanto al acceso a la educación universitaria, ¿qué es lo que pasa?, ¿los afrodescendientes son incapaces de llegar a la educación terciaria? Esto es algo que la Universidad está en proceso de ver. Probablemente responda a una fuerte deserción, sobre todo en el segundo ciclo de educación secundaria. También influyen otros elementos simbólicos: por ejemplo, no hay una reproducción de imágenes en las cuales los afrodescendientes sean vistos como profesionales, lo que me genera que a mí, joven afro, que vengo de una familia afro, que tal vez no me proyecte como ingeniero, como abogado, como Presidente de la República, porque “no es mi lugar”.
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Atrás de cada una de estas preguntas existe una vulneración grave de derechos. También hay una percepción desde una parte del sistema judicial y de los aparatos policiales de “joven igual drogodependiente, igual potencial criminal”, lo que genera un dispositivo persecutorio. Desde el Estado se ve a un joven de determinado lugar de la ciudad o del país como un delincuente. Ya que es así, etiquetado en la frente, entonces, ¿para quién será más fácil entrar a una red delictiva? ¿para un joven que vive en un barrio estigmatizado como un “nido de delincuentes” o para un joven que vive en un barrio bien visto y con otro poder adquisitivo y educativo? La representación en los medios de comunicación también influye. No es lo mismo el adolescente criminal, a quien “hay que crearle un instituto de rehabilitación para que se reinserte en la sociedad”, que un abogado o un empresario de alto prestigio, que termina procesado y pasa inadvertido. Este es un tema recurrente: que los delincuentes de cuello blanco pasen inadvertidos y que una persona que arrebató una cartera para robar 500 pesos, sea retrata como una situación mucho más grave y dramática. Esto no habla únicamente del nivel de violencia -donde uno va con un arma y el otro no-, sino que también uno (el que arrebata) es mucho más fácil de estigmatizar que el otro (ladrón de cuello blanco).
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¿Qué objetivos tiene un Plan Nacional contra la Discriminación y el Racismo? En primer lugar, transversalizar en todas las políticas del Estado la perspectiva de derechos, no discriminación y respeto a la diversidad de las personas. El primer elemento es comprometer al Estado en incorporar esta perspectiva en sus políticas. Esto es fundamental. Así como hay instrumentos que comprometen al Estado en incorporar la perspectiva de género en sus políticas, hay que incorporar la perspectiva de no discriminación y de respeto a la diversidad de las personas, en sus políticas hacia la población, en sus prácticas y en su vínculo con la población. Otro elemento es sistematizar y armonizar los esfuerzos que ya existen de distintos espacios del Estado en cuanto al combate en las distintas formas de discriminación o en la lucha contra las distintas formas de discriminación. Hay meca-
nismos de género, mecanismos de discapacidad, mecanismos por etnicidad. La idea es poder darle a todo eso un marco coherente bajo el cual se actúe y diseñar líneas generales en la generación de nuevas políticas, incluso en el diagnóstico de nuevas situaciones. Hay que comprometer al Estado con acciones concretas y medibles, asignadas a instituciones específicas. Este va a ser el producto final del proceso de elaboración: un plan que tendrá una fecha de inicio y una fecha de fin, con acciones asignadas a las distintas instituciones y que van a ser medidas con un sistema de indicadores, para poder ver efectivamente que se progresa y se avanza.
