Cuadernos de Genero

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CUADERNOS AEXCID / número

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género en desarrollo

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Cuadernos AEXCID es una publicación periódica de la Agencia Extremeña de Cooperación Director: Juan Manuel Rodríguez Tabares Coordinador: Antonio Fuentes Zamora Publica: AEXCID Diseño y maquetación: ozono (www.ozonocb.com) Imprime: Indugráfic Depósito legal: Nº 3 Año 2011

Las opiniones contenidas en los textos son responsabilidad de sus autores, y pueden no ser coincidentes con la línea de pensamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación.

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PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 SECCIÓN UNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Género y desarrollo. Julieta Montano Salvatierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. La participación de las mujeres en las revoluciones árabes de 2011. Irene Lobo Moltó . . . . . . . . 15 3. Las mujeres y la tierra. Apuntes sobre ecofeminismo. Marta Pascual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 SECCIÓN DOS: Estudio de casos

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1. La red de mujeres ciudadanas: una propuesta práctica de género en desarrollo.

Fundación ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2. Conquistando nuestros derechos sexuales y reproductivos en Paraguay.

Beatriz Romero Lezcano y Cristina Román Ibáñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. Violencia de género en Nicaragua.

Thelma Del Carmen Espinoza y Fabiola Elizabeth Detrinidad Blandino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4. Brecha digital de género. Mª. del Carmen Gómez y Daniel Bentancor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5. El acceso a la justicia en el estado plurinacional de Bolivia.

Equipo Oficina Jurídica para la Mujer con la colaboración de Pedro Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

SECCIÓN TRES: Estudios sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1. Femicidio en Guatemala. María Luisa Cabrera Pérez Armiñan (PhD). Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2. La resolución 1325: avances de la ONU para integrar el género en los temas de paz y seguridad. María Natividad Fernández Sancho

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3. Cadenas globales de cuidados: cuestionando la sostenibilidad de los modelos de desarrollo. Mar García Domínguez y Amaia Pérez Orozco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 SECCIÓN CUATRO: Bibliografía comentada. Marta Cirujano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1. Género y cultura en la planificación del desarrollo. Rosana Volio Monje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 AUTORAS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

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PRESENTACIÓN

En este tercer número de Cuadernos AEXCID abordamos la cuestión del papel de las mujeres en el desarrollo, eje transversal de la cooperación española y en particular de la cooperación extremeña. Con la edición de los diversos trabajos que se aportan, de la mano de articulistas españolas y latinoamericanas, queremos dar un paso más en la clarificación y profundización de la estrategia de género en desarrollo.

Como ya es habitual en la revista, se estructura en secciones que sirven para facilitar el interés de las lectoras y lectores de nuestra publicación. La primera sección trata temas de carácter general, abriendo la revista una aportación que nos llega desde Cochabamba, Bolivia; incluye además un tema de gran actualidad e interés como es la presencia de las mujeres en las revoluciones árabes, en este caso centrado en Túnez; y se cierra esta sección con una aportación en torno al ecofeminismo, una cuestión en alza en los enfoques de género.

La segunda sección, que debemos a la colaboración de la Fundación Ciudadanía, analiza de forma didáctica el estudio de cuatro casos en Nicaragua, Bolivia, Paraguay y Uruguay; todos ellos tienen en común participar en un programa cofinanciado por AEXCID. La tercera sección agrupa artículos más especializados. El primero aborda las causas estructurales de la muerte violenta de tantas mu-

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jeres, con una aportación que viene de Guatemala; en el segundo la implantación y alcance de las resoluciones de la ONU relativas al enfoque de género en los temas de paz y seguridad, y se cierra la sección con el debate sobre la sostenibilidad de los modelos de desarrollo y la cadena de cuidados que habitualmente recaen sobre las mujeres. Y por último en la cuarta sección se incluyen los temas recurrentes que no deben faltar en una revista, bibliografía, comentarios y perfiles de las autoras.

Cuadernos AEXCID quiere seguir contribuyendo con estas aportaciones al urgente y necesario debate sobre el papel de la cooperación en un mundo en crisis, desde la perspectiva de las mujeres, protagonistas de esta edición.

María Dolores Pallero Espadero Vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura Presidenta de la AEXCID

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SECCIÓN UNA

1. Género y desarrollo Julieta Montano Salvatierra

MUJER, GÉNERO Y DESARROLLO La importancia de la valoración del aporte de las mujeres al desarrollo de los países y la necesidad de hacer visible sus necesidades y expectativas es resultado de largas décadas de lucha en todo el mundo. A partir de la década de los 70 fueron las sucesivas conferencias mundiales organizadas por Naciones Unidas y los organismos regionales los que le dieron impulso y agilizaron el proceso. Un somero repaso sobre los acuerdos adoptados en las Conferencias Mundiales de la Mujer, nos permiten ver lo avanzado, los obstáculos que persisten y los desafíos.

La primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer realizada en México y la posterior proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) por la Asamblea General dio inicio a una nueva etapa de esfuerzos para promover a escala mundial el avance de las mujeres.

Los objetivos trazados por la Conferencia fueron: • La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género; • La integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo; • Una contribución cada vez mayor de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial.

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Para la consecución de dichos objetivos la Conferencia aprobó un Plan de Acción Mundial que contenía directrices para que los gobiernos y la comunidad internacional en los diez años siguientes alcanzasen los objetivos fundamentales cumpliendo metas que garantizasen el acceso equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación de la familia.

La evaluación realizada en la Conferencia Mundial de mitad del Decenio en Copenhague (1980) puso en evidencia que los estados avanzaron en el reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos, pero al mismo tiempo existía una gran disparidad entre los derechos garantizados y los derechos efectivamente ejercidos. Con el fin de avanzar en la consecución de las metas de igualdad, desarrollo y paz previstas en la Conferencia de México, en Copenhague se determinó abordar prioritariamente las esferas de igualdad de acceso a la educación, oportunidades de empleo y servicios adecuados de atención de la salud La conferencia interpretó la igualdad no sólo en el sentido de igualdad jurídica, sino también de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para la participación de las mujeres en el desarrollo, como beneficiarias y como agentes activos.

La III Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi (Kenia – 1985) a la conclusión del Decenio de la Mujer, examinó y evaluó los logros en los temas de Igualdad, Desarrollo y Paz. La conclusión fue que no se alcanzaron los objetivos, que las mejoras en la situación jurídica y social de las mujeres y los esfuerzos para reducir la discriminación habían beneficiado únicamente a una pequeña minoría de mujeres, por lo que se diseñaron nuevas alternativas para superar los obstáculos que impedían el avance de las mujeres.

Se reconoció que la igualdad de las mujeres no es una cuestión aislada, sino que abarca toda la esfera de la actividad humana y se acordó impulsar medidas encaminadas a lograr la igualdad a escala nacional en materia de empleo, salud, educación y los servicios sociales; la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio ambiente.

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En 1995 la IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing (China) marcó un nuevo e importante hito en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El foco de atención de las mujeres fue trasladado al concepto de género, reconociendo la necesidad de reevaluar toda la estructura de la sociedad y las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura, lo que supuso un cambio importante en el enfoque de los problemas que afectan a las mujeres que, hasta ese momento, se había dado en las Conferencias Mundiales. Fue a partir de Beijing que se considera que el cambio de la situación de las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto y que su tratamiento no puede ser sectorial sino integrarse en el conjunto de políticas.

La Conferencia aprobó por unanimidad la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que en esencia se trata de un programa para la potenciación del papel de las mujeres y representa un momento decisivo para el adelanto de las mujeres en el siglo XXI. En la Plataforma de Acción se identificaron doce esferas de especial preocupación consideradas como los principales obstáculos al adelanto de las mujeres y que exigían la adopción de medidas concretas por parte de los gobiernos y la sociedad civil.

Las 12 esferas son: 1. Pobreza 2. Educación y Formación 3. Salud 4. Violencia 5. Conflictos Armados 6. Economía 7. Toma de Decisiones 8. Mecanismos Institucionales 9. Derechos Humanos 10. Medios de Comunicación 11. Medio Ambiente 12. La Niña

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Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos asumieron el compromiso de incluir de manera efectiva una dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones.

Cinco años después de la Conferencia Mundial de Beijing en la ciudad de New York se llevo a cabo la Conferencia denominada Beijing + 5: La Mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, convocada por la ONU en la que se constató que no obstante los avances experimentados, particularmente en materia de legislación, los objetivos de la Plataforma no se habían cumplido debido a factores como la resistencia sociocultural, limitaciones financieras e institucionales, así como la falta de voluntad política de los gobiernos.

La Declaración y Plataforma de Acción reconocen que aun cuando la situación de las mujeres ha avanzado en algunos aspectos, los procesos no han sido homogéneos y persisten desigualdades importantes entre hombres y mujeres y siguen habiendo obstáculos importantes que entrañan graves consecuencias para el bienestar de los pueblos, situación que se ve agravada por la pobreza. Los mencionados documentos hacen énfasis en la necesidad de la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones fundamentales como partícipes plenas y en condiciones de igualdad, sobre política y macroeconomía; el impacto diferenciado de la globalización en hombres y mujeres y la mayor desventaja de éstas, la necesidad de avanzar en la adopción de medidas para asegurar el acceso igualitario a la protección social, la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como la eliminación de todas las formas de violencia contra ellas y de su utilización como arma de guerra, entre otras.

GÉNERO Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE En el año 2000, los gobiernos de 186 países del mundo suscribieron un compromiso para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano en el mundo más conocido como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuya vigencia es hasta el 2015. Los compromisos ad-

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quiridos por los estados son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, universalizar la educación primaria, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH revertir el deterioro ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En septiembre de 2010 la Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio constató que en América Latina se dieron avances significativos en materia de salud, educación, esperanza de vida, alfabetización, educación primaria y acceso a la atención básica de la salud y planificación familiar. Asimismo, se ha reducido la tasa media de mortalidad infantil; el PIB per capita de los países ha aumentado y los gobiernos impuestos por la fuerza ya no tienen cabida en la región, los pueblos periódicamente asisten a las urnas para elegir a sus gobernantes. Los estados han asumido compromisos de avanzar en democracia respetando los instrumentos internacionales referidos al tema como la Carta Democrática Interamericana. Los Derechos Humanos son parte de las constituciones políticas del Estado en consonancia con las obligaciones adquiridas por los estados a tiempo de ratificar los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.

Sin embargo de todo lo avanzado, existen asignaturas pendientes que no se pueden dejar señalar, por un lado, las brechas entre ricos y pobres no sólo se mantienen, sino que en muchos casos se han profundizado aún más. El año 2009 la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) señalaba que la incidencia de la pobreza alcanzó a un 33,1% de la población de la región, incluido un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Estas cifras se traducen en 180 millones de personas pobres y 72 millones de indigentes, tanto el número de pobres como el de indigentes aumentaron en tres millones de personas en relación al año anterior, situación que se vio agravada por la crisis mundial1.

América Latina y El Caribe es la región más desigual del mundo. Diez de los quince países con mayores niveles de desigualdad se encuentran

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Cepal, Comunicado de Prensa de 30 de noviembre de 2010.

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en la región. Esta desigualdad es alta, persistente, se reproduce en un contexto de baja movilidad social y supone un obstáculo para el avance en desarrollo humano2.

En cuanto a la equidad de género persisten las inequidades en temas como la participación en decisiones económicas y el poder político. A pesar de la aceptación social y la receptividad institucional, la participación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones se ubica por debajo de los niveles de desarrollo humano medio propuestos por la ONU en cuanto al índice de potencialización de género3. En los últimos años, la proporción de mujeres en los parlamentos de América Latina pasó de un 8% en 1990 a un 18% en 2008, en promedio. Su participación dentro de los gabinetes ministeriales del Poder Ejecutivo durante los últimos tres períodos presidenciales aumentó de un 13% a un 27% a fines de 2006. En tanto, la proporción de mujeres alcaldesas en la región mantuvo su nivel al pasar de 5% en 1998 a 6,8% en 20084.

La democracia se mantiene deficitaria en la mayoría de los países de la región puesto que más de la mitad de la población, es decir, las mujeres de todos los grupos sociales, no ha logrado ni los mismos resultados ni obtenido las mismas posibilidades que sus pares hombres en el ejercicio de la ciudadanía5.

Las decisiones económicas y el poder sobre los recursos económicos continúan siendo mayoritariamente atributos de los hombres. Las mujeres en América Latina siguen obteniendo empleos de remuneración relativamente menor a la que obtienen los hombres, aun cuando se trate de mujeres y hombres con similares calificaciones. Además, la proporción de mujeres en la economía informal es mayor que la de hombres lo que supone que muchas mujeres carecen de acceso a

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Primer Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Desarrollo Hu mano para América Latina y el Caribe “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”. San José de Costa Rica. 23 de julio de 2010.

Aránbula Reyes, Alma y Bustos Cervantes, C Cándida. Participación Política de las Mujeres en América Latina. Centro de Información, Documentación y Análisis. México DF. Marzo de 2008. en www.diputados.gob.mex Centro de Prensa. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 9 de marzo de 2009.

CEPAL, Qué Estado para qué Igualdad. XI Conferencia regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasilia del 13 al 16 de julio de 2010. Pag.5.

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prestaciones sociales en su empleo y quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En materia de educación, las desigualdades de género persisten y la situación se agrava aún más en las poblaciones indígenas y campesinas; mientras que en promedio 49% de los hombres y 55% de las mujeres de 20-24 años han completado su educación secundaria, en zonas rurales esas cifras sólo alcanzan al 26% de los hombres y 31% de las mujeres, y entre jóvenes indígenas al 22% y 20% respectivamente.

La violencia y la inseguridad para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres, así como las posibilidades de acceder a la justicia son temas que ningún estado ha podido encarar en la región. Según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una de cada tres mujeres sufrió violencia de género.

El 33% de las mujeres entre los 16 y 49 años fue víctima de abuso sexual y el 45% sufrió amenazas por parte de su pareja.

Según organizaciones feministas, en México y Centroamérica el año 2009 hubo más de 2.300 feminicidios.

La violencia sobre las mujeres también se ejerce de diferentes sectores.

Uno de ellos es en el ámbito de la salud. En Latinoamérica se realizan más de 4.140.000 abortos por año. Además, el 95% de las intervenciones se realizan sin las condiciones necesarias básicas lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte materna. Se estima que en la región mueren cerca de 10 mil mujeres por año como consecuencia de los abortos mal practicados6.

DESAFÍOS Ante las evidencias sobre el incumplimiento a lo previsto en la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y

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MUJERES-VIOLENCIA: En América Latina una de cada tres mujeres fue víctima de la violencia.

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otros compromisos, corresponde a los estados encarar con mayor sinceridad y responsabilidad ética y política el desarrollo con equidad de género.

El “Informe sobre Desarrollo Humano” de 1995 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirmaba que: “sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. Suscribiendo la cita anterior en su integridad, podemos concluir que en tanto persista la inequidad de género en los espacios de ejercicio del poder político y económico, se mantengan las disparidades en el acceso al empleo, las dificultades legales y socioculturales para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva y los estados no avancen por el camino de garantizar que la justicia responda a las demandas de las mujeres para una vida libre de violencia en el espacio íntimo, privado y público, no será posible hablar de un verdadero desarrollo.

El verdadero desarrollo supone la atención a las necesidades de todos/as los/as habitantes de los estados, garantizando un ambiente democrático con instituciones democráticas fortalecidas y con capacidad para dar respuesta a la demanda de la población; asegurar el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos públicos de toma de decisiones.

Exige el logro de la igualdad real entre los géneros. Colocar la igualdad en el corazón del desarrollo aboliendo los privilegios sociales y redistribuyendo los recursos productivos, lo que en el caso de la igualdad de género, debe interpretarse además como la abolición de los privilegios y la redistribución de los recursos en la familia por medio de una agenda de reformas que fomenten la autonomía económica, política y física de las mujeres. En resumen: igualdad en el país y en la casa.

