Parlamentoscopio by Entorno Parlamentario

Parlamentoscopi Analizando a fondo el Reglamento de Interior y Debates de la AN

¿Qué esperaremos del Parlamento después del 7-O?

Las asistencias de los diputados en época electoral

ENTREVISTA DEL MES: Víctor Clark

Parlamentos del mundo unidos contra el Sida

La primera revista electrónica sobre asuntos parlamentarios de Venezuela.

Número 5 |Septiembre 2012

Tabla de Contenidos: Parlamento: instrumento electoral. Editorial El pasado martes 18 de septiembre, la Asamblea Nacional inició un nuevo período de sesiones inscrito en una coyuntura electoral caracterizada por una altísima polarización. En este contexto, se vislumbra una agenda parlamentaria condicionada a la expectativa manifiesta por el partido de gobierno, hoy casi mimetizada en el propio comando de campaña del candidato a la reelección presidencial. En efecto, la primera sesión convocada el pasado martes 18/09/2012 se enfocó en el debate del punto de orden introducido por el diputado oficialista Julio Chávez, sobre la apertura de una investigación a su colega opositor Juan C. Caldera, acusado de recibir fondos para financiar la campaña electoral del candidato opositor Henrique Capriles. Acusación que niega el propio Caldera esgrimiendo que iban a su campaña por la municipalidad de Sucre. Con independencia del derrotero administrativo y judicial que vaya a tomar la investigación, en la opinión pública siguen las sombras sobre el cronograma legislativo para estos últimos meses del 2012. Ante estas circunstancias, las competencias de contraloría e investigación del Parlamento en los últimos meses, han sido empleadas como un inocultable instrumento estratégico de injerencia en la contienda electoral. Lo cual es ratificado por los testimonios de los propios diputados, entrevistados por nuestro equipo las pasadas semanas, y quiénes abiertamente desconocen sobre el futuro de otras investigaciones estancadas en las agendas de las Comisiones. En este caso, parece claro el uso del debate parlamentario, transmitido coordinadamente por el sistema de medios públicos, como medio de descalificación y hasta condenatoria de la integridad de ciertos actores políticos implicados en la coyuntura electoral prevista para el próximo 7 de octubre. Sin embargo, mientras esto ocurre, el mensaje implícito que esta legislatura con su actuación le manda a la ciudadanía, es que más importante que la agenda parlamentaria que necesita el país en su conjunto, está la agenda electoral presidencial. Ante esta realidad, seguiremos insistiendo en la importancia del debate plural, democrático, oportuno y autónomo de la agenda parlamentaria Venezuela.

3 Compendio de noticias parlamentarias (agosto -2012) _________________

¿Qué esperar de la AN después del 7-O. Xavier Rodríguez Franco

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Entrevista del mes: Sub-Secretario de la AN Víctor Clark. _________________

14 El RIDAN ¿ ¿acto privativo del Parlamento o instrumento para el ejercicio de la democracia y del pluralismo político? Luís A. Herrera __________________

Haciendo que la ley trabaje por una respuesta al VIH IPU/ONUSIDA/PNUD

24 La asistencia de los diputados en tiempos electorales. Jemirson Ramírez y Alejandro Agudelo

En este sentido, en el presente número de Septiembre, contamos con un _________________ estudio sobre los escenarios parlamentarios posteriores al 7-O, en el que _________________ conoceremos cuál será el papel de la AN para el nuevo período presidencial 2013-2019. Por otra parte, contamos con el valioso testimonio de Víctor Clark, Sub Secretario de la AN.

También forman parte de esta edición, importantes reflexiones sobre el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN), así como del análisis de las asistencia de los diputados en época electoral. Finalmente, publicamos un entusiasta artículo en el que podemos conocer la capacidad transformadora de los parlamentos del mundo, por una noble causa como lo es la lucha contra el sida. Esperamos que este número sea una contribución, para que se recobre la importancia que tiene un Parlamento autónomamente comprometido con su agenda institucional, para la gobernabilidad democrática de nuestro país. Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22). Director de Entorno Parlamentario

Parlamentoscopio ® | Número 6 | Septiembre 2012

Compendio de noticias parlamentarias (Agosto) 01/08/2012. Parlamento Indígena realizó mesas de trabajo sobre el Proyecto de Ley de Educación Indígena.

las medidas pertinentes para el avance en la construcción de una planta de tratamiento en la zona oeste del Zulia…Sigue leyendo aquí.

Prensa AN. El Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano realizó el pasado sábado 28 de julio, mesas de trabajo en la comunidad indígena Mamo Arriba, municipio Independencia, estado Anzoátegui, con el objetivo de generar propuestas y recomendaciones para el Proyecto de Ley de Educación de los pueblos Indígenas…Sigue leyendo aquí.

08/08/2012. Asamblea Nacional inaugura la Escuela de Formación Integral Dr. Carlos Escarrá Malavé (EFICEM).

El Universal. Antes de culminar el presente período legislativo, la Asamblea Nacional llevará a consulta pública la nueva Ley de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, cuyo anteproyecto se espera sea aprobado en primera discusión y expuesto ante los venezolanos entre octubre y diciembre. Oswaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, dijo a AVN que actualmente el trabajo parlamentario se concentra en la recopilación de las medidas dictadas por el Ejecutivo…Sigue leyendo aquí. 02/08/2012. Parlamento Latinoamericano y la Aladi analizan sanciones contra Paraguay. Telesur Noticias. La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) se reúnen miércoles y jueves respectivamente- para debatir y analizar la situación política en Paraguay y definir las acciones y posibles sanciones contra esta nación, en respuesta al irregular proceso de destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo. El nuevo Gobierno de Federico Franco ya fue suspendido de foros regionales como el Mercado Común del Sur (Mercosur)…Sigue leyendo aquí. 03/08/2012. Comisión de Ambiente canalizará soluciones para descontaminar el Lago de Maracaibo. Yoersis Morgado /Prensa AN. Diputados de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN) analizarán las posibles soluciones para el saneamiento del Lago de Maracaibo y articularán

09/08/2012. AN aprobó Proyecto de Ley de Presupuesto del Territorio Insular Francisco de Miranda. Prensa AN. Parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron en primera discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto del Territorio Insular Francisco de Miranda para el Ejercicio Fiscal 2012. Este proyecto legislativo fue enviado por el despacho de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito por el titular Elías Jaua Milano. En este sentido, el diputado y primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz (PSUV-DC)…Sigue leyendo aquí. 13/08/2012. Siguen sin aplicar aspectos clave de Ley de Alquileres. Mayela Armas. El Universal. Hace nueve meses entró en vigencia la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y todavía hay aspectos del marco legal que no se están aplicando como el cálculo del canon de arrendamiento y la fijación del porcentaje de unidades nuevas que se destinarán a la renta. A lo que se añade, la lentitud en la venta de los inmuebles destinados al alquiler…Sigue leyendo aquí. 15/08/2012. Primer período de la AN termina sin debate sobre la inseguridad. Ingrid Bravo Balabú. El Nacional. El primer período de trabajo de la Asamblea Nacional culminaría hoy -si no se convoca a una sesión extraordinaria para sancionar algún órgano jurídico- con un total de 7

02/08/2012. AN prevé debatir antes de fin de año la nueva Ley de Pensiones.

Por Marianny Pacheco. Entorno Parlamentario. El pasado lunes 06 de Agosto se inició la semana de inauguración de la Escuela de Formación Integral Dr. Carlos Escarrá Malavé (EFICEM), con un acto realizado en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional. Las palabras iniciales para definición de esta iniciativa estuvieron a cargo de la Directora de la Escuela, Dra. Oskary Zambrano, quien señaló la necesidad que existía para el nacimiento de esta escuela de formación…Sigue leyendo aquí.

leyes y 118 aprobaciones de créditos adicionales, por el orden de 84 millardos de bolívares, que representa 28% del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2012, que se ubica en 297,8 millardos de bolívares. La mayoría de las plenarias se dedicaron a la autorización de recursos adicionales a solicitud del Poder Ejecutivo…Sigue leyendo aquí. 15/08/2012. Señalan que condicionó trabajo de la AN.

Habilitante

El Universal. Sara Carolina Díaz. La evaluación que reporta el colectivo de ONG, Monitor Legislativo, sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional en este período que culmina hoy, no es alentador. De 46 leyes que estuvieron en la agenda sólo se aprobaron 7. Tampoco hay buenas noticias sobre el accionar contralor del Parlamento venezolano. Monitor Legislativo toma como ejemplo el caso de la muerte de la embajadora de Kenia que, hasta ahora, ha sido ignorado por la Comisión de Política Exterior…Sigue leyendo aquí. 16/08/2012. Asamblea Nacional investigará compra de votos en las comunidades indígenas. Diana Lozano Perafán / Celina Carquez. El Nacional. La Asamblea Nacional aprobó ayer la solicitud del diputado opositor Edgar Zambrano (AD) de crear una comisión especial para que investigue la supuesta compra de votos en la comunidad indígena warao del estado Delta Amacuro, así como en otros asentamientos indígenas del país. El parlamentario indicó que el asunto será enviado a la Comisión de Pueblos Indígenas, de la que él forma parte, para que esa instancia legislativa nombre el grupo especial de trabajo…Sigue leyendo aquí.

