El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero

CARLOS S. MALDONADO

Las aspiraciones del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli de regresar a la presidencia en el país caribeño en 2024 se han visto truncadas este martes. La justicia panameña le ha declarado culpable por el delito de lavado de dinero y ha impuesto una condena de 10 años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares. El exmandatario, de 71 años, que ha expresado su interés de participar en las elecciones generales del próximo año, es también investigado por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. La defensa de Martinelli ha informado que apelará la sentencia. “Vamos a agotar todas las acciones”, ha dicho Carlos Carrillo, abogado del expresidente.

La investigación del llamado caso New Business comenzó en 2017, tres años después de que Martinelli dejara la presidencia. La justicia panameña detectó irregularidades en la compra de acciones de la editorial Epasa, que editaba tres medios de circulación nacional, y aseguró que se usaron más de 40 millones de dólares de fondos públicos en la transacción.

“Se presentó el esquema de cómo se dio el delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad de cada una de las personas que hicieron posible las transacciones ilícitas para la compra Epasa, cuyo beneficiario final fue el expresidente de la República”, establece la sentencia emitida por las autoridades judiciales.

Martinilli ha sido perseguido por la justicia de su país desde que dejó el Gobierno.

La Policía Internacional (Interpol) emitió en mayo de

2017, por solicitud de la justicia panameña, una orden de captura contra el político por un caso de espionaje, ya que según la prensa panameña, el entonces presidente montó una sofisticada red “pinchazos telefónicos” que le permitía espiar a rivales políticos, periodistas, empresarios y funcionarios. El exmandatario se había instalado entonces en Miami, huyendo de la persecución de la justicia de su país, que los investigaba por más de 10 casos judiciales por actos de presunta corrupción cometidos durante su Administración. Martinelli, que gobernó Panamá de 2009 a

2014, fue detenido en julio de 2017 cuando salía de su casa en la ciudad residencial de Coral Gables, en Florida, y más tarde extraditado a su país.

Baloísa Marquínez, jueza Liquidadora de Causas Penales, decidió imponer la condena de 128 meses de prisión y el pago de una multa por 19.221.600,48 millones de dólares a Martinelli tras determinar su culpabilidad en el caso de lavado de dinero con fondos públicos. La justicia panameña ha determinado que el expresidente es “responsable como autor” del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. La sentencia ordena que se disuelvan dos sociedades involucradas en la compra de la editorial Epasa, así como el decomiso de las acciones de esa empresa y los bienes de la misma, que deben ser entregados al Estado para recuperar parte del dinero público usado en la adquisición de la misma. La jueza también ha condenado a otras cuatro personas por el delito de blanqueo.

Tras hacerse público el fallo, la defensa del magnate ha anunciado que apelará esta sentencia. Carlos Carrillo, abogado del expresidente, ha cuestionado el proceso y ha afirmado a la prensa local que durante el juicio se dio “la violación reiterada de los derechos de Ricardo Mar- tinelli”, quien además deberá enfrentar este año un nuevo juicio por su supuesta participación en el blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

La sentencia emitida este martes por la jueza Marquínez representa un duro golpe a las aspiraciones de Martinelli de presentarse en las elecciones generales previstas para 2024. El exmandatario había lanzado su candidatura bajo la formación Realizando Metas, pero ahora deberá esperar que la Corte Suprema de Justicia decida si ratifica el fallo en su contra. De ser así, Martinelli quedará fuera de la contienda electoral, porque el artículo 180 de la Constitución panameña prohíbe la participación en las elecciones a quienes hayan sido condenados por casos de corrupción.