FJ 102 Marzo 2012

MARZO 2012

SALDOS DEL RÉGIMEN DE FELIPE CALDERÓN Pedro Peñaloza MUERTE EN LAS PRISIONES Emma Mendoza

Número 102

$40.00

DEMOCRACIA, BIENESTAR Y ECOLOGÍA Jorge Alfaro

MEXICANAS DESTACADAS CELEBRAN EL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

LA EDUCACIÓN DEBE TRANSFORMAR A LOS NUEVOS CIUDADANOS: Emilio Zebadúa

Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer ha adquirido en México una gran importancia y cada vez es más común encontrarlas en posiciones relevates en todo tipo de actividades: sociales, políticas, económicas, empresariales, etc. Con motivo de la celebración de este día, Foro Jurídico presenta a sus lectores la opinión de 10 mujeres que son ejemplo de trabajo, honestidad y compromiso con el país, con su comunidad y sobre todo con su género. Las coincidencias en sus reflexiones son un reflejo del arduo trabajo que hace falta en nuestro país, de las tareas pendientes y de la elaboración y aplicación de leyes que promuevan la igualdad de condiciones para todas las mujeres en México.

Estas 10 destacadas mujeres son: Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la SCJN; Marisela Morales Ibañez, Titular de la PGR; Olga María Sánchez Cordero, Ministra de la SCJN; María Macarita Elizondo Gasperín, Consejera del IFE; Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del DF; María Marván Laborde, Consejera del IFE; que aparecen en la portada y Adriana Campos López, Abogada General del IPN; Diana Bernal Ladrón de Guevara, Titular de la PRODECON; Dolores de los Ángeles Nazares, Diputada Federal ; y Rocío García Gaytan, Presidenta del INMUJERES, que por cuestiones de espacio, se presentan aquí. En la página 8 aparecen sus reflexiones sobre 4 puntos concretos relacionados con los retos que tiene la mujer en nuestra sociedad.

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FORO JURÍDICO

FORO JURﾃ好ICO

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No. 100 enero 2012

S

U M

6 8 4

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EDITORIAL

DESLIZ ELECTORAL DEL PRESIDENTE CALDERÓN

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FORO JURÍDICO

20 22 24 31

A R

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FORO K DEL LECTOR DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INTERPRETACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES TRIBUTARIOS

DR.MANUEL HALLIVIS PELAYO

CIVISMO PARA LA DEMOCRACIA Dr. Emilio Zebadúa González

MUERTE EN LAS PRISIONES Dra. Emma Mendoza Bremauntz

NARCO ¿QUINTO JINETE DEL APOCALIPSIS? Dr. Rubén Delgado Moya

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RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA DELINCUENCIA: SEDESOL

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PREFERIBLE POSPONER LOS JUICIOS ORALES CIVILES Y MERCANTILES QUE IMPROVISAR: FERNANDO RANGEL RAMÍTREZ

42 48

LOS SALDOS DEL RÉGIMEN DE FELIPE CALDERÓN Dr. Pedro José Peñaloza

NECESARIO QUE VÍCTIMAS DEL DELITO TENGAN UN ESTATUS JURÍDICO: ISABEL MIRANDA DE WALLACE

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DEMOCRACIA, BIENESTAR Y ECOLOGÍA

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CHIHUAHUA ESTÁ DE PIE: CÉSAR DUARTE JÁQUEZ

56 58 60 62 64

Tiempo de Saber

Mtro. Jorge Antonio Alfaro

LA COMPETENCIA EN EL DERECHO SANCIONADOR ELECTORAL Lic. Rodrigo Moreno Trujillo

Propiedad Intelectual

SE PUSO A ENFRIAR LA SOPA

K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL

Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL

Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN

Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL

Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Janet Huerta Estefan

Marco A. Ríos Editor editorial@forojuridico.org.mx DISEÑO EDITORIAL

L.D.G. Alejandra Sánchez Aragón dgrafico@forojuridico.org.mx COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Dr. Arturo Ancona García-López

CADALSO Robespierre

LIBR OS EN

Ni más ni menos, sólo lo justo

ENCRUCIJADA JURÍDICO ELECTORAL Mtro. Jesús Armando Liogón Beltrán

Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA

Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Monte Albán 613 Col. Letrán Valle CP 03610, México, D.F. Tel. 2595-6354. Impresa en Tipssa. Av. Hidalgo No. 141. Col. Santa Anita. Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 33301625. CITEM Foro Jurídico No. 102, marzo 2012. Esta publicación tiene vigencia del 28 de febrero al 28 de marzo del 2012.

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K EDITORIAL

DESLIZ ELECTORAL DEL PRESIDENTE CALDERÓN

En una reunión privada con 800 consejeros de Banamex, el Presidente Felipe Calderón presentó una encuesta que desató el primer gran conflicto inter partidista del proceso electoral federal 2012, al variar sensiblemente la diferencia de intención de voto ciudadano entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota (4 puntos), contra las cifras que la mayoría de las principales encuestadoras conocidas han venido dando, en las que en promedio sostienen la existencia de 16 a 19 puntos de distancia entre el primero y la segunda (Mitofsky 19; Ipsos 12).

Los primeros en llamar la atención sobre este inusual hecho fueron los representantes de los medios de comunicación, sumándose de inmediato los presidentes del PRI y del PRD que presentaron quejas ante el IFE, por lo que consideran constituye una acción contraria a los principios de equidad, legalidad y certeza que deben presidir las elecciones. Anunciaron que presentarán contra el Presidente Calderón una denuncia en la FEPADE, por considerar que probablemente cometió un delito electoral al utilizar recursos públicos a favor de la candidata de su partido, argumentando que el artículo 407 del Código Penal Federal establece que será castigado con una pena de uno a nueve años de prisión, el servidor público que “destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en apoyo de un candidato”.

Más allá de la inquietud del PRI –que considera que es mayor la ventaja que tiene EPN sobre JVM– o del PRD –que prácticamente con esa encuesta saca a AMLO de la contienda por la silla presidencial– o que el Presidente del IFE Leonardo Valdés Zurita, sin hacer referencia explícita, haya llamado a todos a respetar el orden jurídico que regula el cambio de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo preocupante es que el Presidente de la República no asuma su papel de Jefe del Estado Mexicano y se comporte, desde los Pinos, como el virtual coordinador de la campaña de la candidata del PAN, utilizando los múltiples recursos con que oficialmente cuenta.

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FORO JURÍDICO

Y no se trata de un asunto menor. La sociedad mexicana, cada vez más consciente de sus derechos jurídicos y políticos, está exigiendo de sus gobernantes mayores niveles de transparencia, de honestidad y una eficaz rendición de cuentas de los asuntos públicos. Sobre todo, si tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo (cerca de 11 mil millones de dólares cada elección federal). Por ello, resulta incongruente que el gobernante de mayor jerarquía, el que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, ponga en duda este juramento, pues se supone que debe ser el primero en respetar y hacer respetar la ley.

No obstante que el titular del Ejecutivo Federal rectificó casi de inmediato, prometiendo publicamente que en adelante su gobierno será respetuoso de las instituciones electorales y de la ley y que se reunió con el Sen. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente Nacional del PRI, reiterándole que jugará limpio durante el proceso. Debemos estar alertas para que no se repita la nociva práctica de otra “Elección de Estado”. ¿Será que ya se les olvidaron las feroces críticas que siempre hizo el PAN al PRI, por el uso desmedido del aparato estatal a favor de sus candidatos?

Por el bien del perfeccionamiento de nuestra democracia electoral confiamos en que los vicios de antaño no se repitan en las elecciones del 2012. La grave situación de inseguridad y la crisis económica por la que estamos atravesando aconsejan que tengamos un proceso electoral transparente y creíble, que se conduzca con tranquilidad y con apego a la ley. Un proceso electoral del que surjamos unidos, gane quien gane. El primero que debe abonar a ello y debe poner el ejemplo es el Presidente de todos los mexicanos K

FORO JURﾃ好ICO

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FORO K DEL LECTOR REDES SOCIALES

Martín León: Muchas gracias por tomar en cuenta mi comentario, siempre insistiré en decirlo, Foro Jurídico es una de las mejores revistas en categoría jurídica que todos los abogados deberíamos de estar obligados a leer, en lo personal yo la recomiendo mucho ya que toca todos los temas jurídicos para que, tanto los que estamos a punto de egresar de la carrera y los que ya son licenciados en Derecho, reflexionemos de esos temas que no solamente son locales sino nacionales. ¡Muchas gracias y muchas felicidades!

Viridiana Garcia: Hola soy estudiante de derecho. Me es muy interesante su revista por lo cual me gustaría estar informada de sus notas.

Raymundo Gil: Felicidades por la revista.

Rojas Tamayo Roger: Quisiera felicitarlos por ese gesto de compartir y difundir sus artículos.

Hortencia Briceño: Hola me gusta mucho su página es súper informativa.

CORREO

Claudia Elizabeth Posadas Estrada: Hola, soy una lectora asidua y quisiera aprovechar para manifestarles mi más grande admiración por lo bien manejadas que siempre están las publicaciones.

Marina Medina Ovando: Son muy interesantes los artículos y bastante originales. Saludos.

ForoJurídico AbogadoAngel88 Abogado Angel

@ForoJuridico es la mejor Revista en el medio.

turymx Arturo Morales

Gracias por seguirme, saludos desde Ensenada Baja California.

EDITORIAL: Adelante con la Extinción de Dominio, Ordena la Corte

Tania Morales Barrera: Esa omisión permite que la delincuencia organizada siga actuando impunemente.

Envíanos tus comentarios a: contacto@forojuridico.org.mx

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FORO JURÍDICO

o a nuestras redes sociales:

ForoJuridico

Se modifica el Tablero Electoral en el DF con la Candidatura de Isabel Miranda de Wallace

Carlos Alfonso Rueda Soto: En mi opinión, lejos de que la candidatura de la señora Miranda de Wallace sea fruto de un movimiento social o ciudadano, se volvió un movimiento corrompido por los políticos.

Camila Barroso: Bienvenidas las candidaturas ciudadanas. La Señora es una persona respetable y admiro su esfuerzo. Para qué queremos políticos con “experiencia” en robar, negociar y en pura demagogia cuando lo que necesitamos son ciudadanos comprometidos con su país. Isabel Miranda tiene mucha experiencia, ha promovido iniciativas de ley y con el caso de su hijo se ha metido hasta las entrañas del sistema de justicia.

Richard porras: No tiene experiencia. Ella es una luchadora social, pero no tiene la capacidad como para ser gobernante de un Estado. Aunque propiamente dicho el DF es un distrito.

Ricardo Muciño Mendoza: Como siempre, algo mediático, con el debido respeto la señora no tiene la capacidad.

Josabeth Barragán Torres: Aprenderá en el último año, pero por ahora vende.

Xochitl Jazmin Mendoza Cortes: Como siempre ponen a gente que no tiene experiencia que se les de la oportunidad a aquellos que sí la tienen.

ForoJurídico monicaatana Mónica A Serrano Excelente entrevista de @UlrichRichterM en @ForoJuridico sobre la candidatura de @WallaceIsabel. pro_defensa Pro Defensa del Ciud Las mujeres políticas se han masculinizado pues persiguen los mismos vicios que los hombres.

Protección Efectiva de Patentes Farmacéuticas

Judy Sevilla: Todo en base a los derechos humanos, la medicina no debe ser un negocio, y se debe priorizar la vida de quienes requieren de ella. ¡Liberación de patentes!.

Jezabel Aldana :‎ Muy buen artículo.

ForoJurídico Cadalso: Centros de Control de Confianza inhumano73: RICK CUEVAS

Buena idea, pero quien dice que los que lo aplican son confiables? Chequen lo que se gastó en los exámenes en la Aduana y al final corrieron a todos sin importar buenos o malos, por favor hay que ser más creativos y vivir la realidad en el campo de Batalla no desde un escritorio donde no se sabe más q teoría, así que propongamos algo de provecho no más de lo mismo.

FORO JURÍDICO

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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Retos y Perspectivas de la Equidad de Género en México

C

elebrado desde hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer cobra relevancia en México en sus diferentes ámbitos: jurídico, político y social. Nuestro país aunque tarde, se sumó a esta declaratoria de Naciones Unidas para iniciar las reformas legislativas que doten a las mujeres de un mayor empoderamiento legal y respeto a sus derechos. Sin embargo, es evidente que existen temas como el aborto o el feminicidio, en donde todavía falta un largo camino por recorrer.

La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, de crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. El 8 de marzo es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo y en las Naciones Unidas; es un día en el cual las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrarlo.

En Foro Jurídico nos sumamos a esa celebración y nos dimos a la tarea de invitar a 10 mujeres destacadas en los ámbitos de justicia, política y social para que comenten sobre el trabajo realizado en México en cuanto al empoderamiento de la mujer. Los temas que más preocupan a nuestras participantes versan sobre la legislación y aplicación de leyes en la materia; resaltan la importancia de la educación como elemento fundamental para lograr un equilibrio y cambio generacional en la sociedad mexicana.

Presentamos a continuación las opiniones que nos compartieron las entrevistadas, tomando como punto de referencia las siguientes cuatro preguntas:*

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FORO JURÍDICO

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¿En qué posición considera que se encuentra México en cuanto a la equidad de género?

2

¿Qué se requiere para que en México se logre un respeto real a la mujer y que ésta goce de plenas garantías jurídicas, sociales, culturales y laborales?

3

¿Cree que actualmente existen resistencias para abordar libremente temas vinculados directamente a la mujer como: aborto, feminicidio o disponer libremente de sus órganos reproductores?

4

¿Cuáles considera que son los retos prioritarios de México en materia de equidad de género?

Lic. Adriana Campos López Abogada General del Instituto Politécnico Nacional

Desde hace algunos años es un tema presente en la agenda pública de nuestro país, en los discursos oficiales y en las promesas de campaña. Sin embargo, lo anterior no es fruto de la casualidad o de la imaginación de los actores políticos, sino del esfuerzo de las mujeres por conseguir una relación paritaria con los hombres, que conduzca al justo reconocimiento del trabajo, habilidad, conocimiento, compromiso y entrega del género femenino en todo tipo de actividades, incluso en aquellas que nuestras abuelas calificaban como “cosa de hombres”.

La lucha por la equidad en México es muy vieja, sin embargo, al día de hoy sigue vigente y no debemos frenar el paso; si lo hubieran hecho las mujeres del siglo pasado, difícilmente lo habrían logrado. Por otra parte, existen cifras que demuestran la poca o nula participación de las mujeres en ciertas actividades productivas. Urge desaparecer la inequidad salarial; otro rubro en el que las mujeres debemos esforzarnos más, es el combate al acoso laboral, también llamado mobbing.

El marco jurídico actual es propicio para la construcción de una sociedad para que la equidad de género sea una cuestión cotidiana. Lo que impide la consolidación de una sociedad con equidad de género es la actitud que asumen algunos hombres.

Y peor aún, muchas mujeres, que lejos de brindar un voto de confianza a otras mujeres, las tachan de incapaces de soportar el peso de determinadas responsabilidades.

La mujer de hoy no debe fijarse como objetivo de vida la localización de una zona de confort. Por el contrario, debe aspirar al logro de metas cada vez más altas. En México existen mujeres activas, con actitud positiva, dispuestas a luchar, cristalizar ideales y solidarizarse con su género; la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, actual Directora General del Instituto Politécnico Nacional, es un buen ejemplo.

Desde luego que sí; en algunos aspectos, la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres es una bandera política orientada en función de los intereses electoreros. Los actores políticos actúan en la medida en la que un escándalo se vuelve noticia recurrente; la mayor parte de las veces prefieren no involucrarse en temas “espinosos” como el aborto y la libertad sexual, pues un pronunciamiento al respecto puede disminuir su preferencia electoral y como a la larga eso se traduce en menos recursos económicos, deciden no correr el riesgo y dejar que todo sigan igual. En nuestro país no se reconoce la verdadera magnitud e implicaciones del feminicidio, suele mitificársele y dejarlo como un asunto digno de ser tratado de la manera más ordinaria.

El reto que tiene México es trasladar la equidad de género del papel a la realidad. Poner en práctica el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución y derrumbar todas las murallas que impiden a las mujeres acceder a algún trabajo digno por el solo hecho de serlo, tanto en el sector público como en el privado. Ya es tiempo de reconocer que la capacidad y el compromiso no es una cuestión de género, las oportunidades deben dársele a quien cubra el perfil y los requisitos, independientemente de que sea hombre o mujer.

Debe salir de los discursos y entrar a nuestra realidad cotidiana para dejar de ser una simulación. Las genuinas transformaciones de una sociedad son producto de un cambio de mentalidad, no de una imposición, ni de un decreto.

FORO JURÍDICO

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Dra. María Macarita Elizondo Gasperín

Consejera del Instituto Federal Electoral

México continua su camino hacia la igualdad sustantiva; sin embargo, en la vida diaria nos damos cuenta que aún no logramos que la equidad de género sea un principio que entendemos y vivamos todas y todos. Una gran cantidad de mujeres y niñas siguen sumidas en la invisibilidad, se enfrentan a la intolerancia, la violencia y a la muerte por situaciones tan cotidianas como el querer opinar sobre algún tema.

En términos generales considero que como sociedad no hemos alcanzado los estándares necesarios en la materia, aunque hay que reconocer ciertos avances. No se trata de una lucha de género. Es vital el empoderamiento de las mujeres en todas sus vertientes (social, económica y política, etc.) y para lograrlo tenemos corresponsabilidad en cada uno de nuestros ámbitos, pues estoy convencida que la equidad de género no es traje que se cuelga al salir del trabajo, del partido político o de la casa, es un principio con el que se vive y se actúa por convicción, a favor de nuestra sociedad.

La lucha de las mujeres mexicanas ha sido difícil y su presencia en los grandes eventos para la construcción de esta nación ha sido significativa. Ahora vemos cada vez más la incorporación de mexicanas a posiciones de poder; poco a poco se está asegurando desde todas las instituciones, una presencia de mujeres en los municipios, en las gubernaturas, en la Cámara de Diputados y Senadores. Para combatir todas las manifestaciones que aún subsisten de discriminación en nuestro país, resulta necesario que las nuevas generaciones vivan y promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres. Considero que para lograr el respeto absoluto a las mujeres y proteger sus garantías, se requieren una serie de previsiones del Estado y sensibilizar a la sociedad completa. Estoy convencida que con ello se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, y roles sociales así como una Conciencia de Género.

10 FORO JURÍDICO

La violencia en México, que ha dado lugar a lo que al Estado mexicano le llevó años reconocer como feminicidio, comienza en muchos casos en la infancia, e incluso desde el nacimiento.

Existen muchos condicionantes culturales, sociales y religiosos, que deben atenderse desde diversas políticas públicas en donde la educación en Derechos Humanos juega un papel fundamental.

Temas como el aborto y la libertad de reproducción no se asumen aún como una decisión de la mujer en lo individual, sino como un tema de connotación social y religiosa, cuya implicación de moral pública inhibe abordarlo de manera objetiva, que impida la muerte de cientos de mujeres.

El desconocimiento que las mujeres tienen sobre las posibilidades de reclamar el respeto a sus derechos humanos, especialmente en las zonas rurales, se traduce en un bajo nivel de empoderamiento.

Coincido con la idea de adoptar programas estatales y políticas públicas encaminadas a vigilar la progresividad en el cumplimiento de las obligaciones en esta materia. Se requiere analizar y tener una visión clara del impacto que genera esta lucha en relación al acceso y control de recursos económicos y su incursión en el ámbito laboral y educativo, pues con ellos, estoy segura que se adoptarán las medidas urgentes tendientes a reducir sus efectos negativos sobre las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Otra parte importante que se requiere, es la cultura de la denuncia de la violencia física, psicológica y sexual. También adoptar y difundir mecanismos adecuados para asegurar a las mujeres y niñas que su denuncia será debidamente atendida, pero además que existe una sanción enérgica para las personas responsables.

Estoy completamente segura que no importa el tamaño de las acciones afirmativas que propendan a la igualdad, por pequeñas que sean siempre serán un paso adelante en el comportamiento social, en la educación y cultura por la inclusión en materia de género.

Lic. Rocío García Gaytan

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres

México es un referente importante en la región en materia de derechos humanos de las mujeres. Gracias a su trabajo, hoy existe la Ley de Igualdad, el Instituto Nacional de las Mujeres, las cuotas de participación en la política, un presupuesto etiquetado para mujeres, 32 institutos estatales de la mujer en el país, más de mil 200 instancias municipales, una Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y recientemente tuvimos la sentencia historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con que se asegura la participación femenina en las candidaturas políticas.

El reto ahora es que, a partir de estos avances, se reconozca la igualdad de género, tanto en el ámbito privado como en el público.

No debemos dejar de ver hacia los países con más avances y continuar por caminos de éxito ya transitados por otras naciones con mayores logros. En el índice de género 2011 generado por el Foro Económico Mundial, México ocupó de lugar 89 de 134 países evaluados. La constante en el rezago en los países latinoamericanos es en la representación política. La igualdad de género contribuye al desarrollo económico y a la democracia de cualquier país.

Que se trabaje desde la educación, desde la familia y que se hagan cumplir las leyes. Hace tan sólo una década no contábamos con el andamiaje institucional y normativo que hoy tenemos.

Hoy las leyes y el presupuesto federal etiquetado hacen posible la atención de muchas desigualdades, pero aún es necesario que los gobiernos de las entidades federativas se comprometan etiquetando los presupuestos para superar los rezagos en el ámbito de sus competencias.

Lo importante más que pensar en resistencias o no, es trabajar todas y todos juntos por que los derechos humanos de las mujeres se respeten plenamente. La discusión en cualquier tema siempre estará abierta. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a que se respeten sus derechos.

Vencer las resistencias, visibilizar aún más las desigualdades y generar propuestas de cambio para encauzar las acciones públicas con visión de género. Todavía quedan pendientes muchos rubros: el acceso a la justicia y el combate a la impunidad; la violencia de género en todas sus manifestaciones; la vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático; y el combate a la trata de mujeres, entre otros.

FORO JURÍDICO 11

Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara Procuradora de la Defensa del Contribuyente

Puedo comentar que tenemos aspectos muy positivos ya que hay sectores profesionales en donde la presencia de las mujeres está muy generalizada y aceptada, como es en los poderes judiciales federales y locales. En cambio, en la administración pública persiste una gran inequidad pues continúa siendo excepcional ver a mujeres en posiciones directivas. A la fecha, no hemos tenido una sola secretaria de hacienda ni de gobernación, desdeñando el ejemplo de mujeres como Hillary Clinton y la propia Ángela Merkel; incluso varias naciones latinoamericanas ya tienen o han tenido una presidenta electa democráticamente. Igualmente en la población civil hay profesiones, industrias u oficios en que es más común la presencia de la mujer, pero en otras muchas sigue muy relegada u ocupando posiciones de segundo nivel como en la industria de la aviación.

