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Áreas naturales protegidas de México: Un difícil camino hacia la reconciliación
Áreas naturales protegidas de México:
UN DIFÍCIL CAMINO HACIA LA RECONCILIACIÓN
Andrés Ortiz Garay*
Shutterstock Para concluir la serie “Áreas naturales protegidas de México”, tras haber abordado las diferentes categorías de este tipo de reservas que son reconocidas y manejadas por el gobierno federal, se hace necesario llegar a algunas conclusiones que permitan al lector definir su respuesta a la pregunta planteada en la primera entrega de la serie: ¿Son las áreas naturales protegidas los últimos refugios para la supervivencia de la vida natural o constituyen la posibilidad de surgimiento de nuevos edenes?
antes de iniciar la revisión sobre el estado actual de las áreas naturales protegidas (ANP) de nuestro país, es conveniente mencionar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente incluye otra categoría que no ha sido tratada en esta serie de artículos: las áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC). Se trata de ANP que no se
* Antropólogo. Ha laborado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Ecología. Para Correo del Maestro escribió las series “El fluir de la historia”, “Batallas históricas”, “Palabras, libros, historias”. establecen en principio por medio de decretos del poder ejecutivo de la Federación, aunque puedan contar con su reconocimiento y a veces hasta con su apoyo, ya sea decidido o tácito. Al respecto, el artículo 55 bis de la Ley General establece lo siguiente:
L a s á re a s d e s t i n a d a s v o l u n t a r i a m e n t e a l a c o n -
s e r v a c i ó n s o n a q u e l l a s q u e p u e d e n p re s e n t a r cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 al 55 de la presente ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta ley.
Para tal efecto, la Secretaría emitirá un certificado, en los términos de lo previsto por la sección V del presente capítulo.
Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.
El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la con-
servación se sujetará a lo previsto en la sección V del presente capítulo.
En tanto, el artículo 59 de la misma norma estipula:
Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta ley.
M e d i a n t e e s t a f i g u r a l e g a l , d i f e re n t e s t i p o s de personas jurídicas, físicas o morales, pueden convertir en área natural protegida, predios sobre los que detentan derechos de propiedad. De conformidad con el artículo 77 bis de la misma ley, y los artículos 130 y 131 de su Reglamento en Materia de Áreas Naturales, se establecen niveles (básico, intermedio y prioritario) de certificación bajo los cuales las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son administradas por sus promoventes. Dichos niveles varían en función de las características físico-biológicas y el estado de conservación de los predios y son ANP obtengan ac-determinantes para que estas ceso a los instrumentos económicos y otros apo1yos que otorga la Federación; también se fija el plazo de tiempo que cubre el certificado (renovable o no, según el caso, y con vigencia mínima de quince años); asimismo se definen tanto una estrategia de manejo del área destinada voluntariamente a la conservación como las responsabilidades que adquiere(n) su(s) propietario(s).
Aunque la página web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no ADVC en su recuento principal de incluye a las las que cuentan con reconocimiento federal, sí es posible encontrar una lista con 354 unidades de esta categoría (Conanp, s. f.) que se distribu2 con yen en 24 entidades federativas del país, Oaxaca (134), Guerrero (66) y Tlaxcala (25) como las más sobresalientes por su número, ya que las demás tienen solamente entre doce y una de ANP. Esto, desde luego, no es casual. este tipo de A partir de 2008, cuando en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al AmbienADVC se considerarían te se estableció que las –una vez aprobada su certificación– como ANP de competencia de la Federación, las comunidades indígenas, los núcleos agrarios y ejidos han encontrado en este ordenamiento varias posibilidades, y no sólo es el acceso a program a s d e f i n a n c i a m i e n t o , s i n o t a m b i é n , y q u i z á m á s s i g n i f i c a t i v a m e n t e , c o m o u n a v í a p a r a l o g r a r l o s
1 El artículo 64 bis de la LGEEPA prevé el establecimiento de incentivos económicos y estímulos fiscales específicos para los predios certificados. 2 De acuerdo con esa lista, los estados que parecen no contar con ADVC son Zacatecas, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán y Querétaro, además de la capital de la República, Ciudad de México. También es necesario advertir que el número de
ADVC certificadas por la Conanp varía según el documento que se consulte (así, por ejemplo, en el artículo de esta serie publicado en el número 285 de Correo del Maestro mencioné que la Conanp apoyaba 339 ADVC y aquí digo que se trata de 354; esto se debe probablemente a un aumento en esta categoría de ANP durante el lapso de casi un año transcurrido entre el primero y el último artículo de esta serie).
