Proyecto financiado por la Unión Europea apoyará la protección educativa y las oportunidades de empleo de venezolanos en Perú y Ecuador

El fondo de subvenciones Vivir con Dignidad, financiado con fondos europeos, ha concedido 2 millones de euros (US$2.3 millones) a un consorcio de organizaciones que trabajan en un proyecto para reconstruir las oportunidades de educación y empleo para los venezolanos desplazados en situación de riesgo, al tiempo que reduce la discriminación contra las personas afectadas por el desplazamiento en el sur de Ecuador y el norte de Perú.

En Ecuador, el ingreso mensual promedio de las familias venezolanas apenas roza los 50 dólares, por debajo de la línea nacional de pobreza extrema. En Perú, el 94% de los migrantes trabajan en el sector informal y menos de la mitad ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Estas condiciones conducen a altas tasas de deserción escolar entre los hijos de familias migrantes.

Sin acceso a trabajo decente, seguridad social, atención médica, educación o seguro de desempleo, las mujeres venezolanas y los miembros de la comunidad LGBTQI+ en particular son extremadamente vulnerables a la trata de personas y a la explotación y abuso sexual por parte de bandas criminales. Al mismo tiempo, los discursos políticos y mediáticos discriminatorios en estas regiones han estado alimentando brotes violentos de intolerancia con- tra los venezolanos.

El proyecto busca apoyar la educación, formación y empleabilidad de los venezolanos en las regiones de Piura, Lambayueque y La Libertad en el norte de Perú, y en las provincias de Guayas y Azuay en el sur del Ecuador. El proyecto tratará de garantizar el acceso de los jóvenes a la educación básica regular y abrir la puerta a la educación universitaria. El proyecto desarrollará medios de vida, certificará las habilidades existentes, ofrecerá capacitación técnica e incubará nuevas iniciativas económicas. Por último, el proyecto formará a autoridades, proveedores de servicios y profesores para facilitar la entrada o reinserción de los jóvenes afectados por el desplazamiento en el sistema educativo.

El proyecto se ejecuta en asociación entre cinco socios nacionales e internacionales: ChildFund International, We World Perú, UNESCO Perú, IDEHPUCP Perú y la Universidad del Azuay en Ecuador. Puedes conocer más sobre el proyecto aquí.

La Unión Europea creó el fondo de subvenciones Vivir con Dignidad en 2020 para promover enfoques y soluciones orientados al desarrollo para crisis de desplazamiento nue- vas, recurrentes y prolongadas. El mecanismo financia proyectos innovadores que apoyan la resiliencia de las comunidades y empoderan a sus miembros a través de medios de vida y servicios básicos, marcando una diferencia concreta en las vidas de las personas afectadas por el desplazamiento.

Este proyecto es parte de un impulso regional más amplio

De ellas, el 42% afirmó haber sufrido violencia sexual, según un estudio r eferencial de ACNUR y HIAS.

América Latina es una de las regiones del mundo más inseguras para las mujeres y con altos niveles de violencia de género, situación que empeora en contexto de desplazamiento forzado. Según un estudio referencial de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y HIAS, las mujeres refugiadas son gravemente afectadas por la violencia sexual, inclusive por encima de la media de Ecuador.

El acoso, las violaciones, intimidaciones, uso de la fuerza y la coerción son constantes durante su trayecto o en los primeros meses después de su llegada al país de des- tino, particularmente cuando no cuentan con un lugar seguro o una red de apoyo. El 51 por ciento de las mujeres entrevistadas para el estudio mencionaron haberse sentido inseguras durante el recorrido, mientras que un alarmante 42 por ciento afirmó haber sufrido violencia sexual durante el trayecto, incluyendo acoso o insinuaciones sexuales no deseadas.

“La violencia de género es un flagelo lamentable y desafortunadamente arraigado que no debería tener lugar en ningún contexto ni bajo ninguna circunstancia”, dijo

Giovanni Bassu, representante de ACNUR en Ecuador. “Aunque afecta a todas las mujeres y niñas en general, el impacto es aún mayor en un contexto de desplazamiento forzado en el que abundan la discriminación, hipersexualización de los cuerpos de las mujeres refugiadas y otros factores que aumentan aún más los riesgos para ellas.”

Ecuador es hogar de más de medio millón de personas en movilidad humana, alrededor de la mitad son mujeres y niñas, según cifras de ACNUR y estimaciones del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM). En las comunidades de acogida, las mujeres refugiadas comparten con mujeres locales situaciones de pobreza, barreras en el acceso al trabajo, a vivienda, y a servicios de salud física y mental, entre otros. La condición de permanencia irregular en muchos casos pone obstáculos adicionales para acceder a medios de vida y a acceder a información y servicios de protección. Estas dificultades son aún mayores para mujeres con una orientación sexual o identidad de género diversa.

“Falta mucho más por hacer para que no persista la resignación ante la violencia de género,” dijo Maricela Parra, directora nacional de HIAS en Ecuador. “Las organizaciones y entidades de base debemos seguir trabajando para prevenir y mitigar el de la UE y otros donantes internacionales para responder a la crisis de desplazamiento de Venezuela, una de las más grandes del mundo. La Unión Europea y Canadá coorganizan en colaboración con socios la Conferencia Internacional 2023 en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida en formato híbrido los días 16 y 17 de marzo de 2023. impacto de la violencia de género mientras aumenta la confianza de las sobrevivientes en la respuesta y servicios disponibles.”

ACNUR y HIAS, en colaboración con entidades del Estado y socios, llevan a cabo programas de prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género que permita visibilizar y atender las necesidades de las mujeres, independientemente de su nacionalidad, en todo país. Esto incluye escuchar las propuestas y mecanismos de protección identificados por las mujeres mismas. Según el informe, las mujeres encuestadas identificaron generar mecanismos de alerta temprana, sensibilizar a los hombres, integración cultural, difusión de información de respuesta y campañas de sensibilización, entre otras propuestas.

Esta información deriva del informe ‘Nuestro derecho a la seguridad: Capítulo Ecuador’, parte del informe regional con el mismo nombre, que en el país andino se llevó a cabo a través de entrevistas aleatorias y en profundidad con 115 mujeres mayores de 18 años en tránsito y con vocación de permanencia, incluyendo aquellas que han sido sobrevivientes de violencia de género. Además, el informe involucró conversaciones con hombres para obtener sus perspectivas sobre los roles de género y la violencia; y entrevistas a informantes clave.