Por lo que toca a la cuestión sociocultural, definitivamente se requiere un cambio de paradigma o de modelo educativo, en donde se visualice y reivindique a la mujer, como un ser humano pensante y actuante y no solamente en su carácter de sexófera.

No es posible que en pleno siglo XXI prevalezca una concepción biológica reproductiva de la mujer, cuando en este tema, ambos géneros tenemos esa función, pero sobre la mujer siguen pesando las consecuencias de la función reproductiva en cuanto se le ve como la principal y única responsable de la crianza o cuidado de las hijos. Nuestra sociedad debe asumir un mayor respeto por la identidad femenina, una mujer puede ser fácilmente molestada y agraviada en la vía pública por su sola calidad de mujer.

12 FORO JURÍDICO

Es increíble pero así es. Desde mi punto de vista, en pleno siglo XXI vivimos un grave retroceso. Por un lado yo veo el debate del aborto como un tema superado hace más de 30 años, desde luego en beneficio de la mujer y de su libertad de elección. Asimismo se sigue estigmatizando a la sexualidad femenina y no es bien aceptada aún una mujer que disfruta libremente de su sexualidad.

Existe un gran temor a este poder femenino que empieza a alcanzar su auge a partir de la invención y difusión masiva de la píldora anticonceptiva y esto va en relación directa con el incremento de la violencia contra la mujer y los feminicidios.

El reto prioritario es, como en muchas otras áreas, la formación de un nuevo modelo educativo en el que participen tanto las escuelas como los medios masivos de difusión que siguen muchas veces empeñados en ver a la mujer como la princesa del cuento de hadas, la niña bonita o la madre abnegada y sacrificada.

Magistrada Yasmin Esquivel Mossa

Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del DF

Durante los últimos años, México ha logrado grandes avances en el reconocimiento a los derechos e igualdad de las mujeres.

En la Ciudad de México, principalmente, hemos observado como éstos se materializan en políticas públicas concretas, en las que participan todas las instancias y órganos de gobierno. El trabajo de concientización y capacitación que ha llevado a cabo el Gobierno del Distrito Federal, a través de diversas entidades, como el Instituto de las Mujeres local, ha sido fundamental para hacer de nuestra ciudad un lugar en el que los prejuicios por razón de género, identidad sexual, raza, discapacidad, condición social o estado civil, o cualquier otro estigma o estereotipo, se han ido desterrando.

Estamos conscientes que aún falta mucho por hacer, pero creo que los pasos que se han dado son firmes y contundentes. Vamos por un buen camino para lograr los equilibrios necesarios para alcanzar la tan ansiada igualdad.

Las mujeres al ser más de la mitad de la población mundial tenemos que unirnos y lograr que nuestra voz sea cada día más fuerte, comprometidas, preparándonos, destacando en las actividades diarias tenemos que poner el ejemplo que se verá reflejado en un cambio de mentalidad en todos los niveles. Nuestras acciones serán la maquinaria que pondrá en marcha el reconocimiento de las autoridades e instituciones que garanticen la igualdad y libertad necesaria en una ciudad de vanguardia.

Indudablemente. Aún y cuando las políticas públicas abren espacios y permiten una concientización más profunda de la sociedad, los vicios arraigados y los prejuicios encarnados en el tejido social, evitan un avance más acelerado respecto a estos temas. Sin precisar si existen o no simpatías por ellos, es indispensable que la sociedad se abra a escuchar todas las voces, todas las expresiones y, sobre todo, entender las razones que llevan a cada uno de los grupos a precisar sus posturas.

Debemos entender que México es un crisol de realidades, en el que las costumbres añejas y las tradiciones profundamente arraigadas, impiden abordar estos temas con la libertad y transparencia necesarias para romper paradigmas y avanzar hacia un ambiente de respeto e igualdad.

El principal reto, el único reto, es lograr una verdadera equidad de género. Dejar atrás el pensamiento compensatorio y trabajar para lograr un ámbito de igualdad partiendo de las posibilidades y capacidades de cada quien, sin que para ello medien prejuicios ni visiones sectarias que discriminen por razones subjetivas e injustas. Es, en pocas palabras, lograr un justo equilibrio en el que la razón y la inteligencia sean los únicos agentes de evaluación para el desarrollo de los individuos.

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Dra. Margarita B. Luna Ramos Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La equidad de género es un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. Aunque en épocas recientes en México se han presentado importantes avances sobre el tema, aún falta mucho camino por recorrer. Un mismo empleo tiene salarios distintos, atendiendo al género. La participación femenina es siempre menor en los ámbitos laboral, económico, político y cultural. La mujer labora en promedio 25 horas más a la semana que el varón, atendiendo al trabajo doméstico adicional que realiza. En materia de seguridad existe gran inequidad para la defensa de los derechos de las mujeres. Hombres y mujeres somos distintos, pero merecemos un trato equitativo. Estamos en el camino hacia la equidad, pero el tramo que nos falta por recorrer aún es largo y sinuoso.

Se requiere un significativo cambio cultural, sin duda. La cultura que en nuestro país hemos reproducido durante mucho tiempo sobrevalora el esfuerzo masculino y desvaloriza al género femenino, de ahí que la mujer ha tenido, desde siempre, un papel de apoyo importante, pero casi nunca de protagonista. Es fundamental que nuestra sociedad tome conciencia de que las mujeres deben ser tratadas con equidad, que reconozca que son igualmente importantes, respetables y capaces que los hombres.

Es indispensable, también, que asuma su responsabilidad en este tema, pues en gran parte, es ella, en el núcleo familiar, la que reproduce la cultura en la que se da un trato preferencial, inequitativo, al género masculino y se fomenta el “machismo”.

Impulsar el desarrollo de las capacidades de la mujer, facilitar su acceso a oportunidades económicas y políticas y garantizar su seguridad son, entre otros, algunos de los aspectos en los que se debe trabajar.

14 FORO JURÍDICO

Sí, existe resistencia en muchos sectores de nuestra sociedad, incluidos grupos de mujeres. Sexualidad, aborto, reproducción, aún son temas tabú en parte de nuestra sociedad, aunque debo reconocer que se ha avanzado en el sector público, a través de leyes, políticas y programas. Se reconocen como derechos humanos la salud reproductiva y la reproducción familiar y ha sido objeto de discusión pública y abierta ante la Suprema Corte el tema del derecho a la vida. Sobre ese último punto, he sostenido que las normas que regulan lo concerniente a tal materia son de libre configuración normativa u optativa que, por lo tanto, no puede ser materia de análisis constitucional, es decir, no puede catalogarse como apegada o contraria a la Constitución, porque en ella no descansa su fundamento.

Lograr que la mujer tenga el control de su propia vida. Que no exista esa dependencia hacia su padre, su esposo o su hijo. Como dije, es indispensable impulsar el desarrollo de las capacidades de la mujer, facilitar su acceso a oportunidades económicas y políticas y, fundamentalmente, garantizar su seguridad.

Dra. María Marván Laborde

Consejera del Instituto Federal Electoral

Nuestro país ha dado pasos firmes en este tema, aún hay mucho por hacer. Nadie podría afirmar que el México de hoy es el México de mi abuela, o mi madre, sin embargo aún tenemos grandes retos. Claramente hay una diferencia cultural. Las posibilidades de las mujeres en las grandes ciudades no son las mismas que en ciudades o comunidades pequeñas. Cada día es más común que la mujer estudie y trabaje; sigue siendo difícil que llegue a puestos de primer nivel, aunque cada vez tenemos mejores ejemplos de mujeres que lo han logrado. Persisten ámbitos familiares y laborales en que se les niegan oportunidades; más grave aún existen mujeres que se niegan oportunidades a sí mismas.

Debemos reconocer que ha habido importantes transformaciones legales. Me atrevería a decir que el mayor déficit ahora es en el ámbito personal, trabajar con la autoestima de muchas mujeres y hombres para que cultural y socialmente haya una transformación de fondo. Una mujer segura de sí misma se respeta y valora de tal manera y forma, que le parece natural exigir respeto, no permite que la hagan menos y por tanto se le limiten derechos, se crea a sí misma oportunidades y las sabe aprovechar. Un hombre seguro de sí mismo no le amenaza la equidad de género, la disfruta y aprende en la equidad las enormes ventajas que tienen las diferencias de perspectivas, de enfoques, de personalidades sin traducir estas diferencias en desventajas, por el contrario reconociendo su riqueza. Persiste un problema de educación.

Lo que no creo es que sean temas “vinculados directamente con las mujeres”. Creo que son temas sociales, de los que debemos reconocer su complejidad social y ética. Tienen que ver con la libertad humana, no sólo de las mujeres, y creo que tendemos, aún hoy en día, a tratarlos desde la polarización, sin empatía y sin solidaridad. Normalmente se tratan desde dos posturas antagónicas, tú eres hombre “por tanto no tienes nada que decir” yo soy mujer “por tanto no necesito/debo/puedo escucharte”.

Nos cuesta trabajo reconocer que estos temas plantean dilemas éticos que deberían discutirse profundamente y que cada decisión supone asumir sus consecuencias en pleno ejercicio de nuestras libertades. Son, antes que nada, decisiones personales que tienen consecuencias sociales y no al revés. Creo que el problema central es la dificultad con la que en México asumimos el ejercicio de nuestras libertades individuales. El feminicidio creo que es un fenómeno sociológico, jurídico y político, del que comenzamos a hablar hace muy poco.

Educación, educación y educación. Educación de hombres y mujeres, de mujeres y hombres. Educación con perspectiva de género y educación con perspectiva ética en la libertad. Educación en la empatía, en la solidaridad y en la diversidad respetuosa (me gusta más este término, que hablar de tolerancia).

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Mtra. Marisela Morales Ibáñez

Procuradora General de la República

Avanzando, ya que durante los últimos tiempos se han presentado adelantos importantes sobre el tema de género, impulsados por grupos de mujeres de la sociedad civil, que han encontrado eco en diversas instancias gubernamentales. Durante la última década se crearon institutos de gobierno especializados en materia de derechos de las mujeres, lo que representa un avance en materia de equidad de género. La legislación se actualizó para establecer un marco jurídico en el que específicamente se reconocen los derechos de las mujeres. Faltan tareas por hacer, como fomentar la igualdad de género desde la familia, las escuelas, las empresas, etc., pero estamos avanzando y eso nos coloca en una mejor posición en esta materia. Hemos demostrado capacidad, compromiso, honestidad, ética, valores y principios.

Estoy convencida que México va por buen camino en este rubro y en dirección correcta.

Propiciar cambios culturales y en la estructura social, que incidan en la consolidación y fortalecimiento de contextos de igualdad y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Se requieren dos cosas que deben ir evolucionando en paralelo: 1. Un cambio cultural profundo, erradicando la cultura de la desigualdad, a una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, en la que se reconozcan y respeten los derechos de las mujeres.

2. Políticas públicas integrales en materia de equidad de género.

Se requiere que las mujeres nos respetemos, que todas tomemos consciencia de las capacidades que tenemos, sin plantearnos nosotras mismas límite alguno. Que dejemos de quejarnos para actuar y tomar las riendas de nuestra propia vida y de nuestro propio éxito. Que la mujer sea más proactiva en la actividad profesional.

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Independientemente de la polémica que conlleve este punto, actualmente y por fortuna cada día las personas que tienen esa forma de pensar son menos. La mayoría, acepta y de hecho los aborda con la más normalidad, inclusive a través de los medios de comunicación. Temas como el aborto y la disposición libre de los órganos reproductores, son comentados inclusive por religiosos, lo que desde luego, debemos entender que no significa la aceptación o no de los mismos, pero sí, implica un reconocimiento a su importancia. En materia de feminicidio, entendido este como “homicidio de mujeres por razones de género”, México lidera cambios sustanciales.

Fortalecer los mecanismos que permitan y faciliten el desarrollo de las mujeres, de sus capacidades y virtudes reduciendo los factores de vulnerabilidad a las cuales son expuestas en algunos casos las mujeres. Hemos participado en la transformación y en los grandes avances de nuestra nación; desde diferentes esferas de la sociedad impulsamos cambios necesarios para que el día de mañana la igualdad y los derechos humanos no sean un tema que tengan que discutir nuestras hijas y nuestros hijos, sino que sea una forma de vida para ellas y ellos. Sin embargo, el principal reto está en nosotras mismas como mujeres de perderle el miedo al éxito, y de estar preparadas para superar los obstáculos que se nos presenten.

Dip. Dolores de los Ángeles Nazarez Jerónimo

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 57.5 millones de mujeres y 54.9 millones de hombres; pero esto no es suficiente para garantizarles mayores oportunidades ni mejores condiciones de vida, incluso se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad. La menor presencia de mujeres en el campo educativo, en especial en el medio rural, comprueba que su rol social y familiar se contrapone a su empoderamiento. Consideramos que aún cuando se han logrado avances en el terreno de la equidad, queda mucha tarea por hacer y al parecer para el gobierno del país los temas de género no son prioridad en su agenda.

Más que nada voluntad política y una plena disposición para entender la Perspectiva de Género e implementarla en la estructura organizativa y administrativa del Estado. Sobre todo, un proceso de reeducación para las generaciones que podrán integrar una nueva sociedad basada en roles de igualdad entre los géneros.

Considero que se deben aprobar en el Congreso de la Unión las reformas estructurales que se encuentran contenidas en la Ley Federal de Trabajo, del IMSS y del ISSSTE. Es necesario que el Senado apruebe el dictamen que contiene diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la PGR, con el propósito de que la autoridad pueda investigar y juzgar los miles de asesinatos de las mujeres en nuestro país.

Definitivamente sí. Muestra de ello son los retrocesos en las legislaciones de estados que inició Veracruz y al que se sumaron otras entidades, con lo que suman 17 los estados con reformas en el mismo sentido de proteger la vida desde el momento de la concepción. A la fecha en el Congreso, existe una fuerte negación para reconocer y aprobar los derechos de las minorías y el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Lo anterior, independientemente de los acuerdos internacionales vinculantes para nuestro país. En México hay resistencia para abordar los temas como el aborto.

Lograr la tipificación del feminicidio en los Códigos Penales de los Estados; avanzar en la homologación de la legislación sobre la penalización de los delitos contra las mujeres (no hay agravio comparado). El reconocimiento a la Interrupción Legal del Embarazo en los estados, erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresión; generar empleos dignos para las mujeres, mejorar las condiciones de las mujeres para acceder a puestos de decisión; avanzar en los espacios de poder para las mujeres y lograr reformas estructurales a través de implementar acciones afirmativas.

Todo lo anterior, nos lleva a concluir que aún falta mucho trabajo y acciones a favor de las mujeres para poder erradicar la histórica discriminación y desigualdad social que cotidianamente enfrentamos, garantizándoles sus múltiples derechos y abonar para el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos de todas las mujeres a través de la culminación de la igualdad sustantiva.

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Lic. Olga M. Sánchez Cordero Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Si consideramos una posición mundial, desde luego no estamos en los mejores lugares, pero si hablamos de Latinoamérica, considero que México trabaja de manera efectiva, avanza de manera similar a los otros países de la zona. Se ha logrado que más niñas tengan oportunidades iguales que los niños para asistir a las escuelas, incluso que gran número de ellas terminen la educación primaria.

En el ámbito laboral, se han empezado a establecer programas en diversas instituciones para lograr las mismas oportunidades y derechos para ambos sexos. Hoy los derechos de la mujer, tienen que vislumbrarse bajo el nuevo marco constitucional, esto es, deben ser interpretados de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia. México ahora se encuentra, más que nunca, obligado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con base en los principios de igualdad y no discriminación, lo cual necesariamente conducirá a nuestro país a una mejor posición en materia de equidad de género.

El nuevo marco constitucional de derechos humanos obliga a todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos de de las mujeres.

Asimismo, establece como obligación del Estado la de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, todo lo cual supone el que las mujeres gocen de manera plena de garantías jurídicas, sociales, culturales y laborales y por ende de un respeto real. Sin embargo, creo que hace falta, que todas las mujeres de nuestro país estén informadas respecto de los derechos de los cuales son titulares. Que estén conscientes de que los tiempos que les ha tocado vivir son tiempos de igualdad, tiempos de ejercer sus derechos y de que el Estado tiene obligación de respetarlos protegerlos y garantizarlos.

Desde luego, han sido muchos años en los que los derechos de las mujeres han sido nulificados, ello debido a que en los tradicionales sistemas de poder, en donde la mujer no tenía o eran pocos sus derechos reconocidos por la autoridad. Un claro ejemplo de resistencia lo tenemos con el caso del aborto, respecto del cual, de manera posterior a que el Pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad, en donde se demandó la invalidez del precepto del Código Penal para el DF. Algunos Estados introdujeron en sus Constituciones la protección de la vida desde la concepción. Considero que ello va en contra de la libertad reproductiva de la mujer, cuyo ejercicio, en muchos casos, podría conducir a la igualdad de oportunidades. Quiero destacar que estoy a favor de la vida, pero en contra de la penalización del ejercicio de la libertad reproductiva.

Concientizar desde la familia y la escuela que los hombres y las mujeres, tienen los mismos derechos, libertades y las mismas oportunidades. Asimismo, hacerles saber que los roles que tradicionalmente cada uno desempeñaba, ahora pueden ser realizados por ambos, permitiendo con ello el entendimiento de una equidad de género real. También creo que, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos a que me he referido, constituye un reto, entre otras, para las autoridades jurisdiccionales, buscar la expansión de los valores que inspiran no sólo a la Constitución, sino a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, a fin de reconocer y proteger los derechos de las mujeres, para poder garantizar la equidad de género K

* Por cuestiones de espacio, publicamos una fracción de la entrevista, sus opiniones se encuentran publicadas íntegramente en el portal de www.forojuridico.org.mx

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Presentan el Libro Interpretación de Tratados Internacionales Tributarios del K Dr. Manuel Hallivis Pelayo Marco A. Ríos

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as recientes reformas constitucionales en derechos humanos marcaron una pauta en la vida jurídica de México en donde el derecho tributario no quedó ajeno, ya que los Derechos Humanos y el Derecho Tributario tienen un mismo eje, sostiene en su libro Interpretación de Tratados Internacionales Tributarios, el Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual fue presentado el pasado 22 de febrero en el salón Biblos del Centro Libanés, con la participación de su Presidente el Lic. Jaime Tame Chávez. El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y la Asociación Jurídica MexicanoLibanesa Al Muhami.

Presidió la presentación de la obra el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ex-Presidente de la SCJN. Fungieron como comentaristas Elias Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Gerardo Gozaín Frangie, Presidente de la Asociación Al Muhami, Elias Adam Vitar, experto en Derecho Tributario Internacional y Juan de la Cruz Higuera, especialista en Derecho Fiscal, quienes expusieron sus comentarios sobre la obra.

El Ministro Ortiz Mayagoitia reconoció que el libro llega en un momento coyuntural ante la situación jurídica nacional, recordando que en la SCJN los ministros coincidieron en señalar que nuestro país se encuentra frente a un nuevo paradigma de control de constitucionalidad con respecto a los principios pro persona, con la obligación que implica hacer prevalecer los tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Dado que el libro se enfoca a los tratados internacionales tributarios, consideró que la propuesta que ofrece la obra resulta muy oportuna e interesante de cara a los tiempos que vive nuestro país en el ámbito de la defensa de los derechos humanos tutelados por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales (TI) suscritos por el Estado Mexicano.

El planteamiento del autor, destacó el Ministro, es la necesidad de la cercanía de todos los operadores del derecho con los TI para generar

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un método de su interpretación en temas tributarios. La obra, apuntó, “cuenta con una riqueza de conceptos intelectuales y jurídicos, a la vez con sencillez para concluir con una propuesta clara con el objetivo de que sea asequible a todos aquellos interesados del derecho y que pueda servir como un obra de texto en las escuelas aprovechando la experiencia del magistrado en esta materia.”

El Dr. Elías Huerta Psihas centró su exposición en la relevancia del respeto de los derechos humanos y cómo éstos son, con la reforma constitucional promulgada en junio del 2011, un baluarte dentro del sistema jurídico. Sobre todo porque en nuestro país se da mayor prioridad a los tratados internacionales de los que forma parte. De esta forma, la materia tributaria y comercial va de la mano en el paradigma bajo el cual la justicia mexicana empieza a operar. El también catedrático de la UNAM se congratuló porque la obra contiene una exposición acerca de los DH de carácter tributario y que hoy tanto las autoridades como los jueces, están obligados a respetar.

Destacó que los impartidores de justicia deben tutelar los DH en la materia fiscal para que no haya, por ejemplo, una doble tributación. Resaltó que uno de los aspectos que más trascienden

Los Magistrados Fiscales, Héctor Silva Meza, Enrique Rábago de la Hoz, Carlos Mena Adame, Rafael Anzures Uribe y Rafael Ibarra Gil, flanquean al autor

en la actividad jurisdiccional e incluso en la sociedad mexicana, es el tema del control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, herramienta que permitirá a todos los jueces del país observar y hacer respetar los DH previstos en la Constitución y en los TI. “Es una revolución que trasciende a todo el orden jurídico nacional. El autor cita que uno de los tres aspectos más importantes para comprender la tributación internacional en el siglo XXI, son precisamente los DH y con ello la posibilidad para que los jueces del Estado mexicano dejen de aplicar al caso concreto, las normas que resulten contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales.”

