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RЄPRI Revista Єlectrónica del EPRI Visite nuestra web: www.epri.ufm.edu.gt/ Octubre 2005 Año 1. Número 3

Universidad Francisco Marroquín Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

ISSN 1815-9249

Sumario 2

Editorial

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El Estado corrupto corrompe

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¿Para qué la ONU?

Consejo Editorial Director EPRI: M.A. Pedro Trujillo Álvarez Coordinador: Lcdo. e Ing. Luís René Pellecer

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Florentino Portero

La Política de Accountability social en América Latina Enrique Peruzzotti

Consejo de Redacción: Dr. Francisco Beltranena Falla Dr. Armando De la Torre Ing. Ramón Parellada Lcda. Caroll Ríos de Rodríguez

20

Revisor de estilo: Dr. Amable Sánchez

25

Montaje y Edición: Lcda. Lorena Morales M.A. David Amador

34

Administración: Lucrecia Illescas Ortiz Claudia Ester Sajquín Soto Shirley Folgar

Armando de la Torre

El matrimonio gay, un acto de justicia Luís Figueroa

Perspectivas macroeconómicas ante la coyuntura política Adolfo Gutiérrez

40

Demarchy: A Hayekian proposal on Democracy David Amador

David C. Martinez-Amador “Lo que es de todos no es de nadie”: la tragedia de los comunes en México Roberto Blum

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El Genio de Occidente (Louis Rougier)

44

¡Visto y Leído !

Flora Gómez

Las opiniones representan exclusivamente el punto de vista del autor.

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Editorial Cerramos el año académico con este nuevo número de nuestra revista electrónica.

Muchos han sido los acontecimientos que nos deben hacer pensar en estos últimos meses: la lucha por la democratización de Irak, no aceptada ni compartida por todos; el “no” a la denominada Constitución Europea, que supuso un revés importante a la política de integración en ese continente; el despegue de China como potencia económica y su impacto directo en la industria del acero, la maquila, la elaboración de textiles, la industria automovilística, y la demanda y consiguiente escalada de los precios del petróleo; los desastres derivados de fenómenos naturales, que han desnudado la escasa capacidad de respuesta de muchos países, especialmente de Estados Unidos, lo cual una vez más pone de manifiesto que ningún Estado ni organización es absolutamente capaz de hacer frente a este tipo de eventualidades, y que la colaboración, la prevención y la organización son necesarias para evitar males mayores; las políticas desafortunadas de líderes populistas y de ciertas facciones de corte revolucionario, que pretenden seguir engañando a sociedades carentes de niveles mínimos de educación y manipulando a determinados colectivos, mediante la “venta” de ideas y prospectos sobre cómo el Estado puede solucionar problemas que nunca se solucionan, sin percibir que precisamente es así por culpa de los Estados, e impidiendo que sea la libertad del individuo la termine por imponerse y, junto con ella, la responsabilidad personal de cada uno; la corrupción de mandatarios, especialmente en Iberoamérica, que desenmascara una vez más la política (con minúscula) y traza un nuevo horizonte para otra generación que deberá continuar la lucha por imponer el ejercicio de la ética en todas las actividades; en fin, muchos acontecimientos más que han conformado la actualidad nacional e internacional, y que nos deben servir para aprender en ese ejercicio de prueba-error que posibilita el avance de la humanidad.

Por nuestra parte, en los tres números editados este primer año, más el extraordinario sobre la Unión Europea, hemos querido recoger aspectos académicos y de actualidad que pueden ser objeto de análisis, estudio y reflexión en las diferentes áreas de interés para todos. Esperamos estar colaborando en el sentido de formar personas libres y responsables, para que, desde el ejercicio de la libertad individual, seamos capaces de modificar conductas y actitudes que, durante años, incluso siglos, han venido subyugando a nuestras sociedades latinas.

Esperamos y deseamos un mejor año 2006 y solicitamos la colaboración de nuestros lectores, a fin de continuar editando una revista electrónica de interés para el colectivo de internacionalistas y politólogos en general, y en particular de todos aquellos que nos leen y comparten o discuten nuestras ideas y nuestras opiniones.

Gracias por la confianza que han depositado en nosotros. ¡Feliz Año Nuevo!. Esperamos seguir con todos ustedes durante el nuevo ciclo universitario.

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A propósito de legislar la supresión de discriminaciones “sociales”:

El Estado corrupto corrompe Armando de la Torre (*)

El pensamiento políticamente “correcto” de hoy propone que se legisle uniformemente contra cualquiera manifestación de discriminación sobre todo en el trato social.

La legislación a que se alude siempre en este caso es la positiva, no la iusnaturalista, mucho menos la consuetudinaria.

Esto se propone de buena fe sin tener en cuenta una delimitación lo más estricta posible entre las esferas de lo privado y de lo público. La experiencia histórica, sin embargo, nos habría de prevenir en contra de tal iniciativa. El “Leviatán” a que se enfrentaron desde el punto de vista teórico Thomas Hobbes y John Locke ha crecido enormemente en su poder regimentador desde el siglo XVII. La ciencia y tecnología modernas facilita a los gobernantes el ejercicio de facultades discrecionales mucho mayores que las de cualquier despotismo de antaño, como muy bien lo señalara Alexis de Tocqueville en su monumental ensayo “La Democracia en América”.

El ánimo nivelador, encima, hizo posible monstruosidades igualizantes hacia abajo, por la raza (el nazismo), la clase social (el socialismo materialista dialéctico), el nacionalismo ya fuera de corte jacobino o fascista, o locuras genocidas como la ocurrida en Camboya bajo Pol Pot. Esas experiencias fueron las que alimentaron la figura del “Gran Hermano” del previdente George Orwell, o la magnífica dramatización humorística de Charles Chaplin en “El Gran Dictador”.

El célebre pensador inglés Lord Acton (1834-1902) acuñó el no menos célebre apotegma, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Sus destinatarios inmediatos eran entonces los Cardenales convocados para el Concilio Vaticano I (1870), y su motivo, argüir contra la propuesta de los ultramontanos en la Iglesia de proclamar la infalibilidad dogmática de los Sumos Pontífices en materia de fe y costumbres.

Lord Acton se vio defraudado, con otros muchos, en sus aspiraciones, pues el decreto de infalibilidad fue aprobado apenas días antes de la interrupción del Concilio por el estallido de la guerra franco-prusiana.

Pero, desde entonces, su agudo comentario se ha hecho universalmente proverbial y en todas las esferas de la vida, tanto la pública como la privada, en

especial con vista a los peligros inherentes al uso legal del monopolio de la fuerza -o de la amenaza del uso de la fuerza- reservado constitucionalmente, y con exclusividad, para los legisladores y gobernantes de los Estados.

El abuso de ese monopolio legal de la coacción se hizo extremo con la emergencia, en el siglo XX, de los sistemas totalitarios aludidos: el nacional-socialista (Mussolini, Hitler, Perón…) e internacional socialistas (Lenin, Stalin, Mao, Castro, Pol Pot…). La corrupción en las altas esferas de tales regímenes alcanzó niveles nunca vistos, ni siquiera previsibles, mayores aún que aquella de las monarquías absolutas de los siglos XVII y XVIII durante el vilipendiado “ancien régime”.

El fruto de la concentración en unas pocas manos de las facultades de legislar, ejecutar e interpretar.

Las luchas, por otra parte, de individuos y gremios en contra de las arbitrariedades de los poderosos hacia “colectivos”, fueran estos de índole étnica, económica, religiosa, pero sobre todo política, se han hecho una constante en la entera evolución histórica de Occidente, desde la Grecia clásica y la Roma republicana a nuestros días.

Aun ese rasgo de indignación ante la injusticia, originada entre los pueblos semitas, en particular de los profetas hebreos de Israel, que descendían de las montañas hacia los llanos (Natán, Amos, Miqueas, Oseas) para reprochar a sus congéneres en la fe haberse dejado “corromper” por los centros urbanos de cananitas y filisteos, hubo de tener un eco en el clamor generalizado contra los “injustos”, contra los más fuertes, inclusive contra aquellas instituciones que ellos percibían incitadoras “al pecado” de injusticia: la monarquía hereditaria, la adquisición violenta de la tierra, el crédito usurero, los impuestos excesivos, el lucro producto del engaño, la esclavitud del hermano, la prostitución sagrada, el odio al extranjero, las guerras no provocadas, los sacrificios humanos, el culto a los muchos dioses, incluso la institucionalizada indiferencia ante el dolor de las viudas y los huérfanos, primera alusión, por cierto, a las perennes injusticias de género femenino...

Transcurridos milenios, también en aquellas otras “formas” de organización política, las feudales y comunitarias (“burgos”), inmediatamente anteriores a la emergencia de los Estados nacionales centralizados -que habrían de consolidarse y perpetuarse en torno a dinastías-, en las ciudades “libres”, por ejemplo, de la

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Italia del Norte, de Flandes, de la Hansa, las protestas populares contra la corrupción de los poderosos a costa de los débiles se volvieron rutina (y de ahí las sátiras de Bocaccio y Chaucer), no menos que cuando en el apogeo de las “polis” clásicas de los griegos Aristófanes hacía reír para no llorar.

Otro tanto se había vivido por la plebe romana contra el discriminante ejercicio del “imperium” por los cónsules y senadores de la Roma posterior a los Graccos (del 133 al 31 antes de Cristo), por turnos unas veces contra los “optimates” y otras contra los “populares”.

Y cuando el cristianismo envolvió con su devoción al entero imperio, el mismo prejuicio imperial de aquellos, los privilegiados por cumplir con el culto oficial a los dioses hubieron de llevar a los mártires de un solo Dios (y para colmo de otra raza y cultura) a desangrarse en las arenas de los circos.

Entre los campesinos minifundistas de las tierras medievales, a los albores del moderno Occidente, al igual que había sido entre los “ciudadanos” de las concentraciones urbanas del mundo clásico, se repitieron con monótona ferocidad las explosiones de ira de los servi glebae (los siervos de la gleba), y aun de los artesanos urbanos, en contra de sus “mejores”, a pesar de hallarse ambos estamentos inextricablemente ligados a la misma heredad territorial o urbana.

Pero entre aquellos mundos antiguo, medieval y moderno, Lord Acton podía instalarse ventajosamente en el otro mucho más reciente de los contrastes de los europeos entre sí que le eran contemporáneos. Los Estados nacionales del continente, bajo el absolutismo dieciochesco, tardaron mucho en aprovecharse de la exitosa experiencia liberal británica a partir de la “Revolución Gloriosa” (1688), o la de sus colonias de ultramar en América del Norte desde mucho antes de su independencia (1776), e incluso la más flamante, la de la Francia jacobina durante la expansión napoleónica de la revolución francesa de 1789.

El substrato común a todas esas (y muchas más) explosiones colectivas era el deseo de los “de abajo” de asegurarse en lo posible sus libertades y propiedades individuales como los “de arriba”, obligando para ello constitucionalmente a sus gobernantes a rendimientos de cuentas periódicos y públicos ante quienes eran sus verdaderos empleadores, llámense en conjunto pueblo, nación o, simplemente, contribuyentes al fisco.

También Lord Acton pudiera haber aducido con facilidad la manifiesta putrefacción imperial de la Turquía de su tiempo, “el hombre enfermo del Bósforo”, o de la de la China de la dinastía manchú, que asimismo decaía aceleradamente, y cuyos despojos empezaron a repartirse las potencias occidentales a partir del Congreso de Berlín de 1878 –

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éstas, por otra parte, ya más eficientes y limpias por haberse visto sus respectivas administraciones centrales restringidas en sus poderes discrecionales-.

Pero, ¿cómo puede un Estado al legislar corromperse y cómo, a su turno, corrompe?

La “ciencia regia”, que llamaran los griegos el arte de la política, adolecía para ellos de un supuesto fatalismo cíclico con respecto al ejercicio del poder estatal: a sus inicios históricos, el gobierno del uno (el monarca) habrá de degenerar con el paso de los años en tiranía, esto es, corromperse en la medida en que los intereses muy personales del rey de turno desplazaban a un segundo plano los intereses de sus súbditos. Querían los pensadores griegos explicarse así la eventual deposición violenta de sus reyes a manos de aquellos pocos que gozaban de la capacidad bélica y del capital para podérsele enfrentar: la nobleza terrateniente.

El régimen, entonces, que le sucedía, esto es, el de varios ciudadanos -los “mejores” (“áristoi”)-, habría similarmente de decaer al ritmo en que esos “mejores” (los aristócratas) se tornaran oligarcas, es decir, preocupados exclusivamente por acumular riquezas para sí y sus “clientelas”. De nuevo, por tanto, habría de sobrevenir otro cambio de sistema, esta vez en favor de “los más” (los “démos”).

La resultante “democracia”, erigida sobre el principio de la “isonomía” (igualdad de todos ante la ley), terminaría, sin embargo, por declinar moralmente a su vez en manos de demagogos (Alcibíades), que lograban canalizar las ventajas del poder electivo de las masas hacia grupos de presión que les eran afines y subordinados, y que, coaligados momentáneamente para formar mayorías heterogéneas e inestables, se entregaban en el entretanto a la tarea de explotar a los restantes grupos minoritarios (y a sus aliados foráneos).

Ese triste círculo de regímenes que sucesivamente se degradaban fue, precisamente, el detonante para que Platón saliera a la busca de su celebérrima utopía sobre “la República” definitiva (de no más cambios), y cuya reaccionaria renuencia a lo nuevo y diferente pusiera al descubierto, dos milenios después, Karl Raymond Popper en su famoso estudio sobre “La Sociedad Abierta y sus Enemigos”.

Según ese pesimismo encerrado en aquella visión cíclica, las ciudades-Estado se hallaban condenadas a emprender una y otra vez, con parecido desenlace, saltos estructurales truculentos en cualquiera de los sistemas (de la monarquía a la aristocracia, de la aristocracia a la democracia, y de ésta, de vuelta a la monarquía). El hombre, el único animal que se tropieza dos o más veces con la misma piedra.

Pero ese regreso al punto histórico del inicio ya no habría de ser tan inocente: se clamaría ahora, deliberadamente, por un tipo inédito de monarca autoritario, un “sotér” (“salvador”, “caudillo”, “Duce”,

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“Fuehrer”, “Timonel”, “Máximo Líder”…), a quien se le delegarían “plenos poderes”, y a quien se le debería por todos una obediencia incondicional (ese poder absoluto que en palabras de Lord Acton acaba por corromper a todos absolutamente) para que hiciera ley de sus muy particulares preferencias ( la abolición del Edicto de Nantes por Luís XIV o las leyes raciales de Nuremberg bajo Hitler, por ejemplo).

Desde tan melancólica óptica, claro está, no podía quedar espacio alguno por donde el Estado pudiera escapar tangencialmente a un destino discriminador que necesariamente implicaba su corrupción. De ahí, para Platón, la inexistencia de alternativas excepto la fuga hacía la utopía.

Pero un historiador macedonio genial, Polibio, retenido como rehén en Roma simplemente por ser de esa estirpe, creyó haber descubierto (hacia el año 150 a. de c.) una solución más cercana a lo real en el entorno que lo mantenía cautivo.

Para su enorme sorpresa, la dinámica Constitución romana parecía haber provisto a los romanos de esa tangente salvadora hacia una “pólis” más respetuosa de individualidades y comunidades por igual. Una evolución jurídica espontánea que había permitido fehacientemente a los rudos y simples campesinos del Lacio, tan disciplinados y cumplidores de la palabra empeñada, lograr en un lapso de siglo y medio no solo una estructura estable sino, gracias a ella, la supremacía sobre todo el Mediterráneo, meta imposible para los sofisticados pero fragmentados y convulsos hijos de la Hélade.

Según Polibio, en la “concordia ordinum” romana (el sistema consuetudinario de pesos y contrapesos entre cónsules, senadores y tribunos) se hallaban a un mismo tiempo al timón del Estado monarquía, aristocracia y democracia, factor éste clave, a sus ojos, que habría asegurado a sus ciudadanos por un dilatado tiempo una vida pública más libre de escándalos -también más predecible-, que lo usual entre atenienses, tebanos, corintios o macedonios.

Esa aguda intuición, empero, hubo de estrellarse, ya muerto Polibio, contra las inesperadas ambiciones para redistribuir el éxito social, económico y militar alcanzado, de caudillos que se enfrentaron ferozmente, cada uno en el supuesto de que su esquema redistribuidor era mejor que el de los otros: Mario, Sila, Pompeyo, César, Marco Antonio, Octavio….

De esa manera comenzó, hacia el año 133 a. de C., con una reforma agraria (impulsada por los hermanos Gracco), la llamada “revolución romana”, que al cabo de un siglo de convulsiones y desangramientos acabaría por dar al traste con aquella su otrora envidiable República.

La terminante concentración de los poderes públicos en Augusto marcó el inicio de la decadencia creciente de las instituciones republicanas bajo el Imperio, hasta el colapso de su mitad occidental a mediados del siglo

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V. El capricho de los poderosos volvió a imperar sin los frenos de antes. Los nombres de Tiberio, Calígula, Nerón, Heliogábalo, Caracalla, Decio, Deocleciano, y de tantos más, hicieron olvidar las virtudes cívicas de aquellos héroes de antaño, Escipión, Catón, Cicerón, o, inclusive, de aquellos otros raros ejemplares todavía en pleno imperio,: Séneca, Epicteto o Marco Aurelio.

El Estado se volvió más sórdido y dependiente de los antojos de los pocos.

Tal parece que a los hombres les sea más difícil manejar los éxitos que los fracasos.

Comprender hoy, teóricamente, ese proceso de degeneración progresiva del Estado, que termina por contagiar de su fragilidad moral a cada uno de sus ciudadanos, dependerá, entonces, en buena parte de la concepción previa que se tenga de la naturaleza de la sociedad políticamente organizada.

Para quienes con Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino el Estado es un “organismo” sui generis, compuesto de órganos diferentes (individuos, familias, gremios, municipalidades, parroquias, corporaciones, etc.), cada uno con fines particulares especializados, y con un único órgano rector supremo por encima, que los abarca a todos, y cuyo fin habría de consistir en determinar el bien “común o general”, Estado corrupto es aquel que habría olvidado esa excelsa función de servicio al bien “común” o general (entendido éste como no excluyente): el orden igual bajo la ley igual, la paz protegida, la judicatura independiente, la infraestructura accesible a todos, la prosperidad generalizada, etc.

Se habrá pervertido, empero, por haberse ceñido a servir los intereses muy particulares de individuos y grupos - de acuerdo a criterios étnicos, económicos, políticos, gremiales, sociales, religiosos- “vencedores” en la lucha política y devenidos privilegiantes a favor propio, con el ineludible desaliento colateral, y el cinismo, que habría de cundir entre los restantes miembros vencidos y expoliados de esa sociedad.

Un Estado, así castrado en su aporte principal al supuesto bien “común”, reduce de hecho lo público a un juego “suma cero” a favor de privados donde, en palabras de Montaigne, “la ganancia de un hombre ha de ser la pérdida del otro”.

Pues, ¿quién determina lo que constituye lo común de ese bien? ¿Algún genio omnisapiente, como se supuso equivocadamente- lo fueron Licurgo o Solón? ¿O una “elite” de “próceres” y “padres” de la patria que legislaron siglos atrás para las generaciones futuras a las que no podían consultar? ¿O “filósofos reyes” (Oliveira de Salazar uno de los modernos, en opinión de Adlai Stevenson) o “científicos” de la dialéctica de la historia, Lenin, por ejemplo, que habrían adquirido en exclusiva el conocimiento de sus leyes? ¿O más bien algún “Geist” misterioso y benévolo que opere desde las sombras del inconsciente colectivo? ¿O, por qué

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no, el déspota “ilustrado” con el que soñaran Voltaire y otros “philosophes” de la Ilustración, y que creyeron ver encarnado en las personas de Pedro el Grande, Carlos III o Federico de Prusia...? O, más modestamente y actual, ¿por cualquier masa electoral de momento estadísticamente mayoritaria?...

La llamada Escuela de Virginia (Buchanan y Tullock), de análisis económico de las opciones públicas, subraya con claridad meridiana que todo gobierno “de grupos” no es intrínsecamente más que otro juego suma cero.

También ése de las democracias occidentales con pretensiones de “Estados benefactores” (Wohlfahrtsstaaten, Welfare states), que se arrogan determinar el bien “común” con propósitos redistribuidores. Porque tampoco han escapado ellas, al beneficiar a unos a costa de otros, al sapientísimo adagio: “De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.

Por desgracia, éste ha sido el espíritu con el que los constituyentes, alineados según predilecciones políticas, redactaron la Constitución vigente (1985) en Guatemala, y la gran mayoría de las demás Constituciones de Iberoamérica –con honrosas excepciones, por ejemplo, la de Chile en 1833 y la de la República Argentina en 1853-, imbuidas todas de los pensamientos seminales sobre una quimérica “voluntad general”, y sobre la nación “soberana” sin límites, desarrollados por Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) en su “Contrato Social”. También de su radical premisa, la bondad “natural” del hombre, jamás sometida, a suficiente juicio crítico.

