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FIN DE LA POBREZA LA CLAVE ES ENTENDER A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA COMO SUJETOS DE DERECHOS Y AGENTES ACTIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS ESFUERZOS DE MEJORA Y DE CAMBIO.
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¿QUÉ ES LA POBREZA?
L
a pobreza es “la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” según la ONU (E/C.12/2001/10). La clave es entender a las personas que viven en situación de pobreza como sujetos de derechos y agentes activos que participan en los esfuerzos de mejora y de cambio. Llegar a este entendimiento común ha implicado recorrer un largo camino. El fenómeno se ha explicado desde distintas corrientes de pensamiento y en distintos momentos históricos: desde visiones más estructurales que atribuyen el fenómeno a las condiciones materiales de partida de las distintas sociedades, hasta explicaciones con base en decisiones individuales y colectivas influenciadas por marcos culturales diversos. Esto, con el propósito de explicar por qué la distribución de los indicadores de pobreza no es homogénea entre los distintos países, ni al interior de estos, ni a lo largo del tiempo. Desde mediados del siglo pasado, se entiende a la pobreza como un fenómeno social que puede y debe ser abordado desde la acción pública, con participación del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Para
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entender la acción pública en el combate a la pobreza, se desarrollaron definiciones operativas sobre el accionar del gobierno. En determinado momento, se pensó que la pobreza era resultante del coeficiente producto de la tasa de crecimiento económico sobre la tasa de crecimiento poblacional; esto se definió como “insuficiencia dinámica” y sirvió de explicación en particular para la evolución de la pobreza en regiones como América Latina (Filgueira y Peri, 2004). Se desprendía de ello que la acción del Estado debía enfocarse en reducir las tasas de natalidad y en promover el crecimiento económico. Posteriormente, se sumó la idea de que la pobreza dependía más integralmente de nociones sobre justicia social. Así, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfatizó la necesidad de contar con políticas orientadas a erradicar la pobreza para el disfrute de todos los derechos humanos por todos (CDESC, Observación General No. 12, 1999). Es decir, se trata también de un asunto distributivo de la riqueza, así como un problema de realización de los derechos humanos de las personas. De esta forma, se entiende a la pobreza como un problema de orden político que concierte a la sociedad en su conjunto.
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Ser pobre, según Amartya Sen, premio Nobel de Economía, no significa vivir por debajo de una línea imaginaria de pobreza, por ejemplo, con un ingreso de 2,00 dólares por día o menos. Ser pobre es tener un nivel de ingresos insuficiente para poder desarrollar determinadas funciones básicas o capacidades, tomando en cuenta las circunstancias y requerimientos sociales del entorno. Es decir, más que medir la pobreza por el nivel de ingresos, se recomienda calcular lo que ese individuo puede lograr hacer con esos ingresos para desarrollarse, es decir, sus ‘capacidades’, teniendo en cuenta que esos logros varían de un individuo a otro y de un lugar a otro. Siendo así, la pobreza no solo hace referencia a elementos monetarios, sino y más importante aún, a la privación de capacidades básicas. Se proponen, por tanto, intervenciones estatales multidimensionales que prioricen el ser y el hacer, antes que el tener. La pobreza y la desigualdad inhabilitan a las personas, las exponen a la discriminación en muchos aspectos de la vida y a violaciones adicionales de sus derechos humanos (PNUD, 2000: 42). Un nivel digno de vida, nutrición suficiente, atención de salud, educación, trabajo decente y protección contra las calamidades y desastres no son simplemente metas de desarrollo, son también derechos inherentes a la dignidad y a la libertad humanas (PNUD, 2000: 8 y 73). Se entiende así que la pobreza y la pobreza extrema sean vistas como “una combinación de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social” (A/HRC/7/15), en que una falta prolongada de seguridad básica afecta a varios ámbitos de la existencia al mismo tiempo, comprometiendo gravemente las posibilidades de las personas de ejercer o recobrar sus derechos en un futuro previsible (E/CN.4/Sub.2/1996/13). La pobreza priva a las personas de capacidades y oportunidades básicas para vivir una vida larga, saludable y creativa, para acceder al conocimiento y a la información, y para participar en las discusiones y decisiones de la comunidad. “Los vínculos entre las diferentes dimensiones de la pobreza, las diferentes capacidades o los diferentes derechos, pueden reforzarse mutuamente en una espiral descendente de trampas. Pero también pueden movilizarse para crear un círculo virtuoso y una espiral ascendente de escape. Por tanto, ampliar las capacidades y oportunidades humanas y realizar los derechos humanos puede facultar a los pobres para salir de la pobreza” (PNUD, 2000: 73). Hoy por hoy, además, se comprende que la pobreza tiene impactos diferenciados sobre distintos grupos poblacionales, por motivos de discriminación y brechas estructurales en cuanto al pleno disfrute de sus derechos a nivel individual y colectivo.