20/08/2012. De 438 casos de corrupción, la AN solo aplicó sanción en 0,9%. Pedro Pablo Peñaloza. El Universal. En esto de los balances legislativos, no todo lo que brilla es oro. A principio de este año, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño (PSUV-Lara), reveló que tenían pendiente 730 casos. Carreño se trazó la meta de finiquitar 60% de esos expedientes antes de finalizar el primer período de sesiones. Y lo logró. El pasado miércoles, el diputado sacó pecho y anunció satisfecho el cierre de 438 denuncias. Ahora, ¿cuántos de esos informes arrojaron sanciones contra señalados por corrupción? …Sigue leyendo aquí.

21/08/2012. Somalia elige su primer Parlamento desde 1991 y pone fin a la transición. Ilyas Ahmed. Agencia EFE (20/08/2012). Somalia celebró hoy la investidura de su primer Parlamento formal desde 1991 y puso fin al mandato del Gobierno Federal de Transición (GFT) que, con el respaldo de la comunidad internacional, ha dirigido el país desde 2004. La primera reunión del nuevo Parlamento, que debe estar formado por una Cámara Baja de 275 diputados y una Cámara Alta de un máximo de 54 miembros, se desarrolló hoy en el aeropuerto de Mogadiscio, uno de los pocos sitios de la capital considerados seguros…Sigue leyendo aquí. 29/08/2012. Legisladores andinos analizan la creación de un Parlamento Suramericano. Noticias Terra. El Parlamento Andino, un órgano consultivo cuyos miembros se reúnen desde hoy en Quito, analiza la posible creación de un Parlamento Suramericano, como un paso adelante en la integración de la región. “Necesitamos un escenario para dialogar, ¿pero qué hacemos dialogando unos en Unasur y otros en el Parlamento Andino, por qué no tratamos de ir a dialogar todos con un Parlamento de Unasur?”, dijo hoy el colombiano Héctor Rojas, presidente del Parlamento Andino…Sigue leyendo aquí. 31/08/2012. La comisión de contraloría ha resuelto el 40% de los 760 casos.

Mariana Duque. El Diario de los Andes. El diputado Norman Labrador insistió en que los ministros Tareck El Assami, Rafael Ramírez y Héctor Navarro, influyen en la presidencia de la Comisión de Contraloría para que las investigaciones de corrupción no avancen. De 760 casos que la Comisión de Contraloría lleva en su haber desde que se instaló la actual Asamblea Nacional en enero de 2011 hasta el inicio del actual receso parlamentario, sólo han resuelto un 40%, aunque la meta era que para el 15 de agosto de 2012 se tendría resuelto el 70%…Sigue leyendo aquí.

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Ciertamente, el Parlamento venezolano cierra su primer período de actividades del 2012, con un inocultable déficit legislativo3. Sin embargo, el rasgo más preocupante del desempeño parlamentario en términos institucionales, radica en sus precarios niveles de autonomía funcional, situación especialmente visible en el ritmo de trabajo de sus comisiones y demás dependencias. Funcionarios, diputados, periodistas y hasta ciudadanos que han visitado el edificio José M. Vargas por estos días, han podido constatar como el clima de expectativa sobre las elecciones presidenciales del próximo 07 de octubre, han supuesto una suerte de “suspensión” de la agenda de trabajo de las comisiones y demás dependencias de esta importante institución pública.

¿Qué esperar de la Asamblea Nacional después del 7-O? Por Xavier Rodríguez Franco 1

El presente artículo, es un resumen derivado de un Informe Especial recientemente publicado por Entorno Parlamentario 2 y que nos da algunas luces sobre el papel que tendrá la Asamblea Nacional (AN) para el nuevo período presidencial 2013-2019. Se trata de un estudio cualitativo de élites parlamentarias, a partir del cual pudimos ahondar además en las razones de la actual limitada autonomía funcional del Parlamento nacional.

Ante esta penosa realidad, decidimos consultar a los diputados sobre los días posteriores a ese 07 de octubre, evento para el que tantos diputados están dedicados casi exclusivamente, en función de la movilización regional de sus respectivos comandos de campaña. En un primer momento fue la ley habilitante4, en un segundo momento el folclore electoral y a lo largo de toda la legislatura, hemos conocido cómo los rigores fiscales que supone el irrefrenable ritmo inflacionario, apenas le da tiempo a la AN de hacer otra cosa distinta que aprobar compulsivamente “créditos adicionales”, que ni llega a fiscalizar. En todos estos momentos la AN, progresivamente ha ido erosionando su autonomía política y con ello asumiendo un rol cada vez menos protagónico en la necesaria interlocución social, en la agregación de Sólo 7 de 46 leyes previstas en un calendario legislativo, que a la fecha no se ha publicado tal como lo contempla el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN). 4 Vigente desde diciembre de 2010 hasta junio de 2012 y que le sirvió al Presidente para duplicar la producción legislativa de la Asamblea Nacional para ese mismo período con 56 decretos leyes. Para consultarlos pueden dirigirse al siguiente enlace: http://entornoparlamentario.com/2011/08/01/leyesaprobadas-en-el-marco-de-la-ley-habilitante/

Politólogo (UCV y UAB) Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de Entorno Parlamentario 2 Informe Especial “Escenarios Parlamentarios posteriores al 7-0”. Documento disponible en el siguiente enlace: http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2012/0 9/escenarios-legislativos-post-7o.pdf 1

demandas colectivas y en la deliberación proactiva que espera el país. De los testimonios recogidos a diputados de oposición y gobierno (en proporción paritaria), durante un mes de entrevistas, nos conseguimos -entre otras cosas- con una deliberada aceptación de que el manejo del fuero parlamentario sigue “órdenes de arriba”. Situación enmarcada en una contienda electoral especialmente competida y en una honda precariedad de debate, que tiene como reflejo muy pobres resultados de consenso que presentarle al país. Rol de la AN para el nuevo período presidencial. La construcción ideal del futuro inmediato del Parlamento que tienen los diputados, si bien son descripciones antagonistas, pugnaces y existencialmente opuestas; ambos grupos reconocen que el Poder Legislativo jugará un papel central en el esquema de gobernabilidad del próximo período presidencial, así como también en la contención -por cauces institucionalesde la confrontación política, que lamentablemente no pareciera alejarse de nuestro futuro próximo. A partir de la evaluación de los patrones de actuación de la actual legislatura, preliminarmente podríamos decir que resulta muy probable que los controles parlamentarios sean empleados con mayor vigor, solamente en el escenario de un eventual cambio político el próximo 07-O. En este contexto, pudiéramos ver cómo la mayoría oficialista, podría movilizarse desde el Poder Legislativo para obstruir la implementación de políticas públicas, de un eventual gobierno de signo político distinto al de estos últimos catorce años. Por su parte, un cambio político requerirá de los diputados de la oposición la creación de dispositivos de acción parlamentaria que permitan una mayor cohesión, disciplina y proactividad, más fuerte de lo que han mostrado a la fecha. Realidad reconocida por diputados de oposición quienes no ocultaron sus preocupaciones al respecto. Situación especialmente apremiante por lo que implica su condición de minoría y ante la posibilidad de que en el futuro inmediato, un número importante de diputados puedan resultar electos a otros cargos de elección popular. Ahora bien, en el caso de que el candidato a la reelección resulte victorioso, el testimonio de los diputados oficialista es mucho más visible y beligerante. En buena medida, la mayoría de ellos aseguran que de contar con una victoria, seguirá su actuación de “colaboración” con la construcción del “marco normativo que profundice el camino al socialismo”.

Cabe destacar que de concretarse este escenario, la representación parlamentaria de la oposición, si bien en minoría es bastante limitada su capacidad de contención al gobierno, tendrá que afianzar su postura de contrapeso, ya que la AN es el único espacio de oposición política de alcance nacional que les quedaría. Por lo que la actuación parlamentaria, será de gran importancia para mantener la coalición reunida en la MUD.