La pretensión de fijar de antemano, y ajenos a la inveterada experiencia cotidiana, el “bien común o general” de un pueblo, en teoría preferido a cualquier otro bien individual o particular, se ha evidenciado abundantemente como la coartada ideal para justificar cualquier discrecionalidad arbitraria por políticos desde el poder, o por los burócratas a sus órdenes, todos pretendidamente “benefactores” (a cambio de votos).

La caricatura verbal del revolucionario mexicano Álvaro Obregón: “Para mis amigos, favores; para mis enemigos, la ley”.

Y así, apoyada en esa fementida soberanía bondadosa se ha derivado la ulterior politización partidista tanto de la legislación positiva como de la misma administración de la justicia.

El espíritu de la filosofía legal imperante por los últimos dos siglos, el positivismo jurídico, trasladado al papel por primera vez con el Código Civil de Napoleón (1804) y depurado conceptualmente por John Austin y Hans Kelsen para la Europa insular y la continental respectivamente, ha hecho más fácil tales perversiones de la naturaleza neutra del Estado y, con ellas, las recurrentes crisis de confianza en la “democracia”, otra vez patente en nuestro entorno iberoamericano.

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Las luchas desencadenadas entre los grupos de presión mercantilistas que quieren valerse de un ejercicio del poder coactivo, prácticamente ilimitado, para obtener “rentas” que no han merecido y que, sin embargo, osan identificar con el bien “común” de todos, han hecho y hacen a los gobiernos “democráticos” sumamente vulnerables a los extremos del populismo o de las demandas de los opulentos, y al resto de nuestros conciudadanos, escasos de oportunidades para mejorar sus vidas.

Es ésa la mejor explicación de la abultada emigración hacia América del Norte de muchos de nuestros conciudadanos más emprendedores, sobre todo de México, Cuba, Centroamérica, y ahora también de Venezuela, Ecuador y la Argentina.

“Fabricantes de miseria”, como con razón cataloga a tales grupos de presión Carlos Alberto Montaner.

Otra concepción del Estado, diferente, y antagónica a esa clásica de la organicista, la fundamentó Karl Marx en la dialéctica hegeliana: el Estado, para él y sus seguidores, es una herramienta provisional (hasta la eventual supresión de la propiedad privada) enderezada a la explotación de una clase dominada por otra dominante.

El Estado “socialista”, propio de esa etapa intermedia entre la capitalista en la que nos encontramos y la comunista a la que ineluctablemente arribaremos, no sería más que un lapso -de duración indefinida-, para que la naturaleza humana transite de las sociedades de clases a una final e idílica “sin clases”, y por ende, también sin Estado.

Llegados a esta última concreción política, “la sociedad sin clases”, para siempre ya inmutable, se habrá esfumado con ella el concepto hobbesiano del “homo homini lupus” (razón antropológica, según él y los suyos, para la motivación hallada en el lucro individual) y en su lugar cada cual “dará a los demás según sus capacidades y recibirá de ellos según sus necesidades”.

Tras tamaña transmutación, el hombre, por fin, habría entrado en el reino de la libertad individual sin constricciones externas, el sueño imperecedero del liberalismo clásico de Kant hecho realidad, pero en un contexto jamás antes imaginado por ese burgués, ignorantes del rumbo materialista dialéctico de la historia, y de la clave para entenderla: la lucha de clases sin concesiones.

Con semejante visión instrumental del Estado no cabe identificar bien “común” o “general” alguno, sino tan sólo el decididamente de una clase (además transitorio): el de los verdaderos detentadores del poder estatal a través de sus representantes a sueldo, ya que éstos últimos siempre responderán a los intereses de quienes les pagan.

Sostener lo opuesto, para Marx, es recurrir a la mera “ideología”, esto es, a la cortina retórica de humo tras la cual las clases dominantes suelen ocultar ante las

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dominados sus intereses de clase, principalmente económicos.

Así lo hicieron, dijo él desde esa óptica, los amos de los esclavos en el ámbito grecorromano. A ella, igualmente, recurrieron los señores feudales -bajo la guisa de religión-, para justificar su expoliación de los siervos. Así arguyen no menos hoy los burgueses propietarios de los medios de producción para obnubilar los proletarios que ellos previamente han tenido sabida cuenta de expropiar.

El desplome del bloque soviético, sin embargo, y lo que continúa saliendo a la luz del “libro negro del comunismo”, ha dado el mentís definitivo a ese espejismo marxista, en el que la persona y sus derechos “inalienables” fueron masivamente conculcados como nunca antes en la historia.

“La Nueva Clase” en Yugoslavia, que describió Milovan Djilas, se constituyó en la explotadora más despiadada de la historia de las demás “clases”.

Las nacionalidades en la Unión Soviética fueron brutalmente desarraigadas de su entorno natal por Stalin, o en el caso individual de Vaclav Havel en la República Checa, como botón de muestra, excluido de la universidad por pertenecer a la clase equivocada.

Se ha constatado, además, copiosamente que los niveles de corrupción y abuso de la autoridad por dictadores “niveladores” y sus respectivas “roscas” de allegados, alcanzaron su cumbre histórica en cada una de las variantes del “socialismo real” (de Lenin a Pol Pot), y que continúan todavía, corregidos y aumentados por su prolongación en el tiempo, en las escleróticas sociedades de Cuba y Corea del Norte.

“El poder absoluto que corrompe absolutamente”.

George Orwell lo supo ilustrar magistralmente en su “Rebelión en la Granja”. Arturo Koestler lo hizo filosofía existencial en “Darkness at noon” (“Del cero al infinito”). Carlos Manuel Pellecer, más cercano a nosotros, lo historió en su “Útiles después de muertos”. Y así, otra infinidad de testimonios, los mejor conocidos aquellos autografiados por sobrevivientes del Holocausto.

La naturaleza humana permaneció la misma durante los setenta años del ensayo soviético, y el “nuevo hombre” que esperaban al final, altruista y transparente, nunca se materializó, más bien se empeoró al hombre “viejo” en lo más ruin y mezquino de su condición humana.

El Estado totalitario corrupto terminó por corromper todas las instituciones en las que hasta entonces se había forjado el sentido individual de la responsabilidad: la familia, la autonomía de la conciencia, la Iglesia, una prensa libre, la previsión al largo plazo por cuenta del individuo, los derechos de propiedad, la inviolabilidad de los contratos, la herencia, la competencia bajo reglas iguales para todos, la cooperación pacífica, hasta el perdón basado

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en atenuantes, y con ellas tocó fondo la degradación humana en aquellos Estados degradados.

Con una, la tercera percepción del Estado, me confieso identificado: la llamada contractual -que se remonta a los ingleses Hobbes y Locke-, y que supieron defender los “federalistas” norteamericanos del siglo XVIII. Se la suele retrotraer por los investigadores serios a la tradición jurídica del ius commune medieval, en especial en su versión anglosajona sobreviviente (“the rule of law”), y en su más reciente continental europea, el Rechtsstaat, el “Estado de Derecho”.

Desde ese estricto punto de vista contractual, no existe un bien “común” o general independiente de la suma de los bienes particulares. Porque “bien” es sólo lo que como tal hayan estipulado libremente entre sí y para sí los contratantes, (en este caso, gobernantes y gobernados).

Un juego suma positivo donde la ganancia de un hombre también habrá de ser la ganancia del otro.

Cada hecho de “corrupción” en el Estado se reduce, entonces, a la cláusula de “incumplimiento de contrato”, lo cual resulta muchísimo más fácil de tipificar y sancionar.

Sabido es que los contratos se rigen por principios morales y éticos consuetudinariamente evolucionados y reconocidos tácitamente por todos, tales, por ejemplo, el principio de “pacta sunt servanda”, o el del respeto irrestricto a los derechos naturales ajenos (hoy denominados “fundamentales” por la legislación positiva, nacional e internacional) a la propiedad, a la libertad y a la vida, y en ese preciso orden, de acuerdo a las múltiples lecciones de la historia.

Ello entraña otra verdad hoy más claramente precisada: los individuos responden a incentivos moralmente buenos y a incentivos moralmente malos. Las normas éticas, legales o las del trato social constituyen verbalizaciones de esos incentivos.

Desde éste ángulo, la calidad moral de las reglas convencionales del juego político es lo más decisivo.

A malas reglas (incentivos), mal Estado y malos ciudadanos. A buenas reglas (incentivos), buen Estado y buenos ciudadanos.

Si la pirámide legal invertida que propuso Kelsen descansa sobre una Constitución solamente positiva, por ahí habríamos de empezar la revisión de nuestro putativo contrato “social”.

Pero si anterior a existencia de ese esquema deliberado de reglas se acepta el de otro conjunto “normativo”, evolucionado espontáneamente –o derivado racionalmente del orden natural-, entonces todo el ordenamiento legislado puede ser comparado con estos otros que le antecedieron y así determinar su justicia: si concuerdan, contaremos con un Estado justo, y si se contradicen, con uno injusto.

El derecho civil, y en la tradición romano-canónica también el penal y el mercantil, constituyen la esencia

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del derecho privado moralmente bueno. La organización deliberada del Estado, en cambio, es del ámbito exclusivo del derecho público, que puede ser moralmente justo o injusto, económicamente eficiente o ineficiente, discriminador o nivelador.

La principal fuente de corrupción con base en el Estado ha sido entonces, a mi juicio, el irrespeto a esa naturaleza evolutiva y anónima contractual del Estado. De ello se nutre esa terca tendencia de los positivistas a subordinar el derecho privado al público.

Un ejemplo clarísimo: el robo del subsuelo por el Estado. Otro no menos elocuente: la actitud prepotente de los funcionarios públicos hacía la educación escogida para sus hijos por los propios padres, por lo demás obligados contribuyentes al fisco.

Un tercero, las innumerables intromisiones discriminantes del Estado en los contratos entre privados: controles de precios que crean escasez artificiales , leyes de inquilinato que frenan la inversión en nuevas viviendas, desigualdades arancelarias intrínsicamente perversas, regulaciones empobrecedoras sobre “impacto ambiental”, sustituciones de importaciones, “paquetazos” tributarios, salarios mínimos, delegaciones del monopolio del poder coactivo en los dirigentes sindicales, caprichosas barreras no arancelarias al comercio, cuotas étnicas o de género en las universidades y agencias del gobierno, progresividades de los impuestos sobre la renta, etc.

Peores ejemplos los constituyen las pretensiones filosóficas estatizantes al equiparar los “derechos” colectivos (al trabajo o a la vivienda, que a nadie obligan) a los individuales (que obligan a todos), o de subsumir autoritariamente a la justicia “social” la justicia a secas.

Todo ello, cauda del moderno hábito racionalista a “hipostatizar” abstracciones: la nación, la clase, la raza, la corporación, el gremio, el gobierno…

A causa de todo ello, la justicia no se aplica, el crimen, -organizado o no-, se desborda, las familias se desintegran, los valores se relativizan, la experiencia se menosprecia, la responsabilidad se ignora, o se le elude, y la esperanza se esfuma en los jóvenes hasta no dejar otra vía, para muchos, que el lento suicidio del alcohol y los estupefacientes…

Porque el “sistema de reglas” (incentivos) por el que nos regimos olvidó los rasgos primarios de toda LEY auténtica: no tener destinatarios y que ante ella todos los individuos habremos de ser visto por igual.

A todo ello también contribuye el sistema de “representación proporcional”, vigente en muchos países tercermundistas -y también en Israel-, y en Iberoamérica en todos los países menos en Chile.

Sistema que multiplica innecesariamente los grupos de interés, que pueden constituirse, aisladamente, en el

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fiel de la balanza para coaliciones parlamentarias, y así hacerse de un peso que electoralmente no acarrean.

En Guatemala contamos con un “listado nacional” para cubrir el 25% de las curules en el Congreso, lo que asegura la elección y reelección de los políticos más viejos y mañosos, y desalienta a los más jóvenes y reformistas. Ya electos, esos políticos representan a todos y a nadie a un tiempo, lo que los inmuniza de hecho para rendir cuentas a sus respectivos electores.

Si a esto se añadiera “legislación” a lo largo de líneas étnicas, so pretexto de proteger a minorías, la corrupción legislativa y la consiguiente inestabilidad del gobierno nacional llevarían a la “balkanización” del Estado. Precisamente una de las prevenciones más agudas de James Buchanan y Gordon Tullock en su obra seminal “El Cálculo del Consenso” se refiere a ese peligro de restringir el ámbito de lo “legislable” a diferencias colectivas duraderas en los países cultural, lingüística y étnicamente heterogéneos. La propensión, entonces, a discriminar legislativamente se haría para los legisladores irresistible, como lo evidencia el penoso caso actual de Bolivia.

La solución está en asignar los electores a distritos geográficos, indistintamente de su “plurilingüidad, multietnicidad y pluriculturalidad”, como ha predominado tradicionalmente en los países llamados “desarrollados”, principalmente los anglosajones.

La discriminación (la tendencia a hacer juicios de valor sostenidos sobre grupos en contra de la evidencia) ha sido siempre ineficiente, además de injusto. Y, por lo tanto, se ha constituido en otra fuente de corrupción en el Estado. De ella se han nutrido los más diversos “buscadores de rentas” a lo largo de la historia, y por ella ha aumentado el “costo social” que le valió el premio Nóbel a Ronald Coase.

Gary S. Becker, en “The Economics of Discrimination” (1957), identificó las fuerzas que determinan la discriminación en el mercado, que no son muy diferentes de las que se proyectan legislativamente en el Estado.

El Estado corrupto corrompe cuando se sale de la esfera que le es propia y se entromete en la privada.

Todos de hecho discriminamos en la esfera privada al escoger amigos, o con quien esposarnos, o con quienes asociarnos con propósitos lucrativos. Con tal de que haya libertad para otras opciones, nadie debería ser constringido a alinearse según criterios de hombres con el monopolio del poder coactivo pero no menos falibles que nosotros.

De ahí que todo intento inclusive de legislar logros individuales o en grupo haya sido siempre, y en todas partes, un fracaso, y el remedio público antidiscriminante peor que la enfermedad privada discriminadora.

(*) Doctor en Ciencias Sociales y profesor en la UFM.

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¿Para qué la ONU? Florentino Portero (*)

En la sociedad de los estados, igual que en la formada por individuos, son necesarias ciertas reglas comúnmente aceptadas para poder convivir. La paz es un imposible, pero muchas crisis pueden ser evitadas si esas reglas existen y se respetan. No hay duda de que el desarrollo del derecho internacional es un hecho civilizador.

Para facilitar la aplicación de esas normas, elaborar nuevas y establecer puntos de encuentro donde los representantes de los estados puedan negociar en las mejores condiciones hemos creado organismos internacionales. El más importante de todos ellos es Naciones Unidas, una de las primeras instituciones establecidas en la posguerra mundial.

La ONU es un instrumento del que los esta-dos se han dotado para resolver problemas concretos. No es un fin en sí misma. Sería un gravísimo error que los europeos proyectaran sobre Naciones Unidas lo que sólo tiene sentido en la Unión Europea. Como consecuencia de nuestra historia y de nuestra cultura hemos llegado al convencimiento de que el estadonación no es suficiente para hacer frente a los retos del presente y nos hemos embarcado en una compleja, gran-diosa e incierta aventura.

Pero el resto del mundo no se siente partícipe de esta mentalidad. Creen en el estado y no están dispuestos a ceder competencias. La ONU no es un gobierno mundial ni un Tribunal planetario. Es un punto de encuentro donde los estados llegan a acuerdos.

Los delegados de la Conferencia de San Francisco que redactaron la Carta fundacional de Naciones Unidas estaban obsesiona-dos por una idea: la II Guerra Mundial ocurrió porque los estados traicionaron a la Sociedad de Naciones.

En unos casos por no formar parte, en otros por no cumplir sus resoluciones. Se optó por la política de apaciguamiento, por el sensato realismo y la diplomacia bilateral y se acabó dando con-fianza a los dictadores que desataron la con-tienda. Nunca más había que caer en los mismos errores. ¿Hemos aprendido la lección?

Ante la cumbre anual de la Asamblea General, que este año viene caracterizada por la necesidad de afrontar importantes reformas

internas, conviene tener en cuenta dónde nos encontramos. La Asamblea General está compuesta por estados que, en gran número, son dictaduras tan despóticas como incompetentes. En sus resoluciones encontramos cómo estados no democráticos dan lecciones sobre respeto a los derechos humanos tan esperpénticas como inútiles. No han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre qué es el terrorismo y están más preocupados por frenar a Occidente que por resolver problemas concretos.

El Consejo de Seguridad tiene una composición anacrónica, resultado de cómo era el mundo en 1945. Ni es democrático ni lo podrá ser nunca.

Es un directorio con cinco miembros dotados de derecho de veto, capaces de bloquear en cualquier sentido una decisión, lo que lleva a la tan conocida situación de que el Consejo queda paralizado y los acuerdos tienen que establecerse fuera del ámbito de Naciones Unidas, como ocurrió en la crisis de Kosovo. Para limitar su anacronismo se propone la entrada de nuevos miembros, pero sin derecho de veto ¿Por qué Francia sí y Alemania no? ¿Por qué Europa tendría tres votos permanentes y Estados Unidos uno sólo? A más miembros más compleja será la negociación y menores las posibilidades de llegar a acuerdos, eso en una institución caracteriza-da por su alto nivel de incompetencia. El Secretariado se encuentra gravemente afectado por el escándalo del programa “petróleo por alimentos” donde altos funcionarios llegaron a acuerdos con Sadam Hussein para el incumplimiento de lo aprobado en las resoluciones a cambio de dinero.

Esta es la ONU que tenemos. Su bandera, sus viejos ideales, han sido secuestrados por aquellos que la utilizan con fines particulares. El Tercer Mundo y el Mundo Árabe hacen de ella un baluarte contra la globalización liberal, la expansión de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Determinada izquierda occidental, con amplios apoyos en el resto del mundo, ha convertido la ONU en trinchera desde la que controlar el poderío norteamericano, como si ese fuera el problema mayor de nuestro tiempo.

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Mientras tanto, los grandes problemas se discuten en marcos ad hoc fuera del ámbito del Consejo. La crisis de Corea del Norte en discusiones entre cinco países ribereños más el implicado. La de Irán, entre tres europeos y el gobierno de Teherán. Cuando se pregunta por qué el Consejo no ha asumido su gestión la respuesta ronda lo surrealista: porque no hay acuerdo. En ese caso, si el Consejo no asume la responsabilidad de resolver los verdaderos problemas de nuestro tiempo ¿para qué lo queremos? Si sólo el derecho de veto garantiza la presencia de los grandes y si ese es el precio de la estabilidad entonces reconozcamos sin tapujos que la incompetencia del Consejo no exime a los estados de sus obligaciones, éticas y políticas, de actuar.

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La ONU se enfrenta a una fase de reforma interna en un ambiente de pesimismo. Son conscientes de la situación, del secuestro de la Asamblea por las dictaduras antidemocráticas, de la inoperancia y anacronismo del Consejo, de la corrupción y desprestigio del Secretariado.

Pero, sobre todo, de que la ONU está cometiendo los mismos gravísimos errores que llevaron a la Sociedad de Naciones a la crisis bélica. Desde la ONU se confunde interesadamente las políticas contraproliferadoras con hegemonismo occidental, con imperialismo norteamericano. El resultado es, de nuevo, apaciguamiento. Pero el mundo no será más seguro cuando en vez de nueve potencias nucleares haya quince, entre las que se encuentren ONG, s terroristas.

Grupo de Estudios Estratégicos GEES En letra impresa nº 419 5 de septiembre de 2005 Publicado con autorización del Grupo de Estudios Estratégicos.

(Publicado en La Razón, 5 de septiembre de 2005) Este artículo puede encontrarse en el portal web http://www.gees.org © 2003-2005 GEES - Grupo de Estudios Estratégicos

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La Política de Accountability social en América Latina Enrique Peruzzotti(*) En los debates que tienen lugar en la región acerca de los desafíos y obstáculos que confrontan las nuevas democracias generalmente encontramos dos importantes cuerpos de literatura que, a pesar de su complementariedad, raramente se juntan. Por un lado, una literatura que tiende a asumir que la existencia de una prensa independiente y de una sociedad civil sólida y autónoma son dos elementos que contribuyen a moldear y a mejorar la calidad de la vida pública e institucional de los regimenes representativos. Por otro lado, los trabajos acerca de la calidad institucional de las nuevas democracias, que tienden a señalar el importante déficit institucional que aquejan a la mayoría de las nuevas democracias, particularmente en lo que refiere a la operación de las agencias de rendición de cuentas. El presente artículo pretende tender un puente entre ambas discusiones y analizar el papel que juega la sociedad civil y la prensa autónoma en tanto agentes informales de rendición de cuentas. En las próximas paginas me concentrare en el análisis de una nueva forma de politización que se esta desarrollando en varias de las nuevas democracias que tiene como objetivo primordial el fortalecer y perfeccionar el funcionamiento de los mecanismos de control y supervisión de las instituciones representativas. Las primeras secciones describen la forma de funcionamiento de dicha política y señalan alguno de sus logros mientras que la última sección advierte acerca de algunos aspectos riesgos potenciales de dicho tipo de iniciativas.

agencias publicas, denunciar y exponer casos de violación de la ley o de corrupción por parte de las autoridades, y ejercer presión sobre las agencias de control correspondientes para que activen los mecanismos de investigación y sanción que correspondan. Este conjunto heterogéneo de actores sociales desarrolla nuevos recursos que se suman al repertorio clásico de instrumentos electorales y legales de control de las acciones de gobierno.

