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Otros libros de la colección «el Dipló» Feminismo e islam Zahra Ali (compiladora)
Con la imposición de la ideología neoliberal en la década de los
La nueva Guerra Fría Varios autores
que moderaban su voracidad y desplegó su rostro más salvaje.
El desorden mundial Luiz Alberto Moniz Bandeira Neofascismo. De Trump a la extrema derecha europea Varios autores
80, el capitalismo dinamitó los pocos límites de contención
que desembocaría en la grave crisis financiera de 2007/2008, que de Estados Unidos se extendería al resto del mundo. Ese cataclismo despertó también la resistencia. Un político independiente autodefinido como “socialista democrático”
Adiós a las finanzas Frédéric Lordon
supo interpretar los nuevos tiempos históricos y generar una
A diez años del 11 de Septiembre. Cómo cambió el mundo Varios autores
mo se asocia con los vapores del infierno–, Bernie Sanders, fuerte corriente de izquierda en torno a su figura. En este libro preciso y descarnado, Sanders traza un diagnóstico de las calamidades sociales que afectan a Estados Unidos, la creciente desigualdad de ingresos (el 1% más rico de los norteamericanos posee tanta riqueza como el 90% más pobre), la brutalidad policial, la inaccesibilidad a la educación superior, el racismo, los laberintos del sistema sanitario…
Las revoluciones árabes Varios autores
Sanders ilumina la cara más oscura del capitalismo estadouni-
Una estrategia altermundialista Gustave Massiah
transformar el sistema, y son los jóvenes quienes pueden hacer-
Revoluciones que cambiaron la historia Benoît Bréville y Dominique Vidal (compiladores)
Las miserias del sistema y cómo los jóvenes pueden transformarlo
estadounidense de larga trayectoria progresista, senador –una herejía en Estados Unidos donde la mera palabra socialis-
La explosión del periodismo Ignacio Ramonet
Contra el capitalismo salvaje
Fue el triunfo de Wall Street y de la especulación desenfrenada,
El imperio de la vigilancia Ignacio Ramonet
Objetivo: voltear a Cuba Keith Bolender
Bernie Sanders
dense y deja enseñanzas para el resto del mundo: hay que lo. Y hay que hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.
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Contra el capitalismo salvaje | Bernie Sanders
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Neoliberalismo. Breve historia del infierno Eric Toussaint
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Bernie Sanders Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1941, licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago, Bernard “Bernie” Sanders participó en luchas estudiantiles como miembro de la Liga Socialista de la Juventud. En 1968 se mudó al estado de Vermont, donde desarrolló una intensa actividad política como independiente, siendo elegido alcalde de la ciudad de Burlington en 1981, cargo en el que fue reelegido por tres períodos más. En 1991 ingresó a la Cámara de Representantes, en donde se desempeñó durante 16 años, hasta que en 2007 fue designado senador. Precandidato presidencial por el Partido Demócrata en 2016 (fue derrotado por Hillary Clinton), lo será nuevamente en 2020. Sus propuestas, de una audacia política inédita en el conservador panorama de la política de Estados Unidos, lo han convertido en la figura capaz de movilizar las energías de los jóvenes, en un referente de la resistencia a las brutalidades del sistema y en un líder de alcance global.
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Contra el capitalismo salvaje Las miserias del sistema y cómo los jóvenes pueden transformarlo
Bernie Sanders
Traducción: Eduardo Ferrauti
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© de la presente edición, Capital Intelectual S.A., 2020. Capital Intelectual S. A. edita también, el periódico mensual Le Monde diplomatique, edición Cono Sur. Director: José Natanson Coordinadora de la Colección Le Monde diplomatique: Creusa Muñoz Traducción: Eduardo Ferrauti Edición: Carlos Alfieri Diseño de cubierta: Eugenia Lardiés Diagramación: Daniela Coduto Corrección: Alfredo Cortés Comercialización y producción: Esteban Zabaljauregui Título de la edición orginal: Guide to political revolution. © Henry Holt and Company, New York, 2017. Henry Holt es una marca registrada de Macmillan Publishing Group, LLC. Todos los derechos reservados. © Bernie Sanders, 2017. © Le Monde diplomatique, 2020. Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11) 4872-1300. www.editorialcapin.com.ar Suscripciones: secretaria@eldiplo.org Pedidos en Argentina: pedidos@capin.com.ar ISBN 978-987-614-590-9 Hecho el depósito que ordena la Ley 11.723. Libro de edición argentina. Impreso en Argentina. Printed in Argentina. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.
Sanders, Bernie Contra el capitalismo salvaje : las miserias del sistema y cómo los jóvenes pueden transformarlo / Bernie Sanders ; coordinación general de Creusa Muñoz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2020. 144 p. ; 22 x 15 cm. - (Le monde diplomatique ; 74) Traducción de: Eduardo Ferrauti. ISBN 978-987-614-590-9 1. Economía. I. Muñoz, Creusa, coord. II. Ferrauti, Eduardo, trad. III. Título. CDD 330
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Dedicatoria
Quiero dedicar este libro a los más jóvenes. En muchos aspectos, son la generación más progresista de la historia de Estados Unidos. Se opusieron al racismo, al sexismo, a la homofobia, a la xenofobia y a la oligarquía. Entienden que la codicia y los grotescos niveles de desigualdad de ingresos y riqueza que padecemos nada tienen que ver con lo que Estados Unidos debe ser. Saben que el cambio climático es real y que tenemos la responsabilidad moral de enfrentarnos a la industria de los combustibles fósiles y transformar el sistema energético, dejando de lado los mismos para ir hacia la eficiencia energética y la energía sostenible. Este libro es una propuesta para convertir ese idealismo y generosidad de espíritu en acción política. Y cuando lo logren, no dudo de que ustedes y otros como ustedes crearán un mundo mucho mejor del que mi generación les legó.
Solidariamente, Bernie Sanders
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Índice
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1. Salarios de miseria y vidas indignas
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2. Un sistema impositivo que beneficia a los ricos
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3. Wall Street es quien manda
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4. La vergüenza de una asistencia médica no inclusiva
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5. Hacer accesible de verdad la educación superior
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6. El cambio climático global es la mayor amenaza
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7. Brutalidad policial y justicia penal: reformas imprescindibles
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8. La injusticia con los inmigrantes
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A propósito… ¿Qué es “el gobierno”?
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Glosario de términos económicos
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Prólogo
Estoy orgulloso de mi campaña presidencial y de que, en la primaria demócrata, habiendo enfrentado a prácticamente todo el establishment del partido, ganamos en 22 estados y obtuvimos más de 13 millones de votos. Estoy orgulloso de que hayamos financiado la campaña no a través de comités independientes sino gracias a millones de pequeñas donaciones de US$ 27 en promedio, y de que activistas de las bases –no políticos– hayan jugado un rol fundamental en nuestros éxitos. En especial, estoy orgulloso porque en casi todas las primarias estatales y asambleas partidarias de cada estado, ganamos la aplastante mayoría de votos de jóvenes –negros, blancos, latinos, asiáticos– estadounidenses, y pueblos originarios. De hecho, mi campaña recibió más votos de jóvenes que las de Donald Trump y Hillary Clinton juntas. Desde luego, los jóvenes de este país son el futuro de Estados Unidos y esta es una buena señal para nosotros. He observado que la generación actual de jóvenes es la más inteligente, la más idealista y la menos prejuiciosa de nuestra historia. Se trata de una generación preparada para pensar en grande y llevar a este país en una dirección muy distinta de la que hemos transitado durante años. Está especialmente preparada para rechazar el sistema de valores patrocinado por Donald Trump y los reaccionarios del ala derecha del Congreso que apoyan sus ideas.
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La tesis fundamental de este libro es bastante sencilla: en cada una de las cuestiones prioritarias, la gran mayoría de los estadounidenses está a favor de una agenda progresista y rechaza rotundamente los puntos de vista económicos del Partido Republicano. Cualquiera sea la comunidad de este país –incluidos los estados más conservadores– no serán muchas las personas que consideren sensato otorgar cientos de miles de millones de dólares en exenciones tributarias al uno por ciento más rico de la población, mientras se recorta en seguridad social, asistencia médica a mayores y discapacitados, seguros médicos para personas de bajos ingresos, educación y salud. No serán muchos los que crean que el cambio climático es un “fraude”. Sin embargo, esas son las ideas que sostienen el presidente Trump y la mayoría de los líderes republicanos en el Congreso. Por otro lado, la mayoría de los estadounidenses cree que es imperativo que hagamos del salario mínimo un salario con el que se pueda vivir, que garanticemos la igualdad salarial para las mujeres y que, como el resto del mundo, otorguemos licencias por maternidad y médica pagas. El pueblo estadounidense entiende que la asistencia médica es un derecho de todos y no un privilegio, y que en una economía competitiva y global debemos sostener facultades y universidades públicas. Los estadounidenses quieren que creemos millones de trabajos bien remunerados, mediante la reconstrucción de nuestra infraestructura hoy en ruinas y la inversión en energía sustentable y vivienda accesible. Este es un país profundamente injusto y el pueblo estadounidense sabe que en medio de la enorme riqueza y desigualdad de ingresos, los muy ricos tienen que empezar a pagar una proporción justa de impuestos, y que necesitamos urgentes reformas de nuestros inoperantes sistemas inmigratorio y penal. El pueblo entiende que las mujeres tienen que tener derecho a controlar sus propios cuerpos y que debemos combatir activamente el racismo, el sexismo y la homofobia. No lo dice sólo Bernie Sanders; lo desea el pueblo estadounidense, tal como lo demuestran un sondeo tras otro.