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Ante una eventual victoria de Henrique Capriles, el testimonio de algunos diputados opositores, dejan ver la posibilidad de diálogo político. Situación contrastante con los diputados del partido de gobierno, que no contemplan siquiera posibilidad de que su abanderado pueda perder. Agenda legislativa para el último trimestre del 2012 y comienzos del 2013. Otro de los aspectos que abordó el Informe Especial, estuvo referido a ese conjunto de instrumentos normativos que pudieran ser aprobados en el último trimestre del año y sobre el cual pocos detalles han trascendido. Cuando a los diputados le fueron consultados sobre las leyes, las menciones iban directamente al trabajo de las comisiones, sin embargo en esas menciones destaca la incertidumbre sobre detalles propios del proceso legislativo: informes técnicos, borradores, fechas, consultas a expertos, consultas públicas, etcétera. Ciertamente, tantas sombras tienen su origen en la concentración y tensión que hay con la coyuntura electoral, la cual deja huellas en la apreciación sobre el futuro inmediato. Aún así, los diputados opositores y oficialistas alcanzaron a listar las siguientes leyes que podrían aprobarse antes que finalice el 2012: ○

Código Orgánico Penitenciario

○

Código de Ética del Juez Venezolano

○

Ley Antimonopolio, Anti-oligopolio y Competencia Justa

○

Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes

○

Ley Desarme

○

Ley del Sistema de Salud

En cuanto a la posibilidad de un cambio de gobierno, los diputados opositores plantearon leyes que si bien están fuera de la planificación legislativa de la AN, estiman como convenientes para crear las condiciones necesarias para una “transición política pacífica”. Estas leyes son: ○

“Ley de misiones para todos”

○

“Ley de transición”

○

Derogación de la “ley de partidos políticos”

○

Ley de Cestatickets para jubilados y pensionados

○

Reforma del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN)

Otros de los aspectos de interés analítico abordado por el Informe Especial, fueron las posibles postulaciones para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2013 y algunos posibles cambios en la composición de las directivas de las Comisiones Parlamentarias. De igual manera, se consultó sobre el manejo se le darán a los próximos procesos de investigación parlamentaria, así como también de qué manera pudiera afectar la correlación de fuerzas parlamentarias las recientes deserciones de diputados.

¿Constituyente para el 2013? Finalmente, consideramos interesante profundizar sobre la posibilidad de que para el año 2013 sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente, asunto sobre el que habíamos registrado versiones extraoficiales por lo que decidimos consultarlo con los diputados. Escenario que preliminarmente estaría planteado ante la posibilidad de que el Presidente Chávez sea reelecto para seis años más en el poder. Sobre el particular, cabe destacar que el artículo 348 de la Constitución establece que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.”5

Por los momentos resulta un escenario en lo numérico de la correlación de representaciones parlamentarias, bastante difícil de convocar. Sin embargo, en la apreciación de los diputados oficialistas, es un escenario ciertamente poco probable, más no descartado que sea convocado por iniciativa presidencial en el futuro. El Parlamento en el juego electoral del 2012.

El Poder Legislativo venezolano, desde finales del año 2011 ya mostraba evidencias de ser un actor especialmente influyente en la dinámica electoral que vivimos actualmente los venezolanos. Todo Parlamento es caja de resonancia de la agitación pública que produce todo proceso electoral, sin embargo esta coyuntura no debería controlar totalmente su vida institucional tal como sucede en la Venezuela de hoy. Bien sea con la línea temática de sus discusiones, o bien sea con su permisiva capacidad de maniobra sobre la agenda legislativa, el Parlamento nacional ha sido un catalizador oficioso de la intensidad de la contienda electoral nacional, regional y local. 5

Cursivas propias. Cfr. http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm

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Contingencia que ha dado al traste con su responsabilidad pública y ha atentado considerablemente contra su autonomía, oportunidad y funcionalidad política para la deliberación proactiva que el país requiere. Circunstancia precedida de una habilitación presidencial de 18 meses, que desbordó los márgenes temáticos y los niveles de limitación de competencias que debe primar en todo Estado democrático de derecho. De los testimonios compilados, preocupa el desconocimiento sobre la agenda de trabajo en el futuro próximo, así como los niveles de dependencia de la actividad parlamentaria al ritmo de la campaña presidencial, así como también de las campañas personales de un número aún indeterminado 6 de diputados-candidatos. Otro de los aspectos salientes, es el escaso margen que tiene el diálogo parlamentario ante las posibilidades electorales posteriores al 7 de octubre. Los escenarios descritos por legisladores opositores y oficialistas son antagonistas, lo cual sugiere una probable escalada del clima de hostilidad de la vida deliberante de nuestro país. Cabe señalar que estas circunstancias serán las que condicionará el nuevo período presidencial, sea cual sea el candidato favorecido por el voto popular, especialmente en lo referente al esquema de gobernabilidad que le tocará gestionar.

Indeterminado principalmente por la supresión de elecciones primarias en el partido oficial (PSUV) y la total incertidumbre sobre quiénes serán nombrados como candidatos en las elecciones regionales y municipales venideras. 6

La actual convocatoria electoral es en una nueva ocasión para dialogar pacíficamente con el poder y de demostrar nuestro compromiso con la institucionalidad democrática. Es este el rol de ejemplaridad que esperamos los venezolanos de nuestra Asamblea Nacional, para el presente y para el futuro.

Entrevista del mes: Politólogo Víctor Clark Boscán Subsecretario de la AN

Ucevista, politólogo, padre y amante de la música, Víctor es una de los rostros que enseguida asociamos con la lectura de leyes y documentos que pasan por la Asamblea Nacional. Podría decirse con justicia que por sus ojos ha pasado buena parte de la historia normativa reciente de nuestro país. En esta ocasión, nos regala unos minutos de su agenda para ofrecernos la entrevista de este mes, en la que nos comenta su testimonio sobre el ambiente parlamentario que vive hoy el país. Siempre afable, de trato llano y consecuente amigo, conozcamos al Sub-Secretario del Poder Legislativo venezolano. (Entrevista realizada por Marianny Pacheco). ¿A partir de qué momento descubrió su vocación por la política, y en especial por los Estudios Políticos? Mi vocación por la política viene desde la misma infancia, desde que tengo uso de razón tengo muy marcada una vocación y una inclinación por lo social, hacia la política, hacia lo público, esto obedece a que vengo de una familia con una referencia histórica de lucha y compromiso social y político de toda una vida. Lo cual me motivó a acercarme más al hecho político con mucha prontitud y madurez. Mi infancia y adolescencia estuvieron muy influenciadas en este sentido y cuando fui creciendo empecé a buscar cuáles eran las posibles áreas en las que pudiera desenvolverme y estudiar, por lo que la carrera de Estudios Políticos fue la respuesta. Ya a muy temprana edad yo sabía que esa era la carrera que iba a estudiar. ¿Considera que el hecho de ser politólogo, le otorga un valor agregado a su cargo? No al cargo únicamente. Creo que el hecho de ser politólogo te brinda herramientas para cumplir con las responsabilidades que el cargo tiene, aunque siempre va a depender de la responsabilidad, la mística, el compromiso y la vocación que se tenga para asumir el trabajo; así que un cargo como éste, de Sub Secretario, independientemente de la profesión que tengas, depende mucho de uno mismo, del ímpetu propio, de la exigencia personal y de la experiencia que se va adquiriendo con el día a día.

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Ciertamente la carrera de politología en el campo del trabajo legislativo, político y jurídico es de gran ayuda. En cuanto a mi tarea como subsecretario ha sido una gran ventaja la carrera y su carga académica, porque me ha brindado un sinfín de herramientas que me ayudan a realizar con menos dificultad mis labores. Además de lo planteado por el RIDAN ¿Qué papel deben desempeñar un Secretario y Sub-Secretario del Poder Legislativo venezolano?

“La democracia es eso, donde las mayorías se expresan, reafirman, votan, pero donde siempre hay cabida para todas las posturas”

En el Secretario descansa gran parte del trabajo administrativo de la junta directiva. Son muchas las responsabilidades, no sólo las que se ven en el desarrollo de la sesión o en la preparación de la misma, y en los actos posteriores que la sesión demanda. Hay un conjunto de órdenes, actos legislativos que deben publicarse, elaborarse o comunicarse, y que son trabajo de la Secretaría. Además de eso hay un conjunto de dinámicas con las que la Secretaría y Subsecretaría tenemos que ver directamente, tales como coordinar y apoyar el trabajo que desempeñan las direcciones que componen la estructura político-administrativa de la Asamblea Nacional como poder; velar porque se faciliten los mecanismos de información, comunicación y difusión de las leyes; garantizar que los diputados tengan una información permanente, fluida y exacta de sus labores parlamentarias, de las sesiones, asistencia, del contenido de las leyes, de la agenda legislativa. También recibimos todas aquellas solicitudes que ingresan a la Asamblea Nacional y desde aquí se direcciona de acuerdo a la materia. materia legislativa y todo un conjunto de normas que, si se revisa, responde a esa orientación.

