Mar nº585 nov 2018

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osta a costa

Coordinan: Raúl Gutiérrez / Ana Munguía

Competencia propone multar la estiba Los que pensaron que la polémica en torno a la estiba se había acabado, se equivocaban. A los paros, negociaciones, acuerdos, escisiones y al largo período de espera para la elaboración del reglamento que culmine la reforma de la estiba en nuestros puertos, se une ahora la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de multar a Anesco y a las centrales sindicales firmantes del pre acuerdo de subrogación de los trabajadores portuarios, que el año pasado trajo la paz social a los puertos.

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ás de 6,1 millones de euros a la patronal Anesco; 300 mil euros a UGT y otros tantos a CCOO; 4.000 euros a la Coordinadora; 200 mil a la CIGA; 120 mil a LAB y 40 mil euros a ELA, son las cuantiosas sanciones que propone la CNMC a los negociadores del acuerdo de julio de 2017 que permitía la subrogación de los estibadores, tras el Decreto del Gobierno liberalizando la actividad portuaria, realizado por imperativo de Bruselas. Competencia considera que, Mar

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con la adopción de esa medida, se vulneró tanto la normativa de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la UE, un dictamen que, al cierre de este número de MAR, todas las entidades cuestionadas estudian recurrir. Y es que, no es sólo un “jarro de agua fría” para el sector, sino un varapalo más a sumar a la inquietud que genera el que, más de un año después, aún no esté listo el reglamento que desarrollará el decreto de liberalización de la actividad y en el que se deben de aclarar dos aspectos trascendentales del acuerdo logrado el

año pasado: las jubilaciones anticipadas y la formación de los estibadores. Con todo ello, a estas alturas tampoco está cerrada la negociación del quinto acuerdo marco, del que dependen los convenios colectivos en los puertos. Tanto las organizaciones bajo amenaza de sanción, como otros agentes vinculados a la actividad portuaria temen que, debido a los efectos de la decisión que acaba de adoptar la CNMC, se genere una situación de inseguridad jurídica que pueda llegar a paralizar posibles acuerdos en las dársenas.


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