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Ahora bien, podrían preguntarse: ¿pero si esto es cierto, entonces por qué los republicanos controlan la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes y casi dos tercios de las gobernaciones a lo largo del país? ¿por qué tienen el control total –Gobernación, Cámara de Representantes y Senadores– en la mitad de los estados? Excelentes preguntas: este libro trata precisamente acerca de ello. Desde mi punto de vista, si vamos a ocuparnos con éxito de los enormes problemas que enfrentan nuestro país y el mundo, necesitamos entender que la democracia no es un deporte televisado. Ya no podemos sentarnos cómodamente y permitirnos tener una de las cifras de votantes más bajas que cualquier país importante de la Tierra. Ya no podemos permitir que los ricos y sus aportes de campaña decidan el futuro de nuestro gobierno. Debemos avanzar con valentía para revitalizar la democracia estadounidense y atraer a millones de jóvenes y trabajadores en un movimiento político imparable que luche por un gobierno que nos represente a todos, no sólo a la clase multimillonaria. Y esto es lo que estoy empezando a ver en las comunidades a lo largo del país. Por millones, la gente está tomando la calle en oposición a la agenda reaccionaria de Donald Trump. Se están manifestando por la asistencia médica, los derechos de las mujeres, el medioambiente, y para proteger la seguridad social y las prestaciones jubilatorias. Están luchando para lograr una universidad accesible, salario y condiciones de trabajo dignos para todos los trabajadores estadounidenses. También están empezando a postularse para cargos políticos. A veces, en la junta escolar local, o en el consejo de la ciudad, o la intendencia. A veces, es en la Asamblea Legislativa estatal. A veces, es para la Cámara de Representantes o el Senado de Estados Unidos. Todas estas señales nos revelan que existe un impulso social que trae aires nuevos. De su continuidad y expansión depende que se lleve a cabo una Revolución Política que termine de una vez con las tremendas inequidades que sufre nuestra sociedad.
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Capítulo 1 Salarios de miseria y vidas indignas
En Estados Unidos, el país más rico de la historia del mundo, un principio básico de la vida económica debería ser que si se trabaja cuarenta horas o más por semana, no se vive en la pobreza. Por desgracia, esto está lejos de ser así. Hoy en día, más de 43 millones de estadounidenses están viviendo en la pobreza. Por cierto, mucha de esa gente trabaja pero, sin embargo, está por debajo del índice federal de pobreza. Entretanto, el costo de la asistencia médica aumenta; el costo de las guarderías aumenta, y el costo de la vivienda aumenta. Pero el salario sigue igual. Los trabajadores de menores ingresos necesitan un incremento significativo de sus remuneraciones para poder vivir con dignidad en la economía actual. No hay un solo estado en el que un trabajador de tiempo completo y salario mínimo pueda acceder a un departamento de una habitación a precio justo. Es inaceptable. El actual salario mínimo federal de 7,25 dólares la hora es un sueldo de miseria. Hay que transformar el salario mínimo en un salario con el que se pueda vivir –lo que significa llevarlo a 15 dólares la hora en 2020 y atarlo a los futuros aumentos en el costo de vida–. También debemos llenar el vacío legal que permite a los empleadores pagar a los trabajadores que reciben propinas –camareros, camareras, bármanes, barberos, barberas, peluqueros,
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peluqueras, choferes de taxi, lavadores y lavadoras de autos, empleados y empleadas de estacionamiento– la vergonzosa suma de 2,13 dólares la hora. Estos cambios beneficiarían a más de 75 millones de trabajadores y sus familias. También ayudarían a abordar el problema de la desigualdad racial, dando impulso al 54% de los trabajadores afroamericanos y a casi 60% de los trabajadores hispanos que ganan menos de 15 dólares la hora. Según las estadísticas más recientes, cerca de dos tercios de los trabajadores que ganan el salario mínimo son mujeres. Aumentar el salario mínimo también incrementaría significativamente el salario de más de 15 millones de mujeres que en la actualidad ganan por encima del salario mínimo, pero menos de 15 dólares la hora. En algunos lugares, el pueblo estadounidense está reclamando un cambio. Las ciudades de Seattle, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Washington D.C. han aumentado el salario mínimo a 15 dólares la hora. Los estados de California y Nueva York, dos de los más grandes de nuestro país, hicieron lo mismo. Como resultado de estos esfuerzos, 10 millones de trabajadores en Estados Unidos recibirán un incremento de sus salarios, de 15% la hora. Esto no sólo beneficia a los 10 millones de trabajadores que obtienen un aumento de sueldo, sino que también implica un estímulo muy necesario para nuestra economía. Uno de los indicadores de la fortaleza económica de nuestro país es su Producto Interno Bruto (PIB), el valor de todas las mercancías producidas en el país y de los servicios ofrecidos por sus ciudadanos en un año. Hoy el 70% de nuestro PIB depende del poder de compra de los consumidores. Si millones de trabajadores estadounidenses no disponen de dinero para adquirir bienes y servicios, la economía pierde fuerza. Por otro lado, cuando los trabajadores de bajos salarios tienen dinero en su bolsillo, lo gastan en comestibles, restaurantes y comercios en todo el país. Toda esta nueva actividad les da a las empresas un buen motivo para expandirse y contratar más
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trabajadores. Se trata de una situación económica rentable para todos. Como la pobreza baja, se generan nuevos empleos y se reduce la actual desigualdad en el ingreso, que es uno de los aspectos de inequidad más escandalosos de nuestro país.
El eterno llanto de los empresarios Cada vez que se propone un aumento del salario mínimo a nivel local o nacional, los políticos conservadores y los multimillonarios que contribuyen a sus campañas afirman que se destruirán empleos. Los hechos los han desmentido una y otra vez. Luego de que San José (California), incrementó el salario mínimo en 10 dólares la hora en marzo de 2013, los restaurantes de comidas rápidas no sólo no despidieron trabajadores, sino que contrataron a más. De hecho, para 2014, el crecimiento del empleo en San José superó al del resto del estado. San Francisco tuvo un admirable crecimiento del empleo en la industria gastronómica tras el primer aumento del salario mínimo en 2014. Según investigadores de la Universidad de California en Berkeley, entre 2004 y 2011, el empleo en restaurantes creció cerca del 18% en San Francisco, mientras que en condados cercanos al Área de la Bahía, con un estándar salarial más bajo, el aumento sólo fue del 13%. En enero de 2014, Sea Tac (Washington) se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora –lo que implicó una inmediata subida salarial del 63% para los trabajadores de bajos salarios–. Antes de que se implementara el alza, los dueños de empresas advirtieron acerca de despidos masivos. Scott Ostrander, el entonces gerente general de Cedarbrook Lodge en Sea Tac, declaró que se vería forzado a cerrar parte del hotel, eliminar empleos y reducir horas de trabajo de sus empleados. Sin embargo, tras el aumento del salario mínimo, los negocios
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fueron tan buenos que el hotel tuvo una expansión de 16 millones de dólares y contrató a más trabajadores. Un empresario gastronómico de Seattle lanzó una advertencia similar: con el aumento en el salario mínimo se vería forzado a cerrar restaurantes. En vez de eso, acabó anunciando la apertura de cinco nuevos establecimientos en Seattle. Aumentar el salario mínimo es tan provechoso para las empresas como para los trabajadores, ya que reduce la rotación del personal. Cuando los trabajadores ganan un salario con el que pueden vivir, son más propensos a permanecer en su puesto. Una encuesta de Hart Research Associates de enero de 2015 mostró que el 63% de los estadounidenses está de acuerdo con subir el salario mínimo a 15 dólares la hora. Y no se trata sólo de lo que los estadounidenses desean. Muchos economistas apoyan el aumento del salario mínimo. ¿Por qué los contribuyentes de este país desembolsan miles de millones de dólares al año para programas como SNAP (Programa Nacional de Nutrición Suplementaria, también llamado Programa de Cupones para Alimentos), Medicaid (cobertura médica para personas de bajos ingresos) y subsidios para la vivienda? La respuesta es clara: millones de estadounidenses necesitan esos programas porque no pueden subsistir con los sueldos miserables que les pagan sus empleadores. Básicamente, la asistencia social a trabajadores de bajos salarios subsidia las ganancias de las empresas que les pagan esos salarios bajos. Esas corporaciones y todas las empresas deberían pagar a sus empleados salarios que les permitieran vivir con dignidad, sin necesidad de asistencia social. Tomemos el caso de Walmart: la familia Walton, propietaria de Walmart, es una de las más acaudaladas del país, con una riqueza neta estimada en más de 130 mil millones de dólares. Esta familia sola posee más riqueza que el 42% más pobre de Estados Unidos –130 millones de personas–. También recibe más asistencia que el resto.
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Walmart paga salarios tan bajos que sus trabajadores no sólo califican para obtener asistencia pública, sino que la necesitan para poder subsistir. Muchos trabajadores de Walmart cuentan únicamente con Medicaid –pagado por los contribuyentes– como seguro médico para ellos y sus hijos; a fin de poder alimentar a sus familias, muchos trabajadores de Walmart reciben cupones para alimentos –pagados por los contribuyentes–, y para acceder a un techo, muchos empleados de Walmart recurren a los subsidios para la vivienda –pagados por los contribuyentes–. Según un informe de 2014, elaborado por Americans for Tax Fairness, cuando se suma todo, los contribuyentes estadounidenses gastan por lo menos 6,2 mil millones de dólares al año para mantener a los empleados de Walmart y, por lo tanto, para subsidiar las ganancias de esa empresa. Walmart asegura que no puede permitirse pagar a sus trabajadores 15 dólares la hora; no obstante, en 2015 le pagó a su director ejecutivo (CEO) más de 19,8 millones de dólares (lo que equivale a más de 9.500 dólares la hora, por una semana laboral de cuarenta horas) y obtuvo cerca de 15 mil millones de dólares de ganancias. Incluso si, en el mismo año, Walmart hubiera pagado 15 dólares la hora a sus trabajadores, hubiese tenido una ganancia de 10 mil millones de dólares. La familia Walton no necesita asistencia. Debe pagar a sus trabajadores un salario con el que puedan vivir. La industria de la comida rápida y sus propietarios también son grandes beneficiarios de la asistencia social en este país. Los contribuyentes gastan casi 7 mil millones de dólares al año para subsidiar los bajos salarios de empresas como McDonald’s, Burger King, Wendy’s y muchas otras. Según un informe de 2015 del Center for Labor Research de la Universidad de California en Berkeley, entre 2009 y 2011, los contribuyentes gastaron casi 153 mil millones de dólares por año para subsidiar empresas que pagan a sus trabajadores salarios insuficientes. Considero que el gobierno tiene la responsabilidad moral de proteger a los más vulnerables –niños, ancianos, enfermos y
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discapacitados–, pero no creo que deba sobrecargar a los contribuyentes con el respaldo económico a corporaciones rentables, cuyos dueños son algunas de las personas más ricas de este país. Es absurdo. A esto se suma el más grande de los empleadores que pagan salarios bajos en Estados Unidos. No se trata de Walmart, ni McDonald’s, ni Burger King: es el Gobierno de Estados Unidos. Hoy en día, casi dos millones de estadounidenses perciben salarios bajos financiados por los contribuyentes de nuestro país, en especial, a través de contratos del gobierno con empleadores del sector privado, destinados a proveer servicios. El número supera al de empleados mal pagados de Walmart y McDonald’s juntos. Estos empleados mal remunerados fabrican uniformes para el Ejército de Estados Unidos; reparan carreteras, veredas y puentes; trabajan en tiendas de regalos en algunos de nuestros parques nacionales; nos sirven el desayuno y el almuerzo en las cafeterías de los parques; cuidan a los ancianos, los enfermos y los discapacitados a través de los programas del gobierno; son los guardias de seguridad que protegen los edificios federales y a los empleados que allí trabajan; son los porteros y cuidadores que limpian los edificios de oficinas del Gobierno, sacan la basura y podan el césped. Las empresas que emplean a estos trabajadores reciben un contrato del Gobierno federal y en demasiadas ocasiones, no pagan un salario que permita vivir.