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2. La participación de las mujeres en las revoluciones árabes de 2011 Irene Lobo Moltó

EL PUEBLO CLAMA JUSTICIA Y LIBERTAD 2011 empezó con un grito. Un grito de libertad, un grito del pueblo unido clamando justicia. Un grito de mujeres y hombres, de todas las clases sociales, todas las edades, todas las creencias (musulmana, cristiana, islamista, laica), que ya ha hecho caer dos dictadores y está haciendo que se tambaleen varios más. El sur del Mediterráneo ha despertado. Su gente se ha puesto en pie.

Que se vayan. Que se vayan los déspotas asesinos, torturadores, aves de rapiña, vendedores de su propio pueblo. Que se vayan los que han estado pisoteando los derechos humanos durante décadas, los que han impedido a su gente expresarse, desarrollarse y ser dueña de su propio destino. Los corruptos, manipuladores, amos del terror, gángsters oficializados.

El grito no ha sido algo aislado, ni gratuito. Ha ido acompañado de dolor y muerte. A finales de 2010 Mohamed Bouazizi agonizó tras prenderse fuego, presa de la desesperación y la impotencia ante el autoritarismo del régimen tunecino y la miseria a la que le tenía sometido.

Así, su pueblo natal, Sidi Bou Zid, situado en una de las zonas más deprimidas de Túnez, se dio a conocer como cuna de la revolución.

En Egipto, otra muerte dramática había conmovido a la opinión pública y había enfurecido a una buena parte de ella: 6 meses antes de la muerte de Bouazizi, Khaled Saïd, fue literalmente molido a palos por dos policías cuando estaba en un cyber café. Pero como se dijo en Egipto, lo raro de este asesinato fue que se conociese. Porque bajo ambos regimenes, igual que en el resto del Magreb, los casos de humillaciones a la ciudadanía, los abusos policiales, las torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias han sido el pan de cada día.

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La indignación se hizo fuego y se hizo grito. La inmolación de Bouazizi fue seguida de otras en Egipto, Argelia y Marruecos. Las masas de manifestantes resistieron la violencia policial y los intentos de aplastar el levantamiento pacífico se cobraron muchas vidas (según datos de NNUU, más de 200 en Túnez y alrededor de 300 en Egipto7). Y Ben Ali huyó a Arabia Saudí. Y Mubarak se borró a sí mismo del mapa.

En otros países siguen las protestas y pronto veremos si el pueblo vuelve a salir victorioso.

EL DESCONCIERTO DE EUROPA Europa se quedó estupefacta. ¿Es que a la población árabe le puede interesar la democracia o los derechos civiles?¿Puede haber movilizaciones ciudadanas? ¿Jóvenes contestatarios? Y sobre todo, ¿mujeres en las manifestaciones? ¿No son todo fanáticos reaccionarios y mujeres sumisas? ¿No estaba esta población abocada a dictaduras férreas que contuviesen los impulsos terroristas? ¿Qué mundo árabe es éste, tan diferente al que siempre nos habían contado?

Los prejuicios y estereotipos junto con la obsesión por el islamismo cegaron a la población del norte del Mediterráneo sobre lo que ocurría en los países vecinos del sur. El uso del velo y la amenaza terrorista parecían los únicos temas que despertaban algo de interés y debates casi siempre frívolos y manipulados. Lo peor es que esta ceguera no ha sido espontánea ni fruto de la ingenuidad, sino que ha respondido a una visión interesada y neocolonial dirigida a preservar las prioridades económicas y estratégicas europeas y estadounidenses: liberalización comercial, abastecimiento de hidrocarburos, represión del islamismo, freno de la migración hacia Europa.

En el caso de Túnez, hasta el momento de su caída, Ben Ali, había sido un buen aliado de los gobiernos occidentales. Poco importaba que llevase 23 años en el poder y que, en los “procesos electorales”, ganase

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Ambos datos son de fecha 1 de febrero de 2010.

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una y otra vez con porcentajes insólitamente cercanos al 100%. Poco importaba la censura implacable en todo medio de comunicación, incluido Internet, y la evidente falta de pluralidad política y civil; las desapariciones de periodistas y las denuncias de las organizaciones de derechos humanos. Todo mientras las empresas pudiesen deslocalizar en su territorio sin ningún tipo de restricción en cuanto a derechos laborales o medioambientales. Que el movimiento islamista fuese contenido, aunque fuese a base de tortura y exilio. Que la migración africana fuese frenada a toda costa. Túnez seguiría siendo “el país más democrático y desarrollado del Magreb”.

Lo mismo ocurría con Mubarak, con el que, además, se mantenían alianzas estratégicas en el apoyo a Israel.

El caso de las relaciones con Gadafi ha sido el culmen de la hipocresía europea. Países como España, Italia o Francia han recibido calurosamente, acompañado de sus harenes de mujeres vírgenes y jaimas de lujo, al que lleva en el poder 43 años. Se le ha comprado petróleo y se le han vendido las armas con las que ahora ataca a la población que protesta contra su tiranía. Hoy día, esos mismos países, liderados por EEUU, bombardean a la población que intenta librarse del tirano.

LAS SEMILLAS DE LA REVOLUCIÓN Con tanto en juego, ¿cómo pensar que quienes vivían bajo estas dictaduras podrían algún día denunciar la situación y reclamar un cambio?

Hasta ahora, en Europa apenas se había aludido a las circunstancias que han fraguado las revoluciones: la humillación de una población con niveles altos de educación a quien se le ha negado toda posibilidad de participación; la desesperación de una masa de jóvenes sin ningún tipo de expectativas de futuro más allá del paro, la precariedad o la emigración; la justificación de la represión con la excusa de la contención del fundamentalismo; la corrupción y la arbitrariedad llevada a sus máximas expresiones por todas las instancias públicas, incluida la Justicia; la sumisión a la hegemonía y al imperialismo europeo y estadounidense, cómplice de la ocupación israelí.

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Tampoco se mencionaban movimientos existentes ya hace años en Egipto que habían reclamado elecciones libres desde 2004 y organizado manifestaciones exigiendo a Mubarak que se retirase y que no traspasase la presidencia a su hijo directamente como pretendía.

El llamativo surgimiento, a principios de la década del 2000, del uso de las nuevas tecnologías como medio, único, que permitía la expresión crítica y las nuevas formas de activismo y que ha sido clave en las revoluciones de 2011, tampoco mereció ninguna atención. Los contenidos de los blogs donde se ofrecía información y opiniones, en especial de la juventud, fueron ignorados. Nada se dijo tampoco de hechos como la condena del grupo de jóvenes tunecinos conocido como los “internautas de Zarzis”, detenidos por haber consultado páginas web juzgadas peligrosas por las autoridades y haber incitado a la juventud a protestar contra Ben Ali. Al mismo tiempo, en el país, se celebraba la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información organizada por Naciones Unidas.

También se ignoraba a organizaciones de mujeres tunecinas que, de las pocas existentes como sociedad civil, han sido de las más activas en su denuncia y activismo contra la dictadura, motivo por el cual han sufrido siempre el acoso y el sabotaje de sus actividades por parte de la policía: la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas y la Asociación de Mujeres Tunecinas por la Investigación y el Desarrollo (ATFD y AFTURD, por sus siglas en francés).

LA PRESENCIA ACTIVA DE LAS MUJERES Uno de los aspectos que ha creado más asombro en la opinión pública europea ha sido la presencia de mujeres en las movilizaciones. La sorpresa ha sido mayúscula. ¡Hasta mujeres con velo! Jóvenes, mayores, solas o con sus familias. Los prejuicios y la islamofobia, no permitían imaginar que las mujeres árabes pudiesen aspirar a vivir bajo regímenes diferentes de las dictaduras amigas de occidente y que reclamasen un estado de derecho.

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Lo cierto es que las mujeres de los países que se encuentran en plena insurrección, han participado, y lo siguen haciendo, de manera muy activa en todo el proceso. En Túnez, desde la primera manifestación, las mujeres han estado en las calles. Según Saliha Gharbi8, han estado presentes en todas las manifestaciones en todas las regiones y en todos los barrios; han seguido la huelga general; han sido parte de los comités de protección de los barrios que se crearon para defender a la población de las milicias de Ben Ali en la semana del 14 al 21 de enero; han llegado de todas las regiones para estar presentes en las acciones en la Kasba y delante del Ministerio de Interior para reclamar la disolución del gobierno, la disolución del partido de Ben Ali (RCD 9 ), el establecimiento de una asamblea constituyente y la supresión de la policía política. Han participado en la denuncia de los miembros del RCD que se mantenían en los ministerios o en los gobiernos locales y municipales y en las peticiones para juzgar a Ben Ali y a sus colaboradores. Asimismo, han estado en todos los debates sobre el momento actual de transición y sobre el futuro para reclamar la paridad, la laicidad y el estado de derecho.

Además, las organizaciones de mujeres convocaron el 29 de enero la manifestación “Por la ciudadanía, la igualdad y la dignidad”, que contó con un número importante de participantes (mujeres, pero también varones) y se celebró en la avenida principal del centro de la capital.

En Egipto, las mujeres han estado en todo momento en la plaza Tahrir, han dormido allí, se han confrontado desde la primera línea a las fuerzas de seguridad y, por supuesto, han celebrado la caída de Mubarak.

“SOY UNA MUJER, VOY A SALIR EL 25 DE ENERO Y NO LE TEMO A LA POLICÍA” (ASMA MAHFOUD) En ambos países, mujeres, en especial jóvenes, con velo o sin él, han puesto cara al espíritu revolucionario surgido de las bases. Asma

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Ciudadana tunecina entrevistada para este artículo.

Agrupamiento Constitucional Democrático.

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Mahfoud, egipcia de 26 años, puso en circulación un video casero donde ella misma hacía un llamado a la población para participar en las movilizaciones10. La figura de Gigi Ibrahim y su discurso reclamando libertad en inglés con acento estadounidense ha recorrido los medios occidentales.

En Túnez, Lina Ben Mhenni, se ha dado a conocer por su blog “Una chica tunecina”11. En él, desde 2009, colgaba sus artículos de denuncia de la censura y los atropellos contra los derechos humanos en Túnez. Esta actividad no estaba exenta de riesgos y, de hecho, el blog ha estado prohibido y bloqueado hasta ahora en su propio país.

Otras muchas han estado ahí, al pie del cañón. Con más dificultades o con menos, de Marruecos hasta Bahreim, han expresado su descontento y su rabia hacia las tiranías que también las gobiernan a ellas.

Muchas han sido parte de los cientos de víctimas mortales. Otras han sido detenidas o golpeadas por la policía.

Las participantes destacan el sentido de solidaridad que sintieron en las protestas: “Las mujeres y los hombres eran camaradas en las protestas. Era increíble, un momento increíble en Egipto. Millones de personas juntas en el mismo lugar. Y las mujeres no tenían miedo. No vimos casos de acoso sexual, por ejemplo. Había un sentimiento de respeto total, apoyo y solidaridad hacia las mujeres”12. Lilia Ayadi13 nos relata algo parecido: “Personalmente, he participado en las acciones y movilizaciones... En ningún momento me he sentido excluida porque fuese mujer”.

LOS DESAFÍOS Pero, ¿qué ocurre una vez transcurrido los primeros momentos de euforia y fervor revolucionario donde el grito era uno único y común?

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El video se puede ver en: http://www.youtube.com/watch?v=SgjIgMdsEuk&feature=player_embedded http://atunisiangirl.blogspot.com/ Entrevista a Amal Abdel Hadi, http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a9265.pdf Franco tunecina residente en Túnez capital entrevistada para este artículo.

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¿Cuáles son los desafíos para que las mujeres puedan disfrutar de los frutos de la revolución como ciudadanas con todos sus derechos?

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estaba convocada una manifestación en la plaza Tahrir por los derechos de las mujeres y por la participación plena. Las personas que allí se concentraron, en su mayoría mujeres, se vieron acosadas por hombres que intentaron acallarlas y disolverlas.

En Túnez, en la marcha “Por la ciudadanía, la igualdad y la dignidad” se pedía no sólo el mantenimiento de los derechos adquiridos desde 1956 (año en el que se aprobó el Código de Estatuto Personal más avanzado del mundo árabe, pues en él se prohibía la poligamia y se eliminaba el repudio, entre otras cosas) sino que se reclamaba avanzar hacia una igualdad de derechos entre mujeres y hombres. La manifestación transcurrió de forma más tranquila que la de Egipto, pero mostró también las tensiones en el debate sobre temas como la laicidad.

En definitiva, cuando las mujeres deciden hacer visibles sus reivindicaciones, aparecen las resistencias misóginas. Es una historia conocida. Se las acusa de fracturar el movimiento revolucionario, se intenta acallar sus demandas acusándolas de distraer la atención sobre el objetivo de la lucha, se alega que hay que priorizar y, por supuesto, los derechos de las mujeres se consideran secundarios. El peligro de estas actitudes y de relegar cuestiones tan importantes como los derechos de la mitad de la población ya se vio tras la lucha de liberación nacional argelina. Las mujeres participaron activamente, pero luego fueron absolutamente relegadas y acabaron perdiendo derechos. Lo mismo ocurrió en Irán, en 1979. También en Cuba o Nicaragua. Y en tantos otros movimientos políticos de izquierdas.

Esas resistencias se muestran también a la hora de que las mujeres puedan acceder a la representatividad en los mecanismos de gobierno, primero los transitorios, después en los estables. Por eso, las mujeres tunecinas hoy día están reclamando la paridad, denunciando que no haya más que una mujer en el gobierno transitorio y promoviendo que en las elecciones a la Asamblea Constituyente que tendrá lugar el próximo mes de julio sean numerosas las que se presenten. En Egipto tam-

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bién ha habido protestas y llamamientos de grupos feministas para que las mujeres estén representadas en cada aspecto del proceso y en todas las instancias porque en el comité de “sabios” que se creó para formular las modificaciones a la Constitución, no se incluyó ninguna mujer. Esta era precisamente una de las reivindicaciones el día 8 de marzo en la Plaza Tahrir.

Por otra parte, el aumento del poder de las facciones islamistas y tradicionalistas, representa una amenaza para los derechos de las mujeres. Sin embargo, si bien es un riesgo real, hay que tomarlo en su justa medida y no exagerarlo, tal y como se hace con frecuencia desde occidente. En este sentido, es necesario reconocer el potencial de los movimientos que ahora reclaman un estado de derecho a la hora de contrarrestar corrientes fundamentalistas que están en contra de los valores que ahora se reclaman desde el pueblo.

Lo que es cierto, es que las mujeres tunecinas y egipcias tienen por delante un camino arduo para conseguir que sus derechos no queden relegados por las actitudes machistas, islamistas o no. Y, como señala Saliha, “No vamos a tener otra revolución en el corto plazo; esta es nuestra única oportunidad para reclamar la igualdad, la paridad y la laicidad”.

REFLEXIONES FINALES La valentía de las poblaciones que se están rebelando contra la tiranía en los países árabes es digna de admiración y constituye un rayo de esperanza frente al conformismo y la falta de reacción imperante, incluso ante las mayores violaciones de derechos humanos. La movilización ciudadana de la manera en que lo ha hecho, de forma espontánea, sin líderes que puedan caer en la manipulación y el ansia de poder, con participación especialmente activa de jóvenes, de mujeres y de todos los sectores de la sociedad y de todas las creencias, es algo ya de por sí prodigioso.

Por eso, en palabras de Lilia Ayadi, “la población tunecina está orgullosa de esta revolución, un pequeño país de 10 millones de habitantes ha dado una lección de dignidad no sólo a los dirigentes de los

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países árabes, sino también a los de los países occidentales”. Lo mismo ocurre con Egipto y con todos los países donde la población se está levantando. Pero la lección no es sólo a los gobernantes. La lección es también a la ciudadanía. Una lección de dignidad y valentía, una lección en contra de estereotipos sobre pueblos atrasados y amenazantes para las democracias occidentales, una lección para que por fin aprendamos a ver a nuestros vecinos y vecinas, a mirarles y a admirarles en toda su complejidad y su riqueza humana. ¡Ojalá sigan dándonos lecciones! y consigan que el proceso de cambio signifique más derechos para toda la población, sobre todo para quienes parten de una situación mayor de discriminación. Sin mujeres no hay revolución.