Elías Adam, resaltó que el libro De izquierda a derecha, Elías Adam Vitar, el autor Manuel Hallivis Pelayo, en comento es un gran trabajo de el Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Elias Huerta Psihas, Gerardo Gozaín Frangíe y Juan de la Cruz compilación, quizá el más importante producido en Latinoamérica en materia de interpretación de tratados que celebra el Estado en su conjunto. Dotan de seguridad jurídica a internacionales de orden tributario. Uno de los aspectos que resaltó quienes realizan una transacción internacional, al mismo tiempo que fue el gran bagaje de fuentes bibliográficas. La agilidad y frescura apuntala el comercio internacional, la transferencia de tecnología, el de su lectura, aseguró, resulta generosa para todos los practicantes movimiento de capital (préstamos) y las inversiones. e interesados sobre esta disciplina del derecho. Calificó la obra como un texto valiente porque expone y concluye de forma clara Al final, el Dr. Manuel Hallivis Pelayo señaló que el libro fue escrito y al alcance de cualquier jurista una discusión jurídica compleja para que toda persona, juez, litigante, estudiante, profesor o al ensalzar dos materias contradictorias: la fiscal, en donde el autoridad tributaria, hallará en un solo texto, de forma fácil y rápida, imperio del Estado se manifiesta contundente; y a la materia del todo lo que necesita para aplicar los tratados internacionales Derecho Internacional, en donde el imperio del Estado carece de tributarios. “Al realizarlo de manera modular, el lector encontrará peso porque se enfrenta en situación de igual ante otro Estado. “La todo lo que requiere: doctrina nacional, doctrina extranjera, interpretación de Tratados Internacionales en materia fiscal resulta antecedentes, legislación, derecho comparado”. Apuntó que la un reto intelectual importante que es desentrañado, explicado y obra es útil para cualquier persona que busque aplicar un convenio aterrizado en la obra del Magistrado Manuel Havillis. Basta recordar para evitar la doble tributación. Contiene, en lo posible, un lenguaje que los impuestos en el país, en la materia fiscal, están sujetos a la que trata de ser accesible. Reveló que uno de los aspectos que le interpretación estricta señalada en el artículo 5 del Código Fiscal de preocupó fue incluir la reforma constitucional en materia de DH, así la Federación, y que los TI están regulados para ser interpretados de como la sentencia del caso Radilla Pacheco, con su derivación en buena fe en términos del artículo 31 y 26 de la Convención de Viena el control difuso de la constitucionalidad. sobre derecho de los tratados de 1969.”

Juan de la Cruz Higuera Arias, ofreció a los presentes una radiografía de la obra del Magistrado Havillis Pelayo, asegurando que el texto proporciona, entre otros puntos, un panorama sobre las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el año pasado. Al desglosar la importancia de los DH como parte de los TI, brinda un panorama sobre los problemas de quienes realizan inversiones en otro país, prestan sus servicios, venden bienes o tecnología en algún país extranjero: el pagar 2 veces un mismo gravamen. Ante ello, es urgente la existencia de reglas claras en donde se explique cómo gravar las diferentes operaciones o negocios, y al mismo tiempo, prevenir la elusión o evasión que para el caso resultan igualmente perjudiciales. Los Códigos de Derecho Tributario (CDT), refirió, son compromisos

El acontecimiento que movió la estructura jurídica en México, destacó el autor, implica adecuar el significado en una disposición de jerarquía menor a un principio general del derecho. Acción que lleva a todos los jueces a realizar un control de convencionalidad; esto no significa, advirtió, la invalidación de una norma –una tarea exclusiva del poder judicial–; pero sí, la inaplicación de una norma secundaria. Para aplicarla se debe realizar una confrontación del derecho interno con los tratados internacionales, para que se aplique la norma que otorgue mayores beneficios y protección a la persona. Me parece, concluyó, que esta metodología es el objetivo fundamental de este libro. “Si no podemos interpretar tratados, ¿cómo podemos confrontarlos con la Constitución y luego después con la legislación interna?” K

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CIVISMO PARA LA DEMOCRACIA K Dr. Emilio Zebadúa González*

La educación es un instrumento básico –diríase estratégico–, para la transformación cultural ciudadana; es indispensable en toda democracia, más allá de que el voto es la cristalización del ejercicio cívico. En los últimos diez o quince años hemos vivido una transición democrática que ha modificado instituciones muy importantes, aún imperfectas. No son tampoco todas las que necesitamos, o bien, que funcionan como debieran.

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espués de las elecciones de 2000 inició un régimen que nadie pudo anticipar exactamente en sus contornos, como tampoco se pudo prever la dinámica que iba a seguir. En efecto, se generaron expectativas muy altas, que hoy podemos decir, resultan desproporcionadas con la realidad política y cultural de nuestro país, del que significaría, incluso, la alternancia. Y sin embargo, hoy contamos con un marco legal que permite expresiones más abiertas, mayor pluralidad, mejores condiciones de competencia, de participación, que anteriormente no teníamos. Hay órganos autónomos en los ámbitos federal y estatal encargados de la organización de los procesos electorales, y existe una integración plural de las autoridades a nivel municipal, estatal y federal. Pero para afianzar estos logros y continuar progresando en la política subsistente, hay todavía una gran tarea por hacer en el terreno de la educación cívica y de la cultura democrática.

La educación tiene el reto, a través de la calidad educativa, de transformar a los nuevos ciudadanos en personas aptas, capaces, demandantes de una democracia funcional. No puede necesariamente cambiar la realidad externa, pero sí puede dotar a los nuevos ciudadanos de elementos para poder exigir un sistema democrático como el que pensábamos se concretaría al final de esa transición.

Cuando se apostó a este proceso de cambio para la modernización de México, el desafío era iniciar la construcción de una cultura democrática. El voto, aún libre y consciente, no agota la actuación del ciudadano en la vida comunitaria o en la democracia, por eso es que ésta se debe extender a todos los aspectos de la vida cotidiana.

La tarea de impulsar la cultura democrática está inconclusa y emerge como una asignatura pendiente muy importante. La idea de instituir en los planes académicos el conocimiento y la vivencia sobre las reglas básicas de la democracia, a efecto de formar a nuevos ciudadanos que participen del nuevo

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marco político del país, es no solamente deseable, sino necesaria.

La educación cívica en el país tiene varios antecedentes. Como materia, se impartió por primera vez en 1993. Después, en 1999, mediante el Programa de Formación Cívica y Ética se dio en segundo y tercero de secundaria. Y más recientemente, durante el año escolar 2007-2008, se aplicó el Programa Integral de Formación Cívica y Ética en primaria y de manera paralela se diseñaron campos formativos en preescolar para promover un marco ético a través de la retroalimentación y vivencias.

formación de ciudadanos, desde la educación básica hasta la educación media y superior, capaces para la vida democrática, para la convivencia, cimentada en el diálogo como única vía para la solución de conflictos, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, la diversidad sexual y multicultural. Ello favorecerá, sin lugar a dudas, al desarrollo de futuros ciudadanos libres e íntegros, con criterios propios, respetuosos, participativos y solidarios.

La educación tiene el reto de transformar a los nuevos ciudadanos en personas aptas y capaces, demandantes de una democracia funcional.

Frente a la nueva realidad del país, resulta necesaria la expansión de la comprensión de los valores y principios democráticos; exigen, en una palabra, un conocimiento más profundo sobre el funcionamiento y sentido de las instituciones que conforman un régimen democrático. En gran medida, se deben de recoger las distintas experiencias de las organizaciones sociales, del trabajo operativo que ha desarrollado el propio Instituto Federal Electoral en cuanto a educación cívica y cultura política desde 1996, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales en general.

La democracia y educación conforman un binomio y, precisamente, uno de los fines del sistema educativo es la

Éste es el hilo conductor que tienen que seguir todas las instituciones, organismos de derechos humanos e instancias involucradas en las tareas de la educación para la formación ciudadana. Hoy, más que nunca, ante los escenarios de inseguridad, de violencia y de acecho en las escuelas plasmados en fenómenos como el acoso escolar o bullying dentro de los espacios educativo, o bien, el ciberbullying, en los medios telemáticos como internet (redes sociales), telefonía celular y video juegos en línea, donde los estudiantes, desde el anonimato, atormentan, amenaza y hostigan a sus pares, es imprescindible contar con espacios de convivencia y entornos escolares donde prive el civismo para la democracia K * Es Doctor en Derecho y Doctor en Economía. Coeditor de La Disputa por la Educación (Aguilar) y autor del Manual del Flair Play (FCE).

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MUERTE EN LAS PRISIONES K Dra. Emma Mendoza Bremauntz*

El presente trabajo de nuestra colaboradora la Dra. Emma Mendoza (especialista en Derecho Penitenciario, ex-Directora del Centro Femenil de Readaptación Social del DF), sobre el lacerante fenómeno de las muertes en las prisiones, cobra especial relevancia con tres recientes acontecimientos de esta naturaleza: la muerte de 359 internos en la cárcel de Comayagua, Honduras, debido a un incendio provocado; el asesinato en el Penal de Apodaca, NL, de 44 reos a manos de internos de una banda rival de delincuencia organizada y la posterior fuga de 30 de ellos y; el asesinato de 3 personas acusadas del delito de secuestro, apenas unas horas después de haber sido internadas en el penal de Topo Chico, NL. Introducción

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os temas carcelarios resultan siempre inquietantes, en especial si nos acercamos a buscar los índices y a tratar de encontrar las explicaciones de las llamadas muertes en custodia. Pero no sólo se entiende por el tema penitenciario, sino también por el fenómeno mundial de la exacerbación de la violencia, gubernamental o social, que se amplía cada vez más sin que se logre una explicación clara de su porque, ni menos un control, una limitación de la violencia que parece no tener fin.

delinquido o de los cuales se presume que lo hicieron y que deben ser por ello juzgados. Estos lugares se han caracterizado por la posibilidad de mantener aislados del resto de la sociedad, a sus procesados y sentenciados con el fin de evitar que eludan la acción de la ley, que sigan cometiendo delitos, que lastimen nuevamente a los seres ajenos a sus intereses o impidan la sana convivencia social, para que cumplan con la sanción que la ley les ha determinado.

La violencia familiar, hacia los niños, las mujeres, tan frecuente como vergonzosa; la violencia callejera, la delictiva y la gubernamental, representan fenómenos incontrolables que mantienen aterrorizada a la sociedad actual y no parece disminuir; ni se percibe que las medidas tímidas y formales que los gobiernos toman eventualmente funcionen. Antes bien, cualquier tipo de violencia, aún la falsa escenificada en el cine y en la televisión o la real difundida ampliamente por los medios masivos de comunicación, sirve de modelo y estímulo enfermizo para su continuación y aumento.

Este confinamiento con frecuencia conlleva la secrecía de su cosmos y con el pretexto de la seguridad, se evita que las personas libres se enteren de lo que pasa en ese estrecho sitio de la prisión.

Sólo familiares cercanos saben del verdadero sistema de vida interior, más aún cuando reina la violencia y el abuso. Es un abuso silencioso, a veces cometido por los mismos compañeros de pena, a veces por personal mal preparado y corrupto con una visión equivocada de lo que debe ser la cárcel de acuerdo con las leyes y no con las reacciones del personal penitenciario.

Pero dentro de los sistemas de violencia practicados o facilitados por el Estado encontramos una que puede considerarse histórica: la que se sucede en las cárceles. En los oscuros sitios que la sociedad ha destinado para resguardar a los seres que han

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Es un mundo diferente a quien vive afuera de los muros, en donde las reglas y las personas provocan reacciones diversas en sus habitantes. A veces una liberación cercana al cinismo, al sentirse casi autorizados a ser distintos, a hacer tareas que en libertad jamás habrían hecho; otras, a actuar con miedo, con depresión y

angustia al no adaptarse a ese universo extraño al que finalmente deberán acostumbrarse, aunque no sea ese el fin de su encierro.

Por eso, cuesta trabajo entender cómo y por qué suceden algunos comportamientos en las cárceles, inclusive la muerte. Ésta nunca tiene plazos ciertos, sin advertencias perceptibles, ni siquiera en los enfermos, nunca aparece igual, es sorprendente y dolorosa para los que se quedan, los que no sabían que estaba simplemente ahí. Y la muerte bajo custodia siempre inquieta, por la posibilidad de dudar que haya llegado así, sin ser prevista, sin ser siquiera imaginada.

Tal vez por eso no se le ha estudiado lo suficiente, es otra de nuestras “materias pendientes”, siempre cuestionada, siempre dudosa, como comenta el criminólogo dominicano Wilfredo Mora.

“Cuando se presenta, es necesario conocer de varios informes médicos, del departamento médico del penal en los últimos tres meses, el parte médico del Hospital General (por ejemplo el Moscoso Puello en Dominicana) obteniendo copias originales, el testimonio de los médicos que lo atendieron los peritos que deben asistir al Ministerio Público, para que en la conferencia publica de prensa que obliga a las autoridades, los periodistas puedan abordarlos e inclusive entrevistar a los compañeros de celda y a los familiares del finado.”

Y como todo en las cárceles, si nadie tiene la responsabilidad legal y confiable de analizarla, de manera que los deudos y las autoridades queden seguras de sus causas, de que no fue producto de un abuso o pudo evitarse con alguna atención médica a tiempo, es importante un amplio acceso a la familia y a la prensa (no amarillista si se puede evitar) a los expedientes.

Todo ello previsto reglamentariamente para que no parezca que las autoridades ocultan la verdad. Se señala que la muerte en custodia es reveladora de muchos factores carcelarios que deben analizarse y abrirse al esclarecimiento de los que están enfermos, de los que están integrados a la corrupción o a la violencia.

Ha de integrarse entre las funciones del Juez de Ejecución, la facultad de revisar si se ha violado el Principio de Dignidad de la persona recluida que consiste en el derecho de todo condenado a que se le respete su integridad personal, física, psíquica y moral, que no muera nadie en un emplazamiento penal sin haberse averiguado bien los hechos que produjeron su deceso.1 No es problema sólo de México, sin duda se acentúa por la sobrepoblación carcelaria que se presenta en todas las prisiones del mundo, en donde al tratar de alinear una normatividad en todos los países, únicamente se ha logrado uniformar políticas represivas, no las impulsadas por la ONU o la OEA que se desarrollan en forma diferente y racional.

Conceptos La muerte se define como la cesación definitiva de la vida, y es en este sentido como podemos deducir que es un evento natural o inducido presente en cualquier espacio y tiempo de toda sociedad. Los factores que predisponen o la provocan así como los agentes que conllevan a la misma, son incontables.

México tiene un promedio de 2 médicos para cada mil reclusos Se habla de “Muerte en Custodia o Bajo Custodia” refiriéndose a ocurridas “en personas privadas de libertad y sobre la que se puede aventurar una situación de muerte violenta…. Se espera al menos que todas estas muertes tengan obligatoriamente una investigación criminal y se inicie con la correspondiente necropsia.” 2 Otros autores, como por ejemplo los participantes en la serie de Cuadernos de Medicina Forense, los argentinos Palomo, Rando y Santos Amaya, opinan que en realidad el término es una traducción literal de los estudios realizados sobre personas privadas de libertad por estar presos, detenidos o siendo pacientes ingresados involuntariamente en establecimientos psiquiátricos, que en la literatura médico legal anglosajona se denomina Deaths in Custody.

Los autores consideran más propio utilizar la denominación de Muerte en Privación de Libertad (MPL). A la vez, proponen la obligatoriedad legal de la autopsia e investigación judicial en todos los casos, para detectar los métodos utilizados y las causas reales de la muerte, primero analizando de acuerdo con los protocolos internacionales para la investigación y documentación de torturas y muertes tanto en el sujeto vivo como en el cadáver (Protocolos de Minnesota y Estambul, por ejemplo),3 y luego proceder a un dictamen seguro y público sobre lo investigado en cada caso.

El concepto de la muerte de personas sujetas a vigilancia de la autoridad debe incluir no sólo las que se produzcan durante la ejecución penal sino siempre en las que medie la intervención de las fuerzas de seguridad. Entre ellas las persecuciones de presuntos delincuentes, intentos de fuga, disolución de manifestaciones y protestas, como lo enuncia la Royal Comission australiana en su normativa, que es reiterada en Inglaterra y Canadá cuando señala las situaciones a tomar en cuenta para el concepto: a) Muertes producidas durante la detención y en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; b) Muertes de internos en centros de detención y prisión así como en centros de internamiento de menores, incluyendo fugas e intentos de fuga y; c) Muertes de personas ingresadas contra su voluntad en instituciones psiquiátricas.

1

Mora, Wilfredo, LA MUERTE DEL DURO MOTOR. http://www.elsoldelasamericas.com/

columnistas/wilfredo-mora, 28/VII/112

Veloso de França, Genival, MUERTE BAJO CUSTODIA. http://derechoycambiosocial.

com/revista 015, 1/VIII/11.

3

Palomo Rando, J.L., Ramos Medina, V. y Santos Amaya, I.M., MUERTE EN PRIVACIÓN

DE LIBERTAD. (Cuadernos de Medicina Forense no. 35. Enero 2004, p.37.

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Se suma a estas posibilidades la muerte en caso de traslados a hospitales después de estar internos o detenidos, y los de muertes súbitas, homicidios y suicidios; muertes violentas accidentales en delegaciones, comisarías y juzgados de guardia. La verificación de la autopsia en todos los casos significa una garantía para la sociedad de que la autoridad es ejercida correctamente, que ninguno de los fallecimientos es pasado por alto ni se trata de ocultar algo. Sabemos que los decesos en las prisiones han sido, desde las primeras cárceles organizadas con una cierta reglamentación, un fenómeno cotidiano, principalmente por la falta de atención respecto a la clasificación de internos y la necesaria separación y vigilancia permanente que se requiere en las cárceles. Pero más aún, cuando la población penitenciaria rebasa la capacidad del establecimiento y los presos viven en condiciones de hacinamiento que hacen verdaderamente inhumana la vida en el interior, fenómeno que parece repetirse en casi todas las cárceles en la actualidad, condiciones que recuerdan algún estudio de Pavlov.

Debemos reconocer que la sobrepoblación también, como la tortura y la muerte, viola los Derechos Humanos de los presos, pues a pesar de lo que muchas personas y algunas autoridades creen, son seres humanos y también tienen garantías que no se afectan por su pena y por la sentencia que se aplique legalmente.

Por la naturaleza misma de los asuntos que se tratan y por las características de la mayoría de los internos y los trabajadores penitenciarios, el encierro opera como un caldo de cultivo para las conductas delictivas y violentas, porque el encierro es realmente una limitación no sólo de la libertad ambulatoria sino también de la libertad de decidir hasta en cosas ínfimas y personales sobre la vida cotidiana, horarios, amistades, convivencia, descansos, contactos familiares, y muchas acciones más que están reglamentadas o arbitrariamente decididas por terceras personas, lo que ocasiona problemas y angustias individuales.

El fenómeno se agrava cuando la selección y capacitación del personal penitenciario, en especial del personal de custodia, quien permanece más tiempo en el interior y tiene más contacto con los internos, es deficiente; se mira como si se tratara de un empleo cualquiera, cuando en realidad se necesita una vocación especial, una formación adecuada y una convicción respecto a las metas de la pena de prisión, no sólo del personal de custodia sino de todos los que trabajan en prisiones y que tienen muy cercano contacto con los internos e internas.

Resulta impresionante el poder que el personal penitenciario de cualquier nivel, tiene sobre la vida de los presos y cómo la toma de conciencia de éste se refleja frecuentemente en abusos sobre los internos, más aún si se reconoce que en su mayoría, es de un nivel cultural, psicológico y social bajo.

Nuestro país no es la excepción en cuanto a los problemas carcelarios que desembocan en la tortura y muerte de internos. Considero que se avanza y se retrocede, por épocas, por funcionarios, por intereses, pero no se termina con la responsabilidad universal que los gobiernos tienen en cuanto a la integridad de los privados de libertad en cualquier nivel, policial, investigativo, procedimental o de ejecución

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penal. Tampoco debe omitirse totalmente en los diferentes espacios de instituciones como los de menores, de enfermos mentales, de internamiento militar o escolar. Veloso opina lo valioso que sería tener un Registro Nacional de Muerte bajo Custodia que proporcione datos sobre la extensión del problema, sus características, su intensidad e incidencia, a partir de instituciones, ciudades y estados, que los organismos públicos y privados de Derechos Humanos contemplaran en sus programas y proyectos y que los médicos legistas recibieran capacitación para perfeccionar sus conocimientos sobre el tema.

Clases de Muertes y de Custodia Existe una diferenciación entre las clases de muertes y los tipos de custodias o salvaguardas. Todas las muertes ocurridas en personas sujetas a custodia o en privación de la libertad, (MPL en adelante) deben ser consideradas “sospechosas” aún cuando no se omita la posibilidad de que sucedan de origen natural, pero la seguridad exige que el patólogo forense verifique su autopsia con especial cuidado, porque su dictamen será revisado por familiares y medios de comunicación con detalle. Así por ejemplo, se habla, respecto a las muertes acaecidas en detención que aunque como ya mencioné, han ocurrido siempre, en los años finales del

2.

El descubrimiento y publicación de nuevos conocimientos médico-legales del tema. Además del caso de los aborígenes australianos, la publicación de los Protocolos de Minnesota y Estambul sobre la Tortura. Los casos de palestinos detenidos en la franja de Gaza durante los años de la primera Intifada, los detenidos por la policía en África del Sur, los numerosos casos de muertes por Delirium relacionados con el abuso de cocaína en Estados Unidos, en Canadá e Inglaterra y Gales también han aportado nuevos conocimientos en la materia los últimos años.

3.

Una preocupación creciente en la comunidad científica médico-legal, por este problema. Aunque los médicos forenses siempre han sido profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y de valores como la justicia, la igualdad etc. también su compromiso ha incrementado en años recientes, lo que se ve reflejado en la importancia dada al tema en los textos de Medicina Forense y en su propia formación, buscando en la especialización de los médicos que sepan manejar bien este tipo de muertes en sus autopsias.

La Visión Internacional

siglo XX y principios del actual se ha puesto más atención en su análisis, según la opinión de los médicos forenses, por tres causas fundamentales, relacionadas entre sí:

1.

Se ha tomado una nueva actitud por los gobiernos democráticos a la hora de afrontar el problema. En la década de los 90 se conocieron cifras escandalosas sobre la mortalidad de presos y detenidos entre la población aborigen australiana. A dicho grupo étnico, que representa sólo el 1.4% de la población adulta de ese país, pertenecían más del 25% de las muertes en prisión y detención policial. Las investigaciones se habían iniciado en los años ochenta por una Comisión Real, creada al efecto, que calificó dichas cifras como totalmente inaceptables que no serían toleradas si ocurrieran en otra comunidad. Muchas otras experiencias de muertes de presos y detenidos con sospecha de maltrato, tortura o falta de atención, han sido ampliamente estudiadas y publicadas. Una buena investigación que incluya la autopsia judicial es, en estos casos, de gran importancia como garantía social de que evita la desconfianza en los dictámenes y acciones de la autoridad. Además, el estudio de estos problemas puede ser de utilidad para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro. Como lo señalaba Churchill: “una sociedad puede ser valorada por la forma en que trata a sus presos”.

