¿Se trabaja demasiado en República Dominicana?

Franklin Vásquez fevro@hotmail.com

Recientemente, el Congreso de la República de Chile aprobó un proyecto de ley que reduce la cantidad de horas a la semana que trabajan los empleados de ese país de 45 a 40. Según Pasquali (2023), con esta propuesta “se prevé una disminución gradual de la carga laboral en un plazo de cinco años sin reducción de la remuneración, y también contempla la posibilidad de trabajar cuatro días por semana”. A raíz de esto, se ha abierto un amplio debate sobre las horas laborales semanales promedio que se trabajan en diferentes países de América Latina, así como en relación al porcentaje de trabajadores que tienen una jornada laboral extendida. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citados por Pasquali, El Salvador es el país en donde más horas laborales se trabajan, con 43.4, seguido de México y Uruguay con 42.1, respectivamente. Así también, los trabajadores colombianos laboran, en promedio, 41.7 horas semanales, mientras que los empleados cubanos laboran unas 41 horas semanales. Los países en donde menos horas semanales se trabaja son: Panamá con 34.1, Ecuador (34.5) y Argentina con 34.6. El promedio general de horas semanales laborales de los trabajadores de 15 países de América Latina era

Carta Al Director

de 38.6. Ahora bien, el hecho de que se estime una cantidad de horas semanales promedio, no implica que no existan trabajadores que superen esos niveles, sobretodo dependiendo de los sectores productivos en donde se desempeñen y del nivel de competitividad que pueda existir entre las empresas. Por ejemplo, el 35% de los trabajadores bolivianos superan las 49 horas de trabajo semanales, en tanto que el 33% de los hondureños estaban también en ese mismo nivel. En ese mismo sentido, el 32% de los empleados salvadoreños también superaban las 49 horas semanales de trabajo, y lo mismo hacían el 31% de los peruanos, el 27% de los mexicanos y el 14% de los trabajadores ecuatorianos. En donde menos horas de trabajo excesivas se labora es en Panamá y Venezuela, con solo el 9% de los trabajadores, respectivamente.

En el caso dominicano, y aun cuando la OIT estima que se trabajan 38.5 horas semanales, un poco menos que el promedio de la región, lo cierto es que en el Código de Trabajo se establece que la “jornada de trabajo es de 44 horas semanales, divididas preferiblemente en cinco días laborales de ocho horas cada uno, cuatro horas el día sábado con una jornada hasta el mediodía, y el día domingo libre”. Sin embargo, independientemente de estos datos, las empresas, en sentido general, y en cualquier país de que se trate, tienen su propia dinámica y llegan a acuerdos con sus trabajadores en relación a la jornada laboral; y esto se hizo mucho más evidente con la llegada de la Pandemia del Covid-19 y, más específicamente, con la aparición del trabajo remoto. Otro elemento a destacar aquí es que lo importante no es la jseverino@eldinero.com.do

La nueva tarjeta inclusiva del BR

Señor director, queremos informarle que nuestro Banco de Reservas lanzará, junto a Mastercard, los primeros plásticos táctiles en el Caribe, para su tarjeta de débito standard y crédito standard multimoneda, que contará con un sistema de hendiduras en el lateral derecho, lo cual permitirá al usuario identificar la tarjeta sólo con el tacto.

Destacamos que con la introducción de la tecnología Touch Card de Mastercard, Banreservas innova a nivel de diseño, ofreciendo una opción de pago segura que mejora la experiencia y promueve la auto- nomía financiera de los clientes con discapacidad visual. cantidad de horas semanales que se labore, sino el nivel de productividad que se pueda alcanzar. En efecto, Alemania ha ido disminuyendo la cantidad de horas promedio semanales que trabajan sus asalariados, sin embargo, su productividad es una de las mayores del mundo. Finalmente, aunque este es un debate interesante, debe quedar claro que el hecho que los trabajadores de un país laboren una mayor o menor cantidad de horas a la semana que otro, eso no significa que tienen mejor o peor calidad de vida, ni tampoco que tienen mayor ni menor remuneración salarial. De lo que sí deberíamos asegurarnos es que con la cantidad de horas semanales laboradas por una persona, en cualquier parte del mundo, esta pueda adquirir los bienes y servicios que le son necesarios para vivir con dignidad. renovable, la que no daña el medio ambiente y la que, a la larga, sale menos gravosa para los bolsillos de los usuarios.

Esta institución financiera precisa que la accesibilidad e inclusión financiera de sus más de 2,600 clientes con discapacidad visual son derechos fundamentales de todas las personas y un compromiso que asume Banreservas y Mastercard con esta nueva oferta para el mercado local.

