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CONSTITUCIONAL: https://guatemala.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-de-guatemala/titu-

En realidad, deja muy poco para la interpretación. Aun así, el MP –empezando por el fiscal Rafael Curruchiche– y el juez Jimmi Bremer, deciden que es delito que periodistas escribamos sobre la forma en que se aplica la justicia en Guatemala y se ponga al desnudo la falta de independencia judicial. Les incomoda que denunciemos y hagamos ver que la justicia responde a los intereses espurios del sector político dominante. Para ellos, supuestamente encargados de impartir y velar por la justicia y el respeto a la Constitución, es un delito hacer uso de nuestro derecho –mío, pero también suyo, mi querido lector–. El pobre Voltaire moriría de vergüenza ajena al ver la forma en que estos personajes retuercen los derechos de las personas.

Es un razonamiento insólito –por no decir una auténtica idiotez–, afirmar que, al ejercer nuestro derecho a expresarnos, al opinar sobre funcionarios, estamos cometiendo un delito y eso nos convierte en delincuentes a los que hay que investigar y castigar.

Eso en el caso de los periodistas a los que el MP pretende perseguirnos y encarcelarnos. Pero no se trata solamente de acosar y acallar a la prensa. Ahora estamos viendo que otro derecho constitucional se interpreta de la peor manera. Resulta que el candidato presidencial Edmund Mulet actuó en este caso en defensa de la libertad de expresión y, haciendo uso de su derecho de petición –doble derecho–solicitó que se procediera contra el juez que, sabiendo que su resolución era ilegal, la ejecutó.