Toda la comunidad mundial se conmueve con casos como el ocurrido en nuestro país en días pasados. Hace casi un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) subrayó que el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad tiene el deber de adoptar medidas concretas para fortalecer la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios. Entre estas medidas se encuentran la prevención efectiva del ingreso de armas y drogas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles. La Comisión subraya que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de garantizar la separación efectiva entre hombres y mujeres en los centros de privación de libertad.

Recordemos que tiene aún presente un asunto no resuelto llevado a cabo por las fuerzas militares de los Estados Unidos fuera de su territorio y según apareció en documentos publicados en internet, autorizados por el Secretario de Defensa en ese momento, en relación con los interrogatorios a los presuntos terroristas después de los ataques a las Torres Gemelas. El escándalo explotó en una prisión del Medio Oriente, llamada Abu Graib al ponerse en circulación documentos y fotografías de las torturas aplicadas, distribuidas por los mismos militares y ante la actitud permisiva de las autoridades, por lo cual se inició un juicio en Europa en el que se exhibieron dichos documentos. Esto ha agitado más aún el interés académico y especialmente de los médicos forenses que en su momento generaron en ese mismo país el documento llamado Protocolo de Minnesota relacionado con las autopsias para determinar si un individuo fallecido ha sido

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torturado. Fue elaborado por un grupo de abogados y patólogos norteamericanos en la década de los ochenta y es una guía para realizar una autopsia punto por punto a fin de detectar la tortura.

El Protocolo de Estambul surge ante el reconocimiento formal hecho por ONU de que la tortura se practica en más de la mitad de los países del mundo y encontramos una definición en la Convención de las Naciones Unidas de 1984 que dice lo siguiente: “Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

La Declaración de Tokio de 1975 contiene otra definición que junto con la anterior, son las más reconocidas y dice que “la tortura es el sufrimiento físico o mental infligido en forma deliberada,

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sistemática o caprichosamente, por una o más personas, que actúan solas o bajo las órdenes de cualquier autoridad, para forzar a otra persona a entregar informaciones, hacerla confesar o por cualquiera otra razón.” La tortura física es la más relacionada con la muerte en prisión. Algunos de los métodos de tortura psicológica más utilizados por ejemplo en las cárceles secretas de Estados Unidos: 1) abusos con excrementos; 2) aislamiento; 3) amenazas; 4) exposición constante a luz intensa; 5) humillación sexual; 6) impedir la higiene; 7) interrogatorios constantes; 8) mantener desnudo; 9) no permitir estar solo en el baño; 10) presenciar sesiones de tortura de otros; 11) privación del sueño; 12) ruidos fuertes y; 13) simulacro de ejecuciones.

Países en los que las Dictaduras han Dejado Secuela en esta Materia Las naciones cuya historia ha dejado lacerantes huellas en esta materia son aquellos en donde se instauran las dictaduras.

Además, en aquellos en donde la falta de educación y capacitación laboral permanecen en una etapa cultural muy primitiva como

los países colonizados en el África, y quizá un parte aguas lo ha significado el problema de la antigua Yugoslavia.

En el caso de las dictaduras latinoamericanas encontramos resultados semejantes; las dictaduras propiciadas por golpes de Estado militares, impulsados generalmente por intereses económicos y apoyados por los organismos políticos de su país de origen, impusieron disciplinas férreas y corruptas. Genival Veloso comenta que las instituciones responsables de la disciplina en las relaciones sociales y que administran la represión legal, (policía) las que juzgan y aplican las sanciones (justicia) y que ejecutan la punición (cárcel) no dejan, en cierto modo de ejercer o tolerar la violencia en virtud de que la estructura policial se vició por la intolerancia y la corrupción, imbuida de una mentalidad represiva, reaccionaria y pre juiciosa que la absoluta fidelidad al sistema que se le impuso en los años de la represión.

Ninguna posibilidad aparentemente legítima, puede equipararse a la violencia del aparato carcelario quizá en razón en que es más despiadada y humillante porque el presidiario, en especial tratándose de delitos comunes, representa para el poder y para una fracción de la sociedad una basura, una escoria. No llega a

aceptarse totalmente que la pena sea una medida de recuperación y de resocialización; se concibe como un instrumento de venganza y cuando mucho de reparación. Se afirma que el sentido de intimidación y de excesivo rigor punitivo no deja de constituir una modalidad de terrorismo oficial, lo estamos viviendo con las reformas penales en las cuales un tope de 60 años les pareció a los legisladores poco tiempo y se adecuaron las leyes para sumar sentencias que exceden la duración normal de la vida en libertad y desde luego no en las condiciones de vida que implican las cárceles.

Estas posturas políticas no han hecho sino incitar una mayor violencia delictiva y la multiplicación de los grupos de delincuencia semi organizada que dañan profundamente la vida social y hacen aparentar como única opción la contra violencia oficial, lo cual en realidad poco ayuda para mejorar la vida de la comunidad. Por ejemplo, las agresiones infundadas como la que ha intentado victimizar recientemente a uno de los juristas más reconocidos, el Dr. Zaffaroni, que con motivos políticos, ha sido atacado irracionalmente para desprestigiar la institución que actualmente representa, en la lucha electoral que se avecina en la sufrida Argentina, cuando se pudo salvar de la horrenda dictadura militar y ahora se intenta estúpidamente desprestigiarlo, dejo constancia de la vergüenza y molestia que estos ataques significan internacionalmente.

Hablar de la muerte en prisión obliga a presentar una breve visión estadística sobre las cuestiones que pueden incidir en ella en México, sin detallar las condiciones de alimentación y de violencia que se viven actualmente. Datos oficiales recientes arrojan que por ejemplo, en nuestro país se presentan entre los fallecimientos y situaciones de salud de internos los siguientes datos: 71% de enfermedades crónico degenerativas, el 3.5% requiere atención psicológica, 19% gastrointestinal, 14% oftalmológica. El 60% de los centros carece de personal médico fijo. La población tiene enfermedades gastrointestinales o respiratorias y a pesar de estas condiciones, el 51% no tiene servicio médico. México tiene un promedio de 2 médicos para cada mil internos y en general, en América existe en las cárceles 34 veces más tuberculosis que la población libre. En 2010 hubo 97 muertos en centros federales en 1 año por enfermedades crónico degenerativas y en cuanto al Distrito Federal, cabe comentar los siguientes datos que nos proporcionan un visión general sobre el tema de muerte, atendiendo sólo tres aspectos generales y después un rápido repaso estadístico sobre el sistema penitenciario nacional. Para los datos MNP veremos: Muerte Natural (por enfermedad); Muerte por Homicidio y; Muerte por Suicidio.

En cuanto a la situación penitenciaria general tenemos que hay 430 Centros penitenciarios con 184 mil 193 espacios más o menos habitables de los cuales son:

10 centros federales, con 15 mil 246 espacios, 329 centros estatales y del D.F. con 165 mil 344 espacios, 91 centros municipales con 3 mil 603 espacios, El 48% tiene sobrepoblación, El 50% de la población se concentra en 28 centros,

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En 6 Estados se concentra el 50% de la población: D.F., México, Baja California, Jalisco, Sonora y Puebla, Hay 97 mil 802 en prisión preventiva (es decir procesados sin estar sentenciados) con una duración promedio de 5 años del proceso y la Federación calcula instalar en sus centros a la totalidad de sus internos en 2012 los que son 42 mil 734 hombres, (sentenciados 48%) y 2 mil 817 mujeres, (sentenciadas 46%).

El Subsecretario de Seguridad Pública Federal (SSP) recientemente expresó que se planea incrementar en 20 mil espacios la capacidad del Sistema Federal Penitenciario en la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios y con la ampliación de los Centros Federales ya operando, para internar en su jurisdicción a la totalidad de los reos federales y a los del fuero común que requieran medidas especiales de reclusión. Vale preguntarnos si esta modalidad se refiere a la criticable y equivoca privatización de la ejecución de sentencias penales, si las medidas especiales de reclusión son de seguridad y más privación o limitación de garantías o de ciertas selección y comodidad en cárceles concesionadas, como sucede en los países que han adoptado esta irregular y negociable forma de ejecutar la pena de prisión.

Se cuenta en centros federales con 12 mil 891 internos, que son, 2 mil 461 del fuero común y 10 mil 791 fuero federal pero no hay el dato de, habiendo una impresionante mayoría de internos entre los 18 y los 40 años, cuáles tienen programados para que mueran en sus cárceles, dado el número de años de sus sentencias.

Con base en ello, de acuerdo a algunas declaraciones anteriores de la SSP, no tiene caso proporcionarles medidas educativas y de apoyo si se quedarán hasta su muerte, encerrados en las secciones de máxima y súper máxima seguridad (sic). El resto de los presos federales se encuentran, por razón del lugar en que fueron detenidos, en los centros del fuero común.

La aplicación de los tratamientos de readaptación mediante el trabajo, la educación y capacitación laboral que ordenaba el artículo 18 constitucional, no se hace una definición legal clara de la diferencia entre readaptación y reinserción social, la cual queda a la interpretación de autoridades administrativas, legislativas y judiciales. Los datos locales proporcionados en el Distrito Federal y referidos a la población de 2010 son los siguientes: En el ámbito nacional hubo un total de población de 112 millones 336 mil 538 personas, y de población penitenciaria 218 mil 571 internos. En el Distrito Federal, se reportó un total de población de 8 millones 851 mil 80 personas, y una población penitenciaria de 40 mil 229 internos. Con estos datos, encontramos que el 0.19% de la población nacional se encuentra recluida y que el 0.46% de la población del Distrito Federal está en prisión.

Principales Causas de Muerte 2010 Los fallecimientos registrados en ese año ascienden en el ámbito nacional a 564 mil 673 y en el Distrito Federal a 53 mil 801; en

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las cárceles del país, un total 352 y en las del Distrito Federal se registraron 113. De estos totales, tenemos que 472 mil 721 fallecimientos de población libre en la República fueron a causa de enfermedades como Diabetes Melitus, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal, hepática, cardiaca y pulmonar, infarto en sus diversas localizaciones, infecciones agudas, VIH, entre otras. Encontramos reporte de un total de Homicidios de 24 mil 374; Suicidios 5 mil 190 y otras causas variadas 63 mil 388.

En lo que hace a población penitenciaria, se nos reportaron 265 muertes por enfermedad, 36 homicidios y 51 suicidios, coincidiendo las enfermedades con las mismas de la población libre aunque en otros porcentajes y en el caso de los suicidios encontramos más alto el porcentaje en las prisiones. En lo que se refiere al Distrito Federal de enero a junio tenemos 39 fallecimientos por enfermedad, 10 homicidios y 4 suicidios que hacen un total de 53 muertes. Resulta evidente que los porcentajes de homicidio dentro y fuera de las prisiones son semejantes en cuanto a enfermedades, pero mayor en lo que se refiere a suicidios, aunque no se cuenta con datos absolutamente ciertos en los casos de muertes violentas ya que sólo son los informes rendidos por las autoridades penitenciarias y no existe la confirmación y ratificación forense de las autopsias en todos los casos.

Es necesario trabajar para tener un mayor análisis y cuidado para proporcionar certeza en el caso de las muertes en prisión. De igual forma asumir los criterios médico-forenses de confirmación de las causas de fallecimiento para cruzar la información oficial, médica y de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, para acercarnos a la confirmación del respeto o violación de sus garantías de quienes se encuentran purgado una pena K

*Doctora en Derecho. Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Narco ¿Quinto Jinete del Apocalipsis?

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Dr. Rubén Delgado Moya

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n 1916, Vicente Blasco Ibáñez publicó Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Guerra, Hambre, Peste y Muerte); 95 años después, surge con efectos tan drásticos y aún más lesivos que aquéllos, lo que bien podría considerarse como el quinto jinete del referido Apocalipsis: el narco.

En efecto, el narcotráfico en la actualidad es una lacra con varias aristas: social, política y económica, entre otras. En este juego perverso en el que casi la totalidad de la nación mexicana se halla involucrada, los delincuentes controlan todas las cartas. Tras la caída del “muro mexicano”, como se dio en llamar por el sistema mediático allende las fronteras de México al drástico derrumbe del vetusto régimen priísta, la ya para entonces primigenia lacra del genéricamente conocido como narco, prosiguió su marcha en forma definitiva. Fue contundente en el subsiguiente régimen político que de forma presuntuosa se denominó del cambio.

Efectivamente, el jurásico mexicano, como lo denominara con toda razón Rafael Loret de Mola en La Tempestad que se Avecina, no se extinguió como consecuencia del impacto del aerolito de Guanajuato. Sólo se sacudió hasta sus cimientos, lo cual –según Loret de Mola– sería ingenuo creer que “bastó una sola jornada electoral para erradicar del país, como por encanto, a los grandes depredadores de la patria dispuestos, como sea, a defender sus intereses”. La crónica de los hechos podría resumirse así: el partido en el poder hacia los dos últimos de sus períodos presidenciales, en los cuales se incluye “el error de diciembre”, es de dejarse ver con toda claridad que poco o casi nada se logró para combatir el narcotráfico, porque ampliando la ocurrente frase que con motivo de otras circunstancias, pronunciaría Carlos Salinas de Gortari, a la delincuencia organizada y a los cárteles ni los veía ni los oía.

El mandato presidencial que encabezó Vicente Fox, sin entrar en mayores detalles, dejó que creciera la actividad ilícita del narco, o por lo menos no hizo nada efectivo para controlar el tremendo daño que tal actividad nociva estaba ya causando. Con Felipe Calderón, la referida situación trató de enmendarse, sólo que la estrategia que en su caso se empleó quizá no fue la adecuada, no obstante que ya para entonces los nocivos efectos del narcotráfico se hallaban, y se encuentran en la actualidad en toda su magnitud.

El modo en que se ha hecho la guerra a la delincuencia organizada, durante estos últimos años en que la paz social ha dejado de existir en casi todo el mapa nacional, tal vez se deba a que si ésta se deseaba alcanzar, atendiendo al adagio latino “Si quieres la paz prepárate para la guerra”, no se llevó a cabo tal y como debía: preparar bien la estrategia de y para la guerra con el fin de alcanzar la anhelada paz social que es connatural a todo régimen social, político y económico que se respete.

En cuanto al enunciado Quinto Jinete del Apocalipsis, habrá de concluirse que éste es mucho más atroz y terrible en cuanto a sus efectos devastadores que los otros cuatro a que se ha aludido.

Porque no se trata de cárteles de la droga, si se maneja el lenguaje

con propiedad, tal cual debe y tiene que ser, pues cartel, sin acento, de acuerdo con el acotamiento que sobre el particular hace Cabanellas en su Diccionario enciclopédico de derecho usual: “En su aspecto económico, el vocablo se ha naturalizado, quizás con alguna incorrección, por la Academia para salir al paso del empleo frecuente del término germánico “Kartell” o del inglés “cartel”, que se pronuncia cargando el asiento en la primera sílaba; por lo cual lo deseable hubiera sido crear la palabra “cártel”. En este sentido se trata del monopolio más o menos efectivo, de hecho y por iniciativa privada, que tiene por finalidad fijar los precios de los artículos de primera necesidad en relación con el público consumidor, evitar los riesgos de la competencia industrial o mercantil para los empresarios e incluso aumentar los precios.”

Como se aprecia a simple vista, quienes reunidos o no en agrupaciones delincuenciales se dedican a la producción, distribución y consumo de cualquier clase de droga y estupefacientes de sus diversas y múltiples presentaciones, no pueden ser catalogados como sujetos y agrupaciones del género que se denomina pomposamente cártel, sino como lo que son en realidad: simples sujetos y agrupaciones, cuya tendencia principal y plenamente identificada consiste en delinquir. Pero eso sí, subvirtiendo el orden establecido, alterando con su nefasta conducta la paz social, la cual a toda costa debe y tiene que ser mantenida por cualquier Estado que se precie de ser civilizado.

Y esto sólo se obtiene con la administración e impartición firme e incuestionable de la justicia, que es la única instancia posible que se tiene a mano para lograr la paz social, política y económica. De no tomar en cuenta a los jueces, quienes son los que realizan tan elevada, honrosa y difícil labor, las palabras de Eduardo J. Couture se actualizarán, cuando sentenció que “…el día en que los jueces tienen miedo, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo.

Porque la Constitución vive en tanto se aplique por los jueces; cuando ellos desfallecen, ya no existe más.” K

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RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA DELINCUENCIA: SEDESOL

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l desarrollo social se identifica como el impulso del capital humano y social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones; su proyecto en el corto y mediano plazo es el bienestar social. México cuenta con una dependencia federal enfocada en impulsar estos temas, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Se trata de una Secretaría de Estado a la que, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde la dirección y el aporte de ideas para el combate de la pobreza, además de la coordinación de los diferentes organismos para trabajar todos en la misma línea de interés del Estado. Mediante la coordinación de los otros organismos de la administración pública aplica planes de construcciones de viviendas para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

El titular de la SEDESOL , Lic. Heriberto Félix Guerra, impulsa una estrategia encaminada a desalentar las conductas antisociales y la criminalidad en los centros urbanos en diferentes entidades del país. La Secretaría instrumenta una serie de programas sociales dirigidos a la sociedad, pero sobre todo hacia los jóvenes para ofrecerles diferentes alternativas que impulsen el desarrollo de mejores ciudadanos comprometidos con su comunidad y su país. En lo que va del año el funcionario encabezó la apertura de talleres y centros recreativos en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí y Baja California.

Uno de estos proyectos de integración se realizó en Baja California, en donde con recursos que superan los 3.5 millones de pesos (mdp), SEDESOL puso en marcha el Primer Laboratorio de Producción Creativa de Instrumentos Musicales. Con él se busca que jóvenes bajacalifornianos que habían presentado diversas conductas antisociales desarrollen capacidades y habilidades para crear, reparar y dar mantenimiento a diferentes tipos de instrumentos musicales. Como parte del compromiso de Heriberto

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Félix Guerra, para alcanzar la meta de que es mejor tener becarios que sicarios, la dependencia federal, la Orquesta de Baja California (OBC) y la Universidad Veracruzana capacitan a jóvenes y adultos que viven en colonias con altos índices delictivos con el propósito de fomentar nuevos oficios y crear fuentes de empleo.

De esta forma, y en el entendido de que la reconstrucción de tejido social es la mejor herramienta para prevenir la delincuencia,

SEDESOL a través de su programa Hábitat impulsa esta estrategia encaminada a desalentar las conductas antisociales y la criminalidad en los centros urbanos. Por ello se estableció un convenio de colaboración el cual fue suscrito por la Jefa de la Unidad de Atención a la Pobreza Urbana de SEDESOL, María Eugenia González Alcocer, el Director de la Orquesta de Baja California, Eduardo García Barrios, el Delegado de esa dependencia, Carlos Torres, y el Secretario de Desarrollo Social en el Estado, Pablo Alejo López Núñez.

Este creativo taller estará coordinado por maestros de la Universidad Veracruzana, quienes se encargarán de transmitir sus conocimientos a los jóvenes bajacalifornianos para que exploten los secretos de este arte.

Necesario avanzar en el acceso a nuevas tecnologías entre los sectores de escasos recursos para mejorar sus oportunidades.

Hace un año, en febrero de 2011, también con recursos de SEDESOL y el apoyo de la Orquesta de Baja California, se llevó a cabo el proyecto de redes comunitarias Do Re Mi Comunidad, mediante el cual se impulsó la creación de cuatro ensambles formados por niños y jóvenes en cuatro comunidades de escasos recursos. Luego de un año de trabajo en el que vecinos de las colonias Granjas Familiares, Valle Vista, Mariano Matamoros y Libertad se involucraron activamente en el trabajo de los niños, ahora la alianza entre SEDESOL y la OBC pasa a una nueva etapa. María Eugenia González Alcocer expresó: “Más allá de la música, estamos hablando de un proceso de transformación social, de un nuevo modelo de aprendizaje donde toda la comunidad se involucra, gente que no sabía lo que era un violín hoy tiene

la oportunidad de aprender a tocar uno y a fabricar uno con sus manos”.

Estrategias paralelas de enseñanza en la elaboración de instrumentos se pondrán en marcha próximamente en otras ciudades con incidencia delictiva como es el caso de Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; San Luis Potosí, S.L.P, Mazatlán, Sin; Tapachula, Chiapas, y el Distrito Federal, entre otras. En algunas de estas ciudades, el programa Hábitat ya ha trabajado en proyectos de promoción e impulso al aprendizaje musical, con lo cual se han obtenido resultados alentadores como en el caso de Tapachula. Ahí, a través de Redesarte Cultura de Paz (CONARTE), los jóvenes en situación de violencia contaron con el apoyo de los programas ¡Ah! Qué la Canción!, y Núcleos Juveniles de Música, que sirvieron para acercarlos al conocimiento y ejecución de instrumentos como guitarra, saxofón, percusiones, así como la conformación de ensambles.

Ciudad Juárez Ejemplo de Trabajo En una gira de trabajo por Chihuahua, el Secretario de SEDESOL, realizó una visita a Ciudad Juárez en donde afirmó que la influencia de los Centros de Desarrollo Comunitario es decisiva para recomponer el tejido social. Durante un recorrido por el Centro Comunitario Felipe Ángeles, el funcionario destacó que las instalaciones y el trabajo de los habitantes del lugar son una muestra de cómo una estrategia social bien focalizada puede ayudar en la regeneración del tejido social de las colonias que lo rodean; de esta forma, destacó, se crea una perspectiva nueva y mucho más humana, que ha logrado reducir casi en un 90% la incidencia delictiva en la zona.

El titular de la SEDESOL explicó que las instalaciones benefician a los 70 mil habitantes de la zona, pero también a varias decenas de colonias cercanas, que ven aquí una extensión de sus hogares.

En el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) se imparten talleres de capacitación y de costura; hay espacios deportivos, canchas techadas de básquetbol, de fútbol, de fútbol rápido, así como un gimnasio donde se practica tae kwon do. También hay educación abierta, cursos de computación, de regularización, de arte, como el del Grupo El Sótano; de muchachos que componen y cantan rock, pero también consultorios de medicina general, de odontología y de ginecología. Félix Guerra detalló otras obras importantes, como

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infraestructura básica para mejorar el entorno urbano en polígonos de extrema pobreza, entre ellas pavimentación, introducción de redes de agua potable, drenaje y electrificación, así como mejoramiento de vialidades.