Una desigualdad escandalosa La magnitud de las cifras de la desigualdad social en Estados Unidos llega a niveles asombrosos, y es la consecuencia de un capitalismo cada vez más concentrado. Basta con señalar algunos ejemplos. El 10% más rico de los estadounidenses acumula el 76% de la riqueza, en tanto que el 90% más pobre sólo posee el 24% restante.
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La familia Walton es la propietaria de la cadena de supermercados más grande del mundo: Walmart, que se caracteriza por los salarios miserables que paga a sus empleados. La fortuna de esta familia se estima en más de 130.000 millones de dólares, que es más que lo que posee el 42% más pobre de la población de Estados Unidos, nada menos que 130 millones de personas. Walmart afirma que no puede pagar 15 dólares por hora a sus trabajadores; sin embargo, obtuvo en 2015 unas ganancias de 15.000 millones de dólares y pagó a su director ejecutivo (CEO) casi 20 millones de dólares, es decir, más de 9.500 dólares la hora. Igualmente miserables suelen ser los sueldos pagados por cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King, Wendy’s y muchas otras, y los de los trabajadores de empresas contratadas por el Estado para la realización de las innumerables tareas necesarias para el funcionamiento del país. Pero la peculiaridad de esta situación es que al ser los salarios tan bajos no alcanzan para la manutención de esos millones de personas y sus familias, por lo cual muchas deben recurrir a ayudas estatales para su alimentación, vivienda y salud. La paradoja, entonces, es que indirectamente el Estado, con los impuestos que pagan todos los contribuyentes, está subsidiando las fabulosas ganancias de muchas grandes empresas que se basan en el pago de sueldos exiguos a sus empleados.
En 2014, durante la gestión de Barack Obama, se firmó un decreto que obligaba a que los trabajadores con contratos del Gobierno federal ganaran, al menos, 10,10 dólares la hora. Si bien fue un paso en la dirección correcta, se necesita hacer mucho más. Desde mi punto de vista, hay que sancionar un nuevo decreto que lleve el salario mínimo de un empleado con contrato del Gobierno federal a 15 dólares la hora.
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Sueldos, salud, delito Aumentar el salario mínimo aporta beneficios a la economía y al conjunto de la sociedad. Hay un vínculo claro entre pobreza, desesperación y delito. Según un informe del Consejo de Asesores Económicos del entonces presidente Barack Obama, “además de reducir la pobreza y los delitos violentos, el aumento de salarios para trabajadores no calificados reduce el delito entre los adolescentes. El impacto de los salarios en el delito es sustancial […]. Un incremento del 10% en el salario de los hombres sin estudios universitarios produce una reducción aproximada de entre un 10 y un 20% en los índices de delito”. Una verdad contundente: cuando sube el salario, baja el delito y todos se benefician. Existe además una correlación directa entre los bebés sanos y el aumento de los salarios. La pobreza provoca estrés y esto puede acarrear consecuencias en el largo plazo. Los investigadores de la Universidad de Iowa, la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad Bentley descubrieron que por cada dólar de incremento en el salario mínimo hay una reducción del 2% en el riesgo de que una madre dé a luz un bebe con bajo peso (bajo peso al nacer implica un comienzo difícil para un niño: puede afectar su desarrollo intelectual y físico durante muchos años, quizás en forma permanente). Otra verdad contundente: cuando aumenta el salario, aumenta la salud de la comunidad y todos se benefician. A fin de cuentas, no es complicado. Ningún trabajador de tiempo completo debería vivir en la pobreza. Como primer paso, tenemos que llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora.
Igual salario por igual trabajo En la actualidad, las mujeres constituyen cerca de la mitad de la mano de obra de Estados Unidos. No obstante, la mujer que trabaja
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tiempo completo todavía gana, en promedio, sólo 80 centavos por cada dólar que un hombre recibe por la misma tarea. La brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande para las mujeres de color. Las mujeres afroamericanas ganan sólo 63 centavos, las mujeres hispanas 54 y las mujeres pertenecientes a pueblos originarios sólo 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Desde la década de 1990, más mujeres que hombres han obtenido títulos de grado y posgrado. A pesar de estas conquistas, la brecha salarial entre hombres y mujeres permaneció prácticamente inalterable durante los últimos 15 años. La falta de paridad salarial no es sólo un problema de las mujeres: también es un problema de la familia. Si las mujeres no reciben igual salario por igual trabajo, las familias a lo largo y ancho de Estados Unidos tienen menos dinero para gastar en el cuidado de los niños, comestibles y vivienda. Para millones de familias en todo Estados Unidos, la brecha salarial puede significar la diferencia entre pagar los gastos de hospitalización o vivir sin el tratamiento médico adecuado, entre pagar la calefacción o tener frío en invierno, y entre pagar la hipoteca o perder el hogar como consecuencia de una ejecución hipotecaria. Tenemos que dejar de castigar a las mujeres que trabajan y tienen hijos. Las nuevas madres deberían recibir el mismo respeto en sus empleos y la misma paga que reciben los hombres cuando están a punto de convertirse en padres. Según un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts en Amherst, cuando los hombres tienen hijos, sus ganancias se incrementan un 6%. ¿Qué ocurre con las mujeres? Por cada hijo que tienen, sus ingresos se reducen un 4%. Es absurdo.
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Trabajadores y sindicatos El número de trabajadores que están afiliados a un sindicato en Estados Unidos es extraordinariamente escaso. Si nos tomamos en serio la reducción de la desigualdad salarial y patrimonial, como así también la reconstrucción de la clase media, tenemos que producir un aumento significativo de la cantidad de trabajadores sindicalizados. En lugar de dificultar, debemos facilitar el acceso de los trabajadores a los sindicatos. Los beneficios de afiliarse a un sindicato son claros: • Los trabajadores sindicalizados ganan, en promedio, un 25% más que los trabajadores no sindicalizados. • Más del 81% de los trabajadores sindicalizados tienen garantizado un régimen jubilatorio con prestaciones definidas, en tanto que sólo el 18% de los trabajadores no sindicalizados cuentan con este beneficio. En este tipo de régimen, se calcula el haber jubilatorio en función de los años trabajados y el salario al momento de la jubilación. • Más del 86% de los trabajadores sindicalizados cuentan con licencia por enfermedad con goce de sueldo, en tanto que sólo el 65% de los trabajadores no sindicalizados acceden a ella. En la actualidad, tan sólo el 11% de todos los trabajadores en el sector público están afiliados a un sindicato, y menos del 7% en el sector privado. Históricamente, gracias a las negociaciones colectivas, los sindicatos han hecho posible que los trabajadores ganen buenos salarios y trabajen en condiciones dignas. Hoy en día, millones de trabajadores se ven obligados a negociaciones del tipo “tómelo o déjelo”, sin capacidad para influir en sus sueldos o beneficios. No cabe duda de que una de las causas más significativas de la reducción de la clase media en los últimos cuarenta años es el
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grave deterioro que sufrió el derecho de los trabajadores a unirse y negociar mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo.
Vergonzoso atraso social Cuando se trata de defender los verdaderos valores familiares, Estados Unidos ha quedado detrás de todos los demás países importantes del mundo. Somos la única economía desarrollada que no garantiza a sus trabajadores ninguna clase de licencia familiar, licencia por enfermedad o vacaciones pagadas. En nuestro país, cerca del 23% de las madres que trabajan deben volver a su puesto tan sólo dos semanas después del parto. Tan sólo dos semanas para desarrollar el vínculo y estar con sus recién nacidos. En algunos casos, es un asunto de vida o muerte. Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo industrializado. Un estudio reciente de la UCLA y la Universidad McGill estableció que cada mes adicional de licencia por maternidad pagada puede reducir un 13% la tasa de mortalidad infantil.
Los últimos del mundo Francia garantiza a las madres 4 meses de licencia por maternidad con goce de sueldo y hasta el 100% de su salario. En Canadá, los padres trabajadores tienen derecho a 35 semanas de licencia por paternidad y hasta el 55% de su salario. Japón garantiza a los padres un año de licencia pagada al 67% después del nacimiento, y al 50% durante el resto del tiempo. En Alemania, se garantiza a los padres un año de licencia con goce de sueldo al 67% de sus salarios.
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En Noruega, los padres trabajadores que tienen un bebé tienen derecho a 49 semanas de licencia con goce de sueldo al 100% de sus salarios. En Estados Unidos, la ley sólo obliga a las empresas de cierto tamaño a conceder hasta 12 días de licencia sin goce de sueldo por enfermedad o embarazo.