3. Las mujeres y la tierra.

Apuntes sobre ecofeminismo

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Marta Pascual Ya no hay duda de que las cuentas estaban mal hechas. El crecimiento económico del norte y la promesa de desarrollo en el sur, escondían en la trastienda un proceso de deterioro social y ambiental que podría tener diferentes nombres: cambio climático, sometimiento de culturas indígenas, desertificación, pobreza ecológica, o crisis de insostenibilidad.

La aparente bonanza de los últimos treinta años en el norte rico se ha sostenido en el uso de abundante petróleo barato (un recurso no renovable y que ha empezado a disminuir), en el comercio de recursos naturales a bajo coste, en el expolio de ecosistemas y riquezas del subsuelo, en la explotación de la fuerza de trabajo de los colectivos más frágiles y en la externalización de cantidades ingentes de residuos. El planeta no da más de sí.

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Publicado en revista World Watch 2009, nº 30. Reproducido con permiso de la autora.

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Sin embargo la economía y su crecimiento lleva décadas siendo objetivo prioritario de todos los gobiernos, muy por delante de las políticas de protección social. Los datos económicos al uso, sin embargo, no contabilizan la desaparición de culturas, los tóxicos abandonados en un río, la precariedad de la población de los suburbios de las ciudades o la pérdida de biodiversidad. La contabilidad económica ha llegado a computar la destrucción como riqueza. El PIB sube, por ejemplo, cuando el espacio público se privatiza o cuando la contaminación recorta el acceso a bienes naturales antes de acceso libre.

Nuestro sistema económico se apropia hasta el agotamiento de los recursos gratuitos: bosques, agua limpia, trabajo doméstico… La naturaleza y la vida humana (la tierra y el trabajo) se convierten en simples herramientas para alimentar el crecimiento del capital.

Este reduccionismo económico que ha enfocado nuestra mirada en el dinero, ha hecho desaparecer de las grandes cuentas el puntal en el que se ha de asentar una economía centrada en la supervivencia: el cuidado de la vida. Sin éste no existirá futuro, ni existirán siquiera los economistas haciendo cuentas equívocas.

Para construir y mantener la ceguera monetaria no sólo es necesaria una estructura de poder, sino también un pensamiento que lo sustente: el pensamiento occidental, que subyace, sin que seamos muy conscientes, a nuestra forma de entender la realidad.

El pensamiento occidental ordena el mundo en parejas de opuestos entre sí: naturaleza-cultura, cuerpo-alma, razón-emoción, público-privado. Hombre-mujer. Los dos valores de cada par se plantean como separados y excluyentes. Esta organización dicotómica simplifica nuestra comprensión del mundo. Pero los dos términos del par no se consideran de igual valor. Uno es considerado superior al otro. De este modo se jerarquiza la razón sobre la emoción, la cultura sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer. Y por último, un término llega a invisibilizar al otro y erigirse como patrón de la normalidad e incluso de la realidad. Así, el espacio público ocupa nuestro imaginario haciendo casi desaparecer el espacio privado, la cultura pretende someter e incluso

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desarrollarse al margen de la naturaleza, y los hombres se convierten en la norma del ser humano.

La invisibilización de la naturaleza y de las mujeres ha permitido someterlas y apropiarse de su trabajo, asuntos sin los cuales habría sido imposible el actual desarrollo del sistema económico.

Hay muchos paralelismos entre el sometimiento de ambas: puesto que sus servicios son gratuitos se usan sin contrapartida, ambas se consideran de acceso libre, apropiables, y se espera que sigan ahí a disposición, por más que se las maltrate. Como la madre que siempre atenderá al hijo pródigo, la tierra volverá a darnos sus frutos.

Pero la tierra y el trabajo de las mujeres, tienen un límite: la dignidad y la vida. La crisis ambiental y la crisis de los cuidados son manifestaciones paralelas de este límite.

No hay sostenibilidad sin acompasar la marcha del mundo con los procesos de la biosfera, y entre ellos, con los trabajos que las mujeres vienen realizando hasta el presente. El cuidado y el mantenimiento de la vida son condición de cualquier posibilidad de futuro.

Esta reflexión está en el origen del pensamiento ecofeminista. El ecofeminismo es un movimiento amplio de mujeres que nace de la conciencia de este doble sometimiento, y de la creencia en que las luchas contra ambos, el ecologismo y el feminismo, contienen las claves de la dignidad humana y de la sostenibilidad en equidad.

Los movimientos de defensa de la tierra han tenido y tienen entre sus activistas a muchas mujeres. Es conocido el protagonismo de mujeres en el movimiento Chipko en defensa de los bosques, en el movimiento contra las presas del río Narmada en India, en la lucha contra los residuos tóxicos del Love Canal, origen del movimiento por la justicia ambiental en EEUU, como también lo es su presencia en movimientos locales de defensa de terrenos comunales, en las luchas por el espacio público urbano o por la salubridad de los alimentos. En el caso de muchas mujeres pobres, su ecologismo es el ecologismo de quienes dependen directamente de un ambiente protegido para poder vivir.

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A mediados del siglo pasado el primer ecofeminismo discutió las jerarquías que establece el pensamiento occidental, revalorizando los términos de la dicotomía antes despreciados: mujer y naturaleza. La cultura protagonizada por los hombres ha desencadenado guerras genocidas, devastamiento y envenenamiento de territorios, gobiernos despóticos. Las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo y a la degradación ambiental, comprendiendo éstos como manifestaciones de una cultura sexista. Petra Kelly es una de sus representantes.

A este primer ecofeminismo, crítico de la masculinidad, siguieron otros propuestos principalmente desde el sur. Estos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza. Éste es quizá el ecofeminismo más conocido. En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, María Mies o a Ivone Guevara.

Superando el esencialismo de estas posiciones, otros ecofeminismos constructivistas (Bina Agarwal, Val Plumwood) ven en la interacción con el medio ambiente el origen de esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Es la división sexual del trabajo y la distribución del poder y la propiedad la que ha sometido a las mujeres y al medio natural del que todas y todos formamos parte. Las dicotomías reduccionistas de nuestra cultura occidental han de romperse para construir una convivencia más respetuosa y libre.

Desde parte del movimiento feminista, el ecofeminismo se ha visto como un posible riesgo, dado el mal uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza. Puesto que el riesgo existe, conviene acotarlo. No se trataría de exaltar lo interiorizado como femenino, de encerrar de nuevo a las mujeres en un espacio reproductivo, negándoles el acceso a la cultura, ni de responsabilizarles, por si les faltaban ocupaciones, de la ingente tarea de rescate del planeta y la vida. Se trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia.

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Si el feminismo se dio bien pronto cuenta de cómo la naturalización de la mujer era una herramienta para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo comprende que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en “renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a las condiciones de la Vida, que naturaleza y mujeres conocen bien. Una “renaturalización” que es al tiempo “reculturización” que convierte en visible la ecodependencia para mujeres y hombres.

Si situamos en el centro de nuestros cálculos, de nuestra práctica económica y política, de nuestros juicios éticos y de nuestras luchas el cuidado de vida, la tierra y las mujeres dejarán de ser esas grandes olvidadas.

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SECCIÓN DOS

ESTUDIO DE CASOS

1. La Red de mujeres ciudadanas: una propuesta práctica de género en desarrollo Fundación Ciudadanía

Las organizaciones Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba de Bolivia, ONG Factor Solidaridad de Uruguay, Colectivo 25 de Noviembre de Paraguay y la Asociación de mujeres nicaragúenses “Luisa Amanda Espinoza” promueven la Red de mujeres Ciudadanas, cuyos primeros pasos se iniciaron en el segundo semestre de 2008 , con el apoyo decidido de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID. Esta Red pretende y está consiguiendo fortalecer, facilitar y fomentar la participación de las mujeres y sus organizaciones en la vida pública a través del desarrollo de una serie de acciones de fortalecimiento, capacitación, sensibilización, incidencia y análisis participativo de género en las regiones implicadas; todo ello en torno a unas cuestiones claves ya identificadas por las organizaciones y las mujeres participantes. Ya participan más de 300 mujeres, con perfiles de lideresas, mediadoras y directivas de organizaciones y entidades.

Estamos constatando el nivel y capacidad de incidencia de la Red sobre los temas y situaciones que más nos preocupan, a saber: la violencia contra las mujeres, la participación política y social de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la feminización de la pobreza, la brecha digital, la migración y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Somos conscientes de que los problemas que enfrentan regiones como Uruguay, Bolivia, Paraguay o Nicaragua son diferentes entre ellos y to-

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davía más con respecto a Europa, sin embargo, al mismo tiempo que es necesario abordar el fenómeno de la desigualdad de las mujeres y trabajarlo específicamente desde cada lugar, es necesario fortalecer una Red fuerte en cada país, después con territorios vecinos y entonces trabajar en escala global para apoyar los intereses comunes.

Nos hemos organizado para crear un espacio de diálogo, de trabajo y una oportunidad de unir fuerzas para cambiar la situación de las mujeres. Este es precisamente el objetivo de nuestra Red, posibilitar el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en organizaciones de la sociedad civil y la promoción de una cultura que respete los derechos de las mujeres, transformando valores y concepciones discriminatorias desde el ámbito local al global.

Pretendemos que la Red pueda ser autónoma y sostenible a partir del año 2012 contando con los recursos puedan aportar las organizaciones promotoras y sus respectivas redes de colaboración sociales e institucionales en cada pais.

De manera transversal el proyecto busca reducir la brecha digital de género y todas las mujeres de la Red han participado en diferentes procesos de alfabetización tecnológica, ya que buena parte de la actividad de la Red se desarrolla a través de internet.

Las actividades que desarrollamos forman parte del Plan de Acción e incidencia que cada año la Red de Mujeres Ciudadanas plantea y que podemos resumir en las siguientes acciones: Llevamos a cabo un Programa de Capacitación permanente y compartido con la realización de Cursos online sobre Género y Desarrollo y todas las organizaciones promueven Talleres presenciales y online de Capacitación Tecnológica para las mujeres de la Red en los equipamientos que ya disponen en cada una de las organizaciones promotoras.

Importante también son los Talleres presenciales sobre las diferentes temáticas del proyecto y sobre la Cooperación para el Desarrollo con perspectiva de género. Organizamos Jornadas internacionales de difusión y diseminación de avances donde se encuentran los y las responsables de las organizaciones promotoras y la Red del pais anfitrión.

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Han sido hasta el momento cuatro encuentros internacionales los desarrollados, donde también se analiza y reflexiona sobre los proyectos, las oportunidades y potencialidades de la Red de Mujeres Ciudadanas y su futuro.

Estamos fortaleciendo y dinamizando la Comunidad Virtual que está en comunicación permanente a través de Internet y en la web que tiene su vida en el espacio www.generoencooperación.org, a través de las listas de distribución de información y conocimiento que regularmente utilizamos, de los materiales multimedia producidos y de la red social creada. Para la transferencia de conocimiento y experiencias de las entidades implicadas estamos actualizando permanente la base de datos que compartimos donde se visibiliza cada una de las actuaciones, proyectos, objetivos y agendas de las organizaciones de cada país.

Estamos visibilizando también nuestra capacidad de incidencia a través del trabajo realizado en los Foros abiertos sobre nuestros temas de interés, desde donde se asesora, informa, divulga y se comparten buenas prácticas y el conocimiento que tienen las mujeres que forman parte activa de esta Red de Mujeres Ciudadanas que está aportando su granito de arena para que otro mundo mejor sea posible, también para las mujeres.

2. Conquistando nuestros derechos sexuales y reproductivos en Paraguay Beatriz Romero Lezcano y Cristina Román Ibáñez

“La Iglesia dice: el cuerpo es una culpa.

La ciencia dice: el cuerpo es una máquina.

La publicidad dice: el cuerpo es un negocio.

El cuerpo dice: yo soy una fiesta.”

Eduardo Galeano

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No sé si es importante aclarar que en esta frase Eduardo Galeano, escritor uruguayo, se refiere al cuerpo de la mujer. Si decimos, el cuerpo es una culpa, obviamente se piensa en la prostitución, trata de persona, etc., etc.; cuando decimos, el cuerpo es una máquina, quizá se puede relacionar con la fuerza laboral del varón; ahora cuando se lee, el cuerpo es un negocio, ya nos sugiere miles de posibilidades como ser publicidad visual en televisión, prensa escrita, películas pornográficas…, en fin en convertir el cuerpo de la mujer como objeto, que de más está decir, mueve muchísimo dinero que alcanza montos incalculables e ilimitados. Por último, el cuerpo dice, yo soy una fiesta, de aquí sería divertido fantasear y disfrutar esa fiesta todos los seres humanos. ¿Les parece aceptar el desafío y poder vivirlo así?, pero para ello tenemos que visibilizar qué cosas impiden que eso sea posible, por algo se investiga y estudia cómo lograrlo por un lado y por otro también se escribe y estudia cómo impedirlo, sobre todo al sexo femenino, aunque también los varones tienen dificultades para disfrutar de la fiesta.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS Los derechos sexuales: son derechos humanos relacionados con la sexualidad. Los derechos sexuales incluyen pero trascienden la protección de identidades particulares. Los derechos sexuales promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre la sexualidad y garantizan que cada persona tenga derecho a la realización y expresión de su sexualidad, sin coerción discriminación o violencia, y en un contexto respetuoso de la dignidad (Artículo 4 de la Propuesta de Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Mayo de 2010).

La Red de Mujeres Ciudadanas en Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género, ve importante trabajar este tema como derecho para lo-

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grar una igualdad y equidad de género y por ende lograr un desarrollo en todas las sociedades, y por lo que nos toca a nosotras en Paraguay, nos parece fundamental y lo estamos haciendo desde que nos organizamos a fines de la década del 80.

El Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre viene trabajando en la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde hace 23 años. Dentro de la lucha contra la violencia de género hemos dado mucha importancia al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El Colectivo trabaja en conjunto con otras organizaciones por la despenalización del aborto. También en el colectivo se gestó la organización Luna Nueva que lucha contra la explotación sexual infantil. El Colectivo participa, a través de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, de la Articulación Nacional de la Campaña por una Convención Interamericana sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Actualmente el Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre en el marco de la Red de Mujeres Ciudadanas en la Cooperación para el Desarrollo y la Igualdad de Género viene realizando en Paraguay talleres de difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos como una herramienta fundamental para lograr el ejercicio efectivo de la ciudadanía de las mujeres.

Las mujeres si no ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos tampoco podremos ejercer nuestros derechos como ciudadanas plenamente, porque es a partir de la violación de estos derechos desde donde nos limitan la participación y nuestro potencial como lideresas.

Vivimos en una sociedad hipócrita que exalta la maternidad como algo abstracto pero cuando llega un embarazo en una adolescente en la mayoría de los casos no recibe apoyo de las instituciones escolares para poder terminar etapas de su educación, tampoco reciben apoyo de su familia pues los papás y/o mamás de adolescentes las castigan físicamente por haberse embarazado y la sociedad las estigmatiza. Todas es-

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tas instituciones no fueron capaces de dar herramientas válidas para evitar muchos de estos embarazos en la adolescencia pero, sin embargo, todas actúan en forma punitoria.

Cuando una mujer adulta queda embarazada generalmente se la despide del trabajo y en la mayoría de las empresas en donde no se respetan las leyes laborales de nuestro país se realizan pruebas de embarazo periódicamente como una medida de amedrentamiento hacia las que quieran ejercer la maternidad.

Cuando la maternidad ya es un hecho se constata a través de estadísticas oficiales que existe un 52% de irresponsabilidad paterna (hijos e hijas no reconocidos por sus padres), a lo que generalmente las mujeres son las que dicen con vergüenza: “soy madre soltera”. Se hace notar en los talleres que son madres que se hacen responsables de sus hijos en contraposición de los padres irresponsables. Con la frase de “soy madre soltera” se culpabiliza a la mujer y se libera al hombre de su responsabilidad en forma impune.

Cuando el padre forma parte de la familia las tareas de cuidado de los niños y de las niñas no son compartidas por ellos y recae casi en exclusividad sobre las madres lo que muchas veces las limita activar políticamente en su comunidad, además no existe suficientes lugares donde dejar a los niños.

