La Fundación Labaka frente a los últimos acontecimientos ocurridos en la selva del Yasuní Un nuevo episodio en la ya larga y compleja cadena de violencias desatadas en torno a los pueblos indígenas en aislamiento – Taromenane/Tagaeri – y la nacionalidad Waorani, vuelve a ensombrecer la vida de los pueblos de la selva herida del Yasuní. Hace veinte días, la violencia tuvo otro trágico episodio en la población waorani; Caiga Baihua, alanceado a orillas del Shiripuno. Su esposa, Onenka Tega pudo escapar con vida del ataque y se recupera de sus heridas con pronóstico favorable. Hoy nuevamente nos asalta el mismo temor y preocupación por la vida de los más débiles. Durante un operativo de control de armas, realizado en Coca, tres familiares directos del fallecido (su padre y sus dos hermanos) han sido detenidos con cargos de posesión ilícita de armas y municiones. Alzamos la voz, una vez más, junto a la voz lúcida de muchos miembros del pueblo waorani que insisten en la resolución pacífica de los conflictos, pueda ser tomada en cuenta para detener el espiral de violencia y a resolver en paz y justicia el conflicto Waorani-Taromenane/Tagaeri: ·
Proponemos un Plan Integral de Paz, Justicia y Reparación impulsado por el Estado Ecuatoriano (en tanto representante de los PIA´s) y la Nacionalidad Waorani del Ecuador.
En marzo de 2013, tras las muertes de Ompure y Buganey, señalábamos el riesgo de la reacción más probable del grupo waorani atacado terminase en una incursión violenta contra los grupos indígenas en aislamiento. Hoy lo volvemos a hacer. Es indispensable la formulación de un Acuerdo de Paz entre la Nacionalidad Waorani y el Estado Ecuatoriano acordes con la jurisprudencia internacional y los derechos tanto de los pueblos indígenas aislados como los pueblos de contacto reciente como son los waorani. El caso Waorani/Tagaeri Taromenani exige un tratamiento especial. Insistimos a las autoridades que piensen en ello y en las graves consecuencias que la actuación errática de las instituciones estatales están teniendo en el mundo Waorani y de sus vecinos.
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Rechazamos la judicialización de los conflictos pues está incubando graves violaciones a los derechos elementales de los Pueblos Indígenas de Contacto Reciente (PIACI) y contribuye a atizar la espiral de la violencia.
En el marco de un Estado Plurinacional la solución no puede reducirse a la judicialización individual
o al tratamiento de los enfrentamientos como el resultado de conductas deliberadamente delictivas o inobservantes de la ley. La judicialización del conflicto Waorani-Taromenane/Tagaeri resulta contraria a los principios del derecho internacional sobre pueblos indígenas y elude el tratamiento intercultural de los problemas. En la práctica, la judicialización/criminalización de la población waorani se encuentra atizando el fuego de la violencia, generando nuevos focos de conflictos irresueltos y exasperando los ánimos de la población waorani, que se siente inerme frente a la imposibilidad del Estado de garantizar sus derechos e integridad física en las comunidades fronterizas a los Tagaeri/taromenane. Esto significa un campo minado en el territorio waorani y en el territorio de los tagaeri/taromenani: ·
Boanamo: La mencionada detención de los 3 de Boanamo responde a la generación de controles efectivos para evitar el tráfico. Aplaudimos el control de armas como parte de las medidas de PRECAUCIÓN y estamos concientes de que la familia afectada ha firmado un acuerdo de REPARACIÓN y compromiso de no buscar venganza. Instamos a las autoridades a la resolución del conflicto vía el diálogo y de ninguna manera vía la judicialización.
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Bameno: Onenka está en calidad de testigo protegida con lo cual se ha impedido a nadie hablar con ella, en un caso que no es judicial ni policial puesto que ella fue víctima de un asalto perpetrado por un grupo de Tagaeri/Taromenani. También está en esa categoría la niña Conta, retenida en el 2013.
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Tiguino y Bataboro: la Fiscalía apeló y declaró nulidad de la sentencia de la señora Sandra Bai, acusada de homicidio, cuando ya había sido declarada inocente por el juez competente, luego de conocerse además una serie de procedimientos incumplidos en la relación con los waorani, por parte de la empresa que operaba en la zona.
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Yarentaro y Dikaro: los Waorani enfrentan un juicio que, desde el año 2014, mantiene en tensión a esas comunidades, sin haberse buscado ni diálogo intercultural ni acuerdo alguno.
De no actuarse a través de la mediación y el diálogo, estos conflictos van a acabar por presionar aún más a los waorani, exacerbar los ánimos de las comunidades con consecuencias nefastas. Archivar los casos judiciales y empezar de cero con acuerdos y compromisos ayudaría más en el conflicto que insistir en enredos jurídicos difíciles de entender y procesar para un grupo humano históricamente desatendido y marginado. ·
Respeto irrestricto a los derechos territoriales de estos pueblos y la aplicación del principio de PRECAUCION.
Los trabajos de sísmica se han incrementado. Los sobrevuelos son constantes en el bloque 55, Armadillo y se sabe que eso altera profundamente la vida de los grupos aislados. Esto más la cantidad de trabajadores que están en esas actividades, aumenta la presión sobre el territorio waorani y el territorio tagaeri/taromenani. Los waorani han reiterado muchas veces que los
muertos van a seguir de no hacerse nada al respecto. Exhortamos a los ministerios de Recursos no Renovables, Ambiente y Justicia, por humanidad y en respeto del principio de PRECAUCIÓN consignado en la Política Nacional de Pueblos en Aislamiento, declaren una MORATORIA de esas actividades mínimo durante los próximos cinco años, la misma que pedía Mons. Alejandro Labaka en los años setenta, si se quiere evitar más muertes en la zona. Con los precios actuales del petróleo no entendemos porqué el empeño de seguir con actividades de sísmica en una zona reconocida por los ministerios como zona de presencia de estos pueblos. Tanto las vidas de los waorani como de los campesinos y obreros de esos trabajos de sísmica, y los grupos que permanecen aislados, están en riesgo. Por último, aclaramos a la nacionalidad Waorani y a la ciudadanía en general, que la Fundación Labaka, por razones humanitarias y de respeto, preocupación y cercanía para con los tres waorani detenidos, hemos accedido a la petición hecha por parte de las autoridades judiciales al Vicariato de Aguarico, de acogerlos en las instalaciones de nuestra casa Albergue, que es su casa, mientras se realiza la audiencia de juzgamiento. No podíamos permitir que un padre y unos hermanos que sufren por la pérdida de uno de sus familiares, sean trasladados a una cárcel común, fuera de Coca, en un ambiente adverso y desconocido. La Fundación Labaka no tiene nada que ver con decisiones judiciales que además, rechaza y nuestra Casa Albergue no es un centro de reclusión. Instamos, una vez más, a las autoridades a que investiguen los problemas a fondo y que se sancione a traficantes de armas que encienden la mecha de la violencia entre los Waorani, de la misma manera que lo solicitamos en el 2013 y en años anteriores. Instamos también a las autoridades y a los Waorani a que cumplan con los compromisos que han firmado en aras de iniciar un proceso de paz y terminar con esta trágica y silenciosa guerra en nuestra casa común, la selva ecuatoriana.
Francisco de Orellana, 17 de febrero de 2016