En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha llamado a los Estados a emprender acciones específicas que se enfoquen en atender a poblaciones en situación de desventaja por motivos de pobreza, de bajos niveles de educación y por diferencias culturales, entre otros (CERD, Recomendación General No. 3, 29 y 34). Es decir, que la pobreza, siendo un fenómeno político, multidimensional y de derechos, no tiene impactos iguales en hombres que en mujeres, en personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en pueblos y nacionalidades indígenas, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, en personas con discapacidad, en personas en situación de movilidad humana, etc.
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Estos avances conceptuales han venido acompañados de mecanismos para medir la pobreza y extrema pobreza, a fin de tener información actualizada y pertinente que sirva tanto a decisores públicos como a las personas en general. Se puede medir la pobreza a través de distintos métodos, los cuales, a su vez, responden a visiones más acotadas o maximalistas del fenómeno. En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestra que la medición de la pobreza por ingresos se da tomando en cuenta que:
¿Quiénes son pobres?
¿Qué es la línea de pobreza?
Individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza
Es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para no ser considerado pobre
¿La línea de pobreza cambia con el tiempo?
¿Cómo se actualiza la línea de pobreza?
En términos nominales, la línea de pobreza se actualiza mediante el IPC
La línea de pobreza actual es igual al factor de ajustes multiplicado por la línea de pobreza del año base
Fuente: INEC, 2016
Además de poder medir la pobreza y extrema pobreza por ingresos, es posible medirla también por consumo, es decir, a partir de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, considerando como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta. En ambos casos, se trata de mediciones monetarias de la pobreza. No obstante, se puede medir la pobreza
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también por necesidades básicas insatisfechas (NBI). En este sentido, una persona es pobre si pertenece a un hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos uno de los siguientes componentes: • • • • •
Calidad de la vivienda Hacinamiento Acceso a servicios básicos Acceso a educación Capacidad económica
Este tipo de medición es importante para tener una comprensión más integral sobre la situación de los hogares en el país, más allá de las mediciones monetarias clásicas. Así, es posible sumar también la medición de pobreza multidimensional que el INEC viene realizando desde hace unos pocos años y que se logró con el apoyo y asistencia técnica del PNUD. La medición multidimensional de la pobreza plantea identificar privaciones simultáneas que enfrentan las personas en el goce de los derechos, siguiendo el método desarrollado por Alkire y Foster (2007, 2011). En el caso de Ecuador, se trabaja en la
medición sobre cuatro dimensiones: • • • •
Educación Trabajo y seguridad social Salud, agua y alimentación Hábitat, vivienda y ambiente sano
Cada dimensión aporta con un grupo de indicadores –12 en total–, que permiten valorar una agregación de privaciones. Esta visión integral es consistente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y hace que Ecuador sea parte de los países que miden de forma multidimensional la pobreza. Las distintas mediciones de pobreza deben ser leídas de forma combinada y cruzada, pues comparten elementos que ayudan a tener una mejor idea de las áreas a priorizar para las intervenciones, así como las intervenciones en sí. Esto se debe hacer extensivo a otros indicadores sociales que están asociados con la pobreza, en particular a los relativos a salud, alimentación, educación, trabajo, y protección social y seguridad social.
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LA RESPUESTA A LA POBREZA: ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE ACTUAR? Los Estados, según su voluntad expresada en septiembre de 2015, en la Asamblea General de la ONU, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guían la acción de los Estados miembro en torno a puntos comunes de convergencia. Resulta significativo que esta Agenda sea el manifiesto compromiso de los Estados y ante los cuales se los hace responsables. Los Estados reconocieron que “la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible” (A/ RES/70/1, 2015). En este sentido, no es fortuito que el primero de los ODS sea poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, pues se trata de su eje vertebrador. Con ello, la Agenda 2030 prioriza la garantía de la dignidad e igualdad para todas las personas.
