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marzo de 2019 EL NORTE DE CASTILLA
Cuatro décadas de municipalismo en Castilla y León
ACTORES DE CONVIVENCIA Y BIENESTAR
HORA DE REORDENAR EL MAPA LOCAL
Ángel Ibáñez Presidente de las Cortes de Castilla y León
C
uarenta años de la normalización democrática y la vertebración política en nuestra comunidad, un aniversario que invita a la reflexión, a echar la vista atrás para celebrar la etapa de mayor progreso social y económico que nos ha permitido escribir la historia de Castilla y León sobre los pilares de la convivencia y la libertad. Una región que sin duda configura gran parte de la realidad esencial de España, con una extensión, complejidad y características propias que dotan a esta tierra de un espacio único marcado por la historia, la lengua, el patrimonio histórico, artístico y natural. Y en esta etapa de progreso, protagonizada por la modernización social e institucional, nos encontramos ante el presente y los retos del territorio, construido por sus nueve provincias, 2.248 municipios, donde diputaciones y ayuntamientos generan oportunidades y crean un sentimiento de pertenencia provincial y regional imprescindible. En esta realidad territorial es donde encontramos la importancia vital del municipalismo, capaz de tejer una red que nos ampare a todos. Es precisamente el municipalismo el principal actor en la convivencia y bienestar de los ciudadanos. Considerado dentro del Estado como la base de la democracia y garante de la atención y cercanía que demandan los castellanos y leoneses. Las Cortes de Castilla y León recogen la esencia de esa cercanía para trasladar a la vida de los ciudadanos las mejoras y estabilidad necesarias. La Institución nos representa a todos y por tanto es nuestro fiel reflejo ante los retos que nos demandan el presente y el futuro. No somos ajenos a ello, el mundo rural necesita más que nunca un impulso que solo puede lograrse a través de la puesta en marcha de nuevas iniciativas legislativas que amparen sus necesidades, de propuestas que nazcan del consenso por el bien común y de un diálogo constante donde encontremos la manera de garantizar el estado del bienestar. También grandes retos que pasan por legislar para garantizar los grandes servicios públicos que son el pilar de una sociedad plena: sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia. Sin dejar tampoco atrás aquellas necesidades que surgen de los nuevos servicios, como el transporte, el acceso a las nuevas tecnologías... El espíritu de diálogo y concordia que promueve nuestra Constitución,
refrendado por un Estatuto de Autonomía que recoge y asume nuestra existencia territorial, supone el epicentro del parlamentarismo. El parlamentarismo que es, sin duda, la seña de identidad de Castilla y León, un espacio de encuentro y debate, representado por la pluralidad política que bajo un clima de normalidad democrática permite la mejora de los servicios y la respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos. Las Cortes de Castilla y León, con su capacidad de legislar, es la institución que verdaderamente marca la existencia de una autonomía política real y plena en nuestra Comunidad. En esta realidad es donde los ayuntamientos encuentran un espacio de representación eficaz, que en muchas ocasiones es el nexo de unión entre el ciudadano y el espacio legislativo que da respuesta a sus demandas a través de la puesta en marcha de iniciativas y leyes. El presente de Castilla y León se configura así a través del órgano legislativo, donde con la voluntad política y el diálogo encontramos la verdadera esencia de la democracia. No podemos obviar que a lo largo de esta IX legislatura que va tocando a su fin, Las Cortes de Castilla y León a través de sus diversos órganos en las que se configuran, han debatido centenares de iniciativas en las que los municipios han sido los auténticos protagonistas. Propuestas en materia de infraestructuras, servicios sanitarios, educación, servicios sociales, cultura, patrimonio, deporte, líneas de ayuda, medio ambiente y un largo etcétera de cuestiones de toda índole, han permitido desarrollar esa labor de impulso al Gobierno que también le corresponde a Las Cortes, que en buena medida ha significado mejoras para muchas localidades de nuestra tierra y que sin duda acredita de modo fehaciente ese compromiso permanente con el municipalismo y con el avance de nuestros pueblos y ciudades. No podríamos entender la construcción de una autonomía como la nuestra sin reflexionar, por tanto, sobre el municipalismo. Los ayuntamientos como entes con personalidad propia son la representación más próxima y legítima de las demandas de los ciudadanos. Sus 40 años a la luz de las primeras elecciones democráticas nos impulsan para confiar en esta forma de atención y cercanía a los ciudadanos como la mejor garantía de la estabilidad en el territorio, para ofrecer un futuro basado en la mejora continua por el bien de Castilla y León.