Los talleres de difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos se realizan tomando en cuenta que el conocimiento no implica que haya una toma de conciencia de estos derechos. Hay elementos culturales muy fuertes que obstaculizan el proceso de internalizar estos derechos.

En los talleres hablamos de la violencia sexual haciendo hincapié que no solamente incluye la violación, sino también demostraciones de poder dentro de relaciones sexuales consentidas. Relaciones de poder en la calle y en los ómnibus de transporte público también se evidencian a través de acoso sexual.

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También hacemos notar a las mujeres presentes en los talleres aspectos culturales relacionados a la sexualidad y al liderazgo femenino. En Paraguay cuando la niña entra en la pubertad, con la menstruación, su entorno familiar le suspenden muchas actividades que tenían antes con otros niños como juegos en la calle y deportes.

Las niñas púberes son coartadas en su libertad, gritar, correr, hablar fuerte, son motivos de descalificación, son acusadas de “takuchila” (calentona, buscona), de esta manera se trunca el liderazgo de las niñas en sus grupos del barrio o del colegio. Cuando a pesar de estos condicionamientos culturales las mujeres lideran algún espacio político somos descalificadas por aspectos ligados a la sexualidad, la femineidad o la belleza.

Las mujeres debemos conocer, defender y gozar de los derechos sexuales y reproductivos para poder ejercer libremente nuestra ciudadanía. Esta ciudadanía deberá partir de la construcción de una sexualidad que no menoscabe a la mujer. Así vamos a tener menos diferencias.

LA SITUACIÓN ACTUAL EN PARAGUAY Todavía queda mucho por hacer a nivel educativo, social y legal.

En el ámbito educativo, se está discutiendo sobre el Marco Rector Pedagógico. Nuestro gobierno actual se dice socialista y progresista, pero el fundamentalismo religioso está tan potenciado que, por más que las autoridades educativas elaboraron un marco rector avanzado y pedagógico, la Conferencia Episcopal, pidió integrar la comisión que lo elaboró y quedó varada su promulgación.

En el ámbito social, la tasa de natalidad es una de las más altas en Latinoamérica, mucho embarazo en adolescentes, alta mortalidad por aborto y sus complicaciones, sepsis y hemorragias, porque al estar penalizado el aborto, las mujeres acuden a servicios poco seguros, por lo tanto se pierden vidas de mujeres en entre 16 y 19 años y entre 30 y 40 que son mujeres que ya tienen como 5 o 6 hijos y no desean tener más y por ello abortan.

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Por lo tanto todavía estos problemas seguirán igual y queda mucho trabajo por hacer ya que las escuelas seguirán sin educación sexual, lo que traerá aparejado muchos abusos sexuales, embarazos y abortos en adolescentes.

En estos momentos nuestra organización se encuentra realizando talleres en barrios donde la mayor parte las mujeres son jefas de hogar.

Nos sorprende lo concienciadas que están, lo que nos da la pauta de que el trabajo con las mujeres siempre apunta hacia una sociedad más igualitaria y donde mantenemos la utopía de que otro mundo es posible.

3. Violencia de género en Nicaragua Thelma Del Carmen Espinoza Fabiola Elizabeth Detrinidad Blandino

La violencia contra las mujeres se trata de un problema que atenta contra los derechos humanos y trasgrede el principio básico de la igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el Arto. No. 27 de la Constitución Política de Nicaragua “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección…”, y que tiene su raíz en las desigualdades que históricamente se vienen produciendo en los diferentes espacios.

La situación de violencia que enfrentan las mujeres en Nicaragua se manifiesta en distintos ámbitos, social, económico, político, laboral, cultural, pero con mayor énfasis en el seno familiar, como lo es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, de la cual hablaremos.

Es importante mencionar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes siguen siendo las más vulnerables ante situaciones de violencia y trata de personas.

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Según datos de la Comisaria de la Mujer, a la hora de ejercer violencia sexual, específicamente el incesto, los padres, padrastros y abuelos ocupan los primeros lugares como agresores. Según opinión de la psicóloga Gioconda Cajina, el problema se identifica con el modelo familiar autoritario predominante en el país, el hombre tiene el poder, mientras la mujer, la niña o adolescente están en una posición de subordinación; este modelo genera una naturalización de la violencia y reproducción de la misma.

La gráfica siguiente muestra el Comparativo de Violencia Intrafamiliar en los años 2009- 2010, las denuncias presentan un incremento del 9%, siendo las tipicidades de mayor incidencia las faltas contra la integridad física de las personas con un incremento el 13%, delitos de violencia intrafamiliar incremento el 3% y delitos sexuales que descendieron en un 6%. .......................................................................................................................................

COMPARATIVO 2009-2010 - VIOLENCIA INTRAFAMILIA

2009

2010

31.759

34.763

Delitos VIF

3.858

3.984

Delitos sexuales

4.013

3.778

Delitos contra la libertad de actuar

2.926

3.150

Denuncias

Delitos contra el patrimonio Faltas contra la integridad física de las personas Otros delitos

1.409

1.239

18.593

21.051

960

1.561

...............................................................................................................................................

Estadísticas de la Comisaria Nacional de la Mujer - PN

En el año 2010 las comisarias reportaron 39 muertas y 34.763 denuncias, el perfil de las agredidas es de 25 a 30 años, en los agresores predominan dos patrones, el suicida y el prófugo. El siguiente cuadro nos muestra las cifras de las mujeres muertas, víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua en los años 2004-2010. Como se observa al pasar de los años (exceptuando el 2006 y 2008) los casos de muertas han aumentado; del 2009 al 2010 hubo un incremento del 26%.

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...................................................................................................................................... muertes

denuncias

2004

16

-

2005

18

-

2006

16

-

2007

22

-

2008

18

-

2009

31

-

2010

39

34.763

...............................................................................................................................................

Estadísticas de la Comisaria Nacional de la Mujer - PN

En la siguiente tabla encontramos la cantidad de delitos de violencia intrafamiliar dividida en tipos penales de VIF, tanto los ocurridos en el año 2009 como en el año 2010, a fin de comparar ambas cifras. Como podemos observar todos los tipos de violencia se incrementaron a excepción de los homicidios que disminuyeron y los asesinatos que se mantuvieron en 6; las lesiones leves se incrementaron en un 1.16% (37), las lesiones graves el 13% (80), los parricidios el 7% (2) y las lesiones gravísimas incrementaron en un 100% (10). .......................................................................................................................................

DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

2009

2010

3.187

3.224

618

698

Parricidios

29

31

Lesiones gravísimas

10

20

8

5

Lesiones leves Lesiones graves

Homicidios

Asesinatos 6 6 ...............................................................................................................................................

Estadísticas de la Comisaria Nacional de la Mujer - PN

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Según los registros de las delegaciones policiales del país, la lista de los departamentos que presentan mayores denuncias está encabezada por Managua, la capital, donde los distritos V y VI son los más afectados, así como los departamentos de Chinandega, Matagalpa y León; de 34.763 denuncias de violencia intrafamiliar y sexual, si comparamos los años 2009-2010, el comportamiento fue el siguiente: • • • •

Managua, con un incremento del 13% (1.783) Matagalpa con un incremento en la denuncia del 6% (121) León, con un incremento del 34% (503) Rivas con un incremento del 59% (396)

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DENUNCIAS 2009 - 2010 DELEGACIONES POLICIALES DEL PAÍS 2009

2010

Managua 13.799 15.582 Masaya 1.281 1.536 Granada 1.253 1.581 Carazo 1.532 1.579 Rivas 672 1.068 Leon 1.489 1.992 Chinandega 2.288 1.371 Estelí 1.078 998 Madriz 486 555 Nueva Segovia 519 725 Matagalpa 2.093 2.214 Jinotega 1.015 724 Boaco 458 446 Chontales 668 865 RAAS 832 782 RAAN 975 822 Siuna 566 555 Rio San Juan 357 492 Zona Central 813 ...............................................................................................................................................

Estadísticas de la Comisaria Nacional de la Mujer - PN

Cabe señalar que las Comisarias de la Mujer, en aras de atender estos casos de Violencia Intrafamiliar que se presentan a nivel nacional han creado las Comisarias Móviles como parte de su nuevo plan estratégico.

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Por otro lado, para enfrentar la situación de violencia contra las mujeres, el estado a través de la Corte Suprema de Justicia, está cumpliendo con su rol de garante de esos derechos, impulsando la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, que tiene como objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas y ámbitos; lo más importante es que en ella se incluye la tipificación del feminicidio y se elimina la figura de mediación por cuanto en este tipo penal media la violencia, y que la denuncia podrá ser interpuesta no solo por la mujer agredida, sino por sus familiares, amigos, vecinos, funcionarios del sistema de salud o conocidos.

AMNLAE ha participado en los foros de consulta de esta Ley en todos los departamentos y regiones del país, realizados con el objetivo de dar a conocer los aspectos que aborda y recopilar los aportes y opiniones de los operadores de justicia y organizaciones de mujeres. Cabe señalar que la presentación de esta Ley ha provocado un conflicto con los medios de comunicación en relación al Artículo 35: “Violencia mediática.- El dueño de medio de comunicación, la persona o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión u oficio, ofenda, injurie, satirice, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer a través de un medio de comunicación, será sancionado con una pena de doscientos a trescientos días multa y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.”

Algunas promotoras de derechos de las mujeres, y mujeres que han enfrentado Violencia Intrafamiliar han opinado que: «Independientemente de lo que piensen los dueños de medios, con este artículo se quiere callar a los medios de comunicación, éste nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la violencia de género; muchos noticieros, sobre todo los radiales, presentan los casos de violencia en forma de sátira e irrespeto a la dignidad de la mujer, sin que haya una regulación al respecto; por tanto piden no politizar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres».

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Según el Experto en Comunicología (Guillermo Rothschuh VillanuevaND, 21/02/11), “la peor violencia mediática contra las mujeres la ejercen los noticieros televisivos, no los caricaturistas”. Comparte la preocupación con la Dra. Alba Ruz Ramos (Magistrada y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia): “No puede, ni debe seguir ejerciéndose violencia mediática contra el sector más desfavorecido de la sociedad nicaragüense. Las mujeres merecen un trato más digno y humano. ¿Se logrará esta vez romper su sordera?”

Un aspecto novedoso dentro de las acciones que se desarrollan en el país para erradicar la Violencia es el documental basado en la obra de “Macho a Macho”, presentado por el Instituto de Cultura Hispánica, el cual se refiere a la violencia contra las mujeres desde la perspectiva del hombre; la idea es llevar el mensaje de no violencia y respeto a las mujeres de manera divertida, con este aporte se estará contribuyendo a la sensibilización y cambio de cultura en nuestra sociedad en relación al tema de género.

Por otro lado, según el estudio de la organización “Servicios Médicos Comunales”, la trata de personas es otro tipo de violencia que se ejerce contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, la Costa Caribe (El Tortuguero y Corn Island) es la más afectada por los/las tratantes de personas. En la parte del Pacífico en San Juan del Sur y Tola (municipios turísticos) se moviliza un grupo de personas que se dedica a captar jovencitas para explotación sexual comercial (trata de personas).Esto incluye asedio en colegios de niñas/os y adolescentes, Según este estudio, la pobreza y el desempleo que se vive en hogares rurales y urbanos de Tola y San Juan del Sur, junto con el alcoholismo son las principales causas del incremento de los delitos de explotación sexual, con fines comerciales y trata de personas que sufren las menores de edad y adolescentes de ambos municipios.

De acuerdo al informe de la Comisaria de la Mujer, el abuso sexual y el maltrato dentro de la familia son factores facilitadores para la trata, ya que el tratante estudia a la víctima y se vale de la seducción y no del rapto, siendo la víctima engañada al verlo como su benefactor.

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En Nicaragua, el pasado 8 de marzo de 2011, Día Internacional de la Mujer, distintas organizaciones de mujeres marcharon planteando sus demandas pidiendo: • Castigo para los abusadores y feminicidas.

• Aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

La violencia contra las mujeres es uno de los temas claves abordados en la Red de Mujeres Ciudadanas en la Cooperación para el Desarrollo de la Igualdad de Género, la cual esta integrada por mujeres de cinco países, siendo Nicaragua el quinto país en incorporarse a la Red por medio de AMNLAE en el año 2010. En esta Red las mujeres tanto de Extremadura, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Nicaragua compartieron experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre el tema, a través de un ciclo de videoconferencias, aprovechando las Tecnologías de Información y Comunicación que el Internet ofrece. Asimismo, dentro de los foros fueron compartidas las vivencias de sus respectivas organizaciones, desde donde se difundieron materiales informativos y se llevaron a cabo discusiones entre las participantes.

Dentro de las similitudes encontradas en las regiones, está que las denuncias sobre violencia se centran en el maltrato físico y/o psicológico de esposos, ex esposos, enamorados, o concubinos hacia sus parejas o ex parejas, los datos resaltaban que la violencia física sufrida hacia las mujeres va desde simples golpes, hasta agresiones severas y amenazas de muerte por parte de sus parejas o ex parejas.

Además, se abordó que las mujeres sufren diferentes tipos de violencia: institucional, en las calles, doméstica, patrimonial, moral, publicitaria, sexual, racismo, pobreza, educativa, xenofobia, desempleo, miseria, desamparo, siendo todas éstas un atentado a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, la violencia doméstica es la que llega al extremo de la muerte de las mujeres, lo cual es un desenlace fatal, realmente urge conocer cuáles son las situaciones que provocan un daño cotidiano y que muchas veces pasa desapercibido por la sociedad.

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4. Brecha digital de género Mª. del Carmen Gómez y Daniel Bentancor. “Uruguay hacia el 2000.

Desafíos y opciones”. 1ª edición, Editorial Nueva Sociedad, 1991. pág. 107. «... Toda gran transformación tecnológica tiene una cara en la que brillan las innovaciones -es la que miran sus protagonistas- y otra, oscura, vuelta hacia los pueblos que quedan al margen de los cambios, donde ellos ven el reflejo de su dependencia y su atraso, que se traducen en el agravamiento de las desigualdades sociales y de la miseria».

MARCO TEÓRICO TIC’S: DEFINICIÓN Y ALCANCES A lo largo de la historia, los sucesivos cambios tecnológicos han modificado la organización de las sociedades a través de su impacto en la vida cotidiana de las personas, especialmente cuando definen las formas de comunicarnos con los demás. La escritura, la imprenta, la electricidad, el teléfono –por mencionar sólo algunos ejemplos- y ahora la informática e Internet.

Actualmente se define a las TIC’s como aquellos conocimientos e instrumentos utilizados para compartir, distribuir y reunir información, así como para comunicarnos, individualmente o en grupo, mediante el uso de computadoras y redes de computadoras interconectadas. A partir de la convergencia de información y comunicación, se dice que hoy vivimos o transitamos hacia la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Estas nuevas tecnologías están modificando la relación con el trabajo, la escuela, los amigos, los gobiernos y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación a distancia, el teletrabajo, las comunidades virtuales, el gobierno electrónico, son algunos de los procesos que se han potenciado o generado con la aparición de estas herramientas.

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Las TIC’s pueden ser un instrumento de empoderamiento de las personas, facilitando la circulación de información, la difusión de muchas y diversas voces, la organización de grupos y la articulación de objetivos comunes. Pero también pueden ser utilizadas para perpetuar estereotipos y desigualdades, y reproducir o generar nuevos hechos de violencia. Sin embargo, también crea nuevas formas y medios para que las personas se organicen, trabajen en red, realicen campañas y produzcan acciones sociales que pueden no estar incluidas entre los intereses de gobiernos y corporaciones.

Aún es necesario desarrollar estrategias que entiendan que la igualdad en Internet va mucho más allá del acceso a una PC y sus herramientas.

Desde tales referencias pudiera desprenderse que las mujeres “...No han avanzado mucho en dejar otras huellas impresas en la autopista informática más allá de las tradicionalmente previstas. Pero se trata de un fenómeno muy nuevo y cambiante (….) las mujeres están cada vez más interesadas en las TIC’s y resulta necesario determinar qué nuevos retos deberían afrontar y qué medidas impulsar”. (Bonder, 2002).

