Repri reedicion 13

RePRI

ISSN 1815-9249

Agosto, 2009

Analizando al mundo RePRI

Índice y abstractos

1) Consecuencias económicas del estado de bienestar —Págs. 4-11

2) Legitimacy in the European Union Mapping the debate Concepts as democracy or legitimacy have emerged associated with the nation-state building. As a result there are scholars that defend that legitimacy cannot be applied to the European Union. Differently, other scholars identify problems related to the lack of legitimacy of the European Union and propose concrete solutions. I will explore both lines of research trying to make a picture of the debate around the problem of legitimacy of the European Union.. —Págs.

12-18

3) Ética, Universidad y Empresa —Págs 19-20.

4) La geopolítica del caos: el caso africano

—Págs. 24-31

5) Relaciones en el Hemisferio Occidental

La llegada de una nueva administración a Washington crea la oportunidad de abordar más adecuadamente los retos del Hemisferio.

Varios expertos coinciden en que el cambio depende de cómo los países latinoamericanos actúen en conjunto y sean una prioridad para su vecino del norte. Estados Unidos enfrenta un sinnúmero de retos en el mundo; sin embargo, atender las necesidades de Latinoamérica puede representar beneficios a sus intereses nacionales.

–Págs 32-36.

6) ¿La mejor estrategia para el desarrollo de un mundo más pacífico?

—Págs .37-39.

7) A la democracia vamos a salvar, aunque tengamos que matarla.

—Pág.s. 40-42

8) El idealismo de Woodrow Wilson —Págs. 43-45.

9) Una nueva administración en los Estados Unidos —Pág 46

10) Retos de los jóvenes universitarios —Págs 47

11) History, Theory, Diplomacy, and the Use of Force in the Study of International Relations —Págs 48-50

12) Una belleza americana —Págs 51-52

Línea editorial RePRI aparece de nuevo en escena con un número dedicado a numerosos temas de alcance nacional, regional y global.

A lo largo del presente volumen, el lector podrá encontrarse con numerosos artículos de análisis, y un apartado dedicado como siempre a reseñas bibliográficas.

“El estado de bienestar y sus consecuencias” son los temas que trata Pablo Guido en su artículo. Con un análisis de gran interés el académico argentino desarrolla un escrito para todo lector interesado en el fenómeno estatal, y las consecuencias económicas que determinadas visiones paternalistas e intervencionistas han generado.

Legitimacy in the European Union. Mapping the debate es un artículo de Martiño Rubal dedicado a uno de los temas que más obsesiona a los especialistas en la Unión Europea (UE). La máquina de Bruselas ha sido acusada en numerosas ocasiones por su falta de legitimidad democrática. El artículo hace un repaso de todas las visiones a ese respecto. El texto es interesante por dos motivos: a) El primero de ellos es la influencia que un fenómeno de integración internacional como la UE puede tener en el bloque regional centroamericano, b) El segundo problema es el relacionado con el propio déficit democrático. La UE se ha desarrollado como una nueva forma política y, en ese sentido, parece que construir nuevas aventuras institucionales carentes de espacios democráticos puede generar un problema de comunicación con la ciudadanía.

La profesora Carroll Ríos titula su artículo “Ética, Universidad y Empresa”. Se reflexiona sobre el papel ético de la universidad, y sobre el compromiso que las instituciones educativas deben de mostrar frente a esa transformación que sufre el individuo en su camino de adolescente a adulto. Es inevitable influir, como institución dedicada a la educación, en los procesos formativos, dotar de carácter ético a los estudiantes, para así contribuir en la formación de individuos libres, responsables y guiados por buenos hábitos y prácticas virtuosas.

Un artículo dedicado a África, al estudio de su complejidad, es el desarrollado por el estudiante del EPRI Phillip Chicola. El artículo muestra la dramática situación en la que se encuentra lo que algunos han denominado como el continente olvidado…Se desarrolla un repaso histórico, se señalan las etapas por las que ha pasado el continente y la situación en la que se encuentra en la actualidad. Conceptos como el de cleptocracia patrimonial dejan ver la situación y las perspectivas de futuro de este apasionante pero, desafortunadamente, caótico continente africano.

Con el título “Relaciones en el hemisferio occidental” Javier Brolo reflexiona sobre las oportunidades que genera la llegada de una nueva administración al gobierno de los Estados Unidos y, la importancia de esta, a la hora de afrontar los desafíos del hemisferio. Latinoamérica sigue siendo fundamental. De cómo trate a Latinoamérica dependerá su futuro.

Consejo Editorial Francisco Beltranena Falla Carroll Ríos de Rodríguez Ramiro Ordoñez Jonama Santiago Fernández Ordóñez Rodrigo Fernández Francisco Guzmán Enrique Lacs Revisor de Estilo Beatriz Zamora Canjura Editor General Eduardo Fernández Luiña Editor Gráfico Santiago Billy Prem Director del Instituto Pedro Trujillo

Hugo Asencio Aragón propone un artículo para responder a una pregunta fundamental en las Relaciones Internacionales en la actualidad: ¿La mejor estrategia para un mundo más pacífico? A lo largo de su trabajo, Hugo Asencio desarrolla un estudio de gran valía para hacer frente a su pregunta de investigación.

Rodrigo Fernández, un colaborador habitual de la publicación, elabora un conjunto de reflexiones alrededor de uno de los mayores retos que afronta la región centroamericana en la actualidad: La crisis de Honduras. Una de las preguntas de investigación es la de ¿ha existido realmente un golpe de estado en Honduras? Que debemos hacer si no ha sido así…El artículo reflexiona siguiendo una línea lógica que desemboca en una conclusión realmente interesante.

En clave histórica, el profesor del EPRI Roberto Wagner describe y analiza la obra de Woodrow Wilson, uno de los grandes políticos al inicio del S. XX. Se apuntan los éxitos y fracasos de esta interesante figura de la política americana e internacional.

RePRI finaliza su número con dos artículos de cortas dimensiones. El primero del Dr. Palenque. En el mismo, su autor genera una pequeña reflexión sobre el cambio de gobierno que se ha generado en los EEUU. Por último, Shirley Lemus señala en su texto los retos de los jóvenes universitarios.

Como siempre, RePRI concluye con un espacio dedicado a la reseña de libros relacionados con la Ciencia Política o las Relaciones Internacionales.

El Consejo Editorial.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS ESTADO DE BIENESTAR

DEL

Por: Pablo Guido En 1922 el economista de la Escuela Austriaca Ludwig von Mises demostró la imposibilidad del cálculo económico en un sistema económico de planificación centralizada. Hubo que esperar hasta fines del siglo XX para que los hechos le dieran la razón a Mises al desplomarse el régimen soviético. Hoy existe un mayor consenso por parte de los círculos académicos respecto de las conclusiones a las cuales llegaron tanto Mises como su principal discípulo Friedrich von Hayek: sin un sistema de propiedad privada es imposible generar las señales adecuadas (precios de mercado) que orienten una asignación eficiente de los recursos productivos.

Sin embargo, existe actualmente un profundo debate sobre las funciones que el Estado debe cumplir en una economía capitalista.

El Estado surge como una necesidad de las personas de establecer una organización que provea de seguridad física a dichos individuos y además garantizar el derecho de propiedad.

Desarrollemos esta afirmación. Las ventajas de vivir en sociedad son evidentes: una mayor división del trabajo y especialización genera una mayor productividad. Estos logros suponen que los intercambios sean voluntarios entre las partes. Lo cual quiere decir que sean respetados los derechos de propiedad de cada uno de los habitantes de una sociedad.

Claro que existe la posibilidad de que dichos derechos sean violados por la acción agresiva de ciertas personas.

Para evitar que eso ocurra es necesaria la existencia de una organización cuyo objetivo sea el de proteger los derechos de cada persona. Porque una cosa es cierta: sin la protección necesaria contra delincuentes o “depredadores”, las actividades productivas de las personas se reducen a su mínima expresión.

Si la probabilidad de ser “saqueado” aumenta, como consecuencia el incentivo a producir, ahorrar e invertir disminuye. Los inversores, y las personas en general, no sólo están estimando

permanentemente la rentabilidad que una actividad determinada puede generar, sino también están analizando la probabilidad de que sus derechos de propiedad sean respetados o violados.

Pero con el pasar de los siglos, otras funciones se le fueron atribuyendo al Estado, especialmente la redistribución de ingresos y patrimonios. Este es uno de los objetivos, si no el principal, que tiene el denominado “Estado de Bienestar”.

En el trabajo que se presenta a continuación, trataremos de mostrar los efectos que esta política de redistribución tiene sobre el crecimiento de la economía y otros indicadores que son de utilidad para evaluar el bienestar de una sociedad.

La redistribución de los ingresos y patrimonios

En el siglo XIX la visión dominante respecto al rol del Estado estaba fundamentada en las ideas de los economistas clásicos y los filósofos políticos que apoyaban el Estado mínimo o gendarme. Adam Smith establecía claramente que el Estado solamente debía proveer servicios de seguridad y defensa, la administración de justicia y algunos pocos servicios que hoy se denominan bienes públicos.

Para 1870, los países industrializados tenían un gasto público (promedio) de tan sólo un 10 % del PIB. Hacia finales del siglo XIX las ideas inician un cambio respecto al paradigma clásico.

El pensamiento marxista y socialista comienza a atribuirle otras funciones al Estado: la redistribución de los ingresos y la riqueza fue sumada a las funciones originales del Estado, demandando así transferencias de recursos desde las personas más ricas hacia las menos afortunadas. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels defienden concretamente la implementación de un “fuerte impuesto progresivo” para terminar gradualmente con la propiedad privada

de los capitalistas 1.

Hacia 1880, Alemania establecía un sistema de seguridad social orientado a la ejecución de ciertos programas de transferencias hacia los desempleados y personas de mayor edad. Pero también estas nuevas ideas provinieron de economistas que podemos calificar como “clásicos”. John Stuart Mill ya en 1848 decía lo siguiente: Las leyes y las condiciones que rigen la producción de la riqueza participan del carácter de realidades físicas. En ellas no hay nada de arbitrario o facultativo. Sea cual fuere lo producido por la humanidad, tiene que producirse en formas y en condiciones impuestas por la constitución de cosas externas, y por las propiedades inherentes a su propia estructura física y espiritual. Quiéralo o no el hombre, su producción estará limitada por la magnitud de su acumulación previa y, partiendo de ésta, será proporcional a su actividad, a su habilidad y a la perfección de su maquinaria y al prudente uso de las ventajas de la combinación del trabajo (...) No sucede lo propio con la distribución de la riqueza. Esta depende tan sólo de las instituciones humanas. Una vez que existen las cosas, la humanidad, individual o colectivamente, puede disponer de ellas como les plazca.

Puede ponerlas a disposición de quien le plazca y en las condiciones que se le antojen (...) La distribución de la riqueza depende, por consiguiente, de las leyes y las costumbres de la sociedad. Las reglas que la determinan son el resultado de las opiniones y los sentimientos de la parte gobernante de la comunidad, y varían mucho según las épocas y los países; y podrían ser aún más diferentes, si así le placiera a la humanidad” 2.

De esta manera, Mill estaba diferenciando el proceso de producción del de distribución del ingreso y la riqueza. Para él, el primer proceso dependía de la asignación de recursos que se realizaba a través del proceso de mercado, mientras que el segundo dependía de la asignación de recursos que se realizaba a través del proceso político.

1 Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Editorial Anteo, 1989, p. 62.

2 John Stuart Mill, Principios de Economía Política, FCE, 1996, pp. 191 – 192.

Podríamos afirmar que por primera vez un economista clásico hacía esta diferencia tan tajante entre el proceso de producción y el proceso de distribución.

Sostener que el Estado, mediante las normas e instituciones creadas por los hombres, puede decidir qué porción de lo producido puede o no quedar bajo el dominio del dueño de los recursos que generó dichos bienes o servicios, significaba abrir una “caja de Pandora” (nada más pensemos en que el Gasto Público respecto al PIB se incrementó a lo largo del siglo XX desde un 10% hasta alcanzar a veces niveles superiores al 60%). El criterio para establecer cuáles serían los ingresos y el patrimonio de las personas ya no estaría determinado por la participación de cada uno en el proceso de mercado (productividad), sino por las instituciones resultantes de la negociación política. En otras palabras, los ingresos y patrimonios de las personas ahora pasarían a depender de factores políticos, no del mayor o menor grado de eficiencia y eficacia en satisfacer demandas de terceros de manera voluntaria. De esta manera, el proceso de distribución se independiza del proceso de producción. Se establece una “cuña” entre ambos procesos, generándose una transferencia de ingresos y patrimonios no voluntaria entre individuos. Se puede decir que a partir de afirmaciones como las que hacía Mill, los límites a la acción estatal se desplazaban a favor de los políticos, grupos de presión, burócratas, mayorías electorales, etc.

Mises, cien años después de las recomendaciones realizadas por Mill, expresaba claramente la idea en la que se basaba la “redistribución”: Supone el dirigista que las medidas atentatorias contra el derecho de propiedad para nada influyen sobre el volumen total de la producción (...)

La producción, para él, es una suma dada, sin relación alguna con el orden social existente. Piensa que no es tanto la producción, sino la “equitativa” distribución de la misma entre los distintos miembros de la comunidad, lo que fundamentalmente debe preocupar al estado. Intervencionistas y socialistas pretenden que los bienes económicos son engendrados por peculiar proceso social.

Llegado ésta a su término y recolectados sus frutos, se pone en marcha un segundo proceso que distribuye entre los miembros

de la comunidad los bienes acumulados.

Rasgo característico del capitalismo es –dicen- el que las respectivas cuotas asignadas, en dicho reparto, a cada individuo sean desiguales. Hay quienes -empresarios, capitalistas y terratenientesse apropian más de lo debido. El resto de las gentes, consecuentemente, ve su participación injustamente cercenada. El poder público está obligado, ejercitando innegable derecho, a expropiar ese exceso retirado por los privilegiados para redistribuirlo entre los restantes ciudadanos. Pero esa supuesta dualidad de procesos -uno de producción y otro de distribución- en la economía de mercado no se da. El mecanismo es único. Los bienes no son primero producidos y luego distribuidos (...) Todos los bienes, desde un principio, son siempre propiedad de alguien. Si se quiere redistribuirlos es obligado proceder previamente a su confiscación. El aparato estatal de compulsión y coerción puede, desde luego, lanzarse a todo género d expoliaciones y expropiaciones. Pero ello no prueba que un duradero y fecundo sistema de colaboración social pueda, sobre tal base, estructurarse” 1.

Tamaño del Estado a lo largo de la historia

No existirían demasiadas dudas respecto a cuáles fueron las funciones originales del Estado en la historia de la humanidad: brindar seguridad a los habitantes contenidos en un territorio respecto de ataques provenientes tanto del exterior como del interior. Pero es evidente que a lo largo del siglo XX se va configurando una tendencia muy clara sobre la ampliación y profundización del rol del Estado o más específicamente un incremento en el tamaño del Estado.

Muchos autores coinciden respecto a las causas fundamentales del crecimiento del tamaño del Estado: el desarrollo del Estado de Bienestar. Antes de continuar tratemos de definir sintéticamente en qué consistiría esta función estatal. El “Welfare State”, según Sotelo Navalpotro “se podría definir como el encargado de llevar a cabo una serie de medidas que permitan a los ciudadanos de una nación el acceso a un mínimo de servicios que hagan posible su supervivencia, dentro 1 Ludwig von Mises, La acción humana, Unión Editorial, 1986, pp. 1159 – 1160.

del modelo de economía de mercado.

Es decir, representa un determinado comportamiento del sector público de las economías occidentales que busca cubrir buena parte de las necesidades sociales y que, colaborando de forma apreciable en el crecimiento económico, trata de mantener la economía de mercado” 2. El mismo autor define las áreas de actuación del Estado de Bienestar: “la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones y el seguro de desempleo. La cobertura de tales gastos (al menos de parte de ellos) correspondería al estado si consideramos que, en palabras de Musgrave (1959), hacen referencia a bienes públicos o semipúblicos y/o bienes preferentes” 3.

Mientras Gordon Tullock afirma que “la tesis bismarckiana (Bismarck fue el creador del estado benefactor en Alemania) resulta particularmente adecuada para explicar el continuado crecimiento del gobierno (...)”4, Tanzi y Schuknecht lo expresan en términos similares: “Over the past century, the size of government in industrial countries has expanded rapidly. In recent decades, this expansion was caused largely by expenditures normally associated with the welfare state” 5.

Pero, ¿cuándo tuvo lugar este incremento del tamaño del Estado?.

Si bien se podría decir que el país precursor del Estado de Bienestar fue la Alemania unificada durante los años del canciller Bismarck, (último cuarto del siglo XIX), habría que esperar hasta la tercera o cuarta década del siglo XX para enfrentarnos a una tendencia bien definida.

2 Justo Sotelo Navalpotro, Fundamentos y papel actual de la política económica, Ediciones Pirámide, Capítulo 12, p. 346.

3 Ibid., p. 349.

4 Gordon Tullock, El desarrollo del gobierno, Libertas 27, ESEADE, 1997, p. 26.

5 Vito Tanzi y Ludger Schuknecht, Reforming government in industrial countries, University of Michigan Press, 1998, p. 1.

Veamos entonces la evolución del tamaño del sector público desde 1870 en adelante.

Efectos del aumento del tamaño del sector público

Digamos que a lo largo de doce décadas el tamaño del Estado, medido en términos del gasto público/PIB, se ha cuadruplicado en los países desarrollados. La Primera Guerra Mundial y posteriormente la Gran Crisis de 1929 significó un período de transición entre el Estado gendarme y el Estado de Bienestar. Las funciones que la escuela keynesiana asigna al Estado (redistribución, estabilización y asignación) toman forma en la segunda post guerra. Es el triunfo de las políticas activas del Estado y del papel intervencionista que Keynes y sus seguidores le asignaban al gobierno para solucionar las “fallas de mercado”, entre ellas la “injusta distribución” de los ingresos y patrimonios y la imposibilidad inherente del mercado de reactivar la economía en una crisis.

La composición del gasto del Estado también sufrió modificaciones. Mientras que en el siglo XIX y principios del

XX la inversión pública representaba la quinta parte de las erogaciones totales del gobierno, para fines de siglo solamente participa con el 5% del total.

El incremento más importante dentro de los rubros de erogaciones estatales ha sido el que corresponde a transferencias y subsidios. Es decir, aquellos gastos propios y característicos del Estado benefactor. Estos gastos han pasado del 10% de las erogaciones totales del sector público a fines del siglo XIX hasta aproximadamente un 25% a fines del siglo XX. Esto significa que el incremento en los gastos de transferencia y subsidios estarían explicando las tres cuartas partes del incremento del gasto público total entre la década del 60 y la del 90.

En el trabajo de Gwartney, Holcombe y Lawson1 se puede verificar el aumento del gasto público con relación al PIB. La muestra alcanza a 23 países desarrollados en el período que va desde 1960 a 1996. Según estos autores, el tamaño del Estado en los países industrializados casi se duplica en el período analizado: del 27 % al 48 % del PIB. Los autores han calculado también la participación que las funciones centrales del gobierno tienen sobre el PIB en el mismo grupo de países. Estas funciones centrales son las mismas a las cuales hacía referencia Adam Smith a fines del siglo XVIII: 1) “El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar” 2, 2) “El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de la justicia (...)”3 y 3) “el tercer y último deber del soberano o el Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el costo en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o mantener (...) son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo”4.

1 Gwartney, Holcombe y Lawson, The scope of government and the wealth of nations, Cato Journal, Vol 18 Nº 2, 1998.

2 Adam Smith. La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, 1994, p 665.

3 Ibid., p 674.

4 Ibid., pp 685 – 686.

El gasto público de los países desarrollados en aquellas funciones que podríamos caracterizar como propias del Estado gendarme o mínimo (seguridad, justicia y ciertas obras de infraestructura) alcanzaría, según aquellos autores, al 15 % del PIB en promedio. Es decir, que los gastos que reflejan las funciones estatales no contempladas bajo la perspectiva de Adam Smith (escuela clásica) representarían más del 30% del PIB o más de las dos terceras partes del gasto total. ¿Cuáles han sido los efectos sobre la tasa de crecimiento económica de este proceso expansivo del gasto público en los países desarrollados?

Se pueden verificar estos efectos relacionando el tamaño del gasto como porcentaje del PIB y la tasa de crecimiento anual del PIB.

Las conclusiones son contundentes: aquellos países que han tenido un gasto público menor al 25 % del PIB entre 1960 y 1996 lograron una tasa de crecimiento del 6,6 % anual, mientras que los países donde el gasto público representa más del 60 % del PIB tuvieron una performance de tan sólo un 1,6 % al año en materia de crecimiento. La tendencia es bastante clara. La relación entonces sería esta: a mayor tamaño del Estado menor desempeño económico y viceversa.

Efectos del tamaño del Estado sobre otros indicadores de bienestar El crecimiento económico es uno de los indicadores que nos pueden aproximar a una definición de bienestar económico. Claro que es mejor tener en cuenta la tendencia de la tasa de crecimiento de un país a lo largo de un período extenso que tomar solamente una “foto” o una secuencia de corto plazo. Esto significa que la tasa de crecimiento relevante para medir la performance económica de un país es la de largo plazo. Otros indicadores que nos pueden ayudar para evaluar los resultados de una sociedad en lo que respecta al nivel de vida de la misma son: las expectativa de vida, el alfabetismo, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de desempleo y la pobreza e indigencia.

Los países con estados grandes gastan 3,5 veces más que los estados muy pequeños en salud (en % del PIB) y obtienen resultados similares en materia de expectativa de vida y tasa de mortalidad infantil. Esto no quiere decir que los primeros países estén probablemente sólo despilfarrando recursos públicos en materia sanitaria, sino que la(s) variable(s) explicativa(s) de mejores condiciones de salud y mayores expectativas de vida seguramente las debemos buscar por otro lado y no en

el gasto público en salud. Seguramente la mayor tasa de crecimiento sostenida (como veremos más adelante) de los países de menor participación del Estado en la economía pueda ser la variable que mejor explique dicho fenómeno.

Los países con un tamaño del Estado más grande generan transferencias y subsidios entre un 30% y 22% del PIB, mientras que los dos grupos restantes de países lo hacen entre un 14% y 6% del PIB. Esto significa, por ejemplo, que la redistribución de los países de mayor tamaño del Estado es el doble que los países de Estados pequeños.

Lo sorprendente es la participación sobre el ingreso de las familias que se encuentran en los 4 deciles más bajos de la sociedad (las más pobres): mientras que en el primer grupo de países esta población participa con el 20,1% de la renta, en el segundo grupo alcanza el 17,3% de la renta; es decir,

tan sólo una diferencia de 2,8 puntos porcentuales del PIB. Estas cifras pueden llegar a poner en duda la eficiencia de los subsidios y transferencias respecto del objetivo de igualar los ingresos de las familias.

El trabajo de Tanzi y Schuknecht (Can small governments secure economic and social web – being?) realiza una comparación extensa sobre aquellos indicadores entre 21 países.

La comparación está categorizada respecto a un criterio: el tamaño del Estado. Así, podemos analizar la performance de aquellos países con Estados grandes, medianos, pequeños y muy pequeños.

Respecto a la eficiencia de las transferencias y subsidios los autores lo exponen de esta manera:

Transfers are much better targeted in countries with small public sectors.

In countries with big public sectors, only 22 percent of transfers benefit the poorest quintile. In France or Sweden, more than 20 percent of transfers go to the richest 20 percent of households (OECD, 1995).7 In countries with small governments, one-third of transfers reaches the poorest quintile, and Australia and Switzerland report as much as 40 percent. Zandavakili (1994) has estimated that income equalization for the poorest 40 percent of households as a result of transfers and taxation has been less than 3 percent in countries with large public sectors, hardly one percent more than in countries with small public sectors1.

Otro tema es la distribución del empleo entre las sociedades. Teórica y empíricamente está demostrado que los amplios beneficios sociales reducen el incentivo para buscar empleo por parte de los desocupados, ya que el costo de oportunidad de estar desempleado disminuye. El desempleo, especialmente en el grupo de jóvenes y los desempleados estructurales, también afecta negativamente la igualdad de oportunidades, ya que los desempleados tienen escasas oportunidades de mejorar su situación.

También existe evidencia que el desempleo prevalece en mayor medida en los países con Estados grandes o medianos, ya que el financiamiento de dichos gastos públicos implica mayores costos impositivos para las empresas o la economía en su conjunto. Y estos mayores costos impositivos significan mayores costos de producción, con lo cual la demanda laboral, y por lo tanto la generación de empleos, se ve afectada negativamente.

1 Tanzi and Shucknecht, Can small governments secure economic and social web – being?, p. 80

Entre 1984 y 1996 la diferencia en la tasa de crecimiento entre los países con Estados grandes o pequeños no ha sido significativa. Claro que ese 0,5 punto porcentual puede llegar a ser el elemento clave para explicar la diferencia entre el incremento o disminución del desempleo.

Los datos aportados por el trabajo de Tanzi y Schuknecht podrían confirmar la tendencia que encontramos en el trabajo anterior: un mayor gasto público en términos del PIB generaría menores tasas de crecimiento económico. El hecho que la renta per cápita de los países más pobres que tienen un tamaño de Estado grande no ha logrado converger hacia los niveles de los países más ricos en los últimos 10 años puede estar indicando un efecto adverso del crecimiento del gasto público (en términos del PIB) sobre la tasa de crecimiento de la economía.

El mayor endeudamiento público en los países con Estados más grandes es consecuencia del excesivo tamaño del gasto. Los ingresos genuinos que el Estado genera a través de la recaudación tributaria no alcanzan a financiar dicho nivel de gasto público (entre 45 % y 55 % del PIB). Si a esto le sumamos la deuda no registrada (pero que se devenga año tras año) generada por los sistemas de Previsión Social (sistemas de reparto o pay-as-you-go) entonces la relación deuda / PIB es ampliamente superada por los datos del

cuadro. Estamos hablando de niveles de endeudamiento que superan en muchos países de Europa occidental (Bélgica e Italia) el 100 % del PIB. Este problema casi es inexistente en países donde el Estado no participa de este tipo de programas típicos del estado benefactor.

O existen regímenes de capitalización privados para los beneficiarios de las prestaciones jubilatorias o están en un proceso de liquidación del antiguo sistema de reparto estatal (Chile).

Milton Friedman, ya en 1979, se preguntaba: ¿Por qué razón todos estos programas han defraudado tanto? Sin duda sus objetivos eran humanitarios y nobles. ¿Por qué, entonces, no se han alcanzado?. Al comienzo de la nueva era todo parecía bien. Los individuos que habían de beneficiarse eran pocos, y los contribuyentes que podían financiar dichos programas, muchos, de modo que cada uno pagaba una pequeña cantidad que proporcionaba beneficios significativos a unos pocos que los necesitaban. En cuanto aumentaron los programas de bienestar, las cosas cambiaron. En la actualidad, todos nosotros estamos financiando unos programas con un bolsillo, para recibir dinero – o algo que el dinero podría comprar – en el otro.

Una visión anticipada del Estado de Bienestar

En la primera mitad del siglo XIX Alexis de Tocqueville, aristócrata francés, realizó un viaje de nueve meses a lo largo de los Estados Unidos. Como resultado de las observaciones del autor en dicho viaje se publicaron dos volúmenes bajo el nombre de “La democracia en América”, que sería más tarde una de las obras más importantes de teoría política de Occidente.

En el segundo volumen, publicado en 1840, Tocqueville ya anunciaba el desarrollo futuro del Estado de Bienestar: Creo que es más fácil establecer un gobierno absoluto y despótico en un pueblo donde las condiciones sociales son iguales que en otro cualquiera, y opino que si semejante gobierno llegara a implantarse en tal pueblo, no sólo oprimiría a los hombres, sino que a la larga los despojaría de los principales atributos de la humanidad.

El despotismo me parece, por tanto, el mayor peligro que amenaza a los tiempos democráticos.

Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que sean felices y de velar por su suerte.

Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos irrevocablemente en la infancia; este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero es esa tarea quiere ser el único agente y el juez exclusivo; provee medios a su seguridad, atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos principales, dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias; ¿no podría librarles por entero a la molestia de pensar y el derecho de pensar y el trabajo de vivir?

De este modo cada día se hace menos útil y más raro el uso del libre albedrío; el poder circunscribe así la acción de la voluntad a un espacio cada vez menor, y arrebata poco a poco a cada ciudadano su propio uso.