El surgimiento de novedosas formas de intervención civil organizadas alrededor de una política de derechos y de rendición de cuentas indica la presencia de un saludable proceso de renovación política en región, proceso orientado a unificar dos elementos que la tradición democrática populista mantenía separados: la democracia y el constitucionalismo2. En el pasado, las limites y frenos legales al poder habían sido devaluados por el mayoritarianismo democrático populista, que los veía como obstáculos para la realización de la voluntad popular. El giro político y cultural que tuvo lugar en varias de las sociedades latinoamericanas hacia una forma constitucional de democracia que deja atrás los excesos del plesbicitarianismo populista, ha contribuido a redefinir los términos del contrato democrático representativo hacia un modelo de rendición de cuentas. La renovación de la cultura política y tradiciones democráticas de la región se traduce en una relación más compleja y tensa entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Importantes sectores de la 2

I. La redefinición del contrato representativo en América Latina y el surgimiento de una política de accountability social En varios trabajos anteriores Catalina Smulovitz y yo hemos utilizado el concepto de accountability social para englobar un conjunto diverso de iniciativas motorizadas por ONG,s, movimientos sociales, asociaciones cívicas, o medios independientes orientados por una común preocupación por mejorar la transparencia y la accountability del accionar gubernamental1. Dicho conjunto de actores e iniciativas incluyen distintas acciones orientadas a supervisar el comportamiento de funcionarios o 1

Véase, Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti, “Societal Accountability in Latin América: Journal of Democracy, volumen 11, numero 4, 2000; Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, “Accountability Social, la otra cara del control” en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (editores) Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias Latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Temas, 2002.

He analizado los procesos de innovación política en Enrique Peruzzotti,“Towards a New Politics. Citizenship and Rights in Contemporary Argentina”, Citizenship Studies, volumen 6, numero 1, 2002; “Redefiniendo la Representación Política: la sociedad civil y el sistema representativo en los noventa” Política y Gobierno, Vol. XI, Núm. I, I semestre de 2004; y en “La Democratización de la Democracia: Cultura Política, Esfera Pública y Aprendizaje Colectivo en la Argentina Posdictatorial”, en Isidoro Cheresky e Inés Pousadela (editores), Política e Instituciones en las Nuevas Democracias Latinoamericanas, Buenos Aires, Paidós Editorial, 2001, pp. 289-307.

Tres importantes contribuciones colectivas al análisis de los cambios operados en las sociedades civiles de la región son Alberto J. Olvera (coordinador), Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratización en América Latina, México, México, Fondo de Cultura Económica, 2003; Aldo Panfichi (coord.), Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratización en América Latina, Andes y Cono Sur, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y Fondo de Cultura Económica, 2002; Evelina Dagnino (coord.), Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratización en América Latina, Brasil, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. También el importante libro de Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Sphere in Latin América, Princeton, Princeton University Press. Para un análisis del conflicto entre constitucionalismo y democracia que el populismo introdujo en América Latina, ver Enrique Peruzzotti, “Constitucionalismo, Populismo y Sociedad Civil. Lecciones del Caso Argentino” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, numero 4, octubre-diciembre, 1999, pp. 149-172.

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ciudadanía se niegan a cumplir un papel meramente pasivo, limitado a la delegación electoral, y asumen una actitud activa de supervisión permanente de sus representantes de manera de asegurar que los comportamientos de los mismos se encuadran dentro de las normas de responsabilidad y de “responsiveness” que dan legitimidad al vínculo representativo.

Semejante cambio cultural lleva inevitablemente a una actitud más crítica hacia las tareas de la clase política: el representado ya no permanece como un sujeto pasivo sino que asume un rol de monitoreo activo. Esta nueva interpretación del contrato representativo enfatiza el establecimiento de mecanismos y recursos para monitorear y disciplinar a los representantes políticos. Ya no se trata simplemente de delegar la confianza en las cualidades personales de un líder, sino que existe una preocupación por complementar el acto de autorización política con el fortalecimiento de una red impersonal de dispositivos institucionales de supervisión y control del poder.

Bajo el modelo de rendición de cuentas los representantes no reciben un cheque en blanco que los autoriza a actuar en una forma totalmente discrecional hasta la próxima elección. El mandato representativo se encuentra ahora bajo la supervisión de una combinación de mecanismos formales e informales orientados a lograr que los representantes actúen responsablemente y teniendo en cuenta los intereses de los representados. Institucionalmente el funcionario electo es monitoreado y controlado por lo que Guillermo O’Donnell ha denominado mecanismos de accountability horizontal3, esto es, por el sistema de separación de poderes, de frenos y contrapesos, y de debido proceso, y por la función disciplinadora que la existencia de elecciones periódicas y competitivas supone4. Extrainstitucionalmente, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la esfera pública pueden cuestionar determinadas decisiones o políticas públicas, denunciar comportamientos ilegales de los funcionarios públicos, o tematizar nuevos problemas o asuntos.

Los mecanismos de rendición de cuentas reducen los riesgos que inevitablemente conlleva todo proceso de delegación del poder5. Si la confianza ciudadana es 3

El concepto de accountability horizontal denota la puesta en marcha de un sistema interestatal de pesos y contrapesos orientado a controlar o castigar las acciones u omisiones por parte de los funcionarios u organismos del Estado que puedan ser consideradas ilegales. Véase al respecto Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability en New Democracies,” en Andreas Schedler, L. Diamond, y M. F. Plattner (editores.) The Self-Restraining State.

Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1999; “Horizontal Accountability: The Legal Institucionalization of Mistrust” en Scott Mainwaring y Christopher Welna (editores), Democratic Accountability in Latin América, Oxford, Oxford University Press, 2003.

4 Las elecciones representan para O’Donnell un mecanismo institucional de rendición de cuentas de carácter vertical.

5 Ver O’Donnell, “Horizontal Accountability: The Legal Institutionalization of Mistrust,” op. cit.; Piotr Sztompka, Trust. A Sociological Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1999,

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traicionada por funcionarios que utilizan el poder delegado para su propio beneficio o para delinquir, el sistema representativo activa un conjunto de dispositivos institucionales orientados a castigar dichos comportamientos. En las democracias en que dichos mecanismos funcionan adecuadamente el votante sabe que aun en el caso de que cometa una elección desacertada, el sistema le asegura que la red de controles institucionales se activara en el momento en que determinado representante viole los términos del contrato representativo e incurra en acciones indebidas.

Los problemas de funcionamiento que los diversos mecanismos de control del poder político presentan en América Latina han sido uno de los temas recurrentes en los actuales debates acerca de la calidad institucional de las nuevas democracias de la región. Desde sus tempranos trabajos sobre democracia delegativa, Guillermo O’Donnell ha estado llamando la atención acerca de los notorios déficits institucionales que presentan algunas de las democracias latinoamericanas, especialmente en lo que hace al funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas6. Desde su perspectiva, O’Donnell considera que dichos déficit son de una magnitud tal que es necesario elaborar un subtipo particular de tipología que de cuenta de los rasgos distintivos de esta forma de poliarquía. Las poliarquías que se han finalmente instalado en buena parte del continente afirma O’Donnell, difieren sustancialmente del modelo de democracia representativa basado en la rendición de cuentas que predomina en los países occidentales. El rasgo distintivo de estas nuevas poliarquías es que el proceso de delegación de autoridad política no está siendo complementado con mecanismos efectivos de accountability. Si bien las elecciones habilitan a los representantes políticos, aun no existe una red de agencias capaces de controlar y castigar las acciones que puedan ser calificadas como ilegales o corruptas7.

Este déficit es precisamente el blanco central de esta nueva generación de activismo cívico.

capítulo 7; Susan Rose-Ackerman, “Trust, Honesty and Corruption: Reflection on the state-building process,” Archives European of Sociology, vol. XLII, número 3 (2001), p. 543.

6 Para un interesante debate acerca de si dicho déficit en los mecanismos de rendición de cuentas es peculiar de la región o representa un problema generalizado de toda democracia, véase Adam Przeworski, “Accountability Social en América Latina y mas allá” y Guillermo O’Donnell “Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones” ambos en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (Eds.), Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las nuevas democracias, Buenos Aires, Editorial Temas, 2002.

7 Guillermo O’Donnell, “Delegative Democracy,” Journal of Democracy, vol. 5, número 1, 1994; Guillermo O´Donnell, “On the State, Democratization, and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-communist Countries” en Guillermo O´Donnell, Counterpoints. Selected Essays on Authoritarianism and Democracy, Indiana, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1999.

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II. Enfrentando el déficit de accountability en la representación política: la política de accountability social.

El espacio publico de muchas de las nuevas democracias esta siendo gradualmente ocupado por una nueva generación de asociaciones cívicas, ONG,s, movimientos sociales y organizaciones de medios organizadas alrededor de una política de accountability social8. La política de accountability social representa una de las diversas formas de politización con base en la sociedad civil que tienen lugar en las nuevas democracias. Como señaláramos anteriormente, el concepto de accountability social hace referencia a un conjunto diverso de acciones e iniciativas civiles orientadas alrededor de demandas de accountability legal9. Esta nueva forma de política que surge en el espacio de la sociedad civil engloba una variedad de formas de acción colectiva y de activismo cívico que comparten una común preocupación por mejorar el funcionamiento de las instituciones representativas a través del fortalecimiento de los mecanismos de control de la legalidad de los funcionarios públicos. Estos actores representan un subgrupo, algunas veces relativamente minoritario, del entramado asociativo global de las sociedades latinoamericanas.

Dentro de este diverso abanico de formas asociativas que integran los actores de la política de accountability social, se distinguen dos actores y formas de intervención social principales: a) movimientos sociales coyunturales de sectores sociales directamente afectados por acciones estatales discrecionales; y b) asociaciones ciudadanas altamente profesionalizadas y de carácter permanente. Ambos actores, como veremos, son cruciales para la política de accountability social y cada uno de ellos cumple un papel específico en la dificultosa y sinuosa tarea de mejoramiento de la performance institucional de las nuevas democracias. El tercer actor no proviene del campo asociativo civil sino que esta representado por

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Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, “Accountability Social: la otra cara del control” op. cit.

9 La idea de rendición de cuentas o accountability refiere a la facultad de asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por su conducta, entendiendo por esto, tanto la obligación de informar y justificar sus decisiones de gobierno y la posibilidad de ser eventualmente sancionados por ellas. La noción de accountability encierra una dimensión legal y una política. La dimensión legal del concepto de accountability hace referencia a aquellos mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente.

El concepto de accountability política se refiere, en cambio, a la capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales se adecuen a sus preferencias. Usualmente se asume que las elecciones son la institución por excelencia para este tipo de control. Sin embargo, también existe una amplia literatura que señala las limitaciones de las elecciones como mecanismo de accountability política. Véase por ejemplo Adam Przeworski, Susan Stokes y Bernard Manin (editores) Democracy, Accountability and Representation. Cambridge, Cambridge University Press, 1999; Susan Stokes, Mandates and Democracy.

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un sector del periodismo independiente que en algunas ocasiones recoge y da visibilidad a las denuncias o iniciativas de este sector y en otras, se convierte el mismo en un protagonista de la política de accountability social al generar denuncias propias frutos de sus propias investigaciones o que reciben como filtraciones “off the record” gracias al cultivo de contactos con fuentes gubernamentales.

Asociativismo Cívico Un importante actor de la política de accountability social esta constituido por una red de asociaciones y ONG,s ciudadanas altamente profesionalizadas y que se ubican en lo que podría denominarse los sectores de elite de las sociedades civiles latinoamericanas.

Generalmente, los programas, iniciativas y propuestas de estos grupos están guiados por una visión sistémica que apunta a generar respuestas para problemas que son percibidos como estructurales o de larga data. En este sentido, y como veremos mas adelante, la perspectiva que adoptan estos actores difiere del trato puntual y coyuntural que caracteriza el accionar de muchos de los movimientos sociales que constituyen la otra pata de la política de accountability social.

El actual periodo democrático ha sido testigo de la consolidación de un extenso grupo de ONG,s y de asociaciones ciudadanas que comparten una preocupación común por incrementar la transparencia de los actos de gobierno y mejorar la eficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas. En años recientes estas asociaciones han lanzado múltiples iniciativas con el fin de incrementar la transparencia en el ejercicio del poder político y de establecer mecanismos efectivos de monitoreo ciudadano hacia los organismos del Estado y sus funcionarios10. Las iniciativas incluyen, entre muchas otras, campañas para demandar la presentación periódica de una declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos, monitoreo del proceso de formulación e implementación de presupuestos públicos en los distintos niveles de gobierno, vigilancia de los procesos y campanas electorales, supervisión de la conducta de la institución policial, etc.

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Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Fundación para el Ambiente y los Recursos Naturales (FARN), Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Coordinadora de Familiares de Víctimas Inocentes (COFAVI), Asociación por los Derechos Civiles, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y CIPEC en Argentina; Grupo Propuesta Ciudadana, Foro Democrático, Instituto de Defensa Legal (IDELE), Coordinadora por los Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas, y Transparencia en Perú; Viva la Ciudadanía, Corporación para la Excelencia de la Justicia, las diversas veedurías ciudadanas, FUNDEPUBLICO en Colombia, Auditoria Democrática Andina, Participación Ciudadana en Ecuador; Formación Jurídica para la Acción (FORJA), CODEJU en Chile, Viva Río, Ouvidorias Policiales de San Pablo en Brasil son algunos ejemplos de esta nueva forma de asociativismo civil organizado alrededor de demandas por mejoramiento de la calidad institucional de las nuevas democracias.

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Los actores que integran este grupo son sectores profesionales, con aceitados contactos con la sociedad civil transnacional, y con organismos y gobiernos extranjeros. Buena parte de estos grupos reciben financiación de fundaciones extranjeras y en algunos casos representan los capítulos locales de organizaciones transnacionales. Este subgrupo asociativo se diferencia de otros participes de la política de accountability social por el nivel de reflexividad de sus propuestas: suponen una suerte de think tanks ciudadanos orientados a pensar y desarrollar políticas e iniciativas desde una óptica societal. Estos actores generan un recurso vital para el ejercicio de la rendición de cuentas social: generación de fuentes de información autónomas, que sirven para suplir vacíos informativos estatales o bien para desafiar las cifras o datos oficiales. También representan una fuerza de innovación a través de la generación de proyectos y sugerencias de reforma o mejoramiento institucional.

Debido a los recursos y capacidades requeridas, estas organizaciones suelen reclutar sus miembros de los sectores altamente educados de la sociedad civil y su área de influencia es generalmente reducida a sectores de toma de decisiones.

Movimientos Sociales Paralelo al accionar de estas organizaciones sociales se observa el surgimiento de un abanico de movimientos sociales puntuales que surgen como demanda de justicia y esclarecimiento fundamentalmente de casos de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en las nuevas democracias. A diferencia del accionar permanente, altamente reflexivo y menos visible del entramado asociativo anteriormente mencionado, estos actores están organizados alrededor de una demanda concreta y particular (generalmente el pedido de justicia y esclarecimiento de casos particulares), es decir, representan reacciones de sectores sociales (en gran parte proveniente de sectores populares o de lo que Guillermo O’Donnell ha denominado “áreas marrones11”), que se ven directamente afectados por practicas estatales discrecionales.

De captar la atención de los medios, estos actores sociales suelen logran un nivel de respuesta y movilización social que rara vez es alcanzado por las iniciativas cívicas del sector organizado de la sociedad civil. El hecho de que generalmente surgen como reacción a un caso concreto de discrecionalidad o autoritarismo estatal, donde hay victimas y victimarios concretos --de un lado familiares, amigos y vecinos movilizados, del otro lado, funcionarios y autoridades bajo sospecha-- suelen otorgarles a estas denuncias gran efectividad para generar corrientes de opinión publica favorables, que en muchos casos se traducen en una participación cívica activa de apoyo a dichos 11

Véase O’Donnell. “On the State, Democratization” op. cit. p.

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actores. En Argentina, por ejemplo, se sucedieron a lo largo de la década del noventa, una serie de movimientos sociales locales que compartían características similares: surgieron inicialmente motorizados por los familiares y amigos de las victimas que se organizaron y movilizaron en demanda de justicia, en muchos casos recibieron apoyo logístico del sector de ONG mencionado anteriormente12, y, en los casos más exitosos, lograron atraer la atención de los medios nacionales y movilizar a grandes sectores de la población, que en muchas ocasiones marcharon de a miles en apoyo de las demandas por justicia y esclarecimiento. Dos notorios ejemplos fueron el asesinato de la estudiante María Soledad Morales en la provincia de Catamarca ubicada en el noroeste del país y la muerte del soldado raso Omar Carrasco en un aislado regimiento de la provincia de Neuquén. En ambos casos existían fuertes sospechas de involucramiento o complicidad de las autoridades, ya sea en el crimen mismo, en las maniobras de ocultamiento, o en la manipulación de las investigaciones subsiguientes. Los dos asesinatos dieron origen a reclamos de justicia y a extensas movilizaciones sociales en demanda de garantías de imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones policiales y los subsiguientes procesos judiciales. En ambos casos, la movilización original se inició localmente, generalmente a partir de la organización del círculo cercano de familiares y amigos de las víctimas, y luego se extendió para incluir ONG,s nacionales y locales, a la prensa y a amplios sectores de la población.13 Periodismo de denuncia Finalmente, otro actor fundamental de este tipo de activismo cívico es el periodismo independiente. La participación del mismo en la política de accountability social asume generalmente dos papeles diferenciados: el de los medios como un aliado de los actores sociales que les otorga visibilidad a sus reclamos cívicos o bien el del periodismo de denuncia o investigación propiamente dicho, que a través de su tarea obtiene información confidencial acerca de actos de ilegalidad gubernamental. En su primer papel, el periodismo 12 Este es particularmente el caso de la red de organizaciones de derechos humanos y organizaciones contra la violencia policial, que por su propio origen y misión tiende a operar con sectores sociales desprotegidos o sujetos a discriminación y arbitrariedad por parte de las autoridades.

13 Para un análisis específico de estos casos véase Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti, "Societal and Horizontal Controls: Two Cases of a Fruitful Relationship" en Scott Mainwaring y Christopher Welna (editores), Democratic Accountability in Latin América, Oxford, Oxford University Press, 2003; Jacqueline Behrend, "Mobilization and Accountability: A Study of Societal Control in the Cabezas Case in Argentina" en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (editores), Enforcing the Rule of Law. The Politics of Social Accountability in the New Latin American Democracias, Pittsburg, Pittsburg University Press, en preparación.

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cumple un papel de apoyo similar al que prestan el sector de organizaciones cívicas: recogen la noticia, supervisan el desarrollo de la causa policial y/o judicial, denuncian irregularidades, en algunos casos descubren nuevos elementos que contribuyen al esclarecimiento del caso. Los medios representan un valioso aliado para los actores cívicos que demandan mayor transparencia gubernamental. El hecho que le otorguen visibilidad a un reclamo o que lo ignoren determinara el éxito e impacto publico de cualquier iniciativa social.

La visibilidad mediática de las denuncias y demandas cívicas es crucial para lograr movilizar convicciones en la opinión pública de manera de ejercer una presión efectiva sobre las autoridades.

En otras ocasiones los medios actúan no como sostén de los reclamos o denuncias cívicas sino como propios generadores de denuncias. Buena parte de los escándalos mediáticos que sacudieron la región tuvieron como origen una filtración de información de insiders a los medios o una investigación periodística que saco a la luz hechos de corrupción o de ilegalidad gubernamental. La aparición en la década pasada de un tipo de periodismo más inquisitivo en la región se tradujo en un rosario de escándalos mediáticos, que en varios casos, determinaron el destino de los gobiernos bajo sospecha: los Vladivideos en Perú, el Proceso 8000 contra el presidente Samper en Colombia, el Collorgate en Brasil, el escándalo del senado durante la gestión de Fernando de la Rua son ilustración del alcance y dimensión que adoptaron algunas de estas denuncias mediáticas.14 Los tres protagonistas de la política de accountability social tienden a potenciarse cuando operan conjuntamente. Si bien en muchos casos cada uno de estos actores interviene aisladamente15, es precisamente cuando interactúan entre sí, 14

Silvio Waisbord, Watchdog Journalism in South América. News, Accountability and Democracy, New Cork, Columbia University Press, 2000; Waisbord “Interpretando los Escándalos. Análisis de su Relación con los Medios y la Ciudadanía en la Argentina Contemporánea” en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.)

Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias Latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Temas, 2002, pp. 289-325; Nicolás Lynch, “Los usos de los medios en el Perú de Fujimori” en Peruzzotti y Smulovitz, Controlando la Política, op. cit; Germán Rey, Balsas y Medusas.

Visibilidad Comunicativa y Narrativas Políticas Bogotá, Fescol-Fundación Social-Cerec, 1998; Heriberto Muraro, Políticos, Periodistas y Ciudadanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997; Enrique Peruzzotti, “Media Scandals and Social Accountability: the Role of the Senate Scandal in Argentina” en Peruzzotti y Smulovitz, Enforcing the Rule of Law, op. cit.

15 Por ejemplo, en el sector de ONG,s profesionalizadas y con numerosos puntos de contactos personales y profesionales con los miembros del sistema político, la presión social y exposición mediática no son generalmente la única o la vía principal para transmitir determinado mensaje o demanda a las autoridades respectivas.

En este sentido, movimientos y actores de base enfrentan mayores dificultades de hacer su voz visible y por lo tanto muchas veces se ven inevitablemente obligados a adoptar una estrategia de movilización con el fin de captar la atención de los medios y del público en general.

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alimentándose mutuamente con los inputs específicos que cada uno de ellos genera, que logran mayor efectividad e impacto en la opinión publica y por ende, generan mayores amenazas de castigo simbólico a los individuos y o agencias bajo sospecha. Dado que la esfera publica es el terreno principal donde opera la sociedad civil, existe cierta dependencia estructural de esta ultima con respecto a los medios: si el objeto es generar sanciones simbólicas contra eventuales transgresores o contra agencias de control politizadas o que se muestran reticentes a intervenir, ciertamente un alto grado de exposición y de apoyo popular incrementa el grado de amenaza que la denuncia representa para aquellas agencias y/o oficiales involucrados. Si bien los medios son un outlet indispensable para lograr visibilidad, es también cierto que aquellos escándalos que surgen de movimientos o iniciativas sociales tienden a captar mas la atención del publico que aquellos escándalos que refieren exclusivamente a conflictos entre sectores de elite16. Además, la presencia de actores sociales autónomos representa para el periodismo una rica fuente de información alternativa, que rompe con la marcada dependencia del periodismo de la región de fuentes o filtraciones oficiales, que hace más dificultoso el manejo de las dinámicas de determinado escándalo por parte de las elites políticas17.

III. La Contribución de la Política de Accountability Social al Funcionamiento de los Mecanismos de Accountability Horizontal y Vertical Electoral La política de accountability social representa un importante complemento sub-institucional que incide directamente en el funcionamiento y desempeño de los mecanismos institucionalizados de accountability, tanto verticales como horizontales. La denuncia de casos concretos de corrupción o de tergiversación de la lógica institucional de ciertas agencias gubernamentales por parte de funcionarios inescrupulosos implica un importante llamado de atención acerca de las deficiencias que existen en el desempeño institucional de los poderes representativos y/o de las agencias horizontales encargadas de supervisarlos. En este sentido, la denuncia de fraude electoral, de redes de clientelismo político, o de casos de corrupción, hacen públicos aspectos problemáticos que conspiran contra un adecuado funcionamiento de las instituciones electorales, de asistencia social o de control de la legalidad de las acciones de gobierno respectivamente.

Por otro lado, y como señaláramos en la sección anterior, la contribución de la política de accountability social a la agenda de mejora institucional no se reduce a la denuncia y señalamiento de déficit institucionales; 16 17

Véase Waisbord, Watchdog Journalism in South América, op. cit.

Véase Peruzzotti, “Media Scandals”, op. cit.

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también existe una red de organizaciones altamente profesionalizadas que actúa como una fuente alternativa de información sobre las mismas y que genera propuestas de mejoramiento e innovación institucional.

Las iniciativas de accountability social inciden en el funcionamiento de los mecanismos verticales electorales y horizontales de dos maneras fundamentales: en primer lugar, señalando déficit o aspectos problemáticos en el desempeño institucional de distintas agencias y organismos, y en segundo lugar forzando la activación de dichas agencias a través de la presión social y mediática.

En primer lugar los mecanismos de accountability social cumplen una función de señalamiento de déficits institucionales. Este proceso de señalamiento adopta generalmente dos formas principales: a) Mostrando un déficit concreto en el funcionamiento de determinada agencia a través de la denuncia de casos concretos de corrupción o de violación de la legalidad o el debido proceso por parte de oficinas o agentes públicos y forzando la activación de organismos de accountability horizontal (como el poder judicial o las comisiones legislativas de investigación) que de otra manera serian reticentes a aplicar sanciones a los supuestos transgresores. b) Exhibiendo déficits sistémicos de funcionamiento o de estructura. En este caso, el monitoreando permanentemente de manera de proceder a una evaluación sistemática del desempeño institucional de determinada oficina o poder gubernamental La función de señalamiento y denuncia de casos específicos de corrupción o de violación de derechos o de cualquier otra forma de arbitrariedad por parte de las autoridades publicas resulta una forma efectiva de mostrar de manera palpable deficiencias en la forma de operación de ciertas agencias publicas, denunciar situaciones de captura institucional por parte de sectores particulares o por funcionarios corruptos. Este papel de denuncia y señalamiento es el papel que fundamentalmente, aunque no exclusivamente, cumplen los movimientos sociales que se organizan alrededor de casos. Es a través de la exposición publica de casos concretos que estos movimientos logran captar la atención de la opinión publica, instalar el problema en la agenda publica, y eventualmente generar cambios en la apreciación social de determinados comportamientos. Así, acciones que en el pasado eran socialmente toleradas --cierto grado de corrupción en la administración publica o el ejercicio de la violencia hacia determinados sectores sociales por parte de la institución policial-- al ser repetidamente señalados por la denuncia de diversos movimientos o actores sociales, logran sensibilizar a la ciudadanía

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acerca del problema y modificar los índices de tolerancia social hacia el fenómeno.

En varios países de la región, por ejemplo, se registraron ciertos avances en desnaturalizar ciertas practicas ilegales por parte de la institución policial y militar, a partir de la aparición de movimientos y organizaciones que denunciaban casos concretos de violencia policial sobre jóvenes de áreas urbanas populares o de maltrato a los conscriptos por parte de sus superiores. Por ejemplo, la muerte de dos conscriptos en Chile y en Argentina, generó una vocal protesta y movilización que, en el caso argentino llevo al fin del servicio militar obligatorio. Asimismo, en Perú la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red nacional de organizaciones de defensa de los derechos humanos, repetidamente cuestiono la práctica militar de reclutamiento forzoso de conscriptos en ciertas áreas rurales del país.

En distintas ocasiones, se observa la creación de asociaciones o ONG,s orientadas a supervisar, generar información alternativa a la oficial, y elaborar propuestas de reforma institucional de determinadas agencias publicas. Los ejemplos van desde el monitoreo de las fuerzas policiales, las autoridades electorales, la elaboración y ejecución de los presupuestos públicos. Por ejemplo, un importante logro de diversos grupos de protesta que emergieron en distintos países como consecuencia del enraizado problema de violencia y brutalidad policial sobre sectores populares, fue el eventual establecimiento de organizaciones permanentes de supervisión de las fuerzas policiales. En este caso concreto, movimientos sociales que surgieron con demandas específicas de esclarecimiento y justicia para un caso concreto se unifican y establecen una organización que va a adoptar una visión más amplia y sistémica del problema. Estas organizaciones no solamente actúan como sistema externo de “alarmas de incendio” que se activan cuando se producen violaciones a los derechos humanos por parte de los oficiales de policía sino que además desarrollan un proceso de evaluación sistemática de los problemas institucionales de dichas agencias y desarrollan propuestas de reforma institucional18. Como señalábamos anteriormente, estos vigilantes permanentes representan cruciales think-thanks ciudadanos que reflexionan acerca de los modos en que se puede mejorar la calidad y la eficiencia de las instituciones publicas.

En segundo lugar, las iniciativas de accountability social cumplen una función de activación de mecanismos de rendición de cuentas. La política de accountability social no se limita a una tarea de alarma o señalamiento sino que también impone sanciones simbólicas que 18

Sobre el concepto de “alarmas de incendio” (Fire Alarms), véase Matthew McCubbins y Thomas Schwartz, “Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms,” American Journal of Political Science, vol. 28, número 1, febrero 1984, p. 168.

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determinan el destino electoral o laboral de los representantes o funcionarios bajo sospecha. La derrota electoral, la renuncia al cargo, sanciones judiciales o el ostracismo publico son algunas de las consecuencias que pueden acarrear las denuncias cívicas o periodísticas. En ciertos casos, el castigo simbólico va mas allá de un señalamiento individual y se extiende a una agencia, poder o partido político, A través de la presión social y la exposición publica, estas iniciativas sociales fuerzan a una red de agencias de control que de otra manera se mostraría reticente a intervenir, a tomar cartas en el asunto e iniciar procedimientos judiciales o administrativos orientados a investigar y castigar los supuestos actos de ilegalidad. La activación de agencias de control puede darse de manera directa o indirecta. La activación indirecta es producto de la presión social ejercida por cierto movimiento u organización o por cierto escándalo mediático que, debido a los costos reputacionales que la denuncia genera al gobierno o a las autoridades involucradas, las agencias o funcionarios públicos toman cartas en el asunto ya sea forzando la renuncia de los funcionarios sospechados, iniciando un proceso administrativo o judicial, estableciendo una comisión parlamentaria de investigación, etc.

La activación es directa cuando los actores sociales directamente recurren directamente a las agencias horizontales. En la ultimas décadas, la región ha visto un aumento significativo de la judicialización de conflictos, muchas veces motorizada por la sociedad civil e incentivada por la creación de nuevas herramientas legales que facilitan el recurso al poder judicial por parte de la ciudadanía. La acción directa de inconstitucionalidad, las acciones de tutelas, los amparos legales, el surgimiento de un movimiento de derecho de interés publico representan algunas herramientas constitucionales novedosas en la región que han contribuido a mejorar el acceso de ciertos sectores al poder judicial para reclamar por sus derechos o para denunciar casos de arbitrariedad estatal19. Por ejemplo, la creación del Ministerio Publico 19 Sobre el fenómeno de la creciente judicialización de la política en la región véase, Rogerio Bastos Arantes, Judiciario e política No Brasil, Sao Paulo, Editora Sumaré, 1997; Rosangela Batista Cavalcanti y Maria Teresa Sadek, “El impacto del Ministerio Publico sobre la democracia brasileña: el redescubrimiento de la ley” en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.), Controlando la política, op. cit., pp.169-191; Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende de Carvalho, Manuel Cunha Melo y Marcelo Burgos; Ajudicializacao da política e das Relacoes Sociais no Brasil, Rio de Janeiro, Editora Revan, 1999, pp. 48-70; Catalina Smulovitz, "Ciudadanos, Derechos y Política" en González Morales, Felipe (editor) Las Acciones de Interés Público: Argentina, Chile, Colombia y Perú, Santiago de Chile, Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, 1997; Catalina Smulovitz, “Judicialization of Protest in Argentina. The Case of Corralito”, en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.), Enforcing the Rule of Law, op. cit. Sobre el uso del derecho de interés publico por parte de la sociedad civil ver Mary McClymont y Stephen Golub (eds.) Many Roads to Justice (The Ford Foundation: 2000; Felipe Gonzalez y Felipe Viveros Ciudadanía e Interés Público,

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luego de la reforma constitucional de 1988 en Brasil introdujo un actor institucional accesible y abierto a los reclamos ciudadanos, fomentando un notable crecimiento del uso de la estrategia judicial por parte de la sociedad civil20. Otras agencias horizontales que han sido objeto del interés de la sociedad civil son las Defensorías del Pueblo establecidas en anos recientes en varios países de la región y, en el caso de Brasil las comisiones de investigación parlamentaria.21 IV. La política de accountability social: hacia la generación de un circulo virtuoso de mejoramiento de la calidad institucional de las nuevas democracias La anterior enumeración resulta útil a la hora de resaltar el papel central jugado por las políticas de accountability social en la región. Ellas han dado lugar a los reclamos por incumplimiento del debido proceso por parte de las autoridades públicas, al destape de numerosos casos de corrupción oficial, al impulso para establecer sanciones contra los infractores de la ley, y a la presión para establecer reformas institucionales tendientes a incrementar la efectividad de los mecanismos de desconfianza institucional. Si bien el terreno más propicio para el desarrollo del accountability social es bajo regimenes democráticos, esta forma de hacer política ha cumplido un papel crucial en ciertos contextos autoritarios. Pensemos, por ejemplo en el exitoso proceso de reforma electoral que tuvo lugar en México bajo el liderazgo de Alianza Cívica,22 o en el papel que ciertos grupos prodemocráticos y el periodismo autónomo cumplieron en el Perú. También son centrales en contextos democráticos caracterizados por la debilidad de sus mecanismos de accountability horizontal, ya que al exhibir de manera patética muchos de esos déficits, contribuyen a generar una corriente de apoyo publico a un proceso de reformas orientadas a subsanarlos.

Sin embargo, esta forma de hacer política no debe considerarse como un fenómeno circunscrito a regímenes delegativos o a democracias frágiles y no consolidadas. La política de accountability social representa una forma primordial de politización en cualquier democracia -reciente o longeva, consolidada o Santiago: Cuadernos de Análisis Jurídico. Facultad de Derecho Universidad Diego Portales: 1998; Felipe Gonzalez Morales Las Acciones de interés Público, Santiago: Cuadernos de Análisis Jurídico.

Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, 1997.

20 Sobre la relación Ministerio Publico – sociedad civil véase Rosangela Batista Cavalcanti y Maria Teresa Sadek, “El impacto del Ministerio Publico”, op. cit.

21 Ana Tereza Lemos-Nelson y Jorge Zaverucha, “Multiple Activation as a Strategy of Citizen Accountability and the Role of the Investigating Legislative Commissions”, en Peruzzotti y Smulovitz, Enforcing the Rule of Law, op. cit.

22 Alberto Olvera, “Movimientos Sociales prodemocráticos, democratización y esfera publica en México: el caso de Alianza Cívica” en Alberto Olvera (Ed.) Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratizacion en América Latina: México, op. cit.

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no consolidada-, ya que sirve para probar si la conducta de los representantes políticos y de los funcionarios no electos se adecua o no a los principios normativos que dan legitimidad al contrato representativo. Estas “políticas de desconfianza” son esenciales para el fortalecimiento de la confianza en el sistema institucional de cualquier democracia. “La confianza – plantea Claus Offe - es el residuo que permanece luego de que la propensión a desconfiar se demuestra infundada.23 En principio, la política de accountability social apunta a tematizar determinados déficits institucionales y fuerza a encarar procesos de reforma o de mejoramiento institucional. Es en este sentido que argumento que esta forma de politización representa un importante complemento que tiende a reforzar los procesos de institucionalización y de mejora institucional al señalar y castigar actos de captura institucional, de clientelismo, o de corrupción gubernamental. En ciertos casos se observa un comendable circulo virtuoso tendiente a mejorar la performance de las instituciones representativas así como de los mecanismos de rendición de cuentas. Al reforzar los mecanismos institucionalizados de desconfianza, la política de accountability social contribuye a fortalecer los lazos de confianza entre la clase política y la ciudadanía: la existencia de mecanismos efectivos de desconfianza institucionalizada son los que sustentan el vinculo representativo al permitir la generalización de la confianza social en las instituciones representativas, pues estas le proveen al ciudadano una red de dispositivos de reaseguro de que aun en casos en que su confianza se vea traicionada, el sistema provee de mecanismos efectivos de sanción.

V. Riesgos y “Contraindicaciones” de la Política de Accountability Social La política de accountability social no esta exenta de riesgos y de eventuales “contraindicaciones.” Existen dos potenciales riesgos implícitos en este tipo de política. El primero se refiere a la negativa de la clase política y de las agencias de desconfianza institucionalizada a procesar dichas demandas de mejoramiento institucional. Si los funcionarios públicos ignoran sistemáticamente los reclamos cívicos por mayor transparencia, el resultado mas probable es una abrupta declinación en la confianza ciudadana de los representantes políticos. Como sostiene Stompka, “si la percepción de fracaso se extiende, la confianza generalizada es reemplazada por la desconfianza generalizada”24 El segundo peligro se relaciona con el número de casos que son revelados de conducta ilegal de los representantes. Para que la confianza prevalezca 23 Claus Offe, “How Can We Trust Our Fellow Citizens?,” en Mark Warren (ed.). Democracy and Trust, Cambridge, England, Cambridge University Press 2001, pag. 76..

24 Stompka, op. cit. Pág. 145

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de forma generalizada, los mecanismos institucionales deben ser activados esporádicamente. Un escenario público que está caracterizado por la profusión de denuncias y escándalos, y por la hiperactividad de las instituciones de control; pone en evidencia que las violaciones a la confianza social no son episódicas sino hechos generalizados. Dicha constatación tiende a alimentar una cultura cívica de desconfianza25.

El caso argentino representa una útil ilustración de algunos de los potenciales riesgos de dicha política. En la Argentina de los noventa concurrieron los dos factores de riesgo anteriormente mencionados. Por un lado, hubo una percepción generalizada por parte de la ciudadanía de que muchas agencias horizontales se mostraban reticentes a cumplir su rol de monitoreo o bien su funcionamiento se encontraba distorsionado debido a presiones políticas. Por otra parte, durante los dos gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) el escenario público argentino estuvo colmado de sospechas de corrupción e ilegalidad en el comportamiento de los funcionarios públicos. Estas denuncias era sistemáticamente desdeñadas por los funcionarios públicos y solo en contadas ocasiones los funcionarios bajo sospecha recibieron sanciones judiciales. La gravedad y la periodicidad de las revelaciones de la prensa contribuyeron a generar cierta “fatiga de escándalos” entre los argentinos26 y simultáneamente contribuyo a expandir un manto generalizado de sospecha hacia la totalidad del cuerpo político. Estos sentimientos sociales se tradujeron en una creciente división entre la sociedad política y la sociedad civil, grieta que fue potenciada por la persistente reticencia del gobierno menemista a responder a las persistentes voces que demandaban mayor transparencia en la acción de gobierno. La elección del gobierno de la coalición electoral de la Alianza (integrada fundamentalmente por la Unión Cívica Radical y el FREPASO) pareció abrir una puerta de reconciliación y genero importantes expectativas de cambio en aquellos sectores del electorado que se vieron cautivados por el énfasis del discurso de la Alianza en la necesidad en un cambio fundamental en la manera de hacer política y en su promesa de una mayor transparencia en el ejercicio del poder.

Lamentablemente, dichas esperanzas tuvieron una vida efímera. En los primeros meses de gobierno, la administración presidida por Fernando de la Rua se vio involucrada en un escándalo de corrupción de grandes dimensiones, pues implicaban el pago de sobornos por parte del poder ejecutivo a ciertos senadores de la oposición para que pasen determinada legislación en el congreso. Dicho escándalo no solamente lleva a la quiebra de la coalición de gobierno sino que dio por tierra con toda esperanza social de reforma institucional 25 26

Ibid. Pág. 146.

Waisbord, op. cit.

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o moral. La expectativa social de cambio que la renovación electoral había generado se convirtió abruptamente pronto se convirtió en enojo y frustración social hacia el sistema político. El primer indicio preocupante del estado del humor social latente hacia la política fue el impresionante aumento del llamado “voto de protesta” y de las abstenciones electorales en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en el mes de Octubre de 2001. Sin embargo, fue en Diciembre de 2001 donde el descontento se hizo patentemente visible cuando miles de ciudadanos se movilizaron espontáneamente en Buenos Aires y otras ciudades del país bajo la consigna ‘que se vayan todos.” Los cacerolazos y luego las asambleas populares que pretendían rescindir el contrato representativo que ligaba a los representantes políticos con la ciudadanía proveen una dramática ilustración de los costos que suponen ignorar las demandas sociales de reforma institucional y por mayor transparencia en la acción de gobierno27.

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*** El surgimiento de una política de accountability social indica la emergencia de una saludable y novedosa preocupación por la calidad y desempeño de las instituciones democráticas en la región. En un continente que ha estado caracterizado por el predominio de destructivas formas de politización que dificultaron en el pasado la estabilización y consolidación de regimenes democráticos y abrieron la puerta a todo tipo de experiencias autoritarias, la aparición de una forma de política institucionalizante representa de por sí una significativa novedad. La existencia de una política que tiene como objetivo central fortalecer la lógica de los mecanismos representativos y denunciar la captura y tergiversación de dichas agencias por funcionarios o políticos inescrupulosos indica que importantes sectores de la ciudadanía están demandando una profunda modificación las tradiciones y practicas políticas de la región y se muestran decididos a avanzar en la compleja, sinuosa y continua tarea de afianzamiento y perfeccionamiento de las instituciones de las jóvenes democracias representativas. Resulta pues imperativo dar respuesta a los reclamos cívicos de mayor transparencia, pues el establecimiento de sólidos mecanismos de rendición de cuentas es crucial para generalizar y solidificar la confianza social en las instituciones representativas.