Partiendo de la concepción que está definida en la Constitución Nacional, que plantea la conformación de un nuevo sistema político que está en pleno proceso de construcción, donde los poderes son fundamentales en función de fortalecer y construir ese Estado Social de Derecho y de Justicia a que se refiere, ante lo cual el Poder Legislativo tiene en primer lugar la gran tarea de desarrollar desde el punto de vista legal, formal, político, administrativo, toda la estructura jurídico-política que ese Estado requiere y demanda. Así como también lo requiere esa sociedad que está planteada allí bajo una nueva democracia.

Asimismo el Poder Legislativo tiene funciones fundamentales como promover la participación ciudadana y el protagonismo popular, que son principios fundamentales contenidos en la Carta Magna y que se demandan para la construcción de la democracia participativa y protagónica. Asimismo se tienen tareas como el ejercicio del control social y el control público correspondiente y -la tarea central- que es la de legislar y ser un foro político. Es decir, el espacio donde se llevan las ideas para debatirlas en democracia, paz y tranquilidad. La democracia es eso, donde las mayorías se expresan, reafirman, votan, pero donde siempre hay cabida para todas las posturas.

Por eso la AN ha venido desarrollando intensamente durante estos años una nueva forma de hacer las leyes, que ha producido una

En este sentido el Poder Legislativo es vital para el fortalecimiento del sistema político venezolano, del Estado Social de Derecho y de

A su criterio ¿qué papel debe cumplir el Poder Legislativo en el sistema político venezolano de hoy?

Justica, de la democracia participativa y protagónica, elementos todos que la AN ha venido asumiendo estos años y que seguirá asumiendo en los años venideros. En cuanto al acceso a la información parlamentaria en estos últimos años ¿qué avances ha presenciado durante sus funciones como Sub-Secretario de la AN? Existen avances muy sustanciales, un ejemplo de esto es que todo el país tiene la oportunidad de ver los debates y las deliberaciones de los parlamentarios en vivo. Es una herramienta que contrasta totalmente de forma positiva y radical con la etapa previa a 1999. El hecho de que el pueblo venezolano pueda acompañar el debate político que se da en la AN y las decisiones emanadas de ésta, ha sido clave para que la ciudadanía esté en cercanía y seguimiento de este trabajo. Todo esto ha sido gracias al canal de la AN, que cada vez ha venido creciendo más y fortaleciéndose, ampliando su estructura de trabajo, de difusión, adentrándose en el Poder Legislativo al punto tal de mostrar cómo las comisiones trabajan, instruyendo sobre cuál es su labor, así como todo el proceso de formación de las normas.

La AN trabaja cada vez más para que su estructura, funcionamiento y desempeño sea más abierto al pueblo legislador, al servicio de la ciudadanía. Otros ejemplos de esto es la Dirección de Investigación y Desarrollo Legislativo, que durante todo el año promueve talleres y escuelas para la difusión del proceso de formación de leyes en las comunidades. Asimismo destaca la Biblioteca “Luís Beltrán Prieto Figueroa”, que está abierta todos los días y ofrece publicaciones tanto digitales como físicas al servicio de la ciudadanía; la misma página web, por la que hacemos esfuerzos sistemáticos para que cada vez brinde más informaciones actualizadas sobre el trabajo legislativo (leyes, créditos adicionales, acuerdos, nombramiento de embajadores, entre otros).

¿Considera que existen aspectos que deberían mejorarse en el funcionamiento actual de la AN? Siempre hay aspectos que más que mejorarse, deben fortalecerse. El acceso a la información parlamentaria previamente mencionado es uno de esos aspectos. Tenemos claro que la AN debe ser un órgano permanente de información, de difusión, de promoción de la labor que cumple el Poder Legislativo. Se está en camino de ese fortalecimiento, pues es el espíritu de trabajo que tenemos. La plataforma tecnológica con la que hoy se cuenta es ejemplo de ello, así como también puedo mencionar la recientemente inaugurada Escuela de Formación Parlamentaria Carlos Escarrá Malavé, que también cuenta con un sitio web propio y que se plantea como otra ventana más de acceso ciudadano al desempeño del Parlamento, a su capacitación y formación en el área. ¿Existe un registro contable de las votaciones realizadas en las sesiones plenarias? ¿De qué manera se hace? Hay un registro sucinto de lo que acontece en la Cámara, que lo recoge el Acta como tal y el Diario de Debates. La votación contable se realiza cuando es una votación nominal, es decir que se hace el voto a mano alzada contando uno a uno y esto arroja la votación exacta. De acuerdo al tema discutido, a solicitud de un diputado o una fracción parlamentaria, se puede hacer este tipo de conteo exacto; de lo contrario se maneja de la forma tradicional que es la mayoría evidente, a mano alzada. La AN también ha venido trabajando en cómo afinar esos mecanismos de votación con herramientas tecnológicas, captahuellas, con la laptop que tiene cada diputado como herramienta de trabajo, así como a través de la recolección de la asistencia (vía físico y digital). Así, se van llevando las dos dinámicas, las herramientas tecnológicas y las tradicionales, tales como el registro de asistencia, la firma,

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¿Por qué en la AN no hay –como en otros parlamentos en el mundo- un tablero electrónico con la contabilidad del quórum y el registro por escaño de los votos de los diputados? En cuanto a una propuesta al respecto sería una decisión de la Presidencia de la AN de la Junta Directiva. Actualmente no está planteado. Pero considero que si eso viene a servir al trabajo legislativo, para tener mayor precisión y ganar tiempo, bienvenido sea. Pero hasta ahora como hemos venido funcionando ha sido efectivo, donde las votaciones que se recogen se respetan y responden de manera fidedigna a lo que la Plenaria decide. Lo más importante, es que la expresión de cada una de las fracciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional está garantizada y lo hemos hecho durante todos estos años de trabajo.

¿Cree usted que los diputados deberían publicar sus salarios y la declaración jurada de sus bienes antes y después de su paso por la AN? La declaración jurada se realiza por ley, y el diputado antes de comenzar a ejercer sus funciones debe hacer esta declaración de sus bienes, anualmente también deben hacerla y cuando concluyen sus labores como diputados. El procedimiento se facilita por la Dirección de Desarrollo Humano, pero ellos directamente deben realizarlo a través de la Contraloría General de la República, esa es la vía regular. ¿Actualmente se editan el Diario de Debates de la AN (art. 33.21) y la Gaceta Legislativa Mensual (art. 136)? ¿Por qué no se publican? Respecto al Diario de Debates actualmente nosotros estamos digitalizando todos estos años de debates. Es un trabajo extenso, un ejemplo de ello es que en un año legislativo, esto puede traducirse en 1.500 páginas, dependiendo de qué año sea, de su ritmo legislativo, entre otros aspectos. Por eso estamos en el proceso de digitalización y la idea es ponerlo pronto al servicio de la ciudadanía a través de la página web. En relación a la Gaceta Legislativa no se tiene estimado editarla, por la misma dinámica. Nosotros cumplimos con que salgan todos los actos legislativos en la Gaceta Oficial nacional.

votación a mano alzada, su incorporación en el acta, entre otras.

El reglamento interior y de debates: ¿acto privativo del Parlamento o instrumento para el ejercicio de la democracia y del pluralismo político?

Por: Luis Alfonso Herrera Orellana  I. Naturaleza y rango del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN) en el sistema de fuentes Según nos explica Andueza (1993), los reglamentos parlamentarios son acuerdos dictados por las Cámaras de los órganos legislativos –en el caso de Venezuela, donde el Parlamento es unicameral, por la Asamblea Nacional- en sesión plenaria, en ejercicio de su potestad de autodeterminación, con la finalidad de organizarse internamente y de establecer con carácter general y abstracto las reglas del procedimiento parlamentario. En tal sentido, las normas que contiene dicho Reglamento son de la mayor importancia, pues, por un lado, organizan el funcionamiento del órgano supremo de una de las ramas del Poder Público Nacional haciendo posible que aquél cumpla con los fines que le son encomendados, y, por otro, determinan en atención a los principios democráticos, del pluralismo y de la seguridad jurídica, el procedimiento para la formación de la voluntad legislativa: “En una sociedad pluralista, donde la diversidad de opiniones e intereses se contraponen en las Cámaras, es indispensable reglamentar el diálogo entre mayorías y minorías de manera que éstas no sean atropelladas por aquellas o que las minorías paralicen el funcionamiento del Cuerpo mediante tácticas obstruccionistas. Un buen reglamento, en el cual se equilibren los distintos intereses en juego, será la base sobre la cual marchará la actuación de un órgano tan importante como el Congreso” (Andueza, 1993, p. 95). Según el autor referido, desde el punto de vista material –dado que para su formación no se sigue el procedimiento de formación de la ley-, el RIDAN a que se refiere el artículo 187, numeral 19, de la Constitución vigente, es un conjunto de normas jurídicas, dado que si bien las reglas allí contenidas no tienen validez (aplicación) general en tanto sólo rigen para los integrantes del órgano legislativo nacional y para aquellos sujetos que se hallen en relación con ellos, ciertamente son disposiciones abstractas e indeterminadas que innovan en el régimen interior del Parlamento, en tanto y en cuanto se dictan para disciplinar jurídicamente situaciones indeterminadas y no para resolver un caso concreto, como ocurre con las sentencias judiciales o los actos particulares (Andueza, 1993, p. 96). Ahora bien, desde el punto de vista formal, Andueza afirma que el RIDAN es un acuerdo de la Asamblea Nacional, motivo por el cual no participa en su formación la rama ejecutiva del Poder Público Nacional –que sí lo hace cuando se trata de la ley formal, sea con la iniciativa y con la sanción y publicación-, siendo su sanción y promulgación en Gaceta Oficial actuación privativa del órgano legislativo nacional. De allí que se afirme que: “El reglamento parlamentario es la manifestación más evidente de la autonomía funcional de las Cámaras” (Andueza, 1993, p. 96). 