Virginia Barcones Delegada del Gobierno en Castilla y León
L
a historia de España no se concibe sin los ayuntamientos y mucho menos, su actual configuración administrativa. La vertebración territorial siempre ha sido objeto de debate, y lo sigue siendo, pero la función articuladora de la convivencia del mundo local nunca ha sido puesta en tela de juicio. No es ningún tópico definir un Ayuntamiento como la entidad más cercana a los ciudadanos, la que les ofrece servicios esenciales, incluso algunos que competen a otras administraciones. Los primeros ayuntamientos democráticos se formaron en torno al artículo 140 de la Constitución española que reconoce la autonomía política de los municipios y los erige en instituciones representativas elegidas democráticamente. El 3 de abril de 1979, todavía no se había diluido la división provincial de 1833 que dio nombre, pero no función jurisdiccional, a las regiones de Castilla la Vieja y León. Las provincias que componen la actual comunidad autónoma de Castilla y León eligieron entonces 2.368 alcaldes, después de treinta intensos días de campaña electoral cargados de ilusión en un país con las ventanas abiertas para que entrase en las casas y en las instituciones el viento fresco de la libertad. Pese a todo, la participación en los comicios no fue muy alta: el 62,5% en España; el 60,9% en la media de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Desde aquellos años de la templanza y el consenso hasta nuestros días, todas las instituciones han sufrido momentos de deterioro de su imagen pública. La que se ha producido con ocasión de la última crisis económica ha sido la más ardua. En el caso de los ayuntamientos ha sido inducida por quienes han querido, sin éxito, cortarles las alas con una reforma local recentralizadora. Sin embargo, los municipios han mantenido intacta, en la mayor parte de los casos, su impronta de administración comprometida, útil y resolutiva. Soy secretaria-interventora y me defino como municipalista convencida. Sé de la importancia que tienen los ayuntamientos para proporcionar bienestar a sus vecinos y vecinas. Y también sé de la escasez de recursos con que cuentan para conseguirlo, sobre todo esos a los que antes me refería, los medianos y pequeños. Castilla y León se organiza en 2.248 municipios, el 27,7 % de los que hay en España. Es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma que más entidades locales tiene y también la que cuenta con los municipios menos habitados.
Siendo como es la despoblación nuestra principal amenaza, no es extraño pensar que empieza a ser obligatoria una reordenación del mapa local. Pero no significa que haya que dejar que se produzca la desaparición por selección natural de nuestros pueblos con menos población. Hay que coadyuvar desde las instituciones a que la cooperación supramunicipal fortalezca la cobertura de servicios en municipios mancomunados que pueden tener como base, siempre que sea posible, las comarcas. Ya han hecho un gran trabajo en esta dirección los municipios de Castilla y León, donde contamos con 244 mancomunidades, el 24,9% de las que hay en España . Los medios de transporte público son esenciales para facilitar el acceso con la mayor rapidez posible a esos servicios. Y hay que modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Este Gobierno de España inició el proceso para que la reforma de esta Ley contemplara de forma expresa las singularidades de los municipios de población reducida, como ya contempla las de los municipios de gran población. Estábamos creando, bajo mi coordinación, un grupo de trabajo con este fin. Era uno de los cinco grupos que comenzaron a analizar las posibles reformas que había que introducir en la Ley para adecuarla a la realidad actual de las entidades locales españolas. Soy consciente de que la legislación actual no recoge las peculiaridades de los municipios de población reducida y es fundamental que, por primera vez, la Ley de Bases de Régimen Local asuma y regule de forma específica el ejercicio de la actividad de las entidades locales con menos población con criterios de proporcionalidad, porque no pueden funcionar con las mismas exigencias que las más grandes. El objetivo es garantizar la pervivencia de estos municipios que son la inmensa mayoría de los de Castilla y León. Han pasado ya 40 años en los que nuestros ayuntamientos se han afanado en llegar donde no llegaban, o no querían llegar otras administraciones, con el único afán de solucionar los problemas de la vida cotidiana de sus habitantes. La efeméride que celebramos debe servir para concienciarnos de que la pervivencia de nuestro Estado del Bienestar pasa por la acción de hombres y mujeres de una impresionante valía política, en los que se resume la vocación de servicio público altruista. Son los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que han contribuido en este tiempo a consolidar nuestra sistema democrático, haciendo de los ayuntamientos espacios de participación y escuelas de ciudadanía.