Juventud en Movimiento Otro de los programas instrumentados por SEDESOL como parte del proyecto de trabajo de su titular Heriberto Félix Guerra, es Jóvenes Constructores. Con él, la dependencia federal busca reinsertar a la vida productiva a jóvenes en situación de calle, a través de la capacitación y desarrollo de habilidades que les permitan acceder a un mayor bienestar económico y, sobre todo, crear un proyecto de vida. Uno de sus pilares es el Programa de Empleo Temporal (PET).

los 40 mil metros cuadrados que se pavimentaron en esta colonia, cuyas calles eran de tierra; la instalación de redes de agua potable y drenaje a todas las casas, sin excepción, y el alumbrado público.

En total, señaló el funcionario federal, se invirtieron casi 25 mdp en el Centro y 50 millones más en las colonias que lo rodean para llevar servicios como agua potable, drenaje, alumbrado público y pavimentación de calles, con lo cual se creó una perspectiva nueva, más humana, logrando una verdadera reconstrucción del tejido social en Juárez. “La reconstrucción del tejido social, a partir de infraestructura social y de capacitación para el trabajo, los talleres, los cursos, sirven para recomponer el tejido social de todo Juárez.”

El Secretario de Desarrollo Social informó que, en el marco de la estrategia Todos Somos Juárez, los avances en la reconstrucción del tejido social han creado una nueva perspectiva y un rostro humano para la entidad, hasta hace poco considerada como la capital del crimen. “Hemos trabajado para llevar infraestructura a las colonias más pobres, pero sobre todo para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria mediante la rehabilitación, ampliación y equipamiento de nueve espacios públicos y la creación de nueve centros de Desarrollo Comunitario, lo que ha permitido recuperar el sentido de identidad y pertenencia”.

Reiteró que el CDC ofrece talleres de capacitación, espacios deportivos, medicina general, odontología y ginecología, entre otros servicios, para fomentar la convivencia y alejar a menores y jóvenes de las adicciones y la delincuencia.

También en Ciudad Juárez, el año pasado se llevó a cabo el Concierto a 2 Voces, resultado de la convocatoria del Programa Hábitat a jóvenes de colonias populares para participar en el Taller Hagámoslo: haz tu poesía, haz tu disco, haz tu instrumento musical, en donde jóvenes que habían permanecido en situación de violencia y marginación extrema pudieron presentar su CD con letras y música creadas y grabadas por ellos mismos. De manera paralela a las necesidades humanas, dicho programa lleva también obras de

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Jóvenes Constructores es una vertiente del PET, que en su inicio cuenta con una inversión de 14 millones 575 mil 500 pesos, forma parte del Programa de Rescate de Espacios Públicos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en beneficio de jóvenes que viven en zonas urbano marginadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Con la experiencia de Ciudad Juárez, en el marco de la estrategia federal Todos Somos Juárez, y debido a los buenos resultados que el programa ha tenido de 2010 a la fecha en el fortalecimiento de la convivencia familiar y vecinal en esa zona fronteriza, ahora se desarrollarán 34 proyectos en el ámbito nacional, que generarán mil 809 empleos temporales, que pagarán 194 mil 190 jornales.

De acuerdo con la Directora de Planeación Táctica de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Alma Rosa Pérez Martínez, se trata de generar empleo temporal entre los jóvenes en situación de calle que viven en las colonias aledañas a los espacios públicos a rescatar, con la finalidad de que se apropien y cuiden de los parques, al tiempo que aprenden un oficio que les permita mejores condiciones de vida. “Se han logrado trabajos interesantes, sobre todo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pero más que empleo, es dar a los jóvenes la oportunidad de reinsertarse en el tejido social, de generarles una ocupación, darles capacitación y habilidades para la vida”, enfatizó la funcionaria de la SEDESOL. Informó que de 2010 a 2011, en Ciudad Juárez, Jóvenes Constructores del PET invirtió 3.5 mdp, con los cuales creó 494 empleos para rescatar el parque Parajes del Sur, realizar labores de limpieza en la Colonia López Mateos, rehabilitar áreas verdes del Fraccionamiento Hacienda y dar mantenimiento y limpieza a 18 parques, jardines y plazas públicas. Resaltó que el parque es emblemático en la estrategia Todos Somos Juárez, porque se encuentra en una colonia que hasta 2009 tenía los más elevados índices de violencia en esa ciudad fronteriza. A partir de su inauguración, el 12 de octubre de 2010, todas las tardes se reúnen aproximadamente 800 vecinos de diferentes edades, para participar en el torneo de fútbol rápido, practicar básquetbol o deportes extremos, como el skate-boarding, asistir a los talleres de música, danza y pintura; llevar a los menores al área de juegos infantiles, o, simplemente, para conversar en las bancas o caminar por los andadores.

Tecnología para el Desarrollo Con la convicción de que las nuevas tecnologías son herramientas de conocimiento, movilidad e inclusión social, la Secretaría de Desarrollo Social anunció la entrega de computadoras a las comunidades más marginadas del país. Al poner en marcha el programa Un Nuevo Futuro –en el que participan el gobierno de Sonora y asociaciones civiles como Una Computadora por Niño (OLPC), Google México y Khan Academy–, Marco Antonio Paz Pellat, Subsecretario de Prospectiva Planeación y Evaluación de la dependencia federal, informó que las niñas y niños de 32 municipios sonorenses, contarán con herramientas tecnológicas necesarias para formar capital humano de calidad y competir en un mundo en constante transformación.

Marco Antonio Paz Pellat explicó que la SEDESOL participa en esta iniciativa con una inversión de 11.5 mdp. El objetivo principal es facilitar el aprendizaje y la comunicación con el mundo exterior a las comunidades más remotas, considerando siempre que las nuevas tecnologías tendrán en el futuro inmediato una incidencia importante para avanzar en la superación de la pobreza. “Si queremos provocar el cambio en este país con tantas necesidades, tenemos que comenzar por reconocer nuestras insuficiencias”, enfatizó el Subsecretario. Comentó que con Un Nuevo Futuro, proyecto pionero en el ámbito, Sonora se pone a la vanguardia y marca el camino de nuevas alianzas y acompañamiento con la sociedad civil, que seguramente será replicado por otras entidades.

Si queremos provocar el cambio en este país con tantas necesidades, tenemos que comenzar por reconocer nuestras insuficiencias.

El proyecto, destacó, comenzará a operar como un programa piloto a través de los 50 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) de la SEDESOL, a través de computadoras laptop, para posteriormente avanzar en la entrega de estas herramientas tecnológicas entre los estudiantes del nivel primaria de todo el estado de Sonora. “Resulta paradójico que en esta época existan todavía segmentos de la población sin el alcance de una computadora y de todas las posibilidades de comunicación, entretenimiento y educación que ésta ofrece”, afirmó el funcionario federal.

Aseguró que de acuerdo a la Encuesta en Hogares Sobre Disponibilidad y Uso de Nuevas Tecnologías del INEGI, en México existen sólo 8.44 millones de hogares equipados con computadora, lo que representa el 30% del total de los hogares del país. Según a la OCDE -dijo- en México sólo 11 de cada 100 mexicanos cuenta con acceso a internet de alta velocidad, mientras que en los países líderes, como Holanda, Suiza, Dinamarca y Corea la proporción es de 40 por cada 100. “Es necesario avanzar en el acceso a nuevas tecnologías entre los sectores de escasos recursos para mejorar sus oportunidades y darles la posibilidad de vivir, con sus propios esfuerzos, una vida con libertad que es una condicionante fundamental del desarrollo humano” K

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PREFERIBLE POSPONER LOS JUICIOS ORALES CIVILES Y MERCANTILES QUE IMPROVISAR: MGDO. FERNANDO RANGEL RAMÍREZ Al no contar con infraestructura adecuada, el presupuesto y la capacitación requerida, los legisladores se vieron obligados a darle la vuelta a la implementación de los juicios orales en materia mercantil y civil, en el ámbito local, con sendas reformas al Código de Comercio y a la ley procesal civil local, expresó el Magistrado Federal en materia Civil Fernando Rangel Ramírez durante su participación en el Diplomado de Juicio Oral Civil y Mercantil, organizado por la Universidad Ius Semper.

U

na vez más, afirmó, el tiempo y la falta de compromiso fueron los principales enemigos para iniciar el nuevo procedimiento oral que se prorrogó hasta el año 2013 en el ámbito local, pero que ya entró en vigor, en materia mercantil en todo el país en el ámbito federal. Sin embargo, dijo, es preferible que se posponga su entrada para no improvisar.

Ante ello, queda en la incertidumbre la forma en que los jueces pueden iniciar juicios orales al no contar con la debida capacitación y la infraestructura requerida. Detalló que para la adecuada tramitación de los asuntos y la seguridad de las partes, en vez de realizar improvisaciones es preferible continuar con un procedimiento tradicional mientras no se cuente con los elementos necesarios. Se trata, comentó, de una legislación que en su lectura suena atractiva e incluso vanguardista por los sistemas tecnológicos que pretende introducir, pero al mismo tiempo, es severa sobre todo, por las sanciones que se establecen tanto para peritos como para alguna de las partes, que con la intención de retrasar el procedimiento, ofrezcan pruebas sin un valor claro; en este sentido mostró sus dudas sobre su correcta aplicación al señalar, “Suena muy interesante en todos esos sentidos, pero en la práctica vamos a ver realmente si logrará abatir las cargas de

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trabajo o finalmente dentro de nuestra genialidad e imaginación mexicana, vamos a encontrar la forma de cómo también retrasar esta clase de procedimientos.”

Señaló que la reforma del juicio oral tiene como antecedente práctico la realidad de muchos juzgadores en el ejercicio de su función en el ámbito local o federal: una intensa carga de trabajo en cada uno de los juzgados civiles. El sistema procesal actual, reconoció, hace muy tortuosa la tramitación en el auxilio probatorio para las partes.

En este sentido, compartió con los asistentes, algunas de sus propuestas formuladas en diferentes foros. Por ejemplo, se manifestó por la aplicación del Principio de Lealtad Procesal, el cual se encuentra prácticamente en el olvido. “Vemos en muchas ocasiones que esa obtención de pruebas no es más que un artificio de algunos litigantes para atrasar el procedimiento. Esta situación se torna más trágica en aquellos asuntos de cuantía menor, porque evidentemente para la parte actora, si la cuantía que pretende obtener no es tan representativa, los gastos del litigio terminan siendo superiores o iguales al beneficio que pretende obtener.”

más, a qué le debe dar más agilidad o prioridad: al procedimiento ordinario, al juicio de amparo o al procedimiento oral. Todo parece indicar que hay dos tendencias muy marcadas: Una por la novedad y por no incumplir con lo dispuesto en la ley, en donde se dará prioridad a los juicios orales por la brevedad que debe hacer su tramitación. La segunda parece estar encaminada a que el litigante se dé cuenta que el órgano jurisdiccional no tiene la capacidad del personal ni la infraestructura para atenderlo en los términos en que la ley establece. El problema y la realidad, sobre todo en los juicios mercantiles, es que el litigante debe escoger el fuero que le garantice la adecuada tramitación de sus asuntos, en donde le salga más barato y además, en donde pueda tramitarlo rápido y de manera efectiva.”

La nueva visión sobre los derechos humanos no debe llevarnos a emitir actos justicieros más que actos justos.

Los procedimientos que se instrumentan bajo la reforma, afirmó el Magistrado Rangel, tienen matices orales ya que indudablemente dentro de su aplicación existe un auxilio evidente de otros instrumentos como la escritura. “Se trata entonces de procedimientos mixtos, en donde además, se pretende que el juez de manera directa y presencial dirija el debate, las pruebas y de ser posible en ese mismo instante, concluida la fase probatoria, resuelva en la medida de lo posible.” Una de las características que llaman la atención dentro del nuevo procedimiento, comentó, es la videograbación de las audiencias, la cual se convierte en una memoria escrita. Sin embargo, en la nueva forma de realizar los juicios en México, no se cuenta aún con la infraestructura necesaria en los juzgados civiles locales y federales, los cuales no son funcionales para dar el servicio y cumplimiento a las disposiciones señaladas en la ley. Por eso, enfatiza, se requiere que a la par de esta reforma haya políticas públicas y judiciales necesarias para dotar de los insumos a esos órganos jurisdiccionales. Hasta el momento no hay salas de audiencia adecuadas para que los juzgados de distrito puedan llevar a cabo esas audiencias.

A lo anterior hay que sumar que será complicado para los jueces cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 17 referente a la expedites en la administración de la justicia.

Será difícil que un órgano jurisdiccional federal que tiene diversas funciones, lo cumpla cabalmente, sobre todo ante la dificultad que representará para un juez fijar audiencias para asuntos orales, constitucionales o juicios ordinarios en la misma fecha. Mientras no haya una especialización por parte de los jueces, se verán obligados a establecer un Orden de Prelación. “Qué me interesa

Presupuesto y Tecnología Los recursos económicos es otro de los temas que preocupan a todo el sistema judicial para la implementación de los juicios orales en México. El Magistrado apuntó que es imperativo establecer las partidas presupuestales necesarias para instrumentar locales adecuados y dignos en donde se puedan llevar a cabo estos procedimientos. Fernando Rangel se mostró optimista por el hecho de grabar las audiencias; sus dudas recayeron en cuanto a la funcionalidad y operatividad del equipo tecnológico para que cumpla con los requerimientos y se garantice que en todo momento los materiales estén disponibles y en buen estado. “En la reforma procesal se indica que al interior del órgano jurisdiccional, deben existir los técnicos adecuados para dar el soporte a los instrumentos electrónicos a través de los cuales se lleve el registro de las audiencias.” El registro electrónico debe certificarse por el secretario, ser perfectamente identificado ya que se plantea además, como una especie una reposición de autos. Si por alguna razón esa unidad en donde se almacenan las grabaciones, se daña o se pierde, la ley señala que será necesario obtenerla a través de cualquiera que tuviese una copia de esa audiencia. “A lo que pregunto, ¿y si nadie tuviese una, que va a pasar en ese procedimiento oral?”

Dentro del planteamiento que hizo el Magistrado Federal sobre la tecnología, su aplicación y resguardo, señaló la importancia de realizar un registro adecuado sin necesidad de transcribir todo lo que ocurre durante una audiencia. Asimismo contar con un sistema tecnológico adecuado, con la capacidad suficiente de almacenamiento; el problema advirtió, es que no existe todavía esa infraestructura al interior de los juzgados, y menos, dijo, la capacitación suficiente; por lo cual consideró oportuno el retraso la entrada en vigor de los juicios orales en la materia civil y mercantil: “Si hoy alguien promueve un juicio oral ante un juzgado de distrito

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¿Qué va a hacer el juez si no tiene cómo grabarlo? Tendría que llevarse la videocámara, el teléfono celular o como se le ocurra, porque él estaría obligado a cumplir con las formalidades de la ley.” Por eso, este tipo de reformas deben acompañarse de toda la estructura pública y judicial que la hagan operativa, una de ellas, por ejemplo, acotó el Magistrado, son los Juzgados Especializados para encargarse del exceso de trabajo. “Lo que da esencia a este procedimiento oral son las grabaciones magnéticas que se obtengan, las cuales permitirán revisar la actuación de los involucrados y del juez, si éste fue coherente con el planteamiento de las partes y si fue ajustado a derecho.”

Juicios Orales y Derechos Humanos Dentro de la aplicación de los juicios orales en materia civil y mercantil existe también un tema coyuntural que es la afectación

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de los derechos fundamentales. Al respecto, advirtió que se trata de reformas necesarias que sin embargo no vienen acompañadas de cuestiones de infraestructura o de las actuaciones del mismo órgano legislativo que las hagan funcionales y coherentes a los fines que se persiguen, como ocurre con el atraso en la Ley de Amparo. “Hubo quienes manifestaban su preocupación por su inexistencia; sin embargo, llevamos varios meses y no pasó absolutamente nada. Hay una tendencia muy clara para salvaguardar los derechos fundamentales, una misión que existe de facto.”

El respeto a los derechos fundamentales es ahora una prioridad, ya que se pone en acción el principio pro homine, la interpretación más favorable a la persona. En este sentido, Fernando Rangel destacó que el acceso a la justicia libre y sin ninguna clase de obstáculo bajo el nuevo paradigma constitucional, obliga a cualquier juez del país a aplicar el control de convencionalidad, el

ASISTENTES AL DIPLOMADO JUICIO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL cual, sin embargo se encuentra en una etapa de control luego del reglamento con el cual se busca acotar su funcionalidad. Bajo este lineamiento, comentó, es necesario replantear las providencias de las vías de amparo de como venía ocurriendo durante los últimos años.

De acuerdo con el Magistrado el sistema judicial en nuestro país se encuentra en aras de la evolución del Principio de Completitud, es decir, de que la justicia se imparta de manera completa. Los jueces, detalló, ahora están obligados a realizar un procedimiento más flexible, más asequible para el gobernado, a fin de que éste no se vea entrampado en una serie de telarañas de los tecnicismos propios de las cargas procesales. La nueva visión

sobre los derechos humanos, advirtió, no debe llevar a los jueces emitir actos justicieros más que actos justos. “En materia civil y mercantil el procedimiento se rige, además del principio de igualdad, del principio de imparcialidad; bajo ese equilibrio no se trata sólo de proteger al quejoso que reclama la legalidad de lo resuelto en esa falta de personalidad; es de alguna manera vigilar también los derechos del contrario para que ese procedimiento se depure adecuadamente y llegue a dictarse una sentencia no sólo favorable a alguna de las partes, sino que al final del día sea eficaz.”

Explicó también que dentro del marco del respeto a los derechos humanos se encuentra el uso de intérpretes o peritos, cuando sea necesario durante los procedimientos. Esto se debe, recordó, a

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Simulacro de una audiencia de Juicio Oral realizada por los alumnos del Diplomado que México fue objeto de observaciones por parte de organismos internacionales debido a la carencia en sus leyes procesales para incluir la designación de intérpretes para personas con capacidades diferentes o que no hablaran español. Nuestro país, comentó, cumple poco a poco con ellas y en los juicios orales no es la excepción. Tanto en el código de comercio como de procedimientos civiles se establece: …”El que no pueda hablar, escuchar, el que no habla el español, se le va a designar un intérprete, el cual se podrá tomar de cualquiera de los lugares que la ley designe para ello”. Asimismo, advierte: “…al perito se le va a protestar de las penas en que incurren los que no desempeñan adecuadamente su encargo”. Para ello es necesario promover un incidente de nulidad, ya que destacó, es el único recurso con

el que se cuenta cuando existe una duda sobre su veracidad.

Sostiene su argumento bajo lo estipulado en la ley en donde se estipula: “… la nulidad de actuaciones debe reclamarse en la audiencia subsecuente y si la nulidad se pidiera de la audiencia final, se podrá interponer mientras no se concluya la audiencia”.

Insistió al finalizar el Magistrado Rangel, que es prioritario tomar en cuenta, el principio de Lealtad Procesal, tanto por parte de los juzgadores, como por las partes que intervienen en el procedimiento, ya que las nuevas disposiciones deben interpretarse en conjunto: las normas constitucionales y legales de los derechos humanos junto con las del juicio de amparo K

Taller de Juicio Oral Mercantil dirigido por el Magistrado Miguel Ángel Aguilar López 40 FORO JURÍDICO

PONENTES DEL DIPLOMADO JUICIO ORAL, CIVIL Y MERCANTIL Entre los destacados especialistas y magistrados que participaron se encuentran:

Dip. Arturo Zamora Jiménez

- Antecedentes legislativos de las reformas al Código de Comercio y al Código de Procedimeintos Civiles del D.F.

Lic. Alejandro Torres Estrada - Pruebas en el Juicio Oral Civil y Mercantil. Confesión. Testimonial. Documental.

Pericial. Pruebas Supervivientes.

Dr. Bruno Ubiarco Maldonado

- Introducción al Sistema de Juicios Orales. Principios que lo rigen y la Teoría del Caso.

Lic. Efraín Cardoso Miranda

- Demanda. Emplazamiento y Reconvención. Contestación y Excepciones. Competencia. Supletoridad.

Mgdo. Fernando Rangel Ramírez

Mgdo. Dr. Miguel Ángel Aguilar López

- Recursos y Juicio de Amparo en los Juicios Orales Civiles y Mercantiles.

La nueva Ley de Amparo

- Audiencias en el Juicio Oral Civil y Mercantil. Audiencia Preliminar. Audiencia de Juicio Oral. Taller de Juicio Oral

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LOS SALDOS DEL RÉGIMEN DE FELIPE CALDERÓN K Dr. Pedro José Peñaloza*

Una de las prácticas insustituibles en un sistema democrático y plural es la evaluación constante y sistemática de los gob ernantes; sin este ingrediente se desnaturaliza las caracterizas consustanciales a una sociedad que rechaza las verdades ún i cas y fo men ta la re n dición de cuentas de los servidores públicos.

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P

edro José Peñaloza, criminólogo, economista, abogado, Doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de diversos centros de enseñanza superior, ofrece a los lectores de Foro Jurídico un trabajo de análisis de cuatro temas de la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Empleo y Salarios; Fuga de Capitales y Lavado de Dinero y; Juventud y Violencia Social. El autor nos entregará cuatro participaciones.

Esta es la primera de ellas.

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

LA SUPERSTICIÓN DEL DERECHO PENAL La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores.

Oscar Wilde Un elemento central ausente en la lógica de la clase gobernante mexicana es la resistencia a construir una política criminal integral y protéica. Se trata de un concepto complejo: mientras su finalidad es unívoca, su instrumental resulta indeterminable porque es definible sólo en términos negativos, a través de instrumentos penales, por un lado, e instrumentos no penales, por otro. De la doctrina de “seguridad nacional”, queda todavía ese trágico recuerdo de la América Latina de los años 60 y 80, cuando la ideología autoritaria inspirada en el principio schmittiano del amigoenemigo sirvió para sostener un Derecho penal del enemigo –cuyas señales todavía están presentes incluso en los Estados con regímenes formalmente democráticos–, pero sobre todo, un sistema penal ilegal, paralelo al legal, mucho más sanguinario y efectivo que este último: un verdadero terrorismo de Estado, como el que se desarrolló en las dictaduras militares del Cono Sur.

casa o de un edificio o espacio privado. “Seguros” en relación con el disfrute y la protección efectiva de aquellos derechos frente a cualquier agresión o incumplimiento por parte de otras personas físicas que actúan en el ámbito de competencia, como funcionarios o particulares, en uno de los distintos ámbitos territoriales.