La igualdad ha preparado a los hombres para todas estas cosas; para sufrirlas y con frecuencia hasta para mirarlas como un beneficio.

Después de tomar de este modo uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y de moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera; cubre su superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas,

minuciosas y uniformes, entre las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse paso para emerger de la masa; no destruye las voluntades, las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre; no mata, impide nacer; no tiraniza, mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al cabo a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno.

aunque podemos verificar una aceleración de la tendencia en el período de entreguerras y con mayor fuerza a partir de la década del 60’. En los países desarrollados las funciones originales del Estado (Estado gendarme o mínimo) representan un gasto público en relación al PIB de aproximadamente un 12/13%2 . Actualmente el tamaño del Estado ha sobrepasado varias veces esa proporción: en los países industrializados el gasto público promedia el 46% del PIB.

Siempre he creído que esta clase de servidumbre, reglamentada, benigna y apacible, cuyo cuadro acabo de ofrecer, podría combinarse mejor de lo que se piensa comúnmente con algunas de las formas exteriores de la libertad, y que no le sería imposible establecerse junto a la misma soberanía del pueblo.

El tamaño del Estado no es neutral respecto a la performance económica, ya que la tasa de crecimiento del producto varía de manera inversa al “peso” del gobierno sobre la economía. Los países con un gasto público menor al 25 % del PIB entre 1960 y 1996 lograron una tasa de crecimiento del 6,6 % anual, mientras aquellos países donde el gasto público representa más del 60 % del PIB alcanzaron tasas de crecimiento de tan sólo un 1,6 % anuales. Podríamos agregar que el tamaño del Estado sobre la economía no sólo se puede verificar de acuerdo al indicador del gasto público/PIB sino también mediante las regulaciones que el sector público aplica a las actividades económicas en su conjunto y la cantidad de empresas públicas que proveen servicios.

En nuestros contemporáneos actúan incesantemente dos pasiones opuestas; sienten la necesidad de ser conducidos y el deseo de permanecer libres. No pudiendo acabar con ninguna de estas inclinaciones contradictorias, se esfuerzan por satisfacer ambas a la vez. Conciben un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos. Combinan la centralización con la soberanía del pueblo. Esto les permite cierta tranquilidad. Se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos mismos quienes eligen sus tutores1.

Las predicciones de Toqueville respecto de las consecuencias de lo que un siglo más tarde se llamaría “Estado de Bienestar” no estaban tan lejos de la realidad: los menores incentivos a producir, ahorrar e invertir por parte de los individuos están en relación directa con la mayor apropiación de la renta por parte del sector público. Por lo tanto, el crecimiento económico tenderá a resentirse a medida que el gasto público aumenta en proporción al PIB. De acuerdo con la visión del politólogo francés el incremento de las funciones del Estado tendría un efecto negativo sobre las libertades de los individuos, sean políticas o económicas. De esta manera se podría decir que el avance del Estado sobre los diferentes ámbitos de la sociedad iría conformando, en los casos extremos, una “democracia totalitaria”. La participación del Estado en las sociedades democráticas desarrolladas de la actualidad (en algunos casos con un gasto público superior al 50% del PIB) sería categorizada, quizás, de esta manera por Tocqueville.

Conclusiones En el siglo XX el tamaño del Estado ha venido incrementándose paulatinamente, 1 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Vol II, Alianza Editorial, 1993, pp. 268 – 270.

En lo que respecta a los resultados que el Estado de Bienestar ha logrado en materia de indicadores económicos o sociales no pueden verificarse diferencias significativas respecto a otros países donde los programas sociales redistributivos son de menor importancia, en términos del PIB. Por lo tanto, los subsidios, transferencias y programas estatales educativos o sanitarios que conjuntamente se denomina “Estado de Bienestar” no serían las causas únicas o principales del mayor bienestar económico.

A juzgar por la evidencia histórica, los países tienden a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico en función de la mayor productividad y no como consecuencia de los mayores programas de redistribución forzosa de ingresos y patrimonios que establece el Estado. Esta última alternativa supone un “juego de suma cero”, donde las ganancias generadas por un sector de la sociedad son asignados hacia otros sectores que no han participado del proceso de creación de valor. La mayor productividad se alcanza gracias a la disminución de los costos de transacción y el respeto por los derechos de propiedad que generan mayores oportunidades de intercambios y ganancias entre los individuos. En síntesis, un “juego de suma positiva”.

2 Gwartney, Holcombe y Lawson, The scope of government and the wealth of nations, Cato Journal, Vol 18 Nº 2, 1998.

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LEGITIMACY IN THE EUROPEAN UNION. MAPPING THE DEBATE By: Martiño Rubal

INTRODUCTION

In the nineties, scholars and politicians have begun to worry about what have been called the ‘democratic deficit’ of the European Union (EU from here).

The construction of a European Union, which have been made by elites without lacked popular legitimacy. Some concepts commonly used in political science have an origin related to the nation-state. Indeed democracy is one of these concepts, and scholars begun to apply it to a completely different entity.

As Eriksen and Fossum has pointed “The tyranny of the concepts and principles associated with the nationstate, relate to how sovereignty, identity, community, citizenship and democracy have all been tied to he notion of nation-state and made subject to the territorial logic of the state” (2000: 7).

The debate firstly aims at determining whether we can use democracy to the EU or it is a concept that cannot be used to an entity completely different to the nation-states. Some scholars found that this concept could not be used to the EU (Majone, 1998; Moravcsic, 2002) while others found necessary, or even urgent to democratize the European Union (Schmitter, 2000, 2004).

In this paper I will analyse a concrete aspect of the “democratic” deficit debate of the EU, the problems with the legitimacy. Following Scharpf I will define legitimacy based on two elements: input-oriented and outputoriented legitimacy. This framework will lead me to study the legitimacy of the European Union in a systematic way.

When analysing the problems of

Legitimacy legitimacy that EU faces, Scharpf distinguishes between input and output legitimacy (Scharpf, 1999). Inputoriented legitimacy—government by the people—is based on the existence of a collective identity. Output-oriented

legitimacy—government for the people—is nevertheless based on the existence of common interests among people. As the preconditions for the former lack at the EU level, there are important problems with this type of legitimacy. The later is a less exigent precondition; however authors have identified several problems with outputoriented legitimacy in the EU. In the nation states input-oriented legitimacy are most of the times taken for granted. Nevertheless, output-oriented legitimacy shows problems even at the nation-state level.

In the next two sections I will deeply analyse problems with both types of legitimacy at the EU. I will study what input-oriented and output-oriented legitimacy means at the EU level.

I will divide this paper in four sections.

In the first one I will explore the most common approaches to the legitimacy problem of the European Union. In the second section I will study the problems of input-oriented and output-oriented legitimacy that literature on the field has highlighted in the European Union. In the third section I will go into solutions that have been draw to those problems.

Finally, I will expose some reflections and conclusions about the legitimacy problem of the EU.

APPROACHES TO THE LEGITIMACY OF THE EUROPEAN UNION We can find at least three main approaches to the study of the European Union and its legitimacy problem. The first approach is the ‘regulatory state’ defined by Giandomenico Majone, the second the intergovernmental position held by Moravcsik, and the third the multilevel governance approach.

Another fourth approach could be distinguished if we consider Deliberative democracy as an independent theory.

Giandomenico Majone has argued that democratic legitimacy is not an appropriate concept to assess EU from a normative perspective. EU is fundamentally a regulatory state which avoids the discretionary power of allocating resources. Contrary, EU is mainly in charge of regulatory policies whose efficiency is guarantee through decision making process where expertise play a fundamental role.

Decisions about policies as competition policy or monetary policy which avoids politization gain credibility in front of public as they are Pareto-efficient. The procedural legitimacy of the EU as a regulatory agent is guarantee by the Council and the governments of the member states (Majone, 1994, 1998; see also Follesdal and Hix, 2005; Kohler-Kock and Rittberger, 2007).

A second approach is the defended

by Moravcsik, who develops an intergovernamenlist approach (2002). This author argues that EU political capacity has deep procedural constraints. There are institutional checks and balances in the institutional configuration of the EU with the separation of powers among different actors that guarantee reciprocal control among them. Other aspect that gives legitimacy through the guarantee of separation of powers is the multilevel structure of the implementation of the EU. In the implementation of policies there are involved different actors from different levels (national, regional and local governments). Moreover, and similarly as Majone’s argument, the author highlights that the Treaties make the main labour of the EU be regulatory in nature. There are some redistributive policies where strong control exists, and exigent rules are necessary for making decisions. There are both direct and indirect sources of control: The Council of Ministers and national governments, but also by the MEPs and national parliaments. Examples of one of these redistributive policies are the Common Fisheries Policy or the Common Agricultural Policy.

As a result the author affirms that we cannot draw “negative conclusions about the legitimacy of the European Union from causal observation of the non-participatory nature of its institutions” (Moravcsik, 2002: 622).

The third approach to the EU and its problem of legitimacy is Multilevel governance approach. This theory distinguishes vertical and horizontal diffusions of authority (Marks et al., 1996; see also Kohler-Kock, 2007). In the vertical dimension the power is shared between supranational, national and subnational institutions. But there is also a horizontal diffusion of authority across the EU, where jurisdictions are task specific and flexible. Public and private actors play a role together in the policy-making process. The participation of organised private actors directly in policy-making process, and sharing the responsibility with the private ones is a novelty of this kind of system of governance. Looking at the legitimacy, the vertical diffusion of authority has as channels of accountability the national (also regional and local) governments and parliaments as well as the European Parliament (EP from here).

Moreover the participation of private interests in the decision making process is an extra in legitimacy for the EU (see for example Kohler-Kock and Rittberger, 2007).

Nevertheless, regarding the legitimacy obtained through the participation of private interests in the decision-making process some reservation can be done.

There is no equality in the access to this participation, as the costs of organising sometimes are very high. As a result this system can lead to bias in the participation of actors, as not all can gain access.

According to Multilevel governance perspective, the institutional structure of the EU is a Mixture of intergovernmental and supranational institutions. The European Council and the Council of Ministers are intergovernmental, but the European Commission, the European Court of Justice and the European Parliament are supranational institutions. As a result the European Union is more than the cooperation between sovereign states. But it is also more than a supranational body.

Multilevel governance approach considers that the multilevel nature of the EU helps to give legitimacy to the EU. Nevertheless this legitimacy can be improved in different ways.

The advocates do the deliberative democracy approach defend the idea that it is an independent approach from the others (Eriksen and Fossum, 2000).

The advocates of deliberative democracy try to develop deliberation as a source of

improve democracy and legitimacy. Public deliberation should be based on convincing and modelling each other arguments, rather than competing between different visions.

PROBLEMS OF LEGITIMACY IN THE EUROPEAN UNION

The input-oriented legitimacy in the European Union.

Member states that are part of the EU have different history, varied languages, and are cultural and ethnical diverse. European Union has not achieved the ‘thick’ collective identity that we take for granted in nationstates (Scharpf, 1999). The formation of a political community with a common identity was the creation of the process of nation-building. The existence of different languages or the cultural and ethnical diversity are not elements that impede the existence of a common identity. There are examples like Belgium or Switzerland that were able to develop a shared identity and build together stable institutions under which live together.

The thesis that there is a lack of European identity is extended on the literature about European integration. Notwithstanding the European Union have extended its competences and have also gone beyond the economy in its cooperation, there still lack a shared feeling of common identity.

The absence of a European demos, of a European citizenship are seen by some authors as proves of the lack or even the impossibility of a European identity.

Nevertheless several contributions have tried to go abroad in this pessimistic view of the EU identity, and have tried to give another perspective to the EU. The existence of a demos is a precondition for the existence of any type of collective identity. Is possible the existence of a European demos? There are arguments against the idea of the existence of demos out of the member states. The no-demos thesis highlights that in Europe lacks a real demos (see Weiler, 1995), and as a consequence a common European identity, is impossible. In an extended version of this approach, even democracy is impossible in the EU, as there is no demos. Nevertheless, inside this pessimistic view some authors do not deny the possibility the future development of the European demos, but at the moment it lacks (Mair, 2005). Contrary to this thesis, Weiler and colleagues have pointed out the existence of a European demos. The authors based their argument on the certainty of two different demoi, one related to the nation-states and the other to the European Union. Each one is based on

different elements. A subjective component rooted in objective organic conditions for state-national demos on the one hand, and civic elements—that is the fact of being membership—for the European one (Weiler, 1995).

Related to the later, another important concept close to the European identity is the notion of European citizenship. Is it possible a European citizenship? Recent contributions have answered this question positively and give certain cues to better understand it in a European perspective. It is possible to create a citizenship out of the states, basing it on liberal democratic principles and rights instead of the shared feelings and the common good (Lehning, 2001). One response interprets European citizenship as a compound element (Cotta, 2008). On the one hand European citizenship is based on an ‘indirect derivative citizenship’ originally from nation-states. And on the other it is built in a ‘direct European citizenship’, derived from the existence of a European polity, its institutions and its policies (Cotta and Isernia, 2007). The fact that a European citizenship can be possible as an output of the EU contributes to the possibility of a European political community (see Scheuer, 1999).

But—and linking the input-oriented with the output-oriented legitimacy problem— which is the nature of the European polity?

We should previously ask, is there a European polity? Again we have found negative answers to this question. There is the thesis of the ‘polity-in-the making’ (Mair, 2005) or ‘emerging polity’ (Schmitter, 2000) in the EU. There is not a European polity nowadays, but it is in construction. Bellamy and Castiglione, among others, accept the existence nowadays of a European polity, and define this new element as “being post-national in character and post-state in form”. It is post-national in the sense that “nationhood no longer supply the socio-cultural glue political integration requires to operate with the unconditional assent of the people living in a given territory. Moreover, it is post-state in form as the congruence between territory and functional competence, which has been one of the main elements of state power, has broken down (Bellamy and Castiglione; 2000: 68). As a result, the EU is a mix polity where the states continue to be the main players, but in a game where new actors have entered. The Commission, the European Parliament, thee European Court of Justice The European Central Bank, have obtained a role—prominent role in certain areas—in proposing or making policies.

Summing up, we can defend the existence of a European citizenship with different conditions than the one of the nation-states. It is based on indirect, but also direct sources. This direct source of citizenship is based on principles and rights. There is also a European demos, based on different elements than the one of the nation-states that is based on civic elements. And there is also a European polity, again different in nature at the one of the nation-states. All these elements allow us to build up institutions that can provide output-oriented legitimacy. But does this European compound citizenship and the European demos give a solution to the problem of the input-oriented legitimacy? Should we affirm with Scharpf that EU cannot aspire to this input-oriented legitimacy (1999: 12)?

The answer to the question about public opinion feelings towards European citizenship can be used as an indicator of the existence of a European political community (see for example Scheuer, 1999). The existence of a political community seems a prerequisite for a common European identity. If we look at the trends of this in the EU (see figure 1) we are tented of being as pessimists as Scharpf is about the impossibility of EU obtaining input-oriented legitimacy.

In almost 15 years the numbers did not change. In 2004 the number of people that recognise themselves as being only European is the same than in 1992. But also the number of people that recognise to be first national and then European and first European and then national did not change.

Against this ‘static’ view of European citizenship one can argue that changes in identity can not be reflected in short term periods as the 12 years trends that reflect the table. If we take into account the age and we analyse trends of one year but dividing among generations results can be interpreted in a slightly different way.

This is quite interesting, as it seems that younger generations do feel more European and national (or vice versa) than older ones.

Generational replacement seems to go deeper in the compound citizenship of Europeans and the belonging to two different polities.

Figure 2 shows us results for the same question for the year 2004, but dividing the sample in groups of age. This graph shows us that older people has a stronger national feeling than younger people (to be only national of the country). Moreover, younger people have higher feelings of being National and European and European and national at the same time than older people.

But we should be cautious and we cannot say that this would raise the European identity and increase the input-oriented legitimacy of the European Union.

Output-oriented legitimacy in the European Union Output-oriented legitimacy, government for the people, is more based on common interests and an identifiable constituency than in a common and shared identity. Moreover, “outputoriented legitimacy has no difficulty in allowing for the coexistence of multiple, nested or overlapping, collective identities defined by specific classes of problem-solving concerns, and organized according to territorial as well as functional criteria” (Scharpf, 1999: 11). Output-oriented legitimacy has a wider variety of mechanisms compared with input-oriented legitimacy. It seems that this type of legitimacy can be more easily achieved by the EU as it is much more institutional demanding.

It is derived from the capacity to solve problems “requiring collective solutions because they could not be solved through individual action, through market exchanges, or through voluntary cooperation in civil society” (Scharpf, 1999: 11). As a result, modifying institutions and processes can change—positively or negatively—the output legitimacy.

We can distinguish two different sources of output-oriented legitimacy: direct and indirect forms. Direct forms are those that use European institutions, basically European Parliament, as there is no direct election of a European executive by the people. Indirect forms are national governments and parliaments, and further the Council of Ministers and the European Council.

Direct sources of output-oriented legitimacy: the European Parliament.

Legitimating function of the European Parliament can be analysed in three different dimensions: the legislative power of the EP, the control and selection of the European Commission and its capacity as a representative organ (Paolini, 2007).

The legislative power of the EP has been increased in the last years. Since the Single European Act had introduced the co-operation procedure the EP has augmented its capacity to intervene in the policy-making process of the EU, and it has also given to the EP the capacity of making proposals, what have been labelled as ‘the conditional

agenda-setting power’ (Tsebelis, 1994).

This legislative power has again been increased with the Maastricht Treaty, where the co-decision procedure was introduced, allowing the EP to decide together with the Council. Nevertheless, scholars still claim that the its power is still too weak compared to the Council (Follesdal and Hix, 2005).

The second dimension is its control and selection capacity of the Commission.

Again in the last years the power of the EP in this second dimension has increased. The Treaty of Maastricht has given the EP two different rudiments in terms of appointment of the Commission. On the one hand the governments of the member states have to consult the EP before selecting a candidate for the President of the Commission. This first formal power is followed by another not formal, but more significant, as the EP has to approve the designated members of the Commission1. Like in the first dimension, some authors still consider that its control over the Commission and the Council are still low (Hix and Foresdall, 2005).

The third dimension is related to its representative capacity. Several elements have been pointed out in the literature in relation with this key element for giving output legitimacy.

This is clearly the dimension that was less improved in the last years, and no serious reform was made to give a solution. Literature has distinguished at least three elements as sources of problems regarding how institutions and process of the EU work. (1) The fact that there are no European elections, (2) the lack of European parties and a real European party system, (3) and the internal functioning of the MEPs in the European Parliament.

(1) There are no European elections.

In reality EU citizens elect their governments who are the ones that elect the Commission. Mark Franklin suggests that voters have no developed preferences for different European policies. European elections are done on the basis of national political concerns instead of European issues being “second-order elections”2 that 1 The case with Rocco Buttiglione was a clear example of this new substantive power, when EP refuse his proposal to Commissionaire.

2 Flanklin and van der Eijk borrow this concept from Reif and Schmitt who use it to differentiate from first order elections

reflect national processes (Franklin and van der Eijk, 1996; Thomassen et al., 2004). Without information about the position of parties about European issues voters cannot situate neither the parties nor themselves. As a consequence the elections are reflection of national issues, and even serve to punish national governments as parties in national opposition are more likely to be elected for Europe (Lord, 2001).

Another element which does not help to create a sense of real European elections is that they are not the same day in all countries (Schmitter and Trechsel, 2004). Moreover the electoral turnout in European elections is very low in all western countries, and in general fall below the turnout of national or regional elections. Behind this low electoral participation can also be the fact that after the European elections there is no the government formation process, what can contributes to a certain lack of engagement with these elections.

Moreover, people could misunderstand the utility of these elections as they cannot see any short term outcome from their participation.

(2) Another aspect of this third dimension is how parties in the EP act.

The political groups do not function as European parties or federations of parties. They are formed by national or regional parties that joint at the European level. As a consequence the differences among them are enormous and the organizational structure of these European groups is nearly absent (Schmitter and Trechsel, 2004).

Thomassen et al. have demonstrated that the party groups are formed based on ideology, but the attitudes within party groups is not cohesive at all (Thomassen et al, 2004)3.

(3) Finally, and as other researches have pointed out, the functioning of MEPs in the European Parliament is similar as agents of the national parties.

Nevertheless, according to Hix and Foresdall this tendency is changing, and MEPs are now more likely to vote with their European colleagues and against their national leaders (2005). where people decides who governs the country. In second order elections voters are driven by national political cues and have the same party system and the same parties that first order elections.

Although Reif and Schmitt were thinking in sub-state elections, Franklin and Eijk apply the concept to European elections.

3 This cohesion occurs in the left/right and the libertarian/traditional dimension, but not in the European integration dimension (Thomassen et al., 2004).

Indirect forms of output-oriented legitimacy: the national governments and parliaments Literature on the legitimacy problem of European Union has generally taken for granted the legitimation that is produced through national governments and parliaments.

Most of them assume that national governments give legitimacy to the European Union through its participation in the Council of Ministers.

At the same time, national parliaments held accountable the actions of their governments at the European level. But some scholars have tried empirically to assess the validity of such statement.

Tapio et al. have recently empirically demonstrated that national parliaments are today much more involved in European affaires than in the past.

Moreover, they scrutiny power have augmented, and now are investing more resources (time, money, people) in trying to account what national governments are doing in Europe.

Nevertheless two considerations should be done. Not all national parliaments act as effectively as scrutiny bodies as others. As EU affairs are more important for certain MPs than for others, the same can be affirmed about the hole body, and EU affairs are more important for certain national parliaments than for others (O’Brennan and Raunio, 2007; see also Paolini, 2007).

SOLUTIONS TO THE LEGITIMACY PROBLEM FOR THE EUROPEAN UNION One general solution to the problems of legitimacy of the EU that has been defended by several authors is the idea of increasing competition in the EU (Lord, 2001; Hix and Foresdall, 2005). I will firstly analyse this general solution, and then I will go through more concrete reforms that could increase competition in the EU. According to Hix and Foresdall competition has in fact increased in the last years in the EU, especially left-right competition. On the one hand it has increased in the internal functioning of the EP. Groups are based mainly in ideology, and the internal functioning of the MEPs is changing

and becoming more based in ideology than in nationality. But according to these authors is has also increase in the negotiations and votes inside the Council. These authors defend that politization could increase democracy in the EU, and this process would increase legitimacy in at least three ways: (1) competition allows citizens to identify the protagonists and understand the likely consequences of electing different options; (2) it produces a mandate of winners, and (3) the today losers can be tomorrow winners.

First, political competition allows citizens to identify the protagonists and to understand the consequence of the agendas they want to develop.

As Hix and Foredall have pointed out, in the election of national leaders and members of the EP the question about the leadership of the EU and the future agenda is avoided. Moreover, the elections of the EP are ‘second order elections’, and there is not European party system but national parties competing with the focus of national issues. Besides, parties from the opposition and protest parties are beneficiated in these elections. The positive side of competition is that presenting alternative policies to the public educate public about European matters and at the same time lead citizens to position themselves towards leaders and their agendas (Franklin and Eijk, 1996; Hix and Foresdall, 2005). Open the issue of European leadership to the public does not imply a direct election of the President of the Commission by the citizenry. It could be a direct election by the people (see Lord, 2001) or an election by the national governments. The increase of public discussion in Europe is also demanded by the advocates of the deliberative democracy approach (Eriksen and Fossum, 2000). On the one hand deliberation has positive impacts for the input-oriented legitimacy as it increases the idea of shared sense and common will. Deliberation also shapes identity (Eriksen and Fossum, 2000) and as a consequence can be used to reinforce European identity. On the other hand it also increases the outputoriented legitimacy, as improve the capacity to solve collective problems of Europeans. Advocates of European

deliberative democracy claims for a European Public Sphere. But it is very much underdeveloped nowadays.

There are no European media that give citizens a vision of European problems and affairs. Moreover, NGOs—which are necessary as key elements of civil society that improve deliberation—are still not properly connected with the EU. As a result, two of the key elements of this European Public Sphere—media and organized civil society—lack today.

Second, competition produces a mandate for the winners. Coalitions that are winners in the EU would be legitimated to develop their policy agenda (Hix and Foresdall, 2005). Both authors defend the Commission as an institution which should have its own program to be develop in five years, with power to prepare laws in different policy areas, to negotiate budget to develop such policies, but open to criticism and contestation.

The third element related to the later is that those losers (that is, people who voted for one party that is out of the winning coalition) will easily accept the outcome of a struggle if they can be winners in the future. That is to say, those who have concrete preferences about policies, and the leader who represents their agenda do not win; will accept the result of the battle. This is a way of convincing people that their interests can be done at the European level, that this is an arena where they can really play a role.

More concrete solutions proposed for increasing the legitimacy1 can be allocated in concrete institutions (see for example Hix, 2006). Regarding the European Parliament, it has been proposed that its President could be elected for five-year, rather than for twoand-a-half years. This would encourage majority coalitions in order parties try to obtain this position, instead of passing from one to the other group (Hix, 2006).

1 Other proposals for increasing democracy in the EU go further than the problem of legitimacy which is the aim of the present paper. The proposals of Hix are draw with the objective of increasing competitions, which is a source of increasing legitimacy. Other broader proposals for increasing democracy in the European Union are reflected in the work of Schmitter (“How to Democratize the European Union…And Why Bother”, Rowman & Littlefield Publishers (2000) or “The Future of Democracy in Europe. Trends, Analyses and Reforms, A Green Paper for the Council of Europe” coordinated with Alexander H. Trechsel (2004).

Moreover, changing the system of allocating committee positions will also increase competition. Instead of a proportional basis, he suggests a system to guarantee greater power to the largest party or the largest majority (for example allowing largest political group to choose several committees and distribute the rest with d’Hont system) (Hix, 2006).

In the Council legislative deliberations could be more transparent, allowing the public and governments to scrutiny the amendments proposed by the Presidency prior to deliberation in the COREPER (Hix, 2006). Moreover the public and media should have access to deliberations of the Council, an idea that supporters of deliberative democracy also sustain (Hix, 2006, Eriksen and Fossum, 2000).

Regarding the Commission, a more open battle for the election of its President is also recommended as a source of legitimacy. The election could be done by the people, or as Lord as also defended by the European Parliament (Lord, 2001). One difficulty of an executive elected by the EP is the need of stable majorities that will support the Commission. This is difficult regarding the number of parties and the number of different countries existing in the EP (Lord, 2001). Hix also proposes rival candidates to expose their ideas in a manifesto, public debate among key candidates, and open declarations of support by the heads of national governments and party group leaders in the EP (preferable before European elections). Allowing direct election by citizens to the Commission or its President will require campaigning to debate around European issues what will allow citizens to situate parties and themselves (Hix, 2006; see also Franklin et al., 1996).

It has also been proposed to adopt a Swiss-style referendums which will increase the legitimacy of the laws once they were voted positively. Again this measure will augment contestation in European affairs, educate people about European affairs, and give public the idea they control institutions and procedures (Lord, 2001).

Nevertheless some voices have appeared criticizing contentious politics in the EU (see for example Bartolini,

2006). One of the most important critiques is that politization should be avoided in ‘constitutional’ issues.

Neglect this rule could lead to situations difficult to manage. The point made by Bartolini is that those issues that in some countries divide parties are precisely ‘constitutional’ ones, and could easily be politicize. Another interesting element raised by this scholar is that Euro-groups are not strong, and there still are not Euro-parties. As a result this process needs at least the reinforcement of these structures. Another argument against the politization of the EU has been the idea that the utility of partisan politics has been eroded in recent years, due to a variety of reasons, among which two key elements are the end of the Cold War and the globalization. Moreover, people are experiencing disengagement with partisan politics (see also Torcal and Montero, 2006). This has lead to the rise of alternative forms of decision-making which aspire to be less democratic, but much more effective: judicialization or expert decision-making which are now more accepted (Mair, 2005).

With the time the EU has acquire more authority and more policies have

CONCLUSIONS their locus in Brussels. As a result of these extensions, problems related to democracy and democratic legitimacy of the EU has been raised. The analyses of the legitimacy problem of the EU distinguishing input-oriented and output oriented mechanisms lead me to raise some conclusions. First of all we should ask ourselves whether old concepts serve to new objects. The ‘tyranny’ of the concepts that Eriksen and Fossum have pointed out can also be applied to legitimacy. The objective of the paper has not been to deeply study the conceptualization of legitimacy, or more broadly, conceptual problems related to the definition and description of the EU. Nevertheless it is necessary to mention that we should be carefully when using concepts related to the nation-states to different entities.