LA BRECHA DIGITAL La relación entre género y tecnología debe ser analizada de modo integral, teniendo en cuenta el análisis de las tecnologías desde una perspectiva cultural. Esta perspectiva, va más allá del actual punto de vista sobre la exclusión de la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología. En los análisis culturales de la tecnología, las tecnologías son consideradas como “productos culturales”, “objetos” o “procesos” que cobran significación cuando son incorporados a la vida diaria. Si consideramos que la tecnología ha sido definida desde una perspectiva principalmente masculina, el cambio se origina a partir de una total reevaluación de las tareas técnicas y de las habilidades tecnológicas específicas ejecutadas por las mujeres. Transformar las relaciones de género en el campo de la tecnología no se centra solamente en acceder al conocimiento sino en crearlo. Esto significa trabajar en el ámbito de las definiciones, creando significados y una cultura tecnológica con perspectiva de género.

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El concepto de brecha digital se define como la diferencia que existe entre las personas (comunidades, departamentos, países) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las TIC’s en su vida diaria, y aquéllas que no tienen acceso a las mismas o que, aunque lo tengan, no saben utilizarlas.

El acceso a las TIC’s se suma entonces a una larga lista de privaciones que las mujeres sufren por motivos de género. La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos de carácter tecnológico: es el reflejo de una combinación de factores socioeconómicos, culturales, políticos y de infraestructura de telecomunicaciones e informática.

También está fuertemente vinculada al analfabetismo y al dominio de otros idiomas. Es entonces un tema muy unido a la educación, la formación y la cultura.

SITUACIÓN EN URUGUAY El desigual desarrollo de la sociedad de la información ha generado una “brecha digital” que amenaza profundizar las diferencias entre los grupos sociales más favorecidos y los menos favorecidos.

Nada es neutro*, hace 12 años, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Naciones Unidas) concluía que “la revolución en el sector de la información parecía estar dejando de lado a la mujer; que en la literatura sobre la sociedad de la información no se hacía referencia alguna a las cuestiones de género y que, ni en las investigaciones ni en los proyectos prácticos en el campo de la tecnología de la información se habían abordado las circunstancias concretas de la mujer”.

Esta preocupación se plasmó en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer que, entre otros tópicos, destacaba la necesidad de potenciar el uso y acceso a las TIC’s de las mujeres y su intervención “en la adopción de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, a fin de participar plenamente en su expansión y en el control de su influencia”. Las evaluaciones de Beijing+5 y Beijing+10 redundaron en la consecución de este objetivo, así como

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sucesivas instancias y declaraciones internacionales en que los Estados se comprometen a disminuir las inequidades –incluyendo la digital- en pos de la democracia.”

En Uruguay la brecha digital tiene aristas socioeconómicas, generacionales y geográficas, y también de género. Es otra forma que adquiere la inequidad ya existente en nuestras sociedades, ahora relacionada con el acceso y apropiación de las TIC’s.

Es importante destacar la creación del Sistema de Información de Género en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el trabajo conjunto con el Observatorio Social de Programas e Indicadores del Ministerio de Desarrollo Social.

Los cuadros que siguen a continuación dan cuenta del desigual acceso a las TIC’s en Uruguay: .......................................................................................................................................

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA UNA COMPUTADORA POR ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO

Área geográfica

Masculino

Femenino

Total

Montevideo

58,22

52,98

55,38

Total Interior Urbano

48,91

45,93

47,33

Localidades pequeñas y zonas rurales

31,16

35,77

33,42

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Fuente: http://observatoriosocial.mides.gub.uy [consulta: 26/10/2010]

Según datos del INE, en 2009 la “brecha de género” se da mayoritariamente en Montevideo y en el Interior urbano. Sin embargo, en las localidades pequeñas y en las zonas rurales existe un pequeño margen a favor de las mujeres. Éste sin duda es un fenómeno sumamente interesante.

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PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA UNA COMPUTADORA POR ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO

Área geográfica

Masculino

Femenino

Total

Montevideo

52,04

47,00

49,31

Total Interior

41,82

38,60

40,12

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De la "Encuesta de Consumo Cultural" surge que: “Casi todas las personas mayores de 60 años (94%) y casi todas las personas con educación primaria (98%) no lo utilizan, y el 89% de las personas con ingresos bajos tampoco”.

Las dificultades de acceso, capacitación y apropiación de las TIC’s por parte de mujeres de distintos orígenes socioeconómicos y diversa distribución geográfica son motivo de preocupación cuando se comprende la magnitud del impacto que esto tiene en el ejercicio activo de sus derechos y en las posibilidades de participación en todas las esferas de la vida social, política y económica.

Dentro de este contexto es que Factor Solidaridad con el apoyo y financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AEXCID - gestiona la Red de Centros de Desarrollo Regional (CDR) “Pirí Inchalá” – www.desarrolloregional.org.uy. El objetivo de la misma es promover la reinserción y desenvolvimiento social, económico y cultural de la comunidad y un desarrollo local territorial sostenible, a través de la alfabetización tecnológica, concibiendo a ésta como una herramienta imprescindible para el avance social. Se utiliza el software libre (GnuLiNex).

“Uruguay sigue teniendo una alta infantilización de la pobreza y una de las brechas en género más altas de la región” (CEPAL, Informe Panorama social de América Latina 2009) y esta realidad se constata en la zonas propuestas, por tanto, y dentro de este contexto, se prioriza la inclusión de estos colectivos vulnerables, lo cual se ve facilitado por la

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gratuidad de los servicios de los CDR y el acceso libre y democrático a los mismos.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta incluida en el desarrollo de nuestra praxis es una mirada que contempla la perspectiva de género, en el entendido de que es éste un elemento de amplia sensibilidad social dentro de la realidad uruguaya. Por ello es necesario hacer hincapié en la situación de las mujeres y en la búsqueda de herramientas que posibiliten espacios de reflexión e intercambio de experiencias acerca del uso y apropiación de los CDR, pero también y fundamentalmente en las prácticas individuales y colectivas que promuevan la generación de vínculos igualitarios entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y áreas de desarrollo de las personas (familia, trabajo, organizaciones sociales, empresariales, políticas, etc.).

Nos planteamos que las mujeres tengan la oportunidad de acceder a la información relevante para su empoderamiento; que sean capaces de formar redes con mujeres de otras partes del país y del mundo y que conozcan cuáles son sus derechos y puedan reclamarlos (por ejemplo, en situaciones de violencia familiar, salud sexual y reproductiva, derechos laborales, VIH-SIDA, embarazo adolescente, etc.). Por ello los Centros son la base para el funcionamiento de la “Red de Mujeres Ciudadanas” de la cual formamos parte activa. www.generoencooperacion.org

CASOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO REGIONAL Mal Abrigo y “Las Mujeres Del Telar” Este grupo de 15 mujeres -cuyas edades van desde los 15 a los 68 añosse viene reuniendo y trabajando en la escuela desde hace unos pocos meses. En ese pequeño espacio pero con muchas ganas, trabajan con la lana desde el comienzo hasta el final del proceso: Es un proceso netamente grupal, que necesita del aporte de diferentes manos, que se unen para buscar caminos de desarrollo comunes.

Hace ya un tiempo, con esas mismas ganas, este grupo de “mujeres del

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telar” comenzaron también juntas otro camino: su proceso de alfabetización tecnológica, el cual les “abrirá” nuevas puertas.

Afrogama El Grupo cultural Afrogama nos planteó que era muy importante la utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo personal y de la propia institución. Es así que se incorporan en nuestro Plan de Alfabetización Tecnológica y Desarrollo Humano.

Desde ese entonces el Grupo continuó trabajando independientemente en la reapropiación y la resignificación de la cultura afrouruguaya, como elemento recomponedor de la identidad afrodescendiente.

Con más de 14 años de trayectoria, Afrogama es un grupo abierto, integrado mayoritariamente por mujeres afrodescendientes, cuyas edades oscilan entre 7 y 76 años.

NO SE QUIEREN QUEDAR AFUERA Las generaciones que nacieron con las TIC’s, dominan su uso pero no siempre con un objetivo que apunte al crecimiento personal y colectivo.

Hoy en los CDR proponemos a las nuevas generaciones potenciar el uso de las nuevas tecnologías, sin dejar de lado el relacionamiento personal, el conocimiento del otro, la participación en grupo.

Con las llamadas “adultas mayores” compartimos un proceso inverso.

Hoy se sienten "por afuera" y recogemos de ellas frases como: "yo quiero aprender", "fíjate que todos mis nietos manejan la computadoras con los ojos cerrados", "yo no quiero quedar como tonta", "yo sé que puedo manejar estas máquinas aunque les tengo un miedo bárbaro", "tengo familiares y amigos fuera del país y quiero comunicarme"; y podríamos mencionar más.

Pues bien ellas no se "quieren quedar afuera" y nosotros les abrimos las puertas del CDR y las invitamos a entrar. Muchas ya están el pleno pro-

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ceso de Alfabetización Informática otras, además, quieren dominar otras tecnologías, por ejemplo el celular o móvil.

Mientras que continúan dominando esta herramienta ya se están integrando al grupo de Alfabetización Tecnológica porque además quieren comunicarse con familiares radicados fuera del país, investigar sobre temas de su interés y más.

5. El acceso a la justicia en el estado plurinacional de Bolivia Equipo Oficina Jurídica Para la Mujer, con la colaboración de Pedro Barrios

CONTEXTO ACTUAL La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene incorporado un amplio catálogo de derechos y garantías para que todas las personas tengan protegidos y respetados sus derechos, y reconocida su dignidad humana.

Sin embargo, la situación real es de constante polarización social y política que dificulta el diálogo democrático y constructivo, agravada por la debilidad institucional, la inobservancia de las reglas del Estado de Derecho y la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida15 (ejecuciones sumarias, violencia policial, tortura, etc), a la li-

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Denuncias de ejecuciones sumarias ejecutadas por el Grupo Delta de la Policía contra personas sospechosas de secuestro a un acusado de narcotráfico y el cometido por un escuadrón especializado de la policía en el hotel Las Américas de Santa Cruz contra un grupo de supuestos terrorista, las mismas que hasta la fecha no han merecido una investigación que de cuenta de la veracidad o falsedad de dichas ejecuciones. Muertes por violencia policial cuyos autores no son identificados por oposición expresa de autoridades gubernamentales.

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bertad16 (encarcelamientos sin el previo debido proceso), a la seguridad, a la dignidad, y otros, así como persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos que propician investigaciones contra autoridades gubernamentales.

Los crímenes conocidos como “linchamientos” cometidos en nombre de la “justicia comunitaria” continúan en aumento, reflejando el desprecio por la vida y el poco interés de las autoridades para diseñar soluciones estructurales para frenar efectivamente esas prácticas, independientemente de procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Desde el año 2009 a la fecha cerca de 40 personas fueron asesinadas a través de “linchamientos” siendo las victimas: mujeres, hombres, adolescentes, policías, campesinos, estudiantes y otros.

Existe una judicialización de la política utilizando al Ministerio Público en menesteres propios de una policía política y a los jueces cautelares para que den paso a instrucciones del Órgano Ejecutivo, sin respetar los principios de presunción de inocencia, del juez natural y las reglas del debido proceso, provocan temor en la población y una preocupante inestabilidad en los municipios y gobernaciones cuyos titulares representan a grupos opositores.

ACCESO A LA JUSTICIA Para una mejor y más clara exposición del tema, describo cuatro importantes situaciones que hacen que el acceso a la justicia en Bolivia sea muy limitado: Cobertura de los servicios de justicia, hacinamiento en las cárceles, desconocimiento de la independencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público y finalmente el acceso a la justicia para las mujeres.

1.- Cobertura de los servicios de justicia Los servicios de justicia en Bolivia llegan a cubrir únicamente el 60% de los municipios, esta situación se agrava por las vacancias que se ge-

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Privación de libertad sin observar las reglas del debido proceso y principios del juez natural y presunción de inocencia, entre otros.

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neran por cumplimiento del periodo de funciones, destituciones dispuestas por el Consejo de la Judicatura y renuncias17.

La falta de jueces y fiscales en todo el territorio del país ocasiona retardación de la justicia y constituye un drama tanto para las víctimas de delitos, que quedan sin respuestas a sus pretensiones, como para las personas privadas de libertad que durante años cumplen condenas sin sentencia en franca contradicción con la Constitución, las leyes y las convenciones de DD.HH. En la actualidad el 75 por ciento de la población carcelaria se encuentra con detención preventiva.

El Ministerio Público se halla imposibilitado de aumentar el número de fiscales, siendo la tendencia a disminuir el próximo año debido a que el Tesoro General de la Nación ha asignado para la gestión 2011 únicamente el 50 por ciento de lo solicitado, lo que supone que, además de disminuir el número de fiscales, no se mejorará el servicio del Instituto de Investigaciones Forenses, no se aumentará el personal de medicina forense (médicos, enfermeras, etc) ni se ampliará este servicio a las zonas rurales18.

La escasez de recursos económicos en el Ministerio Público obliga a las víctimas de delitos a proveer insumos para el examen médico forense como la compra de guantes, hisopos, envases para recoger pruebas, hasta espéculos desechables, así como pagar los exámenes de laboratorio y otros.

La recarga de trabajo de los fiscales determina que estos retengan los procesos sin acusación formal, más allá de lo establecido por ley o proceder al rechazo de denuncias sin previo análisis detenido de la prueba aportada, atentando al Derecho a la Justicia.

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18

En Cochabamba con datos proporcionados por la Corte Superior de Distrito de los 141 juzgados existentes en las 15 provincias, 31 de encuentran acéfalos.

Declaraciones del Fiscal General de la republica Mario Uribe y del fiscal de Disctrito Camilo Medina de 20 de septiembre al periódico Opinión.

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2.- Hacinamiento de las cárceles Como efecto del déficit de personal en el ramo de justicia, la tendencia de resolver los problemas de la sociedad a través de la acción penal, la aprobación de leyes penales con efecto retroactivo y el endurecimiento de sanciones, así como la inexistencia de una política de prevención de los delitos, las cárceles de Bolivia se van poblando a un ritmo alarmante con señales de total colapso, sin que las autoridades llamadas por ley busquen soluciones a aspectos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los/as internos/as, de sus familias, el personal policial que les vigila y la sociedad toda. Las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los privados de libertad constituyen una afrenta para una sociedad democrática.

3.- Desconocimiento de la Independencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público Después de un período cercano a los 3 años de inacción del Tribunal Constitucional, las acefalías generadas en la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Distrito, así como el prolongado interinato del Fiscal General y los/as fiscales de Distrito, en una acción contraria a los principios del Estado Democrático de Derecho, el Poder Legislativo, mediante Ley No. 003 de 5 de diciembre de 2010, declaró la transitoriedad de los cargos del órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público hasta que se efectúen las elecciones de los titulares como manda la CPE, prorrogó la suplencia del Fiscal General de la República y facultó al Presidente de la Republica para que la designe a las altas autoridades del Órgano Judicial19.

En mérito a dicha delegación el Presidente, nombra con carácter interino a las autoridades acéfalas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional., quienes a su vez proceden a designar a las autoridades judiciales y del Ministerio Público departamentales a través de mecanismos de selección poco transparentes20.

19 20

El art. 3 II de la referida Ley 003 Decreto presidencial Nº 0432 de 17 de febrero de 2010

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Por mandato de la mencionada Ley el Tribunal Constitucional inicialmente tenía la facultad de revisar y liquidar los recursos presentados hasta el 6 de febrero de 2009 (que sumaban a cerca de 6.000 procesos), dejando al país sin instancia de protección de los derechos fundamentales y vigilancia de la Constitución. Posteriormente, mediante ley 040 se amplió la facultad del Tribunal Constitucional para que “una vez concluida la liquidación de las causas presentadas hasta el 6 de febrero de 2009”, procedan a resolver las acciones de: libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de privacidad, y acción de cumplimiento, presentadas a partir del 7 de febrero de 2009.