Una nación segura, una comunidad estatal segura, una ciudad segura, metáforas que bien pueden representar la situación de todas las personas singulares en los diversos ámbitos territoriales; pero no lo hacen porque son metáforas incompletas, metáforas ideológicas. En tanto ideológicas, traen consigo hábitos mentales selectivos, largamente representados en la opinión pública, al igual que en el discurso de los juristas cuando en la opinión pública utilizan el concepto de seguridad en relación con el de política criminal. En este caso, la mayor parte de los territorios de riesgo, permanecen siempre sustraídos de la economía de la seguridad.

Se habla de seguridad pública, y hoy, incluso, de seguridad ciudadana, siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad pública. El orden público, se sabe, se detiene allí en donde termina el campo de acción de la seguridad pública, y no resulta afectado, sino indirectamente, por el desorden social e internacional, como lo que hoy ocurre cada día más con el neoliberalismo y la globalización de la economía.

El orden público, se sabe, se detiene allí en donde termina el campo de acción de la seguridad pública, y no resulta afectado sino indirectamente por el desorden social e internacional, como lo que hoy ocurre cada día más con el neoliberalismo y la globalización de la economía. Asimismo, la ambigüedad ideológica del concepto de política criminal destaca todavía más cuando lo relacionamos con el otro aspecto del aparente dilema: la política social. En este caso, se produce una especie de compensación a aquello que se le ha sustraído parte del cálculo de la seguridad.

Después de que se ha olvidado a una serie de sujetos vulnerables provenientes de grupos marginales o “peligrosos”, cuando estaba en juego la seguridad de sus derechos, la política criminal los reencuentra como objetos de política social. Objetos, pero no sujetos, porque también esta vez la finalidad (subjetiva) de los programas de acción no es la seguridad de sus derechos, sino la de sus potenciales víctimas. Sujetos vulnerados o vulnerables que sufren agravios reales de derechos por parte del Estado y de la sociedad, como son las lesiones a los derechos económicos y sociales.

La administración calderonista no estuvo interesada, desde el principio, en replantearse el enfoque tradicional para enfrentar el delito.

La doctrina de la seguridad pública marca fuertemente la historia del Derecho penal en Europa, y representa el continuo compromiso entre la tradición liberal y la de carácter autoritario (del obrigkeitsstaat), entre el Estado de Derecho y el Estado de policía del Derecho penal y la policía del orden público. En los tres, el adjetivo estrangula, por así decirlo, al sustantivo. Desde el punto de vista jurídico y psicológico, “seguros” podrían y deberían estar, sobre todo, los sujetos portadores de derechos fundamentales universales (los que no se limitan a los ciudadanos). Es decir, todas y cada una de las personas físicas que se encuentran en el territorio de un Estado, de una ciudad, de un lugar público, de una

La orientación de la política criminal hacia la política de seguridad o social es una falsa alternativa. Con la criminalización de la política social la alternativa desaparece, porque es un concepto estrecho y selectivo de seguridad, que la condiciona y la sofoca; sobre todo, porque es una visión correcta de la teoría de la constitución de

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De los 360 detenidos por delitos federales, 39.4% obtuvieron su libertad “bajo reserva de ley” y de cada diez consignados ante jueces federales sólo a seis se les inició proceso penal. los estados sociales de derecho; el significado de política social corresponde a una concepción integral de la protección y de la seguridad de los derechos, tiene la misma extensión normativa que el campo de los derechos económicos, sociales y culturales en su integridad. Únicamente usando hábitos mentales y estereotipos sólo en una concepción asistencial de la política social en la cual los destinatarios son objetos, resulta posible ubicarla como algo diferente de la política de seguridad.

LOS ADORADORES DE LA CÁRCEL En México vivimos contagiados por la obsesiva carrera de llevar al mayor número de personas a la cárcel –aunque ya veremos más adelante la ineficacia del discurso represivo– cuyo símbolo es el llamado “Populismo punitivo”. Impulsado por los poderes públicos y aplaudido por víctimas desesperadas y generalmente carentes de información de la inutilidad del incremento draconiano de las penas.

Basta recordar que la institución penitenciaria surge entre los siglos XVII y XIX. Es oportuno dedicar algunas palabras a la génesis de esta institución que, todavía hoy, la opinión pública considera que ha existido siempre, como si fuese un dato obvio que quien comete un crimen sea castigado con la privación de la libertad por un cierto periodo de tiempo. En efecto, antes de imponerse la pena de cárcel, los ordenamientos penales contemplaban un complejo sistema de sanciones que sacrificaban algunos bienes del culpable: la riqueza con las penas pecuniarias; la integridad física y la vida con las penas corporales; la pena de muerte; el honor con las penas infamantes, etcétera. Sin embargo, no consideraban la pérdida de la libertad por un periodo determinado de tiempo, un castigo apropiado para el criminal; y esto, simplemente, porque la libertad no era considerada un valor cuya privación significara un sufrimiento, un mal.

Existía ya la cárcel, pero como simple lugar de custodia en donde el imputado esperaba el proceso. Antes de la aparición del sistema de producción capitalista nose considera un lugar de ejecución de la pena. Sólo con el del nuevo sistema de producción, la libertad adquirió un valor económico: en efecto, únicamente cuando todas las formas de la riqueza social fueron reconocidas al común denominador de trabajo humano medido en el tiempo, es decir, de trabajo asalariado, fue concebible una pena que privase al culpable de un quanium de libertad, es decir, de un quantum de trabajo asalariado. Y, desde este preciso momento, la pena privativa de la libertad (la cárcel), se convierte en la sanción penal más difundida.

La pena por excelencia en la sociedad productora de mercancía.

Esta forma de sanción permite la más completa realización de la misma idea retributiva de la pena, que como se ha observado anteriormente, no es otra cosa que una consecuencia de la naturaleza contractual del Derecho penal burgués: la libertad medida en el tiempo constituye, de hecho, la forma más simple del valor de cambio. La heterogeneidad de las acciones criminales –delitos contra la vida, el patrimonio, el Estado, etcétera–, podía encontrar en el momento sancionador su propio equivalente en la privación de un bien por definición fungible, como sólo puede serlo la moneda: el tiempo como riqueza. Pero ésta no fue la única razón por la que se impuso como castigo principal en la sociedad del capital la pena carcelaria. Una sanción que permitía disponer autoritariamente de un sujeto para un determinado periodo de tiempo, venía también a ofrecer la ocasión más precisa para ejercitar sobre ellos un poder disciplinado. Es decir, aquella práctica pedagógica de educación del desviado, según las necesidades del proceso productivo.

Cabe destacar, que la cárcel heredó la experiencia de aquella originaria institución que había sido la casa di lavoro, workhouse, la Rasphuis, y en efecto, como ella, cambió la propia organización interna de la manufactura, de la fábrica y situó el momento de aprendizaje coactivo de la disciplina del trabajo como su finalidad.1

Las libertades en el tiempo del Neoliberalismo, Luigi Ferrajoli. Traducción de Miguel

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Carbonell. ISONOMIA No. 29. Octubre 2008. Pág. 88

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LA PRISIÓN GLOBAL Y EL ATROPELLO LEGAL Luigi Ferrajoli nos recuerda que vivimos una suerte de sistema carcelario mundial localizado en todo el planeta –desde Guantánamo, hasta Estados Unidos; desde Afganistán, hasta Irak–, sustraído regla y garantía jurisdiccional.2 Se dibuja así, un Estado de policía global como consecuencia de un Macartismo igualmente global, que renueva en la patria del habeas corpus (institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo) y de las libertades civiles el fenómeno sudamericano de los desaparecidos.3 El segundo terreno en el que el habeas corpus hoy es agredido, es la inmunidad frente a la tortura. No se trata de una cuestión teórica, perteneciente a la tradición clásica del siglo XVIII del garantismo penal. Por el contrario, se ha vuelto de dramática actualidad con las prácticas de interrogatorio a las que son sometidos los detenidos en el sistema carcelario modelo Guantánamo.4

EL PRESIDENTE EN ESCENA Una vez que organizó su principal círculo de apoyo gubernamental, Calderón estableció dos ejes rectores de su administración: el empleo y la seguridad pública; temas altamente sensibles en un país en donde ambas asignaturas ocupan las principales preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Siguiendo la tónica de sus nombramientos para otras áreas, el Presidente nombró en la Secretaría del Trabajo a un personaje de origen priista, que hasta donde se sabe, no contaba con antecedentes que lo hicieran capaz de manejar con pulcritud tan importante dependencia.

En cuanto a la seguridad pública, el titular del Ejecutivo decidió apostar por la continuidad y extender los nombramientos en la PGR y en la SSP, a dos funcionarios de la anterior administración que, si bien realizaban distintas actividades, estaban inmiscuidos en el tema. En ambos casos (Medina Mora y García Luna) tienen en sí hojas de servicios relacionadas con las tareas vinculadas a la inteligencia criminal y a la reacción policial, pero están alejados de una concepción moderna e integral de la seguridad pública.

Estas señales fueron inequívocas del lugar restringido que le dio Calderón al tema de la criminalidad y la procuración de justicia.

DEL DISCURSO CATÁRTICO A LAS CIFRAS Una vez que Calderón marcó sus líneas, tuvo que trasladarlas al presupuesto federal. Así, con el paquete económico 2007 planteó, con meridiana claridad, que el Presidente seguía en la misma ruta de su antecesor. En la orientación del gasto puso énfasis en las tareas reactivas y punitivas. Veamos las cifras que sustentan la visión calderoniana para responder a su ya publicitada prioridad: 2

Ídem.

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Ibídem, pág. 89

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Incremento de 12.4% para seguridad, lo cual implicó pasar el gasto de 61 mil 066 millones de pesos (mdp) a 73 mil 340 mdp, para 2007. Eso contempla una asignación de 20.3 mdp para el Sistema Nacional de Seguridad. Otra vez, como en el pasado, el aumento presupuestal en este rubro omite acompañarse de un esquema de evaluación de resultados y mejores condiciones de vida para los policías. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, espacio natural para evaluar y dar seguimiento al destino de estos recursos, sólo fue usado para “cautivar” a los gobernadores, con el señuelo de otorgarles nuevos recursos.

Felipe Calderón develó uno de sus propósitos sexenales al orientar su propuesta de gasto de manera destacada a las fuerzas armadas, al destinar 23% más al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que pasaría de 26 mil a 32 mil 200 mdp, 18% más para la Marina, de 9 mil a 11 mil mdp.

El objetivo era ineludible. Los tiempos que venían requerían que las fuerzas armadas fuesen tratadas con deferencia. Si bien es cierto que el Ejército y la Marina fueron beneficiados, después de un comportamiento errático de su presupuesto, quien tuvo un salto espectacular fue la SSP, para la que se propuso un incremento de 59%, al pasar de 9 mil a 15 mil mdp a 13 mil 664 mdp, con lo cual empezó a perfilarse como la Secretaría eje para la estrategia del gobierno.

Lo que debe quedar claro, para evitar confusiones, es que la administración calderonista no estuvo interesada, desde el principio, en replantearse el enfoque tradicional para enfrentar el delito. El paradigma siguió una lógica repetitiva: evaluar al delito sólo como un hecho jurídico, aislado de otros factores fuera del ámbito penal. Por ello, la desagregación del presupuesto en la SSP y en la PGR revela la verdadera concepción que acompañó las acciones de esta administración. Para fomentar la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y respeto a los derechos humanos, se aprobaron 8.4 mdp; para la Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos se asignaron 57.1 millones; mientras que a la Dirección General de Atención a Víctimas, 17.9 millones. En contraste con los anteriores tres rubros, y para ubicar las prioridades del gobierno, encontramos que, a la Dirección General de Comunicación Social se le otorgaron 73.8 mdp, es decir, por encima de al menos dos actividades que se han presumido como prioritarias.

En el caso de la PGR, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad tiene un presupuesto de 74.7 mdp (por cierto, el más bajo de las cinco subprocuradurías de la institución). Aquí también el panorama es desolador, ya que existen direcciones generales que tienen mayor presupuesto que la mencionada subprocuraduría; sólo por citar dos ejemplos extremos: la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, con 362.2 mdp; y la delegación de la PGR en el DF con 120.5 mdp. Para ratificar y hacer palidecer las anteriores cifras, tengamos presente que únicamente para el rubro denominado “implementar operativos para la prevención y disuasión del delito” (desplazamientos punitivos, retenes, etc.), se destinaron 4 mil 501 mdp.

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Queda claro cuál fue la prioridad desde el inicio de la administración de Felipe Calderón. Por eso, que nadie se llame a engaño, el actual gobierno no mostró presupuestalmente ningún interés en trabajar con las víctimas del delito, los damnificados finales del drama criminal. Ni qué decir del acercamiento del aparato de seguridad y procuración de justicia con la comunidad para actuar, previamente, a la consumación de hechos delictivos o violentos.

Eso estuvo descartado. Las frases sueltas de algunos funcionarios sólo fueron eso, ocurrencias que buscaron impacto mediático.

PUNTO DE ARRANQUE: LOS OPERATIVOS Otro elemento del nuevo gobierno buscó un objetivo: influir en la percepción ciudadana. La única medida que encontró para lograrlo, fue la puesta en marcha de una cadena de acciones espectaculares que intentaron influir en el estado de ánimo de una sociedad temerosa y sin confianza en las autoridades policiacas.

Cumplimentarlo tenía un problema muy serio: la policía de la que se disponía no era una vía eficaz para el propósito antes citado. Las razones son múltiples y obvias; sin embargo, Calderón contaba con las fuerzas armadas, institución de alto prestigio social, y fueron éstas las que paulatinamente se convirtieron en las piezas fundamentales de las acciones de presencia del nuevo gobierno.

En ese contexto, los llamados operativos no tenían otro propósito más que el de “recuperar territorio”, aunque, como es evidente, colocar retenes y dispositivos de interrupción del tránsito en las carreteras no podía ser una alternativa real para golpear los intereses de la delincuencia organizada; pensarlo es subestimarla

y tener una visión solamente formal del tránsito de tráfico de armas, dinero y drogas. En tanto, los medios de comunicación y las encuestas ciudadanas daban su aval a estos operativos, el Presidente Calderón buscaba descubrir un atajo para recuperar la credibilidad de los cuerpos policiacos. No encontró otra medida que fusionar a la PFP y a la AFI con todos los riesgos que implicaba unir a 33 mil 554 policías, número superado sólo por la policía del DF (80 mil elementos).

Para socializar y propagandizar su visión, Calderón no desaprovechaba ningún espacio. Efectivamente, utilizó la XXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de enero para plantear cuatro medidas: incrementar la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas; el fortalecimiento de las instituciones policiacas mediante la transferencia de 10 mil efectivos de las fuerzas armadas a la Policía Federal Preventiva (lo cual por cierto no se pudo realizar); un incremento de 12.4% al presupuesto de seguridad pública y, por último, la unificación de la AFI y la PFP (que no logró).

En otro contexto, pero con los mismos propósitos, en una ceremonia extraída del viejo ritual priista, el gabinete de seguridad federal entregó al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Plan Integral de Seguridad Pública. Ya para esa fecha, febrero de 2007, la estrategia de los operativos había sido cuestionada en relación con su efectividad para combatir el delito, la participación del ejército, las posibles violaciones a los derechos humanos y el eventual uso de estas medidas “con fines propagandísticos”.

Por cierto, el reporte oficial de dichos operativos empezaba a mostrar su ineficacia: de los 360 detenidos por delitos federales, 39.4% obtuvieron su libertad “bajo reserva de ley”, y de cada

diez consignados ante jueces federales sólo a seis se les inició proceso penal. Del total, 16.3% estaba sujeto a arraigo. Ya para mayo estas tendencias se reflejaban también en la detención de los narcomenudistas.

Desde ese tramo del régimen panista, la puesta en marcha de los operativos y la presencia militar no estaban a discusión para el gobierno. El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, durante su comparecencia en marzo de 2007 en la Cámara de Diputados, afirmó: “el despliegue de fuerzas policiacas especiales y efectivos del Ejército mexicano para inhibir el crecimiento del crimen organizado se mantendrá hasta el final del actual sexenio.” Lejos de modificar su estrategia, hoy el Presidente insiste en señalar que “será una lucha larga, en donde habrá muchas bajas, pero que es necesario continuar la guerra contra el enemigo”, esta visión mortecina y fundamentalista, reiteraba aquel discurso del 1 de diciembre. Hoy en los estertores de su administración, el titular del Ejecutivo deja al país instalado en la inseguridad y la violencia. De muy poco ha servido la lógica represiva y reactiva K

FORO JURÍDICO 47

NECESARIO QUE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO TENGAN UN ESTATUS JURÍDICO: ISABEL MIRANDA DE WALLACE K Marco A. Ríos

M

azatlán, Sin., 26 de enero.- Encabezadas por Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro A.C., diversas organizaciones de defensa de derechos humanos de víctimas, tanto nacionales, como extranjeras, suscribieron un acuerdo para crear la Unión Iberoamericana de Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas. Asociacion que busca constituirse como un organismo internacional que promueva y coadyuve en la protección de las garantías de quienes han sido agraviados por la delincuencia, con el objetivo de otorgarles mayor protección y seguridad en el marco de la ley. El acuerdo se firmó en el marco del Congreso Internacional de Atención a Víctimas y Participación Social, realizado en esta ciudad, el cual fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa y la CNDH. Los objetivos centrales de esta Unión Iberoamericana se desprenden del documento intitulado Principios y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos, y bajo estas pautas, se establece que la naciente organización se abocará a la promoción y defensa de los derechos humanos (DH) de todas las personas que tengan la calidad de víctima del delito en sus respectivos países.

El eje de trabajo de la Unión Iberoamericana consistirá en participar en las reuniones y foros internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras,

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Isabel Miranda de Wallace Presidenta de Alto al Secuestro, A.C.

para manifestar los puntos de vista de sus asociados; en proponer ante las autoridades competentes (legislativas, ejecutivas y judiciales) de los Estados de las organizaciones que forman parte de la Unión, todo tipo de medidas orientadas a ampliar la defensa de los DH de las víctimas. La Alianza se organizará con base en un órgano de dirección integrado por un Consejo General de Asociados, incluidos los fundadores y los que posteriormente se incorporen. Contará con una presidencia que tendrá una duración en el encargo de dos años y la posibilidad de reelección para un segundo periodo, así como un Consejo de Administración con tres directores ejecutivos (administrativo, jurídico y de relaciones interinstitucionales).

en relación con el proceso penal, para que se garanticen al igual que al imputado o sentenciado, sus derechos humanos, sobre todo, ante el desequilibrio procesal existente en algunas de las legislaciones de Iberoamérica.

Se propuso también trabajar conjuntamente para que ninguna persona inocente esté sujeta a prisión; por tanto, deben respetarse todos los derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso y pugnar por un equilibrio para lograr el abatimiento de la impunidad, en donde la prevención general y especial del delito sea una realidad, apoyándose en las experiencias internacional como las promovidas por Naciones Unidas, que desde 1985 impulsó los principios fundamentales de justicia para la victimas de delito y del abuso de poder que garantiza (de acuerdo con la resolución 30/34 del 20 de noviembre de 1985), diversos derechos entre ellos el acceso a la justicia, un trato justo, asistencia jurídica, resarcimiento e indemnización por los daños que se le ocasionan. Se reconocieron también los avances sobre el tema implementados por la Unión Europea con la decisión marco del Consejo número 2001/220/JAI del 15 de marzo del 2001 relativa al Estatuto de las Víctimas en el Proceso Penal, que reconoce varios derechos y garantías a las víctimas como:

Debemos vencer la impunidad en México para avanzar en la protección de Derechos Humanos. Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Congreso Internacional de Atención a Víctimas y Participación Social El Puerto de Mazatlán se convirtió durante el 26 y 27 de enero en la sede nacional de la defensa de las víctimas con la realización de este congreso internacional que reunió funcionarios públicos, presidentes de comisiones de derechos humanos, académicos, especialistas en la materia y activistas nacionales y extranjeros de defensa de derechos humanos de víctimas del delito. Durante dos días se debatió y conocieron experiencias nacionales y extranjeras, que servirán para consolidar la cultura de derechos humanos y se puso énfasis en una mayor corresponsabilidad ciudadana en este fenómeno. Dentro de las mesas de trabajo se buscó crear las condiciones para la pro-actividad en relación al desarrollo integral y sistemático de la sociedad a favor de las víctimas. Como parte de las conclusiones se consideró la imperiosa necesidad de garantizar a las víctimas del delito un estatus jurídico y protección

El respeto a su dignidad como persona y como víctima Un trato compasivo Garantizar un papel efectivo y adecuado en el sistema de justicia penal Ser oídas Permitirles presentar elementos de prueba

Mario López Valdéz, Gobernador de Sinaloa inauguró el Congreso

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Organismos que integran la Unión Iberoamericana de Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas: Alto al Secuestro, A.C., presidida por la Sra. Isabel Miranda de Wallace México S.O.S, presidida por el Lic. Alejandro Martí García México Unido Contra la Delincuencia, representada por Jessica Pons Asociación de Víctimas de Homicidio de Costa Rica, representada por la Dra. Angie Arce Acuña Dirección de Apoyo a Víctimas de Chile, representada por el Dr. Gonzalo Fuenzalida Figueroa Asociación Nacional de Doctores en Derecho, presidida por el Dr. Elías Huerta Psihas No ser sujetas a una victimización secundaria Velar por que se les brinde un trato que responda a su situación Permitirles la obtención de protección y asesoramiento Asegurar que al denunciar el delito la víctima no sea sujeta a amenazas o riesgos.

La atención a las Víctimas del Delito requiere de la voluntad de todos: Raúl Plascencia Villanueva Durante la ceremonia de inauguración de este Congreso Internacional de Atención a Víctimas el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH, destacó que en materia de atención a víctimas del delito se requiere de voluntad y unión de esfuerzos con los gobiernos para llevar a cabo mayores acciones de protección. El problema a vencer en México sobre la materia, dijo, es la impunidad; por eso, es necesario fortalecer la cultura de la legalidad. Reconoció que nuestro país se encuentra en una nueva etapa en derechos humanos ante el esfuerzo del gobierno, los organismos públicos de derechos Humanos, las ONGs y la sociedad en general, quienes juntos, aseguró, llevarán a México por el camino de la protección y defensa de todos los mexicanos.

Afirmó que los logros conseguidos en 2011, como la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, son alentadores al ser un referente indispensable para el fortalecimiento del orden social. “La Constitución, debe ser el máximo exponente para regular, de manera incluyente, las relaciones sociales. Hagamos uso de este instrumento para beneficiarnos como sociedad bajo el pleno respeto de la dignidad humana. Para la Comisión Nacional es fundamental el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, ya que contribuyen a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, sirviendo como mediadoras

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entre los actores sociales y políticos del país, así como con los organismos internacionales de derechos humanos.”