Regarding the input-oriented legitimacy we find arguments against the idea that EU can opt for this kind of legitimacy, as there is no a European identity. Inputoriented legitimacy problems cannot be

solved. Nevertheless, when we look at related concepts as demos or citizenship we find both are possible at a European level, although based on different elements than in the nation-states.

Regarding the output-oriented legitimacy, we have seen approaches that look at the EU as sufficiently different entity that old concepts cannot be applied. Majone or Moravcsik, although from different perspectives, defend that democracy is not an adequate concept to the EU. Differently, Mair support the idea that EU has, until certain point, went beyond popular democracy, and new forms of decisionmaking as the EU are more interesting and legitimate for citizens now than popular democracy is.

But other approaches consider that democratic legitimacy is not only possible, but necessary for the EU. Advocates of this line of research support the requirement of competition politics for the EU. Hix and Foresdall, Lord or Mark Franklin among others claim that right-left competition in the EU could increase legitimacy. Competition is especially important inside the European Parliament. According to the advocates of competition we should create real European elections, with real candidates and different agendas. We should also build a European party system, with European parties, competing around European, rather than national issues.

But also left-right competition could be positive in the Commission. This could be a body elected for a concrete period with a clear agenda open to critique but with the possibility to be developed.

Different parties should position themselves in front of the alternative candidates and their agenda in a clearly identifiable way for citizens. And also left-right competition could be desirable in the—necessary more open to public scrutiny—negotiations of the Council and the Council of Ministers.

Slightly different is the position held by the advocates of deliberative democracy.

European deliberative democracy is desirable, although not easily obtainable at the EU level. There is the need of develop a European Public Sphere with European media and European NGOs. European governance should be based on public deliberation using arguments to convince others.

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Ética, universidad y empresa Por: Carroll Ríos

¿Qué es la universidad?

En 1854 se publicó el famoso ensayo “La idea de la universidad”, cuyo autor, el Cardenal John Henry Newman (1801-1890), fue un presbítero anglicano convertido al catolicismo en 1845 y declarado venerable por Su Santidad Juan Pablo II en 1991. Este ensayo es punto de referencia para cualquier reflexión sobre la universidad.

Newman (1854) definió la universidad como un lugar para la enseñanza del conocimiento universal. “Esto implica que su objetivo es, por un lado, intelectual y no moral; y, por el otro, que es la difusión y extensión del conocimiento más que su avance. Si su objeto fuese el descubrimiento científico y filosófico, no veo porqué una universidad tendría que tener alumnos; si fuese el entrenamiento religioso, no veo cómo podría ser un remanso de literatura y ciencia.” ¿Por qué Newman contrapone lo intelectual y lo moral? Quizás porque la conducta moral está claramente definida, sabida y aceptada en la sociedad en la que él se desenvuelve, impregnada de la enseñanza teológica. El intelecto, es decir, la capacidad humana para comprender y razonar, en cambio, siempre puede avanzar en el discernimiento de la verdad, en tanto se practica una exploración racional sin mayores restricciones. En palabras de Ernesto Sábato, “El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos y caminos para explorar.”

Esta visión es recogida años más tarde por un destacado historiador y analista político y literario, Russell Kirk (1918-1994), mejor conocido por su obra The Conservative Mind (1953). Este autor estadounidense sostiene, sin embargo, que la universidad sí cumple una finalidad moral por cuanto ayuda a las personas a “entrar en una condición de valía moral”.

Escribe: “Yo sostengo que la educación superior es un medio intelectual para un fin ético; que la universidad está supuesta

a conjugar el conocimiento con la virtud.”

(1941, p. 137) Más adelante reitera el punto: “Los medios deben ser estricta y rigurosamente intelectuales, para que la razón rectamente conducida se utilice para alcanzar la valía moral.” (Kirk, p. 139) Dice que la universidad nos invita a buscar la sabiduría, y, por medio de la sabiduría, la verdad. Reconoce que la universidad no puede hacernos sabios. Más bien, nos proporciona una metodología, una forma de pensar, que nos permite amar la sabiduría y marchar en pos de ella. Por sabiduría, Kirk entiende “la aprehensión de la condición humana, el reconocimiento de la realidad, y la experiencia y posesión de un conocimiento avanzado, juntamente con la capacidad de aplicar esta experiencia y conocimiento en forma crítica y práctica.” (Kirk, p. 137) Compete a las universidades persuadir a sus estudiantes que la actividad intelectual no es incompatible con la moral, y que deben esforzarse por aplicar las virtudes de la humildad, la modestia y la decencia, entre otras, a su labor académica.

La visión de la universidad esbozada primero por Newman y luego por Kirk pudiera tacharse de anticuada en esta era posmoderna. ¿Es posible hablar de sabiduría, de verdad, de realidad? Tras más de cuarenta años dedicados a investigar la economía del desarrollo, P.T. Bauer (1987) reflexiona sobre el estado de su disciplina. Se lamenta por una despreocupación generalizada por la realidad, producto de por lo menos cuatro factores: la excesiva matematización de su ciencia, la sobre-especialización, un sentido de culpa de la academia en el mundo desarrollado y una confusión entre la investigación científica y la propuesta de políticas públicas. Ello conduce a una imprecisión en el uso del lenguaje que nos aleja aún más de la realidad. La observación de Bauer refuerza la postura de Kirk: si al mundo académico no le interesa comprender la realidad, entonces tampoco se esfuerza por conocer rectamente, por alcanzar la sabiduría. ¿Atraviesa una crisis moral la institución universitaria? ¿Se vive aún la ética en

la comunidad universitaria, o es ésta una visión idílica del pasado, una utopía inalcanzable? ¿Y cómo se inserta la universidad dentro de la sociedad actual? ¿Cómo se relaciona con otras organizaciones, como la empresa?

Para entender la organización interna de la universidad moderna, es preciso trazar sus orígenes. Un modelo precursor sería la Academia fundada en 386 a.C. por Platón, alumno distinguido de Sócrates, gracias a la donación del pequeño terreno llamado Akademos que le hicieron sus amigos. Era un colegio, o una comunidad casi religiosa, como la de Pitágoras: se enseñaba filosofía, matemáticas, derecho y otras disciplinas en forma gratuita y a un grupo selecto de atenienses. Hay maestros y alumnos, discusión e investigación, pero no

Cómo nació la universidad diplomas, facultades ni otras estructuras formales. A la luz del planteamiento Newman-Kirk, interesa que se le conoce como la Academia de Atenas, por Atenea, diosa de la sabiduría. Fue clausurada por Justiniano en 529.

La Casa de la Sabiduría o Bayt al-Hikma , otro nombre evocador de la visión Newman-Kirk, fungió como una biblioteca y centro de traducción de textos griegos clásicos durante la época dorada del islam. Recibió un fuerte impulso a finales del siglo VIII gracias al califa alMa´mun, pues se cree que el trabajo de traducción había iniciado con anterioridad.

Laboraron allí traductores de renombre, encuadernadores y escribanos. Se adhirieron al instituto unos observatorios astronómicos que sirvieron a científicos árabes para revisar y corregir las tablas de Tolomeo. (Sourdel) Se propició la investigación de la matemática, medicina, ingeniería y más. El historiador Ibn Kaldhun estimuló la enseñanza de la geometría en esta casa de estudios, puesto que a su juicio la geometría “ilumina la inteligencia del hombre que la cultiva y le da el hábito de pensar con exactitud”.

(Islam and Islamic History in Arabia and the Middle East)

Algunos historiadores sostienen que fue la tradición árabe y persa de enseñanza superior la que influyó sobre las primeras universidades europeas, concretamente en la escuela de medicina de Salerno, fundada alrededor del siglo IX, y la Universidad de Córdoba, la cual según algunos autores fue la primera de Europa. “[E]n tiempos del Emirato y Califato de los Omeyas, hacia los siglos VIII al X, en Córdoba hubo una Universidad donde se estudiaban las principales disciplinas científicas y humanísticas, que fue una de las primeras del mundo y la primera de Europa.” (www. universidades.net Allí enseñó Abulcasis (936-1013), médico y cirujano hispanoárabe, autor de la enciclopédica Al-Tasrif. (A.G.S., www.hispanoarabe.org)

Otros señalan a la Universidad de Constantinopla de ser la primera universidad europea. Ésta fue fundada en 425 y reorganizada como una corporación estudiantil en 849 por el regente del Emperador Miguel III. Allí se investigaba y enseñaba. El establecimiento poseía una administración propia y gozaba de independencia académica. La norma en la historia de Occidente, según este ejemplo, fueron las universidades fundadas por monarcas o instituciones religiosas (o ambas), y por tanto, supeditadas a los propósitos particulares de quienes dirigían sus destinos.

El historiador Thomas Woods (2005, p. 48) atribuye a la Iglesia Católica un papel preponderante en el establecimiento de universidades en Europa, a partir de finales del siglo XII. París, Bologna, Oxford y Cambridge son de las primeras; París y Bologna nacieron como escuelas de la catedral. Todas menos trece de las 81 universidades fundadas antes de la Reforma poseían una autorización papal, un reconocimiento real o imperial o ambas cosas.

Los españoles llegados a Iberoamérica fundaron universidades escasos años después del descubrimiento de América en 1492. Las primeras abrieron sus puertas en la República Dominicana, en 1538, en Perú y México, en 1551, en Bogotá (1580) y en Córdoba, Argentina (1621). La Universidad de San Carlos de Guatemala fue fundada en 1676,

escasamente 40 años después de la fundación de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. En estas casas de estudios laboraban sacerdotes y laicos.

La universidad como una simple caja, o como una empresa Puedes observar mucho sólo mirando.

Yogi Berra Alguien que observó la empresa fue Ronald H. Coase (1910-), economista de nacionalidad británica pero residente en Estados Unidos y ganador del Premio Nobel en 1991.

Sus conclusiones, publicadas en 1937 en la revista Economica bajo el título de “La naturaleza de la empresa”, son trasladables a la universidad. Coase observó que la empresa no era una simple caja, vacía de contenido, a la cual entraba un insumo y de la cual salía un producto.

La transformación del insumo en producto no ocurre por obra de magia, ni automáticamente, ni siempre de la misma forma. La empresa, como la universidad, es una organización compleja, que surge para reducir los costos de transacción que emergen en los procesos de producción e intercambio. Los individuos laborando solos no podrían captar las eficiencias que captan trabajando juntos en una empresa.

Al igual que la empresa, la universidad es una organización.

En términos hayekianos, ello quiere decir que nace del diseño deliberado, con un fin específico.1 Obviamente, a través de la historia se han visto reducidos los costos de trasladar y producir el conocimiento, reuniendo físicamente en un lugar a estudiantes, docentes, administradores, investigadores y a los demás actores usualmente asociados con la educación superior.

Hoy día, la universidad, sobre todo la universidad privada, puede entenderse como una empresa, existiendo una gama de posibles estructuras organizacionales y niveles de burocratización.

Las universidades en Europa siguen siendo 1 Friedrich von Hayek contrapone el término organización (taxis) al orden espontáneo (cosmos), el cual evoluciona espontáneamente y es tan complejo que difícilmente podría una mente humana poseer el conocimiento necesario para dirigirla. La sociedad abierta y moderna es un cosmos dentro del cual se forman varias organizaciones: la familia, la iglesia, el gobierno, la universidad.

eminentemente estatales, mientras que en Estados Unidos coexisten una cantidad de universidades estatales, universidades privadas que reciben fondos públicos y universidades privadas independientes. Su tamaño, carácter y estilo de organización varía, según la descripción de Henry Manne (1941, p.

169-141). En algunas ejercen el gobierno los fiduciarios, en otras el cuerpo docente, y otras practican una especie de gobierno colegial que incluye a representantes estudiantiles.

Es posible que las universidades estatales posean estructuras más equiparables a un buró estatal que las organizaciones privadas, sobre todo si operan en forma monopólica o si dependen fuertemente del poder político. De allí que en cierta época se insistiera en la autonomía universitaria.

Los establecimientos estatales suelen presentar esquemas políticos de toma de decisión, como por ejemplo la mecánica a seguir para ciertos nombramientos clave.

Los procesos de toma de decisiones al seno de una universidad dependerán, entre otras cosas, de su calidad de universidad privada o pública, la naturaleza de la regulación del sector educativo, su tamaño, y de su propensión a establecer controles administrativos y detallados procedimientos.

Para que se cumpla lo descrito por Coase, en cuanto a la reducción de costos de transacción mediante una estructura de cooperación social que capte eficiencias del trabajo conjunto, la universidad tiene que funcionar competitivamente, hacia adentro y hacia afuera. Un buen ejemplo de ello sería el grado al cual compiten, internamente, los miembros del claustro. En Estados Unidos, por ejemplo, se practica la política del “tenure”, palabra que literalmente se traduce como tenencia o posesión.

Pasado cierto tiempo y superadas ciertas pruebas de enseñanza e investigación, el profesor llega a “poseer” su cargo. Este sistema brinda seguridad laboral, pero simultáneamente invita a descuidar la calidad. Cuando el claustro asume funciones administrativas, o cuando el claustro o los administradores constituyen una especie de sindicato dentro de la organización, se reduce la competencia y, por tanto, se afecta negativamente la eficiencia.

También es vital para la eficiencia la competencia al externo, entre universidades, así sean privadas o públicas. La competencia en el sector de educación superior contribuye además a motivar la reingeniería periódica de los procesos administrativos y de la estructura organizacional. Además, mejora la calidad de la enseñanza pues se debe ofrecer un producto valorado por los potenciales estudiantes-clientes.

Es materia de otro estudio evaluar el impacto que tiene la competencia o ausencia de ella en la calidad de la enseñanza universitaria en el mundo, recurriendo a encuestas y mediciones como la que desarrolla anualmente U.S. News and World Report, la cual se centra en Estados Unidos. (www.usnews.com/ sections/rankings) Otra investigación interesante sería el impacto que tienen nuevos avances tecnológicos, como la Internet. Ésta última ha aumentado la competencia, traspasando fronteras políticas, mediante una oferta educativa virtual y semi-virtual, muchas veces sorteando barreras regulatorias nacionales.

La relación entre la universidad y la empresa

Ninguna universidad es una torre de marfil perfectamente aislada del resto de la sociedad, aunque algunas se esfuerzan por poner distancia entre sí y “el mundo real” en aras de perfeccionar el ejercicio intelectual. El hecho es que los administradores, los bachilleres, los administradores y los benefactores provienen del mundo real—de la sociedad—y traen a la universidad las preocupaciones que se manejan en la calle. Además, los egresados pasan a laborar en el mundo, o bien retornan a la universidad en calidad de catedráticos, benefactores o administradores. Existe un flujo de influencia en dos vías de la universidad y la sociedad y vice versa.

La relación entre universidad y empresa no es directa. Es cierto que las universidades sienten presión por colocar a sus egresados en puestos de trabajo prestigiosos, y por ende prestan cierta atención, aunque a veces con reticencia, a las demandas del mercado laboral.

Algunas casas de estudios inclusive tienen despachos de colocación de empleos para sus graduandos, donde se ayuda al estudiante a elaborar su currículo, preparar sus entrevistas y programar

visitas a empresas específicas. Ello no niega la distinción entre las carreras universitarias y las carreras técnicas que ofrecen institutos vocacionales.

La universidad pretende brindar al estudiante algo más que un conjunto de destrezas prácticas, tal y como nos lo han señalado Newman y Kirk. Usualmente, el estudiante invertirá tiempo y recursos en una carrera universitaria que él estime le permitirá ganarse la vida dignamente una vez ingrese al mercado laboral, pero el bachiller promedio que inicia sus estudios no tiene un conocimiento sofisticado ni de las empresas ni de sus expectativas con relación a jóvenes profesionales. Basará su decisión en información parcial. Y, dado que muchos de los directores y profesores no participan activamente del mercado laboral, usualmente no orientarán sus enseñanzas a fines específicos relacionados con el futuro empleo de sus alumnos. En fin, no es posible concluir que la mayoría de las universidades se organizan para suministrar mano de obra capacitada a las empresas.

La ética interpersonal en la comunidad universitaria ¿Qué importan letras, estudios, dignidades, honras, grados, libros, cátedras, oficios, si se condenan los sabios?

Tirso de Molina En la comunidad universitaria, compuesta esencialmente por los estudiantes, los administradores y los docentes, e indirectamente por los padres de familia, la ética se vive en las relaciones interpersonales. Es decir, son los actos de las personas concretas los que pueden calificarse de morales o inmorales, sobre todo en su desenvolvimiento social.

Se podría decir que la comunidad universitaria es, en sí, una sociedad contractual. La administración entra en un contrato tanto con el estudiante como con el docente. El estudiante que pide la admisión se entera con anticipación del carácter peculiar de la casa de estudios, de su misión y los servicios que ofrece. La administración y el estudiante adquieren una serie de compromisos una vez el estudiante expresa su intención de asistir a esa universidad específica: se firman documentos. El docente, contratado, también debe estar compenetrado de la misión de la universidad antes de embarcarse en la aventura de enseñar para

la institución. El contrato contemplará cuestiones como la forma de acceder a una plaza titular, las horas que deberá dedicar a la investigación y a dar clases y más. Una conducta apegada al contrato, con base en reglas conocidas y aceptadas libremente por las partes, es una manifestación de comportamiento ético de parte de los actores aquí mencionados.

No es poca cosa decir que las relaciones contractuales se vinculan con una conducta moral. Los actores pasan a formar parte de la comunidad voluntariamente, y pueden salir de ella también con flexibilidad. Nadie se encuentra allí a la fuerza, y cada quien asume su compromiso con conocimiento y responsabilidad. Estas reglas del juego, además, incentivan a las personas a vivir virtudes requeridas para el cumplimiento de sus compromisos contractuales, virtudes tales como el orden, la puntualidad, el respeto, la humildad, la excelencia, la perseverancia y la solidaridad, entre muchas otras.

Claro que estamos hablando de personas falibles. Basta con asistir a una sesión del Concejo Académico de cualquier facultad en cualquier universidad para detectar las principales fallas de los distintos actores. Un estudiante comete plagio, un profesor altivo denigra al estudiante, un administrador malversa el presupuesto de la facultad. Se puede instaurar una cultura de mediocridad en todos los niveles; nuevamente, ello dependerá en gran medida de los incentivos que ponen en lugar las reglas del juego pactadas en el contrato. Nuevamente, es relevante el grado al cual los términos del contrato son restringidos por la regulación estatal, pues ésta altera los contratos, modifica incentivos y potencialmente obnubila la responsabilidad personal de los signatarios.

El adolescente convertido en adulto joven da sus primeros pasos independientes en la comunidad universitaria. El joven adulto aprende de tres fuentes: las reglas enarboladas por la universidad, la enseñanza directa y, ante todo, el ejemplo que brindan los mayores. Estas tres fuentes le enseñan cómo asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos, cómo tratar a los demás con respeto y dignidad, y cómo su trabajo bien hecho constituye un aporte significativo a la sociedad.

Ideas dominantes que atentan contra la moralidad Más veces descubrimos nuestra sabiduría con nuestros disparates que con nuestra ilustración.

Oscar Wilde

La sabiduría no consiste en la ciencia, como la dicha no consiste en la riqueza.

Chevalier de Boufflers Calificamos de moral o inmoral los actos concretos de personas concretas.

Sin embargo, existen ciertas ideas dominantes, o tendencias, que influyen sobre el actuar de los miembros de la comunidad universitaria y el espíritu de responsabilidad con libertad que asociamos con ella. La modernidad sopla vientos de relativismo moral, de corrección política y de intentos por someter a todos a una artificial igualdad.

En un segundo plano, podemos colocar la presión por la investigación, la rigidez institucional y el fenómeno reciente del estudiante perenne como amenazas a la ética en la universidad.

El relativismo moral subyace algunas de las otras tendencias identificadas.

Concluimos que no hay verdad cuando decimos que son las variadas y cambiantes circunstancias particulares, culturales, históricas o personales las que informan la moral, y que no existe una moral objetiva y universal. Sólo hay verdades relativas. En caso extremo, resulta imposible juzgar los juicios y actos morales o éticos de otra persona.

Nada está bien o mal en términos absolutos. En palabras de Anthony T. Kronman (2007): “El constructivismo condena la idea del valor intrínseco como un falso “esencialismo”. Se burla de la noción de un conjunto fijo y perenne de opciones de vida. Se burla de la idea de la gran conversación. Nos urge a liberarnos de estas creencias primitivas que restringen la libertad. Pero una vez lo hacemos, no hay límites a las posibilidades que podemos explorar. La misma idea de un límite se vuelve sospechosa y cualquier intento por retomar uno es probablemente visto como un ejercicio arbitrario del

poder brutal. Si el constructivismo es verdadero, entonces no vale la pena estudiar ni la historia, ni la literatura, el arte o la filosofía porque todo refleja una falsa necesidad y un poder arbitrario, de arriba abajo. Y entonces, una vez más, nada es verdadero y todo es permitido.”

Alejandro Llano lo pone en estos términos: “La relativización de todos los valores –el relativismo ético- se presenta como la única posibilidad de superar ese mal radical que (según creen algunos) implican las convicciones morales incondicionadas, la única forma de abandonar la conciencia de culpa que acompaña a toda actuación seria, para alcanzar así una pretendida “nueva inocencia”. Pero del relativismo no se sigue nada: el relativismo no conduce a parte alguna. Quien se acoge al relativismo ético sólo puede dar un nuevo paso: el que conduce al puro y simple nihilismo.”

Si no hay valores objetivos, ni verdad, ni realidad, entonces cualquier noción de estudio es irrisoria. La universidad es irrelevante.

La nueva corrección política, que afecta sobre todo a los estadounidenses y europeos, va mucho más lejos que la lógica delicadeza y cortesía que nos debemos unos a otros. Es un afán por minimizar cualquier ofensa de género, raza, cultura, discapacidad, edad u otra, en la forma en que pensamos, hablamos o actuamos, así como en las políticas públicas. Se califica de “políticamente incorrecto” cualquier desvío de una ortodoxia establecida.

La corrección afecta el clima universitario porque coarta la libertad necesaria para cualquier actividad intelectual. ¿Quién decide qué es políticamente correcto y qué no lo es?

La corrección política crea un clima de censura y autocensura. Los estudiantes, los docentes y los administradores sienten la presión social sobre sus hombros.

Damos dos ejemplos. El ex presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, se vio obligado a dimitir debido a continuos choques con

el claustro. Lo que más enojó a los docentes, y sobre todo a las docentes, fue su comentario sobre los resultados de una investigación suya según la cual los hombres superan a las mujeres en sus habilidades matemáticas y científicas, por cuestiones biológicas.

Ello le valió una pésima relación con la Facultad de Artes y Humanidades, la más grande de Harvard, y un voto de falta de confianza de 218 contra 185 votos.

Otro caso sonado concierne la publicación del libro Bell Curve (1994) por los profesores americanos Richard J. Herrnstein and Charles Murray. Murray y Hernstein concluyen que el coeficiente intelectual de los estadounidenses está correlacionado con su nivel socioeconómico. Las personas más inteligentes, dicen, ascienden con más velocidad la escala social, obtienen mejores empleos y evitan caer en conductas delictivas. Los resultados revelaron que los sujetos de raza negra tenían un CI levemente inferior al de otros grupos étnicos; la sola inclusión de esta conclusión en el estudio les valió calificativos de racistas y discriminadores.

En otras palabras, no se puede ni pensar, ni decir y mucho menos publicar los resultados obtenidos de estudios investigativos científicos y formales, si éstos contravienen la ortodoxia de la corrección política.

Existe también una tendencia a preferir la igualdad de condición y de criterio.

Se habla de la “democratización de la educación” para significar que las decisiones de uno y otro poseen el mismo peso o valor, sin expurgar su contenido o sentido. Se invita al estudiante, en edad escolar y durante su educación superior, a pensar que “todos somos ganadores”, que la competencia es corrosiva y que la autoestima de uno saldrá lesionada si le brindamos un cumplido al otro. Desaconsejan distinguir entre una composición musical de calidad y un mamarracho malsonante. Algunas de estas nociones sonarán razonables, sobre todo a padres de familia conscientes, pero acarrean consecuencias negativas para la vida universitaria, como bien lo señala Allan Bloom en su best-seller The Closing of the American Mind (1987):

“Sencillamente, la universidad no es distintiva. La igualdad para nosotros parece culminar en una falta de voluntad y una incapacidad para hacer reclamos de superioridad, particularmente en las áreas donde semejantes reclamos siempre se han hecho—arte, religión y filosofía. ..La educación liberal floreció cuando preparaba el camino para una discusión sobre una visión unificada de la naturaleza y el lugar del ser humano en ella, la cual fue debatida por las mejores mentes al más alto nivel.”

No hacemos un favor al joven adulto lanzándolo al mar del college de artes liberales, con su oferta de miles de cursos sin jerarquía ni priorización, donde tejer canastas es equiparable a aprender sobre la historia política de Occidente.

No hacemos un favor al joven adulto cuando suprimimos del pensum la lectura de los clásicos, cuando dejamos de guiarlo y cuando lo forzamos a sobreespecializarse.

Un corolario de esta actitud es un mensaje subliminal que aboga contra el éxito profesional y la justa remuneración por un trabajo bien hecho. Muchas veces esa sed de clones pululando una sociedad igualitaria se une a un desprecio—tácito o explícito—hacia el mercado y las ganancias, hacia lo banal de la vida cotidiana fuera de los muros de la universidad.

La loable meta de Newman, de fundar casas de estudio dedicadas a la búsqueda del conocimiento y la sabiduría por el valor que éstos tienen por sí mismos, y no por motivos utilitaristas, puede aplicarse en forma burda como parámetro de la vida virtuosa en general. No hay que olvidar, en este tema, el influjo que ha tenido en los ámbitos académicos el marxismo— como ideología y como metodología académica—y su interpretación singular del trabajo, la explotación y la lucha de clases. Después de todo, la igualdad de condición es el fin último de la etapa comunista.

Existe consciencia sobre los malos efectos del materialismo, entendido como la tendencia a ver y tratar a las otras personas como cosas u objetos.

(Stenson) Así mismo, tendemos a condenar el hedonismo, o la búsqueda del placer, y el utilitarismo. Casi nada se oye, en contraste, de caer en el otro extremo. Se le hace daño a un joven

cuando se le dice que la verdadera virtud

Ideas dominantes que atentan contra la moralidad está en profesiones “nobles” pero mal pagadas, o cuando se tacha de perversa la utilidad o la ganancia que devengará como resultado de su trabajo honrado.

Se debería exaltar, no condenar, el trabajo productivo, que aprovecha la creatividad y la innovación, la empresarialidad y la concomitante creación de riqueza.

Aclara Claude Robinson (1961): “La táctica actual de equivaler la ganancia con la avaricia es jugar trucos con la historia…Algunas personas que devengan ganancias, sin duda, son avaras, pero también lo son algunos profesores y sindicalistas…La avaricia es un pecado de la carne en la cual pueden caer tanto los pobres como los ricos. La sabia observación de San Pablo que el amor del dinero lleva al hombre a codicias tontas y dañinas que conducen a su propia destrucción es tan cierta hoy como hace 1900 años. El uso creativo y ético del dinero, sin embargo, ha resultado en una gran bendición para la humanidad.”

Resta por comentar tres preocupaciones de carácter ético, las cuales son: el impacto detrimental que tiene el impulso investigador sobre la calidad de la docencia, anticipado por el Cardenal Newman, la rigidez institucional y la nueva eventualidad del estudiante que nunca termina de serlo.

En las universidades de Estados Unidos, principalmente, los profesores deben producir una cantidad concreta de artículos y libros publicados para poder optar al tenure. Esta exigencia es una carga real y pesada que rivaliza con la actividad docente del catedrático. El mismo proceso de contratación se orienta hacia personas con dotes de investigación y no de maestros capaces de transmitir y difundir el conocimiento.

Mucho del trabajo de investigación que se genera es de baja utilidad o relevancia, como bien nos indica P.T. Bauer. No importa si la investigación está o no orientada a descubrirnos la realidad.

Recordamos la frase de Newman, que si la investigación es el asunto prioritario, no habría razón para tener pupilos.

La rigidez institucional aqueja mayormente a las universidades de corte europeo, y a las universidades de América Latina que siguen este modelo.

Las facultades son pequeños feudos autónomos, con escasa comunicación entre sí, que limitan la colaboración interdisciplinar. Ello también empobrece nuestra capacidad para avanzar el conocimiento y aprehender la realidad.