Correo del Maestro a partir de sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/advc
Áreas destinadas voluntariamente a la conservación
s i g u i e n t e s p ro p ó s i t o s : a ) b l i n d a r s u s territorios ante el desarrollo de proyectos privados de explotación de recursos naturales (especialmente los de minería) y de obras públicas no deseadas; b) mantener o mejorar la cantidad y calidad del agua de la que disponen; c) fortalecer las posibilidades de mantener sus lógicas de reproducción del tejido social tradicional y de acrecentar su actuación en el entramado de la gobernanza local y regional; d) y, a no dudarlo, contribuir a los ideales de sustentabilidad ambiental, conservación de la biodiversidad y mitigación de la nocividad del cambio climático en la medida que les es posible. Por lo tanto, no debe extrañar que en Oaxaca y Guerrero, donde la población indígena es muy cuantiosa, se concentre el mayor número de este tipo de ANP (56 por ciento del total que enlista la Conanp).
Sin embargo, el incremento de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación no es un fenómeno exclusivo de las comunidades indígenas o de los núcleos campesinos que sin tener distinciones de índole étnica comparten con ellas la marginación y la pobreza. Una cantidad no bien determinada de propietarios privados y de asociaciones (amparadas por la legislación vigente respecto a las formas que pueden adquirir los grupos de productores agropecuarios y de comercializadores de su producción) también se integran a la tendencia de incremento de las áreas destinadas voluntariamente a la conserResulta indudable que las organizacio-vación.
nes no gubernamentales (
ONG) juegan un papel central en este asunto, aunque la conveniencia de este importante rol se halla sujeta a discusión. Y dado que la participación de las ONG en l a c re a c i ó n , s o p o r t e f i n a n c i e ro y m a n e j o d e l a s ANP es una tendencia que parece irreversible en la actualidad, es necesario delimitar de forma más precisa y en detalle tal participación, tanto en términos legales y administrativos, como en otros de índole política (por ejemplo, en lo que respecta a la soberanía nacional) y de justicia social (por ejemplo, en cuanto a quiénes deben beneficiarse finalmente de los apoyos que otorgan los fondos nacionales e internacionales para la conservación y el desarrollo sustentable).
Asimismo, debemos considerar aquí que los gobiernos estatales y municipales también están facultados para establecer ANP en los territorios que forman parte de sus respectivas jurisdicciones. Un interesante estudio (Bezaury-Creel, 2009) afirma que en las entidades federativas del país, unos tres centenares de ANP que cuentan con decreto vigente ocupan 3.3 millones de hectáreas. Los estados con mayores superficies que forman parte de las ANP estatales no superpuestas a las de tipo federal son: Estado de México, con 629 327 hectáreas (que representan 29.4 por ciento de su territorio); Campeche, con 504 722 (8.9); San Luis Potosí, con 397 716 (6.2); Quintana Roo, con 149 507 (3.8); Guanajuato, con 256 560 (8.3); y Aguascalientes, con 106 030 (20.1 por ciento). Hasta hace unos años, Chihuahua, Baja California, Colima y Guerrero eran los únicos estados que no tenían ANP de jurisdicción propia. Es curioso que Chihuahua haya sido el primer estado mexicano en crear un ANP y ahora no tenga ninguna (en 1926, el poder legislativo de esa entidad convirtió la sierra de Majalca en un parque protegido, el cual, en 1939, fue decretado como parque nacional por el presidente Lázaro Cárdenas). También sorprende que los gobiernos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, no obstante que carecen formalmente de jurisdicción sobre los mares territoriales de
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Sierra de Majalca, Chihuahua
México, han decretado más de doscientas mil hectáreas de superficie marina como parte de 3sus ANP costeras.
Ese mismo estudio menciona que en 2009 había 85 ANP municipales con decreto vigente en diez entidades federativas (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y cuya superficie abarcaba poco más de 124 000 hectáreas (cifra equivalente a 0.05 por ciento del total de las ANP decretadas por alguno de los tres niveles de gobierno); pero la mayoría de 4estas áreas municipales eran parques urbanos o periurbanos y sólo dos contaban con programa de manejo (el Área Municipal de Protección Hidrológica Barranca del Río Santiago en Zapopan, Jalisco, y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal en Mérida, Yucatán).
