Anarquía social

Guatemala sufre una descomposición que se manifiesta de mil maneras. Una de ellas es la creciente anarquía, o derrumbe del Estado, en el ámbito social. Enfrentamos un desastre de la educación pública, con niveles de cobertura y de calidad que nos colocan en el último lugar de América Latina. Honduras nos superó hace tiempo. En otros países se perdieron solamente algunos meses de educación debido a la pandemia, pero en Guatemala se perdieron tres años. Se contó con tiempo para reparar escuelas, remozarlas y equiparlas, pero la prensa continúa develando casos de niños estudiando en el suelo o al aire libre, o con pupitres maltrechos.

Las brechas de acceso a la educación no solo aumentaron en relación con el resto del mundo, sino que también lo hicieron entre ricos y pobres, entre los atendidos por la educación pública y la privada. Y como si la pandemia no hubiera sido suficiente, la USAC, nuestra universidad pública, entró a un proceso de descomposición que dejó a miles de estudiantes sin acceder a clases, atendiendo endebles clases virtuales o intentado cubrir los costos de universidades privadas.

A lo anterior se unió el desastre de la salud pública. No se aprovechó la pandemia para asegurar un acceso universal a servicios bási- cos de salud. La atención pública es precaria y no alcanza para cubrir a las mayorías, a pesar de los esfuerzos de cientos de enfermeras y médicos. Combinamos dos récords: somos uno de los países con mayor desnutrición del mundo y el de mayor gasto de bolsillo en salud en América Latina.

Se fortaleció un nuevo modelo de negocios privado manejado por bancos y aseguradoras con presencia de hospitales y farmacias cuyo tratamiento tiene costos y precios que hunden a muchas familias en la pobreza. No les interesa ni les corresponde atender nuestro grave problema de desnutrición. Agreguemos la descarada corrupción descubierta por diputados de oposición en un Hospital de Chiquimula, acompañada por la fuga y detención de un viceministro de salud.

¿A qué se debe nuestra anarquía social? Se debe a una ideología que ha divulgado por todos los medios, y de manera masiva, que el Estado no sirve, que es fuente de corrupción, y que es el origen de los problemas y no fuente de soluciones. Para esta visión son los hospitales y bancos privados los que espontáneamente debieran ocuparse de la salud y las universidades y colegios privados de la educación. Pero no lo hacen y un Estado abandonado y mancillado se derrumba algo más cada día.

Contrasta con la educación y la salud pública ejemplar en otros países, de calidad, gratuitos y de cobertura universal, sin prohibir la educación y salud privada, complementaria. Ante el derrumbe de nuestro Estado, aquí las remesas sostienen la economía y financian una quinta parte del consumo nacional, pero no resuelven nuestros problemas de educación y salud. La anarquía en el ámbito social mantiene a las mayorías en un barranco de ignorancia e insalubridad.

Miguel Ngel Sandoval

Proceso electoral judicializado

El rasgo principal del actual proceso electoral es la tendencia marcada a penalizar a ciertos candidatos. Ya hay muestras de ello y sería ocioso detenerse en discutir un hecho claro: vía lo judicial o las interpretaciones puramente judiciales, se están poniendo trabas a la participación democrática. En el camino, ya hay dos binomios relevantes que quedaron fuera: Podemos y MLP. Las explicaciones son muchas pero todas insuficientes.

En el fondo de todo ello hay una enorme contradicción. Las estructuras y visiones judiciales no son en nada compatibles con los derechos democráticos de participación política. Y la gran responsabilidad de este enredo perverso tiene en los partidos a los principales actores que, durante años, se han negado a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que como sabemos es de rango constitucional. Dicho esto, lo que conocemos cada vez con más fuerza, son las interpretaciones sesgadas de personajes enquistados en el poder, que no tienen ninguna idea de lo que es la democracia política y sus reglas.

Recuerdo que las reformas de 2016, impulsadas desde el Congreso, fueron aprobadas solo en parte, porque hubo veto del flamante candidato a diputado que, en esos días, como presidente, vetó las reformas de fondo que se planteaban. Hablo del sr. Morales. Es el mismo que se opuso a la reforma judicial y como sabemos, terminó expulsando a la CICIG. Son los datos duros de la historia reciente. No se vale tener tan poca y mala memoria. Por eso estamos tan jodidos en la actualidad. Hay autores directos y malos actores involucrados. Y sabemos de los beneficiados.

Al analizar las razones invocadas por el tribunal electoral, que se encuentra en la travesía del desierto, para no inscribir a dos binomios, es a todas luces un escándalo. Pretextar un finiquito o campaña anticipada, son dos temas que no provocan la menor simpatía en cualquier analista político. Suena demasiado barato. Y si para ello se tiene que hacer pasar el ridículo a la Corte Suprema o a la Constitucional, de modo que validen esas especies, pues la conclusión es fácil: se dirige el proceso electoral a la pérdida de confianza ciudadana. Así de sencillo.

La tapa al pomo se le quiere poner por la vía de quitarle el antejuicio a un candidato por protestar por las acusaciones a varios periodistas. Con ello se va directo contra derechos constitucionales, como el de petición, de un lado, y por el derecho de la libre emisión del pensamiento, por el otro. Es un condensado de violaciones a la Constitución, antes que una vía que nos permita ir en dirección a la construcción de una sólida o robusta democracia electoral.