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En un sentido más político de proyecto de gobierno, se debe completar un sistema de políticas que garanticen derechos y que generen igualdad. Uruguay en los últimos cinco años ha ido generando un sistema de políticas, mediante reformas que tienden a garantizar la igualdad. El generar un plan de acción, un sistema de políticas de combate a la discriminación, es otro aspecto que falta para completar ese sistema de políticas de generación de igualdad, como fue el Plan de Equidad, es la ENIA y será el Plan de Educación en Derechos Humanos. Hasta ahora hemos utilizado el término abreviado “Plan Nacional”, pero en realidad es un proceso, que va a tener varios productos. En ese proceso vamos a generar un compromiso de los poderes del Estado, con el gobierno central, con el sistema educativo, con las empresas públicas y privadas, con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil y con los medios, con los objetivos generales del PNRD. Se constituirá un Comité Interinstitucional (CI) que será el espacio síntesis del compromiso, no sólo del Estado -que es el que asume y se compromete- sino del resto de los actores de la sociedad, que van a estar participando de ese proceso y que van a ser garantes y monitores y algunos (en el caso de los medios), ser monitoreados. Otro de los productos de ese proceso va a ser un diagnóstico de prácticas y mecanismos de discriminación. Para eso estamos formando un equipo de 16 técnicos, que van a trabajar cada uno en un área de trabajo, que tiene que ver con dos ejes de trabajo: mecanismos de discriminación y esferas institucionales.
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Este equipo nos va a dar, a finales del 2011, un panorama de todas las prácticas discriminatorias, cómo se reproducen y, a su vez, un panorama de las instituciones: la Administración Central, el Poder Judicial, el nivel legislativo, el sistema de salud, el sistema educativo, los medios y el mercado laboral, qué prácticas discriminatorias tienen y qué prácticas reproducen, con algunos énfasis en la intersección de discriminaciones. Para eso tenemos, en principio, cuatro ejes que van a recorrer todos esos informes. Estos son: edad, afrodescendencia, género y pobreza. Y un estudio específico de los sistemas de inclusión: el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de seguridad social y el mercado laboral. A partir de ese diagnóstico, un segundo producto va a ser una imagen a largo plazo. Será una imagen de Uruguay al 2030, en cuanto a prácticas discriminatorias en todas las esferas, y un sistema de lineamientos estratégicos, principios orientadores y mecanismos de seguimiento, que van a permitir construir los planes hacia adelante e ir acordando los principios para la construcción de políticas particulares que no sean específicamente el PNRD. El producto final será un primer plan cuatrienal: la idea es que cierre y se evalúe a finales de esta administración. Allí identificarán esos problemas y mecanismos de discriminación a eliminar en ese plazo. Habrá que hacer un sistema u orden de prioridades, proponer acciones pertinentes y explicitar los resultados esperados. En el camino también vamos a tener instancias públicas departamentales y nacionales, una convocatoria con personas provenientes de todos los departamentos, de contacto y de visibilización de las organizaciones de la sociedad civil, de
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Rendición de cuentas y evaluación El Estado debe elaborar políticas y definir prioridades compatibles con los compromisos asumidos a nivel del Derecho Internacional relativos a los Derechos Humanos y correlacionados con los diagnósticos definidos, adoptando planes de acción con metas y plazos concretos.
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intercambio con los técnicos que van a elaborar el diagnóstico. El diagnóstico será participativo y tendrá por lo menos dos puntos de encuentro: un encuentro inicial donde la sociedad civil y las instituciones que quieran participar podrán plantear qué contenidos debería tener ese diagnóstico, qué insumos hay y cuáles deberían incorporarse en ese diagnóstico; y terminado el trabajo del técnico, va a haber una devolución de las organizaciones y las instituciones sobre el producto. Otro objetivo es visibilizar a las organizaciones de la sociedad civil y empoderarlas, ya que son los principales actores que trabajan en estos temas. Difundir masivamente la elaboración del plan y sus propósitos como una estrategia, no sólo para decir qué es la política de referencia, sino para sensibilizar en la temática, generar debate público, echar por tierra la idea de que en Uruguay no se discrimina, se discrimina poco o se discrimina a unos pocos. Finalmente, alentar al máximo la participación de la sociedad civil en todas las instancias que sean posibles: recibir sus aportes, sus perspectivas, sus experiencias en torno a los temas de discriminación. Hay grandes diferencias de desarrollo entre unos mecanismos y otros. Por ejemplo, en género hay una enorme producción e institucionalidad del Estado; en diversidad sexual hay cierta producción desde la sociedad civil, pero no hay institucionalidad del Estado; en discapacidad hay poca producción, hay una ley y una Comisión Honoraria. Va a ser distinto el trabajo según el área de la que se trate.
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