CEPICSA – Compañía Española de Propaganda, Industria y Cinematografía (1939)

Antecedentes de la NO INDUSTRIA del cine en España

CEPICSA Compañía Española de Propaganda, Industria y Cinematografía, S.A. (1939)

CEPICSA – Compañía Española de Propaganda, Industria y Cinematografía (1939) El segundo pilar de la estrategia empresarial del grupo Pastor La compañía Española de Propaganda, Industria y Cinematografía, S.A. (CEPICSA) se creó poco tiempo después de la toma de Madrid en agosto de 1939. Los principales impulsores del proyecto fueron los madrileños José María Tabeada y Ricardo Vicent Viana, empleado y técnico industrial respectivamente. Aprovechando el nuevo marco político franquista, que les era seguramente favorable, y con un capital de 10 mil pesetas, fundaron una sociedad que tenía como objeto social “la explotación de las patentes y concesiones oficiales de los ministerios, así como también las demás concesiones que les otorgase el Estado”. En efecto, Ricardo Vicent Viana, que asumió el cargo de director general de la empresa, figuraba como titular de dos patentes de invención relacionadas con la publicidad luminosa y musical a la vez que tenía derecho al uso y disfrute de una patente internacional de origen húngaro sobre “un procedimiento para representar textos, figuras o marcas sobre superficies fotosensibles o productos fotográficos”. Partiendo de esta base establecieron una compañía organizada en cuatro departamentos especializados en la radio, el cine-phono, las noticias y los documentos culturales y, por último, la sección de laboratorio y talleres.

En realidad, durante los años treinta habían aparecido en España un buen número de empresas cinematográficas, como por ejemplo Filmáfono (1931) o Cifesa (1932), que cambiaron la imagen del sector tanto desde el punto de vista de la producción como por los avances introducidos en la infraestructura disponible (equipos, estudios, técnicos…). Pero cuando acabó la guerra, estas sociedades se encontraron con numerosas dificultades. De un lado, los tiempos de miseria y escasez durante la guerra obligaban a las familias españolas a reducir sus tiempos de ocio. De otro lado, los estudios disponían de pocos medios para recomponer su ritmo de trabajo e incorporar nuevas tecnologías. En consecuencia, España solo contaba en estos años con 10 estudios de cine, 7 en Madrid y 3 en Barcelona, 8 laboratorios y 6 estudios de doblaje.

De forma paralela, el Estado franquista, al igual que ocurría con la mayor parte de las actividades productivas, aplicó una política muy intervencionista en el sector cinematográfico.

El marco institucional autárquico, junto con la censura impuesta por el régimen, provocaron que durante los primeros años de posguerra las firmas españolas distribuyeran básicamente películas españolas. Dentro de este contexto, sólo se distribuyeron alrededor de 400 películas autóctonas, una cifra muy baja si tenemos en cuenta que durante el período había alrededor de 83 empresas operando en el mercado. Pero muchas de esas compañías, de pequeño tamaño y reducida capacidad de financiación, sólo fueron capaces de distribuir una única película que, casi siempre, era su propia producción. Por tanto, hablamos de un sector muy desequilibrado en el que la mayor parte de la actividad se concentraba en las empresas más sólidas. Desde 1944 la competencia aumentó debido a la llegada de las primeras casas dependientes de las multinacionales como Hispano Fox SAE y Universal Films, entre otras.

Los primeros tiempos de CPICSA debieron de ser difíciles pues, al año siguiente de su fundación, en 1940, José María Tabeada Lago ya se apartó de la sociedad. En este momento Ricardo Vicent Viana, quien quedaba como único socio de la compañía, decidió incorporar cinco nuevos inversores para relanzar la sociedad. La incorporación de estos socios permitió aumentar el capital social en 100 mil pesetas, a través de la emisión de 200 acciones al portador de 500 pesetas. No obstante, sólo se pusieron en circulación 60 de estas nuevas acciones, el resto permaneció en la cartera de la empresa. En esta nueva etapa el socio

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fundador Ricardo Vicent se convirtió en el accionista mayoritario, ya que poseía cuarenta acciones nominativas “por su aportación a la compañía de patentes, concesiones, estudios realizados y proyectos, bases de la constitución de la sociedad” y diez títulos al portador de la nueva emisión. En conjunto, la posesión de estos dos tipos de acciones le permitía controlar el 42,86% del capital social desembolsado.