(*) Profesor, Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. peruzzot@utdt.edu

27

Para una genealogía de la crisis de representación en Argentina, véase Enrique Peruzzotti, “Redefiniendo la representación Política: la sociedad civil argentina y el sistema representativo en los noventa” en Política y Gobierno, volumen XI, numero 1, I semestre de 2004.

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El matrimonio gay, un acto de justicia Luís Figueroa (*)

Sumario: I. Introducción; II. Contrato privado e igualdad ante la ley; III. Kosmos y sociedad abierta; IV. Historia y tradición; V. El uso incorrecto de la ley; VI. Tradición y evolución; VII. Un acto de justicia; VIII. Conclusiones

Introducción La aprobación legal en España del matrimonio gay o entre parejas del mismo sexo[2] desató en Guatemala una intensa discusión al respecto.

Los sectores conservadores adujeron motivos religiosos para oponerse a tal hecho y se alzaron voces pidiendo que no se legisle en esa dirección, mientras los liberales clásicos se mantuvieron al margen, quizás por no tratarse de un asunto incluido en las agendas políticas y legislativas nacionales. Otros sectores se manifestaron de distintas formas. Algunos grupos de defensa de los derechos humanos optaron por una posición opuesta a la de los grupos conservadores.

En septiembre de 2005, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Francisco Marroquín, organizó un coloquio al respecto, el cual tuve a honra dirigir, y parece que ahora, o quizá más tarde, aquel es un asunto que estará sobre la mesa de las discusiones políticas y jurídicas. En vista de ello, considero oportuno hacer un análisis sereno desde el respeto a los derechos individuales y la igualdad de todos ante la ley, características ineludibles del Estado de Derecho.

Contrato privado e igualdad ante la ley Debido a que el matrimonio civil es una creación legislativa, y en ese contexto, la única discusión atingente respecto al matrimonio gay es aquella cuyo reconocimiento por parte del Gobierno constituye un acto de justicia y una confirmación del principio de igualdad de todos ante la ley.

Lo que conocemos como matrimonio es un acuerdo privado entre dos personas, que deciden compartir sus vidas –generalmente porque se aman– y hacerlo en el marco de cierta formalidad. Dicha formalidad subraya el carácter de compromiso y de permanencia en la unión, y

busca el apoyo del prójimo para la pareja contrayente.

Federico Puig Peña, sin embargo, considera que el matrimonio como acto privado es una etapa superada, y que tanto la affectio maritalis como el principio consensus facit nuptias, así como la sola voluntad de los contrayentes “sin requisito de forma alguna”, no son suficientes para que el matrimonio quede válidamente constituido[3].

Válidamente constituido de cara a lo que el Gobierno y la legislación consideran como válido, claro, porque en las condiciones descritas por Puig Peña el Gobierno entra a regular un asunto que es principalmente contractual e íntimo. Un asunto en el que –en el contexto de una sociedad abierta, o en el de un orden espontáneo, como es la sociedad– el Gobierno y el Estado deberían estar obligados a respetar el principio de igualdad de todos ante la ley.

Kosmos y sociedad abierta Un orden espontáneo o kosmos, a diferencia de un orden creado o taxis, dice Friedrich A. Hayek, “no está limitado por lo que determinada mente humana pueda dominar; su existencia no tiene por qué estar al alcance de nuestros sentidos, por estar basada en relaciones puramente abstractas que sólo mentalmente cabe establecer; y finalmente, por no ser producto de creación intencionada, no se puede legítimamente afirmar que persiga un fin determinado, si bien el hecho de descubrir su existencia puede en gran medida contribuir a que con mayor facilidad consigamos materializar nuestras propias apetencias” [4]. Un kosmos sólo puede ser regulado por leyes tipo nomoi [5]; es decir, por normas generales, abstractas, de aplicación para todos por igual y de conducta justa. Precisamente el tipo de leyes que

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delimitan y protegen las esferas individuales de acción, dentro de las cuales las personas ejercen sus derechos individuales con la única obligación de respetar los derechos de los demás[6].

Adicionalmente, Karl Popper[7] advierte que “esta civilización [la occidental] no se ha recobrado todavía completamente de la conmoción de su nacimiento, de la transición de la sociedad tribal o cerrada, con su sometimiento a las fuerzas mágicas, a la sociedad abierta, que pone en libertad las facultades críticas del hombre”. En la tribu –precisamente por su carácter tribal– cabe la intromisión de otros –por la fuerza de la costumbre o de la normativa– en un asunto tan íntimo y privado como el contrato de unión entre dos adultos capaces; pero en una sociedad abierta, donde es inaceptable aquella invasión, esta sólo se explica por la conmoción a la que se refiere Popper.

El Gobierno como taxis, orden creado u organización que persigue fines determinados, y el Estado, en persecución de los objetivos que le imponen a la sociedad quienes tienen la facultad de legislar, son los que disponen, por la fuerza de la legislación, que en el matrimonio –como institución jurídica– los involucrados deban ser de distinto sexo y su propósito la multiplicación de la especie humana. Puig Peña[8] opina que no basta “la unión espiritual de un hombre y una mujer para alcanzar el fin supremo de la procreación de la especie”, un objetivo indiscutiblemente colectivista, sino que hace hincapié en que, para que haya matrimonio, aquella unión debe ser consagrada por la ley.

En algún momento de la historia de la humanidad las religiones dispusieron hacer uso del matrimonio para hacer avanzar sus intereses, e igual cosa hizo el Estado. Pero antes de que ambas organizaciones se inmiscuyeran en aquel acuerdo privado, ya había compromisos de largo plazo entre personas individuales que decidían unir sus vidas.

Historia y tradición Guillermo Cabanellas[9] lo explica con claridad, al decir que “históricamente el matrimonio tiene por origen un contrato: el consentimiento familiar o sensual de la pareja humana, un acuerdo de las voluntades o de los deseos de ambos cónyuges”.

Y luego añade que “la religión (y la católica con mayor constancia y empeño que ninguna) lo

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eleva a la jerarquía de sacramento, basado siempre en la libre manifestación del consentimiento de los contrayentes”.

Sabemos que los gentiles “se juntaban” sin necesidad de contar con la bendición del dios judeo-cristiano, porque, según la Biblia, así se lo dice Tobías a Sara en su noche de bodas: “Nosotros somos hijos de santos y no podemos juntarnos a manera de los gentiles, que no conocen a Dios[10]”. Tobías y Sara son de distinto sexo, pero por El banquete sabemos que desde la antigüedad ha habido amores entre personas del mismo sexo[11].

El punto clave, aquí, es que la unión voluntaria de personas existía antes de que la religión judeo-cristiana dispusiera que esa unión tenía que ser santificada[12]. Y, de hecho, cada religión (con su dios y sus ceremonias) lo “santifica” a su modo. De la misma forma en que cada legislación (con sus normas y sus procedimientos) lo legaliza a su modo. En realidad, a la larga, ni la ceremonia matrimonial católica (qua ceremonia) es mejor o peor que la judía o que la sintoista. Del mismo modo en que la ceremonia matrimonial civil en Madrid (qua ceremonia) no es mejor o peor que la ceremonia civil en Nueva York, en Jerusalén o en Japón.

A pesar de ello, las Iglesias cristianas y el Gobierno pretenden que el matrimonio sirva principalmente para la reproducción. La Iglesia católica, por ejemplo, no solo pretende hacer de menos el carácter contractual del matrimonio, al asegurar, en su catecismo, que “no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio[13]”, sino que subraya la exigencia de que la naturaleza de aquel contrato sea la de servir para la reproducción. De hecho, asegura que “por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación[14]”. En ese sentido viene a mi mente la oración que Pedro, uno de los protagonistas de la película Como agua para chocolate,[15] dice antes de copular con su esposa, a través de una sábana con un agujero: “no es por vicio ni por fornicio, sino para hacer un hijo para tu servicio”.

De todos modos, el carácter contractual del matrimonio tiene una importante tradición -aún dentro de la Iglesia Católica- porque, aunque el

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Código de Derecho Canónico vigente se refiere a “la alianza matrimonial”, el Codex iuris canonici de 1917 “resaltaba el matrimonio como contrato”.[16] En cuanto al Estado, Cabanellas[17] cuenta que Las partidas decían que el matrimonio era “para perpetuar la especie”. Es en esa vía que Bergier y De Casso, citados por Cabanellas, coinciden en que el matrimonio es “para tener hijos” y para “procrear y educar hijos”, respectivamente. Y en esa dirección va el artículo 78 del Código Civil[18] guatemalteco, que cita como objetivos del matrimonio “vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos, y auxiliarse entre sí”.

El uso incorrecto de la ley En tales condiciones es evidente que la ley y una institución jurídica están siendo usadas de forma incorrecta para imponerle a todos, en la sociedad, objetivos propios de algunos integrantes de la misma. El propósito de este análisis no es moralizar sobre la ley, como no lo es cuestionar, y menos poner en duda, la validez de aquellos objetivos –en cuando sean fines individuales–. Lo que sí se busca con él es establecer como ilegítimo que aquellos fines le sean impuestos a una situación contractual como el matrimonio, que le sean impuestos en el contexto de un kosmos y que, de todas formas, tanto en este como en cualquier otro caso en el que el Gobierno crea derechos y obligaciones por medio de normas legales, estas deben aplicarse con estricto apego al principio de igualdad de todos ante la ley.

Es demasiado corrientemente aceptada la idea de que el derecho de familia –y consecuentemente el matrimonio– es de orden público. Asegura Puig Peña que “las normas del Derecho de Familia son, por regla general, de orden público, inderogables por actuación de la mera voluntad privada. Las partes, en efecto, no pueden dejar de cumplir las condiciones naturales ni modificar a su arbitrio los cánones imprescriptibles del derecho de familia. No pueden casarse cuando quieren como quieren, ni adoptando la forma que estimen conveniente, ni disolver el matrimonio, ni incluso modificar los pactos matrimoniales establecidos. Las potestades familiares no son potestadesderechos, sino potestades-función; o sea, facultades establecidas, no en propio beneficio,

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sino en utilidad y régimen de los que a ella aparecen como sometidos”.[19] Y aquello podría ser bien visto en una sociedad colectivista, en una sociedad cerrada o en una tribu, en la que los individuos están llamados a ser engranajes de una maquinaria, órganos de un sistema, o partes de un todo superior a ellos; pero no está bien en una sociedad de personas libres y responsables, en un kosmos o en una sociedad abierta.

Puig Peña considera que el hecho de que el Derecho de Familia tenga una función social, y no sea una potestad-derecho, es un “evidente progreso” [20] para el derecho. Desde mi punto de vista, esto pone de manifiesto la idea peligrosa de que el individuo y sus relaciones personales deben servir al Estado o a la sociedad, y, peor aún, que el interés social debe prevalecer sobre los derechos individuales.

Ahora bien, como las personas no son animalitos que solo se unen para perpetuar la especie, el matrimonio del siglo XXI debe tomar en cuenta las diversas razones que llevan a las personas a unir sus vidas. La comunidad de intereses, el amor, la admiración, la búsqueda de compañía, entre muchos otros, son ejemplos de aquellas razones. El matrimonio debe tomar en cuenta que las personas son individuos, no aparatos reproductores, y que las mismas deben ser tratadas por la ley como seres racionales, no como medios ni como instrumentos.

Tradición y evolución No es extraño, entonces, que en la sociedad, evolutiva por naturaleza, las palabras también evolucionen. Por eso los diccionarios etimológicos son útiles para conocer mejor las palabras y sus orígenes, pero no para saber lo que significan, ya que muchas veces el significado actual de aquellas se dista mucho del que tenían cuando nacieron.

Hayek explica que “en todos los países y en todos los tiempos existen grupos que han alcanzado una posición más o menos estacionaria con hábitos y formas de vida establecidos durante generaciones. Tales formas de vida pueden verse inesperadamente amenazadas por desarrollos con los que nada tienen que ver; y no sólo los miembros de las aludidas agrupaciones, sino a menudo otras gentes muy dispares pueden también desear la preservación de los hábitos en cuestión”. [21]

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De esa cuenta, el matrimonio reservado únicamente para parejas de distinto sexo, o como instrumento para la reproducción, en el marco de culturas propias de sociedades cerradas, puede perfectamente pasar a ser el matrimonio moderno, como contrato de convivencia y de respeto mutuo entre individuos que lo aceptan libremente, independientemente de su sexo, su religión o etnia, en el marco de culturas propias de sociedades abiertas. Ni al servicio de la Iglesia, ni al servicio del Estado, sino que al servicio de aquellos que, en el ejercicio de sus derechos como personas humanas, asuman el compromiso.

Un acto de justicia Adicionalmente a las cuestiones tratadas arriba, está claro que el matrimonio apareja ciertas ventajas de orden tributario y social para las parejas de distintos sexos que deciden optar por aquella forma de unión. Las parejas de uno y otro sexo, que están casadas, pagan menos impuestos que las que no lo están[22].

Considérese el caso de una pareja del mismo sexo, en la que a una de las partes se le niegue el acceso a ver a su contraparte en la sala de cuidados intensivos de un hospital, donde se encuentra, solo porque “no es pariente cercano” de la misma. ¿Sería eso correcto? Por supuesto que no. Una pareja del mismo sexo tiene tanto derecho a estar al lado de la persona que ama como lo tiene una pareja del sexo contrario.

En la serie Si las paredes hablaran[23] se cuenta la historia de dos ancianas que habían sido pareja durante toda su vida. Cuando una de ellas muere, llega la familia de la difunta y saca a la sobreviviente de la casa que habían compartido ambas, dejándola sola y desamparada. Se podría decir que fue por descuido, que ambas deberían haber pensado en esa posibilidad, y que deberían haber hecho testamento o algún tipo de contrato de copropiedad. Pero lo cierto es que no hay razón alguna para que, en un kosmos y en una sociedad abierta, una clase de personas tenga ciertos derechos y otra clase no los tenga. No hay razón para que ciertas personas, por su etnia, su orientación sexual o su religión, tengan que hacer previsiones adicionales, solo porque al Estado (en respuesta a presiones de grupos de

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interés) se le antoja que no haya igualdad de todos ante la ley.

Frente a la discriminación y a los privilegios, el matrimonio gay es un acto de justicia[24] que reconoce el carácter contractual y privado del matrimonio, y que reconoce, en el marco del principio de igualdad de todos ante la ley, el derecho de toda persona a unir su vida con otro u otra, y a buscar el apoyo de sus prójimos.

Conclusiones: 1. El matrimonio es una institución jurídica.

Como tal, debe estar sometido al principio de igualdad de todos ante la ley, que debe regir en una sociedad qua kosmos y, sobre todo, en una sociedad abierta.

2. El reconocimiento del matrimonio gay por parte del Estado es un acto de justicia; es decir, un acto del Estado dirigido a la protección absoluta de los derechos individuales de un sector de la población, al que actualmente le están vedados los privilegios fiscales y sociales que otorga el matrimonio.

3. El reconocimiento del matrimonio gay por parte del Estado es un acto de justicia, por cuanto se realiza en el contexto de un juicio objetivo sobre el carácter contractual y privado de aquella opción de unión entre dos personas adultas y capaces, tomando en cuenta que las personas son seres racionales, y no medios ni instrumentos.

4. En una sociedad abierta –contrario a lo que podría ocurrir en una sociedad tribal– ni el Estado ni la sociedad tienen facultades para entrometerse en la esfera de acción privada de los individuos.

5. En una sociedad abierta, o en un kosmos, no puede haber objetivos sociales ni fines sociales. Al Estado le está vedado normar los fines de los individuos mediante regulaciones tipo taxis, para obligarlos a ajustar sus objetivos individuales con los supuestos fines de la sociedad. No es función de la ley cuestionar las intenciones o motivos de aquellos que desean, por medio de un contrato, asumir derechos y obligaciones que no violan la vida, la libertad y la propiedad de terceros.

6. En una sociedad abierta, o en un kosmos, los grupos de interés –de carácter religioso,

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ideológico, corporativo y demás– no deben tener facultad alguna para utilizar la majestad de la ley con el fin de imponer sus objetivos sobre los otros miembros de la sociedad. Pueden hacerlo dentro de sus organizaciones (taxis) y para quienes libremente opten por comprometerse a acatar tales disposiciones; pero no pueden, ni deben, imponerlas a la sociedad.

Notas: [1]

Columnista del diario Prensa Libre.

En España fue aprobado legalmente el matrimonio gay en julio de 2005. Dicha aprobación legal existe en Canadá, Bélgica y Los Países Bajos. En California, durante la primera semana de septiembre de 2005, la legislatura estatal lo aprobó también. El gobernador conservador, Arnold Schwarzenegger, ha advertido que vetará dicha aprobación.

[3] Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil.

Editorial Aranzadi, Pamplona, 1979. Pág. 36.

[4] Friedrich A. Hayek. Derecho, legislación y libertad.

Unión Editorial, Madrid, 1994. Pág. 74 [5] Hayek. Op. cit. Págs. 165-214.

[6] “For every individual, a right is the moral sanction of a positive- of his freedom to act on his own judgment, for his own goals, by his own voluntary uncoerced choice.

As for his neighbors, his rights impose no obligation on them except for a negative kind: to abstain from violating his rights”. Ayn Rand. The Virtud of Selfishness. Signet Books, New York, 1964.

[7] Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos.

Ediciones Paidos, Buenos Aires, 1994. Pág. 15.

[8] Federico Puig Peña. Op. cit. Pág. 27.

[9] Guillermo Cabanellas. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001.

Pág. 339.

[10] Tobías, VII:5.

[11] Platón. El banquete. En Diálogos. Espasa-Calpe Argentina, S.A., Buenos Aires, 1966. Págs. 89-138.

[2]

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[12]

Del mismo modo que las casas de cambio preceden por miles de años a los bancos centrales –hecho que a los políticos y a los banqueros centrales no les gusta recordar–. La gente tiende a creer que antes de que el Gobierno regulara ciertas prácticas estas no existían, y que no eran posibles sin aquellas normativas.

[13] Catecismo de la Iglesia Católica. Coeditores católicos de México, 1993. Pág. 414.

[14] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 427.

[15] La película, de 1993, es dirigida por Alfonso Arau, y está basada en una novela de Laura Esquivel.

[16] Antonio Benlloch Poveda (Dir.) Código de Derecho Canónico. Edicep, Valencia, 1993. Pp. 469-470 [17] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 339.

[18] Decreto-Ley número 106, de 1963.

[19] Federico Puig Peña. Op. cit. Págs. 19 y 20.

[20] Federico Puig Peña. Ibid. Pág. 20.

[21] Friedrich A. Hayek. Los Fundamentos de la Libertad.

Unión Editorial, Madrid, 1975. Pág. 79.

[22] En términos materiales, por ejemplo, el matrimonio crea, deliberada y exclusivamente, beneficios fiscales para la pareja; y en términos morales, una pareja unida en matrimonio goza de más prestigio social que una pareja que simplemente convive, e incluso más que una pareja que está unida de hecho, aunque esta última práctica esté normada, como el matrimonio, en el Código Civil guatemalteco, a partir de su artículo 173.

[23] Transmitida por HBO en el 2000, y dirigida por Martha Coolidge y Anne Heche.

[24] De protección absoluta a los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad, y de juicio objetivo respecto a la naturaleza del matrimonio mismo, como acuerdo voluntario entre adultos capaces, libres y responsables.

(*) Profesor auxiliar de Filosofía Social en la Universidad Francisco Marroquín, columnista del diario Prensa Libre y de www.globalpolitician.com

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Perspectivas macroeconómicas ante la coyuntura política Adolfo Gutiérrez, (*) Introducción En los últimos cinco años, México ha vivido un periodo de claro avance y aprendizaje con miras hacia la consolidación de un verdadero sistema democrático. Gracias a la responsable actuación de las autoridades encargadas de la política fiscal y monetaria, la transición democrática del país ha podido darse en un entorno macroeconómico sano, estable y sobre todo, suficientemente flexible para soportar choques tanto internos como externos.

Sin embargo, los desafíos para lograr una verdadera transformación interna en el país, apenas comienzan. Para lograr un crecimiento alto y sostenido que requiere el país y recuperar la senda del desarrollo hace falta llevar a cabo cambios estructurales que permitan a las personas generar y acumular capital efectivamente.

En el corto plazo es previsible un panorama carente de tales reformas estructurales, por lo que la marcha de la actividad económica puede ser particularmente vulnerable a eventos transitorios, como la contienda electoral doméstica y la incertidumbre en los mercados internacionales.

Panorama actual Después de la década perdida de los años ochenta en materia de crecimiento económico, podemos distinguir tres periodos diferentes en la trayectoria de la actividad económica mexicana.