La Ley de Licencia Familiar y Médica sancionada por el Congreso en 1993 no se adapta en absoluto a nuestros trabajadores del siglo XXI. Esta ley obliga a algunos empleadores a otorgar hasta doce días de licencia sin goce de sueldo, por enfermedad personal o de un familiar, licencia militar, embarazo, adopción o acogimiento familiar. Sin embargo, esto sólo cubre a los trabajadores de empresas con 50 empleados o más y sólo obliga a otorgar licencia sin goce de sueldo, en vez de una licencia pagada. Más del 40% del total de los trabajadores estadounidenses no está siquiera contemplado en la ley, porque trabaja menos de 24 horas por semana, no ha trabajado para la misma empresa durante 12 meses o trabaja para empresas con menos de 50 empleados. Además, casi 8 de cada 10 trabajadores beneficiados por la Ley de Licencia Familiar y Médica, que en teoría podrían tomar tiempo libre, no tienen cómo pagarlo. Desde mi punto de vista, cada trabajador de Estados Unidos debería tener garantizadas al menos doce semanas de licencia familiar y médica con goce de sueldo. Hoy en día, tomar doce semanas de licencia sin goce de sueldo representa una pérdida de más de 9.300 dólares en los ingresos del trabajador promedio. La mayoría sencillamente no cuenta con ese dinero. De hecho, según un relevamiento de diciembre de 2015, el 63% de los estadounidenses ni siquiera tiene 500 dólares en su cuenta bancaria para hacer frente a una emergencia médica o una reparación imprevista de su vehículo. Los beneficios económicos de la licencia familiar y médica pagada superan ampliamente el modesto costo de este programa.
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Las mujeres que reciben licencia familiar pagada tienen más posibilidades de permanecer en actividad y no depender de programas federales como Medicaid, Cupones para Alimentos o subsidios para la vivienda. Las familias que cuentan con licencia pagada tienen muchas menos posibilidades de declarase en bancarrota. Los niños tienen más posibilidades de llevar vidas más sanas y productivas si sus padres cuentan con licencia familiar con goce de sueldo. Sólo California, Nueva Jersey, Rhode Island, Washington y Nueva York han sancionado leyes que garantizan la licencia familiar y médica pagada para sus trabajadores. California y Nueva Jersey otorgan a sus trabajadores 6 semanas de licencia familiar y médica con goce de sueldo, y en Rhode Island, los trabajadores tienen derecho a 4 semanas de licencia. En 2021, Nueva York se convertirá en el primer estado de la nación que otorgue a sus trabajadores 12 semanas de licencia. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores de este país tengan licencia por enfermedad. Se trata de un derecho tan elemental que ni siquiera habría que enunciarlo. En la actualidad, hay 43 millones de estadounidenses que no tienen acceso a este beneficio. Es una locura que trabajadores de bajos salarios no puedan faltar cuando están enfermos por no poder hacer frente al costo de quedarse en sus casas. Esto no solo es malo para los trabajadores que están enfermos e imposibilitados para recibir el tratamiento médico adecuado para recuperar la salud. También es malo para sus empleadores, ya que un trabajador enfermo será menos productivo por más tiempo si no recibe el tratamiento médico apropiado. Y es un asunto de salud pública, dado que de este se obliga a los individuos a permanecer en una situación que ofrece el riesgo de que contagien a otros.
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El mal del trabajo Millones de estadounidenses tienen exceso de trabajo, están mal pagados y padecen mucho estrés. Algunos tienen dos o tres empleos para poder mantener a sus familias. Las investigaciones muestran que las vacaciones reducen el estrés, fortalecen los vínculos familiares, aumentan la productividad y hasta previenen las enfermedades. No obstante, el 41% de los trabajadores no tomó vacaciones en 2015. Uno de los motivos es la falta de vacaciones pagadas. El 27% del total de los trabajadores estadounidenses no cuenta con este beneficio. Esta desproporción afecta a los trabajadores de bajos salarios, de los cuales el 50% no tiene vacaciones con goce de sueldo. Los estadounidenses trabajan más horas que la población activa de cualquier otro país desarrollado, incluidos Japón, Alemania, Canadá, el Reino Unido, Francia e Italia. Es obvio que los trabajadores necesitan tiempo para descansar y recuperarse, recorrer el país, visitar a sus seres queridos o simplemente quedarse en casa con sus familias. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2015 el estadounidense promedio trabajó 419 horas más que el trabajador alemán promedio, 308 horas más que el trabajador francés promedio, 125 horas más que el trabajador australiano promedio, 116 horas más que el trabajador británico promedio, 84 horas más que el trabajador canadiense promedio y 71 horas más que el trabajador japonés promedio. Necesitamos una legislación que exija a los empleadores el otorgamiento de al menos 10 días de vacaciones pagadas al año a sus trabajadores. No es una idea radical. Ya se ha puesto en práctica en casi todos los países del mundo. Esto no solo demostraría nuestro compromiso con los valores familiares, sino que además tendría sentido en el plano económico. Los estudios muestran que las políticas de vacaciones aumentan la productividad y la lealtad de los trabajadores.
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Empleos, empleos, empleos En una sociedad democrática moderna, la gente tiene derecho a un trabajo y un salario dignos. En este país existen enormes necesidades que deben atenderse. Es preciso que los desempleados y subempleados tengan la oportunidad de trabajar en la transformación de Estados Unidos, y para eso se debe promover una economía de pleno empleo. Hoy en día, el desempleo real no es del 5%. Si se incluye a aquellos que han renunciado a buscar trabajo, o que están trabajando media jornada pero que desean trabajar jornada completa, el desempleo real es de más del 9%. En muchas comunidades a lo largo del país el índice de desempleo es incluso mayor. Y es trágicamente alto entre los jóvenes que no son graduados universitarios. Actualmente, se estima que cerca de 20 millones de estadounidenses están desempleados o subempleados y que sólo el 63% de la población adulta tiene trabajo. Si hablamos en serio acerca de revertir la declinación de la clase media, necesitamos un gran programa federal de empleo que ponga a millones de estadounidenses a trabajar por un salario digno. Necesitamos trabajadores que reconstruyan nuestra ruinosa infraestructura –nuestros caminos, puentes, sistemas de agua, sistemas de aguas residuales, aeropuertos, vías férreas, diques y embalses–. Necesitamos trabajadores que nos ayuden a liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático, mediante la transformación de nuestros hogares y edificios en instalaciones energéticamente eficientes y el cambio de los combustibles fósiles por energía sustentable. También necesitaremos un sistema eléctrico propio del sigo XXI, capaz de transmitir esa energía. Necesitamos trabajadores que nos ayuden a enfrentar la crisis del acceso a la vivienda y aseguren que cada familia en Estados Unidos viva en un espacio seguro y que pueda pagar. Esto no sólo implica la construcción de millones de nuevas
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unidades de vivienda, sino también la reconstrucción de viejos lotes de viviendas en comunidades de todo el país. Necesitamos trabajadores para crear un sistema de guarderías moderno, digno de los estadounidenses más jóvenes y sus padres. Necesitamos trabajadores que aseguren que nuestros hijos asistan a escuelas modernas y bien construidas. Además, necesitamos que los mejores y más inteligentes de nuestros jóvenes ingresen a la docencia para que los niños tengan una educación de primera clase. Necesitamos trabajadores que construyan, en cada comunidad urbana y rural de Estados Unidos, una red de banda ancha de alta calidad. En el mundo moderno, la banda ancha es una necesidad, no un lujo. Necesitamos más médicos, enfermeras, dentistas y demás personal sanitario para proveer atención médica de calidad. Es un derecho de todos. Hay zonas mal provistas de servicios de salud en grandes y pequeñas ciudades, y regiones rurales donde millones de estadounidenses, incluso los que tienen seguro médico, no pueden acceder a la asistencia sanitaria que necesitan. Necesitamos allanar el camino para que florezca el espíritu emprendedor. Esto implica ayudar a aquellos emprendimientos que realmente lo necesitan, no a grandes y rentables corporaciones que deslocalizan nuestros empleos y los trasladan al extranjero.
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Capítulo 2 Un sistema impositivo que beneficia a los ricos
La normativa fiscal de Estados Unidos contribuye a que los más ricos se vuelvan desmesuradamente más ricos, en tanto que la clase media desaparece y los pobres se empobrecen aun más. Se trata de un sistema tributario asentado en la más escandalosa inequidad. Solo una verdadera reforma impositiva puede hacer frente a la creciente brecha en la distribución del ingreso y el reparto de la riqueza. Durante los últimos cuarenta años, los bancos de Wall Street, las grandes empresas financieras y la clase multimillonaria han manipulado el sistema impositivo con el objetivo de redistribuir riqueza e ingresos a los más ricos y poderosos del país. En tiempos de enorme desigualdad en la distribución del ingreso y el reparto de la riqueza, en los que una compañía tras otra nada paga en impuestos federales sobre la renta y cuando muchos ejecutivos gozan de una tasa impositiva efectiva más baja que la de sus secretarias, necesitamos una reforma progresiva del impuesto sobre la renta, basada en la capacidad de pago. El problema es que el 1% más rico posee demasiada riqueza extraordinaria y que en lugar de pagar su justa proporción de impuestos ha recibido enormes beneficios fiscales durante años.
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Si cobráramos impuestos a los ricos en forma progresiva, podríamos empezar a cubrir las necesidades más urgentes que enfrenta nuestro país. No lo hacemos. Según la organización Citizens for Tax Justice, en el año 2016, el 1% más rico de los estadounidenses se llevó la imponente suma del 21,6% del total de los ingresos y pagó solo el 23,6% del total de impuestos federales, estatales y locales. Este no es el tipo de sistema impositivo que necesitamos para convertir a Estados Unidos en una nación más justa. No sólo las tasas impositivas oficiales sino también los vacíos legales benefician a los más ricos. Como a menudo nos recuerda Warren Buffett, el inversor multimillonario que figura desde hace mucho tiempo entre los diez hombres más acaudalados del mundo, él paga una tasa impositiva efectiva más baja que la de su propia secretaria. Esto se debe a que los beneficios de capital (las ganancias por la venta de una propiedad o por inversiones) y dividendos (el dinero que una compañía les paga a sus accionistas) pagan tasas más bajas que los salarios. También existe un vacío legal sobre la participación en las ganancias, un beneficio impositivo que permite a los gerentes de los fondos de cobertura de Wall Street manejar la mayor parte de sus ganancias como beneficios de capital de largo plazo, en lugar de pagos por servicios prestados. Aunque racionalmente no tiene ningún sentido, este vacío divide a la mitad la tasa de impuestos de un pequeño grupo de personas extremadamente ricas –y le cuesta al Tesoro de Estados Unidos la suma de 180 mil millones de dólares en diez años–. Se trata de una injusticia que podemos calificar de obscena, y para superarla es preciso enfrentarse a los multimillonarios, terminar de una vez con los vacíos legales y con la enorme y creciente desigualdad. ¿Es lógico que esta minoría poderosa pueda acceder a ingentes beneficios impositivos mientras hay niños en este país que padecen hambre? ¿Es razonable que los empresarios obtengan grandes quitas de impuestos en tanto externalizan empleos en China y otros países de bajos salarios?