Metas del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
META
DESCRIPCIÓN
1.1
De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).
1.2
De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
1.3
Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
1.4
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
1.5
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.
Fuente: Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
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Los Estados asumen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos al ratificar los tratados internacionales sobre el tema. Esto quiere decir que no deben interferir con su disfrute, deben adoptar medidas para garantizar que terceros no lo hagan, y deben emprender acciones progresivas para permitir el ejercicio pleno de los derechos (ACNUDH, 2006). La responsabilidad, por supuesto, no puede recaer de manera exclusiva sobre los Estados, pues requiere de la activación y acción complementaria de los distintos actores de la sociedad. En el caso ecuatoriano, la Constitución vigente establece como parte del pacto social de convivencia, que todas las personas no solo respeten los derechos humanos, sino también luchen por su cumplimiento (C.E., art. 83). En este marco, el sector privado puede tomar acciones concretas como la aplicación de buenas prácticas que promuevan la inclusión, la no discriminación y la protección de los derechos de las personas trabajadoras y sus familias, en observancia de todos los mandatos normativos que rigen en la materia, junto con el establecimiento de mecanismos de vigilancia y reclamación para su cumplimiento.
LA RESPUESTA A LA POBREZA: ¿CÓMO PUEDEN RESPONDER LOS ESTADOS? La pobreza es un problema multidimensional que no se limita al ámbito económico de las personas o sus hogares. Como tal, no hay respuestas únicas, pero hay ciertas orientaciones que emanan de la misma Agenda 2030. En el marco del primer ODS se plantea la creación de marcos normativos sólidos en favor de las personas en situación de pobreza, que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Además, se llama a que todos los hombres y mujeres (quienes se ven más afectadas por este fenómeno) tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros. Asimismo, se debe fomentar la resiliencia de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. En términos de desigualdad de ingresos, si bien se ha reducido entre países, ha aumentado dentro de los mismos. Se reconoce, por tanto, que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Por su parte, el ODS 10 apunta a la necesidad de eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promover leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Exhorta, de la misma manera, a los países a adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social. Impulsa también a la aplicación de políticas migratorias planificadas. En consecuencia, se llama a promover la inclusión social, económica y política; garantizar la igualdad de oportunidades, y facilitar la migración y la movilidad responsable, y reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes.
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Con ello, se refuerza la idea de la pobreza como un problema de derechos humanos, por lo que las sociedades se empeñan en encontrar distintas estrategias para luchar contra ella, pero bajo unos principios en común. En concreto, se trata de la dignidad, la universalidad y la indivisibilidad como principios rectores. En consecuencia, los Estados deben utilizar el máximo de sus recursos disponibles para asegurar condiciones de vida digna para todas las personas, sin excepción. Se deben considerar las particularidades que enfrentan las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, entre otros. Las estrategias estatales para el combate a la pobreza y extrema pobreza, además, integran elementos para la participación de las personas y su empoderamiento. Es decir, se busca dejar atrás visiones asistencialistas que ven a las personas en situación de pobreza como objeto de programas sociales de distinta índole. Se desprende que los esfuerzos para luchar en contra de la pobreza deben tomar en consideración la política pública sobre la alimentación, la salud, la educación, el agua y saneamiento, el hábitat y la vivienda. A éstos se los puede entender como bienes superiores y la Constitución ecuatoriana los establece como deberes primordiales del Estado (C.E., art. 3, núm. 1). En virtud de ello, la autoridad pública debe favorecer el acceso a estos derechos de quienes tienen mayor dificultad para hacerlo por su cuenta. Por ejemplo, se entiende que la seguridad social es un derecho humano, pero también se conoce de la dificultad que hay para incorporar a todo el conjunto de la población a esquemas contributivos. Se requiere entonces una articulación simbiótica entre distintos esquemas de aseguramiento y protección social, tanto contributivos como no contributivos. Para ello, el Ecuador engloba estos esfuerzos dentro de un Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, cuyo objetivo es asegurar el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos basados en los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad interculturalidad, solidaridad y no discriminación (C.E. art. 40). Con esto, se busca que todas las personas, no exclusivamente las personas en situación de pobreza o extrema pobreza, estén protegidas y cubiertas ante eventualidades y riesgos. En el caso de las personas pobres y extremadamente pobres, el Estado está llamado a actuar de manera preferente para lograr una adecuada protección social, la cual es un detonante social para el desarrollo del conjunto de la sociedad. Esto involucra mecanismos de democratización del crédito, de formación y capacitación, de incentivo y reconversión productiva, entre otros, todos atendiendo particularidades territoriales que los distintos países y regiones tienen.