El primero corresponde al sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), donde gracias a las reformas estructurales de primera generación y los programas ortodoxos y heterodoxos de política económica implementados se logró disminuir la inflación crónica de los años previos y crecer en promedio al 3.9 por ciento anual.

Crecimiento del PIB en México 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0%

Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.

La devaluación del peso durante 1994 y 1995 ocasionó la caída del producto en más de 6 por ciento. Sin embargo, en el resto del sexenio de Ernesto Zedillo, de 1996 a 2000, la economía se mantuvo a flote gracias al sector exportador, como resultado de la apertura comercial y de la devaluación, pero a costa de la inflación y la

caída en los salarios reales. La recuperación de la crisis, a diferencia de las previas en la década pasada, fue relativamente rápida pues entre 1996 y 2000 la actividad económica se expandió a un ritmo anual de 5.4 por ciento.

El nuevo Presidente, Vicente Fox, enfrentó en su primer año de gobierno, el 2000, una severa

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desaceleración de la economía estadounidense, lo que afectó enormemente, dada la gran integración con el mercado norteamericano, el buen desempeño económico que México venía registrando. La recuperación ha sido lenta, pero prometedora: en el año 2004 el PIB aumentó 4.4 por ciento respecto al año anterior, y en lo que va desde 2001 la economía se ha expandido 2.2 por ciento cada año en promedio.

Debido a la falta de reformas estructurales que desencadenen el potencial productivo de México y a la gran integración comercial con Estados

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Unidos –80 por ciento de nuestro comercio total con el mundo, que es el 60% del PIB, es con ese país-, el desempeño de la producción mexicana cada vez depende más del ciclo económico estadounidense. En los últimos 14 años ambos países han aumentado su producción en por lo menos 50 por ciento, y han experimentado una tasa de crecimiento anual de 3% en promedio.

En la siguiente gráfica nótese cómo el efecto de la desaceleración norteamericana es más pronunciado en México que en Estados Unidos, y cómo la recuperación subsecuente es más lenta.

Ciclo económico de México y Estados Unidos (1990=100) 160 150

México

Estados Unidos

140 130 120 110 100 90 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI y del Department of Commerce.

La expansión económica de los últimos años ha ido de la mano con una mejora palpable en el poder adquisitivo de los salarios reales. A pesar de que la devaluación de 1994 y 1995 elevó la inflación anual a más del 50 por ciento, ésta disminuyó a 4% en 2003, con un ligero repunte en el año siguiente, y para 2005 se espera una

inflación de 3 por ciento. La autoridad monetaria ha mostrado un firme compromiso por abatir la inflación, que ha sido posible gracias a su autonomía y su política de objetivos de inflación.

Inflación anual 9.0

(%)

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0

Fuente: Banxico

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En el último año, las tasas de interés llevan una marcada tendencia al alza debida, quizás, a la coyuntura política interna y los eventos internacionales. Por su parte, las reservas internacionales han alcanzado su nivel más alto en la historia al sumar 62 mil millones de dólares, al tiempo que el peso mexicano se ha depreciado 9.3% desde 2001 con respecto a la

divisa norteamericana. Dada la enorme acumulación de reservas internacionales, que podrían estar influyendo en la depreciación de la moneda, el Banco de México, con base en un mecanismo desarrollado para una desacumulación controlada, subasta cierta cantidad de dólares en el mercado, aminorando la depreciación.

Reservas y tipo de cambio 12.0

65

Reservas internacio nales

11.5

Tipo de cambio

60

11.0

55

10.5 50 10.0 45 9.5 40

9.0 8.5

35

8.0

30

Fuente: Banxico

En materia fiscal, la presente administración ha puesto gran énfasis en la gestión de la deuda pública para mejorar el balance fiscal. El déficit público se ha logrado reducir de 1.1% en 2000 a 0.2% del PIB en 2004, pues ha sido financiado en su totalidad mediante deuda interna, y desde 2004 se han planteado metas anuales de

reducción del endeudamiento externo del sector público de al menos 500 millones de dólares.

Dicho financiamiento interno recae cada vez más en emisiones de instrumentos a tasa nominal fija y de largo plazo, lo que ha generado una disminución notable del costo financiero: de 16% en 1999 a 11% del gasto neto total en 2004.

Balance público (% del PIB)

4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2000

2001

2002 RFSP

2003

2004

Déficit económico

Fuente: SHCP

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El compromiso por la estabilidad monetaria, ha permitido tener un importante nivel de credibilidad frente a inversionistas extranjeros e instituciones internacionales. El esfuerzo realizado por el banco central para abatir la inflación y mantener la estabilidad de precios, es uno de los más reconocibles. El desempeño del Banco de México como autoridad monetaria autónoma, con un ejercicio transparente y comprometido con sus objetivos ha contribuido enormemente a la estabilidad macroeconómica.

La actuación transparente tanto de las autoridades monetarias como fiscales, ha generado el clima de confianza necesario para que el país sea percibido en el exterior como un lugar seguro para realizar inversiones, con niveles de riesgo de mercado claramente menores a los de otros países emergentes.

Perspectivas de crecimiento La reducción de la inflación y el régimen de tipo de cambio flexible junto con el manejo responsable de las finanzas públicas han hecho posible la estabilidad macroeconómica que necesita el país para sentar las bases del crecimiento alto y sostenido que se requiere para recuperar la senda del desarrollo. Sin embargo, la única forma de generar oportunidades para las personas sin depender tanto de nuestros vecinos reside en avanzar cambios fundamentales, en materia fiscal, laboral y energética que incentiven la creación de riqueza.

Dada la integración con el ciclo económico de Estados Unidos y la escasa probabilidad de implementar las reformas estructurales es de esperar que la economía mexicana continúe con un crecimiento promedio del 3.1 por ciento anual en el mediano plazo, manteniendo su trayectoria con la expansión norteamericana.

Sin embargo, en 2006 es posible que México experimente un crecimiento ligeramente mayor y no precisamente por tratarse de un año electoral, toda vez que el Ejecutivo ha previsto una importante reducción del gasto público e incluso un superávit fiscal del 0.2 por ciento del PIB. Y también es de esperar una inflación controlada de alrededor del 3.5 por ciento. Es precisamente por el presupuesto equilibrado

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por lo que podría generarse un mayor ritmo de crecimiento. La actividad económica mexicana podría incrementarse en 2006 hasta un 4 por ciento debido a que: 1. Habría más recursos para la sociedad. El superávit fiscal de 17 mil millones de pesos significa la reducción de la deuda pública. Al mismo tiempo disminuyen también la intensidad y frecuencia de las solicitaciones de dinero por parte del gobierno en los mercados financieros. Ello redundará en una mayor disponibilidad de recursos para prestar a quienes no son el gobierno: Para la sociedad, que normalmente le da a los recursos un uso más productivo. Dado que las tasas de interés tenderán a bajar por la menor demanda del gobierno, no sólo habrá más recursos para el financiamiento de la sociedad, sino que dichos créditos estarán disponibles a un menor costo relativo. De acuerdo con cifras de la SHCP, el ahorro que se acumulará en los seis años de la actual administración por la reducción del costo financiero de la deuda se estima en más de 338,000 millones de pesos. Se trata de alrededor de 5% del PIB que el Gobierno Federal deja de absorber de la sociedad. A este monto habría que agregarle el efecto multiplicador, tal vez imposible de cuantificar, que esta disminución del costo financiero tiene para la sociedad en general y las repercusiones que ello tendrá en términos de crecimiento económico.

Debemos considerar también que el superávit podría mitigar los efectos que tendría nuestro sistema fiscal ante una eventual recesión mundial en el mediano plazo provocada por un alza persistente de los precios de los energéticos.

2. Habría mayor inversión privada. Dada la mayor cantidad de recursos disponibles para los agentes privados y su menor costo relativo, es muy probable que la acumulación de capital continúe su marcha ascendente (son ya seis trimestres consecutivos de crecimiento positivo y la mayor parte con tendencia a la alza).

Algunos analistas consideran que por cada punto porcentual de crecimiento de la inversión privada, el producto total se incrementa en al menos un cuarto de punto porcentual.

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Crecimiento del PIB y la inversión privada (%)

15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0

Inversión privada

PIB

2005/02

2005/01

2004/04

2004/03

2004/02

2004/01

2003/04

2003/03

2003/02

2003/01

2002/04

2002/03

2002/02

2002/01

-10.0

Fuente: INEGI

de la volatilidad de los precios de los energéticos en el mercado internacional. La mayoría de los especialistas estiman que este impacto será temporal. Es muy probable que la expansión económica de este país sea de 3.5 por ciento para 2005 y que pueda descender hasta 3 por ciento en 2006.

3. Menor ritmo de la actividad económica de Estados Unidos. No obstante que la economía mundial continúa creciendo en forma significativa y las perspectivas al respecto son relativamente favorables, tal parece que la economía estadounidense ha ajustado sus perspectivas de crecimiento a la baja, como consecuencia, quizá,

Crecimiento de la economía estadounidense (%) 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2004q1

2004q2

2004q3

2004q4

2005q1

2005q2

Fuente: Department of Commerce

No se puede descartar una eventual recesión mundial en el mediano plazo provocada por una constante alza de precios en el mercado energético, lo que conllevaría una seria caída en el precio del barril de petróleo, por lo que una imprudente estimación de dichos precios por los legisladores para los presupuestos de 2006 y 2007 podría acarrearnos serios problemas financieros.

Perspectivas políticas La mayoría de los especialistas está de acuerdo en que el principal factor que podría obstruir el ritmo de la actividad económica es la ausencia de reformas estructurales (revisar encuesta de agosto de 2005), lo que, como se mencionó, nos mantendría encadenados al desempeño de la producción estadounidense. Pero también consideran que podría influir la incertidumbre en la política interna.

México, que ha sido calificado como un “centro de gravedad” económico y financiero gracias a

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medidas responsables en materia fiscal y monetaria, enfrenta el riesgo de que la nueva administración que iniciará en 2006, base su plataforma política y económica en ideas populistas. Ante este riesgo, la seguridad que el país ofrece a los inversores, así como el atractivo y la confianza de que goza, podrían desvanecerse.

Ciertamente la contienda electoral podría generar cierto nerviosismo en los mercados financieros y debilitar el desempeño macroeconómico, pero su impacto podría ser mínimo en el corto plazo, toda vez que se ha blindado eficazmente la economía.

Los riesgos de padecer una crisis financiera como las del pasado prácticamente se han desvanecido. Recordemos que en julio pasado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, realizó una compra de reservas internacionales al Banco de México por un monto de 2,878 millones de dólares. Dicha adquisición de reservas, aunada a la liquidez proveniente de operaciones de pago anticipado de débito externo (de aproximadamente 1,890 millones de dólares) realizadas anteriormente, permite completar la totalidad de divisas necesarias para hacer frente a las amortizaciones de deuda externa programadas para los próximos dos años por alrededor de 4,767 millones de dólares. Con estos recursos, al menos una tercera parte de lo que México debe al resto del mundo (deuda del 2006 y 2007) estará saldado, lo que significa un auténtico “shock” de confianza para el país en materia de blindaje financiero. Así que independientemente de los resultados de los comicios del próximo año, podría asegurarse que el país vivirá una transición ordenada.

Sin embargo, el panorama económico en el mediano plazo podría sufrir ciertas alteraciones dependiendo del resultado de la elección. A poco más de diez meses para que se celebren las elecciones presidenciales (primer domingo de julio de 2006), resulta prematuro aventurar un pronóstico sobre los resultados. Por lo pronto, se pueden anticipar tres escenarios posibles y sus consecuencias probables en la marcha de la economía: 1. Un eventual triunfo de Andrés M. López Obrador sin duda tendría efectos perversos sobre la economía que no se han aquilatado. Por una parte, se trata de un político cuya principal consistencia ha sido la de enfrentarse a las

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instituciones, cada vez que la ley, el estado de Derecho, representa un obstáculo real o aparente a sus ambiciones. Por otra parte, el entramado jurídico-institucional en el país es todavía muy frágil e incipiente: instituciones clave para la vida democrática y para la salud económica -como el Instituto Federal Electoral, el banco central autónomo, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia, así como el mismo poder legislativopodrían ser nulificadas, o lesionadas gravemente con relativa facilidad, si López Obrador percibe que son un obstáculo a sus planes o ambiciones.

Tampoco es fácil definir la probabilidad de este escenario. Es cierto que López es un político extremadamente popular y que se ha beneficiado de una exposición intensiva en los medios de comunicación; también es cierto que ha sido lo suficientemente sagaz para mostrarse a sí mismo como víctima de un sistema injusto (algo que genera un sentimiento de identificación en las clases pobres y que embona perfectamente con una tendencia a exacerbar los agravios y resentimientos como "respuesta social aceptable" en México), pero también hay dos grandes obstáculos en su camino a la Presidencia: 1.

La precaria capacidad de su partido, el PRD, para transformar esas simpatías y sentimientos en votos (el partido no sobrepasa, ni en las proyecciones más optimistas, el 20 por ciento de la votación nacional, lo que es insuficiente para ganar las elecciones) y 2. La pobreza propositiva del discurso de López Obrador. Con todo, AMLO podría allegarse una buena porción del voto flotante e indeciso en México -el más numeroso- si sus adversarios, el PAN y el PRI, presentan candidatos carentes de carisma y propuestas frescas o candidatos repulsivos por su pasado corrupto y mendaz y por estar asociados, en la percepción popular, con lo peor del sistema priísta.

Si López ganara la presidencia, lo más seguro es que tratase de implementar políticas públicas tipo las instrumentadas en el Distrito Federal en los últimos años, o en el país en los años setenta.

Podría esperarse, desde luego, un nulo avance en materia de reforma estructural –dado que varias veces se han manifestado en contra de los cambios que se requieren-, poca mejoría en la seguridad pública, un aumento en el gasto neto del gobierno, un incremento en la deuda pública total y el regreso al déficit fiscal para sostener

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sus propuestas. Menos y más costosos recursos para la sociedad y pobre crecimiento económico como resultado. También podrían intervenir el mercado cambiario, vía la comisión de cambios, controlar precios, modificar o al menos retrasar la apertura comercial de México con el mundo y mermar la confianza de la comunidad internacional.

Varios analistas consideran poco probable –no imposible- que López gane la presidencia, pero aún si ocurriera, el actual Congreso podría cerrarle el paso a varias de sus intenciones. El Poder Legislativo tendría incentivos para no dejar en manos de un presidente de izquierda la estabilidad macro-económica tan duramente alcanzada interponiendo candados legales a tales acciones. El Congreso, por ejemplo, podría prohibir, por ley, unas finanzas públicas deficitarias, transferir el mando de la comisión de cambios al Banco de México, evitar que se eche mano de los recursos del IPAB o de las Afores y limitar su injerencia en los tratados de libre comercio, entre otros. Pero aún tomando estas medidas, no hay razón para esperar una mejoría significativa en términos de crecimiento económico.

2. Parece difícil que Santiago Creel pueda levantarse de la última derrota y vencer a Felipe Calderón en la búsqueda de la candidatura a la presidencia por el PAN. Cárdenas y Creel, precandidatos de ese partido, difícilmente podrían alzarse con una victoria en la justa presidencial porque carecen de carisma y discurso articulado y son percibidos como una prolongación especialmente mediocre del gobierno actual de Vicente Fox. Sin embargo, el propio Calderón tendría difícil la victoria si se considera que su partido, el PAN, se ha debilitado a lo largo de este sexenio. De suyo, el PAN carece de una estructura sólida y funcional que abarque todo el territorio nacional (Fox sólo pudo ganar sumando a los votos tradicionales del PAN los de aquella multitud variopinta que deseaba "un cambio") y a lo largo de esta primera experiencia como partido en el gobierno federal ha ido desgastándose, al grado de que algunos sectores influyentes en la opinión pública consideran que el actual gobierno ha comprobado que el PAN carece de la experiencia que acumuló el PRI en más de seis décadas y, para colmo, sí ha imitado al PRI en algunas de las malas

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artes de la corrupción y del oportunismo. En todo caso, una eventual victoria del PAN comprobaría que las elites intelectuales y políticas en México no están "conectadas" con la mayoría silenciosa de la clase media mexicana. Cosa, por cierto, que ya ha sucedido en el pasado; específicamente, con el triunfo de Vicente Fox que esas mismas elites juzgaban improbable.

Este segundo escenario, donde Calderón gana la presidencia, es más propicio para la estabilidad de la economía pues se podrían impulsar algunas de las reformas que México requiere para aumentar su productividad y crecimiento económico. Aunque también podríamos esperar pocos cambios estructurales de contar con un Congreso similar al actual. Como sea, muy seguramente mantendríamos la estabilidad macroeconómica. El crecimiento podría incrementarse notablemente de implementar mínimos cambios estructurales que no requieran la autorización legislativa.

3. El tercer escenario, que permite prever una continuación de la estabilidad macroeconómica con matices y riesgos pero una parálisis respecto de reformas estructurales de fondo, sería el de una victoria del PRI. La parálisis en las reformas de fondo se daría porque justamente ese partido adquiere gran parte de su fuerza electoral a través de los grupos de interés que se oponen a dichas reformas porque afectan sus rentas.

A favor de este escenario hay que tomar en cuenta que el PRI sigue siendo el único partido con una auténtica penetración territorial en todo el país y que su metodología para ganar elecciones sigue funcionando (como han demostrado varias elecciones locales y las elecciones intermedias de 2003); en contra de este escenario esta la pésima imagen de sus dos posibles candidatos (Roberto Madrazo y Arturo Montiel) como representantes de lo peor del PRI en términos de corrupción, oportunismo y falta de confiabilidad -una imagen que aun con grandes esfuerzos de propaganda no se logra disipar- y la resistencia de la mayoría silenciosa del electorado (esos votos flotantes o no comprometidos de antemano) a resignarse a un regreso del PRI a la Presidencia de la República.

Hay una pequeña probabilidad de que pueda abrirse una ventana de oportunidad para avanzar cambios estructurales mínimos en el periodo que va de la elección a la toma de poder. El

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presidente tendría incentivos para mostrarse como “gran reformador” a los ojos del planeta, además de que contaría con la aprobación del Congreso saliente, pues éste tendría incentivos para pavimentarle el camino y dejarle la casa arreglada al futuro presidente.

Lo más probable si ganara el PRI es que experimentaríamos un estancamiento en materia de seguridad pública, un regreso al corporativismo, al presidencialismo y a la aplicación discrecional de la Ley, poco avance en materia de reforma del Estado y una constante incertidumbre en el sostenimiento de la estabilidad.

Finalmente, cualquier opción política, no promete un cambio esencial en la trayectoria de

crecimiento en el corto plazo, pero sí podría tener un impacto profundo en el mediano y largo plazo.

Consideraciones para el Sector de Servicios no financieros Los Servicios no financieros generan al año un valor agregado de cerca de 2 billones de pesos, y es, junto con el Comercio y la Industria Manufacturera, uno de los sectores de la economía que más producen. Por cada peso de PIB, 19 centavos son aportados por el sector de los servicios no financieros, el cual ha mantenido un crecimiento anual más o menos estable de 1.5 por ciento en promedio durante los últimos diez años, muy ligado al desempeño de la producción total.

Composición del PIB Servicios no financieros 19%

Agro 6%

Minería 1%

Manufacturas 19% Contrucción 4%

Servicios Financieros 17% Transportes 12%

Electricidad 2%

Comercio 20%

Fuente: INEGI

De continuar una expansión económica promedio del 3 por ciento anual, es de prever un crecimiento del sector de los servicios no financieros de entre 1.3 y 1.8 por ciento. En el

corto plazo, dada la esperanza de un crecimiento ligeramente mayor, este sector podría incrementar su producción anual hasta en 2.2 por ciento.

Crecimiento económico (%)

6 PIB

VAB Servicios no financieros

4 2 0 -2

2005/02

2005/01

2004/04

2004/03

2004/02

2004/01

2003/04

2003/03

2003/02

2003/01

2002/04

2002/03

2002/02

2002/01

2001/04

2001/03

2001/02

2001/01

-4

Fuente: INEGI y Banxico

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La información confirmada y disponible hasta el momento muestra que la producción total de los Servicios de Publicidad y Actividades Conexas asciende a unos 24,430 millones de pesos (0.32 por ciento del PIB); un subsector que recoge una inversión anual de 1,526 millones de pesos.

De acuerdo con nuestras perspectivas de crecimiento económico, es muy probable que los servicios de publicidad continúen su marcha moderadamente ascendente, conforme al desempeño del sector de los Servicios no financieros. Por lo pronto, es importante mencionar que en el corto plazo, el impacto temporal de la desaceleración norte-americana en nuestra economía se efectuará en mayor medida en la producción industrial y poco en los servicios.

Conclusión El 2005 es un año de escasa actividad en el ámbito electoral y por lo mismo, no se anticipan turbulencias financieras en la región. En cambio, 2006 reviste mayor importancia en materia política.