De una manera que todavía no ha sido resuelta a cabalidad, se han suscitado varios casos de confrontaciones legales entre los gobiernos municipales y el federal, porque, de un lado, el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para planificar el uso del suelo y para expedir las licencias de construcción, y del otro, el artículo 27 constitucional establece que es la Nación la que tiene “el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma conti-
3 Ese estudio plantea algo interesante respecto a las ANP de jurisdicción estatal: “En términos generales se puede establecer que, en la gran mayoría de las entidades federativas, aún no existe una política de Estado manifiesta con respecto a las
ANP. En este sentido, prevalece el sello personal impuesto por cada uno de los gobernadores con interés personal o no en el tema, lo que otorga un rasgo distintivo a los esfuerzos de creación de ANP, el cual se manifiesta en forma de impulsos creativos, seguidos de periodos de inactividad en la mayor parte de las iniciativas relacionadas con las ANP estatales” (Bezaury-Creel, 2009: 415-416). 4 Como simple dato curioso menciono aquí que, de acuerdo con algunos historiadores, el primer paseo público arbolado y con otra vegetación inducida que se creó en América, y que antecede a muchas de las realizaciones europeas del mismo género, fue nada menos que la Alameda de la Ciudad de México. nental y los zócalos submarinos de las islas”, así como de los yacimientos minerales u orgánicos, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los hidrocarburos que se le asocian, además del espacio situado sobre el territorio nacional. Por eso, el Ejecutivo Federal tiene la potestad de dictar:
… las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; […] para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Como la revisión de los traslapes, los diferendos y las posibilidades de complementación y armonía entre las soberanías federal, estatal y municipal en lo que se refiere a las ANP requeriría muchas más páginas, dejaremos aquí este breve recuento de “las otras ANP” para mejor volver sobre aquellas que son manejadas directamente por la Conanp.
La transformación del modelo mexicano de ANP
En otros artículos de esta serie he delineado ya las premisas fundamentales sobre las que se ha construido el “modelo mexicano” de ANP, así que no insistiré mucho más en ello, y tan sólo pongo de relieve aquí que, al contrario de lo sucedido en otras naciones (Estados Unidos, Sudáfrica o India, por ejemplo), la vía seguida por nuestro país ha tenido como eje central excluir la
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Área Municipal de Protección Hidrológica Barranca del Río Santiago en Zapopan, Jalisco
expropiación de la tierra que se decreta como reserva o área protegida. Como corolario del pacto constitucional de 1917, México realizó una reforma agraria que convirtió en propietarios ejidales o comunales tanto a antiguos pobladores de la tierra como a colonos que se adentraron en las regiones menos densamente pobladas del país (desiertos y serranías boscosas en el norte, selvas tropicales y bosques de niebla en el sur). Tratando de conjugar una idea de preservación de los recursos naturales (que hasta mediados del XX se concebían como prácticamente inago-siglo tables), con la necesidad de posibilitar la supervivencia de las masas compuestas por una población en ese entonces mayoritariamente rural, la decisión política fue repartir tierras y respetar los derechos de tenencia de los núcleos agrarios, ya fuesen éstos de antigua o reciente creación. Al 5 la contrario del modelo llamado “Yellowstone”, expulsión de los pobladores de los territorios no
5 Véanse los artículos de esta serie en los números 285 (febrero de 2020) y 292 (septiembre de 2020) de Correo del Maestro. se convirtió en nuestro caso en premisa o consecuencia del establecimiento de las zonas de protección del medioambiente natural. Eso lo resume muy bien la siguiente cita:
El rasgo que distingue más claramente a las ANP mexicanas de las de otros países es el hecho de que no son propiedad pública. En virtud de que el reparto agrario llegó antes a casi todas las áreas que podían ser candidatas a ANP, éstas muy rara vez pasan a ser bienes públicos. Esto que eufemísticamente se ha llamado el “modelo mexicano”
de protección es en realidad una enorme debilidad del régimen de ANP. Una vez más, el problema jurídico fundamental consiste en definir cuál o cuáles órganos del estado tienen la atribución para decretar un pedazo de territorio como un área natural protegida (Azuela, 2006: 119).
Sin embargo, la política de modernización del campo mexicano, plasmada en las reformas a la Constitución federal y la Ley Agraria que se efectuaron en 1992, ha transformado rápidamente ese panorama, provocando cambios cualitativos
y cuantitativos en la estructura de la tenencia de la tierra, los patrones de uso del suelo y, por consiguiente, en la composición de los ecosistemas así afectados. La escasez de apoyos económicos y la extinción de subsidios y estímulos fiscales para la producción agropecuaria de comunidades, ejidos y pequeños propietarios han deteriorado gravemente las opciones para que la mayoría de la población rural pueda integrarse de manera efectiva en el uso de los recursos naturales de sus tierras que preconiza el ideario del desarrollo sustentable. Es altamente significativo que alrededor de 90 por ciento de las poblaciones ubicadas en las ANP presenten índices de marginación calificados como muy alto, alto y, en los mejores casos, medio.