Finalmente, la llamada Generación Y, iGeneration o generación del Milenio se resiste a crecer. Por un lado, son la generación más educada de la historia de la humanidad. Muchos de ellos obtendrán más de un título de posgrado.

Por otra parte, siguen siendo niños— postergan su paso hacia la adultez, hacia el compromiso y la responsabilidad.

Prefieren ver caricaturas antes que noticias, y siguen jugando videojuegos ya cerca de los treinta años. (Noxon, 2003) En conclusión, estas ideas dominantes afectan las decisiones que toman los estudiantes, docentes y administradores de la comunidad universitaria. Dichas decisiones tienen una carga moral. Las tendencias que aquí se listan, y no es ésta una lista exhaustiva, tienden a erosionar las conductas virtuosas.

Se alberga con optimismo la posibilidad de revertir las tendencias una vez se conozcan sus nocivas consecuencias sobre la institución universitaria.

Tendencias positivas

La experiencia es hija del pensamiento y el pensamiento es hijo de la acción. No podemos aprender hombría de los libros.

Wayne W. Dyer Cambiando el sentido a la famosa frase de Hamlet, “no todo está podrido en el Estado de Dinamarca”, cabe resaltar dos tendencias que pueden mejorar la calidad de la enseñanza superior notablemente. Los avances tecnológicos, bien aprovechados, abren la puerta a un proceso de aprendizaje multidimensional, intenso, gratificante y productivo. Es posible que las bibliotecas, los salones de clase y el “facetime” se flexibilicen ante los nuevos canales virtuales de comunicación, aunque seguramente siempre seguirá siendo valioso consultar un libro, o discutir ideas entre alumnos y maestros reunidos físicamente en un local.

Pueden sortearse los peligros que acarrea la tecnología, ampliamente identificados, como la necesidad de discriminar entre materiales basura y materiales valiosos.

Otra tendencia positiva es el avance en los conocimientos pedagógicos.

Hoy se habla de diferentes estilos de aprendizaje y del aprendizaje por la vía de la experimentación y la exploración personal. Se identifica con detalle distintas dificultades o deficiencias en los procesos de aprendizaje, como el déficit de atención y varias formas de dislexia. Estos desarrollos permiten al estudiante sacar mayor provecho de su experiencia educativa.

Como Russell Kirk (1941, pag. 164), podemos ser optimistas respecto de la juventud: “Mi única esperanza es que podamos alivianar la masa de nuestra actual educación, poco apetecible.

Una universidad gobernada por las tradiciones de reverencia, aprendizaje y cortesía va contra el grano de la educación americana del presente. Pero yo doy testimonio por la generación futura.”

Conclusión

La universidad es, por tanto, una comunidad de personas falibles pero perfectibles. Es también una institución, tal y como la rama de la nueva economía institucional entiende el término, una organización en el sentido hayekiano, y una convivencia contractual. Ninguna de estas características de la universidad inhibe a las personas que la pueblan de ejercitarse en la ética. Todo lo contrario.

Vale la pena recordar, y cuando sea necesario, resucitar, el concepto de valía moral que describe Russell Kirk.

La universidad del presente y del futuro puede y debe ser el lugar en el cual el adolescente se transforma en adulto. Un adulto que conoce las normas morales y las valora, que practica buenos hábitos y aspira a la vida virtuosa, y que es capaz de aplicar su intelecto a la persecución de fines éticos.

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La geopolítica del caos: El caso africano Por: Phillip Edward Chicola Durante más de trece siglos, el continente africano fue uno de los principales ejes de la geopolítica mundial. Desde la llegada de los árabes musulmanes a mediados del siglo VII d.C., hasta el inicio de los procesos de descolonización mundial a mediados del siglo XX, África constituyó un escenario en el que las principales potencias mundiales se disputaron el control de territorios, zonas estratégicas, esclavos, y sobre todo, recursos naturales. Medio siglo más tarde, la historia pareciera haber dado un giro de 180 grados. Hoy en día, África es sinónimo de pobreza, epidemias, guerras civiles, dictaduras, corrupción, inestabilidad y genocidio. Occidente pareciera haberse olvidado del continente negro, y por ello, se desconocen las condiciones de la geopolítica africana, lo cual ha provocado que los millonarios programas para fomentar el desarrollo de la región fracasen rotundamente.

A raíz de esto, el continente negro navega a la deriva, mientras algunos idealistas intentan fútilmente construir la democracia y el desarrollo sobre un contexto plagado de caos, conflictos armados e inestabilidad política.

Pocos entienden que las históricas divisiones étnico-tribales, la artificialidad de las instituciones estatales, y la competencia por el control de los mecanismos de poder y los recursos estratégicos entre actores locales e internacionales, han provocado diversos conflictos inter-estatales, guerras civiles y luchas inter-étnicas en el seno del continente africano. Y éstas, a su vez, han generado complejas relaciones geopolíticas caracterizadas por la conflictividad y la inestabilidad multidimensional.

Este sombrío panorama geopolítico tiene sus raíces en una compleja historia política y social, que desde hace más de mil años, ha venido determinando el desenvolvimiento de las condiciones propias del continente negro. Previo a la llegada de los árabes y de las grandes potencias europeas, las civilizaciones africanas presentaban un amplio mosaico en cuanto a sus niveles de desarrollo, lo

cual se manifestaba en el carácter de las relaciones políticas y económicas. Sin embargo, un elemento en común en todo el continente era la persistencia de la ‘tribu’ como pilar de la organización social (Schraeder: 2004, p. 24). En ellas, las relaciones sociales se producen entre miembros de familias que comparten un territorio definido y una cultura particular, bajo un sistema de estratificación patrilineal. Con esta base, diversos grupos desarrollaron sistemas políticos con disímiles grados de complejidad que abarcaron desde bandas primitivas y villas autónomas, hasta sistemas centralizados bajo monarquías piramidales. Mientras que en lo económico, la diversidad abarcaba desde sociedades de cazadores nómadas hasta tribus con una base mercantil-comercial (Schaeder: 2004, p. 33-37). La asimetría en los niveles de desarrollo y la arraigada tradición tribal provocó conflictos inter-tribales, lo cual hubo de generar complejos choques entre grupos poblacionales en diversas latitudes del continente.

Las asimetrías locales se ampliaron con la llegada de los árabes hacia el siglo VII. Por un lado, el continente se dividió en dos zonas geopolíticas separadas por el desierto del Sahara: el África del norte poblada principalmente por árabes de religión musulmana; y el África subsahariana de población negra y con un mosaico de culturas y religiones.

Sin embargo, los árabes norteños establecieron las rutas trans-saharianas gracias a las cuales se dio un contacto comercial e intercultural entre las dos zonas geopolíticas. Sin embargo, esto trajo serias consecuencias ya que algunas tribus negras orientales -entorno a la región de Somalia- adoptaron la religión musulmana, lo cual le imprimó una nueva variable a los tradicionales conflictos inter-étnicos. Además de esto, los árabes establecieron alianzas con las tribus más desarrolladas del centro del continente y empezaron a comprar a los prisioneros derrotados en los conflictos locales para efectuar trabajos forzosos, práctica que daría origen al comercio de esclavos entorno al Mar Mediterráneo (Davidson:

1996, p.43).

Esta situación se agravó entre los siglos XV y XVIII. La búsqueda de una ruta marítima hacia el Extremo Oriente llevó a la circunnavegación de África en 1488. A raíz de ello, los portugueses establecieron bases comerciales a lo largo de la costa occidental. A partir de entonces, África presenciaría el auge y descenso de Portugal (siglo XVI), Holanda (siglo XVII) y Gran Bretaña (siglo XVIII) como potencias hegemónicas en su relación geopolítica con el continente negro. El contacto comercial con algunas tribus de la costa, rápidamente se transformó en la base del sistema esclavista más complejo de la historia. Entre 1451 y 1900, alrededor de 15 millones de esclavos fueron traficados de Elamina (Senegal) y Angola hacia las posesiones europeas en las Américas. De ellos, unos 2 millones no sobrevivieron el viaje transatlántico, lo cual puede ser considerado como el primer caso histórico de genocidio en contra del pueblo africano.

Hasta el siglo XIX, la presencia de las potencias europeas en África se limitó a los reductos comerciales de las zonas costeras, de los cuales, sólo la ciudad del Cabo en el extremo sur del continente y las posesiones portuguesas en el Golfo de Guinea tuvieron alguna importancia geoestratégica. No obstante, la llegada del siglo post-Ilustración y de la Revolución Industrial trajo un cambio considerable en la naturaleza de la presencia extranjera en África. Tras varios siglos de imperialismo comercial y esclavista, las potencias europeas iniciaron una fase de imposición colonialista. La prohibición de la trata de esclavos en 1808 fue sucedida por las exploraciones hacia el interior del continente. A raíz de ello, empresas exploradoras de las grandes potencias europeas iniciaron una carrera por ocupar los territorios africanos y reclamar su posesión, al firmar tratados de ‘anexión’ con algunas tribus locales (Davidson: 1996, p. 81).

Los europeos aprovecharon los conflictos tribales para derrotar a los grupos locales que presentaron resistencia a la ocupación. Hacia finales de siglo, los británicos y los franceses se habían dividido la mayor parte del continente: mientras los primeros ocuparon las zonas orientales, los segundos hicieron lo mismo con las zonas occidentales. Asimismo, Portugal, Alemania, Italia y Bélgica también establecieron colonias periféricas. De ellos, destaca el caso del Congo, que se convirtió en una posesión patrimonial del Rey Leopoldo de Bélgica.

La competencia por la repartición territorial de África llevó al canciller alemán Otto von Bismarck a convocar en 1884 a la Conferencia de Berlín, con el objetivo de establecer normas internacionales para la colonización. En dicha conferencia se procedió a fraccionar el mapa africano en ‘zonas de colonización’ (Davidson: 1996, p. 94), las cuales fueron trazadas arbitrariamente sin considerar divisiones geográficas naturales o la ubicación de las tribus locales. Dicha artificialidad geográfica aún se manifiesta en el carácter rectilíneo de las fronteras africanas. La mayor consecuencia de ello fue que varios grupos étnicos quedaron divididos entre distintas zonas de ocupación y administración. El peor ejemplo de esto es el caso de la tribu somalí del ‘Cuerno de África’, la cual quedó escindida entre cuatro estados coloniales: uno británico, uno francés, uno italiano y la zona independiente de Etiopía (Schraeder: 2004, p 63).

Asimismo, la repartición colonial propició la instauración del sistema europeo de nación-Estado en el contexto africano, lo cual generó una contradicción entre un modelo político importado y las condiciones socio-económicas de la población local. La artificialidad en la construcción del sistema colonial también provocó que distintas tribus quedaran incorporadas bajo un mismo Estado o jurisdicción administrativa. En el caso particular de la colonia británica de Nigeria, ésta quedó constituida por un mosaico de más de 250 grupos étnicos. En general, esta multietnicidad intra-estatal provoó mayores niveles de conflictividad inter-tribal, dificultades administrativas y condenó a muchos países a carecer de unidad socio-política estable.

El modelo europeo de colonización también supuso la destrucción de las monarquías piramidales locales, lo que generó élites descontentas y minó las tradicionales bases sociales de poder. En cambio, el colonialismo reforzó la autoridad

patrilineal dentro de las tribus africanas, al eliminar al matriarcado como expresión de poder (Davidson: 1996, p. 102), lo cual también generó la marginación social y política de la mujer. Finalmente, la ocupación europea produjo un legado cargado de autoritarismo y violencia. Al eliminar los modelos políticos tradicionales, los europeos minaron la base tradicional del orden social, sustituyéndola por la fuerza y la violencia. Tradicionalmente, los ocupantes utilizaron tropas reclutadas entre tribus afines al régimen colonial para reprimir a las demás etnias locales. En otras latitudes, la violencia y la tortura constituyeron los mejores mecanismos para mantener el orden. En el Congo belga, las tropas del rey mutilaban a 1 de cada 100 habitantes para infundir el terror y mantener la obediencia.

Desde entonces, la mutilación ha constituido una práctica recurrente en la búsqueda del orden social en el continente africano.

En lo socioeconómico, los europeos instauraron un régimen de explotación económica, lo cual generó modelos de monocultivo y de mono-producción de recursos estratégicos. La construcción de infraestructura también se dirigió únicamente a la extracción de recursos, y no al fomento de mercados internos que favorecieran el desarrollo del continente (Davidson: 1996, p. 109). Asimismo, se rompieron los lazos comerciales tradicionales, y debido a la competencia local entre potencias europeas, se instauraron sistemas económicos autárquicos, lo que generó cierta animadversión hacia la idea del libre comercio entre las élites locales. Otra consecuencia fue la explotación laboral del hombre africano, lo que generó de forma paralela, una marginación económica de la mujer, factor que se vino a sumar a su marginación política. Y en general, la fusión de estos elementos generó una tradición de dirigismo económico estatal, que se manifestó a través de la promoción del trabajo forzado, y que sólo ayudó a consolidar el legado de autoritarismo como la mayor expresión del carácter político y económico de los Estados africanos.

El modelo colonialista perduró por casi tres cuartos de siglo, impregnando a la geopolítica africana de los elementos antes identificados. No obstante, el final de la Segunda Guerra Mundial y el agotamiento imperial de Francia y Gran Bretaña desencadenó un proceso de descolonización que terminaría de perfilar la dinámica geopolítica del continente. Paralelo a este proceso, emergió un nacionalismo panafricano que demandaba la autodeterminación nacional y la terminación del régimen colonial (Schraeder: 2004, p.81). No

obstante, este nacionalismo se distingue porque carecía de una unidad nacional como eje del sentimiento colectivo.

El proceso descolonizador se produjo en cuatro oleadas, cuyo trasfondo se explica en base a la dinámica geopolítica del continente y las relaciones geoestratégicas mundiales. En primer lugar, durante los 50’s los países árabes del norte de África declararon su independencia. Luego, en los 60’s, el desgaste imperial de Gran Bretaña y de Francia llevó a que sus colonias en el África central, junto con la colonia belga del Congo, obtuvieran su autonomía. Las últimas dos oleadas se produjeron en contra de Portugal y Sudáfrica, los dos países más intransigentes en cuanto a la descolonización. No obstante, este proceso fue más una consecuencia de cambios internos en los regímenes colonizadores, que de los procesos geopolíticos globales. En los 70’s, las colonias portuguesas declararon su emancipación como corolario al golpe de Estado contra Antonio Olivera Salazar en Lisboa; y en los 80’s, se produjo el agotamiento y caída del Apartheid, sistema a través del cual una minoría blanca se había aferrado al poder en el sur del continente.

Sin embargo, este proceso tuvo una serie de complejidades subyacentes que complicaron el carácter de la geopolítica local.

Por un lado, el nacionalismo se manifestó a través del movimiento del pan-africanismo, en el cual algunos filósofos locales promovieron el hermanamiento de los africanos para expulsar a los invasores europeos.

Pero por otro lado, la materialización real de la oposición anticolonial provino de movimientos guerrilleros que también recibieron la influencia del socialismo marxista-leninista. La influencia socialista en el nacionalismo de Abdel Nasser y la presencia de guerrilleros cubanos en Angola y Etiopía le otorgaron un carácter ideológico al proceso descolonizador.

Asimismo, la instauración de regímenes comunistas en Etiopía y Angola bajo el auspicio de la Unión Soviética, y los esfuerzos de Estados Unidos por aislar regionalmente a estos países, ponen nuevamente en evidencia cómo el proceso descolonizador se adecuó a las condiciones dictadas por la Guerra Fría. Por ello, al momento en que la mayoría de los países africanos declaró su independencia, se produjo una fusión entre los factores históricos que habían definido las relaciones políticas locales y la dinámica legada por la misma Guerra Fría.

Los europeos aprovecharon los conflictos tribales para derrotar a los grupos locales que presentaron resistencia a la ocupación. Hacia finales de siglo, los británicos y los franceses se habían dividido la mayor parte del continente: mientras los primeros ocuparon las zonas orientales, los segundos hicieron lo mismo con las zonas occidentales. Asimismo, Portugal, Alemania, Italia y Bélgica también establecieron colonias periféricas. De ellos, destaca el caso del Congo, que se convirtió en una posesión patrimonial del Rey Leopoldo de Bélgica.

La competencia por la repartición territorial de África llevó al canciller alemán Otto von Bismarck a convocar en 1884 a la Conferencia de Berlín, con el objetivo de establecer normas internacionales para la colonización. En dicha conferencia se procedió a fraccionar el mapa africano en ‘zonas de colonización’ (Davidson: 1996, p. 94), las cuales fueron trazadas arbitrariamente sin considerar divisiones geográficas naturales o la ubicación de las tribus locales. Dicha artificialidad geográfica aún se manifiesta en el carácter rectilíneo de las fronteras africanas. La mayor consecuencia de ello fue que varios grupos étnicos quedaron divididos entre distintas zonas de ocupación y administración. El peor ejemplo de esto es el caso de la tribu somalí del ‘Cuerno de África’, la cual quedó escindida entre cuatro estados coloniales: uno británico, uno francés, uno italiano y la zona independiente de Etiopía (Schraeder: 2004, p 63).

Asimismo, la repartición colonial propició la instauración del sistema europeo de nación-Estado en el contexto africano, lo cual generó una contradicción entre un modelo político importado y las condiciones socio-económicas de la población local. La artificialidad en la construcción del sistema colonial también provocó que distintas tribus quedaran incorporadas bajo un mismo Estado o jurisdicción administrativa. En el caso particular de la colonia británica de Nigeria, ésta quedó constituida por un mosaico de más de 250 grupos étnicos. En general, esta multietnicidad intra-estatal provoó mayores niveles de conflictividad inter-tribal, dificultades administrativas y condenó a muchos países a carecer de unidad socio-política estable.

El modelo europeo de colonización también supuso la destrucción de las monarquías piramidales locales, lo que generó élites descontentas y minó las tradicionales bases sociales de poder. En cambio, el colonialismo reforzó la autoridad

patrilineal dentro de las tribus africanas, al eliminar al matriarcado como expresión de poder (Davidson: 1996, p. 102), lo cual también generó la marginación social y política de la mujer. Finalmente, la ocupación europea produjo un legado cargado de autoritarismo y violencia. Al eliminar los modelos políticos tradicionales, los europeos minaron la base tradicional del orden social, sustituyéndola por la fuerza y la violencia. Tradicionalmente, los ocupantes utilizaron tropas reclutadas entre tribus afines al régimen colonial para reprimir a las demás etnias locales. En otras latitudes, la violencia y la tortura constituyeron los mejores mecanismos para mantener el orden. En el Congo belga, las tropas del rey mutilaban a 1 de cada 100 habitantes para infundir el terror y mantener la obediencia.

Desde entonces, la mutilación ha constituido una práctica recurrente en la búsqueda del orden social en el continente africano.

En lo socioeconómico, los europeos instauraron un régimen de explotación económica, lo cual generó modelos de monocultivo y de mono-producción de recursos estratégicos. La construcción de infraestructura también se dirigió únicamente a la extracción de recursos, y no al fomento de mercados internos que favorecieran el desarrollo del continente (Davidson: 1996, p. 109). Asimismo, se rompieron los lazos comerciales tradicionales, y debido a la competencia local entre potencias europeas, se instauraron sistemas económicos autárquicos, lo que generó cierta animadversión hacia la idea del libre comercio entre las élites locales. Otra consecuencia fue la explotación laboral del hombre africano, lo que generó de forma paralela, una marginación económica de la mujer, factor que se vino a sumar a su marginación política. Y en general, la fusión de estos elementos generó una tradición de dirigismo económico estatal, que se manifestó a través de la promoción del trabajo forzado, y que sólo ayudó a consolidar el legado de autoritarismo como la mayor expresión del carácter político y económico de los Estados africanos.

El modelo colonialista perduró por casi tres cuartos de siglo, impregnando a la geopolítica africana de los elementos antes identificados. No obstante, el final de la Segunda Guerra Mundial y el agotamiento imperial de Francia y Gran Bretaña desencadenó un proceso de descolonización que terminaría de perfilar la dinámica geopolítica del continente. Paralelo a este proceso, emergió un nacionalismo panafricano que demandaba la autodeterminación nacional y la terminación del régimen colonial (Schraeder: 2004, p.81). No

obstante, este nacionalismo se distingue porque carecía de una unidad nacional como eje del sentimiento colectivo.

El proceso descolonizador se produjo en cuatro oleadas, cuyo trasfondo se explica en base a la dinámica geopolítica del continente y las relaciones geoestratégicas mundiales. En primer lugar, durante los 50’s los países árabes del norte de África declararon su independencia. Luego, en los 60’s, el desgaste imperial de Gran Bretaña y de Francia llevó a que sus colonias en el África central, junto con la colonia belga del Congo, obtuvieran su autonomía. Las últimas dos oleadas se produjeron en contra de Portugal y Sudáfrica, los dos países más intransigentes en cuanto a la descolonización. No obstante, este proceso fue más una consecuencia de cambios internos en los regímenes colonizadores, que de los procesos geopolíticos globales. En los 70’s, las colonias portuguesas declararon su emancipación como corolario al golpe de Estado contra Antonio Olivera Salazar en Lisboa; y en los 80’s, se produjo el agotamiento y caída del Apartheid, sistema a través del cual una minoría blanca se había aferrado al poder en el sur del continente.

Sin embargo, este proceso tuvo una serie de complejidades subyacentes que complicaron el carácter de la geopolítica local.

Por un lado, el nacionalismo se manifestó a través del movimiento del pan-africanismo, en el cual algunos filósofos locales promovieron el hermanamiento de los africanos para expulsar a los invasores europeos.

Pero por otro lado, la materialización real de la oposición anticolonial provino de movimientos guerrilleros que también recibieron la influencia del socialismo marxista-leninista. La influencia socialista en el nacionalismo de Abdel Nasser y la presencia de guerrilleros cubanos en Angola y Etiopía le otorgaron un carácter ideológico al proceso descolonizador.

Asimismo, la instauración de regímenes comunistas en Etiopía y Angola bajo el auspicio de la Unión Soviética, y los esfuerzos de Estados Unidos por aislar regionalmente a estos países, ponen nuevamente en evidencia cómo el proceso descolonizador se adecuó a las condiciones dictadas por la Guerra Fría. Por ello, al momento en que la mayoría de los países africanos declaró su independencia, se produjo una fusión entre los factores históricos que habían definido las relaciones políticas locales y la dinámica legada por la misma Guerra Fría.

Pero tras la independencia, la nueva tendencia local fue que muchos Estados se vieron involucrados en cruentas guerras civiles, motivadas por las luchas inter-tribales y el deseo de algunos grupos étnicos de alcanzar su propia autodeterminación a través de la creación de estados independientes.

De esta forma, se explican los movimientos secesionistas de Eritrea y las guerras civiles en Nigeria y Somalia. Otra tendencia fue la lucha entre tribus por el control de las débiles instituciones estatales, agravada por las tradicionales rivalidades étnicas y el resentimiento generado por el modelo de gobierno colonial, en el cual las potencias europeas habían favorecido a una determinada tribu para reprimir a sus respectivos rivales. Esta dinámica explica las condiciones de los conflictos en el Congo, Liberia y Rwanda.

En el caso de Rwanda, los nexos tribales inter-estatales generaron condiciones en las que otros Estados adyacentes se involucraron apoyando a una determinada etnia para expulsar del poder a otras tribus rivales.

El tradicional conflicto entre las tribus Hutu y Tutsi, aunado al resentimiento de los segundos por los privilegios coloniales de los primeros, constituía la causa de la conflictividad en el país. Una vez alcanzada la independencia, los Tutsi (con el apoyo de Uganda) y los Hutu (con apoyo de Burundi) iniciaron una lucha por el control del gobierno ruandés. Sin embargo, cuando Uganda cortó su apoyo militar a los Tutsi, sus contrapartes Hutu tuvieron luz verde para tomar el poder político e iniciar una campaña de genocidio étnico, que entre 1993 y 1995 significó la muerte de más 400,000 Tutsis, un 75% de dicha etnia (Ayitter: 1999, p. 201). De esta forma, el caso de Rwanda no sólo pone en evidencia los resabios de la tradicional conflictividad inter-étnica agravada por los modelos coloniales, sino también pone de manifiesto la intervención de terceros países como árbitros o sustentadores del balance de poder en el seno de una sociedad étnicamente dividida.

Para complicar estas tendencias continentales, el elemento religioso también constituyó una variable más de la geopolítica del conflicto. La expansión de la religión islámica desde el norte del continente hacia las regiones centrales, generó una zona de contacto entre el mundo árabe-musulmán y el África negra. Por ello, algunos conflictos inter-tribales también se impregnaron de tintes religiosos. De esta forma, tanto en Somalia como en Sudán, algunos actores de las guerras civiles respondieron a motivos religiosos, particularmente, el intento de asegurar la supremacía política de una creencia escatológica determinada. En el caso particular de Sudán, la fusión del factor étnico con el religioso ha adquirido proporciones sobresalientes. Las tribus árabes-

musulmanes del norte del país han logrado conseguir el apoyo del gobierno de Jartum para expulsar a las etnias negras no-musulmanas de la región de Darfur. Y a través de sus milicias armadas –los Janjaweed-, los árabes han ejecutado matanzas sistemáticas en contra de las tribus negras Massaleit y Zaghawa, cuyo saldo en los últimos cuatro años, ha alcanzado la cifra de más de 400,000 muertos, constituyendo de esta forma el mayor genocidio étnico-religioso de la actualidad.

Por todo lo anterior, el orden político ha estado ausente en la mayor parte del continente. La persistencia de las rivalidades inter-tribales, la proliferación de movimientos secesionistas, los conflictos religiosos y la competencia por el poder político, imposibilitaron la consolidación institucional de los Estados africanos. Por el contrario, la inestabilidad favoreció la instauración de regímenes militares autoritarios que más allá de buscar la institucionalización política, utilizaron la fuerza coercitiva del Estado para reprimir, e incluso eliminar, a sus rivales y otras fuerzas centrífugas.

Por esta razón, la política africana adquirió la característica de que buscó la concentración del poder del Estado a expensas de la sociedad civil. Sin embargo, la persistencia de las rivalidades tribales y los movimientos secesionistas, aunado con la corrupción y la mala conducción administrativa, generó una ‘crisis del Estado africano’ (Schraeder: 2004, pp.167-168). Somalia pareciera constituir el mejor ejemplo de este proceso: tras su independencia en 1959, los golpes de Estado y los levantamientos armados de grupos secesionistas, evitaron la consolidación de un régimen estable. El intento del gobierno de Somalia de integrar al pueblo somalí bajo un mismo Estado, provocó conflictos militares con Etiopía, que a su vez apoyó a facciones secesionistas del interior de Somalia. La incapacidad de los gobiernos de Mogadishu de establecer el orden social, culminó con la caída del régimen militar de Siad Barre en 1991. Desde entonces, no ha existido un gobierno permanente en el país, el cual ha quedado dividido en varias zonas feudales-tribales dirigidas por señores de la guerra y líderes religiosos musulmanes.

Por ello, Somalia es considerada hoy en día como el mayor ejemplo de una sociedad anárquica, carente de una autoridad estatal centralizada.

Por el contrario, los pocos Estados que han logrado alcanzar algún nivel de institucionalización lo han hecho a través de la expansión de los mecanismos coercitivos, compuestos tanto por las fuerzas militares como por grupos paramilitares leales a los gobiernos de turno. Esta dinámica se acopló a la tendencia paralela en la que el poder gubernamental se concentraba en la figura de un líder

unipersonal y no en instituciones. La fusión de ambos mecanismos ha generado sistemas políticos de corte militarista caracterizados por las relaciones de clientelismo y patronazgo, patrones que promueven la corrupción burocrática y la cleptocracia patrimonial. Por tales razones, los Estados africanos han sido incapaces de proveer los servicios básicos, lo que ha llevado a algunas organizaciones internacionales de ayuda humanitaria a apoyar los esfuerzas de la población civil para suplir el vacío benefactor generado por la debilidad de los Estados locales. Sin embargo, estas condiciones constituyen un caldo de cultivo para el subdesarrollo y la pobreza, así como para la intensificación de la violencia local y el conflicto.