Acciones y recursos como el de inconstitucionalidad de leyes y decretos, por mandato expreso de la ley, no pueden ser tratadas por el Tribunal Constitucional, pues para ser resueltas, deben esperar la elección de las autoridades titulares por voto popular. Empero, a no existir fecha precisa para que se dé dicho evento, las designaciones de magistrados del TC con facultades limitadas, se tornan indefinidas, quedando los órganos Legislativo y Ejecutivo con la vía expedita para aprobar normas contrarias a la CPE. A la fecha el Tribunal Constitucional no han concluido aún con el despacho de los casos anteriores al 7 de febrero de 2009. Muchos de los recursos de inconstitucionalidad presentados antes de dicha fecha, fueron rechazados in límine con el argumento de haber sido fundamentados en los preceptos de la Constitución Política abrogada.

Los cuadros estadísticos difundidos por el propio Tribunal Constitucional muestran que a la fecha se encuentran sin respuesta 4.450 peticiones21, la mayoría de ellas: Recursos de Amparo Constitucional, Acciones de Libertad y Recursos Indirectos de Constitucionalidad.

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www.tribunalconstitucional.gob.bo Ultima Revisión 5 de abril.

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4. Acceso a la justicia para las mujeres Los problemas de acceso a la justicia para las mujeres subsisten con tendencia a deteriorarse aún más por circunstancias como las siguientes: • Debilidad del mecanismo de seguimiento de las políticas de género existentes en sendos documentos aprobados por el gobierno22.

En efecto, no existe una definición sobre el perfil de las personas que deben ocupar el cargo de Viceministros de Igualdad y las titulares son destituidas intempestivamente dejando truncas las actividades planificadas, no existiendo continuidad en el desarrollo de las políticas de genero23 • Insuficiente asignación presupuestaria. El Tesoro General de la Nación y los Municipios asignan presupuestos tan ínfimos que no es posible ejecutar las acciones previstas en los planes y programas, mucho menos incidir para que las mujeres víctimas de violencia reciban respuestas de la justicia.

• Alarmante incremento de los delitos contra la libertad sexual de mujeres, niñas y niños.

Por los problemas señalados con anterioridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público son incapaces de responder a las demandas de las víctimas.

Un pequeño estudio realizado por la Oficina Jurídica para la Mujer en la ciudad de Quillacollo, distante a 13 km de Cochabamba, arroja los siguientes datos:

22 23

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Vivir Bien, Plan Nacional de Derechos Humanos.

En lo que va de la gestión 2010 fueron 3 las personas que ocuparon el cargo de Viceministro de Igualdad

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a) Que de 245 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres entre los años 2008,2009 y 2010, fueron abandonados 134 antes de que se formule acusación formal. b) De los 98 casos remitidos al Tribunal de sentencia, el 82% fueron abandonados o se encuentran sin sentencia y solo el 18 % tiene sentencia.

Llama la atención el número de denuncias abandonadas, pero las razones tienen que ver principalmente con: • La re-victimización de las mujeres y niñas que acuden a denunciar desde el primer momento cuando son sometidas a exámenes médicos en condiciones que no respetan su intimidad por la precariedad de los consultorios médicos; el trato displicente de médicos forenses, fiscales, jueces, investigadores, hasta personal de las defensorías de la niñez y la adolescencia.

• Los costos económicos y emocionales para las víctimas que deben realizar esperas de horas, hasta días para ser atendidas por el profesional que procederá al examen forense, así como la provisión de insumos para el examen (algodón, guantes, etc) inclusive la píldora del día después.

• Reiterativos interrogatorios a los que deben someterse las víctimas: ante el o la fiscal que lleva el caso, el investigador, el o la juez cautelar, la psicóloga y el Tribunal de Sentencia • La falta de apoyo psicológico especializado para las victimas y la inexistencia de procedimientos específicos para procesar la violencia sexual24.

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El procedimiento es el mismo que para delitos como robos, asesinatos, secuestros, accidentes de tránsito, etc.

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Finalmente, hay una necesidad de garantizar el acceso irrestricto a la justicia para las mujeres indígenas en Ley de Deslinde Jurisdiccional que legaliza la justicia indígena campesina, contribuyendo a que usos y costumbres discriminadoras, se fortalezcan y perpetúen.

Las buenas intenciones del Gobierno se hallan en estudios, planes y proyectos, pero su concreción material no llega por lo que la justicia sigue siendo ese familiar desconocido para la gran mayoría de los bolivianos y bolivianas.

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SECCIÓN TRES

ESTUDIO SECTORIALES

1. Femicidio en Guatemala

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María Luisa Cabrera Pérez Armiñan (PhD). Guatemala

UN PROBLEMA DE DIMENSIONES REGIONALES En el año que culminó, mujeres y niñas desde los 6 a los 60 años de edad fueron asesinadas en Guatemala, a razón de dos por día; en total 680 mujeres asesinadas en el año 2010 por violencia de género, la mayoría con arma de fuego, muchas de ellas adolescentes que fueron cortadas literalmente en pedazos y dejadas en distintos lugares.

Esta realidad, aun con cifras cuyo rigor se sigue discutiendo debido a las discrepancias de los datos según las fuentes, ha provocado una amplia discusión social y política en la sociedad civil organizada y una presión al Estado para que actuara en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, ratificando y cumpliendo los diferentes convenios internacionales (Convención de Belem do Para, 1995).

Debido a ello se ha implementado política pública a favor de la protección de los derechos de las mujeres y enfoques de atención integral a las sobrevivientes por la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de la Violencia contra las Mujeres (CONAPREVI). Pese a estas medidas mínimas, los crímenes contra las mujeres continúan un ascenso alarmante al igual que ocurre en muchos otros países.

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Nota del editor: El aparato crítico del texto ha sido resumido en el apartado final “fuentes y bibliografía y notas”, con el fin de facilitar la lectura a un público no especializado.

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El triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo. En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano. A pesar de ser pionera en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años.

DIVERSOS ENFOQUES EN EL TRATAMIENTO DEL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES El termino femicidio explicaría los asesinatos de mujeres que están ocurriendo como una forma de dominación, poder y control sobre las mujeres que representa la expresión extrema de la violencia de género ejercida por hombres contra mujeres y niñas, naturalizada en la cultura y tolerada por el Estado y la sociedad, mostrando su carácter político y social 26.

En cambio feminicidio es un concepto más amplio que engloba al femicidio e incluye las violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres por un estado de violencia misógina contra ellas, que conduce a agresiones, ataques, maltrato y daños que culminan en algunos casos en asesinatos crueles de mujeres. Éste es el concepto aplicado en México a consecuencia de la presión ejercida para esclarecer los asesinatos de mujeres en la industria de las maquilas de Ciudad Juárez en México.

Los casos de femicidio, según lo plantea la ley en Guatemala corresponden a actos y motivaciones individuales, mientras que en el caso de México se ha logrado avanzar un poco más en el análisis estructural del

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CENTRO PARA LA ACCIÓN LEGAL EN DERECHOS HUMANOS. Asesinatos de Mujeres: expresión del Feminicidio en Guatemala. CALDH. Guatemala, 2005.

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fenómeno y se atribuye a la impunidad, el silencio, la omisión y la negligencia o complicidad de las autoridades. Esta responsabilidad institucional como Estado causó amplia resistencia entre los diputados del Congreso de la República en Guatemala, razón por la que finalmente adoptaron la figura de femicidio ya que atribuye la responsabilidad a personas concretas y no al Estado. Se reconoce el feminicidio cuando el Estado no da garantías de vida y seguridad a las mujeres, sea en la casa, en el trabajo o en otros espacios públicos y cuando las autoridades no investigan ni sancionan con eficiencia estos crímenes y/o agresiones. Por lo cual las feministas lo consideran un crimen de Estado, producto de un sistema patriarcal que normaliza la violencia sexual y el maltrato emocional hacia las mujeres.

El patrón alarmante que asocia estos crímenes a una cultura de odio hacia las mujeres y que por ello se interpreta como una forma de dominación, poder o control machista y misógino es el hecho de que muchos de estos asesinatos aparecen marcados por la alevosía, el ensañamiento al infligir daños innecesarios e ignominiosos y el impulso de la perversidad brutal al gozar del padecimiento producido por descuartizamientos, decapitaciones, estrangulamientos…

Cuando se investigan estos asesinatos se visibiliza que han sido intencionales, que se producen tanto en el espacio público como en el espacio privado, que los responsables materiales directos suelen ser familiares o ex parejas, pero también agentes del estado, violadores, y que existe un enorme grado de impunidad razón por la que no se investiga ni se sanciona; de los 1227 casos de asesinatos de mujeres ocurridos entre 2002-2004 solo siete tuvieron sentencias condenatorias. En consecuencia, la ejecución de estos crímenes genera terror en la población por el grado de planificación e intimidación que significan.

El año 2003 se ha considerado crítico en el repunte de las muertes violentas de mujeres en Guatemala y su escalada posterior. Este año sucedieron algunos hechos políticos de trascendencia para la explicación del origen y la causalidad de estos asesinatos. Por un lado, fue un año preelectoral que al igual que en el año 2007 y 2011, desatan y se solapan todo tipo de violencias. Ese mismo año, el Estado de Guatemala reconoció la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos

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de seguridad (CIACS) que nutren los aparatos de inteligencia militar con estructuras paramilitares y de sicarios que funcionaron durante el conflicto armado interno para la represión selectiva. Su existencia se volvió clandestina con los regímenes de la transición democrática, pero siguen operando hasta la fecha. Hoy en día, las estructuras de poder paralelo y clandestino conforman una “red de redes” que aglutina intereses económicos, poder político, medios de comunicación, información e inteligencia. A ellos se les atribuye la responsabilidad de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, así como sus vinculaciones con el crimen organizado y acciones de limpieza social junto a los asesinatos de mujeres. En 2005, el director de la Policía Nacional Civil informó de que la proporción de mujeres asesinadas representaba a una mujer por cada cuatro hombres. A pesar de todo, los asesinatos han seguido incrementándose en una espiral imparable hasta la fecha identificándose cuatro factores de desigualdad que convergen en la violencia de género: clase/pobreza, etnia, residencia urbana o rural y desplazamiento.

Tal y como describe un documento de análisis político de la Fundación Myrna Mack (2010) lo que caracteriza hoy en Guatemala la crisis del Estado es la búsqueda de hegemonía entre grupos del sector empresarial, del sector militar y de los actores emergentes vinculados a los negocios legales e ilegales, así como a las Iglesias Católica y Evangélica Neo pentecostales, todos ellos en una disputa por el control del Estado.

Los sectores emergentes conformaron el anterior bloque contrainsurgente durante la guerra (Conflicto Armado Interno 1962-1996) que se reconvirtieron económicamente a través de la delincuencia organizada, la corrupción, la mafia y la narcoactividad, constituyendo hoy parte de los poderes ocultos y paralelos. Estos rasgos han profundizado el debilitamiento del Estado de Derecho por la desigualdad histórica ante la ley, la falta de representatividad y controles democráticos y la impunidad de los grupos dominantes, ahora diversificados y fragmentados por la irrupción del narcotráfico y la delincuencia organizada a escala transnacional y en el marco de una amplia corrupción política.

Así las cosas, el sentido del debate entre femicidio y feminicidio es que sus características apuntan a la repetición de los patrones de violencia en el conflicto armado interno. Las causas de las muertes violen-

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tas de mujeres se vuelven más complejas porque los escenarios también lo son. Las malas prácticas de justicia se refuerzan por las visiones patriarcales y las actitudes machistas de los operadores de justicia. Esto les permite sospechar de la víctima y comprender los móviles del agresor invirtiendo la presunción de culpabilidad sobre la víctima, quien acaba arrepentida de buscar justicia y desestima la posibilidad de denunciar porque termina más dañada que protegida.

¿POR QUÉ ASESINAN A LAS MUJERES? En los últimos años se han reiterado tres tipos de explicaciones articuladas entre sí y que se refuerzan mutuamente: • Un clima de debilidad e impunidad institucional, que ha llevado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a definir que el 99% de los casos denunciados quedan impunes.

• Una política de terror para desestabilizar la gobernabilidad producida por las estructuras clandestinas.

• Otras causas múltiples relacionadas con la violencia intrafamiliar y con las guerras entre grupos (maras, grupos del narcotráfico).

Debido a que los cambios posteriores a la firma de paz no han logrado establecer garantías de no repetición de los hechos de violencia, muchos de estos crímenes presentan características comunes del pasado de la guerra como el ensañamiento (tortura), la edad (mujeres jóvenes), el carácter ejemplarizante y la frecuencia de las muertes.

Cada uno de los gobiernos de transición democrática postconflicto tiene responsabilidades directas en el grado de descomposición social y deterioro de la institucionalidad. En el primer gobierno postpaz (ARZU, 1996-1999) se vendieron los recursos naturales del país a las transnacionales mientras se empujaba la agenda de cumplimiento de los acuerdos de paz. En el segundo gobierno de transición, el gobierno del FRG (2000-2003) provocó un deterioro de la institucionalidad, profundizando la corrupción y la impunidad reproduciendo la misma percepción que en la guerra de que “todo se vale”. Con el siguiente gobierno de la GANA (2004-2007), que representaba a la derecha empresarial

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surgió la explicación de que los asesinatos perseguían aterrorizar a las mujeres como sector porque estaban emergiendo públicamente como actoras sociales y protagonistas de un cambio de roles en su posición subordinada. Así pues, se perseguía disuadir su participación en el ámbito público y su retorno al hogar. Esta realidad empujo al último gobierno, Colom (2008-2011), a la aprobación de leyes específicas 27 y políticas públicas. Pero el imparable ascenso de las estadísticas indica que sigue siendo un problema gravísimo.

Investigaciones posteriores sobre cómo es la respuesta del sistema de justicia ante los casos denunciados 28 confirma el silencio cómplice y la omisión de las autoridades frente a los delitos sexuales por considerarlos un asunto doméstico y privado, marcado por el estigma social, porque hablar de la sexualidad es un tabú y porque la violencia sexual está tan naturalizada en nuestras sociedades que las propias víctimas no se reconocen como tales.

Se ha denunciado que el sistema de justicia reproduce la desigualdad de género. Sin embargo, un estudio de la Fundación Mirna Mack 29 afirma que no hay tal discriminación, sino que más bien las investigaciones penales se entrampan por la influencia del estigma social enraizado sobre determinados estereotipos violentos de las clases populares, asociando pobreza con delincuencia como presunción hipotética, junto a un extendido clima de impunidad institucional que devalúa el sentido de defender la vida.

El fracaso del sistema de justicia representa un obstáculo más que facilitar un medio para enfrentar la violencia de género. No solo impide que las mujeres accedan a la justicia sino que también convierte la de-

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Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Compendio de Instrumentos Internacionales y Nacionales sobre Discriminación y Violencia contra las Mujeres. CONAPREVI. Por ser mujer (limitantes del sistema de justicia ante muertes violentas de mujeres y víctimas de delitos sexuales). Kristin Svendsen. INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES DE GUATEMALA (IECCPG). FONDO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS GUATEMALTECAS (FEG).

AGENCIA DE DESARROLLO INTERNACIONAL DE CANADA. AGENCIA SUECA DE COPPERACION PARA EL DESARROLLO (ASDI).

Impunidad, estigma y género. Estudio de procesos penales por muerte violenta en el departamento de Guatemala (2005-2007). Fundaciòn Myrna Mack, Guatemala 2009.

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nuncia en un proceso de revictimización. En consecuencia también desde los sistemas de poder se normaliza y se legitima la violencia contra las mujeres. De ello resulta un 97% de impunidad en los delitos contra la vida y la libertad sexual.

En Guatemala ha tenido peso la contribución desde la teoría feminista que aborda la apropiación patriarcal del cuerpo de las mujeres y el establecimiento de relaciones de abuso que se perpetúan a través del lenguaje sexista y de las prácticas sexuales no consentidas. Pudiéndose interpretar algunos asesinatos con ensañamiento y tortura como el resultado del carácter sexual de la cultura de violencia contra las mujeres 30 que se vive cotidianamente en Guatemala.

