No todo lo que se hace en el nombre de la ley está bien

La historia nos muestra que, bajo dictaduras y gobiernos autoritarios, cuando el sistema de justicia cae en manos del poder político, se vuelve práctica cotidiana utilizar la ley para reprimir al pueblo, aunque primero se elimina a opositores, se silencia a la prensa y finalmente la población termina subyugada, sin poder reclamar el respeto a sus derechos ciudadanos.

Por esa razón es tan importante para una democracia que prevalezca el Estado de Derecho. Es vital que existan pesos y contrapesos y, particularmente, que la justicia goce de completa autonomía e independencia. Cuando esto no sucede, como es el caso de nuestro país en la actualidad, se producen desmanes, abusos y se pierden las libertades.

En enero se hizo la convocatoria para las elecciones generales de junio y agosto próximos. Sin embargo, desde 1985 no se veía un proceso electoral tan viciado, tan manoseado y carente de transparencia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dejado de ser supremo, para convertirse en comparsa de un sistema de justicia cooptado, en donde la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de

Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) se han empeñado en retorcer las leyes para evitar que haya una competencia electoral justa y que el resultado sea verdaderamente la voluntad del pueblo.

En vez de tener una auténtica fiesta, estamos presenciando el esfuerzo de un grupo por perpetuarse en el poder. A diferencia de las dictaduras clásicas, aquí se trata de imponer un relevo pactado. Para evitar que hubiese voces disonantes, se actúa en contra de aquellos a quienes se considera “opositores” por cualesquiera causas, y se les reprime o castiga por medio de una ley aplicada con rigurosidad a los “enemigos”, pero que al mismo tiempo es laxa para los “amigos” y pretende allanar ese camino hacia el continuismo de un sistema caduco que no respeta los derechos de la ciudadanía.

En nombre de la ley se pisotean los derechos humanos; en nombre de la ley se encarcela a inocentes; en nombre de la ley se elimina del camino electoral a opositores; y en nombre de la ley se cometen aberrantes judiciales.