El mayor ejemplo de un régimen cleptocrático-patrimonial, y sus efectos nocivos para una nación, es el caso de la dictadura de Robert Mugabe en Zimbabwe. Tras asumir el cargo de Primer Ministro en 1980, Mugabe ha instaurado una dictadura de casi tres décadas que le ha permitido a él y a una camarilla de allegados, enriquecerse y reprimir a las facciones opositoras, entre ellas, las poblaciones blancas descendientes de los colonizadores holandeses. Mientras el dictador se ha mantenido en el poder a través de la represión violenta, violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales, sus políticas de reforma agraria y expansión del gasto público –dirigidas a permitir el enriquecimiento de la camarilla de Mugabe- han generado una crisis económica de grandes proporciones. La hiperinflación, la decadencia en la producción agrícola y la incapacidad adquisitiva de importar alimentos, ha sumido al país en una pobreza extrema, por la cual la esperanza de vida ha disminuido de 60 años en 1990 a 37 años en el 2005. Esto ha provocado una de las peores crisis humanitarias de la actualidad, que también tiene consecuencias para la geopolítica local. Debido a la masiva migración de la población de Zimbabwe hacia Sudáfrica, el gobierno de Johannesburgo ha cerrado sus fronteras con Zimbabwe, lo cual le ha generado críticas y presiones de la comunidad africana. Peor aún, la crisis electoral del 2008 –producida por el flagrante fraude de Mugabe, el asesinato de un candidato opositor y la represión contra la oposiciónprovocó que la comunidad internacional amenazase con imponer sanciones contra Zimbabwe. Sin embargo, los nexos económicos e ideológicos de Mugabe con China y Rusia fueron suficientes para que estos países vetaran la aplicación de sanciones, aludiendo que éstas constituirían una persecución política internacional en contra del gobierno cuasi-socialista de Mugabe (Global Security: 2008). Nuevamente, la geopolítica mundial ciñó el panorama político africano.

Por otro lado, la violencia generada por la búsqueda de rentas patrimoniales se potencializa en el caso de los Estados ricos en recursos naturales. La posesión de recursos como uranio, petróleo y minas de diamantes, significa que algunos países de la región constituyen baluartes de importancia económica y geoestratégica para los mercados occidentales. Sin embargo, en un contexto de alta conflictividad política, esto sólo constituye un agravante para el caos. Por un lado, las élites gobernantes se enriquecen a través de las concesiones a empresas extranjeras para la explotación de tales recursos o por la venta directa de los mismos.

Por otro lado, las tribus rivales compiten con los gobiernos establecidos para controlar el destino y los beneficios de tales recursos, lo cual sólo genera mayores condiciones de violencia y luchas militares. Esta situación se agrava ya que algunas empresas occidentales incluso llegan a financiar la actividad bélica de determinadas tribus a cambio de concesiones y otros beneficios. De esta práctica provienen los denominados ‘diamantes de guerra’, los cuales proceden de zonas de conflicto, y son utilizados para financiar las operaciones insurgentes de grupos disidentes, la actividad de algún señor de la guerra o los esfuerzos de un gobierno establecido para repeler a las anteriores amenazas.

Esta dinámica tiene efectos geopolíticos de consideración. Por un lado, demuestra la ambivalencia de muchos países de Occidente, que mientras condenan la violencia en África y buscan promover públicamente la paz y el desarrollo local, sus empresas financian la guerra, porque “esta situación hace posible que el petróleo y los diamantes sean comprados a precios más bajos” (Ayittey: 1999, p. 78). De esta forma, la guerra en África se convierte en un negocio para muchas transnacionales de Occidente.

Sierra Leona es probablemente el caso que mejor ejemplifica esta tendencia. Durante la Guerra Civil (1991-2003), la empresa británica de joyas DeBeers financió a las tropas insurrectas del Frente Unido Revolucionario (RUF) en su lucha contra el gobierno de Joseph Momoh, ya que los rebeldes controlaban las zonas de producción de diamantes y buscaban evitar que Momoh pusiera fin al trasiego de las joyas. El conflicto, que inició como una lucha entre tribus por el control de las minas, pronto se recrudeció debido a la geopolítica local. Los nexos tribales entre el RUF y el presidente del vecino país Liberia, Charles Taylor, llevaron a que éste último apoyara a los insurrectos; mientras que la misma relación tribal empujó al gobierno de Nigeria a intervenir a favor del gobierno de Momoh. Finalmente, la presión internacional contra la empresa DeBeers logró cortar los nexos financieros de ésta con los rebeldes, lo cual la permitió al gobierno de Sierra Leona -con apoyo de fuerzas de paz de la ONU- controlar a los insurgentes y poner fin al conflicto. Pero en el proceso, los

diamantes costaron la vida de más de 100,000 personas y la mutilación de otros 50,000, que perdieron sus brazos a manos de los rebeldes y las fuerzas del gobierno (Schareder: 2004, pp. 153-157).

Así como los diamantes fueron la fuente del sangriento conflicto en Sierra Leona, el petróleo constituyó una de las causas de las sangrientas guerras civiles de Nigeria y Angola. Mientras en el primer país, la secesión de la región de Biafra significó una amenaza al control de los recursos petroleros locales que el régimen nigeriano no podía permitir; en Angola, el deseo de las empresas petroleras extranjeras de evitar la instauración de un régimen socialista auspiciado por los soviéticos, motivó una lucha entre facciones pro-occidentales y facciones comunistas que competían por el control de los recursos energéticos. En ambos casos, la lucha por el petróleo generó más de 200,000 muertos siempre con el visto bueno de los intereses de los países consumidores de tales recursos.

Por tal razón, pareciera que el vector económico de la geopolítica africana es una aplicación sangrienta de la Teoría de la Dependencia. Más allá de generar subdesarrollo, la inestabilidad política de África aunado a las condiciones de las relaciones económico-comerciales con las potencias mundiales, sólo ha venido a favorecer el desarrollo de un clima de competencia sangrienta por los recursos del continente. En ella, las tribus locales luchan entre sí por el control de los recursos, masacrando a los grupos opositores que amenazan su monopolio sobre la riqueza.

George Ayittey (1999, p. 184), autor de Africa in Chaos, ha expresado sutilmente la dinámica económica de la región: “Throughout the history of Africa, whenever a substance of value is found, the local population suffer misery and die in great numbers. This was true of ivory, rubber, gold and oil. It is now true of diamonds.” Lo peor del caso, es que tales masacres se producen con el beneplácito, o incluso el financiamiento, de los intereses económicos occidentales.

De la idea anterior se desprende un paradigma que ha sido identificado a lo largo del presente análisis: gran parte de las condiciones geopolíticas propias del continente africano se deben a la influencia de Occidente sobre la región. Occidente fue el culpable de establecer Estados artificiales y de agravar milenarios conflictos étnicos. Su decadencia imperial le llevó a abandonar a los países africanos a su propia suerte. Y ahora, los intereses económicos occidentales son en gran medida responsables por guerras civiles y genocidios, que ocurren bajo las propias narices de las Naciones Unidas, organización que se ha mostrado incapaz de poner fin a más de medio siglo de violencia e inestabilidad local.

No obstante, la tradicional ambivalencia de la política internacional tiene su contraparte en los esfuerzos de organizaciones como

el Banco Mundial, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud que han gastado billones de dólares en programas dirigidos a promover el desarrollo del continente. No obstante, el caos social y político que impera en África ha llevado al fracaso rotundo de tales programas.

Paradójicamente, los fondos provistos por el Banco Mundial al gobierno Hutu de Rwanda para un “Programa de Ajuste Estructural” sirvieron para financiar uno de los peores genocidios en la historia del continente. Por todo lo anterior, la inestabilidad y el caos africano es una expresión de culpa colectiva que pesa sobre los hombros de Occidente.

Quizá es por ello que nuestro hemisferio se rehúsa a conocer la dinámica de la geopolítica africana. Ésta, como se ha demostrado, es un fiel ejemplo de la geopolítica del caos.

Actualmente, hay en progreso 14 conflictos en el continente africano, los cuales han dejado un legado de casi un millón de muertos y más de 9.5 millones de refugiados (Shah: 2008).

La mayoría de estos conflictos son guerras civiles intra-estatales producto de la tradición de luchas inter-étnicas y tribales que han caracterizado la historia de la región. Pero como también se ha puesto en evidencia, la dispersión de diferentes etnias a través de las fronteras lleva a terceros países a apoyar a distintas facciones en los conflictos civiles. En la actualidad, la guerra civil en la República del Congo cuenta con la participación directa o indirecta de cinco estados aledaños, cada uno en apoyo de una determinada facción.

Asimismo, África también es el escenario del primer gran genocidio del siglo XXI, en la región de Darfur, Sudán; motivado tanto por disputas étnico-tribales como por intereses religiosos. En otras latitudes, el conflicto civil no es más que una lucha facciosa por los recursos estratégicos, contando con apoyo financiero de corporaciones transnacionales y gobiernos occidentales, lo cual sólo manifiesta como el desarrollo económico actual no sólo ha dejado de lado al África, sino que muchas veces, éste ha sido causante de mayor inestabilidad y caos en el continente negro.

En cambio, en aquellos lugares en los que la guerra civil no está presente, las dictaduras militares y la represión de Estado sin lo están. De ello han derivado gobiernos que no sólo han estado plagados por el germen de la corrupción, sino también por los malos manejos administrativos y políticos. Asimismo, en África también prolifera lo que la Ciencia Política ha denominado “Estados fallidos”. En lo que va del siglo XXI, en 24 de los 54 países africanos se han sucedido golpes militares o insurrecciones civiles (Shah: 2008). Somalia no ha tenido un gobierno establecido desde 1991, y la República del Congo parece dirigirse por esa vía.

Por otro lado, la violencia generada por la búsqueda de rentas patrimoniales se potencializa en el caso de los Estados ricos en recursos naturales. La posesión de recursos como uranio, petróleo y minas de diamantes, significa que algunos países de la región constituyen baluartes de importancia económica y geoestratégica para los mercados occidentales. Sin embargo, en un contexto de alta conflictividad política, esto sólo constituye un agravante para el caos. Por un lado, las élites gobernantes se enriquecen a través de las concesiones a empresas extranjeras para la explotación de tales recursos o por la venta directa de los mismos.

Por otro lado, las tribus rivales compiten con los gobiernos establecidos para controlar el destino y los beneficios de tales recursos, lo cual sólo genera mayores condiciones de violencia y luchas militares. Esta situación se agrava ya que algunas empresas occidentales incluso llegan a financiar la actividad bélica de determinadas tribus a cambio de concesiones y otros beneficios. De esta práctica provienen los denominados ‘diamantes de guerra’, los cuales proceden de zonas de conflicto, y son utilizados para financiar las operaciones insurgentes de grupos disidentes, la actividad de algún señor de la guerra o los esfuerzos de un gobierno establecido para repeler a las anteriores amenazas.

Esta dinámica tiene efectos geopolíticos de consideración. Por un lado, demuestra la ambivalencia de muchos países de Occidente, que mientras condenan la violencia en África y buscan promover públicamente la paz y el desarrollo local, sus empresas financian la guerra, porque “esta situación hace posible que el petróleo y los diamantes sean comprados a precios más bajos” (Ayittey: 1999, p. 78). De esta forma, la guerra en África se convierte en un negocio para muchas transnacionales de Occidente.

Sierra Leona es probablemente el caso que mejor ejemplifica esta tendencia. Durante la Guerra Civil (1991-2003), la empresa británica de joyas DeBeers financió a las tropas insurrectas del Frente Unido Revolucionario (RUF) en su lucha contra el gobierno de Joseph Momoh, ya que los rebeldes controlaban las zonas de producción de diamantes y buscaban evitar que Momoh pusiera fin al trasiego de las joyas. El conflicto, que inició como una lucha entre tribus por el control de las minas, pronto se recrudeció debido a la geopolítica local. Los nexos tribales entre el RUF y el presidente del vecino país Liberia, Charles Taylor, llevaron a que éste último apoyara a los insurrectos; mientras que la misma relación tribal empujó al gobierno de Nigeria a intervenir a favor del gobierno de Momoh. Finalmente, la presión internacional contra la empresa DeBeers logró cortar los nexos financieros de ésta con los rebeldes, lo cual la permitió al gobierno de Sierra Leona -con apoyo de fuerzas de paz de la ONU- controlar a los insurgentes y poner fin al conflicto. Pero en el proceso, los

diamantes costaron la vida de más de 100,000 personas y la mutilación de otros 50,000, que perdieron sus brazos a manos de los rebeldes y las fuerzas del gobierno (Schareder: 2004, pp. 153-157).

Así como los diamantes fueron la fuente del sangriento conflicto en Sierra Leona, el petróleo constituyó una de las causas de las sangrientas guerras civiles de Nigeria y Angola. Mientras en el primer país, la secesión de la región de Biafra significó una amenaza al control de los recursos petroleros locales que el régimen nigeriano no podía permitir; en Angola, el deseo de las empresas petroleras extranjeras de evitar la instauración de un régimen socialista auspiciado por los soviéticos, motivó una lucha entre facciones pro-occidentales y facciones comunistas que competían por el control de los recursos energéticos. En ambos casos, la lucha por el petróleo generó más de 200,000 muertos siempre con el visto bueno de los intereses de los países consumidores de tales recursos.

Por tal razón, pareciera que el vector económico de la geopolítica africana es una aplicación sangrienta de la Teoría de la Dependencia. Más allá de generar subdesarrollo, la inestabilidad política de África aunado a las condiciones de las relaciones económico-comerciales con las potencias mundiales, sólo ha venido a favorecer el desarrollo de un clima de competencia sangrienta por los recursos del continente. En ella, las tribus locales luchan entre sí por el control de los recursos, masacrando a los grupos opositores que amenazan su monopolio sobre la riqueza.

George Ayittey (1999, p. 184), autor de Africa in Chaos, ha expresado sutilmente la dinámica económica de la región: “Throughout the history of Africa, whenever a substance of value is found, the local population suffer misery and die in great numbers. This was true of ivory, rubber, gold and oil. It is now true of diamonds.” Lo peor del caso, es que tales masacres se producen con el beneplácito, o incluso el financiamiento, de los intereses económicos occidentales.

De la idea anterior se desprende un paradigma que ha sido identificado a lo largo del presente análisis: gran parte de las condiciones geopolíticas propias del continente africano se deben a la influencia de Occidente sobre la región. Occidente fue el culpable de establecer Estados artificiales y de agravar milenarios conflictos étnicos. Su decadencia imperial le llevó a abandonar a los países africanos a su propia suerte. Y ahora, los intereses económicos occidentales son en gran medida responsables por guerras civiles y genocidios, que ocurren bajo las propias narices de las Naciones Unidas, organización que se ha mostrado incapaz de poner fin a más de medio siglo de violencia e inestabilidad local.

No obstante, la tradicional ambivalencia de la política internacional tiene su contraparte en los esfuerzos de organizaciones como

el Banco Mundial, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud que han gastado billones de dólares en programas dirigidos a promover el desarrollo del continente. No obstante, el caos social y político que impera en África ha llevado al fracaso rotundo de tales programas.

Paradójicamente, los fondos provistos por el Banco Mundial al gobierno Hutu de Rwanda para un “Programa de Ajuste Estructural” sirvieron para financiar uno de los peores genocidios en la historia del continente. Por todo lo anterior, la inestabilidad y el caos africano es una expresión de culpa colectiva que pesa sobre los hombros de Occidente.

Quizá es por ello que nuestro hemisferio se rehúsa a conocer la dinámica de la geopolítica africana. Ésta, como se ha demostrado, es un fiel ejemplo de la geopolítica del caos.

Actualmente, hay en progreso 14 conflictos en el continente africano, los cuales han dejado un legado de casi un millón de muertos y más de 9.5 millones de refugiados (Shah: 2008).

La mayoría de estos conflictos son guerras civiles intra-estatales producto de la tradición de luchas inter-étnicas y tribales que han caracterizado la historia de la región. Pero como también se ha puesto en evidencia, la dispersión de diferentes etnias a través de las fronteras lleva a terceros países a apoyar a distintas facciones en los conflictos civiles. En la actualidad, la guerra civil en la República del Congo cuenta con la participación directa o indirecta de cinco estados aledaños, cada uno en apoyo de una determinada facción.

Asimismo, África también es el escenario del primer gran genocidio del siglo XXI, en la región de Darfur, Sudán; motivado tanto por disputas étnico-tribales como por intereses religiosos. En otras latitudes, el conflicto civil no es más que una lucha facciosa por los recursos estratégicos, contando con apoyo financiero de corporaciones transnacionales y gobiernos occidentales, lo cual sólo manifiesta como el desarrollo económico actual no sólo ha dejado de lado al África, sino que muchas veces, éste ha sido causante de mayor inestabilidad y caos en el continente negro.

En cambio, en aquellos lugares en los que la guerra civil no está presente, las dictaduras militares y la represión de Estado sin lo están. De ello han derivado gobiernos que no sólo han estado plagados por el germen de la corrupción, sino también por los malos manejos administrativos y políticos. Asimismo, en África también prolifera lo que la Ciencia Política ha denominado “Estados fallidos”. En lo que va del siglo XXI, en 24 de los 54 países africanos se han sucedido golpes militares o insurrecciones civiles (Shah: 2008). Somalia no ha tenido un gobierno establecido desde 1991, y la República del Congo parece dirigirse por esa vía.

Lo peor del caso es que esta misma geopolítica del caos limita la capacidad de los Estados africanos de responder conjuntamente a este tipo de crisis. Es por ello que en esta dinámica geopolítica existen cuatro grupos de actores que tradicionalmente intervienen para mantener el orden político. En primer lugar, están las intervenciones de las Naciones Unidas, organización que en la actualidad tiene desplegadas siete misiones de paz en el continente. Sin embargo, la experiencia indica que las misiones de la ONU han sido incapaces de mantener y fomentar la paz, convirtiéndose incluso en víctimas del conflicto, tal y como sucedió en el caso de Rwanda y en el Congo en el 2006. Por ello, un segundo grupo de actores involucrados en la geopolítica local son las organizaciones regionales. Entre ellas destaca la Unión Africana, entidad constituida en el 2001 para fomentar la unidad y cooperación de los países locales. Dicha organización ha enviado 3 misiones de paz en los últimos años a Darfur, Somalia y las Comoros. Asimismo, la Comunidad Económica de Estados del Oeste de África, apoyó el envío de fuerzas de paz a la guerra civil de Liberia. No obstante, la falta de fondos y las deficiencias logísticas han causado el fracaso de tales intervenciones.

Ante ello, algunos países extranjeros también han optado por intervenir unilateralmente, o con mandato de la ONU, en los conflictos locales. Principalmente esto sucede con las potencias europeas que envían tropas de paz a sus antiguas colonias africanas. Esto se manifestó en Sierra Leona, donde los británicos desplegaron brigadas humanitarias durante la Guerra Civil. Asimismo, en 1994 Estados Unidos lideró la operación de la ONU en Somalia. Sin embargo, el alto número de bajas sufrido por las tropas extranjeras ha generado reticencia de parte de los gobiernos occidentales a enviar tropas a la región. Esto también ha generado cierto recelo entre los líderes regionales adeptos a visiones de nacionalismo pan-africano. Es por ello que la intervención militar más efectiva ha sido la de Estados del continente que operan de forma unilateral, como sucedió con la intervención de Sudáfrica en Lesotho en 1989 y las constantes intervenciones de Etiopía en el conflicto de Somalia (Schraeder: 2004: pp. 291-292). Sin embargo, el problema con este tipo de acciones es que más allá de servir para promover la paz y la restauración del orden político, los Estados interventores toman partida apoyando a algún actor de los conflictos internos, lo que termina regionalizando las guerras civiles intraestatales. Como se ha visto, esta dinámica es producto de los nexos tribales y las rivalidades inter-étnicas transfronterizas que caracterizan la dinámica geopolítica africana.

Si bien el estudio de la geopolítica africana podría ser el objeto de tomos enteros, el presente análisis ha puesto en evidencia algunas variables generales que subyacen a

toda la ‘geopolítica del caos’ que impera en el continente. La arraigada tradición tribal y la conflictividad que se desprende de ella, aunada a los efectos del colonialismo europeo y a la construcción artificial de modelos políticos estatales, constituyen la base de la mayor parte de las guerras civiles y conflictos locales. Estos se agravan por la competencia de diferentes facciones por el control de los principales recursos estratégicos. En medio de todo eso, la inestabilidad multidimensional impera a lo largo y ancho de todo el continente, condenado al olvido y a la pobreza extrema. Occidente es el culpable de muchas de estas situaciones, y la actitud de desdén que los gobiernos de las grandes potencias muestran hacia el genocidio y las guerras africanas es sólo la expresión de la culpa colectiva que siente una civilización por haber condenado a su contraparte africano a vivir sofocado por el caos.

Referencias Ayitter, G. (1992). Africa Betrayed. New York, Estados Unidos: St. Martin’s Griffin.

Ayitter, G. (1999). Africa in chaos. New York, Estados Unidos: St. Martin’s Griffin.

Davidson, B. (1996). Africa in history: themes and outlines. New York, Estados Unidos: Simon & Schuester.

Global Security (2008). The Crisis in Zimbabwe.

[Versión electronica). Recuperado el 22 de noviembre de 2008 de http://www. globalsecurity.org/military/library/report/ crs/24678.pdf Schraeder, P. (2004). African Politics and Society, (2da ed.). Belmont, California: Thompson & Wasdworth.

Shah, A. (2008). Conflicts in Africa – Introduction. [Versión electronica].

Globalissues.org. Recuperado el 22 de noviembre de 2008 de http://www. globalissues.org/article/84/conflicts-in-africaintroduction

Relaciones en el Hemisferio Occidental Por: Javier Brolo

Política Exterior de Estados Unidos A lo largo de la historia, la política exterior estadounidense ha defendido sus intereses de manera unilateral.

Esto se ha hecho evidente a través de las distintas etapas de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica: la Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, el Intervencionismo, la Política del Buen Vecino, la Guerra Fría, el Consenso de Washington y la Guerra Contra el Terrorismo. Los países latinoamericanos han resultado afectados por estas políticas y visto sus intereses frecuentemente ignorados; por ello, rechazan a la intromisión de Estados Unidos en la región.

El actual mandatario estadounidense ha manifestado la intención de cooperar con sus contrapartes latinoamericanas.

Desde su discurso de campaña, Barack Obama declaró que la política exterior hacia Latinoamérica se regiría por un principio: “lo que es bueno para los pueblos de América es bueno para Estados Unidos”.1 En esa ocasión, también abordó con sensibilidad temas de importancia como comercio, migración, seguridad nacional, México, Cuba, Venezuela y otros. Al día de hoy, se ha visto como esa intención ha resultado en esfuerzos junto con México para combatir el narcotráfico, el levantamiento de restricciones para que los Cubano-americanos viajen y envíen remesas, y un diálogo constructivo en la Quinta Cumbre de las Américas. Latinoamérica espera que esa disposición al cambio continúe.

1 Remarks of Senator Barack Obama: Renewing U.S. Leadership in the Americas.” Organizing for America, Obama News & Speeches [Miami, FL] 23 May 2008. 27 Apr. 2009 <http://www. barackobama.com/2008/05/23/remarks_of_senator_barack_obam_68.php>.

Por el otro lado, Hillary Clinton, secretaria de estado de Estados Unidos, ha descrito los pilares básicos de la agenda diplomática reciente de su país. Estos son: “[1] Reforzar las alianzas de Estados Unidos con sus asociados democráticos en Europa, Asia y el Hemisferio Occidental. [2] Cultivar asociaciones con las potencias regionales claves. [3] Establecer relaciones constructivas con China y Rusia.” 2 En el caso de Latinoamérica, casi la totalidad del continente se conforma de aliados democráticos con Brasil como su líder regional. Sin embargo, los temas latinoamericanos no figuraron dentro de las prioridades de su análisis por no representar amenazas inmediatas a su seguridad o economía.

La nueva administración estadounidense deberá distribuir sus esfuerzos por todo el mundo. Para resguardar su seguridad, se enfocará en Irak, Afganistán, Pakistán, Irán, Corea del Norte, Rusia, Israel y Palestina.

Además, para recuperar su crecimiento económico deberá abordar la crisis financiera, las necesidades energéticas, el cambio climático, y a países como China, Japón, Corea del Sur, India y la Unión Europea. También, en la arena doméstica enfrenta una crisis inmobiliaria y problemas de desempleo, salud y educación. Entonces, Estados Unidos contara con recursos limitados por lo que su política exterior será pragmática y cautelosa.

2 Kellerhals Jr, Merle D. “Clinton analiza ante el Congreso la agenda diplomática de Estados Unidos.” America.gov 23 Apr. 2009. 27 Apr. 2009 <http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/ April/20090423115901DMsllahrelleK0.1925012. html>.

Como Entender a Latinoamérica Los países latinoamericanos han logrado grandes avances en la paz, el mejoramiento de condiciones de vida de sus habitantes y la promoción de los derechos humanos y valores democráticos. En la región, el último incidente militarizado ocurrió en 1995, la tasa de crecimiento económico ha sido positiva y se celebran elecciones libres en cada país exceptuando a Cuba.

Este desarrollo y menor capacidad de influencia de Estados Unidos permiten a Latinoamérica una mayor autonomía política. Sin embargo, aún existen retos debido a instituciones débiles y violencia. Además, la reciente crisis económica mundial y su interdependencia con los mercados estadounidenses puede causar retroceso en logros ya alcanzados. Para enfrentar estos retos, Latinoamérica buscará cooperación por parte de Estados Unidos.

Expertos como Augusto Varas1, Michael Shifter2 y Jorge Castañeda3 afirman que una política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica debe reconocer la interdependencia económica y entender los cambios del hemisferio. Para esto, se debe dar un nuevo significado a los conceptos de democracia, libre mercado y seguridad nacional. Adicionalmente, se debe actuar con respeto a las normas internacionales.

Primero, la democracia no puede limitarse al ámbito electoral. A pesar que se realizan elecciones periódicas y libres en la gran mayoría de países latinoamericanos, estas no ha resultado necesariamente en mayores libertades y mejores condiciones de vida. Por esto, algunos líderes cuestionan si la democracia es suficiente para enfrentar sus necesidades. En particular, critican la tendencia que utiliza el sistema electoral democrático para llegar al poder y luego realiza cambios constitucionales para mantenerse en el poder. Tal es el caso de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros que consiguen financiamiento al nacionalizar recursos y reciben apoyo de las clases marginadas a quienes asisten.

Por esto, el avance de la democracia debe ir acompañado del fortalecimiento de instituciones civiles, rendición de cuentas, Estado de derecho y participación ciudadana. Solo apoyando estas últimas consideraciones se puede evitar un ejercicio autoritario y mercantilista del poder político.

Segundo, el libre mercado no es suficiente para el desarrollo económico. Después del Consenso de Washington, los países latinoamericanos han abierto en mayor o menor medida sus mercados, especialmente por medio de tratados bilaterales y acuerdos regionales.

El tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos y el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) son algunos ejemplos.

Lamentablemente, esta apertura no ha 1 Varas, Augusto. “América Latina y los Estados Unidos: Una agenda a la deriva.” FRIDE (June 12 2008): 8. 27 Apr. 2009 <http://www.fride. org/publicacion/440/america-latina-y-los-estadosunidos-una-agenda-a-la-deriva>.

2 Shifter, Michael. “U.S.-Latin American Relations: Recommendations for the New Administration.” Inter-American Dialogue (Oct. 27 2008): 27 Apr. 2009 <http://www.thedialogue.org/page. cfm?pageID=32&pubID=1625>.

3 Castañeda, Jorge G. “Amanecer en América Latina. La oportunidad de un nuevo comienzo.” Foreign Affairs 8 .4 (27 ): 27 Apr. 2009 <http://fal.itam.mx/FAE/?p=50>.

Se debe dar un nuevo significado a los conceptos de democracia, libre mercado y seguridad nacional. reducido efectivamente la pobreza y desigualdad. El libre mercado por sí solo permite que miembros de la sociedad sean excluidos de acceso a oportunidades para su desarrollo, educación, salud y otros servicios de seguridad social. Por eso, la apertura comercial necesita incluir políticas que garanticen acceso de sus beneficios a todos.

Finalmente, la seguridad nacional ya no es una tarea que los países pueden asumir de manera aislada. Las amenazas como crimen organizado, narcotráfico y terrorismo cuentan con recursos y áreas de influencia que comúnmente sobrepasan aquellas de varios Estados. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afectan tanto a Colombia como a sus vecinos, Ecuador, Perú y Venezuela. Por ello, la seguridad debe dejar de entenderse como un problema de seguridad nacional y verse como un problema de seguridad regional. Para enfrentar efectivamente estos retos, se deben tomar medidas multilaterales.