Diversos son los factores de violencia estructural en la sociedad guatemalteca como el terror y la miseria, que propician la violencia contra las mujeres. Entre otros, • la normalización de comportamientos sociales basados en la represión y el abuso que ignoran el reconocimiento del Otro; • la agudización de la inequidad y de la exclusión que aumenta las brechas sociales y genera patologías psicosociales y racistas.

El incremento de la pobreza extrema ha generado más miseria en la población asociada al terror generado por las muertes violentas que siempre quedan en la impunidad.

PROPUESTAS DE NECESIDAD PARA EL FUTURO Podemos concluir que la disgregación de las cifras de muertes violentas de mujeres en Guatemala, arrojan más confusión que legitimidad sobre la magnitud real del problema. Se contribuiría al estudio riguroso si se diferenciaran las muertes por homicidio de las muertes por femicidio. El activismo político, el subregistro institucional y la disgregación

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El carácter sexual de la cultura de violencia contra las mujeres. Yolanda Aguilar y Amandine Fulchiron en Las Violencias en Guatemala. Algunas perspectivas. Flacso. Colección Cultura de Paz. No. 10. Guatemala, 2005.

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de cifras y fuentes tiende a aglutinar todas las muertes lo que sobredimensiona el fenómeno en sus aspectos más perversos (femicidio), con el riesgo de que este espectáculo del horror se desmorone en importancia cuando se logren tener cifras más apegadas a la realidad.

Más allá de las cifras es incuestionable que la muerte violenta cualquiera sea el género, debe ser erradicada con una justicia eficiente que responda a una premisa básica de la reparación del daño, cual es el establecimiento de las garantías de no repetición de la violencia. Pero este vacío estructural ha sido consecuencia de las escasas reformas que se produjeron después de la Firma de Paz en Guatemala.

Hay crímenes de odio ligados a un protagonismo emergente de las mujeres, pero también existen crímenes de limpieza social para eliminar la exclusión que incluye a mujeres que por su condición social y económica son consideradas en un imaginario social no confesado como sujetos descartables de la sociedad, en consecuencia su desaparición o asesinato no produce tanto horror social. Por último, las mujeres asesinadas a veces son el producto de un botín de guerra, siendo castigadas por ser familiares –madres, esposas, novias, hijas- de narcos o maras que entran en pugna interna por el control de los territorios.

Si los problemas de las violencias sociales y de la violencia contra las mujeres bajo la forma de las muertes violentas traspasan fronteras, requieren ser discutidos en las agendas de Cooperación política y social a niveles regionales y/o continentales. Si además se vinculan con un pasado de conflicto armado cuyas secuelas no se han resuelto, requerirán revisar la agenda de paz que ha ido quedando en el camino.

Si el protagonismo emergente y la actoría social de las mujeres es un avance que causa resistencia porque desequilibra el imaginario social de machismo y poder atribuido al rol masculino y que en su consecuencia más funesta explica algunos asesinatos violentos de mujeres, entonces estamos ante un problema mundial que acabará reconfigurando completamente las sociedades patriarcales en las cuales vivimos todos y todas. Sin embargo esta causalidad no explica la totalidad de los casos y el acentuamiento del problema actual en Guatemala o aun en la región centroamericana. Pero sí establece la necesidad de conti-

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nuar conociendo el tema en profundidad y debatiéndolo exhaustivamente para lograr una más acertada incidencia política de la sociedad civil hacia los gobiernos de turno.

Por último, estas reflexiones también invitan a que la Cooperación Internacional puede y debe contribuir al entendimiento del femicidio y de la violencia contra las mujeres, promoviendo la investigación social académica a partir de la reflexión crítica que cuestiona las certezas que otorgan poder porque tienen el ropaje de la sabiduría, pero no han sido capaces de responder a esta pregunta básica que nos hace el filósofo Humberto Maturana: “¿Cómo sé yo que lo que pensamos como certeza en verdad es cierto?”. Esta pregunta de rigor y honestidad intelectual nos previene del riesgo de banalizar el concepto de la violencia, porque al convertirse en la explicación totalitaria y abarcadora de todo lo que nos pasa en Guatemala, acaba por no explicar nada y producir hasta el efecto contrario, que nos habituamos a nombrar sin que nos espante la sensibilidad ni nos mueva hacia la acción social transformadora.

2. La resolución 1325: avances de la ONU para integrar el género en los temas de paz y seguridad Mª Natividad Fernández Sancho

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 1325 sobre “Mujeres, paz y seguridad” que se convirtió en el marco político más importante para la puesta en marcha de medidas destinadas a la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y la defensa. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad dedicó una sesión entera a debatir el impacto de los conflictos en las vidas de las mujeres y las niñas, lo que se puede considerar en sí mismo un logro por lo que supone en cuanto a dar visibilidad a los temas de

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género en un ámbito en el que normalmente son relegados a un segundo plano. Hasta que se llegó a este punto conviene apuntar que desde la sociedad civil se estaba trabajando para impulsar estas cuestiones, sobre todo a través de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Las violaciones durante los conflictos así como otras formas de violencia sexual ejercida contra las mujeres saltaron a los medios de comunicación a raíz de las guerras de Yugoslavia y Ruanda. Por primera vez se reconocía la violación en situaciones de conflicto como un crimen de guerra, una actividad organizada para generar miedo, humillar al enemigo y, en definitiva, como arma de guerra. Hasta ese momento, estos actos se “aceptaban” como una consecuencia inevitable de los conflictos armados.

Entre otros aspectos, la Resolución 1325 reconoce que las mujeres y las niñas sufren de manera específica las consecuencias de los conflictos armados, durante los cuales las desigualdades de género preexistentes tienden a exacerbarse. Estas desigualdades, sustentadas en unas relaciones de género caracterizadas por el desigual acceso y distribución del poder entre hombres y mujeres, derivan durante los periodos de conflicto y postconflicto en diferentes tipos de violencia y abusos ejercidos contra las mujeres y niñas, siendo, la violencia sexual la que se ejerce de manera más habitual . Esto no quiere decir que los hombres no sufran los efectos de la guerra pero, por lo que se refiere a la población civil, las mujeres y las niñas son las más afectadas por los conflictos armados, debido a los desmesurados ataques y violencia que sufren, por resultar más vulnerables a las crisis económicas, por encontrarse en muchos casos como responsables de la familia, por problemas específicos de salud sexual y reproductiva que se exacerban en los conflictos, etc.

Conviene destacar que esta Resolución supuso un importante avance al romper con la visión reduccionista que sitúa a las mujeres y a las niñas durante los conflictos en calidad de víctimas, es decir, en un rol pasivo, ya que reconoce su papel como agentes activas (incluso como perpetradoras de violencia) y, de manera muy destacada, en la pre-

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vención y solución de los mismos así como en los procesos de construcción de la paz. Se resalta así la importancia de incorporar a las mujeres, su experiencia y necesidades, en las negociaciones de los acuerdos de paz y en otras tareas tales como la planificación de campos de refugio.

Esta Resolución alienta a las agencias de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, al Secretario General, a los Estados miembros y al resto de partes implicadas (agencias humanitarias, militares, sociedad civil, etc.) a poner en marcha acciones en relación a 18 puntos que hacen referencia a cuatro temas fundamentales: 1. La participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisión en los procesos de prevención, gestión y solución de conflictos y procesos de paz (se incluye también la ampliación de la presencia de mujeres en misiones de paz en el terreno).

2. Introducción de la perspectiva de género en las actividades de construcción de la paz y en las operaciones de mantenimiento de la paz (destacando la formación en materia de género).

3. Protección de los derechos de las mujeres y niñas durante los conflictos armados y en la fase de postconflicto.

4. Transversalidad de la perspectiva género en la recogida de datos y sistemas de información de Naciones Unidas.

Desde su aprobación el Consejo de Seguridad la ha reforzado y ampliado con la adopción de otras tres resoluciones importantes. En junio de 2008 se adoptó la Resolución 1820 que se centra en la violencia sexual ejercida contra las mujeres dentro del marco del conflicto, reconociéndola como una táctica de guerra y en la que se llama a la comunidad internacional a prevenirla. Asimismo, exhorta a las partes en los conflictos armados, incluidos los actores no estatales, a proteger a los y las civiles de la violencia sexual, hacer cumplir la disciplina militar y el principio de responsabilidad del mando, y enjuiciar a los responsables.

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Aunque la 1820 complementa a la 1325, hay que decir que ésta tiene un valor más político que da relevancia al papel activo de las mujeres y niñas como antes habíamos apuntado. En la Resolución 1820, sin embargo, predomina el rol de las mujeres y niñas en calidad de víctimas.

La Resolución 1820 pide al Secretario General de las Naciones Unidas que presente un informe en el que se describa un plan de acción para abordar la violencia sexual de manera integrada y sistemática en todo el sistema de las Naciones Unidas. En el informe, publicado en julio de 2009, se destacó la falta de personal directivo superior y la necesidad de mejorar la coordinación y la rendición de cuentas, lo que dio lugar a la Resolución 1888 adoptada en septiembre de 2009. En esta Resolución se pide el nombramiento de un Representante Especial del Secretario General, se insta a los Estados a emprender reformas legislativas y judiciales con vistas a que comparezcan ante la justicia los responsables de actos de violencia sexual cometidos durante conflictos, a asegurar la investigación a fondo de todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos por civiles o militares y a que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

Pocos días después de la adopción de la Resolución 1888, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1889 (octubre de 2009), en la que, entre otras cosas, se pide al Secretario General que elabore una estrategia para aumentar la participación de las mujeres en el personal de mantenimiento de la paz y que asegure que, en todos los informes que presenten los países al Consejo de Seguridad, figure información sobre las repercusiones de las situaciones de conflicto armado para las mujeres y las niñas. Cabe destacar que en ella también se pide la elaboración de unos indicadores que puedan servir de base común a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales y a los Estados Miembros en la elaboración de informes sobre la aplicación de la Resolución 1325. Fruto de ello, se han establecido 26 indicadores que tienen en cuenta cuatro aspectos: la prevención, la participación, la protección y el socorro, y la recuperación.

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PLAN DE ACCIÓN DE ESPAÑA Es su informe de 2004 sobre la implementación de la Resolución 1325, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, exhortó a todos los Estados miembros a desarrollar Planes de Acción Nacionales para garantizar la implementación de esta Resolución.

Los planes de acción tienen como objetivo sistematizar y organizar una serie de acciones que conduzcan al cumplimiento de la Resolución. Además, permiten obtener una mejor visión y más global del marco y los actores implicados en los procesos de construcción de paz, aunar esfuerzos, generar una coherencia de políticas públicas y coordinar el trabajo para mejorar la eficacia de las acciones que se lleven a cabo.

En el caso de España, el 30 de noviembre de 2007 se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros el “Plan Nacional de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la Resolución 1325”. En la elaboración de dicho Plan participó un grupo ministerial compuesto por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación (incluida la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID), Trabajo y Asuntos Sociales (representado por la Secretaría General de Políticas de Igualdad y el Instituto de la Mujer), Defensa, Interior, Justicia, Educación y Sanidad . El Plan aborda de manera especial tres aspectos: la protección, la participación y la transversalidad de género, que se articulan alrededor de 6 objetivos en los que se recogen los puntos principales de la Resolución 1325.

A la hora de abordar la participación de las mujeres en la gestión de crisis, el Plan español plantea dos vertientes: por un lado la participación de mujeres en las misiones de paz (tanto en el ámbito militar como en el civil); y una segunda versión de la participación, que se refiere a la presencia y participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisión que tengan lugar para el fomento de la paz y la seguridad, así como en la prevención y solución de conflictos, en la planificación de los campos de refugiados y refugiadas, etc., tal y como lo destaca la Resolución 1325.

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Por otra parte, el Plan contempla la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las misiones de paz y en los procesos de construcción de paz. Para ello hace especial hincapié en asegurar la formación específica en esta materia del personal que participa en las misiones, la recopilación de información con perspectiva de género y el trabajo de las mujeres y de las asociaciones de mujeres a la hora de planificar y poner en marcha las actividades propuestas.

Es cierto que el Plan de Acción nacional tiene una serie de virtudes, como el haber reunido a un amplio número de Ministerios e instituciones que se comprometieron con una serie de acciones realistas, sin embargo, carece de presupuesto y de indicadores que permitan realizar un correcto seguimiento de su cumplimiento.

Hasta el momento se han realizado dos informes de seguimiento (que tienen un carácter anual a pesar de que el primero tuvo un año de retraso). En el segundo informe destaca la presencia del Grupo de Género de la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE), dando cabida a la opinión de este sector de la sociedad civil. Además, se han recogido las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de las Resoluciones 1820, 1888 y 1889. El grueso de las acciones ejecutadas recae en los Ministerios de Defensa y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (sobre todo por su labor en el ámbito de la cooperación) . Como se señala en el II Informe todavía queda mucho por avanzar, como, por ejemplo, en la elaboración de indicadores. Destaca también la necesidad de mejorar la recogida de datos e información que permita hacer un análisis de género, promover la participación de mujeres en los procesos de paz, etc.

Por su parte, desde la sociedad civil se apunta que el enfoque del Plan apunta a las mujeres y las niñas sin tener en cuenta a los hombres (la misma crítica que, por otra parte, se le puede hacer a la propia Resolución 1325); existe una visión militarizada que predomina sobre el enfoque de Seguridad Humana y una limitación de la violencia a los propios conflictos armados sin ir más allá de éstos.

Sería conveniente, más de tres años después de la aprobación del Plan de Acción, que se hiciese una revisión y actualización del mismo dando

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cabida a las recomendaciones señaladas y a los avances que en el ámbito internacional se han dado, sobre todo con la aprobación de las Resoluciones 1820, 1888 y 1889.

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE SU ADOPCIÓN: ¿QUÉ QUEDA POR HACER? La Resolución 1325 celebra cada año su aniversario y el pasado mes de octubre tuvo lugar el décimo desde su adopción, un buen momento para detenerse y hacer balance de qué se ha logrado y cuáles son los retos que todavía quedan por conseguir.

Diez años después de la aprobación de la Resolución 1325 la implementación todavía es muy lenta, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia del tema del que nos ocupamos. Entre los avances logrados cabe apuntar la elaboración de Planes de Acción Nacionales por parte de 19 países, aunque la cifra todavía es muy reducida. La mayor parte de esos países son occidentales en los que no ha habido un conflicto armado, Liberia fue el primer país en esas circunstancias en elaborar un plan de acción seguido de Costa de Marfil y Uganda.

La aprobación de las Resoluciones 1820, 1888 y 1889 también significa un importante progreso así como la elaboración de los 26 indicadores anteriormente mencionados que suponen un paso adelante que permitirá mejorar el seguimiento y evaluación. Asimismo, se han publicado informes y estudios , creado grupos de trabajo y de coordinación entre las entidades de Naciones Unidas que tienen relación con este tema, la puesta en marcha de unidades de género y de la figura de la Asesora de género en las misiones de mantenimiento de la paz, se ha apoyado desde el terreno a organizaciones de mujeres que se han involucrado en la implementación de la Resolución 1325, etc.

En el marco de la Unión Europea, el Consejo adoptó en 2008 el “Comprehensive Approach to EU implementation of UN Security Council Resolution 1325 and 1820 on women, peace and security” que tiene como objetivo orientar las acciones sobre género y construcción de paz en tres dimensiones: el diálogo político, la gestión de crisis y la definición de estrategias específicas para proteger y empoderar a las muje-

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res. Además existen en la Unión Europea documentos y resoluciones en los que se establecen directrices destinadas a promover los derechos de las mujeres en su política exterior . Finalmente, el Consejo adoptó un documento con recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en todas las fases de las misiones de paz.

En África, la Unión Africana ha tomado importantes medidas para la integración transversal del género en sus programas mientras que en América Latina todavía no se ha fijado un enfoque regional sobre el tema.

La sociedad civil ha trabajado incansablemente desde la aprobación de la Resolución, sobre todo en el seguimiento de su implementación en los países afectados por violencia armada, en su difusión, y en la generación de debate y reflexión. También se han elaborado recomendaciones para mejorar y avanzar en la implementación y se han redactado documentos señalando los avances logrados y los retos que quedan por conseguir.