Los conflictos en varias ANP (de los que son ejemplos destacados la selva Lacandona, los Tuxtlas, la sierra de Manantlán y los pantanos de Centla) muestran que los problemas agrar i o s n o s e h a n re s u e l t o a d e c u a d a m e n t e , q u e hay una fuerte oposición a la privatización de l a t i e r r a i m p l i c a d a e n l a s re f o r m a s a l a s l e y e s mencionadas, y que los supuestos beneficios de la globalización neoliberal –tanto del mercado como de la cultura– no llegan a esa población m a rg i n a d a y t a m p o c o e v i t a n e l d e t e r i o ro d e l medioambiente ni el agotamiento de los recursos naturales.
Las ANP constituidas por decreto del Ejecutivo Federal intentan ajustarse lo más posible a la definición de área natural protegida que propone la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008: 10). Asimismo se pretende que en ellas se apliquen los postulados del Convenio sobre la Diversidad Biológica acerca de la conservación de los paisajes naturales, el uso sostenible de sus componentes y una participación más o menos justa y equitativa de sus beneficios, propósitos que constituyen, de acuerdo con ese convenio internacional del que nuestro país es signatario, una preocupación común de la humanidad.
L a C o n a n p h a e n s a y a d o – c o n m e j o r o p e o r suerte en cada caso específico– la implementac i ó n d e u n a s e r i e d e i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a p ú b l i c a y d e a c c i ó n s o c i a l e n e l i n t e n t o d e p o ner en práctica esquemas de conservación y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En este sentido, podemos enumerar: los programas de ordenamiento ecológico del territorio (incluyendo los ordenamientos comunitarios del territorio); las zonas de restauración; la zonificación forestal; los programas de pagos por servicios ambientales (desarrollados por la Comisión Nacional Forestal, la Conanp y otros 6organismos del gobierno federal); las áreas de refugio para proteger especies acuáticas; las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y otros tipos de reservas que se manejan en pequeña escala (muchas de ellas establecidas con fines de aprovechamiento cinegético); las áreas protegidas de ejidos dedicados a la producción forestal (en las que se incluyen los aprovechamientos forestales y los bosques de alto valor de conservación certificados por el Forest Stewardship Council); y los aprovechamientos pesqueros sustentables certificados por el Marine Stewardship Council; así como las reservas privadas y sociales que se categorizan como áreas destinadas voluntariamente a la conser-
6 Por los recursos que se les han destinado destacan en este sentido el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) y el Programa de Empleo Temporal (PET).
Sembrando Vida es otra modalidad de este tipo que se está desarrollando en el actual sexenio.
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La Conanp ha ensayado la implementación de una serie de instrumentos de política pública y de acción social en el intento de poner en práctica esquemas de conservación
vación. Es comúnmente aceptado que esta multifacética diversificación de usos del suelo (y de aguas) representa una estrategia adecuada para conservar y aprovechar de manera sustentable la biodiversidad del territorio mexicano, ya que se afirma que su integración en el extenso reperANP establece sinergias indispensa-torio de las bles entre los instrumentos de política pública y los derivados de la acción social, ya sea de tipo comunitario o privado.
Desde luego, la integración de estos y otros instrumentos legales, administrativos y orgaANP es sin nizativos en un sistema nacional de duda deseable, pero antes de avanzar alegremente por ese camino, deberíamos centrar la atención sobre algunas cuestiones.
Un nuevo paradigma en las áreas naturales protegidas
En el curso del siglo y medio, aproximadamente, en que las fases de dominio imperialista y financiero del desarrollo capitalista han impuesto su rapacidad y sus alcances devastadores en el mundo natural y biodiverso, también ha surgido un movimiento contrapuesto, lo que Víctor Manuel Toledo ha llamado la “trilogía de la esperanza”, que reúne:
… lo ecológico, lo espiritual y nuevas formas de crear y utilizar el conocimiento [y que] derivan, a su vez, en la construcción teórica y práctica de una nueva utopía que hoy alcanzamos a vislumbrar bajo el término de sociedad sustentable. Aunque el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, hoy se ha vuelto un término utilizado de manera indiscriminada y oportunista por innumerables sectores sociales (desde gobiernos, bancos y corporaciones hasta empresas, centros académicos y organismos diversos), existe una definición legítima hecha implícita en los movimientos sociales que es necesario rescatar.