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Resulta intolerable que puedan esconder sus ganancias en las Islas Caimán y demás paraísos fiscales mientras existe una gran cantidad de necesidades esenciales insatisfechas en cada rincón de la nación.
Impuesto sobre las sociedades Las estrategias de evasión fiscal de las empresas les roban a los estadounidenses los ingresos necesarios para proveer servicios públicos básicos y ponen la carga impositiva sobre las espaldas de familias de trabajadores, no de empresas muy rentables. La tasa máxima de impuesto a la renta corporativa es del 35%, la tercera más alta del mundo; no obstante, la mayoría de las compañías no pagan sumas siquiera cercanas a esa tasa. Un informe de marzo de 2016 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que, entre 2008 y 2012, las grandes compañías pagaron, en realidad, sólo el 14% de sus ganancias en impuestos federales sobre la renta. No el 35%, sino el 14%. Una de cada cinco grandes compañías rentables no pagó ningún impuesto sobre la renta federal en 2012. No el 35%, sino el 0%. Según un artículo de marzo de 2016, publicado en The Economist, las ganancias corporativas en Estados Unidos se encuentran casi a niveles récord. No debería sorprendernos que del mismo modo que nuestro sistema impositivo beneficia a los individuos más ricos, también beneficia a algunas de las mayores y más rentables compañías del mundo, a través de beneficios impositivos, deducciones fiscales, créditos y vacíos legales que les permiten eludir impuestos. En el fondo, nuestro sistema tributario legaliza la evasión impositiva de las grandes compañías. Las Islas Caimán y las Bermudas son dos de los destinos preferidos de las grandes compañías del país para esconder su dinero, dado que tienen regulaciones bancarias secretas y ningún impuesto
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sobre las sociedades. Ninguno. Basta con abrir una casilla de correos en uno de esos países y voilà: ¡ya se tiene una empresa extranjera sin responsabilidades fiscales! Esta práctica se volvió tan absurda que, en las Islas Caimán, un modesto edificio de oficinas de cinco pisos es ahora “sede” oficial de unas 19.000 empresas. Los sistemas impositivos offshore les permiten a las compañías evitar pagar más de 100.000 millones de dólares al año en impuestos en Estados Unidos. Los paraísos fiscales offshore son sólo un fraude fiscal legalizado, y la actitud responsable y justa debe ser eliminarlos. Estas empresas cuentan con innumerables beneficios por estar establecidas en Estados Unidos. Usan infraestructura pagada por los contribuyentes, tienen acceso a la mano de obra más calificada y productiva del mundo, se valen de muchos servicios públicos (y a veces obtienen subvenciones y contratos gubernamentales) y mucho más. Son orgullosas empresas estadounidenses. Al menos hasta que se trata de pagar la proporción justa de impuestos… Algunos de los peores delincuentes son los grandes bancos de Wall Street, las compañías farmacéuticas y las empresas de alta tecnología. Solo en 2015, las compañías estadounidenses se quedaron con casi 2,5 billones de dólares de ganancias en los paraísos fiscales offshore, aplazando el pago de más de 700.000 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos. ¡700.000 millones! Imaginen cómo toda esa recaudación podría usarse para beneficio de los estadounidenses. Estados Unidos no está en quiebra: los muy ricos y las enormes empresas rentables no están pagando los impuestos, que, tal como sostuvo hace más de un siglo Oliver Wendell Holmes Jr., el juez de la Corte Suprema, “son el costo de una sociedad civilizada”.
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Las diez principales compañías evasoras Los siguientes son algunos de los peores evasores de Estados Unidos. No es casual que el CEO de cada una de las compañías que figura en la lista sea miembro de la Business Roundtable, una organización dedicada a ejercer lobby sobre el Congreso para que rebaje los impuestos a las empresas. Eso no es todo. Esta organización también quiere llevar la edad mínima de acceso a la seguridad social y la asistencia médica a personas de bajos recursos a 70 años. También plantea derogar los ajustes según el costo de vida para los adultos mayores y veteranos discapacitados. Estos CEO defienden, sin ninguna sensibilidad, la idea de que aumentar los ingresos de las empresas es más importante que el hecho de que sus compatriotas reciban los beneficios ganados con su trabajo o el servicio en las Fuerzas Armadas.
Johnson Controls En noviembre de 2015, este fabricante de autopartes y equipos de calefacción y ventilación externalizó cientos de puestos de trabajo bien pagados de Milwaukee a China, México y Eslovaquia. Tres meses más tarde, la empresa –que ocupa el septuagésimo lugar en el ranking de las 500 empresas más rentables, según la revista Fortune– anunció la adquisición de Tyco, con sede en Irlanda, con el objetivo de ahorrar 150 millones en impuestos. No es difícil entender por qué. Aunque en ese año, Johnson Controls tuvo una ganancia de 1.560 millones de dólares, no solo no pagó el impuesto federal sobre la renta, sino que además recibió 477 millones en reembolsos.
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IBM “Big Blue”, como se la suele apodar, tiene un largo prontuario de externalización de puestos de trabajo bien retribuidos, reducciones de pensiones y recortes en los beneficios médicos de los jubilados. En 2015, IBM obtuvo ganancias cercanas a los 6.000 millones de dólares en Estados Unidos. No sólo no pagó nada en impuesto federal sobre la renta, sino que también recibió un reembolso de 321 millones del Servicio de Impuestos Internos, además de 1.350 millones en contratos con el gobierno. Por si fuera poco, entre 2008 y 2015, en Estados Unidos, IBM evadió 17.800 millones de dólares en impuestos mediante operaciones con filiales en diecisiete paraísos fiscales offshore.
Xerox Esta compañía estableció al menos 49 filiales en paraísos fiscales, nueve de ellas en las islas Bermudas, para eludir impuestos en Estados Unidos. En 2015, Xerox obtuvo ganancias por 552 millones de dólares; no obstante, recibió un reembolso fiscal de 23 millones de dólares. En 2016 eliminó más de 5.000 puestos de trabajo.
American Airlines En 2016, American Airlines quedó, por mucho, última en el ranking de puntualidad de los vuelos, pero cuando se trata de evasión impositiva esta aerolínea es una de las primeras. En 2015, mientras obtenía ganancias superiores a los 4.600 millones de dólares, recibió un reembolso fiscal cercano a los 3.000 millones.
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Pacific Gas & Electric En 2016, esta enorme empresa de suministro fue condenada por violaciones a la seguridad y obstrucción de una investigación federal sobre la explosión de una cañería de gas que mató a ocho personas y destruyó 38 hogares. La empresa fue condenada a pagar la multa máxima por estos delitos: 3 millones de dólares, lo que no debe ser muy caro para PG&E. En 2015, a la vez que obtenía ganancias de 888 millones de dólares, PG&E recibía un reembolso fiscal por 27 millones.
Boeing A partir de 1994, Boeing externalizó casi 60.000 puestos de trabajo. En 2014, tras haber forzado a trabajadores estadounidenses no sindicalizados a aceptar el fin de los beneficios del régimen jubilatorio con prestaciones definidas de la compañía, su CEO –que ganó 28,9 millones de dólares en premios ese año– justificó con crueldad su decisión de aplazar su jubilación: “El corazón seguirá latiendo, los empleados seguirán acobardándose y yo seguiré trabajando duro”. Cuando se trata de evadir impuestos, ninguna empresa trabaja más duro que Boeing. Entre 2001 y 2014, la compañía fabricante de aviones obtuvo ganancias de 52.500 millones de dólares en Estados Unidos; no obstante, recibió un reembolso fiscal neto del gobierno federal por 757 millones y reembolsos estatales por un total de 55 millones.
General Electric Cuando se trata de evadir impuestos, General Electric “da vida a cosas buenas”. Entre 2008 y 2013, obtuvo ganancias cercanas a los 34.000 millones de dólares y recibió reembolsos fiscales por casi
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3.000 millones. Entretanto, durante la crisis financiera de 2008, la compañía obtuvo un rescate financiero de la Reserva Federal. En ese momento, el CEO de General Electric también prestaba servicios como director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Citigroup El tercer banco más grande de Estados Unidos, con activos por 1,8 billones de dólares, necesitó un rescate financiero de 476.200 millones en 2008 (casi medio billón de dólares). Cuando en 2010 recuperó la rentabilidad, con ganancias de 10.600 millones de dólares, no solo no pagó nada en impuestos sobre la renta, sino que además recibió un reembolso fiscal por 249 millones. Un año después, estableció 427 filiales en paraísos fiscales offshore, 90 de ellas en las Islas Caimán. Así evitó pagar 11.700 millones en impuestos.
Pfizer Es una de las empresas farmacéuticas más grandes y lucrativas de Estados Unidos. Entre 2010 y 2012, Pfizer acumuló 33.000 millones de dólares de ganancias en todo el mundo, pero en lugar de que se le cobraran los debidos impuestos federales sobre la renta, también recibió reembolsos fiscales de 2.200 millones de dólares.
Verizon Este gigante de las telecomunicaciones no sólo evitó pagar 42.500 millones de dólares de impuestos federales sobre la renta en Estados Unidos entre 2008 y 2013, sino que también recibió una rebaja fiscal de 732 millones.
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Reformas imprescindibles Si la expresión “justicia estadounidense” tiene sentido, recuperar ese sentido consiste en poner fin a los beneficios impositivos a ricos y poderosos para aumentar los salarios, reducir la pobreza, crear millones de puestos de trabajo bien remunerados y reconstruir la clase media. Recuperar el sentido de justicia significa, además, implementar una normativa fiscal justa y progresiva. Es preciso aumentar los impuestos a las familias estadounidenses que ganan más de 250.000 dólares por año y a individuos con ingresos superiores a 200.000 dólares. De acuerdo con este plan, el 97,9% de los estadounidenses no sufrirían incrementos en sus impuestos. Sin embargo, dentro del 2,1% más rico, las tasas aumentarían progresivamente, según un plan que se delinea así: • 37% sobre los ingresos entre 250.000 y 500.000 dólares. • 43% sobre los ingresos entre 500.000 y 2 millones de dólares. • 48% sobre los ingresos de entre 2 y 10 millones de dólares (en 2013, solo 113.000 familias, es decir, el 0,08% más acaudalado del país, tuvieron ingresos en esta franja). • 52% sobre los ingresos superiores a 10 millones de dólares (en 2013, solo 13.000 familias, es decir, apenas el 0,01% de los contribuyentes, percibieron ingresos superiores a los 10 millones).