En México, las elecciones presidenciales 2006 dominan la escena económica y legislativa del país desde el 2004. Las reformas estructurales sobre temas prioritarios para el avance del país, como son la reforma energética, fiscal y laboral, seguirán paralizadas con miras a los comicios electorales, y con toda seguridad también después si el candidato triunfador no es Calderón. De acuerdo con analistas políticos la probabilidad de que el PRD gane la presidencia es moderadamente baja, mientras que la probabilidad de que gane el PRI es moderadamente alta. La probabilidad que tiene el

PAN de triunfar depende más de quién sea su candidato.

Por otro lado, la lucha entre partidos y figuras políticas si bien no se ha traducido en turbulencias económicas, comienza a hacer mella en la confianza sobre la viabilidad política del país. Por ello, descontando el riesgo de una desestabilización macroeconómica, el periodo pre-electoral dónde se elegirán a los candidatos a la presidencia y la lucha por ganar la contienda electoral, generará cierto nerviosismo, en la medida en que se den a conocer las plataformas políticas de cada candidato.

Los inversionistas están desde ahora, muy atentos al “destape” de los diferentes candidatos así como a la postura que adopte cada uno de ellos. Sin embargo, es de esperarse que los aspirantes presidenciales reconocen los riesgos de enviar señales equivocadas al mercado por lo que tendrán bastante cuidado de no provocar incertidumbre. Ante ello, es de esperarse que el nerviosismo de los mercados se diluya a poco de conocerse los resultados.

México, ha avanzado al lograr llevar a cabo episodios electorales y procesos políticos, sin afectar severamente el ambiente económico. Lo anterior, ha permitido a los inversionistas tener mayor grado de certeza y confianza en el compromiso del gobierno para mantener la estabilidad y la solidez de la economía.

La evidencia es clara, la adopción de sistemas cambiarios libres, instituciones financieras autónomas y el compromiso por mantener un entorno macroeconómico estable bajo un régimen transparente han facilitado no sólo cambios de gobierno sin crisis financieras, sino también han facilitado la transición hacia regímenes democráticos con plena certidumbre.

Anexo 1: Escenarios Macroeconómicos Negativo Moderado 2005 2006 2007 2005 2006 2007 3.3 3.0 3.0 3.5 3.5 3.8 Crecimiento del PIB (%) 5.5 4.5 3.8 5.7 4.1 5.0 Crecimiento de la Inversión (%) 1.3 1.0 0.8 1.5 1.5 1.5 Crecimiento de los Servicios no financieros (%) 4.0 4.8 5.3 3.8 3.4 3.0 Inflación (%) -0.3 -0.1 -1.0 -0.3 0.0 -0.1 Balance fiscal (% del PIB) 11.1 11.6 12.0 11.1 11.5 11.3 Tipo de cambio (MXN / USD) 9.7 10.0 10.5 9.4 8.9 8.7 Tasas de interés (% de Cetes a 28 días) 3.5 3.0 2.7 3.6 3.5 3.8 PIB EEUU (%) Fuente: Estimaciones propias

2005 4.0 6.0 1.8 3.5 -0.2 10.9 9.3 3.7

Positivo 2006 3.6 5.1 1.4 3.0 0.2 11.2 8.0 3.5

2007 4.2 6.0 1.8 3.0 0.2 11.0 7.0 4.0

(*) Director de Análisis Económico y Financiero de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México.

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Demarchy: A Hayekian proposal on Democracy.

David C. Martinez-Amador (*)

A. Introduction.

Social scientists have always pride themselves on the fact that they are not apparently committed to any ideology or political tendency at all, believing that this makes them more scientific. However, it is not possible to present any analysis related to man as a member of a social order without somehow, being influenced by some way of thought. In what concerns political theory, there are no neutral or eclectic positions.

Therefore, before building any political analysis, it should be define the main elements that conform our way of thought, that is to say, the intellectual parameters that will help to explain the cause and effect relations in the social context. Few intellectuals understand that ideas have consequences.

Now, in relation to the topic proposed in this essay, it has to be said that the main problem with modern system of government relies on the fact that it is democracy not liberty the fundament of contemporary political systems. Western political systems have two main defects: a) the absence of liberty, and b) the absence of institutions and mechanisms that protect and affirm the liberty of people. In fact, the vast majority of the modern systems of government (liberal as well as conservative) have characterized themselves by the low fiscal and monetary discipline, and more importantly, by a strong tendency to exceed the limits agreed on constitutional bases regarding state power. Political systems in Latin America, North America, Europe and Asia are characterized by being arbitrary in the application of the coercive power in matters of public affairs, leaving citizens defenseless before the threat of state coercion.

And what has been the answer of the great majority of intellectuals regarding this problem? For the last 30 years the answer to this question has been to simply “strengthen the democratic participation.”

We should, at least, ask ourselves: How true is this answer? Are these the real solutions to the political crisis in modern systems of government? Is modern democracy really compatible with the ideal of a free society?

This essay has been written from a serious scholarly perspective. I will first explain the Hayekian perspective upon the origins of society and its institutions. Secondly, I will address Hayek’s epistemological arguments in favor of a limited

government, and lastly, he’s approach on democracy.

1. Fiedrich von Hayek : A first view.

Political thought greatly advanced with those theorists that followed Thomas Hobbes, but such progress was not complete. Lacking still were the writings on political theory that were enriched by the collaboration of Fiedrich von Hayek. This Austrian defender of the classical liberal principles lived to see his doctrine and warnings justified by the failure of socialist economies in the late 1980's.

Hayek works are most commonly known by dealing with economic issues. Is important to remember Hayek’s constant argument that only a free market system could coordinate efficiently the allocation of resources; and of course, he’s clear explanation on the abysmal failure of command in mixed capitalistic economies, vindicating the prediction originally made

by Ludwig von Mises in 1920. However, FA Hayek intellectual production went farther than simple economics.

One of Hayek’s special interests was the necessity of building a proposal on social sciences that could be considered libertarian in its methodological fundaments.1 Hayek’s entire approach to social sciences emphasized the limited nature of knowledge, that is to say, that the process to convey information about supply and demand (information that is dispersed among economic agents and that no mind is capable of centralizing) it’s a theory given originally to explain the origins of society and its institutions. In this sense, it is clear for the Hayekian thought that propositions of ethics or politics can not be tested with the same mechanism of falsification used by scientific method.

Justifying a spontaneous social order should make us aware of the necessity of a coherent methodology, that is to say, to define if we should build a social philosophy that departs from a collectivistic or an 1

This is a constant affirmation that appears in the majority of works of methodological material from Hayek’s file. Some of the most important are: Law, Legislation and Liberty (London: Routledge & Kegan, Paul, vol 1, Rules and Order, 1973; vol II, The Mirage of Social Justice, 1976; vol III, The Political Order of a Free People, 1979), Collectivist economic planning: critical studies on the possibilities of socialism, Routlidge, London 1935, Individualism and economic order, University of Chicago Press, 1948 1 Hayek, “Individualism: True and False,” in Individualism and Economic Order.

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individualistic position. A methodological approach that emanates from an individualistic position is a preferable state of affairs for many reasons, the most important of which is the market process becoming possible. The market is the inevitable outcome of a free society in which liberty and property rights are upheld, and in which individuals may use their property and labor for their own ends, free from government prohibitions. The dynamic market process is preferable because of the outcomes it produces.

As to the classical liberal tradition for building a scientific method of comprehension there is a great necessity to provide a scientific category for the defense of freedom. In this regard, the methodological proposition made by FA Hayek comes from an intellectual reproduction of Adam Smith’s vision of an auto-regulated social order that comes before all central control. It is a well-known fact that in diverse writings Hayek has emphasized the importance of the spontaneous processes and the impossibility of predicting the future development of a social order.

Therefore, the social philosophy of his ensemble can be described as a criticism of the exaggerated presumptions of realism, apart from adopting a humble attitude in the light of the natural processes.

(Here the natural term must be referred to that which is contrary to the artificial or any product of the human design). This epistemic fundament includes conveyances that are not the result of intelligent design, who’s justification in some particular instance may not be self evident, and often, may appear to us as unintelligent and irrational.2 Hayek follows the intellectual guideline of classic liberalism, he admits that the analysis of life within society emanates from the individual. There is no other path or way to ensure a stable social theory and, it is in relation to this reality that a proposal about the role of government should be constructed.

2. A Hayekian interpretation of Freedom: An Epistemological Fundament for the Limitation of Coactive Power.

The poor explanation that has been provided concerning the methodological fundaments of classical liberalism creates the impression that liberalism promotes an extreme indifference toward social concerns, a pathological egoism, a type of social “solitude”, where each person simply searches for his “own interests”. This caricaturizing and satire that has been made of the philosophy of freedom is, in some measure, a result of a poor philosophical 2

Hayek, “Individualism: True and False,” in Individualism and Economic Order.

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approach in which the concept of freedom is founded on pragmatism rather than on solid principles.

Without elaborating a complex explanation, let’s agree on two basics issues within the context of Hayek’s thought: a) At a level of public policy issues Hayek’s concept of liberty opposes State intervention, and b), Within an epistemological context of the human action this concept of liberty opposes mechanic determinism of any form, may it be: psychological, sociological, theological, etc…

Therefore freedom for FA Hayek is the result of civilized life, life that is characterized by following rules that generally are opposed and are contrary to our own instincts, sentiments, and passions. This is why Hayek says, “civilized man has, to his sorrow, become civilized “.3 With this phrase, Hayek seeks to underline that freedom is not a characteristic which is innate in human nature. (Kantian point of view should be remembered in this case).

On the contrary, Hayekian thinking clearly explains that is has been necessary for man to “limit” his instinctive behavior. Individuals are indeed capable of altering their “animal” conduct permanently within the standards of correct behavior that through the centuries, have proven themselves efficient enough to assure social harmony. This would not be possible without the interaction among the physic of man and the cultural medium that surrounds him. Hayek is a critical rationalist, who recognizes that although human reason has a part to play, it is at the same time limited in its cognitive and creative capacity.

This is precisely why the Austrian author understands that since man’s rational capacity is limited, reason did not designed the social order.

This is why Hayek also admits that none can posses the knowledge necessary to coordinate and direct life within society.

The power is then, given to some, not with the purpose of directing social life, but to oversee its correct function, and so, such power must be limited.

3. A Hayekian explanation on the origins of Society: The Heritage of the Scottish Enlightenment.

Modern political thought was molded within the writing of Hobbes. For Hobbes, it must be made clear, it is neither what is subjective nor the individual that matters, it is the Leviathan itself, the entity in charge of guaranteeing the continuity of the so called social order. In contrast, we can mention 3

This affirmation that “civilized man has, to his sorrow, become civilized” is a continuum that appears between the lines of the third volume of F.A. Hayek’s work: Law, Legislation and Liberty.

Deserves special attention The Epilogue of such a volume titled The three sources of human valuation and specially the section: “The discipline of liberty”. It is here were Professor Hayek explains the rules of correct acting, to which man must adjust his instinctive behavior.

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authors such as Locke and Smith, authors that do defend individual freedom with the assurance that when using this faculty, man will naturally drive in search of a personal telos, a telos that may be capable of harmonizing with collective and social aspirations. In Locke’s case, man will abide by the natural law accepted by all men, and at the same time, a duty towards self-conservation.4 Smith on the other hand, maintains that a system of natural liberty guarantees for people the fulfillment of their personal welfare in harmony with the common good.

Therefore, for these English-speaking authors a perfect harmony exist thanks to an “invisible and spontaneous” coordination of interest in society.

Along with this classical view of the social contract, more contemporary authors -such as J. Rawls-, once again take this problem as one of the backbones of political theory. How is it possible –is Rawls question- that a stable society composed of free and equal citizens that are divided by religious doctrines, philosophies and incompatible morals is able to persist through time? The answer to this question for those academics who set forth from the fundaments of the Scottish Enlightenment seeks to reveal a trust in the functionality of an individualist action which is supported, at its base, by spontaneous social harmony.

Hayek’s analysis concerning the institutions that allow social life maintains the same essence projected primarily by the XVIII century Scottish philosopher, Adam Ferguson regarding his viewpoint of social life: “Society is the result of human action and not of human design”. In the development of this idea, Hayek dedicates himself to the task of extending and improving the notion of the invisible hand, concept formulated in The Wealth of Nations and followed through in the XIX century by Carl Menger, founder of the Austrian school of economy.

Hayek maintained that many forms of social interaction are coordinated by means of non-planed institutions that are simultaneously part of the superior spontaneous order. Languages, customs, traditions, rules of conduct and exchange relations count on extensive developments that no deliberate design could ever have guided. Without such standards and spontaneous institutions, society would not have been able to progress beyond the primitive level. In other words, in Hayek’s perspective what characterizes an advanced

4 James Buchanan, in Buchanan and Samuels, Some Fundamental Issues in Political Economy: An Exchange of Correspondence, Journal of Economic Issues, 1975. It is crucial to make emphasis on the idea of “self conservation” in the context of social life, since, for classical liberalism, social contract was possible in the measure that the man that lived in the state of nature (where he already enjoys the benefits of a peaceful life) finds in civil society greater benefits.

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civilization is that there is no mind or group of minds that controls or directs social life.

Along with the Popperian conception of a tribal society, Hayek realizes that in a small tribal group all the members basically share a scale of values and preferences; the leader or chieftain can know the potential of each member and assign roles and duties in a way that the physical and mental resources of the tribe may be applied with a common chain of command. However, once the group goes beyond the simple level of development, any additional social progress requires a radical review of the rules and the order of society: The complexity of the economic and social activity makes it impossible for any individual to possess the necessary information to correctly coordinate the members of the group. And even if its members were in agreement on the preferences and values, its actions and vested interests would continue being as diverse.

Going back then to the matter at hand, concerning the question of “what is the social and what is the element that makes it functional”, Hayek understands perfectly that in the context of the Gessellschaft” or Open Society, no collective plan can be placed before the actions of the individuals. On the contrary, this society is based on the premise that participants will use their own knowledge and follow their own plans without being guided by a “superior” mind.

4. FA Hayek: A word on Political Science.

One of Hayek’s special interests was the necessity of building a proposal on social sciences that could be considered libertarian in its methodological fundaments. Hayek’s entire approach to social sciences emphasized the limited nature of knowledge, that is to say, that the process to convey information about supply and demand (information that is dispersed among economic agents and that no mind is capable of centralizing) its a theory given originally to explain the origins of society and its institutions. In this sense, it is clear for the Hayekian thought that propositions of ethics or politics can not be tested with the same mechanism of falsification used by scientific method.

In 1979 Hayek published his third and final volume of Law, Legislation and Liberty: The political order of a society of free men, where he expands his propositions for a classical liberal constitution found in his early work The Constitutions of Freedom.

One of the most important propositions made by FA Hayek (if not the greatest) is his skeptical view of politics. 4 If there is someone who has made 4

I must admit that this is a very personal affirmation, and with no precise bibliographic fundament. I only believe that I have reached

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important contributions in the field of politics, it has been Hayek. Even though on some points he fully coincides and surpasses Anglo-Saxon thought, one of his greatest contributions is having left clear the necessity of removing politics from its pedestal and setting limits to the public power.

Although skeptical about the state powers, it is clear that Hayekian thinking is in no way anarchistic. On the contrary, he recognizes the unique and necessary function of the state but at the same time, emphasized that its power must be watched over and mitigated. The function of the state is precisely, the preservation of individual liberty. Only the state can perform such a task because there is the need of coercive power that cannot be given to all individuals, otherwise, life would become chaotic.

But, is it valid to ask at this point: Why is the emphasis made on the idea of a limited government?

As previously stated, Hayek’s speech can be framed within the ideological tradition suggested by John Locke who understood that concerning the so called “social order” there were existing rules, habits, rights, and social cooperation a long time before the existence of the state. The only thing required was a formal structure of power with solid checks and balances that would ensure social order to exist. This would be possible only through the context of the Rule of Law and limited government.

As Fiedrich A. Hayek noted, society can exist only by a process of selection were rules have evolved from a free interaction leading individuals to behave in a manner which makes social life possible.5 The types of rules consistent with a spontaneous order are often unverbalised rules of conduct, which may operate without being explicitly known by those follow them. 9 To quote Hayek himself : “ The rules governing a spontaneous order must be independent of purpose and be the same, if not necessarily for all members, at least, for whole classes of members not individually designated by name.

They must be rules applicable to an unknown and indeterminable number of persons and instances. They will have to be applied by the individuals in the light of their respective knowledge and purposes; and their application will need to be independent of any common

the shores of Hayek’s thought to realize Professor Hayek’s insistence on giving political science a completely different character that takes it away from the statist influence.

5 FA Hayek ibid. . 44 (1973) 9 Hayes himself gives an examples of this kind of rules. For example, although the rules of grammar exist in the sense that people require and rely upon them in order to be able to communicate, they are obviously not legal rules. However, a society is dependent upon such rules in order to allow transactions relatively simple and predictable.

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purpose. This means that the general rules of law that as spontaneous order rest on aim at an abstract order, the particular or concrete content of which is not know or foreseen by anyone. “ 6 Since it is impossible to predict human behavior, a legal structure cannot be the product of human will.

Furthermore, since the future is unknown and unpredictable, it becomes virtually impossible to design a code that adapts to all the possible scenarios. Because of this, judicial activity as a way to solve problems is essential to Hayekian type jurisprudence.7 Hayek himself would wisely affirm: …human beings can’t be stopped from doing what they want or coerced into doing specific acts in accordance with known rules of just conduct, designed to define and protect the dominion of each individual…8 However, is true that the Hayekian perspective on the limits of political action do not only refer to those that sustain the monopoly of coactive power.

At this point, it must be said that classical liberalism does not conceive democracy as the best way of government, although it is not against either.

Classical liberalism can accept democracy as long as it maintains a parallel individualism, be it from the citizens or from the representatives; for if democracy exceeds the limits established to protect individual freedom it is also obvious that such a system will cease to be important for us.

If any of the modern systems of government have succeeded in preventing either

6

Hayes himself gives an examples of this kind of rules. For example, although the rules of grammar exist in the sense that people require and rely upon them in order to be able to communicate, they are obviously not legal rules. However, a society is dependent upon such rules in order to allow transactions relatively simple and predictable.

7 Freedom under the Rule of Law “rests in the argument that, when we obey the laws, in the sense that general abstract rules established with independence of its application to us, we are not subject to the will of another man and we are, therefore, free. This kind of “problem solving” that we have referred to in Hayek jurisprudence comes from the constant process of contrasting the “here and now” of the political decisions with the content of the rules of correct performing.

8 Fiedrich von Hayek, ibid.

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the gradual or dramatic loss of freedom the answer is totally negative. Political history in the Western World seems to me, the perfect representation of the “vicious circle” conceived by Greek philosopher Escipion. We have moved from system to system, from a monarchy that governed at a distance to a post independent age where power is concentrated in social groups that attempt to maintain their status quo, moving to a stage of dictatorships and finally, to an aperture of democracy. But the lack of freedom is always a constant.

We must not fool ourselves. The transition to a democratic system is a notable advance for the modern political system, but it must be remembered that the arbitrary and destructive capacity of coactive power is not an exclusive characteristic of dictatorial governments. That is put, any form of government can succumb to this same danger, no matter how good their intentions may be. Therefore, the political analysis must see itself over the limits of the coercive power of government, especially if we realize that the vast majority of democracies in our current context are characterized by a strong tendency to exceed the limits of constitutionality.

The case with modern democracies is that, although there exits the possibility of choosing and delegating responsibilities through the vote, the electorate does not possess any instruments or mechanisms that will permit them to protect themselves from the wrong decisions on public policy bases.

Sadly, the present tendency in matters of political theory is based on a doubtful division of the term liberty, presenting in this manner two faces on the same coin. This is precisely how the concepts of “social-political liberties” have come to appear.

Modern political systems in the Western world that have not succeeded in preventing the gradual or dramatic loss of freedom have always endeavored to mix the concept of liberty with that of equality of material conditions: Here is show the intellectual pillars of those systems that have failed in their role of assuring freedom.

As Hayek clearly explains, liberty can be only one.

Liberty, correctly understood is only individual, with its maximum bases on the concept of human action and has its best expression in economic liberty. What today is known as “social-political liberties” in which democracy plays the role of a facilitator is nothing more than material conditions and expectations, which are assumed to be provided by government.

Therefore, as Hayek explained in his work The Road to Serfdom, the more we open the door to a stronger government intervention in the interest of material equality among people the more the real concept of Freedom is lost. In this regard, it is clear why modern democracy has presented itself as the applicable method to the joining of values such as liberty and equality.

However, let me ask: What relation is there between the democratic system and the lack of homes, health services, and other needs? Why is it assumed that life in a democracy requires similar socio-economic conditions among the population? The only true thing in here is that, under this conception, the state obtains a “positive capacity of action” in complete contradiction in all senses to the real and original purpose of government.