Solar 72, eólica 13 y la hídrica 8, bien de bien.

BanrEsErvas

Este periódico ha llevado a cabo un sondeo entre sus lectores, a quienes se les ha preguntado cuál tipo de energía consideran debería dársele prioridad como política de Estado. Sus respuestas han sido claras. Prefieren la energía

Los datos establecen que al menos un 72% de los que respondieron consideran que la energía solar debería dársele prioridad en las políticas públicas relacionadas con el sector. Un 13% entiende que en la eólica y un 8% en la hídrica hay un gran potencial. En todo caso, lo que estos datos nos dejan dicho, aunque sin rigor científico, es que existe un interés de la gente en que se proteja el medio ambiente. Esto es positivo y sólo se espera que estas señales sean bien valoradas por los que toman decisiones.

La Escuela Econ Mica

Esteban Delgado edelgadoq@gmail.com

Los atrasos en depósitos de Supérate, ¿se pagan después?

Asu llegada al poder, el presidente Luis Abinader decidió duplicar la cantidad de beneficiarios y el monto a depositar a los tenedores de la tarjeta Solidaridad, que ahora se llama Supérate. Son 1,600,000 hogares pobres que reciben cada mes una partida de 1,650 pesos.

Pero, contrario a lo que ocurría en la gestión gubernamental pasada, cuando se pagaban 825 pesos mensuales a 800,000 beneficiarios, ahora se producen constantes atrasos, con casos de personas que reportan hasta tres meses sin que les depositen o acrediten el valor prometido de parte de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Esos atrasos no son por falta de dinero, pues cada mes la Dirección General de Presupuesto (Digepres) autoriza los libramientos correspondientes, a los fines de que no se produzcan situaciones de inconformidad por parte de los beneficiarios.

Aun así, las autoridades del denominado Gabinete Social se atrasan constantemente y las quejas de muchos beneficiarios no se hacen esperar. La pregunta es: Cuando se producen esos atrasos, ¿luego la Adess y el Siuben les pagan los meses faltantes en forma acumulada o no?

En caso de una respuesta positiva, sería bueno hacer las consultas de lugar con las personas que han sufrido esos atrasos, a ver si es verdad que les reponen los meses en atraso. En caso de una respuesta negativa, entonces tanto la Adess como el Siuben deberían explicar qué pasa con ese dinero, toda vez que no hay constancia de que sea devuelto al erario cuando están esos atrasos.

Esto plantea otro problema, el cual es más de carácter político que económico y de transparencia administrativa. Se trata de que los gobernantes acostumbran a mantener estos subsidios sociales con la segunda intención de que los beneficiarios, de estratos sociales pobres, sientan que tienen una deuda de gratitud con el presidente de turno y así recibir el agradecimiento en forma de votos cuando hay elecciones presidenciales.

Pero si los atrasos en los pagos son constantes y no se tiene la seguridad de que les van a reponer los montos dejados de entregar en determinado mes o determinados meses, entonces la actitud de los beneficiarios sería de rechazo en lugar de agradecimiento y puede que no devuelvan con votos los recursos que deberían recibir en cada acreditación mensual en la tarjeta Supérate.

Econolegales

Jaime M. Senior Fernández jsenior@headrick.com.do

Replantear el anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Recientemente, las autoridades del Gabinete Social decidieron volver a contratar la compra de tarjetas electrónicas con sistema de chip en lugar de banda magnética como medida de seguridad, pues se han detectado muchos fraudes y desvíos de los recursos, la mayoría de los cuales no son reportados ni dados a conocer para evitar mayores escándalos de los que se han producido en esa área.

Digo “decidieron volver” a contratar estas tarjetas, porque en la gestión gubernamental pasada las tarjetas vigentes tenían esos sistemas de seguridad, con la identificación de nombre y de número de cédula de cada beneficiario.

Sin embargo, a la llegada de las nuevas autoridades, ese sistema de seguridad fue descontinuado y comenzaron a distribuir tarjetas con aspecto genérico, sin los más mínimos sistemas de seguridad, lo cual provocó los desvíos de cientos y hasta miles de millones de pesos, cuyo paradero aún es desconocido, mientras las autoridades del Gabinete Social (Adess y Siuben) guardan silencio, en procura de no sufrir un “calentón” mediático que acabe con su destitución, o lo que es lo mismo, solicitud forzosa de una licencia del puesto.

Sería bueno que las autoridades de la Contraloría General de la República le presten más atención a la forma como se distribuyen los miles de millones de pesos que cada mes el Gobierno destina para la ayuda social a los 1,600,000 beneficiarios, pues de esa forma se evitarían posibles situaciones de falta de transparencia y se evitarían posibles actos de corrupción, ya sean con complicidad o no de autoridades vinculadas.