Impuesto a la herencia progresivo Incrementar el impuesto a la herencia es una de las formas más justas de reducir la desigualdad en el reparto de la riqueza. A su vez, esta medida genera recaudación nueva y significativa, necesaria para reconstruir la clase media en el país. Hay que volver a llevar el mínimo de 5 a 3,5 millones de dólares, es decir, al nivel que estaba en 2009. Así solo se verían afectados
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los patrimonios del 0,3% de los estadounidenses más ricos, quienes heredan más de 3,5 millones de dólares. Además, deberíamos graduarlo de la siguiente manera para que recaiga sobre los patrimonios más grandes: • 45% sobre patrimonios valuados entre 3,5 y 10 millones de dólares. • 50% sobre patrimonios valuados entre 10 y los 50 millones de dólares. • 55% sobre patrimonios valuados en más de 50 millones de dólares. La realidad es que existen todo tipo de vacíos legales que posibilitan que las familias más ricas eviten el pago de impuestos a la herencia e impuestos sobre transferencias a título gratuito. Debemos terminar con cada uno de ellos.
Acabar con los privilegios del capital Los beneficios de capital y dividendos en acciones tienen tasas más bajas que los salarios con los que vive la mayoría de nosotros. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que en 2013, el 68% de este beneficio fiscal fue destinado al 1% más rico de los estadounidenses. Es por este motivo que alguien como Warren Buffett, el tercer estadounidense más rico, puede (como ya hemos señalado) pagar una tasa fiscal efectiva más baja que la de su secretaria. Buffett sostiene –lo cual es meritorio de su parte– que estamos frente a un grave error. Tenemos que promulgar una verdadera “cláusula Buffett” que revoque las bajas tasas sobre los ingresos de capital y dividendos en acciones de aquellos que ganan más de 250.000 dólares al año. También deberíamos revocar la exención de la ganancia impositiva proveniente de la herencia y las transferencias a título gratuito.
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La exención vigente subsidia a las familias acaudaladas que se aferran a sus activos y los transfieren a la generación siguiente. Esto incrementa el tipo de riqueza dinástica, tan característica de la desigualdad económica. Todo el andamiaje legal, tributario, político y comercial de Estados Unidos promueve y consolida la creciente desigualdad social que sufre el país. No es una casualidad que desde 1980, el 0,01% más rico de la población aumentó sus ingresos en un 322% en valores constantes, en tanto que el 90% más pobre permaneció prácticamente ganando lo mismo que hace 35 años.
Desterrar la actual política comercial Hemos perdido millones de puestos de trabajo como resultado de nuestras desastrosas políticas comerciales. Este factor contribuye significativamente al deterioro de la clase media, al aumento de la pobreza y a la creciente brecha entre los muy ricos y todos los demás. Debemos hacer todo lo posible para impedir que las empresas externalicen empleos estadounidenses. Necesitamos una nueva política comercial que estimule la creación de empleos con salario decente en el territorio de Estados Unidos. La verdad es que en los últimos 40 años, las llamadas “políticas de libre comercio” fueron despiadadas con los trabajadores estadounidenses. Decididos por las empresas de Estados Unidos, estos arreglos espurios han facilitado el cierre de plantas en el país. Las empresas dejan a los trabajadores en la calle y mudan sus instalaciones a México, China y otros países donde los trabajadores perciben salarios más bajos que los estadounidenses peor pagados. El panorama es desolador. Desde 2001, en el país, casi 60.000 plantas productoras han sido cerradas y tapiadas, y así perdimos más de 4,8 millones de puestos de trabajo bien remunerados en el sector industrial. No todas estas fábricas y
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empleos se perdieron por culpa de nuestras políticas comerciales, pero muchos de ellos sí. Cuando hablamos de comercio libre irrestricto, es importante que sepamos que estas políticas se desarrollaron de forma bipartidista, es decir tanto con el apoyo de presidentes republicanos como demócratas. Los líderes de ambos partidos solo tuvieron oídos para escuchar los pedidos de las empresas y se preocuparon en satisfacerlos, mientras que a los trabajadores les tocó padecer estas políticas que los condenaron. Si las empresas estadounidenses quieren que compremos sus productos, más les vale empezar a fabricarlos aquí, en Estados Unidos. Es claro que el pueblo estadounidense quiere que el dinero de sus impuestos se destine a volver a dar empleo a sus compatriotas. Los estadounidenses quieren que los contratos del gobierno se hagan con empresas estadounidenses, no extranjeras. Así es como ocurre en todos los demás países y no hay razón para que no pueda hacerse de esa manera aquí también. Debemos expandir el “compre estadounidense”, el “compre productos locales” y otras políticas públicas que aumentarán el empleo en Estados Unidos. Esto incluye los contratos del sector de servicios que impidan a las empresas externalizar los centros de llamadas y procesamiento de datos en Filipinas, India u otros países. Más aun, tenemos que asegurarnos de que estándares altos en materia laboral, medioambiental y de derechos humanos queden asentados y obliguen a las partes, en todos los acuerdos comerciales. Como mínimo, esto implica que todos los países deben alcanzar los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los acuerdos multilaterales sobre el medioambiente y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debemos agregar a cada acuerdo comercial estadounidense cláusulas vinculantes contra las manipulaciones de divisas, que permiten que los países comercien sus productos en el país de manera desleal y encarecen, a su vez, nuestras exportaciones.
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Además, tenemos que establecer una norma clara: sólo se importarán alimentos que alcancen o superen los estándares estadounidenses de seguridad, uso de pesticidas, inspecciones, envasado y etiquetado. También debemos revisar con atención la idea de aplicar una “tarifa social” a los productos importados. Es esencialmente injusto que los trabajadores estadounidenses tengan que competir contra los asalariados de países con sueldos de miseria, mínimos estándares medioambientales y malos antecedentes en materia de derechos humanos.
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Capítulo 3 Wall Street es quien manda
Sede simbólica del gran poder financiero, Wall Street es el ámbito en el que se registra la mayor cantidad de delitos de guante blanco: lavado de dinero, manipulación de divisas, sobornos, conspiraciones, índices fraudulentos, estafas. No se trata de una mera opinión: no pocos altos ejecutivos financieros lo han reconocido. El pueblo estadounidense sabe que hay algo profundamente malsano en el hecho de que un puñado de multimillonarios de Wall Street detente tan extraordinario poder e influencia en la vida política y económica de nuestro país. El pueblo sabe que el Congreso no regula a Wall Street, más bien es Wall Street quien regula al Congreso. En la actualidad, las diez instituciones financieras más grandes del país cuentan con activos superiores a los 10 billones de dólares, el equivalente al 60% del total de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Estos bancos emiten más de dos tercios de todas las tarjetas de crédito, aseguran más del 35% del total de las hipotecas, manejan el 76% del total de derivados financieros y controlan más del 46% del total de depósitos bancarios. No obstante, su modelo de negocios se basa en el fraude. Es hora de reformar Wall Street en serio. Ninguna otra industria de Estados Unidos aportó más a campañas legislativas y partidos políticos que el sector financiero. Ninguna. Desde la década de 1990, la industria de servicios
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financieros invirtió miles de millones de dólares en lobby y aportes de campaña para lograr que el Congreso desregulara Wall Street, eliminara leyes de defensa del consumidor, y revocara la Ley Glass-Steagall, que establecía la separación de la banca comercial y la de inversiones. Da la impresión de que cada pocas semanas leemos acerca de una gran institución financiera que fue multada o llegó a un acuerdo en la justicia por sus manejos ilegales. Algunos creen que esto es excepcional –que tenemos un sistema financiero honesto, pero que cada tanto, una gran institución delinque y la descubren–. Por desgracia, sobradas evidencias muestran otra cosa. Lo cierto es que el fraude constituye el modelo de negocios en Wall Street. Además, gracias a las endebles regulaciones que tenemos en este momento, es probable que Wall Street desarrolle, con impunidad, muchas más actividades ilegales de las que tenemos noticia. Desde 2009, grandes bancos han recibido multas de más de 200.000 millones de dólares por actividades fraudulentas, irresponsables e injustas. Vayan aquí solo algunos ejemplos: • Julio de 2014: Citigroup alcanzó un acuerdo con la justicia por 7.000 millones de dólares por haber engañado a los consumidores, al emitir activos financieros respaldados por “hipotecas basura”. El entonces fiscal general, Eric Holder, declaró: “La falta del banco es indignante. […] Citigroup contribuyó en gran medida a la crisis financiera que devastó nuestra economía en 2008. […] Haber engañado a los consumidores acerca de la calidad de activos financieros de alto riesgo le permitió a Citigroup expandir su porción del mercado y aumentar sus ganancias”. • Agosto de 2014: Bank of America pagó más de 16.000 millones en un acuerdo para poner fin a las acusaciones federales de engaño
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a inversores, con activos respaldados en hipotecas de riesgo vendidas en vísperas de la crisis financiera de 2008. • Febrero de 2016: Morgan Stanley llegó a un acuerdo por 3.200 millones con el Departamento de Justicia y varios estados, por engañar a inversores acerca de la calidad de las hipotecas que respaldaban los bonos vendidos. • Febrero de 2016: El banco internacional HSBC acordó pagar 601 millones de dólares para poner fin al litigio iniciado por agencias federales y estatales, por prácticas fraudulentas en la concesión de hipotecas. • Abril de 2016: Goldman Sachs llegó a un acuerdo de 5.000 millones de dólares, por ofrecer y vender, en forma fraudulenta, valores respaldados en hipotecas de alto riesgo, que cimentaron la crisis hipotecaria. A esto se suman los 550 millones de dólares que Goldman pagó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para poner fin a una demanda de 2010, por hipotecas de alto riesgo. • Abril de 2016: Wells Fargo llegó a un acuerdo por 1.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia por su “irresponsable” y “negligente” calificación de riesgo de miles de préstamos hipotecarios entre 2001 y 2008. Según un relevamiento de 2015 sobre ética en la industria de servicios financieros, llevado a cabo por la Universidad de Notre Dame, el 51% de los ejecutivos de Wall Street creía probable que sus competidores incurrieran en actos poco éticos o ilícitos para sacar ventaja. Más de un tercio había presenciado o tenía conocimiento de primera mano acerca de delitos. Cerca de uno de cada cinco creía que tenía que cometer ilícitos o actos poco éticos para tener éxito y un cuarto había firmado o se le había pedido que
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firmara acuerdos de confidencialidad que le prohibían denunciar ante las autoridades actividades ilícitas o poco éticas. En 2010, un operador de Barclays, al ser descubierto cuando intentaba manipular el mercado de divisas (valuado en 5 billones de dólares diarios), declaró con soltura: “El que no hace trampa ni siquiera lo está intentando”. En 2006, justo antes de que el sistema financiero empezara a colapsar, un analista de Standard & Poor’s (una agencia de calificación crediticia que, en forma permanente y a sabiendas, otorgaba las calificaciones más altas a títulos respaldados en hipotecas sin valor) manifestó en un correo electrónico interno: “Esperemos que para cuando este castillo de naipes se venga abajo ya seamos todos ricos y estemos jubilados”.