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA POBREZA EN ECUADOR? La evolución de la pobreza y extrema pobreza por ingresos en Ecuador muestra resultados alentadores en el transcurso de los últimos años. Así, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza por ingresos pasó entre los años 2007 y 2016 de 36,7% a 22,9%, lo que significa que 1,5 millones de personas salieron de la pobreza desde una perspectiva monetaria. En 2017, la tendencia se mantuvo, ubicándose en el 21,5%, y en 2018 la pobreza se ubicó en 23,2%. Es decir que, si bien en términos globales persiste el efecto de reducción de la pobreza, hay una alerta a lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado, cuando el indicador ha empezado a subir nuevamente. Algo similar se puede encontrar respecto a la evolución de la extrema pobreza, como se puede observar en el gráfico a continuación:
Evolución de la pobreza y extrema pobreza por ingresos en Ecuador, 2007 - 2018
Pobreza
Pobreza extrema
Fuente: INEC, 2018
En este sentido, los esfuerzos por combatir la pobreza deben responder a acuerdos nacionales que perduren a lo largo del tiempo para lograr sostenibilidad, evitando que grupos poblacionales que apenas han superado la pobreza o pobreza extrema recaigan en ella. Es preciso notar, además, que la incidencia de la pobreza y extrema pobreza, como se mencionó anteriormente, afecta de forma diferenciada. En este sentido, se puede observar la brecha existente entre la pobreza a nivel urbano y a nivel rural.
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Evoluciรณn de la pobreza urbana y rural por ingresos en Ecuador, 2007 2018
Rural pobreza
Urbano pobreza
Fuente: INEC, 2018
Evoluciรณn de la extrema pobreza urbana y rural por ingresos en Ecuador, 2007 2018
Rural pobreza extrema
Fuente: INEC, 2018
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Urbano pobreza extrema
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De esta forma, se puede observar cómo la incidencia de la pobreza y extrema pobreza en las zonas rurales del país es mucho mayor, lo cual hace un llamado a mejorar las condiciones para una vida digna en la ruralidad, que al censo de 2010 representaba un 37,2% del total de la población. También se observan disparidades entre regiones; la Amazonía tiene el mayor porcentaje de población que vive en situación de pobreza, un 59,7%. A su vez, al desagregar la población en situación de pobreza extrema por grupo etario, se evidencia que los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a ella, en comparación con el promedio nacional.
Incidencia de pobreza extrema por ingresos (por ciclo de vida) Edad (años)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
De 0 a 4
22,7%
22,4%
20,5%
17,8%
15,8%
15,2%
11,8%
11,2%
11,8%
11,5%
De 5 a 11
23,3%
22,1%
22,6%
19,8%
16,5%
15,7%
13,6%
11,4%
12.9%
12,8%
De 12 a 17
19,6%
19,5%
20,2%
17,4%
15,4%
15%
12,3%
10,7%
11,1%
11,2%
De 18 a 29
11,6%
11,5%
11,2%
9,5%
7,9%
7,6%
6%
5,3%
6,5%
-
De 30 a 64
13,1%
12,2%
12,4%
10,4%
9,2%
8,9%
6,9%
6%
6,5%
6,9%
de 65 y más
16,7%
15,7%
13,3%
11,4%
13,1%
12,9%
5%
4,6%
5,7%
6,3%
Fuente: MCDS, 2017
De forma similar, se pueden observar brechas considerables al tomar en cuenta la información desagregada por sexo (hombres y mujeres) y por grupos étnicos, como se muestra en la siguiente tabla.