Estados Unidos también es visto negativamente por no respetar normas internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos no permite juzgar a sus soldados en la Corte Internacional de Justicia.

Excepciones como esta deben terminar para recibir la confianza y apoyo del resto del hemisferio. La política exterior estadounidense será más efectiva en la medida que tome en cuenta los intereses y las realidades de países latinoamericanos.

Agenda entre Estados Unidos y Latinoamérica Como fue mencionado anteriormente, la agenda internacional estadounidense encuentra sus prioridades fuera del hemisferio. Tomando esto en cuenta, expertos han expresado sus recomendaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica por medio del Inter-American Dialogue4 y The Brookings Institute5 . Aunque todos los puntos se encuentran relacionados entre sí, se pueden agrupar en economía, seguridad y política

1.

Retos económicos

Los países latinoamericanos y Estados Unidos son económicamente interdependientes, por ende, la economía es el tema primordial de sus relaciones.

En la actualidad, sus principales retos son resolver la crisis económica, aumentar el intercambio comercial y garantizar su seguridad energética. Se espera que Estados Unidos restablezca su economía sin medidas proteccionistas, ratifique los acuerdos comerciales pendientes y abra su mercado a los biocombustibles de Brasil.

Atender correctamente la crisis económica es el tema de mayor importancia en la agenda hemisférica.

Por un lado, Estados Unidos es el mayor mercado de exportación para los países latinoamericanos; y por el otro, Latinoamérica es uno de los mayores consumidores de productos estadounidenses. Debido a esta interdependencia, el presidente de Brazil, Luis Ignácio Lula da Silva, afirma correctamente que lo mejor que puede hacer Estados Unidos para ayudar a Latinoamérica es restablecer su economía.6 De esta manera, se podrán recuperar inversiones, envío de remesas e ingresos por exportaciones. Una economía estadounidence débil puede significar retroseso en el crecimiento económico alcanzado por latinoamérica.

4 A SECOND CHANSE, U.S. Policy in the Americas. Connecticut: Inter-American Dialogue, March 2009. 27 Apr. 2009. 1 Jan. <http://www. thedialogue.org/uploads/2008_Sol_M__Linowitz_ Forum/A_Second_Chance,_FINAL_to_post.pdf> 5 THE FIFTH SUMMIT OF THE AMERICAS, Recomendations for Action. Washington, DC: Brookings , April 2009. 27 Apr. 2009 <http://www. brookings.edu/reports/2009/0413_summit_americas. aspx>.

Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo la recuperación importa. Primero, se debe evitar el proteccionismo ya que las exportaciones latinoamericanas se verían en dificultades sin los mercados estadounidenses. También, la demanda de crédito estadounidense generará escasez. Para que los países latinoamericanos tengan acceso al crédito que necesitan, se debe fortalecer a las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (IMF) para que brinden apoyo financiero e institucional.

Otro tema que interesa a varios países son los tratados de libre comercio. Actualmente, Estados Unidos ha concretado acuerdos para la apertura de mercados con varios países de la región como México (NAFTA), Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), Chile, y otros.

Es importante que éstos vínculos comerciales se extiendan a los países que han sido excluidos. Entonces, se espera que Estados Unidos restablezca las ventajas comerciales a Bolivia y ratifique los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá. Sin embargo, el presidente Obama expresó que no todo tratado de libre comercio es un buen tratado. De acuerdo a su criterio, los acuerdos comerciales necesitan incluir disposiciones laborales y ambientales además que los Estados parte garanticen respeto a los derechos humanos.1 Apoyar los vínculos comerciales también permite mejores relaciones políticas.

Adicionalmente, a Estados Unidos le interesa garantizar su seguridad energética. Para conseguirla, intenta disminuir su dependencia de combustibles fósiles e invertir en energías renovables; tendencia que complementa su compromiso con el medioambiente y cambio climático. Una de las mejores opciones disponibles en energía renovable son los biocombustibles provenientes de la caña de azúcar de Brasil. Sin embargo, Estados Unidos no ha abierto su mercado de biocombustibles, puesto que subsidia internamente a los provenientes del maíz. Esta medida proteccionista no puede continuar.

Además, es importante para varios países latinoamericanos tomar en cuenta que el uso de biocombustibles

no incremente el precio de alimentos.

Lo mejor que puede hacer Estados Unidos para ayudar a Latinoamérica es restablecer su economía.

2.

Amenazas a la seguridad regional

La seguridad en Latinoamérica se ve amenazada actualmente por el narcotráfico, un movimiento insurgente y el alza de la criminalidad junto a violencia urbana. Enfrentar cada uno de estos retos requiere tomar medidas de cooperación entre Estados Unidos y grupos de países latinoamericanos apoyando medidas multilaterales.

Para contener el tráfico de drogas se debe reducir la demanda y controlar su distribución. Este problema se ha abordado por medio de esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y países latinoamericanos como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Tales programas atacan tanto la producción como la distribución de narcóticos brindando entrenamiento y recursos a las autoridades colombianas y mexicanas.

Sin embargo, es fundamental que se reduzca la demanda, principalmente de cocaína, y controle el tráfico de armas puesto que esto alimenta de recursos a los narcotraficantes. También, no pueden quedar desatendidos los países centroamericanos ya que su débiles instituciones los hacen vulnerables al dominio de narcotraficantes que escapan México y Colombia.

El caso del movimiento insurgente FARC requiere de condenar su apoyo.

Aunque este no es un tema vital ya que la influencia de las FARC se encuentra focalizada, la seguridad en la región norte de Suramérica se ve amenazada por la inestabilidad política que causa. La amenaza de un conflicto convencional es muy baja; sin embargo, la movilización de recursos militares para enfrentarlos en regiones fronterizas son motivo de disputas diplomáticas y dificultan la cooperación entre Estados. Esta situación limita potenciales beneficios económicos

y políticos tanto de Estados Unidos como de países Latinoamericanos. Para resolver este conflicto, se debe apoyar el uso de medios pacíficos y democráticos y condenar el uso de violencia para avanzar intereses políticos.

El alza de criminalidad y violencia urbana necesita de apoyo multilateral a las autoridades de seguridad. Debido a que la causa principal de esta amenza, las maras y el crimen organizado, se encuentran vinculados en redes internacionales; su solución requiere una respuesta coordinada entre Estados. Para esto es necesario fortalecer instituciones regionales de seguridad como el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana (TMSDCA). También, se debe tomar en cuenta que la violencia urbana es un tema civil, competencia de autoridades civiles como la policía y tribunales de justicia. Si se utiliza equivocadamente al ejército, que es el último recurso de los Estados, se corre el riesgo que los Estados fracasen y necesiten de una intervención al perder su credibilidad y capacidad de gobernar.

1

3.

Asuntos políticos

Latinoamérica ha conseguido un alto grado de autonomía política. Esto se debe a su desarrollo y a la menor capacidad de influencia de Estados Unidos en la región. Un ejemplo de esto es cómo en el 2003, siendo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México se opuso a la invasión de Irak. También, los países latinoamericanos han diversificado sus alianzas y ahora mantienen relaciones con China, la Unión Europea e incluso Irán. Sin embargo, la proximidad geográfica e interdependencia económica entre Estados Unidos y Latinoamérica les hacen continuar siendo de mutua importancia. Algunos asuntos políticos, como la migración y la promoción de la democracia, afectan a varios países simultáneamente, mientras otros afectan a países en particular como México, Brasil, Venezuela, Cuba y Haití.

1 Eguizábal, Cristina. “La política centroamericana de Estados Unidos.” Foreign Affairs Lationoamérica 8 .4 ( ): 28 Apr. 2009 <http://fal. itam.mx/FAE/?p=55>.

3.1 La reforma La reforma migratoria es el tema migratoria y promoción que más interesa a varios países de la democracia latinoamericanos.

La migración es el tema de mayor interés para varios países latinoamericanos debido a sus implicaciones económicas.

De los más interesados en este tema podemos destacar a las islas caribeñas, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela. Por ejemplo, más del 20% de la población de El Salvador reside en Estados Unidos; y México recibe más de 25 000 millónes de dólares en remesas al año (Castañeda, 2008). Respecto a este punto se sugiere que Estados Unidos cree una reforma migratoria, comunique a su población la importancia económica de la migración, y detenga la construcción del muro en su frontera con México.

El congreso de Estados Unidos tradicionalmente considera la política migratoria un tema doméstico y no toma en cuenta sus implicaciones en las reacciones internacionales. Tanto así, que permitió construir un muro en su frontera con México; lo cual es visto muy negativamente por países latinoamericanos y entorpece sus relaciónes. Esta legislación responde a que la población estadounidense percibe a los inmigrantes como una amenaza para su economía y seguridad. Aunque suceda lo contrario, ya que la migración es necesaria para garantizar la mano de obra que la economía de Estados Unidos demanda, y la hostilidad hacia los latinos alimenta actitudes en su contra. Sin embargo, el actual incremento del desempleo, recesión económica y criminalidad profundizan la percepción negativa y harán difícil una reforma migratoria.

Los estadounidenses deben entender que vecinos estables, mercados amplios, crecimiento económico, opciones de inversión y destinos turísticos amigables en Latinoamérica necesitan una reforma migratoria. Esto porque la migración es vital para sus economías y ayuda a reducir la pobreza que les causa inestabilidad política. Una reforma migratoria adecuada debe permitir opciones legales para los trabajadores extranjeros en Estados Unidos, responder a los patrones temporales o permanentes de migración y reconocer su aporte a la economía. Pero lo más importante es que se garanticen los derechos de

los inmigrantes y se detengan acciones hostiles como construir un muro para separar a México y organizar redadas para deportar a personas honradas como si fueran criminales.

Otro tema que interesa a Washington es la promoción de la democracia y derechos humanos. Valores que comparte Latinoamérica. Recordando el nuevo entendimiento de democracia, los esfuerzos para su promoción deben enfocarse en fortalecer las instituciones civiles y así evitar tendencias autoritarias o represivas. Entonces, en vez de polarizar al hemisferio en gobiernos amigos y enemigos, debe apoyar el multilateralismo para promover la integración y enfrentar los retos regionales. Por ejemplo, fortalecer y respetar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones internacionales permite asistir y supervisar las instituciones nacionales.

3.2 Relaciones bilaterales estratégicas Debido a diferentes circunstancias, Estados Unidos necesita entablar especial relación con algunos países latinoamericanos en particular.

Primero, México es el aliado más importante de Estados Unidos en Latinoamérica. Siendo los dos miembros de NAFTA, ambos son muy importantes para las economías de cada uno. Por esto, deben buscar formas conjuntas de enfrentar las crisis económica y profundizar la apertura de sus mercados.

También, comparten el conflicto de seguridad fronterizo debido a la migración, tráfico de drogas y tráfico de armas. Con respecto a la migración, la administración estadounidense puede tomar en cuenta que la proximidad permite patrones de inmigración temporal donde solo se está en Estados Unidos por partes del año. Por el otro lado, es importante continúe la cooperación a través de la Iniciativa Mérida para enfrentar el narcotráfico y la violencia.

La importancia de Brasil radica en

sus recursos energéticos y liderazgo económico y político regional. Para Estados Unidos, los biocombustibles brasileños significan una fuente importante de energía renovable. Por el otro lado, tener fronteras pacíficas con casi todos los países de Suramérica permite influencia política. De esta manara, puede ejercer un rol mediático en conflictos regionales como sucedió en el caso de Colombia y Ecuador.

También, su capacidad y estabilidad económica le permite brindar apoyo a iniciativas multilaterales que fortalezcan las instituciones de los países en la región.

Tal es el caso de UNASUR, Petrosur y el Consejo de Seguridad Suramericano.

Estados Unidos debe apoyar el liderazgo regional de Brasil puesto que representa una alternativa distinta a Venezuela y en la cual los países latinoamericanos pueden buscar apoyo cuando las limitaciones de Estados Unidos no permiten.

Venezuela puede provocar inestabilidad.

Hugo Chávez se ha caracterizado por su posición en contra de Estados Unidos con quién rompió relaciones diplomáticas.

Por el otro lado, los vínculos que ha desarrollado fuera del hemisferio con China, Rusia e Irán hacen evidente su interés por buscar alternativas económicas, militares e ideológicas a la hegemonía estadounidense. Estas alianzas se oponen directamente a los intereses de Washington; de expandirse a otros países puede crear divisiones.

El financiamiento del petróleo ha permitido que Chávez consiguiera mantener un régimen autoritario, pero democrático. También, ha permitido que, en ausencia de Estados Unidos, Venezuela asista las necesidades energéticas, políticas y financieras de otros estados con la creación de Petrocaribe, la Alternativa Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Banco del Sur. Esta influencia se ha visto reducida últimamente debido a la baja en los precios del petróleo. Sin embargo, para evitar divisiones políticas en Latinoamérica, Estados Unidos debe considerar restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y apoyar el fortalecimiento de las instituciones civiles y democráticas de otros países.

Estados Unidos deberá definir una nueva relación el su política hacia Cuba.

Durante medio siglo, la administración estadounidense ha aislado económica y políticamente al gobierno de Fidel Castro. Lamentablemente, ésta posición no solo ha sido ineficaz en promover la democracia, sino es causa de fricción en las relaciones hemisféricas. Lo recomendado es que se Estados Unidos junto a Cuba inicien un proceso que considere a la democracia una meta y no un requerimiento previo. Es decir, deben establecerse relaciones diplomáticas y económicas con la isla antes de exigir que esta establezca un régimen democrático.

Un primer paso ya se ha dado al permitir viajes y envío de remesas ilimitado para los Cubano-americanos y la apertura al diálogo. Sin embargo, el embargo económico estadounidense en Cuba será tema de debate. Algunos países latinoamericanos exigen que Estados Unidos lo retire unilateralmente mientras la administración estadounidense considera que debe ser producto de una negociación.

Para mostrar compromiso con la región Estados Unidos debe brindar apoyo para la recuperación de estabilidad Haití. La crisis que enfrenta el gobierno haitiano amenaza con convertirlo en un Estado fallido. Esto debido a la destrucción causada por varios huracanes y el descontento social acompañado con violencia provocado por el alza en el precio de alimentos. Se espera que la administración estadounidense proporcione asistencia financiera y no deporte a inmigrantes haitianos.

La democracia debe ser una meta de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no un requerimiento previo.

Pasos en la dirección correcta Los acontecimientos recientes en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, aunque modestos, han mostrado ser pasos en la dirección correcta. A pesar de que los retos prioritarios para Estados Unidos se encuentran fuera del hemisferio, el mandatario Barack Obama han sido efectivos en mostrar una actitud respetuosa y dispuesta al diálogo.

Respecto a Cuba, se han tomado los primeros pasos para restablecer relaciones. Ahora se permiten viajes ilimitados y envío de remesas a la isla por Cubano-americanos en Estados Unidos.

Raúl castro ha manifestado que esta dispuesto a dialogar sobre “cualquier tema”. Por el momento, este proceso se verá frenado por la expectativa que Cuba tome alguna medida recíproca y la insistencia en que Estados Unidos levante el embargo unilateralmente.

La visita a México de Hillary Clinton y Barack Obama continuó su apoyo al combate al narcotráfico y la violencia.

Los representantes estadounidenses admitieron la importancia de su responsabilidad para reducir la demanda de drogas y confirmaron su apoyo económico. Sin embargo, también manifestaron su limitación para prohibir armas de asalto y no definieron cuál será su papel en Centroamérica.

El encuentro de presidentes durante la Quinta Cumbre de las Américas fue evaluado, en general, positivamente.

Durante la Cumbre se abordaron estrategias para promover seguridad humana, seguridad energética, sostenibilidad ambiental, seguridad pública, gobernabilidad democrática y seguimiento de las iniciativas; estresando la importancia de iniciativas multilaterales y la OEA. Sin embargo, el documento final, la Declaración de Compromiso de Puerto España, fue únicamente consensuado ya que los miembros del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) protestaron la exclusión de Cuba. Por el otro lado, se permitió un primer acercamiento entre homólogos para intercambiar opiniones sobre temas de interés mutuo.

Los avances para una reforma migratoria han formado parte de la discusión, aunque no se ha definido una política al respecto. Barack Obama ofreció que

el tema se abordaría este año. También, tras la visita de Secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha reafirmado el compromiso en ayuda financiera y puesto a consideración un estatus especial para inmigrantes haitianos.

En general, se puede esperar que prevalezca el diálogo y respeto en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Similar a la época de la Política del Buen Vecino, las prioridades actuales de Estados Unidos se encuentran fuera del hemisferio; también, sus recursos limitados requieren de cooperación para proteger sus intereses en Latinoamérica.

De no tomar ninguna acción concreta, los países latinoamericanos podrían buscar apoyo a sus necesidades fuera del continente. Así, podrían apartarse de los valores democráticos, sucumbir ante la violencia y redirigir sus intercambios comerciales a otros países. Sin embargo, la política exterior estadounidense sí está tomando en cuenta los intereses latinoamericanos, dejando atrás su prepotencia; y actuando de forma cautelosa y hábil, esta logrando aceptación y confianza.

Ampliación Democrática: ¿La mejor estrategia para el desarrollo de un mundo más pacífico?

Por: Hugo Asencio Aragón

Lo que se ha denominado “paz democrática,” la idea de que las democracias no parecen luchar entre si, se ha convertido en un tema importante de debate y ha llevado a una proliferación en la literatura de relaciones internacionales intentando explicar por qué las democracias no luchan entre sí y qué repercusiones podría tener la naturaleza pacífica de las democracias en temas relacionados con política exterior.

En el estudio de la propensión de las democracias de ir a la guerra, una aclaración debe hacerse en relación con la naturaleza pacífica de la paz democrática: si bien las democracias no parecen luchar entre sí, aún así lo hacen contra Estados no democráticos. De manera que los teóricos de la paz democrática en su intento por comprender dicho fenómeno deben dar una explicación que reconcilie lo siguiente: que los Estados democráticos no luchan entre sí y que van a la guerra en porcentajes similares que los Estados no democráticos (Mintz & Geva, 1993).

Explicaciones de la paz democrática tienden a centrarse en dos aspectos de la democracia: sus normas y su estructura.

Explicaciones del pacifismo democrático basadas en normas proyectan valores nacionales y modos de pensar hacia los asuntos exteriores. Por lo tanto, si los dirigentes políticos están acostumbrados a los procedimientos no violentos de resolución de conflictos en asuntos internos, entonces es probable que estos métodos también prueben ser exitosos en la solución de disputas internacionales (Dixon, 1993). Lo anterior explica el efecto de la paz democrática porque establece una expectativa de solución pacífica por medio del consenso sólo en caso de que ambas partes compartan las normas democráticas (ibíd.). Además, los conflictos entre democracias tienen más probabilidades de ser resueltos mediante terceros, (e.g., Estados, coaliciones de Estados, organizaciones internacionales, organizaciones transnacionales o subnacionales, particulares, etc.) que los

conflictos entre Estados no democráticos (ibíd.), lo que apoya la hipótesis de que promover la difusión de la democracia en todo el mundo, sin duda conducirá a un sistema internacional más pacífico, donde los conflictos podrían resolverse por medio de terceros, en lugar de por la fuerza.

El segundo tipo de explicación del pacifismo democrático se centra más en la estructura de la democracia.

Definiciones de la democracia varían de un estudio a otro, lo que complica el estudio de la paz democrática. Pero en general, según John Owen (1997), se refieren a un Estado con influencia popular sobre el gobierno y define un Estado liberal como el que posee dos instituciones nacionales clave: la libertad de expresión y elecciones regulares competitivas de aquellos con poder para hacer la guerra. Estas dos piedras angulares de las democracias constituyen la base estructural para la explicación de la paz democrática.

Las limitantes institucionales en las democracias proveen para que se rindan cuentas y para que haya competencia, que hacen que los riesgos políticos conectados con el ir a la guerra sean mucho más grandes para los líderes democráticos (Schultz, 1999, p. 233). Las democracias generalmente no están abiertas al riesgo porque los sistemas políticos abiertos y el imperio de la ley permiten que haya disidencia, a diferencia de los Estados totalitarios que se esfuerzan por aplastarla. Debates preceden las guerras en las democracias, y la deliberación pública sobre los riesgos, ventajas, y la capacidad del Estado para hacerla hace que las democracias estén mejor preparadas en caso de ir a la guerra. Antes de que puedan tomar la decisión de iniciar la guerra, las democracias tienden a saber el nivel de apoyo público a la acción militar y la probabilidad de éxito y, a menudo, a qué costo se puede lograr dicho éxito. En caso de que un líder democrático intente iniciar una guerra no popular o llevar a cabo una guerra sin éxito, entonces

este debe correr con el riesgo de perder el poder en las próximas elecciones.

Este requisito de consenso popular se mantiene a través de la garantía estructural de frenos y contrapesos y rendición de cuentas en la mayoría de los gobiernos democráticos. Las instituciones políticas, tales como el multipartidismo, un poder judicial independiente, una constitución, etc., limitan a sus dirigentes de perseguir políticas exteriores beligerantes. Estados autocráticos, por otro lado, gobiernan por decreto. El decreto dictatorial de un líder autocrático no requiere de consenso, la búsqueda de un dictamen más amplio (incluida la disidencia) o adherirse a las garantías constitucionales. Como resultado de esto, de acuerdo con la explicación estructural, los Estados autocráticos son más propensos a iniciar y perder la guerra porque son impetuosos y recurren rápidamente a ella.

Otro enfoque para la comprensión de la explicación estructural de la paz democrática se centra en las propiedades de información de las democracias. Su estructura les permite tener instituciones que ayudan a revelar información acerca de los incentivos políticos en una crisis por medio del aumento de la transparencia en el proceso político y/o mediante la mejora de la capacidad de un gobierno para enviar señales creíbles.

Según esta lógica, la democracia facilita la resolución pacífica de conflictos mediante la superación de las asimetrías de información que pueden causar que una negociación se rompa (ibíd.).

Además, cuando los líderes democráticos hacen amenazas, estos tienen más probabilidades de llevarlas a cabo debido a los “costos de audiencia,” lo que significa que el electorado botará del cargo público al líder que haga dichas amenazas sin llevarlas a cabo. Además, las democracias suelen tener libertad de prensa que sirve para aumentar la transparencia, disminuyendo el comportamiento secreto o engañoso del gobierno y hace que las democracias estén más dispuestas a negociar, especialmente con otras democracias que con Estados no democráticos que censuran la libertad de prensa (ibíd., p.

238).

Según la teoría de la paz democrática, no sólo los líderes democráticos saben que serán castigados electoralmente si se atreven a librar guerras no populares, sino que también encuentran que no existen ganancias políticas por el uso de la fuerza contra otras democracias.

Dado que el lanzamiento de un ataque a otra democracia es percibido por el público como un fracaso de política exterior, los dirigentes democráticos tienen menos probabilidades de usar la fuerza contra otras democracias para desviar la atención de problemas internos tales como crisis económicas y/o aumentar su popularidad” (Mintz & Geva, 1993, p. 500). Sin embargo, esto no ocurre cuando se enfrentan contra Estados no democráticos. Este tipo de confrontación no debe considerarse como un fracaso por parte del líder democrático debido a que los Estados no democráticos (según la teoría de las normas) no se someterán a las mismas normas de negociación como lo hacen las democracias. Así pues, la idea de que los “incentivos” deben estar presentes para que los dirigentes estén dispuestos a enviar sus tropas a la guerra explica las dos condiciones anteriormente mencionadas: que las democracias no luchan entre sí (porque no tiene ningún beneficio político), pero que están dispuestas a luchar contra Estados no democráticos (porque el uso de la fuerza frente a regimenes que son intrínsecamente “malos” se considera “legítimo”) (ibíd., p. 501).

Cuando una democracia decide ir a la guerra, es más probable que tenga éxito que un Estado no democrático.

Una de las razones para esto es que las democracias “son percibidas como intrínsecamente más eficaces en hacer la guerra que las no democracias [...] principalmente porque es más fácil para estas ganar el apoyo popular para la guerra” (Reiter & Stam, 1998b, p.

377). La ventaja que las democracias tienen sobre los estados autoritarios para hacer la guerra no parece ser atribuible a las afirmaciones de que la democracia causa prosperidad o a que estas forman abrumadoras coaliciones; sólo ha ocurrido cuatro veces en los años comúnmente dedicados al estudio de la paz democrática, 1816-1982. Parece más probable que las democracias hacen la guerra con tanto

éxito, ya que gozan de amplio apoyo de sus circunscritos en caso de que sí lo hagan, lo que facilita que los gobiernos democráticos obtengan contribuciones para la guerra (ibíd., p. 378). Las democracias también tienden a tener un mejor liderazgo y soldados que luchan mejor y con más iniciativa que sus opositores no democráticos. Esta ventaja se debe probablemente al hecho de que las democracias tienen más probabilidades de ganar la confianza y la lealtad de sus circunscritos a través de los sistemas de frenos y contrapesos y la rendición de cuentas presentes en ellas (Reiter & Stam, 1998a., p. 262).

Otra explicación de por qué las democracias tienen más posibilidades de ganar las guerras se denomina “explicación de los efectos de selección,” que sostiene que las democracias tienen más probabilidades de ganar una guerra porque son más cuidadosas que los estados no democráticos en cuanto a la decisión de iniciarla (Reiter & Stam, 1998b., p. 378). Esta explicación se caracteriza por dos puntos, uno que es el reflejo de la explicación estructural de la paz democrática, y otro que hace énfasis en las propiedades de información de las democracias. Las instituciones electorales democráticas permiten que un público disgustado a raíz de una derrota militar desbanque un gobierno y lo reemplace por medio de elecciones competitivas. Este aspecto estructural de las democracias sirve para evitar que los liderazgos democráticos inicien guerras cuando no están relativamente seguros de la victoria (ibíd.). Debido a que la supervivencia política de los líderes democráticos depende de sus políticas (Bueno de Mesquita, Morrow, Siverson & Smith, 1999, p. 791), es mas probable que estos pongan más empeño en ganar la guerra que los lideres no democráticos que mantienen su posición sea cual sea el resultado del conflicto. Esta lógica explica tanto el por qué las democracias tienden a ganar las guerras contra Estados no democráticos (debido a que los líderes democráticos están más dispuestos a invertir en las guerras para asegurar la victoria) y por qué las democracias no combaten entre si (debido a que cualquier batalla entre si sería larga y dolorosa porque ambas tienen la supervivencia de su régimen

en juego) (ibíd.).

Si las democracias, en efecto, conducen a la paz y tienen más probabilidades de ganar las guerras, lógicamente se esperaría que la política exterior de las mismas se enfoque en trabajar por la democratización en todo el mundo a fin de crear un sistema internacional más pacífico. En su discurso del Estado de la Unión en 1994, Bill Clinton dijo lo siguiente: “la mejor estrategia para garantizar nuestra seguridad y para construir una paz duradera es apoyar el avance de la democracia en otras partes.

Las democracias no se atacan unas a otras.” George W. Bush se mantuvo en la misma línea que su predecesor en favor de la búsqueda de la ampliación democrática, de conformidad con la teoría de la paz democrática (Schwartz & Skinner, 2002, p. 159). Sin embargo, antes de aceptar la ampliación democrática como la solución a los conflictos internacionales, es preciso abordar algunas criticas de la teoría de la paz democrática.

En 1995, Henry Farber y Joann Gowa constataron que la relación entre la democracia y la guerra no existe antes de 1914 y que el efecto de la paz democrática no es para nada estadísticamente significativo antes de 1945. Como resultado de ello, concluyen que la proliferación de democracias en todo el mundo probablemente no tendrá un fuerte efecto en los intereses de seguridad nacional de los EE.UU. Argumentan que sería más beneficioso para los EE.UU. fomentar el desarrollo de intereses comunes con otras naciones, lo cual creen seria casi tan probable de producir el efecto de paz como el tipo de gobierno (p. 428).

Thomas Schwartz y Kiron K. Skinner (2002) también abordan el tema de la validez de la teoría de la paz democrática en un nivel aún más fundamental que comienza con la confusión en torno al término mismo de democracia: La explicación se basa en una antigua tendencia [estadounidense] de deslizarse abruptamente entre dos usos de la palabra “democracia”: como una descripción objetiva de los regímenes, y como término de elogio --una etiqueta para distinguir amigo de enemigo.

Porque una democracia (termino de elogio) no puede hacer mal --o al menos así parece correr el pensamiento-- al menos una de las partes en conflicto no puede ser una democracia (descripción de régimen). Ahí reside la fuente de gran potencial de daño en materia de política exterior (p. 159).