La cultura del fraude Nuestro país ya no puede tolerar la cultura del fraude y la corrupción en Wall Street. Los responsables de actividades ilegales deben responder ante la justicia. Por desgracia, aún no es así. Los estadounidenses advierten que las reglas no son las mismas para los ricos y poderosos que para todos los demás. Ven a jóvenes detenidos y, a veces incluso, encarcelados por tenencia de marihuana u otros delitos menores. Ahora bien, cuando se trata de los ejecutivos de Wall Street, cuyas actividades ilegales dañan a millones de estadounidenses, no ven arrestos, ni antecedentes penales, ni penas de cárcel. En 2013, quedé anonadado cuando los principales agentes del orden público en nuestro país insinuaron que sería difícil procesar a los ejecutivos de las grandes instituciones financieras que cometieron delitos, porque hacerlo podría desestabilizar el sistema financiero de nuestro país y el mundo. ¿Desde cuándo esto se convirtió en un criterio para decidir si procesar o no delincuentes?
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Se ensancha el abismo Un ejemplo contundente de cómo se ha ido acentuando la desigualdad social en Estados Unidos lo ofrece la progresión que registró en las últimas décadas el salario de un director ejecutivo de una compañía en relación con el salario promedio de un trabajador. • En 1965, la proporción entre el salario de director ejecutivo (CEO)
y el salario de un trabajador promedio era de 20 a 1. • En 2014, era de 303 a 1.
En aquel momento, el fiscal general Eric Holder declaró ante el Comité Judicial del Senado: “Me preocupa que el tamaño de algunas de estas instituciones sea tan grande que nos resulte difícil el procesamiento, cuando estamos confrontados a indicadores que muestran que si en efecto dictamos el procesamiento –si presentamos cargos penales–, habrá un impacto negativo para la economía nacional, incluso, tal vez, para la economía mundial”. Tiene que haber algo fundamentalmente equivocado en nuestro sistema penal para que ni un solo gran ejecutivo de Wall Street haya sido procesado por ocasionar el colapso de toda nuestra economía en 2008. Esto resulta intolerable y tiene que cambiar. “Igualdad ante la ley” no puede ser tan solo letra muerta, grabada en las puertas de la Corte Suprema. Debe ser la norma aplicable a todos los estadounidenses, incluidos los ejecutivos de Wall Street.
Reforma financiera: ¿Hacia dónde estamos yendo? Ya es hora de encarar una reforma financiera real en este país. No será fácil dado el enorme poder de Wall Street y sus servidores en
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la política. Sin embargo, resulta imprescindible, a fin de desarrollar el tipo de economía fuerte y estable necesaria para reconstruir la maltrecha clase media y disminuir la miseria. Es necesario crear un sistema financiero que beneficie al estadounidense común, no a los de arriba. Estos son solo algunos pasos en dirección al logro de ese objetivo: • Crear una economía que funcione para todos los estadounidenses y no solo para un puñado de multimillonarios. Tenemos que ocuparnos de la escala cada vez mayor de los megabancos. • Debemos acabar, de una vez por todas, con esa doctrina que no es más que una póliza de seguro gratis para Wall Street: “Demasiado grande para quebrar” (Too big to fail). • Necesitamos que el sistema bancario participe de una economía productiva –otorgando préstamos a tasas accesibles a pequeñas y medianas empresas– para así poder generar una economía en crecimiento, con trabajos bien remunerados. • Necesitamos un sistema bancario que fomente la propiedad inmobiliaria mediante la oferta de servicios hipotecarios accesibles, diseñados para ayudar a ambos: el prestamista y el prestatario. • Necesitamos un sistema bancario transparente y responsable, con altos estándares éticos, que se apegue a la letra y el espíritu de la ley. Podría haberse pensado que como consecuencia del rescate financiero, estos bancos serían achicados para asegurar que nunca volvamos a padecer lo que ocurrió en 2008. En realidad, sucedió exactamente lo contrario. Actualmente, tres de las cuatro instituciones financieras más grandes –JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo– incrementaron su escala en un 80% con respecto al período anterior al rescate.
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Si estos bancos eran demasiado grandes para quebrar en 2009, ¿qué ocurriría si alguno de ellos llegara a caer hoy? Los contribuyentes pagarían los platos rotos una vez más, y casi con seguridad, les costaría más dinero que el último rescate. No podemos permitir que pase algo así. Ninguna institución financiera debería ser tan grande que su quiebra implicara un riesgo catastrófico para millones de estadounidenses o para el bienestar económico de la nación. Ninguna institución financiera debería formar un conglomerado tan extenso, que su caída pudiera precipitar una crisis de la economía mundial. Ninguna institución financiera debería tener un poder económico y político tan grande sobre este país. Si un banco es demasiado grande para quebrar, es demasiado grande para existir. En lo que se refiere a la reforma de Wall Street, esa debería ser nuestra premisa.
Regular los derivados financieros de riesgo Otra forma en la que debemos proveer más estabilidad y transparencia al sistema financiero consiste en prohibir a los bancos (asegurados por los contribuyentes) que manejen contratos de derivados en sus balances. Los derivados son productos financieros riesgosos que casi destruyen la economía en 2008. Básicamente, son pólizas de seguro sobre acontecimientos futuros que pueden o no suceder, tales como la bancarrota de una compañía o el colapso del mercado inmobiliario. Su valor se basa en la evolución de un activo subyacente, pero como vimos durante la crisis financiera, a veces el activo subyacente carece de valor. No obstante, eso no desalienta la especulación de Wall Street con estos complejos instrumentos financieros. En la actualidad, los bancos comerciales todavía tienen más de 177,46 billones de dólares en contratos derivados en sus asientos contables. Es una locura. Y no soy el único que lo piensa. Apenas
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seis bancos controlan el 95% de los derivados financieros y tienen el 40% de los depósitos bancarios de Estados Unidos. Ya en 1992, Felix Rohatyn, el banquero especialista en inversiones que ayudó a sacar a Nueva York de su crisis financiera en la década de 1970, describió a los derivados como el equivalente a “bombas H financieras”. El financista multimillonario George Soros admitió que su fondo no utiliza demasiado los derivados financieros “porque en realidad, no entendemos cómo funcionan”, y cinco años antes del colapso de Wall Street en 2008, Warren Buffett, “el Oráculo de Omaha”, advirtió a sus inversores acerca de que los derivados financieros eran “armas financieras de destrucción masiva, que incluyen peligros por ahora latentes, pero potencialmente letales”. Tenemos que garantizar una severa regulación de los derivados financieros manejados por bancos de inversión, fondos de cobertura y fondos de inversión privada. En este preciso momento pesa sobre los comisionados de seguros de los estados y entes reguladores de las apuestas la prohibición de controlarlos. Tenemos que levantar esa prohibición. Los derivados deberían ser tratados y regulados como lo que son: apuestas de alto riesgo. No son otra cosa que una especie de casinos. Todos los derivados financieros deberían negociarse, sin excepciones, en un intercambio abierto y transparente, similar a la bolsa de comercio. Hoy en día, estos por demás complejos y misteriosos instrumentos se negocian mayoritariamente en las sombras. Es hora de sacarlos a la luz y ver si resisten un minucioso examen. Los entes de regulación financiera deben asegurarse de que todos los participantes del mercado de derivados financieros cuenten con el capital suficiente para pagar si pierden sus apuestas. Recuerden: los derivados financieros son básicamente pólizas de seguro. ¿Se imaginan pagar durante veinte años un seguro contra incendios sobre su casa y que luego de un incendio, el asegurador admita que, en realidad, no tiene dinero para pagar
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el reclamo? Sin capital suficiente que los respalde, los derivados financieros son el equivalente de venderle un seguro contra incendios sobre una casa a un pirómano. No tiene sentido.
Acabar con la especulación en Wall Street Como quedó muy bien documentado en el libro de Michael Lewis Flash Boys, Wall Street gana miles de millones mediante la compra de enormes cantidades de acciones y bonos que luego se apresura a vender. Las grandes sociedades de inversión y fondos de cobertura han invertido cientos de millones de dólares en supercomputadoras de alta velocidad, capaces de detectar el más mínimo movimiento de precios, para luego ejecutar la transacción en escasas fracciones de segundo. Una vez que el precio sube –a veces tan solo una fracción de centavo por acción y tras pocos segundos, o incluso menos tiempo– los operadores se desprenden de los títulos. Repetida decenas de millones de veces, esta secuencia le permite a Wall Street obtener enormes ganancias. De más está decir que este juego especulativo a alta velocidad no aporta absolutamente nada a una economía productiva. Lo que logra es encarecer la compra y venta de títulos para la gran mayoría de los inversores, incluidos los administradores de fondos de pensión de los trabajadores estadounidenses y de planes 401(k). Además, al estar ampliamente computarizada, esta práctica agrega otro factor de desestabilización a los mercados financieros. Si queremos reformar nuestro sistema financiero en serio, tenemos que poner un impuesto a los especuladores de Wall Street. Debemos desalentar la especulación irresponsable de Wall Street y apoyar las inversiones productivas en una economía generadora de empleo. Si se gravan las transacciones financieras con un pequeño impuesto de sólo el 0,5% sobre las operaciones bursátiles (lo que equivale a sólo 50 centavos por cada 100 dólares en acciones), de
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0,1% sobre los bonos y de 0,005% sobre los derivados financieros, frenaríamos las transacciones especulativas de alta frecuencia. Además, recaudaríamos hasta 300.000 millones de dólares al año, suma que he propuesto usar para desarancelar las universidades públicas. Durante la crisis financiera, la clase media rescató a Wall Street. Ahora le toca a Wall Street ayudar a la clase media.