Lic. en Filosofía y Abogado summa cum laude (UCV). Especialista en Derecho Administrativo (UCV). Diplomado en Derecho Constitucional (UCAB). Profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Constitucional en la UCV y en la UCAB.

Por otra parte, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, las normas jurídicas contenidas en el RIDAN, al derivar su validez de la Norma Fundamental (Constitución), tienen rango de normas jurídicas legales (Kelsen, 1998, p. 235), y, al menos algunas de esas normas, que completan la norma constitucional (por ejemplo, las contenidas en sus artículos 1, 89 y 144), ostentan la naturaleza de las llamadas reglas secundarias, dado que establecen no lo que los sujetos del ordenamiento jurídico pueden o no hacer (como lo hacen las reglas primarias), sino que confieren potestades al órgano legislativo nacional al establecer la forma o el procedimiento a través del cual “los seres humanos [en este caso, los diputados] pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación” (Hart, 1998, p. 101). Por ello, si en el proceso de formación de normas regulativas de la conducta humana la Asamblea Nacional no cumple con alguna norma del procedimiento legislativo previsto en el Reglamento, aquellas, en principio, devendrían inválidas, pues “entre ese tipo de normas regulativas y las normas producidas se da una relación de jerarquía material (o de contenido) que de ordinario es designada con la expresión jerarquía normativa a secas” (Aguiló, s/f, p. 8). II. El Reglamento interior y de debates (RIDAN) como garantía de la democracia y del pluralismo político Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, el RIDAN constituye una garantía de los principios democráticos y del pluralismo político (y por ende, de los derechos políticos de los ciudadanos) consagrados en el artículo 2 de la Constitución, expresión el primero de la regla de la mayoría y del reconocimiento de las minorías parlamentarias (Balaguer, 2001, p. 35), y el segundo de la comprensión de la democracia representativa de los modernos como sistema de convivencia entre grupos con intereses en pugna que logran, mediante la tolerancia, la negociación y el consenso político, la paz social y el desarrollo integral de la sociedad (Bobbio, 1996, pp. 82 y ss.). En efecto, visto el carácter general y enunciativo de las normas constitucionales, es en dicho Reglamento

donde se fija el modo en que la mayoría ciudadana representada en el órgano legislativo nacional tendrá la posibilidad de incidir en forma decisiva en la orientación política de la legislación, pero con respeto de los derechos de las minorías ciudadanas también representadas en el Parlamento. Lo cual se cumple con el reconocimiento pleno del derecho de los representantes de esas minorías a intervenir efectivamente en los procedimientos parlamentarios y a que sus propuestas y demandas sean consideradas mediante la negociación al momento de dictar actos parlamentarios con o sin forma de ley de trascendencia para la vida nacional (leyes orgánicas, designación de altos funcionarios de los Poderes Públicos, etc.), de forma tal que no se convierta la regla de la mayoría en dictadura de la mayoría, negadora de los derechos constitucionales de los demás integrantes de la sociedad. Es por ello que, si bien desde el punto de vista del Derecho Parlamentario el RIDAN es un acuerdo de la Asamblea Nacional que resulta del ejercicio de una de sus competencias privativas, derivadas de su autonomía funcional como órgano supremo de una rama del Poder Público, en el Estado constitucional contemporáneo, debe reinterpretarse y morigerarse la afirmación conforme a la cual “la Cámara no se limita solamente a fijar las reglas de organización y funcionamiento sino que también tienen la función exclusiva de interpretar su propio ordenamiento jurídico interno. La Cámara es el único juez de sus actos. Si la interpretación que las Cámaras hacen de sus actos pudiere ser recurrida ante otro órgano del Estado, la autonomía funcional se vería comprometida” (Andueza, 1993, p. 96). En efecto, tal posición, que parte de una comprensión decimonónica del principio de división en ramas del Poder Público, acogida por el máximo Tribunal de la República en los pocos fallos dictados en la materia (CFC, SP, 12.06.68; TSJ, SC, 1718, 20.08.04), estima que el Reglamento interior forma parte de los llamados interna corporis, que la jurisdicción constitucional sólo puede revisar cuando el Parlamento incurre en extralimitación de atribuciones (incompetencia), mas no cuando se trate de violaciones de actos normativos dictados por la propia Asamblea, pues en tal caso, la revisión de tal infracción, aún cuando estén afectados principios constitucionales, implicaría violar la autonomía del Parlamento.

La pregunta es ¿son o no jurídicas las normas contenidas en el Reglamento? En la actualidad, la condición de jurídica de una norma viene dada no por su estructura interna, sino por su pertenencia a un ordenamiento jurídico, en el que existen al menos algunas disposiciones que implican coacción y sanción para el incumplimiento de las restantes normas que integran el sistema (Peces-Barba y otros, 2000, p. 161); siendo ello así, las normas del RIDAN son jurídicas ya que desarrollan y garantizan en forma directa principios y derechos constitucionales. Son normas jurídicas pues la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y todo acto dictado en contravención a ella es nulo. Por tanto, de ser desconocidas por una mayoría parlamentaria cualquiera de esas normas del Reglamento, en nuestro país, cualquier interesado puede demandar la nulidad por inconstitucionalidad del acto que resulte el procedimiento irrito y exigir a la jurisdicción constitucional que ordene al órgano legislativo nacional que dicte un nuevo acto parlamentario que se ajuste en su formación a la norma jurídica incumplida, así como también puede demandar en forma directa la nulidad de aquella norma jurídica del Reglamento que sea contraria a un principio o norma de la Constitución, sin que pueda inadmitirse o desestimarse tal petición con auxilio en el argumento del carácter de interna corporis del acto contentivo de la norma impugnada (Biglino, 1991, p. 64 y ss). Por otro lado, dichas normas, junto a las previstas en forma directa en la Constitución, constituyen el mecanismo a través del cual se debe garantizar el efectivo reconocimiento de un estatus político a la oposición (mediante la regulación de las mayorías parlamentarias, la reserva de puestos directivos en la plenaria, en las comisiones parlamentarias, etc.), pues ello constituye una condición indispensable para que el órgano legislativo nacional pueda ejercer a plenitud su función contralora sobre los órganos de las demás ramas en que se divide el Poder Público, en especial sobre los órganos de la rama Ejecutiva, y pueda entonces afirmarse en la realidad la vigencia del sistema mixto con preponderancia presidencialista que, en principio, rige en Venezuela. Como vemos, el RIDAN, más que un instrumento de organización interna, es una garantía para el régimen democrático y de los derechos políticos constitucionales, sin lo cual no existe verdadero pluralismo político. III. Situación actual del Reglamento interior y de debates La comprensión como interna corporis del RIDAN y la errónea (o conveniente) aplicación por parte de la Sala Constitucional de la teoría de las nulidades del derecho administrativo en sede constitucional (ver fallo n° 1718, del 20. 08.04), ha permitido que en Venezuela, con grave menoscabo de los principios democráticos, del pluralismo político y de los derechos políticos de las minorías ciudadanas representadas en el órgano legislativo nacional, dicho texto jurídico sufriera hasta 5 reformas parciales en los primeros años de funcionamiento de la Asamblea Nacional (y luego de dictada la referida sentencia, de otras varias reformas), siendo la finalidad manifiesta de todas y cada una de esas modificaciones puntuales la exclusión sistemática de las minorías parlamentarias del proceso de formación de actos parlamentarios de la mayor trascendencia para la vida nacional. En efecto, algunas de esas exclusiones se han manifestado respecto del proceso de aprobación de las leyes orgánicas mediante, por ejemplo, la eliminación de los espacios de participación y de las etapas de negociación y búsqueda de consensos entre los distintos grupos de opinión. Pero principalmente mediante la fijación de la mayoría simple de los presentes en la sesión respectiva para dictar válida –pero ilegítimamente- actos fundamentales para el respeto de los derechos humanos, la independencia de los órganos que integran las

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ramas del Poder Público, la producción de otras normas jurídicas o para el funcionamiento del órgano legislativo nacional (la reforma del Reglamento publicada en G.O. No. Extra. 5.667, de 10.10.03, es prueba de lo afirmado, véase el cambio hecho al numeral 4 del artículo 111). Ante tal realidad, negado como ha sido control por la jurisdicción constitucional de la arbitrariedad de la mayoría parlamentaria que apoya la gestión del actual Gobierno, y siendo un hecho público y notorio la falta de autonomía de la Asamblea Nacional respecto del Ejecutivo Nacional (al menos, de acuerdo a la acción política de la mayoría oficialista que aún la integra), ¿puede afirmarse que en Venezuela existe un sistema de gobierno democrático, en el que existe el imprescindible esquema de los pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo?