Incidencia de pobreza por ingresos (según sexo y etnia) Sexo y etnia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Hombres
34,7%
35,5%
32,3%
28,0%
28,0%
24,8%
21,8%
22,5%
22,4%
22,7%
Mujeres
35,4%
36,6%
33,2%
29,3%
29,3%
26,3%
23,1%
24,0%
23,4%
23,5%
Indígena
65,9%
68,2%
65,2%
60,1%
60,1%
50,0%
48,2%
51,4%
53%
56,1%
Blanco
25,7%
26,3%
20,6%
21,3%
21,3%
14,2%
-
-
-
-
Mestizo
31,3%
32,7%
28,1%
23,5%
23,5%
21,4%
18,8%
18,7%
18,7%
19,1%
Afrodescendiente
43,4%
42,9%
37,8%
35,5%
35,5%
34,4%
-
-
-
-
Montubio
-
-
47,9%
49,4%
49,4%
43,0%
36,5%
33,7%
28,9%
27,1%
Nacional
35,1%
36,0%
32,8%
28,6%
28,6%
25,6%
22,5%
23,3%
22,9%
23,1%
Fuente: INEC-Enemdu (2006 -2013). Banco Central del Ecuador (2014-2017)
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Así, hay una mayor incidencia de la pobreza en mujeres y en poblaciones indígenas, montubias y afrodescendientes. Las poblaciones indígenas presentan las cifras más altas de pobreza, así como brechas en sus condiciones de vida y atención en salud, en comparación con los promedios nacionales. De acuerdo con los datos de pobreza extrema, esta población presentaba una incidencia de 36,8% en 2006, con una tasa de decrecimiento de 13% durante estos 10 años, llegando a 31,9% en 2016. Por otro lado, la feminidad de la pobreza se incrementó en Ecuador en dos puntos en los últimos 10 años. Hay tres veces más mujeres que hombres sin ingresos; los hogares con jefatura femenina son más pobres por ingresos que los dirigidos por hombres. La mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres.
La desigualdad de género en ingresos laborales (en promedio, 20%) se incrementa a medida que mejoran las calificaciones educativas. El número de mujeres adultas mayores sin protección de seguridad social duplica al de hombres. En las zonas rurales, las brechas de género crecen; el acceso a servicios de cuidado y oportunidades económicas es menor. Por ende, es mayor la inestabilidad de ingresos: en las zonas rurales, la informalidad que afecta a las mujeres supera en 10 puntos a la de los hombres, frente a 2 puntos en las zonas urbanas (ENEMDU, 2017). En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), Ecuador logró reducirla, pero también hay una ralentización en el periodo reciente y un incremento que resulta más notorio en el último año.
Evolución de la pobreza por NBI en Ecuador, 2008 - 2018
Urbano
Nacional
Rural
Fuente: INEC, 2018
Resulta, además, notorio que la zona rural sufre de una incidencia mucho más marcada que el área urbana. La probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es mayor en el sector rural (91%) y en los hogares con más de dos niños/as (80%). Por último, cabe pasar revista también a la evolución de la pobreza multidimensional en Ecuador, cuyos datos están disponibles desde 2009.
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Evolución de la pobreza multidimensional en Ecuador, 2009 - 2018
Urbano
Nacional
Rural
Fuente: INEC, 2018
Como se puede observar, luego de un importante descenso entre 2009 y 2017, en 2018 esta vuelve a aumentar, llegando a ubicarse en diciembre de 2018 en 37,9% a nivel nacional. Preocupa, además, que, a nivel rural, ésta empezó a incrementarse ya desde finales de 2017, y que para fines del año pasado llegó a 67,7%, cuando a nivel urbano ésta se ubica en 23,9%.
AVANCES Los avances que se han alcanzado –y que en la actualidad deben ser protegidos para evitar una regresión de derechos– pueden ser atribuidos a un importante esfuerzo del Estado desde diferentes frentes, entre ellos los programas de protección social. En este sentido, el aumento en el número de personas con acceso a alguno de los regímenes contributivos de la seguridad social aumentó hasta llegar a un pico del 48% de la población económicamente activa (PEA) a finales de 2016, y la cobertura de los programas no contributivos, como el bono de desarrollo humano o el bono Joaquín Gallegos Lara, han significado la concreción de un piso de protección social. Sin embargo, datos recientes muestran un descenso de dos puntos en el acceso de la PEA a la seguridad social contributiva, y todavía quedan pendientes ajustes en el registro social usado para los programas no contributivos; se debe mejorar la variabilidad de las asignaciones a los hogares en función de sus cargas y corregir exclusiones y filtraciones que todavía persisten y que evitan que estos incentivos lleguen a los hogares que más lo necesitan.