El esfuerzo fiscal que pesa sobre cada uno de los contribuyentes es muy elevado para la ubicación de esos recursos que deberían ir a manos de familias pobres y no de posibles “vivos” que tal vez, solo tal vez, estarían haciendo maniobras para desviar una parte cuando se producen los llamados “atrasos de pago”, sin que se sepa de la reposición o simplemente se sigan pagando los meses por venir y dejando los pendientes así: pendientes.

De cara a una posible reforma fiscal en el año 2024, uno de los temas que más urge plantear y ponderar es el anticipo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se emplea en nuestro país. El anticipo es uno de los mecanismos tributarios más lesivos para la actividad económica nacional, y su eliminación sería un importante alivio para el sector productivo; además, incentivaría la actividad emprendedora.

El ISR es un tributo anual, que usualmente se liquida en los primeros meses del año (empresas pueden tener cierres fiscales en distintos trimestres, pero la vasta mayoría cierra el 31 de diciembre). El pago del ISR al inicio del año es una importante fuente de ingresos para el Estado dominicano, pero ha sido desvirtuado por el anticipo.

Se trata, como bien lo indica su nombre, de una estimación del ISR que debería ser pagado en el año por una sociedad comercial, el cual es liquidado por anticipado por el contribuyente en partidas distribuidas durante el transcurso de los 12 meses siguientes. El efecto de esto para el Estado es que percibe los ingresos por concepto del ISR durante el año anterior, y al momento de liquidar el ISR, solo se paga la diferencia (si la hubiere; en caso de ser negativa, es un crédito fiscal a favor del contribuyente) entre el anticipo y el ISR real del año.

Para el Estado, el anticipo tiene dos grandes ventajas. La primera es que sirve como forma de reducir la percibida evasión fiscal, pues es una forma de obligar a liquidar el ISR de manera continua durante un año. La segunda ventaja es que le provee recursos económicos constantes al Estado, sin tener

Observaciones

que recurrir al pago de intereses (es decir, endeudamiento) por los mismos.

Sin embargo, la otra cara de la moneda respecto al anticipo es que es un impuesto doble a las empresas: primero, deben retirar efectivo de sus flujos o hasta endeudarse para pagar este impuesto de manera anticipada, y como segundo elemento, esto tiene la consecuencia de que limita el crecimiento del negocio, precisamente, porque se le está retirando este dinero. Igualmente, en muchos casos, por un año en que un negocio haya tenido una ganancia extraordinaria, puede aumentar de manera desproporcionada el anticipo para el año siguiente.

En este sentido, para un emprendimiento -que por definición conlleva el alto riesgo y lanzar un negocio- el anticipo drena el poco efectivo que pudiera tener, limita su capacidad de crecimiento y hasta potencialmente lo puede llevar a fallar en su iniciativa. Es una de las razones por las cuales muchas personas resisten el llamado a formalizarse, pues solo ven estas cargas innecesarias, y no los beneficios de ser un negocio formal.

Algunos dirán que el anticipo tiene una ventaja para los negocios, pues evita tener que hacer un gran pago del ISR una vez el año, distribuyendo la totalidad o una parte importante de ese impacto en el transcurso del período fiscal. Pero para la mayoría de las empresas es una carga mensual que drena su habilidad de invertir en el negocio y pone en riesgo su crecimiento, por lo que se debe replantear de cara a una reforma fiscal, máxime que las razones de mantenerlo ya se han ido reduciendo en el tiempo.

El autor Es abogado

Manual de procedimiento

Es posible que usted conozca a alguien que haya actuado de buena fe para resolver una situación en una empresa y que, luego de la investigación correspondiente, los directivos hayan decidido desvincularlo, en lugar de felicitarlo o ascenderlo.

La razón es que, posiblemente, ese empleado, bien intencionado, actuó fuera de lo que se conoce como el "manual de procedimiento", lo cual conlleva un riesgo, pues así como se resolvió el problema, pudo haber empeorado.

Es preferible, incluso, que el empleado haga uso fiel y efectivo del manual de procedimiento, aunque el resultado sea un fracaso. De esa forma, tras la investigación, los directivos decidirán dejarlo en sus funciones y procederán a revisar el manual para evitar que vuelva a fallar en el resultado esperado.

Es como cuando se dice que hay leyes injustas. Es posible, pero es la ley y hay que cumplirla. El manual de procedimiento es lo adecuado, no la acción improvisada, aunque bien intencionada.

• hngcortinas@gmail