En la Venezuela de hoy, se socava aceleradamente tal delimitación, pues, como con tino ha denunciado Germán Carrera Damas (El Nacional, 24-02-05, A/13), lo que se pretende, en definitiva, es destruir las bases históricas de la conciencia nacional. Ejemplo de ello, además de la puesta en vigencia de las inconstitucionales leyes del Poder Popular (ver Brewer-Carías y otros, 2011), es que los principios y derechos que el RIDAN debería garantizar, propios de las democracias representativas modernas, brillan por su ausencia, y a pesar de ello, se afirma en el Tribunal Supremo de Justicia el carácter democrático y constitucional del mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el referido modelo democrático-representativo es el que, con base en ficciones y utopías, quiere eliminar el poder político dominante, para sustituirlo por un régimen similar al defendido en su tiempo por C. Schmitt, pero que en nuestro caso se muestra cultor de pseudo-revoluciones pretéritas y utopías que, en realidad, condujeron a muchas víctimas a padecer episodios sangrientos y a tiranías (ver Courtois, 2010).

Con acierto, Vargas Llosa (1996) ha indicado que la delimitación clara entre la ficción y la verdad –entre verdades literarias y las verdades históricas- son una prerrogativa de las sociedades abiertas, pues en éstas la ficción y la historia coexisten, sin invadir ni usurpar la una los dominios y las funciones de la otra. En cambio, advierte el mismo autor de La Guerra del Fin del Mundo, que en las sociedades cerradas sucede al revés, y por ello “tal vez la mejor manera de definir a una sociedad cerrada sea diciendo que en ella la ficción y la historia han dejado de ser cosas distintas y pasado a confundirse y suplantarse la una a la otra cambiando constantemente de identidad, como en un baile de máscaras” (Vargas Llosa, 1996, p. 16).

La última reforma parcial del RIDAN (G.O No. Extra. 6.014, de 23.12.10), no hizo sino agravar aún más la situación, ya que mediante tal modificación se vulneró de nuevo el principio democrático y el Estado de Derecho, al ser efectos directos de esa reforma, según se expone en una demanda de nulidad que cursa ante la Sala Constitucional (Exp. No. AA50-T2011-000373, entre otros, los siguientes: “a.- El restringir las oportunidades de actuación de los Diputados en el seno del parlamento: disminución del tiempo para el derecho de palabra (arts. 64, numeral 6, y 73); introducción de sanciones desproporcionadas que afectan este derecho (art. 76, único aparte); supresión del debate al considerarse autorizaciones solicitadas por el gobierno nacional (art. 64 numeral 4); reducción de las posibilidades de seguimiento del trabajo parlamentario en virtud de la eliminación de la obligación de entregar a los Diputados la agenda de trabajo semanal (art. 33, numeral 18, que sustituyó al numeral 19 del artículo 34 del Reglamento del 2005); eliminación de la presentación de propuestas ciudadanas por conducto de dos asambleístas (art. 78, que sustituyó al artículo 120 del Reglamento del 2005). b.- El obstaculizar el uso de mecanismos de control: canalización de las interpelaciones en Comisión sólo a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, ya no por las mismas Comisiones pero con conocimiento previo de la Junta Directiva (art. 115, que sustituye al artículo 159 del Reglamento del 2005); eliminación del debate en la consideración de las autorizaciones solicitadas por el Ejecutivo Nacional (arts. 64, numeral 4, y 126). c.- El aumentar injustificadamente los poderes de la Presidencia o de la Junta Directiva del cuerpo, en detrimento de la plenaria o de las instancias de coordinación del trabajo parlamentario: determinación del lugar y día de celebración de las sesiones o de su prórroga (arts. 1, 27, numeral 3 y 57); decisión sobre la permanencia en sus cargos de los miembros de la directiva de las comisiones (art. 27, numeral 11, que modificó lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento del 2005, según el cual para la destitución se requería la aprobación de la plenaria); preparación del orden del día y de la agenda de trabajo semanal (art. 33 numeral 4, y art. octogésimo cuarto de la Reforma Parcial del Reglamento interior,

que suprimió el artículo 111 del Reglamento del 2005, el cual encomendaba a la Comisión Coordinadora la preparación de la agenda de trabajo semanal y del orden del día). d.- El debilitar en su conjunto la actividad institucional de la Asamblea Nacional: abandono de la frecuencia y regularidad de las sesiones plenarias y de las reuniones de las Comisiones Permanentes (arts. 57 y 45, en su encabezamiento).” Queda esperar que luego de la próxima elección presidencial del 07 de octubre, se inicie una nueva etapa de la democracia venezolana, en la que surjan las condiciones para que, entre otras modificaciones del estado de cosas actual, se ajuste el RIDAN a su finalidad constitucional, en obsequio tanto del sistema democrático de gobierno, como del Estado de Derecho y la garantía de los derechos políticos de todos los venezolanos. IV. Referencias bibliográficas Aguiló R., Joseph (s.f.) Teoría General de las Fuentes del Derecho. Alicante Andueza, José G. (1993). El Congreso. Congreso de la República, Caracas. Balaguer C., María (2001) El recurso de inconstitucionalidad. CEPC, Madrid. Biglino, Paloma (1991) Los vicios en el procedimiento legislativo. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991. Brewer-Carías, Allan R. y otros (2011) Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas. Carrera Damas, Germán. 24 de febrero de 2005. “En Defensa de las Bases Históricas de la Conciencia Nacional” El Nacional, A/13. Courtois, Stephane y otros, “El Libro Negro del Comunismo. Crímenes, terror y represión”, Ediciones B, Barcelona, 2010. Hart, H. L. A. (1990) El Concepto de Derecho. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Kelsen, Hans (1991) Teoría Pura del Derecho. Editorial Porrúa, México. Peces Barba et al. (2000) Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid. Vargas Llosa, Mario (1996) “La verdad de las mentiras”. Seix Barral, Madrid. Fotografías: Xavier Rodríguez Franco.

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Haciendo que la Ley trabaje por una respuesta al VIH7 Unión Interparlamentaria/ONUSIDA/PNUD8 Muchos de los éxitos en la lucha contra la epidemia del SIDA se han arraigado donde el entorno legal, a través de sus tres componentes (ley, aplicación de la ley, y acceso a la justicia), han protegido a las personas vulnerables al VIH y los ha empoderado para evitar la infección del VIH, así como ha permitido a personas viviendo con VIH acceder a la prevención, tratamiento, cuidado y servicios de soporte, con lo cual puedan llevar una vida plena y digna. Por ejemplo, en algunos países las leyes anti-discriminatorias han ayudado a personas que viven con VIH a mantener sus trabajos, sus hogares, y cuidar de sus familias. Las Leyes para proteger la confidencialidad, han ayudado a edificar confianza en los sistemas de salud, alentando a las personas a aprender más sobre su estado de VIH, así como acceder a la prevención y tratamiento. Leyes que garantizan propiedad y derechos heredados, acompañados con servicios legales, han ayudado a mitigar la carga social y económica que representa el SIDA para mujeres y niñas. Las Leyes, la aplicación de éstas, y el acceso a la justicia, han protegido a mujeres y niñas de la violencia doméstica y de género, así como han ayudado direccionar las necesidades relacionadas con VIH de las sobrevivientes de ese tipo de violencia. La reducción del estigma, así como los programas de formación sobre el tema, han incrementado la habilidad de las personas vulnerables al VIH o que viven con VIH a movilizarse y realizar peticiones a los actores gubernamentales sobre la prevención del VIH, y sus necesidades de tratamiento. Los programas de sensibilización del VIH dirigidos a oficiales de policía y jueces han resultado Este texto constituye una reseña realizada por la Unión Interparlamentaria, que acompaña al Manual para Parlamentarios titulado “Tomando acción contra el VIH y el SIDA”, realizado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas por el SIDA (ONUSIDA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en el año 2011. Versión digital en Inglés disponible aquí: http://www.ipu.org/pdf/publications/aids12-e.pdf 8 El equipo de trabajo estuvo constituido por: Aleksandra Blagojevic (funcionaria del proyecto VIH/SIDA en la IPU); Marleen Temmerman (miembro del Senado Belga); Tim Barnett (antiguo miembro del Parlamento de Nueva Zelanda); Susan Timberlake (Miembro de la sección de Derechos Humanos y Asesora Legal de ONUSIDA); Jason Sigurdson (Miembro de la sección de Derechos Humanos y Oficial del Programa Legal de ONUSIDA); Dr Mandeep Dhaliwal (Grupo Líder: VIH, Salud, Derechos Humanos y Gobierno del PNUD); y Brianna Harrison (Consultora en materia de Derechos Humanos, PNUD).