En efecto, las prácticas y experiencias de numerosos movimientos ciudadanos en todo el
m u n d o e n c i e r r a n e l e m e n t o s p a r a c o n f e c c i o n a r u n a v e r s i ó n l e g í t i m a , p ro f u n d a , c r í t i c a y s o c i a l m e n t e a d e c u a d a d e l d e s a r ro l l o s u s t e n t a b l e ( To l e do, 2003: 17).
En el contexto de la evolución de las
ANP, adquiere gran relevancia un nuevo paradigma, que Toledo denomina “la conservación biocultural”. En ésta, los componentes de la trilogía de la esperanza que menciona la cita anterior reciben la influencia de la relación entre los pueblos indígenas y sus medioambientes naturales. Este es un tema especialmente aplicable a países que, como México, cuentan con un alto nivel de biodiversidad, pero con posibilidades muy a c o t a d a s – p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y s o c i a l m e n t e – para garantizar el bienestar de la inmensa mayoría de su población. Este nuevo paradigma es intrínsecamente afín a las concepciones de los pueblos originarios que entienden al ser humano como una más de las múltiples criaturas que pueblan la Madre Tierra. Las culturas indígenas mantienen con ella (Madre Tierra, Naturaleza, o como quiera llamársele) una relación de respeto que, entre otras formas, se manifiesta en la salvaguarda de los espacios naturales (bosques, selvas, montañas, manantiales, etcétera), ya que se l e s e n t i e n d e c o m o d o n e s q u e l a M a d re Ti e r r a hace a sus criaturas.
El más o menos reciente descubrimiento de la importancia y vitalidad de las cosmovisiones indígenas ha sumado a la visión moderna de la conservación un contingente social y cultural que hasta hace unos cincuenta años permanecía ignorado, pero que ahora ocupa una posición como aliado estratégico de los esfuerzos institucionales, públicos y privados del conservacionismo e inspira la búsqueda de modelos más respetuosos e integrales de relación con la naturaleza. Para el caso de México, el mismo Toledo ofrece algunos datos relevantes:
Para comenzar debe saberse que el país, en virtud de su larga historia civilizatoria (los pueblos mesoamericanos se remontan a unos 7 mil a 9 mil años, según los registros de las primeras plantas domesticadas encabezadas por el maíz), y con una población originaria o indígena de 25 millones (Inegi, 2015), constituye una nación muy especial en términos bioculturales. Utilizando tres criterios, biodiversidad (cantidad de especies), etnodiversidad (número de lenguas) y agrodiversidad (cifra de centros de domesticación) es posible clasificar a los países bioculturalmente más ricos del planeta. De acuerdo con ese análisis, México ocupa el segundo sitio, después de Indonesia y por delante de India, Australia, Brasil y China. Los territorios indígenas del país, con una superficie de al menos 28 millones de hectáreas, mantienen las áreas mejor conservadas de selvas y bosques, y captan la cuarta parte del agua de lluvia. Por ello cada especie de planta o de animal, de suelo o de paisaje, de montaña o manantial, casi siempre conlleva una expresión lingüística, una categoría de conocimiento, una historia o una leyenda, un significado mítico, un uso práctico o una vivencia individual o colectiva (Toledo, 2019).
E l re c o n o c i m i e n t o d e l a i m p o r t a n c i a d e l a visión biocultural en el movimiento conservacionista ha desatado algunos procesos esperanzadores para el futuro de las ANP. Por ejemplo, la colaboración entre el gobierno de Francia y la Conanp en una iniciativa para que los “paisajes bioculturales” se inscriban como una categoría de conservación (existe un proyecto al respecto en Jalisco, y se fundó en Yucatán la primera reserva biocultural mexicana, en la que participan cinco municipios de la región del Puuc, básicamente con población hablante del idioma maya yucateco). Asimismo, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se creó la Red sobre el Patrimonio Biocultural de México, en la que se integran unos 250 académicos, 70 instituciones y varias decenas de comunidades rurales de todo el país. Sin embargo, el camino por recorrer es todavía largo y difícil, a pesar de que discursivamente –y en contadas veces en la realidad concreta– se reconoce el decisivo papel que juegan los núcleos agrarios y los pueblos indígenas en el intento de conservar la biodiversidad
de nuestro país, es contundente el dato de que alrededor de 80 por ciento de las poblaciones que habitan en las ANP federales se encuentran en niveles altos de marginación social y económica. Por eso resulta paradójico, como expresa Toledo (2020), que “[e] país ha sido muy exitoso en proteger orquídeas, felinos, pájaros bandera, quetzales, mariposas, monos, peces, insectos y especies endémicas, pero ha fallado en dar una vida digna a los pueblos que facilitaron la protección de ese legado natural”.