Destacó el titular de la CNDH que la participación de la sociedad civil es esencial en la auténtica construcción de la Cultura de la Legalidad, base del proceso de formación y consolidación de un Estado Democrático de Derecho. El Estado de Derecho de un país se sustenta, dijo, en el arraigo que tenga esa cultura en la sociedad.

Aseguró que el respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Si la idea del Estado de Derecho no se traduce en un sistema normativo de cuya aplicación se deriven beneficios o costos tangibles, será difícil, aseveró, que la propia cultura de la legalidad llegue a permear en la conciencia de las personas y de las comunidades. “El dinamismo de las relaciones sociales en los ámbitos económico, político y cultural, que constantemente se transforman para crear nuevos espacios en la vida pública del país, tiene que estar basado en la interacción de la sociedad civil con el Estado.”

El trabajo de la sociedad civil es fundamental, dijo el Dr. Plascencia, como impulsora de una cultura en donde los valores democráticos sean una forma de convivencia. Basado, subrayó, en los derechos y deberes de la ciudadanía, con ello se logrará respetar los derechos individuales y colectivos, con ello, al final del día, la ley y las normas se aplicarán a todos por igual. Bajo ese contexto, la CNDH, aseguró, se ha dedicado a establecer vínculos de comunicación y permanente cooperación con las Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de llevar a cabo actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de los diversos grupos sociales.

“En las últimas décadas se ha activado el papel humanitario de las ONG´s en todos los niveles, a través de la colaboración voluntaria, activa y solidaria, en atención a las personas que más lo necesitan, promoviendo proyectos destinados a procurar bienes y servicios socialmente necesarios.”

Sostuvo el titular de la CNDH que en la atención a las víctimas del delito o del abuso del poder, no deben tener cabida las trabas legales ni la resistencia de servidores públicos. Por eso, se requiere dijo, la colaboración de las instituciones para generar estrategias y modificaciones legislativas que permitan la debida atención a las víctimas. Enfatizó que el organismo a su cargo se pronuncia por implementar campañas de capacitación sobre derechos humanos con el propósito de que se traduzcan en una realidad. Dio a conocer que tan sólo el año pasado la CNDH realizó un intenso trabajo sobre el tema, el cual permitió capacitar a cerca de 250 mil personas; asimismo, se dio a la tarea de publicar alrededor de cinco millones de ejemplares relacionados con DH. Resaltó el fortalecimiento del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) en la asistencia y atención psicológica y orientación jurídica con la finalidad de que no estén doblemente agraviados, primero por la delincuencia y después por el abuso de servidores públicos, indicó. De igual forma, ratificó el compromiso de la Comisión para contribuir a una cultura de respeto, así como a la importancia de asumir los deberes que tiene toda la población.

Por una participación social comprometida y constructiva: Isabel Miranda de Wallace Durante su intervención en el congreso la señora Miranda de Wallace (candidata ciudadana del PAN al GDF) –sin duda la activista social más relevante del momento en cuanto a la defensa de víctimas del delito–, exhortó a la sociedad civil para arrebatarle el poder a la mediocridad política, como una respuesta a la grave situación que prevalece en el país en materia de seguridad y respeto a derechos humanos. Hizo una invitación a la ciudadanía

para lograr una participación constructiva y comprometida con los problemas que aquejan a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Reiteró la importancia del poder del ciudadano en estos tiempos, que tiene la oportunidad de transformar a México, sin necesidad de esperar a que los políticos asuman esa tarea: “México requiere de toda su ciudadanía para arrebatarle a la mediocridad política lo que hoy estamos viviendo. Necesita a los mejores hombres en el campo de acción y el campo es el activismo, tenemos que cambiar el paradigma en el cual la política sólo es de los políticos, ellos han hecho un mal uso”. Por eso, urgió llevar al ámbito internacional la voz de las víctimas.

La Dra. Angie Arce Acuña, de la Asociación de Víctimas de Homicidio de Costa Rica, afirmó durante su participación que en Latinoamérica son mínimos los avances en materia de atención a víctimas. Éstas aseguró, quedan relegadas, a tal grado que son consideradas por las autoridades como testigos de piedra; en tanto quienes comenten los delitos reciben, increíblemente todo el apoyo. Los procesos en los cuales se busca una justicia se encuentra llenos de irregularidades, lo cual se traduce en un nulo beneficio para los afectados. Los procesos penales, detalló, se llevan a cabo para encontrar al agresor de la víctima, la cual sin embargo, no es tomada en cuenta ni está presente a lo largo de las indagatorias. Entre los ejemplos que presentó para ilustrar el caso de Costa Rica, Arce Acuña se encuentra la inexistencia de un fondo económico para ayudar a las víctimas. Reveló que tampoco existen defensores de oficio, lo cual ha orillado a los perjudicados a formar asociaciones que luchen por la defensa de sus derechos; incluso apenas se ha iniciado un trabajo para promover sus derechos, en donde incluso se carece de un presupuesto ya que no existen instituciones especializadas en el tema. “Lo más difícil de promover la atención a víctimas es crear conciencia en la gente” K

Isabel Miranda, Alejandro Martí, Gonzálo Fuenzalida, Angie Arce, Elias Huerta, Jessica Pons, al firmar el acuerdo que crea la Unión Iberoamericana de Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas

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Tiempo de Saber

DEMOCRACIA, BIENESTAR Y ECOLOGÍA K Mstro. Jorge Antonio Alfaro

D

esde los años 70 el politólogo estadounidense Ronald Inglehart formuló una teoría que relaciona los valores morales predominantes en las sociedades, con el grado de bienestar de la población. En términos llanos, la transición de una sociedad de la escases hacia una sociedad de la seguridad conlleva un aumento en la esperanza de vida y el bienestar de la población. Una paradoja interesante es que la percepción de bienestar es mayor en las sociedades cuando comienzan a resolver necesidades de alimentación, salud, vivienda, trabajo, etc., que en aquellas con una riqueza amplia y más que suficiente para atender sus requerimientos materiales básicos. Llega un momento del desarrollo en el cual, por más que las economías crezcan, el bienestar de la gente parece estancarse o crecer muy poco.

Ante la paradoja mencionada, se ha desarrollado durante la última década, nuevas formas de medir el bienestar social que no sólo implican la solución de las necesidades materiales y la esperanza de vida de la población. Sino que se consideran variables como la satisfacción de las personas respecto a sus posibilidades de expresarse, participar en las decisiones de su comunidad, en la política de su país, el cuidado del ambiente y en general, por

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privilegiar los aspectos humanos sobre los materiales como base de las relaciones sociales.

El índice de felicidad del planeta o Happy World Index (HPI), elaborado por la Fundación de las Nuevas Economías o New Economics Fundation (NEF), es uno de los estudios que buscan medir y analizar el grado de bienestar de las sociedades considerando la esperanza de vida, el bienestar material, así como la autonomía de las personas para tomar sus decisiones, su participación social y política, además de agregar otro ingrediente: el impacto o huella ecológica que las sociedades requieren para sostenerse. Desde la perspectiva del HPI, el mayor grado de las naciones corresponde a su capacidad de generar bienestar, económico y humano, con un bajo nivel de impacto ecológico, de manera que se mantenga la posibilidad para las generaciones futuras de heredar un entorno amigable con la vida. En ese orden de ideas, se habla de una huella ecológica per cápita, un promedio de los recursos que un país consume para mantener el estilo de vida de su población.

En las mediciones del HPI, mientras los Estados desarrollados y las economías emergentes tienden a dar altos resultados respecto

Índice de Satisfacción de vida No.

Satisfacción de vida

Esperanza de vida

Años de vida feliz

Huella ecológica

Puntaje HPI

1

Costa Rica

País

8.5

78.5

66.7

2.3

76.1

2

República dominicana

7.6

71.5

54.2

1.5

71.8

3

Jamaica

6.7

72.2

48.5

1.1

70.1

4

Guatemala

7.4

69.7

51.8

1.5

68.4

5

Vietnam

6.5

73.7

47.8

1.3

66.5

20

China

6.7

72.5

48.6

2.1

57.1

21

Marruecos

5.6

70.4

39.7

1.1

56.8

23

México

7.7

75.6

58.3

3.4

55.6

25

Ecuador

6.4

74.7

48

2.2

55.5

51

Alemania

7.2

79.1

56.8

4.2

48.1

52

Suecia

7.7

81.3

62.6

5

48.1

53

Suiza

7.9

80.5

63.2

5.1

48

71

Francia

7.1

80.2

56.6

4.9

43.9

74

Reino Unidos

7.4

79

58.6

5.3

43.3

75

Japón

6.8

82.3

55.6

4.9

43.3

76

España

7.6

80.5

61.2

5.7

43.2

88

Noruega

8.1

79.8

64.6

6.9

40.4

89

Canadá

114

Estados Unidos

118

Sudáfrica

123

Emiratos Árabes

8

80.3

64

7.1

39.4

7.9

77.9

61.2

9.4

30.7

5

50.8

25.2

2.1

29.7

7.2

78.3

56.2

9.5

28.2

al grado de satisfacción y la esperanza de vida de sus poblaciones, muchos otros altamente industrializados se colocan a niveles muy bajos cuando se calculan los recursos que consumen para lograr dichos niveles de bienestar. Así, en el índice del año 2009, vemos una distribución diferente a la que suelen mostrar las mediciones de ingreso per cápita, pues mientras entre los primeros 25 lugares de 143 países nos encontramos países como Costa Rica, Colombia, Cuba, Argentina, Brasil y México; los últimos 25 lugares son ocupados sobre todo por países africanos, pero países como Estados Unidos, Rusia, Dinamarca y Canadá están en lugares muy por arriba de la media. Es decir, que tienen un costo muy alto al convertir recursos naturales en experiencias satisfactorias de vida de sus poblaciones, en otras palabras, se les considera poco eficientes.

Las mediciones del caso mexicano plantean una situación bastante equilibrada, pues en términos generales tiene un puntaje de planeta feliz de 55.6, que lo coloca en el lugar 23 de los 143 países medidos. Lo que significa que en México, en promedio, la gente se percibe medianamente feliz, que tiene una esperanza de vida promedio de 75 años y una huella ecológica de 3.4 puntos, que es relativamente baja en comparación con la de otros países.

El lugar número uno corresponde a Costa Rica, con puntaje de 70.1; el último lugar corresponde a Zimbabwe, con un puntaje de 16.6. En la escala del HPI, mientras más se acerca a 100

el puntaje obtenido por los países, más efectivo es en lograr bienestar para su población mediante un consumo óptimo de recursos naturales, entre más lejano al 100, menor efectividad de los países. La siguiente tabla resume algunos de los resultados del HPI 2, correspondientes al año 2009.

Las noticias para México pintan bien, no obstante, hay señales de alerta ya que pudiera ser que la obtención de mayor bienestar material fuera acompañada de una mayor impacto ecológico y también, que nuestros “años de vida felices” se vieran disminuidos, si nuestra democracia no crece, es decir, mientras no aprendamos a ser partícipes de las decisiones de nuestra comunidad y de nuestro país, ya que son algunos de los factores que el HDI considera. En todo caso, para tener mayor claridad de cómo se obtiene y se interpreta el HDI, es posible consultar la página web del Happy Planet Index http://www.happyplanetindex.org/ También resulta muy ilustrativo visitar la página y hacer una medición personal del HDI, mediante una encuesta de opinión en la que uno califica su grado de satisfacción con la vida, proporciona datos para calcular el propio impacto ecológico y la esperanza de vida. Vale la pena poner especial atención y ser muy honestos en las preguntas relacionadas con participación social y toma de decisiones. La dirección para la encuesta es: http://survey. happyplanetindex.org/ K

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HEMOS RECUPERADO JUÁREZ DE LA VIOLENCIA: FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

Chihuahua está de pie: César Duarte Jáquez

C

iudad Juárez, Chih. Durante una prolongada visita de dos días a Ciudad Juárez, el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa hizo incapie en los avances que esta ciudad ha tenido en el último año con el programa Todos Somos Juárez, reconociendo la labor realizada por el Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien afirmó que esta pujante ciudad fronteriza ha recuperado su vida armónica y su convivencia social.

Al dar la bienvenida al Presidente Calderón, César Duarte señaló que han quedado de manifiesto las acciones que ambos gobiernos han realizado para brindar a la entidad un clima de seguridad y prosperidad, tanto en lo económico, como en lo social. Una muestra de ello fue la inauguración de la Primera Feria del Empleo Juárez 2012.

El mandatario estatal señaló que Cd. Juárez es una ciudad asociada al empleo, que ha otorgado una oportunidad de trabajo a miles de mexicanos, con lo cual se posicionó en el mundo gracias a su capacidad y calidad en la industria de la manufactura. Celebró el repunte del empleo en las industrias aglutinadas en la Asociación de Maquiladoras de Juárez y apuntó: “Más de 7 mil 200 empleos

hablan de la fortaleza de Juárez, del profesionalismo y capacidad de sus empresarios”, agradeciendo al titular del Ejecutivo Federal la liberación de 200 apartados arancelarios, solicitándole nuevamente la creación de una zona franca en Juárez.

Durante la inauguración de la Feria del Empleo en esta ciudad, César Duarte señaló que el evento brinda la oportunidad de hacer un recuento puntual a los esfuerzos que son necesarios fortalecer, y con ello, generar la mayor estrategia en la recuperación más pronta del empleo para Juárez. “Escuchar que más de 7 mil 200 empleos se recuperaron en enero, es hablar del poderío y fortaleza que tiene esta gran ciudad. Su logística, su ubicación geográfica, la vocación de su población, la vocación de sus empresarios. La acreditación que tiene esta ciudad y sus empresas en el mundo, dan la mejor plataforma para con ello consolidar una estrategia que active de manera más inmediata estas fortalezas.”

El decreto maquilador, comentó el Gobernador Duarte, le ha dado un gran potencial a la capacidad de la maquiladora para su recuperación, reconociendo que las 200 fracciones arancelarias liberadas durante el mes de febrero por el gobierno federal brindaron al mercado la oportunidad de consolidar un mayor flujo del comercio. Reiteró que la estrategia fiscal para Juárez debe cambiar para potenciar el consumo en la entidad, ya que hoy, los juarenses gastan en los Estados Unidos más de 6 mil millones de dólares al año, y los paceños en Juárez gastan 500 millones de dólares en el mismo lapso.

“Es una condición fiscal que ha impedido una competencia leal entre comerciantes, que, me atrevo a decir, son mejores comerciantes, sin duda, los juarenses, que los paceños, son mejores en las prestaciones de los servicios, hay mayores capacidades, ingenio, talento y eso ha estado demostrado de mil formas.”

El Gobernador César Duarte, el Presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y el Gral. Guillermo Galván durante la presentación de las armas decomisadas en Chihuahua

54 FORO JURÍDICO

En cuanto a la seguridad, César Duarte reconoció el gran esfuerzo que realiza el Presidente, al hacerle frente a este problema.

Se trata de un ejemplo, subrayó, que brinda una expectativa especial al arrancar un nuevo momento. Ahora empezamos a ver nuevamente las calles llenas de vehículos; se

Recuperar más de 7 mil 200 empleos en enero habla del poderío y la fortaleza de Juárez: César Duarte percibe un flujo de personas en los centros nocturnos, en los cines, en los centros comerciales, por eso, afirmó, “Juárez recupera su vida armónica, su convivencia social.” Pidió al Presidente de la República su apoyo para la creación del Centro de Convenciones de Juárez, el cual se planea ubicarlo en las más de 50 hectáreas del predio del ex hipódromo. Señaló que todas las organizaciones empresariales han expresado su interés en este proyecto, que sin duda detonará mayormente el turismo de negocios.

César Duarte aprovechó la oportunidad para puntualizar la urgencia de una reforma laboral que tanto urge al país. Se pronunció por la desaparición de “los fantasmas” de los salarios caídos, lo cuales aseguró, sólo ahuyentan la inversión y la incertidumbre en la relación laboral de la industria con los trabajadores mexicanos. “Estamos ciertos que de ninguna manera se pone en riesgo los derechos de los trabajadores, lo que se pone en riesgo es la integridad o los recursos de una empresa ante los apetitos de abogados que sin ningún escrúpulo utilizan los vacíos de la Ley Federal del Trabajo para sangrar a las empresas o a los recursos familiares que se tienen en inversión al ofertar un empleo. Queremos que el país entero agilice esa gestión. La Ley Federal del Trabajo debe activar a nuestra Patria en este momento un nuevo impulso para desarrollar el trabajo.”

Como parte de la gira de trabajo, el gobernador César Duarte y el Alcalde de Cd. Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, encabezaron junto con el Ejecutivo Federal la ceremonia de destrucción de armamento decomisado en el Campo Militar. El Primer Mandatario del país realizó un recorrido por los diferentes módulos en donde se exhiben las armas de fuego de diferente calibre que fueron decomisadas en los operativos en donde participaron militares y elementos de diversas corporaciones policiacas en esta ciudad.

El armamento fue destruido con dos tanques, una planadora, así como sopletes y martillos, se contabilizaron 3 mil armas. En el recorrido por Ciudad Juárez César Duarte acompañó al Presidente de la República a la develación del espectacular No More Weapons (No Más Armas), ubicado en el Puente Internacional Córdova de las Américas, que tiene como objetivo enviar un claro mensaje contra la venta de armas de Estados Unidos a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

árbol. El gobernador Duarte Jáquez destacó la transformación que ha sufrido Juárez durante los últimos meses en donde ya se percibe otro ambiente. Recalcó que el camino trazado hasta ahora no tiene retorno, la sociedad y las autoridades van por la paz, por la recuperación plena del orden de Ciudad Juárez. En el acto, en donde estuvo acompañado por su esposa y Presidenta Estatal del DIF, Bertha Gómez de Duarte, el mandatario estatal apuntó que una política de coincidencia es la que contribuye a la oportunidad de resarcir el tejido social.

El Presidente de México informó que 1 de cada 7 empleos generados en el país durante el mes de enero del presente año ocurrió en Juárez. Expresó que durante los últimos dos años los homicidios en la entidad se han recudido en un 57%, resultado del esfuerzo de todos, con las acciones del gobierno federal en apoyo a las iniciativas del gobierno estatal y de la sociedad juarense. Dio a conocer que su gobierno ha invertido más de 5 mil mdp en la estrategia Todos Somos Juárez. De esa cifra dijo, se invirtieron 900 millones de pesos en materia de seguridad pública, 250 mdp de la Secretaría de Economía, 160 mdp de la Secretaria del Trabajo, más de mil mdp de la Secretaría de Salud, más de mil 350 millones de pesos en nuevos espacios educativos y becas y cerca de mil 300 mdp de la Secretaría de Desarrollo Social en diversos programas.

Juárez recupera su vida armónica, su convivencia social La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Pérez Juárez dijo que el Servicio Nacional de Empleo tiene programadas 400 ferias de empleo durante 2012, de las cuales a la fecha se han realizado 39, con participación de mil 212 empresas que ofertaron 38 mil 581 vacantes y el número de solicitantes atendidos es de 31 mil 362. Agregó que a lo largo de 2010 y 2011 se atendió a más de 67 mil juarenses en cuanto a capacitación y facilidades para la obtención de un empleo. Finalmente durante su participación, el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Juárez, José Luis Armendáriz Baylón, subrayó que en enero de 2012 se recuperaron más de 7 mil 200 empleos en las empresas agremiadas en el organismo a su cargo K

Otra de las actividades que tuvieron ambos mandatarios fue la visita al Centro comunitario Felipe Ángeles, ahí se realizó una breve ceremonia para iniciar las actividades de reforestación en el centro recreativo, en donde ambos mandatarios plantaron un

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LA COMPETENCIA EN EL DERECHO SANCIONADOR ELECTORAL: “EL CASO VELASCO” K Lic. Rodrigo Moreno Trujillo

E

l Derecho Administrativo sancionador en materia electoral es una rama del Derecho Electoral encargada de sistematizar el modelo de supervisión y corrección de las conductas infractoras de la normativa electoral. En varios precedentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) precisó los alcances competenciales de las autoridades administrativas electorales, tanto federal como locales, para conocer y resolver las quejas o denuncias que se presenten en esa materia. Entre las conductas que pueden ser sancionadas se encuentra la promoción personalizada con nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, prevista en el artículo 134 constitucional.

En el medio de impugnación que se comenta: SUP-RAP-118/2011, La Sala Superior del TEPJF determinó confirmar la resolución del IFE en la cual desechó, por incompetencia, una denuncia promovida contra Manuel Velasco Coello, Senador de la República y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El ciudadano José Luis González Utrilla denunció que el legislador realizó promoción personalizada y llevó a cabo actos anticipados de precampaña o campaña relativos a la elección de gobernador de Chiapas, por colocar espectaculares propagandísticos de su informe legislativo fuera de las fechas permitidas para ello.

La denuncia se presentó ante el IFE, quien por conducto de su Consejo General determinó desecharla, por estimar que no se surtía a su favor la competencia para conocer del escrito relativo. Asimismo, determinó remitir el escrito atinente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas para que en ejercicio de sus atribuciones resolviera lo que en Derecho corresponda. Inconforme con la determinación referida, el PRD1 interpuso Recurso de Apelación.

56 FORO JURÍDICO

En un primer momento, el ponente del asunto propuso revocar la determinación del IFE y ordenarle resolver el fondo del asunto. Sin embargo, la mayoría de los magistrados consideró que al no afectarse ningún proceso electoral federal o local en marcha al momento de presentarse la demanda, la competencia corresponde a la autoridad local. Lo interesante de este medio de impugnación, yace en los razonamientos atinentes a la determinación de la competencia a favor del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad, en cuanto al conocimiento de las conductas atribuidas al legislador federal citado y al PVEM. La litis en el asunto consistía en determinar a cuál autoridad le corresponde conocer y resolver la denuncia por la presunta realización de propaganda personalizada del informe de gestión relativo, mismo que el denunciante consideró como un acto anticipado de campaña para la elección de gobernador.

Conforme al criterio reiterado por la Sala Superior, la competencia para conocer de violaciones a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional se determina, en primer término, por la elección que resulte o pueda resultar afectada y la naturaleza de las normas transgredidas.