en la aplicación de las leyes sobre la base de su difusión a poblaciones clave, así como a asegurar la no discriminación y protección de la violencia en el contexto del VIH. Con el tiempo se ha dado un creciente reconocimiento y compromiso para habilitar entornos legales en el contexto del VIH. En la Declaración de Compromiso sobre VIH/SIDA (2001) y la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006), los gobiernos asumieron mayores compromisos en la protección de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, mujeres y niñas, y las poblaciones claves con alto riesgo. En la Declaración Política (2006), se comprometieron a superar las barreras legales y regulatorias a productos básicos y servicios; intensificar esfuerzos para promulgar, fortalecer o hacer cumplir legislaciones que eliminen todas las formas de discriminación; eliminar desigualdades de género, incluyendo las acostumbradas y tradicionales prácticas perjudiciales como abuso, violaciones y otras formas de violencia sexual, maltrato y tráfico; proveer protección completa de la confidencialidad y el consentimiento a informar sobre la enfermedad; promover un entorno social y legal que sea garante de la seguridad y divulgación voluntaria del estado de VIH; y garantizar la provisión de educación específica a jóvenes sobre el VIH, intervenciones relativas en medios de comunicación, y la provisión de servicios de salud accesible para jóvenes. En la Declaración Política sobre VIH/SIDA del año 20119, los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) asumieron compromisos superiores con respecto a los derechos humanos y el entorno legal en el contexto del VIH. Sobre la base de estos compromisos, la Estrategia ONUSIDA 2012-2015 se denomina: Llegar a Cero10 subrayando la importancia de “protección social y entornos legales que edifiquen el acceso universal a la prevención del VIH, su tratamiento, cuidado, y apoyo”, y resalta objetivos específicos, así como acciones para garantizar que el entorno legal trabaje para, y no en contra, una respuesta al VIH. La Comisión Global sobre el VIH y la Ley, dirigida por el PNUD en nombre de la familia ONUSIDA, también emitirá algunas conclusiones y recomendaciones para este año 201211. Con estas se pretende asistir a los países en el fortalecimiento de un entorno social y legal acorde al VIH.

El Liderazgo Parlamentario es vital Garantizar que la ley trabaje para – y no en contra de- responder al VIH puede ser una tarea difícil. El estigma, miedo irracional de infección, y el persistente juicio moral a las personas más vulnerables y afectadas por VIH puede significar que el sentido común sea reflejado en aproximaciones que no sólo son discriminatorias, sino que fundamentalmente socavan un sólido enfoque de salud pública para el tema del VIH. Esto a su vez puede generar consecuencias negativas para la salud y el desarrollo. Los Parlamentarios tienen un rol vital que jugar en la mejora del conocimiento público sobre el VIH, demostrando solidaridad con las personas afectadas, defendiendo leyes que avancen en brindar respuestas a la epidemia, así como apoyando enmiendas legales que contemplen las respuestas efectivas al VIH.

Ver Declaración Política sobre VIH/SIDA del año 2011, aquí: http://www.unaids.org/es/targetsandcommitments/ Para revisar el documento completo de la Estrategia Llegar a Cero 2011-2015, vea el siguiente enlace: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strateg y_es.pdf 11 Para conocer más sobre los proyectos e iniciativas en materia de VIH/SIDA dirigidos por el PNUD, revise aquí: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/hiv-aids/overview.html 9

¿Qué pueden hacer los Parlamentos para garantizar que la ley funcione para el VIH?  Investigar si ha habido una auditoría de la legislación nacional que sea relevante para el VIH y el SIDA. Una serie de países – ya sea a través de su programa nacional para el SIDA, el Ministerio de Justicia, o una comisión para la reforma de la ley – han llevado a cabo un análisis sobre cómo el entorno legal afecta la reacción ante el VIH, y si las leyes se ajustan a los estándares y compromisos internacionales relacionados son el VIH, incluyendo las obligaciones que confieren a los derechos humanos. El entorno legal, así como la auditoría legal, debería incluir: 

Evaluar las leyes existentes y concernientes a aquellas áreas críticas que sean relevantes para la prevención del VIH, su tratamiento, cuidado y apoyo – tales como leyes punitivas que bloquean el acceso a la prevención para las personas más vulnerables al VIH, leyes que protejan los derechos de mujeres y niñas, y leyes que protejan los derechos de personas que viven con VIH;



Evaluar el impacto de la aplicación de la ley sobre VIH en la actuación de tribunales, policía y prisiones;



Evaluar el rol del Parlamento en el liderazgo, la legislación y la autorización del presupuesto que den respuesta al VIH;



Evaluar si los ministerios de interior, justicia, inmigración, educación, e igualdad de género, están comprometidos en una respuesta multisectorial y significativa al tema;



Evaluar en qué medida los órganos independientes, tales como instituciones de derechos humanos o defensores del

pueblo, están monitoreando los asuntos de derechos humanos que surgen en el contexto del VIH, así como la implementación gubernamental de las obligaciones relativas. Este tipo de análisis, y las recomendaciones correspondientes, puede generar una base sólida para considerar reformas legales o la promulgación de una nueva legislación. Si no existen análisis recientes, el Parlamento debe hacer un llamado para que este tipo de estudios se lleve a cabo.  Reunirse con organizaciones de personas que vivan con VIH y las personas más vulnerables a la infección de VIH en el contexto nacional, y evaluar cómo el estigma y la discriminación los afecta, y cómo las leyes, la aplicación de las mismas, y el acceso a la justicia puede ser fortalecido para protegerlos y apoyarlos. La sociedad civil, incluyendo los grupos de personas que viven con VIH, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, transexuales, y personas que consumen drogas, constituyen una fuente esencial de información y guía para evaluar qué tan efectivamente un marco legal nacional protege a las personas en el contexto del VIH. Una serie de países han realizado estudios liderados por poblaciones afectadas – tales como las personas que viven con el Índice del Estigma del VIH12 – que documentan las formas de discriminación experimentadas por las personas que viven con VIH, dónde las vivieron, y si pudieron (o no) recuperarse. Los datos de ese tipo de estudios pueden proveer información valiosa para la edificación de entornos legales acordes. Programar una reunión, y asegurarse que el personal de la oficina subscribe las listas de correo de las organizaciones clave sobre el VIH, permite dar seguimiento e informarse sobre posibles acciones a desarrollar.

Para mayor información sobre el índice visite su sitio web oficial: http://www.stigmaindex.org/ 12

 Evaluar si la reforma legal es necesaria, y en qué áreas 

Reunirse con expertos en leyes y derechos humanos, funcionarios de autoridades nacionales en materia de SIDA, instituciones nacionales facultadas para revisar la legislación (tales como las instituciones de derechos humanos, defensorías del pueblo y comisiones de reforma legal), redes de personas viviendo con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil, y que en estas reuniones se discuta qué elementos fortalecerían la reforma de conformidad con los estándares y normas internacionales de los derechos humanos relacionados con el VIH, derechos constitucionales, que signifique un mayor y efectivo apoyo para dar respuesta al VIH; y



Comprometerse con los miembros de comités parlamentarios relevantes para compartir preocupaciones sobre deficiencias en la legislación nacional, los impactos negativos sobre las personas que viven con VIH, mujeres, niños y otros grupos vulnerables a la infección del VIH, así como también para tratar las implicaciones negativas, y con todo esto intentar dar una respuesta nacional eficaz a la epidemia.