Sin embargo, y a pesar de los logros conseguidos y de que se han producido un gran número de documentos, todavía los avances son muy escasos siendo uno de los principales obstáculos la escasa puesta en práctica de los acuerdos asumidos, así como la falta de recursos (tanto humanos como económicos) específicos destinados para esta materia.

Por otra parte, todavía no se ha logrado incorporar el enfoque de género ni resaltar su importancia dentro del ámbito de seguridad marcado desde 2001 por la lucha contra el terrorismo. En este sentido, cabe destacar la escasa presencia de mujeres en este sector, tradicionalmente masculinizado. La falta de formación en la materia sería otro de los aspectos en los que todavía queda mucho por avanzar.

En el terreno continúan agravándose los problemas, la violación de los derechos de las mujeres y las niñas sigue siendo predominante en las zonas de conflictos y postconflicto; la violencia sexual sigue incrementándose, mientras que los mecanismos de protección y respuesta judicial continúan siendo débiles y lentos, todavía existe un sentimiento de impunidad entre los perpetradores de abusos lo que favorece la violencia ejercida contra mujeres y niñas. También se adolece de falta de

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información y la Resolución 1325 (así como la 1820, 1888 y 1889) todavía no es conocida por las propias poblaciones beneficiarias de sus medidas.

A pesar de todos los desafíos que todavía quedan pendientes es importante destacar que estas cuestiones sean ya parte de la agenda de los organismos internacionales, los estados y la sociedad civil. La creación de la ONU-Mujeres se vislumbra como una esperanza para el avance de los temas de género y, específicamente, en el ámbito de la paz y de la seguridad, aunque surgen muchas dudas sobre su impulso en un marco de crisis internacional en el que es fácil que los derechos humanos, y en concreto los derechos de las mujeres y niñas, pasen a un segundo plano.

3. Cadenas globales de cuidados: cuestionando la sostenibilidad de los modelos de desarrollo Mar García Domínguez y Amaia Pérez Orozco

Hogares unidos a lo largo del mundo, transfiriéndose trabajos de cuidados de unos a otros. Presencia desigual de mujeres. Hombres que se resisten a asumir trabajos que se hacen gratis. Instituciones públicas que están, pero no del todo. Empresas que empiezan a hacer negocio.

Mujeres que suben a un avión y se atreven a cambiar su vida. Mujeres que envían dinero de vuelta y discuten en el locutorio cómo gastarlo y hacen los deberes con sus hijos a través del teléfono. Nuevas e imaginativas formas de cuidar a pesar de tener un océano entre medias.

Cadenas globales de cuidados. ¿Qué son las cadenas globales de cuidados? Son entrelazamientos entre hogares situados en distintas partes del mundo que se conforman para sostener día a día la vida, para dar los cuidados que todas y to-

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dos necesitamos. En las cadenas, las personas y los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros, pero no de manera igualitaria, sino en base a ejes de poder. El género, la etnia, la edad, la clase social y el lugar de procedencia determinan qué cuidados se recibe, qué responsabilidades de cuidados asume cada quien y en qué condiciones lo hace.

Los cuidados son la base invisible del sistema social y económico. Son el trabajo imprescindible para asegurar el bienestar físico y emocional de las personas sin el cual ni la sociedad ni la economía pueden funcionar. A pesar de su importancia, históricamente se han valorado muy poco y responsabilizarse de cuidar ha supuesto una gran limitación para poder participar plenamente en el resto de esferas de la vida, por ejemplo, en el mercado laboral. Los cuidados no han sido nunca una responsabilidad social y colectiva, sino de las mujeres en el ámbito doméstico. Es decir, se han repartido de manera muy desigual entre mujeres y hombres, en el marco de la división sexual del trabajo.

CRISIS DE LOS CUIDADOS Los cuidados hoy, aquí, están en crisis. Las mujeres ya no quieren seguir siendo las únicas responsables y esto, unido al envejecimiento de la población y a la individualización de los modos de vida sobre todo en los grandes núcleos urbanos, hace que cada día sea más urgente una reorganización social de los cuidados. Sin embargo, los hombres siguen resistiéndose a asumir una responsabilidad fuerte y directa. Las instituciones públicas aumentan servicios y prestaciones, pero con un tinte muy privatizado y sin llegar a cubrir la enorme demanda… En ese contexto, aparece una fuerte demanda de trabajo. Se necesita a personas que asuman el trabajo de cuidados, que se paga poco y mal, que sigue siendo invisible. Las abuelas, se convierten en una válvula de escape… las mujeres migrantes, en otra.

Y es ahí donde la crisis de los cuidados de acá conecta con las crisis de reproducción social que se viven en tantos sitios del mundo. Cada vez más mujeres salen de sus lugares de origen buscando nuevas es-

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trategias de vida, nuevas formas de sostener a sus familias, nuevos horizontes personales. Por eso hablamos de feminización de las migraciones. ¿Dónde encuentran empleo tantas mujeres? Muchas de ellas, cuidando a niños, a ancianas, limpiando casas de quienes sienten imposible eso que llaman “conciliar la vida laboral y familiar”, o de quienes quieren comprar tiempo libre. Y las condiciones de trabajo en el sector de cuidados aquí, y especialmente en el empleo de hogar, son casi siempre precarias y demasiado a menudo muy precarias. La división sexual del trabajo adquiere dimensiones globales. Ya no se trata sólo de que mujeres y hombres, aquí, se repartan el trabajo de manera injusta, sino de que el trabajo se reparte de forma injusta a lo largo del mundo.

Los hogares de los que salen las mujeres migrantes se transforman; comienzan a aparecer familias transnacionales que atraviesan fronteras y funcionan por encima de los kilómetros de separación. En esas familias, los vínculos afectivos siguen: se reconstruyen a través del locutorio, de las cartas, de las visitas cuando se puede. Y las responsabilidades también siguen: se gestiona la casa desde lejos a través del teléfono, se envía dinero para pagar la escuela, la atención médica y los alimentos. Y el trabajo concreto se transforma: los cuidados que ellas hacían antes ahora debe realizarlos alguien más, en general, abuelas que se quedan cuidando a nietos, hermanas mayores que se ocupan de los pequeños, en contextos de fuerte crisis social, en condiciones frecuentemente difíciles.

Para resolver, aunque sea sólo en parte, los problemas de conciliación aquí, necesitamos a personas que tienen que cambiar toda su vida y su organización familiar. Por eso nos preguntamos si estamos exportando la crisis de los cuidados desde los países del norte. Y la respuesta se mueve entre visiones alarmistas sobre la desintegración familiar en los países de origen, y los análisis bienintencionados que enfatizan el drenaje de cuidados al que son sometidos en el marco de un régimen mundial desigual. Estos discursos tienen implicaciones peligrosas: culpabilización de las mujeresmadre por su ausencia en el primer caso y apología del amor materno que trasciende las distancias en el segundo. Entre estas dos visiones, perdemos de vista los procesos de re-

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negociación y redistribución de los cuidados que se están produciendo a nivel global y no podemos utilizar las crisis –innegables- como palanca de cambio hacia modelos de desarrollo globales más equitativos y que erosionen las relaciones de desigualdad de género.

LA “AGENDA OCULTA DEL DESARROLLO GLOBAL” Las cadenas globales de cuidados son un ámbito estratégico desde el que comprender los nexos migración-desarrollo desde una perspectiva de género. Esta cualidad estratégica proviene, en primer lugar, de su potencial para visibilizar elementos que forman parte de lo que podríamos denominar la “agenda oculta del desarrollo global”. Nos permite cuestionarnos el lugar que los cuidados ocupan en el sistema socioeconómico. Si siempre han sido su base invisible, ¿hasta qué punto esta invisibilidad está adquiriendo una dimensión global? ¿El desarrollo de ciertos sistemas requiere de transferencias transnacionales de cuidados que no son valorados ni reconocidos?¿En qué medida la migración saca a la luz deficiencias en la organización social de los cuidados tanto en origen como en destino, más que ser la causa de estas deficiencias? ¿Qué peso se otorga a la asunción de una responsabilidad colectiva en la proporción de cuidados en los modelos de desarrollo debatidos y propulsados a nivel internacional?

Un segundo asunto central que nos permite cuestionar es el papel que juega el género como eje vertebrador de la estructura socioeconómica. ¿La sempiterna división sexual del trabajo está adquiriendo nuevas dimensiones transnacionales, en un proceso de mutación de los ejes de estratificación marcados por el género? ¿Siguen los cuidados asociados a la feminidad, a la par que las desigualdades entre mujeres se incrementan y se globalizan?

Reflexionar sobre las cadenas nos pone en el límite de preguntarnos cuál es la sostenibilidad de los modelos económicos preponderantes, así como de los paradigmas de éxito profesional y vital a través de la inserción individualizada en los mercados laborales, que han sido históricamente asumidos por los hombres y hoy día son reactivados en tanto

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que caminos de (supuesta) liberación de las mujeres. ¿Hasta qué punto es globalmente sostenible el modelo de desarrollo económico y social que tenemos aquí? ¿Están siendo respetados los derechos de las mujeres migrantes? ¿Cómo luchar por mejorar los derechos de las empleadas de hogar de aquí y de allí? ¿Qué dinámicas de resistencia hay, acá y allá? ¿Qué alternativas proponemos? ¿Podemos revalorizar los cuidados y repartirlos de forma más justa?

Las cadenas globales de cuidados sacan a la luz temas de suma importancia sobre cómo organizamos nuestra vida día a día, qué modelo de sociedad queremos y cómo abordar las desigualdades entre mujeres y hombres a nivel mundial.

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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

SECCIÓN CUATRO

Marta Cirujano

1. Género y cultura en la planificación del desarrollo Autora: Rosana Volio Monje Edita: Fundación Canaria para el Desarrollo Social (FUNDESCAN) Año: 2008.

La Guía “Género y Cultura en la Planificación del Desarrollo”, editada por FUNDESCAN, es una herramienta útil para comprender la importancia de incorporar tanto la perspectiva de género como la dimensión cultural, a la hora de abordar una actuación de cooperación para el desarrollo.

El texto puede dividirse en dos bloques, el primero de ellos es de carácter más teórico que el segundo, en el que se dan herramientas y ejemplos sobre el ciclo de proyecto.

En el capítulo uno, se pone de manifiesto la feminización de la pobreza, y la necesidad de atender a las diferencias culturales para atajarla; el capítulo dos es muy recomendable para quienes no manejen los conceptos básicos en género, especialmente en desarrollo internacional.

Los capítulos tercero, cuarto, y quinto nos introducen en la planificación, haciendo un previo recorrido histórico de las políticas desarrollistas y su impacto en las mujeres, para posteriormente proponer pautas concretas para incorporar la perspectiva de género en la identificación, formulación y evaluación de los proyectos, programas, políticas u otras iniciativas de desarrollo internacional.

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La publicación se cierra con un glosario de los conceptos utilizados a lo largo de la guía, y la bibliografía utilizada para su elaboración.

De manera general, la guía Género y Cultura en la Planificación del Desarrollo, resulta un documento útil para introducirse en la planificación para el desarrollo. Son especialmente interesantes sus dos primeros capítulos en los que el enfoque cultural está muy presente y enlazado con el de género. Los tres últimos capítulos no desarrollan esta alianza entre género y cultura de manera sistemática, ni aporta ejemplos o pautas a tener en cuenta para la correcta transversalización de ambos sectores en el desarrollo, si bien resultan bien estructurados y prácticos como una guía básica de cooperación al desarrollo con perspectiva de género.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA

SECCIÓN DOS • Moragas Mereles, M.C. y Posa Guinea, R.M. (2010) Educación sexual para decidir: un nuevo marco rector frente a tradicionales formas de “no educación” en: Codehupy (2010) Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos humanos en Paraguay 2010.

Asunción: Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay, pp 213-220.

• “El Nuevo Diario”, sábado 29 de enero de 2011.

• “El Nuevo Diario”, 21 de febrero de 2011.

• Exposición de la Dirección de la Comisaria de la Mujer y la Niñez, en el Foro de Consulta de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que se llevó a cabo el 7 de marzo, bajo la organización de la Corte Suprema de Justicia.

• Información Recopilada por las Oficinas Legales de la Mujer (OLM) de AMNLAE. • http://www.cotidianomujer.org.uy/ticuni_invest.pdf • http://www.cotidianomujer.org.uy/ticuni_biblio/delaexclusion.mht • Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres 2007. Estudio de la OIT • VARIOS. Networked politics. Amsterdam, 2007 pp.50 • *Mujeres y Tics ¿Enter o Esc? Revista 43 de Cotidiano Mujer

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• http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/g_ tic/index.htm • www.desarrolloregional.org.uy • http://www.observatic.edu.uy/wp-content/uploads/2010/08/Informe_Observatic_nº3.pdf • http://www.observatic.edu.uy/wpcontent/uploads/2010/09/Informe_Observatic_nº4.pdf

SECCIÓN TRES

Femicidio en Guatemala • http://www.elpais.com/articulo/sociedad/desafio/educar/Gobiernos/elpepusoc/ 20110218elpepusoc_9/Tes • http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/Violencia/mujeres/31 • SANFORD, Victoria (2008), Del Genocidio al Feminicidio. FyG Editores. Cuadernos del Presente Imperfecto. Guatemala.

• FUNDACION MYRNA MACK (2010) “El Imperio de la impunidad”. Gobierno Paralelo y Poder Paralelo; poderes ocultos y delincuencia organizada. Documento de análisis político publicado en “El Periódico”. Guatemala, 29 de diciembre.

• COORDINADORA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LAS MUJERES. Compendio de Instrumentos Internacionales y Nacionales sobre Discriminación y Violencia contra las Mujeres.

Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.

• SVENDSEN, Kristin. Por ser mujer (limitantes del sistema de justicia ante muertes violentas de mujeres y víctimas de delitos sexuales). INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES DE GUATEMALA (IECCPG).

• FUNDACION MYRNA MACK (2009), Impunidad, estigma y género. Estudio de procesos penales por muerte violenta en el departamento de Guatemala (2005-2007). Fundaciòn Myrna Mack, Guatemala.

• CENTRO PARA LA ACCIÓN LEGAL EN DERECHOS HUMANOS (2005), Asesinatos de Mujeres: expresión del Feminicidio en Guatemala. CALDH. Guatemala.

• AGUILAR, YOLANDA Y FULCHIRON, AMANDINE (2005), El carácter sexual de la cultura de violencia contra las mujeres, en Las Violencias en Guatemala. Algunas perspectivas.

Flacso. Colección Cultura de Paz. No. 10. Guatemala.

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AUTORAS Julieta Montano Salvatierra es Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba-Bolivia Irene Lobo Moltó es experta en Género y Desarrollo, residió en Túnez de 2005 a 2008.

Marta Pascual es Profesora de Intervención Sociocomunitaria, Coordinadora del área de Educación de Ecologistas en Acción y miembro del grupo de ecofeminismo de esta misma asociación Beatriz Romero Lezcano Cristina Román Ibáñez pertenecen al Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre. Paraguay.

Thelma Del Carmen Espinoza es Coordinadora Nacional de AMNLAE y Coordinadora de la Red de Mujeres Ciudadanas. Nicaragua.

Fabiola Elizabeth Detrinidad Blandino es Directora del Programa Nacional “Poder y Liderazgo” de AMNLAE y Dinamizadora Social de la Red de Mujeres Ciudadanas, Nicaragua.

Maria del Carmen Gómez es Coordinadora General de Factor Solidaridad. Uruguay.

Daniel Bentancor es Director Centros de Desarrollo Regional. Uruguay.

Equipo Oficina Jurídica Para la Mujer, (Cochabamba) con la colaboración de Pedro Barrios.

María Luisa Cabrera Pérez Armiñan (PhD). Guatemala. Miembro de la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad –RIOSMª Natividad Fernández Sancho es experta en género y desarrollo y participó en la elaboración del Plan Nacional de Acción de España. Miembro de la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad –RIOSMar García Domínguez y Amaia Pérez Orozco, Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW) Marta Cirujano Campano, experta en Género, Desarrollo y Cultura.

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