De esta forma, cuando la conducta denunciada trascienda a una elección federal, la competencia se surtirá a favor del IFE y si incide en una elección local, será competente el órgano administrativo-electoral encargado de organizar las elecciones en la entidad federativa de que se trate o el órgano a favor del cual la legislación estatal establezca la competencia para conocer y resolver los procedimientos administrativo-sancionadores de naturaleza electoral. En el caso, el actor consideró que el Consejo General del IFE es competente para conocer y resolver la denuncia presentada. Sin embargo, la Sala Superior sostuvo que adversamente a lo aducido, no se actualiza ninguno de los supuestos de competencia del IFE, por lo siguiente: No se trata de propaganda que se considere, afecte a una elección de naturaleza federal, pues el denunciante estimó que se relacionaba con la renovación de la gubernatura de Chiapas, pues al respecto en su denuncia manifestó expresamente: “…a todas luces un acto anticipado de campaña, tendente a la supuesta aspiración del Senador Velasco Coello a ser candidato a Gobernador…”

Tampoco se trata de propaganda realizada en radio y televisión que sea competencia del IFE, pues la conducta denunciada fue la colocación de espectaculares en todo el Estado de Chiapas.

Asimismo, no se advierte la existencia de una afectación indisoluble entre una elección federal y una estatal que actualizara el supuesto de competencia a favor del Instituto Federal o que se hubiera celebrado un convenio de colaboración para que dicho instituto organizara las elecciones en el Estado de Chiapas. Existe una referencia clara y concreta sobre la elección presuntamente afectada, razón por la cual no existe la ambigüedad necesaria para que el IFE asumiera, prima facie, competencia en el asunto para allegarse de mayores elementos de prueba, a fin de determinar la posible afectación a alguna elección.

Manuel Velasco Coello

En efecto, en la denuncia se considera expresamente que la propaganda gubernamental constituye un acto anticipado de campaña en la elección de gobernador del Estado de Chiapas, razón por la cual la competencia se surte a favor del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de aquella entidad, autoridad que deberá sustanciar y resolver la queja de acuerdo a la normativa local. Razona la Sala que no constituye obstáculo a lo anterior que se haya invocado como precepto violado el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues el denunciante precisó que la elección local que considera resulta afectada, situación que en el caso es trascendente para determinar la competencia, incluso antes de abordar el análisis de una posible violación al precepto citado.

Cabe precisar que la legislación electoral local establece la posibilidad de sancionar a funcionarios federales, pues el artículo 335, fracción VI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, dispone que podrán ser sujetos de responsabilidad las autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes públicos, sin hacer distinción sobre el nivel de gobierno al cual pertenecen.

Por todo lo anterior, la Sala Superior concluyó que el IFE no tiene competencia para conocer del asunto. Este criterio sin duda marcará directrices interpretativas para asuntos futuros, pues establece pautas específicas para fincar la competencia de las autoridades electorales en caso de duda o controversia en torno a su actualización. Máxime porque la verificación de este presupuesto procesal será clave para brindar certeza de que las conductas infractoras del marco jurídico electoral serán procesadas y en su caso sancionadas. Ante la cercania de los procesos electorales, tanto federal como locales, es vital que elementos como el anterior estén perfectamente definidos a fin de llevar los comicios a buen puerto K

1 En el caso, es posible que un partido político ajeno a la controversia impugne la determinación atinente en defensa de un interés difuso.

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Se puso a enfriar la sopa K

Dr. Arturo Ancona García L. Recientemente el hablar de SOPA se ha vuelto un tema jurídico y en específico de derecho de propiedad intelectual. SOPA (Stop Online Piracy Act), significa textualmente “Alto a la Piratería en Internet”. Ahora bien, ¿cuál es la razón de que un proyecto de legislación norteamericana se vuelva tan controversial en México, cuando no tendría por qué aplicar en nuestro país con base en el principio de soberanía de las naciones?

La respuesta a dichos cuestionamientos tiene que ver con la mundialmente conocida red de Internet que no tiene fronteras y en donde los principios jurídicos de territorialidad y jurisdicción se complican. La Internet constituye un mecanismo de acceso a información y contenidos que se encuentren digital y/o físicamente en cualquier parte del mundo.

Es bien sabido que Estados Unidos sigue siendo a la fecha una potencia mundial en cuestiones de tecnología e Internet, además de ser uno de los mayores proveedores de dominios y de servicios de hosting, que es el lugar en donde se aloja la información que puede ser consultada desde cualquier parte del mundo y desde cualquier ordenador.1 Para un proveedor de servicio de hosting que tiene su domicilio y equipos en Estados Unidos, serán entonces las leyes de dicho país las aplicables, independientemente de quien use la información esté en otra parte del mundo.

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SOPA abre la puerta a toda una regulación del mundo de la red bajo una supuesta bandera de protección a los derechos de propiedad intelectual.

La razón primordial se debe a que si contratas un espacio virtual para albergar tu información, estará regulado por las leyes del lugar en donde físicamente se encuentren los servidores que lo proporcionen, independientemente de que seas mexicano y tu residencia esté en México. Es decir, las leyes como SOPA regularían lo relacionado con el espacio que arrendas a tu servidor de hosting. Por ende, leyes de este tipo se han vuelto tan polémicas hoy, ya que además de controvertir en parte un principio como lo es la soberanía, afectan en su esfera de derechos a muchísimas personas que no tienen ninguna relación directa con Estados Unidos y que su único “pecado” es utilizar el Internet y la tecnología que los norteamericanos ofrecen.

Mucho se ha escrito últimamente respecto de dicha ley. La crítica más fuerte ha sido enfocada a la violación a los derechos humanos de libertad de expresión, privacidad y derecho de audiencia de los usuarios de Internet, ya que en caso de ser promulgada la SOPA o leyes similares, los proveedores de servicios de Internet hosting, y tendrían la obligación jurídica de monitorear los contenidos de sus clientes para saber si están o no violando derechos de autor. Se podría llegar al absurdo de revisar inclusive correos electrónicos y páginas personales con el fin de examinar si los contenidos intercambiados o albergados son legítimos o piratas, y desde luego abre la puerta a toda una regulación del mundo de la red bajo una supuesta bandera de protección a los derechos de propiedad intelectual. Se dice que este tipo de disposiciones inhibirían la creación de nuevos negocios, la libertad de expresión y la creatividad, y puede que tengan algo de razón.

Bajo estas leyes, personas o empresas tendrían una corresponsabilidad sobre la posible comisión de conductas ilícitas, por ejemplo: páginas como Facebook tendrían que monitorear los contenidos de sus usuarios, en algunos casos no públicos, a efecto de no generar ninguna responsabilidad para sí. Esto implicaría no sólo una labor extenuante para dichas empresas, sino que también la información que muchos usuarios pensaban como privada, en realidad será pública y objeto de restricciones, independientemente de que la legislación no les sea aplicable.

Desde luego, se debe tomar en consideración que es necesario la protección a los derechos de propiedad intelectual, no sólo por la gran cantidad de empleos, impuestos y recursos económicos que generan, sino también porque gracias a esa protección se incentiva al autor a seguir creando. Sin embargo, la generación de la propiedad intelectual también se debe a las limitaciones que existen en el derecho de autor, por lo que los internautas alegan que esta ley incluso inhibiría la creación de contenidos originales basados en obras de derechos de autor. 2 “Foro de Propiedad Intelectual” es una sección producto de la colaboración entre Foro Jurídico y Scientika, asociación civil dedicada a la difusión y promoción de actividades científicas y tecnológicas en la Ciudad de México y el mundo.

Recibimos tus comentarios y sugerencias a: contacto@scientika.mx

Los actores involucrados no sólo están impulsando leyes como SOPA y PIPA en los Estados Unidos, sino también cabildean en nuestro país con la denominada Ley Döring 3 (atribuida al senador Federico Döring del PAN y quien, por cierto, en su momento mostró una postura en contra de ACTA). Este proyecto de ley violenta más derechos de los que pretende proteger y lo hace de manera errónea, toda vez que pretendería obligar a los proveedores de servicios de Internet a proporcionar datos personales de sus usuarios y a monitorear los contenidos y obras que usan, identificando y sancionando a los titulares de una dirección IP. Es cierto, la mayoría de esas legislaciones han quedado en la congeladora, no obstante lo importante es que no quitemos el dedo del renglón y estemos atentos a lo que se promueve bajo la bandera de la propiedad intelectual. Busquemos nuevos esquemas de negociar con los contenidos. Volteamos la vista a fortalecer la educación y conocimiento de la propiedad intelectual, para que todos conozcan la importancia y su contribución al país.

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K Robespierre

CADALSO Concluyó en el PAN la designación de quienes serán senadores plurinominales por ese partido en la próxima legislatura, destacando el de Roberto Gil Zuarth, que va en segundo lugar, apenas después de Ernesto Cordero. No obstante que Felipe Calderón le dio un premio de consolación a su malogrado delfín poniéndolo en el primer lugar de la lista, todo hace suponer que el próximo líder de la bancada del PAN en la Cámara Alta será Roberto Gil, quién se ha distinguido por su capacidad de negociación y para no chocar con sus oponentes, como lo demostró en la Cámara de Diputados, en la SubSecretaría de Gobernación, al contender por la presidencia del PAN y en la propia Secretaría Particular del Ejecutivo Federal, de donde brincó a tiempo a la Coordinación General de Campaña de Josefina Vázquez Mota. Pero de lo que no queda duda con esta lista de senadores es que también en el blanquiazul existe la “línea” presidencial, que tanto criticaban del PRI, ya que Felipe Calderón colocó en lugares estratégicos, para que sean ungidos senadores, a sus 3 exsecretarios particulares — Roberto Gil, Luis Felipe Bravo Mena y César Nava Vázquez— y de pasadita, a su hermana María Luisa Calderón, alias “la Cocoa”.

Algo que también sorprende es que haya igualmente colocado en el séptimo lugar a su ex Secretario de Educación Alonso Lujambio Irazábal, a pesar de encontrarse convaleciendo de una delicada enfermedad en Estados Unidos. Así se las gasta el demócrata Calderón.

Luego de rendir su cuarto y último informe de labores como Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Dr. Ruperto Patiño Manffer encabeza los momios para reelegirse por un periodo más de 4 años al frente de dicha facultad. La presencia en su informe del Rector José Narro Robles y su mensaje de felicitación a Patiño Manffer, así como su deseo para que las cosas sigan marchando en esa facultad en calma y cumpliendo su plan de trabajo, se han leído en la comunidad universitaria como un visto bueno anticipado de quien es considerado el elector mayor en la Máxima Casa de Estudios. Tan es así, que el proceso para designar al nuevo director por el periodo 2012-2015, inició el pasado lunes 20 de febrero y no hay quién quiera seriamente entrar a competir contra el Dr. Patiño, vislumbrándose un panorama similar al que sucedió con la reelección del Rector Narro Robles, que tuvieron que armarle una terna a modo, para cumplir el requisito estatutario, pero que para nadie era desconocido que se trataba de una “uniterna”. Lo cierto es que la fructífera gestión de Patiño a lo largo de estos 4 años le han ganado un amplio consenso para lograr su reelección.

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Paso a paso se ha ido consolidando la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PRODECON), encabezada por Diana Bernal Ladrón de Guevara, ofreciendo resultados inesperados a los contribuyentes. Recientemente informó que esa Procuraduría obtuvo 4 sentencias favorables en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al declarar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), la nulidad de diversas multas que habían sido impuestas indebidamente a varios contribuyentes, declarándose infundadas las multas y la falta de obligación de un contribuyente para pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta resulta una excelente noticia para los causantes que pueden confiar en tener en esta naciente Procuraduría un verdadero instrumento de apoyo gratuito y efectivo contra los abusos de las autoridades fiscales en todo el país, que por cierto, son muy frecuentes.

Finalmente fue ratificado como Procurador de Justicia capitalino el Dr. Jesús Rodríguez Almeida, quien originalmente se hizo cargo del despacho al ser nominado como candidato del PRD al GDF Miguel Ángel Mancera. Con el visto bueno del titular del Ejecutivo Federal, Marcelo Ebrard Casaubon agilizó la designación del que fuera el brazo derecho del Dr. Mancera, enviando un claro mensaje del respaldo que le sigue ofreciendo a éste último. Por lo pronto al Dr. Rodríguez Almeida le tocará mantener el proyecto trazado por su antecesor, cuidarle las espaldas y cerrar sin contratiempos la administración local, en lo que a procuración de justicia se refiere.

Su reto mayor sin duda estará en no exponerse a ningún problema mayor, conservar las estadísticas y los servicios hasta ahora prestados; y si lo logra, sin duda que su premio podrá ser que el próximo Jefe de Gobierno lo ratifique como Procurador, lo que no suena nada mal para el ex-Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

Lo ocurrido en la cárcel de Apodaca, NL, mostró de nueva cuenta la corrupción, la colusión y la incompetencia de las autoridades en los centros penitenciarios. El cobarde asesinato de 44 reos y la posterior fuga de 30 internos de la organización delictiva rival (zetas), son una prueba fehaciente de la podredumbre que prevalece en el sistema penitenciario en nuestro país. Pero sobre todo, exhibe a un gobierno estatal y federal incapaz de hacer frente a una delincuencia, común y organizada, desbordada en todos los ámbitos. Las cárceles y el sistema penitenciario en su conjunto vuelven a ser, una vez más, motivo de angustia, de preocupación y de repulsión en todos los sectores de la sociedad. Apodaca se convirtió ahora en la bandera de quienes exigen una verdadera transformación para atender a la comunidad penitenciaria, pero sobre todo, para acelerar la depuración, certificación de los custodios, de los mandos medios y superiores de las fuerzas de seguridad pública. Se trata nuevamente de la crónica de otra matanza anunciada; la cual inició en enero en la prisión de Altamira, Tamaulipas con el asesinato de 31 detenidos luego de un enfrentamiento entre bandas rivales y que continúa, a 24 horas de los incidentes de Apodaca, con la ejecución de tres presuntos secuestradores en el penal de Topo Chico, también en Nuevo Leon, apenas unas horas después de haber ingresado. No hay que olvidar que hace unos meses la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU anunciaba su preocupación por las condiciones de las prisiones en América Latina. ¿En dónde será la próxima masacre carcelaria? K

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Temas de Derechos Reales.

Miguel Alessio Robles.

Porrúa. 2012.

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l libro constituye una novedad en la literatura jurídica, ya que Miguel Alessio Robles abandona los derroteros comunes seguidos por la mayoría de los civilistas, para profundizar en temas poco estudiados por la doctrina y que son de vital importancia para el Derecho Positivo Mexicano. El autor recoge en su obra el producto de años de investigación como maestro de la Escuela Libre de Derecho, de práctica profesional como notario público del Distrito Federal y su experiencia como Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; por lo tanto, propone un instrumento útil para los investigadores y los abogados que actúan en el foro y a la vez, un estudio de consulta para estudiantes interesados que deseen ahondar sobre estos contenidos.

La obra busca iniciar la discusión académica sobre materias que han sido soslayadas por la doctrina civil tradicional y pone a consideración propuestas de solución a diversos problemas que la práctica jurídica inmobiliaria presenta cotidianamente.

En Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano.

Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro.

Porrúa. 2010.

E

n Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano pretende desentrañar, de una vez por todas, la necesidad de considerar al funcionario de Policía como un ser humano, dotado, como todos, de un entorno bio-psico-sociocultural. Un individuo que requiere tener su propia seguridad en el desempeño de una profesión tan compleja pero apasionante como lo es “dar la vida por un desconocido”. Incentiva a los estudiosos de las Ciencias Penales a analizar el perfil de aquel que abraza la carrera policial para entender tan compleja vocación y determinar un proyecto de vida real que lleve a prevenir actos de corrupción e ineficiencia en el servicio, que ha generado un caldo de cultivo para la impunidad y por consiguiente la inseguridad pública.

El libro busca diseñar una estructura de desarrollo policial en la vertiente profesional y humana que verdaderamente atrape a jóvenes mexicanos y se vean crecer en un entorno de prevención e investigación del delito con todas las herramientas técnicas y humanas que para el efecto se requieren, cerrando el paso a actos deshonrosos producto de una vida sin estructura ni futuro en los cuerpos policiales mexicanos.

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Manual del Poder Ciudadano.

Ulrich Richter Morales.

Océano. 2011.

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anual del Poder Ciudadano, hace a un lado los discursos abstractos y las visiones idealizadas de la realidad para entregar al lector una perspectiva concreta, objetiva y práctica del papel fundamental de la ciudadanía en una sociedad que requiere con urgencia un cambio de rumbo. El autor señala que una vez que se comprenda qué es un ciudadano, se estará listo para entender qué puede hacer en su esfera propia y por los demás. Sólo así se podrá construir, apunta, las columnas del templo que es México.

La reivindicación del ciudadano y la idea de que éste puede convertirse en fuerza transformadora, capaz de evitar la debacle inminente del país, no es nueva. Aunque estamos ante un tema de actualidad, son escasos los autores preocupados realmente por explicar con claridad qué significa ser ciudadano, sus derechos y obligaciones, y como su marco de referencia: la ciudadanía, así como las características y potencial de la participación ciudadana.

El autor a lo largo de las páginas se refiere a todo aquello que se puede lograr cuando los individuos activan sus derechos sociales y políticos; señala que cuando se ponen en práctica es posible transformar la realidad, exigir cuentas y alcanzar resultados tangibles, como ocurrió por ejemplo, en la Ciudad de México luego del terremoto de 1985.

El Nuevo Proceso Penal Mexicano.

Everardo Moreno Cruz.

Porrúa. 2011.

L

a obra presenta, de manera didáctica y clara, los lineamientos generales de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial del 18 de junio del 2008, y que deberá entrar en vigor en todo el país, a más tardar, el 19 de junio de 2016. En este trabajo, se hace referencia a las reformas publicadas en los Códigos locales de la República que ya la han adoptado, como también a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, para la promulgación de un Código Federal de Procedimientos Penales. Dentro del desarrollo de esta publicación, aparece una apartado en el que de manera alfabética se refiere a las nuevas voces que se incluyen en la reforma constitucional a la que hemos aludido.

El autor expone de manera sintetizada, la historia legislativa que transcurrió para llegar a la promulgación de esta reforma.

Contempla la misma tanto desde su apreciación como litigante y servidor público, en donde ha ocupado diversos cargos en las áreas de procuración de justicia. El Nuevo Proceso Penal Mexicano resulta atractivo para todos aquellos que tengan interés en conocer el nuevo modelo que se implementará en México K

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Ni más ni menos, sólo lo justo

ENCRUCIJADA JURÍDICO ELECTORAL:

Impiden la democracia y libertad de expresión K Mtro. Jesús Armando Liógon Beltrán

C

on la reforma electoral del 2007, los legisladores buscaron impedir la influencia económica en las elecciones en la compra de propaganda, así dieron a conocer la prohibición para contratar o adquirir tiempos en radio y televisión.

No obstante, en aquel momento se les advirtió del retroceso al que incurrían en relación a la libertad de expresión, ya que por reformar el artículo 41 constitucional violentaron “flagrantemente” los artículos sexto y séptimo de la Carta Magna; vulneraron ese derecho y consecuentemente la democracia mexicana. El IFE dejó de ser una institución autónoma e independiente para regular el proceso electoral en un marco de legalidad, transparencia e imparcialidad promoviendo la participación ciudadana. Quedan en el pasado los esfuerzos colectivos de miles de mexicanos que condujeron a la actual estructura del Consejo General, como árbitro de procesos electorales.

Ante esta lamentable y flagrante violación constitucional por parte del legislador del 2007 y de los diputados de la actual legislatura, vale recordar el motivo que seguramente inspiró al Legislador Constituyente de nuestra Carta Magna que consagró en el artículo 6º: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público(…) el derecho a la información será garantizado por el estado.” Asimismo, en el artículo 7º refiere: “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.”

En éste sentido la Libertad de Expresión es un derecho natural, fundamental de las personas en un Estado democrático. Estar en condiciones de ejercerla permite la competencia equitativa por los puestos de poder político y autoriza a los ciudadanos a denunciar las irregularidades en que incurran las autoridades y otros ciudadanos. Por eso, es necesario el desarrollo de instrumentos jurídicos y acciones recíprocas sustentados en el derecho y la obligación. Sin duda la libertad de expresión y de conciencia como herramienta de trabajo de los legisladores es fundamental para hacer valer con dignidad y eficiencia los compromisos de sus representados, pero con frecuencia en su ejercicio parlamentario se ve limitado por sus partidos políticos a través de sus bancadas que ejercen el control de sus integrantes.

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jliogonbeltran@hotmail.com

En teoría los diputados y senadores tienen un mandato representativo, autónomo y libre. Pero lamentablemente se les establecen diversas prácticas para que apoyen la “línea del partido”. Es así como se les impide cumplir con su responsabilidad en perjuicio del proceso democrático legislativo; ahora son los mismos partidos políticos y sus diputados quienes se quejan y lamentan la faltas de libertad de expresión y de comercio al verse impedidos de adquirir o contratar tiempos en la radio y televisión; así como la celebración de debates y proselitismo en agravio del periodismo y las empresas que producen información en ejercicio de la libertad de expresión impidiendo la democracia.

Estamos ante una encrucijada jurídico electoral, ya que por un lado el legislador federal acuerda en el año 2007 la reforma el artículo 41 constitucional en materia política electoral violentando la libertad de expresión, así mismo la actual legislatura incumplió al retrasar la elección de los consejeros del IFE. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea un criterio al resolver un Amparo en revisión 186/2008, al señalar: “los jueces de Distrito pueden juzgar si la libertad de expresión que consagran los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser violada al aplicarse la reforma constitucional en materia electoral, aprobada en 2007”. Según el quejoso en ese juicio, la reforma viola la Libertad de Expresión.

Finalmente el IFE al celebrar un acuerdo en el que los precandidatos, precandidatos electos postulados, partidos políticos, coaliciones, agrupaciones políticas nacionales o cualquier otra que promueva el voto o tenga mensajes alusivos al proceso electoral federal, en un período de “intercampaña” que se inicia del 16 de febrero al 28 de marzo, se convierte en el “brazo” ejecutor contra la democracia y la libertad de expresión.

Es apremiante que la sociedad mexicana actúe como el garante de la libertad de expresión y que asegure a las generaciones futuras de mexicanos que se pueda contar con una institución fundamental de la democracia y promueva una verdadera reforma constitucional en el ámbito electoral que reivindique y pueda resarcir la “burda” reforma Política Electoral de noviembre del 2007 que violenta la Libertad de Expresión consagrada en los artículos 6º y 7º constitucional, además pone en crisis de credibilidad la jornada electoral del próximo 1º de julio K