Instead of the “negative capacity” of protecting or preventing the violation of elementary rights, coercive force is dedicated to giving, equipping, promoting and taking away from some to give to others. This is how, a structure that was created to defend rights and principles turns into the primary violator of these basic rights. Therefore, as Hume wisely affirmed, liberty is gradually lost, until it not longer exists.

As a result of this, the question that should be answered here is: Are socio-political liberties really necessary? Are they really “liberties” without the possibility of a free exchange of goods and services?

What good does it do me to have the possibility of voting, if he to whom I delegate a responsibility will not look out for my freedom, my property, my patrimony, and my private sphere? Let’s conclude at this point that democracy is simply a system that efficiently allows alternating power.

5. DEMARCHY: A word on Democracy.

Hayekian thinking has then, gone a step further and has made a great contribution to the evolution of political thinking. Regarding the often-asked question “ of what is the best type of government”?

Hayekian thinking understands perfectly that the question about the best type of government makes no sense at all.

As Marsiglio of Padua stated in he’s Defensor Pacis, Hayek affirms that the emphasis on the bases of political analysis should not be placed on the people that hold political power, or even on the best possible government system, rather, it should rest upon the type of rules that hold the system together and protect liberty.

Hayek’s interest is the same as that of all liberals: Protecting the private sphere of the people from unnecessary government coercion. In this regard, Professor Hayek delineated the main principles of what a model constitution should be, emphasizing then the basic clause of a classical liberal Constitution. It is very probable that the primary clause of this project would not seek to define the functions of the government, but simply to set limits to its coercive powers.9 From the Hayekian perspective we are confronted with a liberal utopia, that is to say, an ideal state to 9

Fiedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad: Union Editorial, S.A. page. 192.

Madrid,

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which we should direct all our efforts. This ideal has not been proven false, either in its rigorous logic, non much less in its historic experience. Another very different thing is that the proposition looks not rational to us because the new political messianism does not contemplate the necessity of limits to state power.

Therefore, favoring Montesquieu’s proposal of separation of powers Hayek considers that it is necessary to introduce some form of protection to the representative assembly which is responsible for dictating the regulations of conduct on general character with respect to the government. For this purpose he suggested the necessity of restoring the Athenian ideal of an independent parliamentary body, with the exclusive power to alter the subject matter of the nomos, that is to say, the abstract laws which are a result of free social evolution, spontaneous interaction, and the non intended consequences of human action. From Hayek’s perspective, the content of the nomos should be the basis of every political agenda.

This Hayekian suggestion places emphasis on the respect of certain principles that are not subjected to the democratic or consensual approval. Deep in this proposal it is established Hayek’s theory of “Demarchy”, in which it is expected that the same will of the majority and the legislative function will submit to the abstract principles and rules that conform the social order. The government function and the will of the majority must be centered and limited in the frame of respect for individual rights and the institutions that guarantee a pacific social life. Hayek’s proposition, and maybe his greatest contribution to the field of political theory makes not emphasis for the search of the “best way of government”, rather, upon the necessity of bringing down politic from its pedestal.

Within the context of any system of government, the spirit that we should hold together if we intend to guarantee the freedom of people is to understand, for once and for all, that it has been enough to present the “public coactive power of state” as the goddess that has in her hands the solution to all social problems and how much need the individual has of it. It has been forgotten that the function of the government and the function of coercive power has nothing to do with man’s aspirations for a better life and to build a destiny. It has been forgotten how much good is available on the market as the result of individuals effort that trade freely and voluntarily among themselves and not, at the command of burocrats in the state sector.

In this regard, our democratic experience has only helped to maintain the faith on politicians.

The function of government must be found within the frame of respect for the rights of each human such

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as life, liberty, the right to own property, the respect upon voluntary cooperation and above all, the respect towards economic liberty, which is the essence to the rest of the real political liberties. To limit the power of the government means to take these elementary principles of pacific life in society and make them central rules of the social game.

True democracy, true political liberty compatible with the market, begins with leaving all the power to choose to individuals over their personal sphere, understanding that in a free society the state does not administers the affairs of men, it simply administers justice among men who conduct their own affairs. 10

(*) Politólogo, graduado por la Universidad de Massachusset.

Profesor Universitario en la UFM.

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Walter Lippmann, An Inquiry into the Principles of a Good Society.

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“Lo que es de todos no es de nadie”: la tragedia de los comunes en México Roberto Blum (*) La ausencia de derechos de propiedad claros y bien definidos produce enormes daños a una sociedad.

De hecho, en esas condiciones, las sociedades viven una verdadera tragedia.

Sin ese derecho básico, los ciudadanos no tienen seguridad alguna sobre sus vidas o sus libertades.

Se puede afirmar que, más que ciudadanos, son súbditos, están siempre y a toda hora sujetos al capricho de los gobernantes, y siempre inmersos en la pobreza.

En la práctica, las sociedades que no han logrado definir con claridad y precisión los derechos de propiedad individual, y construir a su alrededor un Estado de derecho que los proteja, se encuentran en una enorme desventaja competitiva respecto a otras sociedades que sí los tienen y los protegen. Las primeras son siempre más pobres y más injustas.

Frente a cualquier argumento teórico, la realidad incontestable de casi 20 millones de mexicanos emigrados a los Estados Unidos, y el deseo expresado en una encuesta reciente de 1 de cada 2 mexicanos de emigrar, expresa el terrible fracaso y la enorme tragedia del sistema político y económico de México.

Este sistema es definido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución mexicana. En el primero de ellos se establece la llamada “rectoría económica del Estado,” en el siguiente “el sistema de planeación democrática”, y en los dos últimos –artículos de una extensión increíble: entre los dos suman la friolera de 4311 palabras, mientras que la Constitución completa de los Estados Unidos tiene un total de 4609– se establecen y limitan los derechos de propiedad, y se define la estructura de la economía mexicana.

Ambos artículos son el ancla de la estructura económica del país. Alrededor de ellos está levantado todo el andamiaje o, más bien, la camisa de fuerza que mantiene a poco más de 62 millones de individuos en situación de pobreza y de pobreza extrema. Una camisa de fuerza que impide a la mitad de la PEA (población económicamente activa) integrarse a la economía formal y, en consecuencia, desarrollar una mínima productividad. De 57.4 millones de personas que constituyen la PEA en el país, el 40.6% está ocupada en los llamados micronegocios o changarros (casi todos ellos en la informalidad), y 9.5%, aunque ocupados, no reciben ningún ingreso. Si a estos números les sumamos los

correspondientes a los que se dedican a las actividades primarias de autoconsumo, otro 12.1% de la PEA, encontramos que 62.2% de quienes trabajan lo hacen en condiciones muy desfavorables y con una productividad mínima.

Veamos en qué consiste esa camisa de fuerza que tiene anclado a todo el país en la pobreza.

El articulo 27 de la Constitución dice: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. “(…) La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. “(…) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional”.

Y el articulo 28 de la misma Constitución sienta las bases de una estructura económica sui generis, muy a la mexicana, donde hay “monopolios que no son monopolios,” y que en consecuencia son

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perfectamente legales, ya que en su primer párrafo dice: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes,” pero de inmediato, en el segundo párrafo, dice que “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Los casos del petróleo y de la electricidad mexicanos son paradigmáticos del fracaso de esa estructura económica: de lo que es la tragedia de los comunes, aunada a una burocracia y a un sindicalismo fuertemente depredador. Lo mismo se puede decir respecto a la degradación y destrucción del medio ambiente natural.

A pesar de que México tiene importantes reservas probables y potenciales de hidrocarburos, el país está en peligro de convertirse, alrededor del año 2010, en un importador neto de productos derivados del petróleo. El monopolio –que legalmente no es monopolio– de la empresa petrolera PEMEX ha tenido como resultado que las reservas probadas vengan disminuyendo a un ritmo tal que muy pronto dejarán de existir. La empresa es un cash cow para el Gobierno, a la que el Gobierno le extrae hasta el último centavo. El 35% de los ingresos del Gobierno provienen de PEMEX. Realmente PEMEX es una cash cow que ya se volvió tuberculosa y que, sin duda, muy pronto dejará de dar leche.

Si se menciona la industria eléctrica mexicana, la situación es parecida. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también “un monopolio que no es monopolio”. Su problema es similar: una burocracia y un sindicato depredadores.

La belleza perversa de ese arreglo legal, en el que la nación mexicana, como entidad abstracta, es la propietaria de esos valiosos recursos, es que la nación en lo particular no obtiene ningún beneficio concreto y, en cambio, los individuos sí pagan los platos rotos. Por ejemplo, en México, cuando los precios internacionales del petróleo suben, las gasolinas que consumen los mexicanos también suben, ya que no se debe subsidiar el consumo de los automovilistas, lo que sigue una lógica económica

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correcta; pero, en cambio, cuando los precios internacionales bajan, el precio de la gasolina mexicana también sube, ya que el consumidor nativo tiene que compensar la pérdida de ingresos de la empresa petrolera y, por ende, los ingresos del Gobierno.

El medio ambiente es otro ejemplo concreto de esa misma tragedia, causada por la ausencia de derechos de propiedad claros y bien definidos. Se trata de una situación en la que es muy conveniente para los individuos producir externalidades. El primero que aprovecha un bien común obtiene personalmente los beneficios, sin cargar con los costos. Y el esquema legal de México no es diferente en este aspecto. La nación, en abstracto, es la propietaria de todo el territorio, los bienes inmuebles y los muebles mostrencos dentro del país. La estructura de la propiedad territorial –propiedad federal, propiedad social (ejidos y comunidades), y propiedad privada en tan solo un 20% de la superficie– ha dado lugar a que se pierdan alrededor de unas 600,000 hectáreas de bosques al año, a que más del 65% del territorio esté ya erosionado o altamente erosionado, y a que el agua sea desde ya un bien escaso y gravemente degradado. (México dispone hoy de menos agua por habitante que Egipto).

Afortunadamente, se comienza a percibir que la realidad está erosionando las ideologías estatistas que durante tantos años han dominado el pensamiento y las políticas públicas de México.

A final de la década de los ochenta y durante los noventa, México comenzó a transformar sus estructuras económicas y políticas. Se abrió la economía, se rompió el monopolio del partido hegemónico, se buscó una mayor transparencia en los mecanismos de toma de decisiones, y se impulsaron experimentos para lograr una mayor eficiencia en las actividades sociales.

Por ejemplo, para salvar a los borregos cimarrones, que se hallaban en inminente peligro de extinción, se decidió aplicar mecanismos de mercado, que de inmediato fueron exitosos. El borrego cimarrón dejó de estar en peligro en tan sólo una década.

Sin embargo, la adecuada definición de derechos de propiedad, y la construcción de un verdadero Estado de derecho que los proteja, se encuentran todavía en un horizonte que no parece muy cercano. Mientras esto no suceda, México no podrá ser realmente competitivo ni eliminar la pobreza que hoy aflige a más de 62 millones de mexicanos.

(*) Profesor visitante en la UFM

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El Genio de Occidente (Louis Rougier) Flora Gómez (*) “Esta aventura del hombre occidental no puede dejar de suscitar admiración. Indudablemente, el esfuerzo de la humanidad por escapar a la animalidad primitiva, dominar a la naturaleza mediante la compresión de sus leyes, civilizarse al aprender a comprenderse a sí misma, traer más luz, felicidad y belleza al mundo, superar los desafíos que encuentra por doquier, buscar internamente maneras de mejorar la condición humana. . .” (El genio de Occidente, pág. 251).

Desde hace por lo menos diez años, he sido admiradora de las culturas orientales: me interesó, las estudié, y esta fue mi conclusión desde entonces. Me atrae el misticismo y la magia que contienen las filosofías de vida.

Logran despertar en mí admiración e interés, vistas desde Occidente. Sin embargo, nunca me había salido del cuadrado ni había logrado analizar el Occidente con el mismo interés, aunque habitara en él.

Ese análisis, que mi cerebro estaba necesitando, es lo que Louis Rougier logró con este libro. Con él logró despertar mi interés y debo admitirlo- también mi sorpresa.

Occidente es una mezcla un tanto accidental de una variada gama de influencias, no se creó a si mismo. Una de las influencias para formar la base de lo que ahora es la idiosincrasia occidental surge de la cultura griega. Los griegos dieron significado a la palabra “razón”, y con ese hecho hubo toda una nueva forma de entender la vida, que ya no era dogmática, sino la búsqueda de una explicación lógica.

En Grecia se creó también el concepto de democracia, como gobierno de leyes para todos por igual, que para aquella época era totalmente contrario al sistema con el que convivían las demás civilizaciones. Los griegos decían ser hombres libres y discutían entre iguales, utilizando la palabra hablada sin torturas ni castigos, y controlaban las acciones de sus magistrados porque entendían que los mismos eran iguales al resto de la población.

Todos estos conceptos fueron absolutamente

avanzados para la época; tan avanzados que aun hoy, siglos más tarde, todavía hay países que tienen democracias incipientes, que no han logrado una verdadera comprensión -mucho menos aplicación- del lo que democracia y leyes significaron para los griegos.

Grecia introdujo la razón y la libertad, mientras Roma introdujo el concepto de orden. “El derecho romano tendía cada vez más a identificarse con el derecho natural que los filósofos estoicos consideraban como un código moral implantado en todo ser dotado de razón y por tanto válido en toda circunstancia” (Pág.

52) De esta forma Roma llevó el orden y la civilización a cada pueblo que conquistó, y así llegó a Occidente su influencia.

El homo sapiens creado por Grecia no necesitaba de trabajar, porque tenía esclavos a su servicio, hasta que apareció el Cristianismo y provocó una revolución moral y social que acabó con la esclavitud, y obligó al hombre a trabajar y construir él mismo sus herramientas de trabajo y su vivienda. Así nació el homo faber. Con el hombre acostumbrado al trabajo, y no sólo a la contemplación, empezaron a surgir los inventos que poco a poco han hecho que la civilización evolucione.

Ya en los siglos XI y XII se utilizaban las corrientes de agua para obtener energía hidráulica. Así se realizaron considerables progresos en agricultura, minería, ganadería, metalurgia, química, armamentos y construcción, incluso pasando por conflictos que surgieron entre la ciencia y la teología ante el análisis y explicación científica de los sucesos, que tiempos antes se acreditaban solamente a Dios y a su voluntad. Con la revolución científica apareció una idea destinada a diferenciar a la civilización occidental de las civilizaciones orientales: el concepto de progreso. En la India, China Egipto y Babilonia, cuanto más antigua fuera una doctrina, más se la reverenciaba. “Las instituciones civiles y religiosas, las costumbres y modales tendían a obstaculizar el cambio y neutralizar las

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perturbaciones externas”(Pág. 126). Occidente fue la excepción y la semilla del cambio a este modo de vida: dejó de mirar hacia atrás para mirar hacia el futuro, entender el porqué de las cosas, y buscar la igualdad de los ciudadanos.

Surgió el capitalismo como consecuencia de la ética protestante y pensamientos como el de Benjamín Franklin: “no malgastes el tiempo, porque de eso está hecha la vida” (Pág. 144).

Surgió la revolución económica y se descubrió que, en la medida se acrecentara capital, en esa medida la sociedad podría mejorar el bienestar de las masas, alejándolos de la pobreza. El lucro dejó de percibirse como pecado y se convirtió en el fin último, a diferencia de lo que enseñaban el cristianismo y la Iglesia Católica, que más bien promovía la pobreza como indispensable para entrar en el “Reino de los Cielos”. La revolución científica y ética, el descubrimiento del mercado y la revolución industrial se combinaron para producir una revolución política. La monarquía inglesa cedió soberanía al Parlamento y a la Declaración de Derechos (Bill of Rights), mientras que el absolutismo de la monarquía francesa produjo finalmente la Revolución de 1789.

El capitalismo presentó también sus problemas éticos. El poder económico se congregó frecuentemente en un reducido grupo, que generó el escenario para el nacimiento de pensamientos como la “revolución proletaria de .

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Marx”, a fin de construir una sociedad que no estuviera dividida en clases. A pesar de mi admiración por Oriente y las imperfecciones de Occidente, entendí que “el hábito de contrastar el crudo materialismo de Occidente con el espiritualismos de Oriente debe ser revisado” (Pág. 226).

No ha existido la perfección en ningún sistema religioso, económico y mucho menos político.

Cada corriente ha hecho sus aportes y presentado sus problemas. Estoy de acuerdo en que los pensamientos no pueden permanecer estáticos y siempre deben ir evolucionando. Lo que hoy entendemos por Occidente es una mezcla interesante, y algunas veces inteligente, de los mejores elementos de varias civilizaciones. No podemos generalizar y poner a todos y cada uno de los países occidentales en el mismo nivel de madurez política y social, porque sería falaz e injusto.

Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que Occidente ha sido un generador de cambio en la búsqueda de una sociedad más justa, en la que cada miembro sea igual de importante y merecedor de las mismas oportunidades y derechos.

Muchos en Occidente admiramos la paz y sabiduría de algunas culturas orientales, pero, como afirma Rougier, muchos individuos en Oriente quisieran vivir en Occidente y gozar de sus libertades y oportunidades

(*) Alumna de primer año de la Maestría en Relaciones Internacionales. UFM

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¡Visto y leído!

Libros: Liberalismo Síntesis: La obra Liberalismo, de Ludwig von Mises y con prólogo de Julio César De León Barbero, fue editada por la Universidad Francisco Marroquín y Unión Editorial, y ya se encuentra disponible en las librerías del campus así como en el Centro de Estudios Económico-Sociales.

"En ella, el autor sostiene que el liberalismo no es una religión, una filosofía universalista ni un partido político defensor de intereses particulares. Desde un punto de vista histórico, el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover, no el bienestar de grupos específicos, sino el bienestar general.

Ludwig von Mises Liberalismo Librería de la Universidad Francisco Marroquín.

Más información en:

http://www.ufm.edu.gt/lonuevo/getFicha.asp?glx=2005\05-09-20.xml&skin=ufmcronos&institution= El Imperio Perdido Síntesis: En este libro se rescata, a través de la obra y vida de cinco grandes escritores del XX, lo que fueron los últimos años del Imperio Austro-Húngaro. Haciendo una Biografía Intelectual de unos de los fenómenos políticos-sociales más importantes que la humanidad haya conocido: esa mezcla de razas, pueblos y cosmovisiones de uno de los mundos intelectuales más añorados, a decir, el Imperio Austro-Húngaro. Lo que hace a esta lectura fácil y ligera es la unión finísima y poderosa de la tensión de la novela, el amor de la biografía y el rigor de la historia social.

José Mara Perez Gay Editorial Cal y Arena.

Otra información sobre el autor: www.ieah.org The Western Intellectual Tradition: From Leonard to Hegel Síntesis: El texto resume muy puntualmente los aspectos fundamentales que conformaron la tradición intelectual en Occidente. Se rescata como aspecto critico el redescubrimiento que Occidente hizo de la tradición secular científica como pilar del horizonte mental. Son valiosos también los detalles aportados sobre cada una de las revoluciones políticas mayores que ha vivido Occidente.

J. Bronowski y Bruce Mazlish.

Harper Perennial Editores.

Libros en la red: El origen mercantilista de las instituciones en América Latina.

Síntesis: Algunos de los que critican la escasa efectividad de muchas de las reformas intentadas a partir de los años ochenta del siglo pasado las descalifican como resultado de algo que aun esta por ser definido por quienes así piensan, pero que es una útil muletilla retórica: “El Neoliberalismo Salvaje”. Al leer el ensayo de Ghersi nos damos cuenta que difícilmente puede haber habido liberalismo, y mucho menos uno renovado o “neo”, en unos países que aun están por evolucionar mas allá de la etapa mercantilista del desarrollo. (De la web indicada) Enrique Ghersi Descargar en formato pdf:

http://www.cedice.org.ve/detalle_mono.asp?ID=16

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En INTERNET: Encuesta sobre las elites parlamentarias latinoamericanas.

Síntesis: Interesante estudio estadístico sobre múltiples aspectos de la gestión de gobiernos latinoamericanos. http://www.consulta.com.mx/interiores/14_entorno_int/ei_elites_parlamen05.html Análisis: La Democracia en América Latina.

Síntesis: Estudios sobre la opinión de ciudadanos latinoamericanos sobre los sistemas democráticos en sus respectivos países. http://www.consulta.com.mx/interiores/14_entorno_int/democracia_AL0804.html FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales Síntesis: Página de interés y visita casi obligada. www.fundacionfaes.es Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Síntesis: Interesante página de publicaciones, estudios por áreas y temas, etc.

Se puede obtener información de calidad y suscribirse gratuitamente a la misma. http://www.realinstitutoelcano.org/ Center for terrorism risk management policy Síntesis: Interesante estudio y análisis sobre el terrorismo. http://www.gees.org/documentos/Documen-500.pdf National Security Research Division. Exploring religious conflict Síntesis: Análisis sobre conflictos religiosos. http://www.gees.org/documentos/Documen-499.pdf Latin Liber Síntesis: Nueva página para los amantes de la libertad. Mucha información. http://www.latinliber.com/

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