Canciller de Ecuador niega que hubo disposición para entregar salvoconducto a María Duarte

Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, dijo este miércoles 15 de marzo del 2023 que comparecerá ante la Comisión de Fiscalización para hablar sobre la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte. La sesión legislativa está prevista para las 14:00.

La Comisión es presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio. Los convocados para informar sobre la huida de Duarte de la Embajada argentina en Quito, además de Holguín, son el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas.

Villavicencio sospecha que existe un acuerdo entre el partido oficialista Creo y el correísmo de Unes para evitar el juicio político contra Guillermo Lasso, cuya solicitud aún no se presenta. “Para mí, esta fuga huele a pacto”, resaltó. El legislador cree que ese supuesto acuerdo “viene operando desde la liberación de Jorge Glas (exvicepresidente)”.

Holguín irá a la Comisión. “Sabré ahí cuáles son los detalles de su hipótesis. Puedo hablar como funcionario, en este momento, en la Cancillería. No he tenido, absolutamente, ninguna disposición que no sea la de negar el salvoconducto de manera enfática, determinante, como ha sido público”, aseguró en Ecuavisa.

Para el Canciller, se puede tener cualquier hipótesis, pero los hechos hablan por sí solos. Recordó que hubo antes un intento de juicio político en su contra por el caso de Duarte. “Se llegó a mencionar en los corredores de la Asamblea que, si se daba el salvoconducto, se quitaban los juicios políticos”. Ecuador negó ese permiso a la exministra del correísmo en el 2022. Aseguró que se actuó con firmeza.

La Cancillería argentina aduce que la “inoperancia de las autoridades ecuatorianas” permitió la salida de Duarte. Holguín mencionó que en el mejor de los casos hubo una falta de la debida diligencia en el cuidado de la exministra. “En el peor de los casos, hubo complicidad en su fuga”, sostuvo.

Descarta persecución política a Duarte

El caso de Duarte “era vital para (Rafael) Correa”, se exigía un salvoconducto porque “querían demostrar que existía persecución política en Ecuador”, según el Canciller. Enfatizó en que en el país no hay tal, pero hay “libertad política”.

Holguín explicó que la exfuncionaria es prófuga de la justicia y el asilo que le entregó Argentina no tenía relación con el caso Sobornos, por el que se le sentenció, sino con temas humanitarios por supuestas afectaciones a su salud y la de su hijo.

El funcionario justificó que el artículo 3 de la Convención de Caracas impide entregar un salvoconducto a una persona sentenciada por delitos comunes.

Caso en la CIDH

Los organismos internacionales no pueden permitir actos que burlen las normales acciones que deberían darse y generen sentimiento de impunidad, sostuvo el Canciller respecto a la pronunciamiento que emita el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Stuardo Ralón, relator para Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a que Argentina brinde al país andino “toda la información y colaboración, a efecto de establecer las circunstancias del escape de una persona para evadir el cumplimento de una sentencia por corrupción”.

Dijo que la impunidad es condenable ya que guarda relación con la violación de De- rechos Humanos.

Fausto Olivo, director General de Investigaciones de la Policía Nacional, expresó en radio Sucesos que continúa la investigación para verificar cuándo salió Duarte de la Embajada.

El oficial recordó que hace dos años ya se solicitó una difusión roja a la Interpol para Duarte, fue negada y normalmente la Policía Internacional no vuelve a levantar una alerta. Pero hay otros campos de investigación por efectuar, destacó.

La Policía de Ecuador envió una petición a la Interpol y a países de la región remitir los posibles movimientos de la exministra. Hasta las 09:00 de este 15 de marzo no había respuesta oficial.

Casi inmediatamente al pedido de desvinculación de los generales de la Policía Geovanny Ponce y Mauro Vargas hecha, la tarde del martes último, por el presidente Guillermo Lasso, los oficiales involucrados presentaron una solicitud de baja de las filas institucionales. Actualmente Ponce ocupaba el cargo de coordinador Administrativo Financiero, mientras que Vargas se mantenía como inspector general de la Policía.

Quien confirmó el hecho fue el comandante de la Policía, general Fausto Salinas, en una entrevista en el noticiero de radio La Poderosa, de Quito. “Hay unos audios que han sido publicados por un medio de comunicación, eso sin duda implica algunas reacciones y la primera reacción del presidente (Guillermo Lasso), el cual él ha pedido la disponibilidad de los generales. Nos hemos reunido con ellos, hemos hablado y ellos ya han presentado su solicitud de baja para que sea ejecutada en el menor tiempo posible”.

Los audios filtrados a los que se refiere Salinas tienen que ver con los publicados por el medio digital La Posta, los cuales estarían relacionados a la investigación policial León de Troya, que habla de una supuesta operación narcodelictiva de la mafia albanesa en Ecuador. Los hoy generales Ponce y Vargas, junto a la entonces comandante general Tannya Varela, serían parte de esos audios filtrados en los que se estaría hablando de la posibilidad de archivar la investigación.

Respecto a los audios y su contenido, el presidente Lasso, mediante un comunicado, reiteró que nunca ordenó que se archive investigación alguna y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicada en forma reservada. Aclaró que si esa investigación, en relación al caso León de Troya, luego fue considerada sin méritos, en esa decisión no tuvo nada que ver el presidente de la República.

El primer mandatario, durante una actividad en Cuenca la mañana de este miércoles, manifestó que pidió la separación de los dos generales, debido a que ambos no habrían actuado de acuerdo a como debían hacerlo. Al ser consultado por la presnsa sobre si los dos oficiales iban a ser investigados por las denuncias existentes, Lasso respondió que la Fiscalía es la que debe actuar, ya que ese es el procedimiento que corresponde.

Según el general Salinas, en este caso se ha actuado como se debía y ya los oficiales han presentado la disponibilidad. Con esto, explicó, al presentarse la disponibilidad en el ámbito disciplinario interno policial ya no podría tomarse ninguna acción, pues la máxima pena dentro del ámbito interno es la baja, situación que en este caso “ya no sería necesaria”.

“Las verdades procesales son las que deben marcar la tendencia, no un hecho aislado, un contexto que se trata de poner. (…) No tiene ningún objetivo en este momento (una investigación interna), porque han presentado su disponibilidad y quedan fuera de la institución. Ya en otro ámbito, si es que existe alguna investigación, luego de un proceso, luego de agotar todas las pruebas de cargo y descargo, habrá una verdad procesal y esa verdad procesal tendrá que respetarse”, acotó Salinas.

El comandante general de la Policía reconoció que la institución que dirige está en la línea de mira de varios estamentos del Estado. A su decir, hay quienes hacen reclamos justos, pero también cree que hay otros quienes buscan atacar a la Policía para debilitarla y que no sea contundente en la lucha contra algunas organizaciones criminales o intereses de poder de algunas personas. “Eso hay que tenerlo muy claro”, indicó.