Proponen que una democracia debe cumplir con seis criterios: “amplio sufragio adulto (idealmente igual y universal), elecciones competitivas, libertades civiles, imperio de la ley, igualdad ante la ley y una justa medida de elección popular o control legislativo del Ejecutivo” (ibíd.). Sin embargo, la cruz de su argumento es que la barra de la democracia --lo que se necesita para que un Estado se considere democrático-- casi siempre se manipula en los estudios de la paz democrática.

Schwartz y Skinner proponen la estructura bipolar del sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial como una alternativa para la explicación de la relativamente pacífica segunda mitad del siglo XX. Argumentan que las naciones se cansaron de la guerra y que jamás se desarrolló ninguna razón poderosa para la misma, y que la ausencia de conflicto después de 1945 es evidente para todos los países del mundo, no sólo para las democracias. Por lo tanto llegan a la conclusión que: Aunque no confirmado por la evidencia empírica, el pacifismo democrático tampoco es desconfirmado. No puede ser: porque la democracia perfecta es inviable, siempre se puede presentar evidencia contraria al argumento al elevar la barra de la democracia.

Concluyendo que la teoría podría ser cierta, el pacifista democrático podría

tratar de defenderla con argumentos teóricos. Sin embargo, los que hemos visto se basan en premisas dudosas. (ibíd.).

Hasta que pruebas más concluyentes se presenten y las inquietudes planteadas aquí sean refutadas, parece que la ampliación democrática como una política exterior puede ser fructífera, pero posiblemente no es la solución que los proponentes de la paz democrática esperarían. Por lo tanto, antes de que la ampliación democrática pueda ser aceptada como la mejor y principal estrategia para el desarrollo de un sistema internacional más pacífico, más debate es necesario para aclarar los criterios de lo que significa ser una democracia. Definiciones de la democracia no están lo suficientemente claras como para continuar la discusión sobre los antecedentes históricos basados en estudios empíricos que utilizan una amplia gama de variables en los estudios del fenómeno de la paz democrática. A fin de que la teoría de la paz democrática sea estudiada de manera más eficaz y, posiblemente, se aplique como política exterior en la forma de ampliación democrática, el debate académico debe continuar para examinar lo que significa ser una democracia en el contexto histórico y actual.

Bibliografía

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Mintz, Alex, and Nehemia Geva. (1993).

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Schultz, Kenneth A. (1999). Do democratic institutions constrain or inform? Contrasting two institutional perspectives on democracy and war.

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Schwartz, Thomas, and Kiron K. Skinner.

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Thompson, William R., and Richard Tucker. (1997). A tale of two democratic peace critiques. Journal of Conflict Resolution 41, 428-454.

A LA DEMOCRACIA VAMOS A SALVAR, AUNQUE TENGAMOS QUE MATARLA. Por: Rodrigo Fernández

El ruido de los sables.

Aunque los acontecimientos recientes ocurridos en Honduras han sido condenados casi unánimemente por todos los países latinoamericanos, y muchos de ellos son ciertamente censurables, parece que los sentimientos de rechazo son inspirados más por fantasmas del pasado que por un análisis frío y detenido de los acontecimientos actuales.

El mejor ejemplo lo pueden dar dos expertos entrevistados la tarde del domingo 28 de los corrientes en la cadena de noticias CNN en español. Uno pertenecía al Centro Carter y otro a la Universidad George Washington. Llama la atención que ambos condenaron tajantemente los hechos sin tan siquiera detenerse a considerar la cadena de acontecimientos previos a la madrugada del domingo. Ninguno de ellos consideró en su análisis, el texto constitucional de la república hondureña, ni las declaraciones del propio presidente Zelaya, quien parecía menospreciar que un “simple juez” le hubiera declarado inconstitucional la consulta que pretendía realizar el domingo.

Ambos analistas, casados ya con la idea que la extrema derecha estaba interfiriendo en la vida democrática del país centroamericano se limitaron a manifestar, en cien formas y en mil distintas palabras que se debía defender a toda costa la “democracia”. Estos fanáticos de la democracia, omitieron mencionar o no lo sabían, que el ejército hondureño recibió una orden de la Corte Suprema de Justicia de su país de arrestar al presidente Manuel Zelaya por haber desobedecido un fallo judicial que declaraba inconstitucional una “encuesta” promovida por su soberana majestad y que pretendía llevarla a cabo, contra viento y marea el domingo pasado a pesar de una decisión judicial adversa.

El ejército hondureño, al recibir la orden no podía negarse a ejecutarla, toda vez que el texto constitucional hondureño le impone, en su artículo 313: “Los

Tribunales de Justicia requerirán el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones… El que injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad”. Esto de acuerdo a que la Constitución hondureña dispone que las fuerzas armadas deben ser “obedientes y no beligerantes” y “Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución…” (artículo 272). Lo anterior explica por qué, al momento que el presidente Zelaya ordenó a las fuerzas armadas hondureñas repartir los insumos para realizar su encuesta, el jefe de las mismas, general Romeo Vásquez se negara a hacerlo, comunicando a Zelaya que el ejército hondureño “no acompañaría la consulta popular por ser ilegal” 1. La actitud del general fue refrendada por el Poder Judicial, que en un comunicado afirmó que la destitución del presidente se realizó “en cumplimiento de una orden judicial de las Fuerzas Armadas; como defensoras del imperio de la Constitución, han actuado en defensa del estado de Derecho…” 2.

Lo anterior reviste de importancia toda vez que Zelaya al momento de asumir el cargo, de acuerdo al texto de la Constitución vigente en Honduras desde 1982, en su artículo 322, tuvo que jurar: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, juramento que atropelló en todos los actos anteriores al momento que las fuerzas armadas lo arrestaran.

El propio Manuel Zelaya manifestó en una entrevista telefónica con Glenda Umaña, de CNN en español, desde San José, Costa Rica, “que una ley prohíbe que se hagan consultas populares que versen sobre materia 1 Fuerzas Armadas garantizaron la ley.

S/A. Diario El Heraldo (Honduras) versión electrónica , 29 de junio de 2009.

2 El Congreso hondureño destituyó a Manuel Zelaya de la Presidencia. Marcela Fernández y Hugo Navarro. Prensa Libre versión electrónica 28 de junio de 2009.

fiscal, tributaria, económica, social, etc”, lo cual en sus palabras es “ridículo”, por lo que apoyándose en otra ley, (Ley de participación ciudadana), pretendía hacer esta consulta, que “es más bien una encuesta sobre si los ciudadanos desean una cuarta urna en las elecciones de noviembre”, cuidándose, (claro está) de explicar el objetivo de esa misteriosa cuarta urna. Tanto la periodista Glenda Umaña, como Claudia Palacios después, en sendas entrevistas, le preguntaron directamente a Zelaya qué función tendría esa cuarta urna, pregunta que él, no muy hábilmente escabulló con un borbotón de quejas en contra de CNN por no ser imparcial. La periodista Glenda Umaña también preguntó a Zelaya que si la consulta pretendida era una mera encuesta por qué no había recurrido a Gallup o a otra entidad dedicada a sondeos de opinión, y por qué había tratado que con fondos estatales el ejército la llevara a cabo. El presidente contestó que todo se debía a la pobreza de su país, evadiendo en todo momento responder en qué ahorraba al país que el ejército saliera de sus cuarteles a efectuar una encuesta encargada por el presidente de la república.

En cuanto al enfrentamiento de estas dos leyes, de las que el presidente quería sacar beneficio, nuevamente la Constitución hondureña aclara el camino a tomar, en su artículo 315: “En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, el juez aplicará la primera.

Igualmente aplicará la norma legal sobre toda otra norma subalterna”, es decir, que al Poder Judicial le asiste el decidir si una norma es inconstitucional o no, y el presidente debe, como cualquier otro ciudadano, acatar la decisión judicial le parezca o no “ridícula”. Y es que dentro del marco republicano que Honduras adopta como forma de gobierno, su ley fundamental establece en su artículo 60 que “Todos los hondureños son iguales ante la ley”, declaración que no exime al Presidente de la República abstraerse del cumplimiento de una sentencia judicial.

Y es que el presidente Zelaya había venido actuando en abierto desafío al poder judicial, que constitucionalmente es uno de los tres poderes del Estado hondureño. Como se dijo anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró la pretendida consulta popular promovida por Zelaya de inconstitucional, opinión que refrendó el Congreso y que fue duramente criticado por el presidente y sus allegados creando un clima de tensión en escalada, que llegó a su máximo cuando el jueves 25 de junio el presidente y un grupo de seguidores llegaron a la sede de la fuerza aérea y tomaron las urnas y el material para la encuesta a pesar que habían sido confiscados por la fiscalía y el Tribunal Electoral1. Cuando el general Vásquez se negó a politizar a las fuerzas armadas enviándolas a toda la República a realizar una encuesta presidencial, Zelaya lo destituyó. Consecuencia del arrebato presidencial, el propio Ministro de la Defensa, amigo y principal asesor de Zelaya, Edmundo Orellana renunció también al cargo. A continuación hubo una seguidilla de renuncias: toda la junta de comandantes (Fuerza Aérea, Marina y Ejército), Luis Javier Prince, Juan Pablo Rodríguez y Miguel Angel Padget, respectivamente, lo hicieron en solidaridad con sus superiores. La Corte Suprema restituyó en el cargo a Vásquez por considerar su remoción ilegal.

Lo que se ve es que no se trata de un simple golpe de estado sino de un intento por parte de dos poderes del estado de proteger el estado de derecho violentado por el propio presidente de la república. De esa cuenta, el ejército no disolvió la Corte Suprema de Justicia ni al Congreso Nacional, como dicta la doctrina clásica del golpe de estado (véase a Curzio Malaparte, quizás su más sincero teórico), sino continúan en el ejercicio de sus funciones. Los analistas, los asesores políticos y los mandatarios latinoamericanos y europeos, harían bien en estudiar los hechos antes de pronunciarse, casi rallando la histéria, como lo hizo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, quien manifestó que los “sucesos en Honduras le recordaban los peores años de la 1 Honduran President is Ousted in Coup.

Elisabeth Malkin. International Herald Tribune, versión electrónica, 29 de junio de 2009.

historia de Latinoamérica”. A riesgo de caer en irresponsabilidades, esta presidenta que no se entera de nada, ya que Roberto Micheletti no es Videla, ni Massera, ni Viola, ni Dozo, ni Galtieri, así como ninguno de los golpistas argentinos derrocaron a Isabel Perón bajo el amparo de una orden judicial para detenerla.

Es lamentable que se compare al ejército hondureño con los golpistas argentinos o chilenos sin tener conocimiento de causa, pues de acuerdo al anterior y muy breve análisis constitucional, las fuerzas armadas hondureñas actuaron en ejercicio y en cumplimiento de las facultades que les otorga el propio texto constitucional y parece mentira que Hugo Chávez, exija que se restituya la democracia hondureña y al presidente Zelaya, “derrocado por los gorilas de la extrema derecha”, cuando él mismo encabezó y/o participó en dos intentonas golpistas en la Venezuela de los años noventa y fundó una liga antidemocrática. Sorprende también que el canciller cubano exija el retorno a la democracia en Honduras cuando sus propios ciudadanos no gozan de ella desde hace medio siglo.

El fundamentalismo antidemocrático como apología del autócrata.

En fin, que los fundamentalistas democráticos están exigiendo el retorno al poder de un presidente que violentó el estado de derecho y puso en peligro a la propia democracia que le eligió para “ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” y es que en Latinoamérica, con su convulsa historia política, la democracia es un fin en sí misma y no un medio para la búsqueda del bien común de sus sociedades. De allí que se exija el retorno al poder de un presidente que no tuvo empacho en pisotear la propia Constitución y las leyes que jurara defender cuando asumió el cargo, y de llevar al límite la institucionalidad del propio país al que el pueblo le encomendó gobernar. El fundamentalismo democrático deviene entonces en una ideología tropical peligrosa, que prescinde de cualquier otro análisis más que del número de votos. Por lo tanto, es peligroso para

la propia democracia considerar que el presidente de una república por el hecho de haber sido electo por sus ciudadanos, obtiene un mandato que le permite desobedecer las leyes que rigen a su país y a su gestión, como un Leviatán. El fundamentalismo democrático deviniene en una suerte de asesinato complaciente de la república en nombre de la democracia, y en un asesinato de la democracia en su propio nombre, que trae inevitablemente el recuerdo de unos versos de protesta en contra de Pinochet y su golpe de estado: “A Chile vamos a salvar, aunque tengamos que matarlo”. El fundamentalismo democrático termina convirtiendo el caro sueño republicano democrático en una autocracia en la que el presidente electo, sonriente, puede decir con total inmunidad “la democracia soy yo”.

Los fundamentalistas democráticos, en defensa de esa cada vez más abstracta democracia, dejan a un lado el Estado de Derecho y los principios republicanos de la separación de los poderes, de la soberanía de la ley, del ejercicio de la soberanía de los pueblos y de la igualdad ante la ley para imponer una suerte de dictadura electoral, como si Juan Calvino hubiera resucitado de entre los muertos exigiendo al pueblo hondureño aguantar al presidente Zelaya y todos sus atropellos como una forma de expiar sus pecados.

La carencia de análisis profundos, la falta de meditación de las declaraciones políticas, no sólo de los mandatarios sino de los foros internacionales, como el SICA, o la comprensión parcial de los hechos, pueden obligar a los pueblos a sufrir una suerte injusta, como en este caso se está pretendiendo imponer nuevamente al Presidente Zelaya en el poder aunque el propio Congreso Nacional, voz de la soberanía del pueblo lo destituyó y juramentó en el cargo al Presidente del Legislativo Roberto Micheletti.

Lo que no debió hacerse.

En lo que estoy de acuerdo con la opinión generalizada es que el ejército hondureño no debió desterrar en ningún momento al presidente Zelaya, sino una vez capturado debió ponerlo a disposición de las autoridades para su enjuiciamiento. Una vez capturado y con causa penal abierta por desacato, el Congreso debió destituirlo y proceder luego a nombrar a quien correspondiera según el orden constitucional de sucesión. El incomprensible destierro de Manuel Zelaya fue un error político y jurídico de tal magnitud que ése sólo hecho hace tambalear el derecho de los hondureños de salvar su democracia.

Tampoco se debió llevar, en una irresponsabilidad suprema por parte del presidente, la institucionalidad al límite, desobedeciendo sistemáticamente a los demás órganos del estado, como si el presidente estuviera investido de un supra-poder, casi en la manera de la infalibilidad papal de antaño.

Lo que no debe hacerse.

En una acción que sería acaso más dañina que avalar un golpe de estado, y hemos visto que éste no es el caso, no debe de imponerse de ninguna forma el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia, pues sentaría un precedente funesto para el resto de la región. Restablecerlo bajo el equívoco argumento que fue electo para ejercer un mandato constitucional, (a pesar de haber violado la propia Constitución y las leyes), sería premiar su osadía y darle un espaldarazo al proceso de desgaste democrático que vive América Latina desde la llegada de la mal llamada “nueva izquierda” al poder bajo la dirección de Hugo Chávez.

Debe buscarse una solución política que premie al pueblo hondureño su valentía de tomar el destino en sus manos y haber actuado, hasta donde es posible reconocerlo, dentro del marco del estado de derecho. Pero en ningún caso se debe permitir que se imponga nuevamente a un presidente irrespetuoso del juego democrático, bajo cuestionables argumentos que

apelen a la dictadura de las urnas o la dictadura de una comunidad internacional que toma decisiones sin siquiera empaparse del asunto previo a imponer su voluntad.

EL IDEALISMO DE WOODROW WILSON Por: Roberto Antonio Wagner Al final de la Guerra Fría, justo cuando el Presidente George Bush declaró en 1990 el advenimiento de un “Nuevo Orden Mundial”, se vio un renacer de una nueva visión liberal en las relaciones internacionales, un liberalismo institucional. Esta visión encontraba sus orígenes en las ideas liberales que ochenta años antes promulgó otro presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. La visión liberal de Wilson que dio lugar al nacimiento de la Liga de las Naciones parecía haber muerto luego del fracaso de la Liga y del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero sus críticos se equivocaron y esta visión sigue constituyendo hasta la fecha el mejor rival para la realpolitik que ha dominado las políticas exteriores y el debate académico de los últimos noventa años. Con este artículo pretendo dar inicio a una serie de reseñas sobre la vida y el pensamiento de aquellas personas que le han dado forma a la disciplina académica de las Relaciones Internacionales durante el siglo veinte y veintiuno.

Vida y formación Woodrow Wilson nació en 1856 en Staunton, Virginia. Su padre era un pastor de la Iglesia Presbiterana. Pocos meses después de su nacimiento, la familia Wilson se mudó a Carolina del Sur y cuando era adolescente se mudaron finalmente a Georgia. A sus diecisiete años, Wilson también se enroló a la Iglesia de Presbiterana con el objetivo de seguir los pasos de su padre. Sin embargo, un par de años después decidió irse a estudiar a lo que en ese entonces era el Colegio Superior (College) de Nueva Jersey, que hoy es la Universidad de Princeton en donde estudio historia. Luego logró su titulo como abogado en la Universidad de su natal Virginia y regresó a Atlanta, Georgia para ejercer la profesión de abogado en 1880. Después de algunos años de decepciones decidió seguir una carrera como académico y logró un trabajo como profesor auxiliar en la Universidad de John Hopkins. En esta nueva carrera como académico, Wilson tuvo mucho éxito y luego de publicar su primer libro,

Gobierno Congresista (Congressional Government), obtuvo su doctorado y luego publicó un segundo libro, El Estado (The State), con el que se dio a conocer rápidamente en los círculos académicos.

En 1890 fue contratado como Profesor en su vieja alma mater ahora ya llamada Princeton en donde fue un reconocido profesor y rector de dicha casa de estudios hasta 1910. Durante todo este período de tiempo Wilson mantuvo un estilo de vida muy apegado al su religión. Atendía a misa regularmente y leía la Biblia a diario.

De Gobernador a Presidente Su pasión por la política lo llevó competir por la silla de gobernador de Nueva Jersey que exitosamente logró en 1911.

Desde su primer día como gobernador Wilson impulsó una serie de reformas radicales en dicho estado que llamó La Nueva Libertad (The New Freedom).

Wilson transformó Nueva Jersey de un estado conservador a uno progresista impulsando una nueva reforma electoral que permitía el voto directo para elegir representantes estatales al congreso estatal; leyes anti-monopolio y una exitosa reforma educativa. Las exitosas reformas de Wilson hicieron que su popularidad subiera como espuma dentro del partido demócrata y sin haber cumplido un año de su mandato como gobernador, pasó a ser el candidato presidencial en las elecciones presidenciales de 1912 las cuales ganó y asumió la primera magistratura de los Estados Unidos ese mismo año. Wilson inició su presidencia de los Estados Unidos al igual que lo había hecho como gobernador de Nueva Jersey con un programa nacional de reformas.

Sus primeras reformas fueron en el ámbito económico y muchas de estas tenían un carácter liberal. A través del Underwood Act de 1913, las tarifas a las importaciones fueron reducidas de un 40% a un 25% y el listado de productos importados afectados bajo estas tarifas fue extendido. Reformó el sistema bancario e introdujo leyes antimonopolio a nivel nacional que prevenían la creación de monopolios en la industria nacional. Un año más tarde creó la

Comisión Federal Comercial (Federal Trade Commission) con los poderes necesarios para prevenir una “competencia económica injusta” (LaFeber 1989: 254).

La política exterior de los cercos blancos

La política exterior de Wilson presenta profundas contradicciones entre su visión y la puesta en práctica de esta.

Wilson abogaba por la importancia de los derechos humanos y rechazaba las nociones imperiales de Europa a la vez que defendía el derecho de autodeterminación de los pueblos. Consideraba que los Estados Unidos debía jugar un papel muy importante en la mediación de conflictos internacionales. Antes que la Primera Guerra mundial ocupara su atención, Wilson estaba preocupado con los acontecimientos en China, México, Centroamérica y el Caribe. Wilson consideraba que los problemas de estos países se debían a problemas internos como la pobreza, opresión y la incapacidad de sus gobiernos para proteger a sus ciudadanos (Ibid. 261). Pero al mismo tiempo no descartaba que las revoluciones sean el producto de los intereses de empresas y bancos extranjeros. Wilson consideraba que la vía para solucionar estos problemas era a través de la creación e instauración de gobiernos legítimos y que la mejor forma para lograr esto era a través de la democracia. Su gran dilema, era como hacer que los países realizaran elecciones democráticas y que se mantuviera la estabilidad política. A pesar de su concepción liberal de cooperación entre naciones, Wilson decidió hacer uso de su aparato militar para lograr los objetivos de su política exterior. Para preservar el orden en algunos países, Wilson reconoció, era necesario intervenir militarmente. Cuando dejó la Casa Blanca en 1921, Woodrow Wilson había ordenado el envío de tropas a Rusia y a media docena de países latinoamericanos convirtiéndose así en el mayor intervencionista militar en la historia de los Estados Unidos.

Wilson justificó su política exterior con la analogía sobre los cercos de las casas: Si desea mantener un cerco debe pintarlo periódicamente de blanco. No se debe pintar una vez y dejarlo estar. Se arruinaría (Ibid.

261).

Desde un principio, Wilson no deseaba participar en la Primera Guerra Mundial.

Declaró que los Estados Unidos se iban a mantener neutrales e imparciales debido a que no tenían interés en involucrarse en una guerra que él consideraba iba a resultar en rivalidades imperiales y carreras armamentistas entre estados con incipientes democracias constitucionales (Burchill 1996: 41). Sus consejeros le pintaron dos peligrosos escenarios a Wilson. El primero es sobre la posibilidad que la guerra la ganarán los alemanes y su militarismo amenazaría el comercio de los Estados Unidos con otros países europeos como el Reino Unido y Francia. Pero si los alemanes perdían existía la posibilidad que Europa occidental fuese controlada por Rusia. Así se generó un debate dentro de la administración de Wilson entre aquellos que deseaban intervenir en el conflicto como el asesor de mayor rango en el Departamento de Estado, Robert Lansing; y aquellos que deseaban permanecer neutrales como el propio Secretario de Estado, William Jennings Bryan. La influencia de Lansing al igual que los constantes ataques de submarinos alemanes contra embarcaciones inglesas, llevaron a Wilson a tomar la decisión de participar en la guerra. La participación de los Estados Unidos en la guerra fue de gran importancia para la derrota de Alemania y sus aliados en 1918.

La reputación de Wilson como el primer liberal institucionalista se debe a su visión macro para lograr una paz duradera en Europa y crear la Liga de Naciones, una organización internacional que

Versailles, y los catorce puntos.

promoverá la seguridad colectiva y prevenir que ocurra otra guerra como la que acaba de terminar. Esta visión marco se refleja en la serie de principios y propuestas que son considerados los catorce puntos (Dunne 2001: 168): 1.

Convenios abiertos y no diplomacia secreta.

2.

Libertad de mares salvo en aguas territoriales en caso de guerra.

3.

Desaparición, en la medida de lo posible, de las barreras económicas.

4.

Garantías para la reducción de los armamentos nacionales.

5.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos.

6.

Evacuación de todo territorio ruso permitiendo el desarrollo de Rusia.

7.

Plena restauración de Bélgica en su completa y plena soberanía.

8.

Liberación de todo territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871.

9.

Reajuste de las fronteras italianas sobre líneas claras de nacionalidad.

10.

Autonomía para los pueblos dentro del territorio austro-húngaro.

11.

Evacuación de tropas de los Balcanes e independencia para su gente.

12.

Independencia para Turquía y otras naciones ocupadas bajo el Imperio Otomano.

13.

Independencia para Polonia.

14.

La creación de una sociedad general de naciones bajo convenios específicos con el objetivo de proporcionar garantías mutuas de independencia política e integridad territorial tanto para grandes como para pequeños estados.

Estos puntos reflejan claramente una influencia del filósofo alemán del siglo dieciocho, Immanuel Kant, particularmente de su ensayo, Sobre la Paz Perpetua de donde se desprenden seis artículos preliminares para la paz perpetua (1795): 1.

No será válido ningún tratado de paz secreto con clausulas de una posible guerra en el futuro.

2.

Ningún estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación.

3.

Los ejércitos deben desaparecer eventualmente.

4.

No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior.

5.

Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro.

6.

Ningún estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura” Es clara la línea que se puede trazar entre las propuestas de Kant y de Wilson. Pero debemos preguntarnos ¿por qué fracasó la Liga de Naciones?

El fracaso de la Liga de las Naciones Existen varias razones por las cuales fracasó la Liga de Naciones pero nos enfocaremos en tres. El primer problema se dio debido a la ambigüedad existente en aquel entonces sobre el concepto de seguridad colectiva. Este concepto presupone un sistema internacional en donde los estados están de acuerdo con el status quo de la distribución del control territorial o geopolítico (Buzan, et al.

1997: 102). De acuerdo a este principio, los estados no deberían usar la fuerza contra otros, sino que se ven obligados a usar la fuerza colectivamente si un estado “agrede”1 a otro (Ibid. 103). El problema se presenta cuando los estados interpretan dicho concepto como el tener que ir a la guerra en defensa de otro estado, comprometiendo su seguridad nacional.

Esta situación se dio una vez terminada la Primera Guerra. Debido al elevado costo humano que significó la guerra, los estados apoyaron esta iniciativa pero al cabo de diez a quince años cambiaron de parecer.

Segundo, la Liga resultó ser inadecuada para mantener la seguridad en Europa, en parte debido a que fue utilizada para aplicar según Beitz (1999: 94) una paz punitiva sobre Alemania tratando a esta como la única responsable de la guerra y cultivando una insatisfacción entre los alemanes sobre los términos de redistribución territorial que se los aliados estaban imponiendo, en particular Francia.

Wilson logró prevenir la repartición territorial de Alemania pero no pudo hacer nada en cuanto a la cesión de ciertos territorios, el pago de reparaciones económicas como la mencionada en el punto ocho de los catorce puntos y la entrega de armamento de los alemanes a los aliados. En la práctica se puede decir que el punto cuatro fue aplicado de forma selectiva puesto que solo los perdedores de la guerra entregaron su armamento.

1 El concepto de agresión varía y este puede ser enmarcado dentro del concepto clásico de casus belli sobre quien ataca primero a quien antes de 1892, el de casus belli como quien moviliza tropas militares primero después de 1892, las agresiones “indirectas” durante la Guerra Fría, hasta los conceptos presentes de la guerra preventiva según la doctrina Bush.

La tercera razón y probablemente la de mayor peso fue la no participación de los Estados Unidos en la Liga de Naciones. Wilson presentó sus catorce puntos ante el Congreso de los Estados Unidos en enero de 1918 y después para asegurarse que estos fuesen implementados correctamente se dirigió a Francia a la conferencia en Versalles pero excluyó a los miembros del Senado de los Estados Unidos y a los congresistas Republicanos. Luego de permanecer varios meses en Europa, Wilson regresó a los Estados Unidos para enterarse que tanto el Congreso como el Senado no estaban dispuestos a apoyar su plan. Wilson estaba consciente que sin la participación de los Estados Unidos, la Liga de Naciones no sería una organización eficiente y decidió emprender una intensa gira alrededor de los Estados Unidos para convencer a la opinión pública de la importancia que la misma. El apoyo al partido Republicano, sin embargo, era muy fuerte. Ya en 1918 habían asegurado una mayoría en el congreso y sus bases estatales eran muy sólidas.

Un mes antes de la votación en el Congreso para aprobar el ingreso o no de los Estados Unidos a la Liga, el presidente Wilson, debido al cansancio por la gira, sufrió un derrame mientras daba un discurso en Colorado que lo dejó paralizado del lado izquierdo. En noviembre de 1919, la iniciativa oficial para ingresar a la liga no logró los votos requeridos dejando a esta sin la participación de los Estados Unidos.

Unos meses más tarde los demócratas perdieron las elecciones de forma apabullante y el candidato Republicano Warren Harding asume el poder. Meses después, un enfermo y decepcionado Wilson recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por reconstruir Europa y crear un ambiente de paz mundial a través de la Liga de Naciones.

El fracaso de la Liga de Naciones dio lugar al primer gran debate de las Relaciones Internacionales, instauradas ya como disciplina académica desde 1919. Es en este momento en que la visión liberal de Wilson viene atacada por sus detractores llamándola idealista y utópica argumentando que el mundo “real” es muy diferente a lo que Wilson pretendía. Y así es como el realismo

político inicia su largo período al frente del diseño de la política exterior de las grandes potencias. A pesar de esto, los ideales de Wilson no han sido del todo descartados y en varias oportunidades estos nos recuerdan el sueño de Wilson de hacer del mundo un mejor lugar. ¿Valdrá la pena seguir intentándolo?