El riesgo de las calificadoras de riesgo No es posible tener un sistema financiero saludable si no podemos confiar en que las agencias de calificación de riesgos evalúen con precisión la solvencia de los productos financieros, y el único modo de asegurarse es garantizar que no puedan obtener ganancias de Wall Street. En la víspera de la Gran Recesión de los últimos años de la década de 2000, las grandes calificadoras de riesgo –Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch– acostumbraban a otorgar la calificación más alta (“AAA”) a títulos y derivados financieros respaldados por hipotecas basura o de alto riesgo, a veces, a sabiendas de que tal calificación era falsa. Es muy probable que de no haber sido por esas calificaciones “AAA”, muchos inversores –de nuevo, incluidos los fondos de pensión y los administradores de los planes 401(k)– no los hubieran comprado. La razón por la que estos esquemas financieros de riesgo recibieron una calificación tan favorable es simple: Wall Street la pagó. En lugar de proveer información sobre riesgo, de utilidad para los inversores (en principio, su razón de ser), las agencias de calificación estaban confabuladas con Wall Street porque allí estaba el dinero. Las calificadoras de riesgo jugaron un rol preponderante en el colapso de Wall Street. En 2010, cientos de miles de millones de dólares en títulos, respaldados por hipotecas que supuestamente habían alcanzado la calificación “AAA”, bajaron a la categoría
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“basura” –a la que, en realidad, siempre pertenecieron–. No obstante, al haber sido comprados con calificaciones de solvencia crediticia infladas, se les asignó un precio prémium. Así, más de medio billón de dólares en valores se esfumó, de un día para el otro. Todo esto, antes de que se ejecutara una sola hipoteca. Por desgracia, dentro de estas agencias, las consideraciones éticas y los incentivos económicos están distorsionados por completo. Cuando, en un relevamiento interno, se preguntó a los empleados de Moody’s cuáles eran sus cuatro metas laborales principales, las tres primeras resultaron ser: (1) generar más ingresos, (2) incrementar la porción del mercado y (3) entablar buenas relaciones con los clientes. Recién en el cuarto puesto de la lista figuraba realizar un trabajo de alta calidad. Cuando menos, fueron honestos. Es evidente que necesitamos reconvertir a las ávidas calificadoras de riesgo en instituciones transparentes, sin fines de lucro, independientes de Wall Street, y hacer que respondan a una junta directiva que represente el interés público. Wall Street no puede seguir eligiendo qué calificadora evaluará el riesgo de sus productos.
La usura de las instituciones financieras Tener un sistema financiero que trabaje en el interés de todos los estadounidenses supone impedir que las instituciones que lo componen nos estafen con sus altísimos intereses y cobros indignantes. Es inaceptable que, en todo el país, la gente tenga que pagar tres, cuatro o cinco dólares para sacar su propio dinero cada vez que utiliza un cajero automático. Es desmesurado que millones de estadounidenses paguen intereses del 20 o 30% por sus tarjetas de crédito. La Biblia, así como todas las grandes religiones del planeta, tiene un término para esta práctica. La llama “usura”. En la Divina comedia, Dante reservó un lugar especial en el séptimo círculo
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del Infierno para la gente que cobra tasas de interés usurarias. En la actualidad, no necesitamos el fuego infernal, desiertos de arena ardiente o ríos de sangre hirviente; en cambio, sí es necesaria una ley nacional de usura que ponga un tope del 15% a las tasas de interés sobre las tarjetas de crédito y préstamos al consumidor. Más aun, debemos poner un tope de dos dólares al cobro por uso de cajeros automáticos. La gente no debería tener que pagar cobros del 10% por sacar 40 dólares de su propio dinero. Los grandes bancos deben dejar de actuar como usureros y empezar a comportarse como prestamistas responsables.
Permitir que los correos ofrezcan servicios bancarios Aunque cueste creerlo, aún hoy millones de estadounidenses viven en comunidades que no cuentan con servicios bancarios regulares: los grandes bancos no consideran que invertir allí valga la pena. Ahora bien, ¿qué hace la gente que vive en esos vecindarios y necesita cobrar un cheque? ¿Adónde va? Va a una agencia de préstamos a corto plazo que, con seguridad, les cobrará una tasa de interés superior al 300% y los dejará atrapados en un círculo vicioso de deuda. Tendrán que usar el próximo cheque que cobren para poder pagar el interés, de modo que nunca se pondrán al día y saldarán la deuda. El sistema financiero estadounidense no debería permitir algo así. Necesitamos impedir que las agencias de préstamos a corto plazo exploten a millones de estadounidenses y empobrezcan aun más a los pobres. El correo tiene sucursales en casi todas las comunidades de nuestro país. Una forma de proveer oportunidades bancarias decentes a las comunidades de bajos ingresos es permitirle al Servicio Postal de Estados Unidos prestar servicios bancarios básicos tales como ofrecer cajas de ahorro, cobro de cheques y
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giros de dinero. La mayoría de los correos del mundo ofrecen a sus clientes algunos servicios bancarios. Nosotros también lo hicimos entre 1911 y 1967.
Reformar la Reserva Federal (Fed) Por último, otro paso decisivo hacia la transformación de Estados Unidos en un país más justo y próspero para todos debe ser reformar en profundidad el Sistema de la Reserva Federal (Fed), para que responda a las necesidades del estadounidense medio y no sólo a los multimillonarios de Wall Street. La Reserva Federal incluye doce bancos regionales y la Junta de Gobernadores. Cuando el sistema financiero quedó al borde del colapso, la Junta de la Reserva Federal actuó con un agudo sentido de la emergencia y ofreció préstamos por 16 billones de dólares, casi sin interés, a bancos y empresas de todo el mundo. La Reserva ayudó a salvar Wall Street. Sin embargo, poco hizo para salvar a pequeños comercios e industrias; como resultado, millones de familias padecieron una baja de su estándar de vida y sus expectativas se esfumaron. Las decisiones que la Reserva Federal tomó durante la crisis de 2008 enviaron un mensaje claro: en tanto que los ricos y poderosos son “demasiado grandes para quebrar” y merecen un flujo ilimitado de crédito a bajo costo, el estadounidense medio debe apañárselas. Se trató de un claro caso de socialismo para ricos y duro individualismo para el resto. Pero podría ser de otra manera. La Fed no fue concebida para ocuparse solo de Wall Street. Los estadounidenses merecen un banco central que trabaje para ellos y no solo para las grandes instituciones financieras. Debemos reformar la Reserva Federal para asegurarnos de que cumpla su mandato de pleno empleo, incremente los salarios y reconstruya a la clase media, con el mismo sentido de la emergencia que mostró cuando salvó a Wall Street.
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Permítanme destacar cómo pienso que podemos llevar esto a cabo. En primer lugar, debemos fortalecer las reglas que prohíben a los bancos comerciales hacer negocios con los depósitos de los estadounidenses. La Reserva Federal debe dejar muy en claro a las grandes instituciones financieras que la era de la especulación desmedida llegó a su fin. En segundo lugar, la Fed debe dejar de incentivar a los bancos a mantener el dinero fuera de la economía. Desde 2008, la Reserva Federal ha estado pagando a las instituciones financieras intereses sobre reservas excedentes depositadas en el banco central –reservas que han crecido hasta alcanzar la suma sin precedentes de 2,2 billones de dólares–. En lugar de pagarles intereses por este dinero, la Fed debería cobrar a los bancos una tarifa que la Administración de Pequeños Negocios podría usar para otorgar préstamos directos y garantías a los pequeños negocios.
Qué es la Reserva Federal (Fed) El Sistema de la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Los fundamentos de su creación fueron promover la operación efectiva de la economía estadounidense y, de modo más general, el interés público. Sus objetivos declarados son: • Manejar la política monetaria estadounidense para fomentar el máximo empleo, precios estables y tasas de interés a largo plazo moderadas. • Promover la estabilidad del sistema financiero y minimizar los riesgos sistémicos.
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• Promover la seguridad y el buen funcionamiento de las instituciones financieras individuales y monitorear su impacto en el marco del sistema. • Fomentar la seguridad y la eficiencia de las transacciones en dólares mediante servicios a la industria bancaria y el gobierno de Estados Unidos. • Promover la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad. (Adaptado de una publicación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal [federalreserve.gov/aboutthefed])
En tercer lugar, como condición para recibir asistencia financiera de la Reserva Federal, los bancos deben incrementar el préstamo a pequeñas empresas y fabricantes solventes para alentar así una economía productiva y generadora de empleo, reducir el interés sobre las tarjetas de crédito y ayudar a salir a flote a propietarios en dificultades. En cuarto lugar, debemos eliminar los vergonzosos conflictos de interés en la Reserva Federal. Lo cierto es que los bancos a los que debe controlar se han apropiado de ella. Desde el colapso financiero de 2008, al menos dieciocho de los actuales y ex miembros de la Junta tuvieron alguna afiliación con bancos y empresas a los que la Reserva otorgó préstamos de emergencia durante la crisis. Quinto, debemos transparentar la Reserva Federal. Muchas de sus actividades se llevan a cabo en secreto: sólo tienen conocimiento los banqueros de sus distintas juntas y comisiones. Debemos hacer que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental realice una auditoría anual, completa e independiente de la Reserva Federal.
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Desde hace varios años, el Comité Federal de Mercado Abierto no pone en público conocimiento transcripciones completas y sin editar de sus reuniones. Debemos obligar al Comité a publicar esas transcripciones dentro de los seis meses. De haber realizado esta reforma en 2004, el pueblo estadounidense hubiese estado advertido acerca de la burbuja inmobiliaria, mucho antes de la crisis financiera. La conclusión es que necesitamos una Reserva Federal que trabaje para todos los estadounidenses, no sólo para los directores ejecutivos de las grandes instituciones financieras.
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