Con la renovación de la compañía, su objeto social se amplió incluyendo “la fabricación, producción y distribución de películas, así como de filmes de propaganda institucional”. Para conseguir estos objetivos los nuevos socios tenían la intención de construir unos estudios cinematográficos amplios y preparados para la producción de grandes producciones y documentales por cuenta propia y ajena. Compartiendo claramente las bases ideológicas del régimen franquista, los estatutos sociales expresaban con claridad la intención de utilizar únicamente materiales de procedencia nacional “salvo las excepciones impuestas por razones técnicas”. De forma paralela, la práctica totalidad del personal empleado en las oficinas había de ser de origen español.

Aunque no disponemos de balances ni cuentas de resultados para esta época, todo parece indicar que la sociedad presentaba fuertes pérdidas. De hecho, solo un año más tarde, en 1941, se vieron obligados a llevar a cabo una nueva ampliación de capital para hacer frente a los malos resultados acumulados en los ejercicios anteriores. Dentro de este contexto, apareció la figura de Pedro Barrié de la Maza. Por estos años el grupo Pastor buscaba una sociedad de cartera que al mismo tiempo fuera capaz de producir ganancias y autofinanciarse.

Sus preferencias se orientaban hacia una compañía en dificultades financieras y con sede en Madrid, cercana al poder económico y a la gran banca. La oportunidad surgió con la ampliación de capital de CEPICSA en 1941.

Efectivamente, la cinematográfica debía pasar por apuros financieros y sus socios decidieron aumentar el capital social a 6 millones de pesetas a la vez que reestructurar su funcionamiento interno. En paralelo, se decidió dividir la empresa en cinco departamentos independientes: Publisonora, La Ciudad del Cine, Filón Cultural (Noticiarios y Documentales), Talleres Generales y, por último, Laboratorios, Producción y Distribución Cinematográfica. Bajo esta nueva estructura, el objeto social de la empresa se diversificó. De un lado, siguió dedicándose a construir, instalar y explotar las columnas destinadas a la publicidad gráfica y sonora en la vía pública. De otro lado, continuó la explotación en España de la Red General de Alta Frecuencia, a través de los receptores tipo «CEPICSA» “que podrán ser instalados en todos los hogares españoles”. Además se propuso construir la “Ciudad del Cine Español”, para la producción de películas de alta calidad, de noticieros, documentales, dibujos, etc. Por 3

último, también pretendía dedicarse a las producciones culturales y pedagógicas, como documentales y noticiarios para los centros de enseñanza.

Aprovechando la reestructuración de esta sociedad, y a través de des de sus principales empresas: el Banco Pastor e Industrias Gallegas, Pedro Barrié subscribió la mayor parte de la ampliación de capital. De inmediato se convirtió en el presidente de la nueva compañía, donde Ricardo Vicent seguía ejerciendo de director general.

En los primeros años cuarenta la sociedad generó pérdidas globales que ascendieron a 1,59 millones de pesetas. Sin embargo, a partir de 1944 comenzó a sanearse, con un beneficio de algo más de 274 mil pesetas. Este cambio de tendencia pudo estar relacionado con la producción y distribución de un número reducido de películas. Entre otras podemos destacar Rojo y Negro (1944) dirigida por Carlos Arévalo, Correo de las Indias (1942) de Edgar Nevil, Aventura (1944) dirigida por Jerónimo Mihura, o el cortometraje el Fandanguillo (1942), premiado por el Sindicato Nacional del Espectáculo.

Ahora bien, los malos resultados obtenidos en los primeros años de funcionamiento de la empresa habían dejado como herencia un elevado grado de endeudamiento con varias entidades bancarias, llegando a alcanzar el 45,8% del pasivo. Durante el período, sus activos ascendían a 27,5 millones de pesetas y su principal fuente de ingresos consistía en la distribución de películas, seguida a mucha distancia de la producción, el doblaje y la propaganda. Por otro lado, su actividad de cartera mantenía todavía muy poca importancia dentro de la facturación.

En la segunda mitad de los años cuarenta se produjo una mejora en todos los indicadores de gestión de la sociedad, pero seguía manteniendo una gran dependencia de la financiación bancaria. Uno de los cambios más relevantes de esta etapa fue la creciente importancia de su cartera de valores que, en 1949, ya proporcionaba el 41,3% de los ingresos por facturación, frente al 45,9% del cine que seguía siendo la actividad principal de la empresa.

En este momento, las oficinas principales de la sociedad ya se encontraban en A Coruña, pero mantuvo abiertas sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Durante la década de los cincuenta se consolidaron las tendencias antes apuntadas. En efecto, en estos años la cartera de valores, que ya representaba el 82,5% de los activos totales, proporcionaba la mayor parte de los ingresos por facturación (71,1%). Mientras tanto, la 4

actividad cinematográfica fue pasando a segundo plano. Como la mayor parte de las operaciones de cartera se realizaban en A Coruña, la plaza se convirtió en el principal centro de negocios de la empresa. Mientras tanto, en las sucursales se facturaba mucho menos, probablemente porque en ellas sólo se realizaban negocios relacionados con la distribución de películas y propaganda.