Bibliografía Beitz, Charles R. 1999 ed. Political Theory and International Relations. Princeton: University Press Burchill, S., 1996. “Liberal Internationalism” en S. Burchill y A. Linklater eds. Theories of International Relations. New York: St. Martin´s Press Buzan, B. Weaver, O. de Wilde, J., 1999.

Security: A new Framework for Analysis.

Boulder, Colorado: Lynne Riener.

Dunne, Tim. 2001 “Liberalism” en J. Bayliss y S. Smith The Globalization of World Politics. Oxford: University Press Kant, Immanuel. 1795 “Perpetual Peace” en H.S. Reiss. 2001 Kant: Political Writings. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge: University Press LaFeber, Walter. 1989. The American Age. New York: Norton

UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS Por: Edwin Palenque

El Presidente Barack Obama al tomar el mando de la nación el 20 de enero heredó un país, que pese a sus problemas es todavía la mayor potencia mundial y debe recuperar el liderato que el mundo entero espera de ella. Sin duda el principal reto que tiene el presidente Obama es la recuperación económica y la estabilidad financiera del país que encara una recesion similar a la que sacudió en la década de los años 30. Al mismo tiempo estará encara una situación internacional como la que ningún presidente de los EEUU ha encarado desde la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad la presidencia de los EEUU tiene una importancia que va mucho más allá de las fronteras del país, ya que las decisiones tomadas en Washington afectan la vida de muchas naciones en el mundo. Ahora bien esperar que todos los problemas que el señor Barack enfrenta sean resueltos en unos pocos meses o aun años está sin duda fuera de la realidad, sin embargo lo que si se puede esperar es que asuma una postura amplia y de un decidido liderato, que le ayude a rescatar prestigio y confianza no solo para la figura del presidente, sino para toda la nación.

reconoce la urgente necesidad de reformular la definición de sus intereses y diseñar nuevas estrategias que le den la oportunidad de llenar los vacíos que resultaron del descuido de años de la anterior administración norteamericana.

Sin duda América Latina espera el liderato de los EEUU, siempre y cuando éste sea fundado en un plano de respeto e igualdad y así mismo espera que las políticas exteriores para esta región sean mucho más amplias que simplemente un enfoque de tratados de libre comercio, que puedan o no ser ventajosos para algunas naciones.

El señor Obama está comprometido con una reformulación de las políticas de la nación en prácticamente todos los aspectos internos así como externos.

Para empezar en el campo internacional tendrá que reconstruir las relaciones amigables y productivas con sus aliados y amigos especialmente en Europa, al tiempo que se esfuerza por revitalizar la tambaleante economía, poner en orden un presupuesto nacional que tiene un gran déficit fiscal; reducir la dependencia del país del petróleo importado; revisar las posiciones del gobierno en cuanto al calentamiento global se refiere (Kyoto etc.); buscar un remedio a la creciente proliferación de armas nucleares; mejorar los mecanismos de defensa contra el terrorismo, especialmente en Pakistán, y lo que es peor conducir dos guerras simultaneas.

La seguridad nacional, que es la principal preocupación de cualquier gobierno es mas que un conjunto de asesores o fortalecimiento del sector militar, los EEUU tienen que articular una serie de políticas coherentes, que basadas en su interés nacional, sus valores y una evaluación real de sus capacidades, definan la posición de la nación en el conjunto mundial, sin descartar o disminuir ninguna región. El tiempo de definir políticas internacionales con una visión unilateralista como las del pasado “política del dólar o de contención” ya no es posible por lo complejo del mundo actual, con la gran cantidad y variedad de actores internacionales es fundamental una posición multilateralista, que pueda restaurar el respeto por los EEUU y sobre todo la cooperación internacional.

Por cierto en esta área se deberán tener en cuenta algunas de los puntos mas graves del liderato moral y político de los EEUU, la clausura de la prisión de Guantánamo que ya se anunció era imprescindible, así como una declaración firme de políticas que garanticen la no intervención en los asuntos internos de las naciones, una revisión de los procedimientos en la ayuda del combate al narcotráfico, para potenciar las capacidades locales de los países donde esta ayuda es extendida. Así mismo es importante una indisputable reafirmación del compromiso del nuevo gobierno con el respeto a los derechos humanos en todas las áreas.

Para poder avanzar en estas demandas lo primero que el nuevo presidente esta intentando hacer es ganar control de una amplia burocracia que generalmente es reacia al cambio, y ponerla a tono con sus aspiraciones de gobierno. El segundo paso de gran importancia es reconciliar las disposiciones del poder ejecutivo con el legislativo, que después de ocho años de discordia, gracias a la intransigencia del presidente Bush, están realmente tensas.

Luego y de gran prioridad, es mantener el apoyo de parte de sus seguidores quienes lo llevaron al poder, pero además atraer el sostén de sectores adicionales tales como, el académico, el industrial, las ONGs etc.

Algunas de las prioridades estratégicas que la nueva administración se apresta a tomar en cuenta están ubicadas al rededor del área donde el anterior gobierno acrecentó la tensión con la invasión a Irak, eso incluye: Turquía, Irán, Pakistán y por cierto Irak y Afganistán.

Sin duda en esta área otro tema muy complejo es el caso de Israel donde el nuevo gobierno tendrá que revisar algunas de sus estrategias para tratar de equilibrar sus intereses entre los compromisos que tienen con Israel y los que debe mantener con los países árabes. En cuanto a América Latina se refiere, de acuerdo a las explicaciones de la Secretaria de Estado Clinton,

Finalmente, como consecuencia de haberse hecho un gran daño a la moral y al prestigio de la nación al hacerse público el hecho de la aplicación de torturas en las prisiones establecidas por el ejercito norteamericano, como la de Abu Ghraib en Irak y Guantánamo en Cuba, al igual que los excesos de la CIA en varios otros países como los vuelos no autorizados para transportar prisioneros a cárceles secretas etc. el nuevo presidente Barack Obama debe emitir “directivas presidenciales” públicas que muestren inequívocamente que tales prácticas no son aceptables y que no volverán a suceder.

Retos de los jóvenes universitarios

¿Qué es lo que diferencia a los universitarios de antes con los de ahora? Los primeros universitarios fueron alumnos activos, ansiosos por la investigación y enamorados de las humanidades. Estos fueron sustituidos posteriormente por los universitarios modernos, poco interesados en la investigación, huir de los problemas por no intentar resolverlos y no tener el más mínimo interés en las humanidades.

El relativismo ha reemplazado al activismo del alumno. Sin embargo, es importante no generalizar. Existen universitarios preocupados por su entorno, conscientes de la realidad social y entusiasmados por cambiar el mundo. ¿Podrían llegar a conformar las organizaciones de jóvenes una nueva teoría de desarrollo que compita con otras ideas que han tratado de erradicar la pobreza?

Antes de pensar que esto no es posible, hay que analizar en qué se basa la premisa que afirma lo contrario.

Existen una serie de organizaciones juveniles sin fines de lucro con el afán de contribuir al desarrollo de su país. Algunas organizaciones incluso han trascendido fronteras, por ejemplo: SIFE, Un Techo para mi País, Rotarios Juveniles, Jóvenes Pro Vida, Jóvenes Unidos por Centroamérica, etc. Así mismo, existen organizaciones nacionales, en el caso de

Por: Shirley Lemus

Guatemala se podría mencionar: Guate Ámala, Fomenta, Entra, y otras que pretenden ayudar al progreso del país.

La mayoría de estas organizaciones juveniles tienen intereses comunes como erradicar la pobreza y hacer una vida más digna para todos. La combinación de inteligencia, voluntad y sentimiento han sido los ingredientes activos que mueven a los jóvenes a formar parte de una o varias de estas organizaciones.

Los líderes de estas organizaciones son jóvenes que no están contaminados con resentimientos, no persiguen un protagonismo político, ni pretenden obtener ganancias económicas de su labor. Se mueven principalmente por el deseo de ayudar a los más necesitados e inyectarles a los beneficiarios de su trabajo un caluroso espíritu de alegría y entusiasmo.

Otra característica importante de este tipo de organizaciones juveniles es que la mayoría trabaja con fondos privados y bajo el cumplimiento de metas. Algunas veces organizan jornadas de trabajo en las que se proponen cumplir con sus objetivos respetando la fecha prevista y los fondos disponibles.

Por otra parte, la satisfacción que cada uno de los participantes recibe al hacer bien su trabajo los

conduce a animar a más jóvenes a involucrarse en diferentes proyectos similares. ¿Por qué se cree que este trabajo de las organizaciones de jóvenes puede llegar a convertirse en un verdadero desarrollo? Por tres razones: oportunidad, continuidad y alcance. Oportunidad, para las personas beneficiadas de los proyectos, así como para los participantes en los mismos.

Continuidad, porque los jóvenes ven a largo plazo y planifican para el futuro. Alcance, porque ya son varias las organizaciones de jóvenes que están llegando a aquellas poblaciones en donde ni el Estado ni nadie se había preocupado por llegar.

History, Theory, Diplomacy, and the Use of Force in the Study of International Relations By: Hugo Asencio Aragón

Any student of International Relations (IR) attempting to later become an authority in the field has to master both the existing theories and the history of the field. There are many academics in the field, who emphasize the importance of theories in the study and prediction of future occurrences in the international system; they do it in such a way that in many cases they even forget that policy makers do not necessarily rely solely on theories when is time to make difficult decisions. When is time to make those decisions, policy makers also rely on history as a frame of reference, so one can say that combined, theory and history, both can serve as helpful resources for the student and the practitioner of international relations. Joseph S. Nye Jr. and James A. Nathan both distinguished authorities in the field, approach its study from different schools of thought; Nye does it from the neo-liberal school, and Nathan does it from the neo-realist one.

Combined, these two authorities’ works can help those attempting to advance their understanding and practice of international relation not so much because of their similarities but because of their differences, so their works are must-read books despite one may not fully agree with their claims.

Joseph S. Nye Jr.’s Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History is an effort to provide students with the basic theoretical and historical foundations of international relations; and as he says, his book “is not a complete textbook with all the concepts or history a student will need.” Rather, his book can serve those with little or no background in the field to grasp the foundations of it. Nye argues his book is “an example of how to think about the complex and confusing domain of international politics” and that “it can be used as a supplementary text in a course as an example of one approach to the subject.”

Nye’s main thesis is that the study of international relations requires it be a constant interplay between theory and history for neither one alone is sufficient for a thorough understanding of the phenomena in the field. Throughout his book, he explains many of the existing theories and concepts in the field without necessarily favoring a particular approach and makes good use of neo-realist Kenneth Waltz’s three levels of analysis (individual, state, and international system) to explain the causes of such grand events like World War I, World War II, and the Cold War. Nye begins by briefly explaining the three different forms of world politics the world has had throughout the years (world imperial system, feudal system, and anarchic system of states). Then, he describes the realist and the liberal approaches to international politics.

Though, Nye is considered to be one of the founders of neo-liberal theory, he argues that both neo-realists and neo-liberals have discarded “much of the rich complexity of classical realist and liberal theories.” As a result, despite constructivism not being a theory of international relations, he still argues about its “useful critique … to the main theories of realism and liberalism.” Then, he briefly talks about the Peloponnesian War and explains the Security and Prisoner’s dilemmas that given the anarchic organization of the international system as neo-realists argue, make war “highly probable.” He also talks about the limits of ethics in international relations and explains what the skeptics, the state moralists and the cosmopolitans have to say about them.

Then, Nye introduces Waltz’s three levels of analysis and explains the structure and process of the international system. He also describes the unipolar, bipolar, and multipular structure that the international system could have

based on the distribution of power among states. After he has explained these basic concepts, then he provides a short background description of the 18th and 19th Century events that according to him, paved the road for the great conflicts of the 20th century. He also introduces the concept of balance of power and briefly discuses how Americans and Europeans had different perception about it during World War I. Then, Nye engages in a description of the concepts of power, soft power, hard power, and alliances which one immensely values for such endeavor helps acquire a better understanding of these concepts too often discussed in international relations.

One of the biggest strengths of Nye’s book lies in its analyses of World War I, World War II, and the Cold War. He makes very good use of Waltz’s three levels of analysis and states some of the most important causes of such events. To Nye, all three conflicts were the result of the interplay between the above mentioned causal levels. He argues that World War I at the systemic level was the result of German power and the increased rigidity of the alliances between Europeans.

Additionally, regarding the structure and process of the international system at the time, Nye argues that the structural shift to bipolarity of the international system “affected the process by which the nineteenth-century balance-ofpower system had worked” At the state level, he argues that “the internal crisis of the declining Austro-Hungarian and Ottoman empires, and the domestic political situation in Germany” were among some of the causes that led to the war. At the individual level, Nye argues that what distinguished European leadership at the time “was its mediocrity.” In the end, Nye argues that World War I was very likely to occur given the conditions at the individual, state, and systemic level that he describes. However, he is also emphatic to argue that World War I was not “inevitable” and that “human choices mattered.”

Then, Nye talks about the interwar period and the failures of the League of Nations to apply the concept of collective security both in Manchuria and in Ethiopia. To Nye, World War II was also the result of the interplay between the individual, state, and systemic causes. At the individual level, Nye argues that World War II was the result of Hitler’s personality and “his racist ideology.” At the systemic level, Nye argues there were “structural and procedural” causes to World War II. He argues that at the structural level, “World War I did not solve the German problem” and that “[t]he Versailles treaty was both too harsh and too lenient” toward Germany. He argues that Germany was a revisionist country “bound on destroying the Versailles treaty system.” At the state level, he argues that the Great Depression of the 1930’s “had powerful effects on domestic politics and class conflict.”

Also, he argues that “the U.S. policy of isolationism” was also a domestic cause that led to the war because the United States did not want to take responsibility for its then leading position in the world.

Then, Nye turns his attention to the Cold War. Here, he first devotes some pages to explain some important theoretical concepts like deterrence as well as the three main schools of opinion about it (the traditionalist, the revisionist, and the postrevisionist), and then he starts his narrative about it.

Once again, he makes very good use of Kenneth Waltz’s three levels of analysis to explain the causes of the Cold War, and although his description of the Cold War, globalization, interdependence, the information revolution, and transnational actors is not as extensive as one would expect, it proves helpful for those with little or no background about them. Finally, his description of both the Arab-Israeli conflicts and the United Nations and its roles after the World War II is of particular interest for those attempting to acquire a better understanding of them.

James A. Nathan’s Soldiers, Statecraft, and History: Coercive Diplomacy and International Order offers a different picture of international relations for as he says, “[his] work is somewhat more concerned with ‘grand strategy’ and

domestic politics than is usual in the contemporary study of international relations” Contrary to Nye’s book, Nathan’s does not talk about theories and concepts of international relations. Rather, his book is devoted to the connection between force and diplomacy, which he considers to be the essence of diplomacy and statecraft.

For this reason, he frequently quotes Carl von Clausewitz, whose insights he considers essential for understanding such connection. He argues that “limited force has enduring utility […] and that force, to be judged successful, needs to be informed by more than a narrow definition of the national purpose.” He goes straight to the point and says that “the examples in [his] book are meant to serve as a warning” because he thinks “there is a real peril in letting force separate itself from rational ends.”

Nathan’s main thesis is that “the successful management of foreign policy requires the conscious integration of force and diplomacy.” As a result, his book contains the precise narrative of historical events that help both students and practitioners of international relations to understand that “powerseeking that is unmindful of the benefits of international order” and “power used for the purpose of burnishing national ego is filled with the potential for disaster.”

Nathan begins his book by providing a precise narrative of Europe before the treaty of Westphalia. He talks about how before 1648, “religion defined politics” in Europe. As a result, he argues that “in the 100 years before Westphalia, the gulf between Catholics and Protestants contradicted civility, obstructed diplomacy, and defined the purpose of war as the extirpation of wickedness.”

Nathan argues that in such an age, it was Cardinal Richelieu’s achievement in diplomacy that “pave[d] the way for the great settlement of the Thirty Years War.” At this point, one can only thank Nathan for his concise and thorough description of the Hapsburg rivalry during this time for it clearly allows for a better understanding of the origins of Thirty Years War, which then led to what we now call the nation-state system.

Then, Nathan talks about Louis XIV, whose “single-minded search for advantage was so raw, unencumbered,

and bellicose that, even in the ethos of the times, it was unique.” Nathan argues that “French statecraft was to become Louis’ own instrument: a great narcissistic engine—fueled and sated only by war.” He also argues that despite “Louis’ own morality was grounded … on ‘reason of state,’ [it] rarely supported the interests of his countrymen.” It is from Nathan’s description of Louis XIV and his endeavors that one can really begin to understand why the balance of power became the “general principle of European society.”

Then, Nathan talks about the 18th century balance of power. Here, he argues that “contrary to conclusions of the eighteenth-century balance of power—that the origins of the breakdown of European order are not to be found merely in the cataclysm of the French Revolution, but instead can be traced to three additional factors[:] […]

(1) an absence of central authority … in the post-Utrecht (1714) international system, (2) the incapacity of universal European values to limit the appetite of some of the more established states, and (3) the rise of ambitious parvenu states, especially Prussia and, to a lesser extent, Russia.” Here, Nathan argues that “the period of a functioning balance of power was, in truth, more fragile and fleeting than it usually is portrayed.”

Nathan argues that the moderation and consensus of the 18th century balance of power system were not the result of the system’s effectiveness; rather he argues they were the result of the European exhaustion after Louis XIV, the absent domination of the passions of patriotism of international politics, “the expanded use of trade as a foreign policy instrument,” and “[t]he development of standing armies.” Nathan engages in a descriptive narrative about Frederick de Great and his endeavors after 1740, the year when he succeeded to the Prussian throne. As a result, one is able to understand why “[t]he classic diplomatic mold was shattered when Frederick and his rival, Catherine the Great of Russia, found that diplomatic courtesy was no substitute for gains dramatically nailed to a foundation of force.”

Then, Nathan devotes his time to talk about the French Revolution and Napoleon. Here, Nathan argues the French Revolution “presented a unique and fatal threat to the whole state system as it had evolved since Westphalia” since, as he clearly points out, “the revolutionaries aimed not at ‘national interests’ or a bit of disputed territory, but rather the ‘Rights of Man—a formula which could know no limits save those the framers of those rights might independently adduce.”

As a result, he also argues that “the Napoleonic Wars and the ‘Great War,’ … were the very antitheses of a rational, limited undertaking.” Here, Nathan does not provide any detailed narrative about how Napoleon “assumed dictatorial powers at the end of 1799.”

However, despite he does not say much about how Napoleon came to be in the position from which he then “offered to abdicate in the first week of 1814,” his narrative of the Revolution and its consequences is very good.

When Nathan talks about how “[p] rince Metternich tried to convince Napoleon to renounce to his claims and positions in Europe, he does a very good job too. About the Congress of Vienna, he argues that “[t]he territorial rearrangements of the Congress of Vienna were grounds of continuing discord. But interstate contention could successfully be suffused as long as the major governments of Europe shared similar outlooks.” Here, one would expect Nathan to discuss this issue in greater detail later on. However, he does not. Instead, he just concludes his book by talking about how Great Britain dealt with the rise of American power at the end of the 19th century.

In general these two books have the same goal: to educate students and practitioners about the complex world of international relations. Both authors contribute to the extensive literature in the field in their own particular way.

Nye stresses the importance of theory and history, and his constant dialogue between them proves to be of great benefit for those with little or not background in the field. His book is a good introductory text which presents students “difficult concepts in clear language with historical examples

so students will gain a practical understanding of the basic vocabulary of international politics.” He briefly talks about the Peloponnesian War, which Nathan does not. However, he does not talk much about Westphalia and the evolution of the nation-sate system as Nathan does. Also, Nye talks about Manchuria and Ethiopia, events that Nathan does not even discuss.

His employment of Kenneth Waltz’s three levels of analysis proves to be a key element in his book for it allows the reader to acquire a clear picture of the causal factors that led to World War I, World War II, and the Cold War. Nathan’s book is definitely a short historical account of international relations. In his book he includes key events which allow the reader to have a better understanding of what he considers to be the essence of statecraft—the connection between force and diplomacy for as Kissinger (1994) says, “high-sounding principles backed by neither the power nor the will to implement them” (p. 45) is not likely to work in this world where national interests definitely come before morality and good intentions. As a result, Nathan argues that statesmen need to be able to combine both “force and diplomacy” to be able to accomplish their goals and maintain stability in this world.

Nathan provides a good background about 17th, 18th, and 19th century European international relations; however at points he does not include further details for his book is targeted toward a graduate-level audience. In addition, he reintroduces readers to Clausewitz, who despite many criticisms continues to be the authority most cited when talking about diplomacy and the use of force. Nathan does not talk much about contemporary issues as Nye does. However, his book excels in allowing students and practitioners understand the utility that the practice of coercive diplomacy has in the conduct of a successful foreign policy. In sum, combined, these two authorities’ works are must-read books that greatly contribute to the study of the field of international relations.

Bibliografía

Joseph S. Nye Jr. (2007). Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, 6th ed. New York : Pearson/Longman, 2007, 301 pp.

James A. Nathan. (2002). Soldiers, Statecraft, and History: Coercive Diplomacy and International Order.

Westport, Conn.: Praeger, 2002, 188 pp.

Kissinger, Henry. (1994). Diplomacy. New York : Simon & Schuster.

Una belleza americana.

Por: Rodrigo Fernández “La monarquía es el gobierno más moderado y más en boga. […] Por mi parte, tengo tan mal gusto que prefiero una república.”

John Adams en una carta a Otis Warren (1775).

Cuenta la leyenda que el rey Jorge III de Inglaterra, el primer monarca de la dinastía Hanover en nacer en suelo inglés, apuntó en la entrada de su diario correspondiente al día 4 de julio de 1776 parcamente: “No sucedió nada especial”.

La ironía de la historia es que ese mismo día en el ahora llamado Liberty Hall, en la ciudad de Filadelfia, a miles de kilómetros del aburrido rey, los padres fundadores de un país que habría de llamarse Estados Unidos de América, firmaban la declaración de independencia, justificándola entre otras, con la siguiente razón: “(…) La historia del presente Rey de Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre estos estados…” El documento lista a continuación 27 acusaciones contra el Rey Jorge, ese rey medio loco que no se enteraba de nada mientras su colonia más rica y más extensa estaba a un paso de arder en una larga guerra en la búsqueda de su emancipación política.

La historia de los Estados Unidos, y sobre todo de su etapa de fundación, es la historia de malentendidos y hechos sobredimensionados por la leyenda, que el escritor norteamericano Gore

Vidal viene a tratar de desmontar en un breve libro: “La invención de una nación”. Un intento más extenso lo hizo Howard Zinn en su “A People´s History of the United States”, pero la obra de Vidal aventaja a ésta última en su delimitación: el momento mismo de la fundación. Este esfuerzo ha llevado a Vidal a sumergirse en la correspondencia y publicaciones de la época, para trasladarnos, como si se tratara de un corresponsal de CNN cubriendo la noticia en tiempo real, del clima político de ese momento.

A contracorriente de la imaginería que los historiadores tempranos nos han vendido y que nos siguen vendiendo en las aulas escolares y universitarias (si es que aún se enseña), Gore Vidal pone en evidencia que el ambiente político de esa nación al momento de nacer era turbulento e incierto. A diferencia de las ilustraciones en que se aprecia a un grupo de personajes viejos o jóvenes, invariablemente regordetes y rosados conversando plácidamente alrededor de una mesa de nogal, la realidad era mucho menos complaciente, como lo dejó apuntado el General Washington en su diario, respecto al Congreso Continental, reunido en 1776: “Abundan los patriotas de salón; en todas las actividades, imperan la venalidad, la corrupción y la prostitución de los cargos con fines egoístas, el abuso de la confianza, la malversación de fondos públicos para usos privados y las especulaciones sobre las necesidades de los tiempos”.

Es un libro que casi se puede leer como una novela de aventuras.

Su lenguaje es directo, y el autor

aborda con una crítica implacable los momentos claves del nacimiento de Estados Unidos contraponiéndolos a su situación actual, haciendo en todo momento paralelismos sorprendentes, entre los que destaca, por su deliciosa redacción este pasaje: “Después de la guerra, el país gobernado por Truman (¿Tiberio?, ¿Trujamán?) y su secretario de Estado, el brillante creador de imperios Dean Acheson, reunieron y militarizaron el Estado americano donde tan incómodos vivimos…”

Tras la primer frase es imposible no pensar en Miguel Ángel Asturias y los primeros párrafos de El Señor Presidente. O bien este otro, de rigurosa crítica a partir de un fragmento de la correspondencia de Benjamín Franklin: “… Franklin, al describir la Inglaterra de 1783, describe con acierto los Estados Unidos de 2003, un ‘país grande y dichoso’ antaño, que se está desgarrando por culpa de la avaricia y la ambición mientras nuestros ‘intereses privados confunden a los asuntos públicos”.

En una sorprendente e iluminadora lectura de una tarde de sábado (en el caso del que esto escribe), se puede ser testigo de la confusa fiesta del té en el Puerto de Boston o de una capital itinerante en donde: “La sede de gobierno era un desastre, pues el Congreso Continental se trasladó nerviosamente de Filadelfia a Nueva York y en 1789 se desvió a Anápolis, Maryland”, en la que cual nómadas saltimbanquis los padres de la nación van discutiendo los pasos a seguir para garantizar su independencia definitiva de la metrópoli.

Pero la mayor virtud del libro de Vidal, además de su brevedad, es el desfile de los grandes pensadores del momento, los cuales quedan retratados no sólo a través de sus documentos públicos, sino también de su correspondencia con amigos, esposas o contrincantes políticos.

Así, surgen en toda su humanidad los padres fundadores con todo y sus rivalidades: “John Adams, bastante cruel con Hamilton, decía que era ‘el crío bastardo de un mercachifle escocés’, y el endiosado Jefferson, por su parte, le llamaba ‘plebeyo’”. Por su parte, comparece Hamilton a describir su relación con Washington, cuando fuera su edecán durante la guerra, en los siguientes términos: “Cuando el general me hizo propuestas de este tipo [tener una conversación franca], las recibí de una forma que, como mínimo, mostraba que no me sentía inclinado a aceptarlas, y que quería mantenerme más en una posición de confianza militar que de afecto personal”. Los grandes hombres quedan retratados también en sus penas más íntimas, como Jefferson, viviendo a las tres menos cuartillo a base de préstamos o Washington, quejándose: “Aún sometido a las más drásticas economías, el coste de mi vida seguirá siendo caro”. Pero lo que realmente sorprende al lector es que, a pesar de las malquerencias entre los líderes, problemas económicos, achaques (Washington se queja del reumatismo), chismorreos y rivalidades, (Adams se refería a Washington como “ese viejo cabeza de chorlito”), es la disposición de todos de discutir un proyecto nacional que naciera de un punto de vista lo más plural posible.

Este último aspecto permite que se aborde la temprana historia de la república estadounidense con un asombro que roza la esperanza, en una época en que el modelo político de Guatemala se encuentra en crisis.

La claridad de las ideas de Hamilton: “El fin del gobierno es la justicia. Es

el fin de la sociedad civil. Siempre se ha perseguido y se perseguirá hasta alcanzarlo o hasta que la libertad se pierda en este empeño”, los preclaros consejos políticos de Washington: “Si tenemos miedo de la confianza mutua bajo poderes cualificados, la Unión está acabada”, la belleza de la declaración de George Mason en su proyecto para la Constitución de Virginia en que declara que: “… todos los hombres han nacido libres e independientes (…) entre ellos gozar de vida y libertad, con el fin de adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad” (no obstante haber ignorado olímpicamente a millones de personas que permanecían esclavas en ese momento), dan un baño de frescura intelectual a pesar de haber sido escritas o dichas hace 230 años.

En fin, la obra de Gore Vidal es una genuina “belleza americana” en el sentido que rescata lo mejor de la tradición histórica de los Estados Unidos, la hace pasar por una crítica sin concesiones y nos hace creer que aún en los momentos más oscuros de la República Democrática, (guerra en el caso de los EEUU, desencanto en el caso de Guatemala) pueden surgir hombres dispuestos a dar lo mejor de sus intelectos y de sus vidas para defender un ideal de libertad a toda costa.

Vidal, Gore. La invención de una nación. Editorial Anagrama, Barcelona, España: 2004.

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