Conclusión
A pesar de que la denominación de áreas naturales protegidas implica la idea de territorios destinados a la conservación y protección de la naturaleza, en realidad no son entidades homogéneas. Aparte de su diversidad biológica y geográfica, las diferencias entre ellas se manifiestan en los objetivos que en cada una se pretende alcanzar, y en las maneras en que son manejadas operacional y administrativamente.
En el mundo, hay algunas en las que se proh í b e t o t a l m e n t e e l d e s e m p e ñ o d e c u a l q u i e r a c t i v i d a d h u m a n a ( o c a s i , y a q u e l a s i m p l e v i -
www.naturalista.mx gilancia de sus territorios o los quehaceres necesarios para el estudio y control de la fauna y flora requieren cierto grado de presencia humana), mientras que en otras se trata de territorios que han sido habitados por personas que tradicionalmente han obtenido allí los recursos que posibilitan su subsistencia (en las de este último tipo –cuyo ejemplo más conspicuo podría ser el de las reservas de la biosfera–, el expediente de ANP es la medida más comúnmente zonificar el usada para tratar de compaginar las metas de la conservación del medio natural con el aprovechamiento sustentable de sus recursos). ANP federales presentan un
En México, las panorama poco alentador si nos decidimos por una conservación a ultranza de las áreas protegidas, ya que 81.05 por ciento de la superficie ANP recae dentro de las categorías total de las menos restrictivas para las actividades antropogénicas dentro de ellas (reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, y áreas de protección de recursos naturales), y sólo el restante 18.95 por ciento en las que son, de alguna manera, altamente restrictivas (santuarios, monumentos naturales, y parques nacionales).
En buena medida, la gran biodiversidad que se reproduce en los suelos y aguas de muchas
La biodiversidad que se reproduce en los suelos de muchas ANP se mantiene porque las sociedades humanas que las habitan han evolucionado bajo lógicas económico-políticas apartadas del desarrollo del capitalismo
ANP se mantiene porque las sociedades humanas que las habitan han evolucionado bajo lógicas económico-políticas apartadas del desarrollo del capitalismo. En este proceso, en los ANP se han moldeado territorios que hoy son paisajes en los que la relación entre la naturaleza y la cultura ha encontrado posibilidades de convivencia más armónicas que las establecidas por las sociedades urbanas, en las que el poder, la ganancia y la supremacía del bienestar individual son los principios rectores.
En este sentido, es conveniente advertir que en México el movimiento ambientalista (sea de tipo más tradicional, de tipo biocultural o de alguna otra variante) ha tendido a desplegar sus pensamientos utópicos con gran amplitud en el mundo rural, lo cual de alguna manera desconoce que 80 por ciento de los mexicanos vivimos en centros urbanos y que gran parte de las problemáticas ambientales actuales se generan a partir de los modelos de vida citadina.
Por eso es necesario hacer un análisis más profundo acerca de las formas en que nuestro actuar cotidiano, nuestras maneras de producir y consumir, nuestras aspiraciones socioeconómicas y hasta nuestras formas de divertirnos y salir del agobio de la ciudad tienen, todas, repercusiones decisivas (ya sea más temprano o más tarde) en el mundo natural. La ciencia y hasta el sentido común nos indican que la globalidad actual no sólo es económica o de las comunicaciones, sino que afecta a otros ámbitos de la vida humana, entre ellos las maneras en que nos relacionamos con el medio ambiente (el presente cambio climático global es una tremenda muestra de esto).
P o r t o d o e l l o , d e b e m o s h a c e r c o n c i e n c i a d e que en la viabilidad de la conservación de la biodiversidad, en las posibilidades de un lugar más digno y justo para la bioculturalidad, y en el acceso al desarrollo sustentable, estamos implicados todos.
En vista de todo ello habrá que reflexionar mucho más de lo que esta serie de textos ha perm i t i d o , a c e rc a d e s i l a s á re a s n a t u r a l e s p ro t e g i d a s s e r á n l o s ú l t i m o s re f u g i o s d e l a v i d a s i l vestre o el germen para la creación de nuevos edenes.
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