En la actividad distribuidora de estos años predominaba la facturación por películas extranjeras (90,3%) frente a las españolas (9,7%), a diferencia de lo que había ocurrido en los 40, cuando apenas llegaban producciones de fuera. En realidad, las películas de factura nacional apenas eran rentables. Por el contrario, la explotación de películas extranjeras era muy lucrativa, especialmente las estadounidenses, a pesar de que muchos de los Films no llegaban a rebasar las altas exigencias de la censura franquista. Para dar publicidad a estos productos de importación se confeccionaban programas silueteados que tendían a adaptarse a la temática o al mismo título de las películas. De esta forma, se ofrecía un indudable valor añadido a la promoción y a la comunicación que se pretendía establecer a través de los programas de mano.

En realidad, la inversión que en las primeras décadas de la posguerra civil se hizo en el cine español procedió en su mayor parte del apoyo del Estado, ya que las productoras de la época encontraron en las licencias de importación y en los créditos y premios sindicales el banco más asequible para sus negocios. Lejos de importarle los resultados comerciales de las películas de producción propia, su objetivo prioritario consistió en abordar temas que resultaran atractivos para la Junta de Clasificación correspondiente. El informe de valoración emitido por la Comisión Clasificadora marcaba el reparto de las licencias de importación que daban acceso a la distribución de las películas extranjeras, los productos que mayor demanda tenían en la exhibición y, por lo tanto, los que más dinero dejaban a las salas.

A principios de los años cincuenta la política del régimen franquista experimentó un giro hacia una mayor apertura exterior. Dentro de este nuevo contexto, el gobierno dictatorial mejoró paulatinamente sus relaciones con los Estados Unidos y con diferentes organizaciones internacionales. Esta apertura diplomática permitió la entrada en España en la UNESCO (1952) o la Organización Internacional del Trabajo (1953), entre otras instituciones. Por un lado, las negociaciones militares con Estados Unidos derivaron en tres acuerdos sellados en el Pacto de Madrid (1953) con las firmas de Franco y Eisenhower. En el tratado, ambos gobiernos se comprometieron a la defensa mutua en el terreno militar, acordaron el establecimiento de tres bases militares en España y, finalmente, aprobaron medidas de ayuda económica para España. En consecuencia, las relaciones entre España y la primera potencia mundial se estrecharon.

Como parte de este nuevo marco político, España firmó un acuerdo de cinematografía con Estados Unidos en 1952. Según la memoria de la sociedad, se trataba de un pacto que, “aunque un poco escaso para las distribuidoras españolas, permite la adquisición [de películas] a través del Instituto [Español] de Moneda [Extranjera] y en el plano de la distribución, la 5

entrada en España de películas de aquel país”. En el marco de este acuerdo CEPICSA compró los derechos de distribución de “La chica del FBI” para la temporada 1952/53. De forma paralela, la sociedad llegó a un acuerdo con Centro Films para distribuir cinco películas: tres españolas, tres mexicanas, una inglesa y una alemana. Igualmente, tomaron en distribución “dos películas de la casa Republic, aplicables al resto del cupo que nos corresponde del año 1952 con el convenio americano”.

Obviamente, la progresiva apertura de la economía española hacia el exterior y la suavización de la censura se reflejó de manera positiva en las cuentas de la sociedad, Así, en 1952, los activos totales ascendían a 333,8 millones de pesetas, un 26% superiores a los del ejercicio anterior. La facturación (12,2 millones) seguía encabezada por el producto de la cartera de valores que ascendía a 9,2 millones, seguida muy de lejos por la explotación productiva (2,9 millones).

Las expectativas de negocio dentro del nuevo contexto económico de un país que dejaba atrás los años de autarquía impulsaron un cambio organizativo en el departamento del cine. En particular en 1953, se reorganizó la dirección de la compañía y algunas de sus dependencias con el fin de “intensificar la distribución de películas”. La reestructuración dio frutos positivos en la actividad cinematográfica, pero a estas alturas el negocio de cartera ya marcaba las pautas de comportamiento de la empresa.

