Con o sin peaje

asunto es que en ausencia de un precio que cumpla la función de racionar su uso, muy probablemente se terminará superando su capacidad máxima de carga.

De cualquier forma, algún precio se pagará por usar esa carretera. Los expertos que se han pronunciado indican que el diseño de la Autopista Palín-Escuintla responde a determinados parámetros técnicos de diseño: volumen y tipo de tráfico; peso y cantidad de ejes de los vehículos; tipo y frecuencia del mantenimiento; etcétera. En otras palabras, este tramo carretero tiene una capacidad máxima de carga. Superar esta capacidad máxima de carga provocaría, entre otros efectos, un acelerado deterioro de la misma; reducir su vida útil; aumentar los gastos de mantenimiento derivado; y más congestión vehicular. Hasta acá, nada fuera de lo normal, salvo que una vez se supo que dicha carretera regresaría a manos del Estado surgió una fuerte demanda por eliminar el pago por el uso de la misma. Con el ánimo de racionar mínimamente la intensidad de uso de este activo, las autoridades establecieron límites al tipo de vehículos que podrían circular sobre la misma. Una medida que disgustó a muchos: unos porque quisieran circular por ella sin pagar un centavo; otros porque no están de acuerdo con las limitaciones. El meollo del

Sin entrar a juzgar quién tiene la razón y proponer un determinado modelo de operación para esta carretera, debe tenerse claro que de una manera u otra habrá que pagar por el uso de ella. El pago de peaje es la forma más sencilla, efectiva, comprensible y transparente de establecer un mecanismo para racionar su uso. Limitar el tipo de vehículos, pesos y cantidad de ejes, una forma de racionar más complicada y difícil de hacer cumplir. Invertir más en mantenimiento, suponiendo que eso basta para mantener en óptimas condiciones la carretera, a pesar que se sobreutilice, es una forma de pago que puede resultar poco efectiva y eficiente. Permitir que la autopista siga el mismo destino que las demás carreteras del país y permitir su uso irrestricto implica pagar el precio en términos de deterioro de los servicios que esta presta. De pagar un precio el país no hay escapatoria, la cuestión es qué tipo de mecanismo se quiera usar: ¿directo o indirecto?, ¿transparente u opaco?, ¿de pago inmediato o distribuido a lo largo del tiempo? Decía Harold Demsetz, un antiguo profesor de UCLA: “Cuando crean haber encontrado un almuerzo gratis, hagan de nuevo las cuentas, seguramente algún costo importante se dejó de contabilizar”. Claro está, en este tipo de cuestiones el pueblo, por medio de sus representantes, es el que manda. Si nada más cambia, más que eliminar el peaje y permitir el uso irrestricto de la autopista, de nada servirá quejarse después del deterioro de la misma. Ese habrá sido el precio que se decidió pagar.

Jos Alejandro Ar Valo Alburez

Gobernabilidad democrática

El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln afirmó que una verdadera democracia republicana exige la igualdad de todos ante la ley, sin distingo ni discriminación alguna. A menos de 55 días para que los guatemaltecos elijamos nuevo gobierno central, diputados (nacionales, distritales y del Parlamento Centroamericano) y alcaldes (con sus concejos municipales), los binomios presidenciales nos mienten o no quieren reconocer las limitaciones que tendrán a su poder.

Ofrecen transformaciones y cambios (pena de muerte, eliminar o agregar impuestos, aumentar o disminuir el presupuesto nacional, crear o eliminar instituciones públicas, etc.), engañando a la población porque saben que muchos de sus ofrecimientos de campaña sólo los podrían cumplir si llegasen a tener el respaldo de la mayoría del Congreso de la República, que probablemente será el más fragmentado y dividido de la historia.

El presidente de la República no puede llegar a cumplir su plan de gobierno ni lograr gobernabilidad democrática sin el respaldo político del Congreso. En la últi- ma campaña, el partido político que llevó a la presidencia al doctor Giammattei presentó un Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, completo y abarcador, que después convirtió en su Política General de Gobierno 2020-2024. No obstante, sin respaldo político del Congreso, el gobernante no podía llevarlo a cabo sin el apoyo de la mayoría de los diputados que pertenecían a otros partidos.

El Organismo Ejecutivo depende del Organismo Legislativo para funcionar y poder llevar a cabo sus planes, porque los diputados tienen el poder de aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, entre otras muchas potestades, de fiscalización y control, o para la elección de funcionarios claves. De allí devienen las negociones políticas que, en otros países con sistemas parlamentarios, se traducen en gobiernos de coalición, en donde el gabinete de ministros se conforma por miembros de varios partidos.

Aunque presidencialista, nuestra Constitución le otorgó al Congreso poderes que han convertido a nuestro país en un régimen semiparlamentario. Para brindar su apoyo al Ejecutivo, es comprensible que los diputados busquen llevar obras, bienes y servicios públicos a sus distritos electorales. Lo que es inmoral y debiera ser perseguido y penado drásticamente es que diputados, funcionarios o autoridades brinden ese apoyo o estén al servicio del Gobierno Central a cambio de prebendas, contratos de obra, sobresueldos, comisiones o coimas, plazas o favores.

Lograr la gobernabilidad es deseable pero siempre que prevalezca el bien común y los genuinos intereses de la Nación. Jamás a cambio de corrupción e impunidad.

“ZANDRA Y SURY NO SON LO MISMO / ¿SURY O ZANDRA? ¡YA MATTEI! / SON

EL PURO CONTINUISMO / “PA QUE NO TRIUNFE LA LEY”. – YA LO SABE EL PUEBLO. LA DEBACLE DEL RÉGIMEN SE ACERCA...