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Es también importante poner énfasis en las inversiones para mejorar la calidad y el acceso a los derechos, a la salud, la educación, y a la alimentación, agua y saneamiento, así como de hábitat y vivienda. El cumplimiento de las asignaciones constitucionales mínimas del Presupuesto General del Estado ha sido un sólido mecanismo para asegurar mejorías. Así, el presupuesto total de educación para el periodo 2007-2016 ascendió a 24.165 millones de dólares, lo que representa un promedio anual 3,37 veces mayor al logrado durante los años 2000 y 2006. Con ello, las tasas de matrícula en educación general básica llegaron a estar encima del 96%, lo que se traduce en estándares de universalización. De igual forma, ha mejorado la tasa de matrícula en bachillerato la que superó el 72%, aunque todavía falta mucho por cerrar la brecha. Asimismo, la tasa de analfabetismo en la población de 15 años de edad o más, ha decrecido en Ecuador hasta un 5,6% en 2016.
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Por su parte, el gasto público en salud registró un crecimiento de 2007 a 2016, pasando del 1,2% del PIB al 2,92%. Como resultado, se incrementó la atención en los establecimientos de salud pública. En 2012, 64,6% de la población fue atendida en un establecimiento público, en comparación con un 32,5% en 2004. Al desagregar estos datos por área, el 75,2% de la población rural acudió a un establecimiento público y el 19,7%, a un centro privado; mientras que en la zona urbana los datos son 59,9% y 31,6%, respectivamente. De forma similar, se ha avanzado en la eliminación de barreras de acceso, formales e informales, para que la atención en salud sea universal. Estas acciones se complementan con mecanismos para dinamizar el trabajo y el empleo, con particular atención a los sectores que se encuentran en la informalidad y en la población joven. El acceso a crédito en condiciones justas y a modalidades de formación y capacitación con pertinencia, es algo en lo que se debe continuar trabajando.
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Del mismo modo, la atención, el mantenimiento y la gestión de la infraestructura habilitante para la producción y el comercio son de gran importancia. Es fundamental mantener y reforzar los logros alcanzados en cuanto a reducción de pobreza y pobreza extrema, y para ello es preciso no descuidar ninguno de estos frentes, dando prioridad al sector social. Dada la coyuntura económica del país, es preciso priorizar acciones tendientes a la mejoría de la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios y de la calidad del gasto, asegurando la cobertura y cuidado de los sectores que más lo necesitan, incluidos aquellos en riesgo de recaer en condiciones de pobreza. El Sistema de Naciones Unidas Ecuador, en ejercicio de su mandato, ha puesto a disposición de los actores nacionales sus capacidades y amplia trayectoria para abordar las causas de los problemas actuales. Se han concretado alianzas con actores relevantes en el proceso de desarrollo, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los diferentes ministerios sectoriales, además de la Asamblea Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. De tal modo, ha contribuido a enfrentar varios desafíos persistentes, fundamentalmente la erradicación de la pobreza, el desarrollo de condiciones dignas para el trabajo y el empleo, y de la mano con ello, la lucha contra las violencias y la discriminación, la gestión pública eficaz y transparente, el desarrollo rural y la protección del ambiente.
PANORAMA A FUTURO La situación macroeconómica del país posiciona condicionantes serios al modelo aplicado para la gestión de las políticas públicas en los últimos años. En el proceso de ajuste es fundamental prestar atención al impacto de medidas económicas en población en situación pobreza extrema, pobreza y riesgo de pobreza. En este sentido, la innovación en la gestión de lo público, más que una estrategia posible, es un imperativo actual. Parte del cambio es la realización de la corresponsabilidad que tenemos los distintos actores de la sociedad, sea el sector público, el sector privado, la academia, los organismos internacionales, las organizaciones de sociedad civil. La necesidad de acuerdos globales en favor de la justicia social y la equidad, y la comprensión de que ello es beneficioso para todos en conjunto, alienta a un trabajo mancomunado para la búsqueda de condiciones materiales para una vida digna.
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