«Entre los éxitos logrados en el campo cinematográfico destaca la explotación de la película «El hombre tranquilo», calificada por la prensa como una de las mejores películas exhibidas en el año. Con objeto de alcanzar el mayor índice en la explotación de esta película, hemos tenido que disponer 20 copias de ella, y tanto en Madrid como en Barcelona, por no citar otras ciudades, el éxito económico acompañó a la exhibición de la misma, siendo de hacer notar que en la última de las citadas ciudades fue exhibida por espacio de siete semanas, lo que constituye el mayor rendimiento obtenido por la sociedad» Durante la década de los cincuenta ya habían desaparecido de escena Ricardo Vicent Viana y sus colaboradores. Durante estos años el Consejo de CEPICSA estaba configurado íntegramente por una directiva fiel al Pastor, encabezada por su presidente Pedro Barrié. De hecho, a mediados de esa década, el Banco Pastor e Industrias Gallegas se convirtieron en los únicos accionistas de CEPICSA. A través de la sociedad, el grupo Pastor, al igual que había hecho antes con Industrias Gallegas o Sobrinos de José Pastor, invirtió en numerosas empresas, incluyendo los buques insignia de la casa, como FENOSA y ASTANO (Cuadro XXVI).

Durante los años sesenta, el capital social de CEPICSA creció de forma espectacular, pasando de los 50 millones en 1962 hasta los 750 en 1966. Estas inyecciones de capital le daban mayor capacidad de maniobra para aumentar su actividad de cartera. Los aumentos de capital fueron cubiertos por otras empresas del grupo Pastor (Banco Pastor, Industrias Gallegas, Sobrinos de J. Pastor) que controlaban más del 95% del capital social y el pequeño porcentaje restante fue adquirido por las cuatro ramas familiares

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del Pastor: “los hermanos Pedro y Gertrudis Barrié de la Maza, las hermanas Rosario e Inés Rodríguez Pastor Ryan, los hermanos Carmen, Martín, Joaquín y Concepción Díaz de Rábago y Álvaro Rodríguez Pastor Guitián. Por lo tanto, había un control total de la empresa por parte de la familia, ya que no existían accionistas ajenos a la misma. Ahora bien, a finales de los años sesenta se permitió la entrada de cuatro nuevos accionistas procedentes de la alta dirección del grupo Pastor y que se repiten en otras empresas del grupo.

Al despertar de los setenta la estrategia del grupo Pastor cambió debido probablemente a los efectos de la ley de incompatibilidades, que obligó a Pedro Barrié de la Maza a salir de algunos consejos de administración, y el impacto de la crisis industrial de 1973, que incrementó el riesgo de las inversiones de cartera. Dentro de esta coyuntura, en 1974 se decidió reunificar el marco de actuación de las dos sociedades de cartera del grupo (INGASA y CEPICSA), a través de la creación de una nueva compañía denominada Inverpastor SA. El objeto social de la nueva empresa era la “adquisición, tenencia, disfrute, administración general y enajenación de valores mobiliarios para compensar por una adecuada composición de sus activos, los riesgos y los tipos de rendimiento, sin participación mayoritaria económica o política en otras sociedades”.

La nueva sociedad de inversión mobiliaria fue establecida con un capital social de quinientos millones de pesetas aportados por tres socios: Banco Pastor (20%), Industrias Gallegas (45%) y CEPICSA (35%). La mayor parte del capital fue otorgado en valores mobiliarios pertenecientes a la cartera de cada una de estas sociedades. El primer consejo de administración fue constituido por personas ajenas a la familia Barrié, excepto el joven Vicente Arias Mosquera, sobrino de Carmela Arias y Díaz de Rábago, que con apenas 27 años ya actuaba como vocal de la firma.

En los años ochenta tanto INGASA como CEPICSA se hicieron más madrileñas, ya que la mayor parte de los miembros de sus consejos de administración estaban compuestos por directivos de la capital. Durante este período apenas tienen actuaciones de relevancia. Ahora bien, resulta curioso observar cómo en estos años ambas sociedades incluyeron dentro de su objeto social “la adquisición y venta de terrenos y solares, urbanizaciones y promociones inmobiliarias”. Podemos afirmar que en las últimas décadas del siglo XX, al margen de que cada una de las dos empresas mantuviera su objeto social tradicional, compartieron caminos paralelos. Efectivamente, con fecha 1 de julio de 1997, las dos sociedades de cartera CEPICSA e INGASA se disolvieron sin liquidación y con transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la sociedad absorbente, el Banco Pastor.

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Construyendo empresas. La trayectoria de los emprendedores coruñeses en perspectiva histórica, 1717-2006, A Coruña, CEC, 2 vols.

ISBN 978-84-692-5150-8 y 978-84-692-5151-5 Publicado el 24-11-09.

Alonso Álvarez, Luis; Lindoso Tato, Elvira; Vilar Rodríguez, Margarita (2008)

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