 Crear un grupo de interés parlamentario sobre el VIH y/o la Salud, y construir conocimiento y liderazgo en asuntos relacionados con el VIH 

Generar apoyo a través de las líneas de los partidos para direccionar los desafíos relacionados con el VIH;



Congregar a parlamentarios que quieran conocer más sobre asuntos relacionados al VIH, y que están comprometidos a tomar acciones, incluyendo reformas legales;



Considerar la posibilidad de convocar a las múltiples partes interesadas en audiencias públicas sobre determinados temas relacionados con el VIH (tales como prevención de la transmisión madre-hijo, estigma y discriminación; acceso a servicios relacionados con el VIH para grupos vulnerables), donde participen expertos y personas que viven con VIH, así como miembros de grupos vulnerables; y



Generar alianzas con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre el VIH. Muchas veces esto puede ser una manera eficiente para acceder a estudios nacionales e internacionales relevantes, permitiendo ampliar los limitados recursos parlamentarios en esta área.

“Hablar francamente en contra del estigma y la discriminación relacionada al VIH(…) Ayudar a las personas que viven y son vulnerables al VIH, a conocer sus derechos, e incentivarlos a realizar demandas específicas y acceder a la justicia”  Mejorar la conciencia pública sobre el VIH e influenciar el debate, particularmente a través de los medios de comunicación 

Hablar francamente en contra del estigma y la discriminación relacionada al VIH, incluyendo la discriminación contra ciertos grupos que incrementan su vulnerabilidad al VIH;



Involucrar a los medios de comunicación en las actividades parlamentarias relacionadas al VIH;



Utilizar los encuentros públicos y boletines para informar a los ciudadanos y líderes comunitarios sobre los compromisos que el gobierno, o el partido que represente el legislador, han establecido para lograr el acceso universal a la prevención del VIH, su tratamiento, cuidado y apoyo;



Incluir en diversas actividades parlamentarias y constituyentes a las poblaciones afectadas, considerando a las personas que viven y se desenvuelven con VIH en sus organizaciones, así como

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las organizaciones de trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, transexuales, y personas que consumen drogas; y 

Ayudar a las personas que viven y son vulnerables al VIH, a conocer sus derechos, e incentivarlos a realizar demandas específicas y acceder a la justicia.

 Vigilar la observancia e implementación de las leyes en el contexto del VIH. 

Hacer seguimiento de la reforma legal relacionada al VIH, verificando que los ministerios competentes hayan desarrollado las regulaciones necesarias y dirigido líneas de acción a su personal para apoyar su debida implementación;



Reunirse con organizaciones de la sociedad civil y motivarlos a vigilar y reportar si la legislación respectiva está siendo cumplida y respetada;



Solicitar información sobre el número de casos de discriminación relacionados con VIH que son reportados y dirigidos por las instituciones nacionales en materia de derechos humanos; y



Conducir consultas públicas sobre violaciones de derechos humanos relativas al VIH, y presentar los hallazgos en comisiones parlamentarias y ministerios competentes.

 Abogar para que se establezcan las asignaciones presupuestarias correspondientes para apoyar la implementación de la legislación sobre VIH. Analizar las asignaciones presupuestarias relacionadas con el VIH y abogar por los debidos ajustes de modo que: (a) los programas y servicios para la prevención del VIH, su tratamiento, cuidado y apoyo, alcance a todos aquellos afectados por la epidemia y con derecho a dichos servicios; (b) las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo redes de personas viviendo con VIH, reciban el apoyo para realizar actividades de promoción y prestación de servicios; y (c) los programas nacionales para potenciar el acceso a la justicia y reducir el estigma y la discriminación, reciban el apoyo adecuado, incluyendo la sensibilización del poder judicial y programas de capacitación para los trabajadores de la salud, profesores y el personal de seguridad pública.

Traducción: Marianny Pacheco /Enlace original en inglés aquí.

La asistencia de los diputados en tiempos electorales (mayo-julio 2012)

Por Alejandro Agudelo13 y Jemirson Ramírez14.

En Entorno Parlamentario uno de los elementos centrales para el análisis del desempeño parlamentario es la asistencia de los diputados a las sesiones realizadas en el Hemiciclo, también conocidas como sesiones Plenarias. En ejercicios anteriores sobre el análisis del comportamiento de la asistencia a estas sesiones de los diputados, se ha evidenciado la influencia de las coyunturas electorales en la presencia de los diputados en la cámara. Específicamente, en lo que resultó del proceso electoral de las primarias de la oposición en el primer trimestre de 2012, período en el que se evidenció una disminución significativa de las asistencias de diputados bajo la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sin embargo, bajo la actual coyuntura electoral, iniciada a partir del primer tercio del año con la elección del candidato de la oposición y el inicio de campaña presidencial, los resultados del análisis sobre el comportamiento de las asistencias de los diputados a la Plenaria, contrasta significativamente con el anterior periodo estudiado.

Si bien es cierto, que para el momento de las primarias de la oposición, reseñábamos un significativo nivel de ausentismo en la plenaria de la Asamblea Nacional por parte de los diputados de la MUD; en ésta oportunidad, el registro de asistencia de los diputados es casi absoluta para ambas tendencias políticas. En el periodo estudiado Mayo-Julio del año en curso, en el caso de la MUD, de 65 escaños ocupados por sus diputados, 65 han asistido entre el cien (100) y el ochenta (80) porciento de las sesiones convocadas para la Plenaria, entre principales y suplentes. En donde diez (10) diputados han asistido a todas las sesiones, cincuenta y cuatro (54) al noventa y dos porciento (92%) de las sesiones y dos diputados al ochenta y cinco porciento (85%) de las sesiones.

13 14

Politólogo (UCV). Especialista en Políticas Públicas (UCAB). Coordinador de Investigaciones Entorno Parlamentario. Politólogo (UCV). Profesor universitario. Coordinador de Proyectos Entorno Parlamentario.

Parlamentoscopio ® | Número 6 | Septiembre 2012

Por su parte, los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP), la coalición parlamentaria mayoritaria, han alcanzado un comportamiento muy similar al de sus colegas de la oposición. De 97 escaños ocupados por sus diputados, 95 escaños han asistido entre el cien (100) y el ochenta (80) porciento de las veces a las sesiones plenarias. Entre principales y suplentes, en donde trece (13) diputados han asistido al cien porciento (100 %) de las sesiones, ochenta y un (81) diputados al noventa y dos porciento (92%) de las sesiones y un diputado al ochenta y cinco (85%) de las sesiones, tal como se muestra en el gráfico 1:

Grafico 1: Asistencia de los diputados a las sesiones plenarias por coalición (MUD/ GPP). Mayo – Julio 2012

120 100 80

MUD

GPP

20 0

100-80

79-60

59-40

39-0

Elaboración propia con datos de la Secretaría de la AN.

Gráfico 2: datos de las asistencias a las sesiones plenarias por parte de los diputados de la MUD y del GPP. Mayo – Julio 2012

Intervalo

GPP Cantidad Porcentaje

MUD Cantidad Porcentaje

100-80 79-60 59-40 39-0

95 1 1 0

98 1 1 0

66 0 0 0

100 0 0 0

TOTAL

100

Elaboración propia con datos oficiales de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Disponibles en el siguiente enlace: http://goo.gl/BbNu0

Ante esta evidencia empírica tan notoria, es pertinente ofrecer un reconocimiento a la labor de los diputados en tanto a su asistencia a las sesiones plenarias, ya que a pesar de presentarse una coyuntura electoral, que exige su participación en las actividades de campaña como militantes de los partidos a los que representan en la Asamblea Nacional, no se han desentendido de su actividad parlamentaria, al menos en cuanto a su responsabilidad con las sesiones plenarias.

Sin embargo, cabe destacar a partir del análisis del desenvolvimiento de la agenda parlamentaria, que a pesar de la asistencia de los diputados a la sesiones, la agenda legislativa ha sido subordinada al debate de campaña, tal como se refleja en nuestro más reciente Informe Especial referido a los escenarios parlamentarios posteriores al 7-O15. En consecuencia, el Poder Legislativo ha sido arena para la contienda electoral, más específicamente, las sesiones plenarias, como tribuna para el direccionamiento a la opinión pública de ataques (y contenciones) enmarcados en la estrategia electoral de ambos comandos. Escenario que explica en buena medida el precario desempeño en otros ámbitos del desempeño parlamentario tanto individual como colectivo en cuanto a las competencias legislativas, contraloras y de investigación. A nuestro modo de ver, esta dinámica no favorece al fortalecimiento del parlamento como institución pública autónoma, mostrándose ante el país como un poder público subordinada a la agenda electoral del Poder Ejecutivo.

Edición y diagramación Xavier Rodríguez Franco Coordinación Marianny Pacheco

Colaboradores Alejandro Agudelo Jemirson Ramírez Luís Alfonso Herrera Víctor Clark

Consulte el referido Informe Especial, en el siguiente enlace: http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2012/09/escenarios-legislativos-post-7o.pdf 15