Escuela de democracia
C ENRIQUE BERZAL
Historiador
uando en plena Transición a la democracia se abrió el debate territorial y las regiones consideradas «históricas» demandaron la autonomía política esgrimiendo el alto nivel de autogobierno conseguido durante la Segunda República, en Castilla y León circuló un documento inédito que trataba de legitimar las demandas regionalistas aduciendo, curiosamente, la precocidad de la participación política ciudadana. El documento en cuestión, fechado seguramente en 1976, rebuscaba en el pasado medieval para tratar de demostrar la existencia de una comunidad a salvo del feudalismo, con dominio del concejo abierto, federalizante y democrático, incluso libertario, donde las libertades democráticas eran su patrimonio más relevante y cuya aportación histórica a la configuración de la nación española salvaguardaba su unidad y la solidaridad entre los pueblos. Aunque se trata de una mitificación exagerada y anacrónica, no cabe duda de que el mito de un municipio medieval caracterizado por su precoz naturaleza democrática ha persistido hasta nuestros días. Los mitos remiten a relatos legendarios, a menudo fantasiosos, que, sin embargo, contribuyen a reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad que se siente heredera de un legado que considera necesario preservar. El caso que nos ocupa, como ha demostrado el profesor Pedro Carasa, no extraía sus conclusiones de la nada. En efecto, los historiadores explican cómo en época medieval los nacientes municipios de la meseta castellana se erigieron no solo en un eficaz instrumento para repoblar amplias zonas creando así villas y aldeas, sino también en el núcleo de importantes ciudades que comenzaron a disfrutar –vía concesión real– de libertades que hasta ese momento eran impensables para una población sujeta a la opresión señorial. Cuando escritores y poetas románticos cantan las virtudes añoradas de una democracia municipal cas-
tellana de raíces medievales, lo hacen influidos sin duda por un hecho clave: la voluntad de la Corona de conceder determinadas libertades a las ciudades no precisamente para instaurar un sistema democrático, sino para atraerse la voluntad de sus habitantes en detrimento de los poderosos estamentos nobiliarios. Esa fue la razón de que los reyes concedieran fueros, exenciones, privilegios y franquicias, incluso que ampliaran la representación ciudadana en Cortes con objeto de frenar a la poderosa oligarquía nobiliaria. Pero no nos hagamos ilusiones. Aquel esbozo de mayor participación política fue enseguida estrangulado por las propias dinámicas internas de
«Las elecciones municipales de 1979 trajeron la primera democratización efectiva de los Ayuntamientos y estos se erigieron en el escenario más idóneo para practicar la democracia en España» la sociedad y del ejercicio del poder en la Baja Edad Media: la estructura rígidamente estamental, las diferencias de riqueza entre los ciudadanos y, sobre todo, la pretensión de la Corona de reforzar su poder en detrimento de la autonomía municipal. Desde el siglo XV asistimos así a un avance irrefrenable del absolutismo y a un acusado proceso de centrali-
zación del poder, característicos del Antiguo Régimen, que estrechan su cerco sobre unos municipios cada vez más ahogados por desorbitadas cargas fiscales y por la pésima gestión económica de la oligarquía. Tortuoso y difícil fue, por tanto, el camino hacia la democratización efectiva de los municipios, toda vez que el Estado liberal, a partir de principios del siglo XIX, concibió los Ayuntamientos como un mero trasunto del poder central. Aun así, estudios como los liderados por Carasa han demostrado la importancia de los efímeros, pero altamente significativos, periodos de mayor participación municipal, como fueron el Sexenio Revolucionario y, más aún, la Segunda República, que no por casualidad fue proclamada en España después de unas elecciones municipales –12 de abril de 1931– claramente contrarias a los intereses de la Monarquía. Si durante el siglo XIX los Ayuntamientos fueron lugares privilegiados en los que la ciudadanía aprendió a participar en los asuntos públicos, constituyendo incluso la cuna originaria de muchas elites políticas, con el regreso de la democracia su papel en ese sentido fue decisivo. De modo que las primeras elecciones municipales, celebradas en abril de 1979, trajeron consigo la primera democratización efectiva de los Ayuntamientos y estos se erigieron, sin duda, en el escenario más idóneo para practicar la democracia en España.
| Memoria Viva de Castilla y León | 2022 EL NORTE DE CASTILLA | 3