Tras décadas de estar forzados a escoger “entre el cáncer y el sida”, uno de los pasatiempos favoritos del guatemalteco es “hacer cábalas” sobre la oferta electoral, para así “no desperdiciar el voto”; tratando de inclinar la balanza en los miles de pequeños debates domésticos que se llevan a cabo todos los días, hacia la opción “menos dañina” a los intereses y posturas de cada votante. El sistema lo sabe y por eso, manipula como puede a la opinión pública, exhibiendo acarreados, “empapelando” las calles, inundando con propaganda insulsa los medios de comunicación social, presentando sospechosas encuestas y “estudios de opinión pública” y en general, exacerbando temores y generando expectativas subliminales; para finalmente, imponernos “la voluntad de la mayoría de la minoría”, contra viento y marea. No ha habido –ni habrá– una discusión pública inteligente sobre los problemas del país y el camino propuesto por los candidatos y sus “partidos” para salir de nuestro predicamento. Se supone que el votante “adivina” que una es “de derecha”, la otra “de izquierda”... y el tercero, “pancista” (abanderado de los que sólo buscan “el derecho de su panza”; pues “no estamos ideologizados, mano”). El régimen, además, “se cura en salud”, eliminando, de manera ilegítima pero dizque “legal”, a algunas de las que considera las opciones más amenazantes (Thelma Cabrera y Roberto Arzú, para citar sólo dos ejemplos). Esa es “la magia”, entre otras, de nuestra aldeana y profundamente tercermundista “campaña anticipada”, en contraposición a la campaña perpetua de las verdaderas democracias modernas. Es en ese contexto que hay que analizar el debate público real que acontece previo al “sprint final” de la carrera –llena de trampas estructurales–cuya primera etapa se llevará a cabo el próximo 25 de junio. De esa cuenta, por un lado, está la dividida “troika oficial”: Sury, Zandra y el tal Meme. La primera, favorita del miope “club empresarial”, disfrazando sus verguenzas con una supuesta “cruzada” contra “la chairada”; la segunda, favorita de la gerontocracia del “club militar”, apelando a los ingenuos que aún creen que ella “le cumplirá a los pobres”; y finalmente, “el negro Conde”, a pesar de su evidente impopularidad, ofreciendo “que siga lo bueno” –¡ja!, apoyado en los casi inagotables recursos saqueados por la mafia de Timo Chenko en los últimos cuatro años–.

Lvaro Montenegro

Juicios sumarios

A ZAMORA NO LO PERSIGUEN POR EL SUPUESTO LAVADO DEL QUE LO ACUSAN SINO POR SU TRAYECTORIA DE TREINTA AÑOS AL FRENTE DE LOS PERIÓDICOS MÁS CRÍTICOS DEL PAÍS.

La fiscal Virginia Laparra fue condenada en diciembre a cuatro años de prisión por abuso de autoridad por presentar acciones administrativas contra un juez. ¿Cuántos fiscales han planteado denuncias administrativas y nadie los ha perseguido? Un ejemplo concreto: recientemente, Rafael Curruchiche denunció al candidato Edmond Mulet en el TSE de forma administrativa; es decir, hace precisamente lo que le imputa a Laparra como delito. Tal es el descaro de estos tiempos.

Hoy está previsto que inicie otro juicio sumario, ahora contra José Rubén Zamora, el presidente de elPeriódico. A Zamora le cerraron el cerco para llegar a este punto donde buscan incinerarlo como un becerro frente al resto impotente que observa la ejecución de un símbolo. No solo fueron contra Zamora sino que lograron que elPeriódico dejara de imprimir, presionaron con métodos que pueden rayar en la tortura a uno de sus abogados para que aceptara la responsabilidad, capturaron a su otro abogado y amedrentaron a otros que quisieron defenderlo. Ahora van contra su familia; además, un juez ordenó que nueve columnistas y reporteros debían ser investigados por publicar las anomalías en su caso.

A Zamora no lo persiguen por el supuesto lavado del que lo acusan sino por su trayectoria de treinta años al frente de los periódicos más críticos del país. Fundó Siglo XXI y abrió las páginas a voces disidentes que no habían sido escuchadas, dio cobertura a juicios por violaciones a derechos humanos, lo que le valió represalias violentas. Luego fundó elPeriódico en un contexto de Acuerdos de Paz, y desde ahí se ha promovido el arte, la investigación, escuchar diversas voces, y una permanente denuncia incómoda de la corrupción y de las redes criminales incrustadas en el Estado.

Lo que más le reprochan a Zamora es que se animó a publicar los nombres y apellidos de oficiales militares vinculados al narcotráfico, explicó cómo los aparatos contrainsurgentes que dirigieron el conflicto armado mutaron en estructuras criminales que siguen latentes en la actualidad. Le resienten además porque, a pesar de estar en prisión, se siguen publicando investigaciones que desnudan la pestilente política nacional. Por eso quieren apretar la pita hasta cerrar elPeriódico.

La contienda electoral es la más cuestionada de la historia precisamente porque luchan estas redes de impunidad por colocar en la presidencia a alguien que garantice la continuidad de la regresión. Por tanto, dos responsabilidades tenemos los ciudadanos: 1) Denunciar estos juicios sumarios, la represión y no creerle a los netcenters aliados al gobierno y al MP, y 2) No votar por quienes están cercanos a estos grupos antidemocráticos que ansían que el país vuelva a los momentos de intolerancia al debate, la crítica y el intercambio de ideas. Solidaridad con Zamora y su familia.