FORO JURテ好ICO
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No. 104 mayo 2012
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Fe de erratas En el número anterior el título correcto del artículo del Lic. Luis Raúl González Pérez es: Desafortunada Propuesta de Reforma a la CNDH, sin el sub título “Tesis aislada inconclusa de la SCJN”, que corresponde a otro artículo.
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EDITORIAL
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MAESTROS MEDIOCRES
FORO K DEL LECTOR PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS CONTRA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
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LEGALIZAR O NO LAS DROGAS
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LA MEDIACIÓN ES UNA EXPRESIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ
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APRUEBAN LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
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Lic. Janet Huerta Estefan
Lic. Pascual Hernández Mergoldd
Lic. Jackeline Huerta Estefan
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A JOSÉ NARRO ROBLES, MARGARITA LUNA RAMOS Y SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
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K DIRECTORIO
LAVADO DE DINERO Y FUGA DE CAPITALES: EL JUGOSO FESTÍN DE LA INEPTITUD Y LA CORRUPCIÓN Dr. Pedro José Peñaloza
REFORMA POLÍTICA INCOMPLETA E IMPRECISA Marco A. Ríos
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INIMPUTABILIDAD PENAL Y PSICOPATÍA EN MÉXICO
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MODERNOS JUICIOS ORALES PARA PENAS ARCÁICAS E INEFICACES
58 60 62 64
Tiempo de Saber
Mtro. Jorge Antonio Alfaro
Dr. Roberto E. García Pérez
Propiedad Intelectual
LA PROPIEDAD INTELECTUAL; ESTRATÉGICA PARA EL TURISMO Dr. Arturo Ancona García-López
CADALSO Robespierre
LIBR OS EN
HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Dr. José R. Padilla
DIRECTOR GENERAL
Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL
Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN
Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL
Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL
Lic. Janet Huerta Estefan
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L.D.G. Alejandra Sánchez Aragón dgrafico@forojuridico.org.mx COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA
Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Monte Albán 613 Col. Letrán Valle CP 03610, México, D.F. Tel. 2595-6354. Impresa en Tipssa. Av. Hidalgo No. 141. Col. Santa Anita. Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 33301625. CITEM Foro Jurídico No. 104, mayo 2012.
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K EDITORIAL
MAESTROS MEDIOCRES
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s lamentable que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -encabezados por su polémica y corrupta lidereza Elba Esther Gordillo-, haya unilateralmente decidido oponerse a la Evaluación Universal de Maestros, previamente acordada con la SEP, bajo el falso argumento de que con esta medida se defienden derechos laborales y que la finalidad es contar con un instrumento para mejorar los salarios de los maestros que demuestren ser más capaces. Lo que realmente se pretende es ocultar la real situación de la mayoría de nuestros maestros de educación básica: estructuras oficiales infestadas de profesores incompetentes, que han politizado y burocratizado esta noble y estratégica actividad de la vida nacional, así como oponerse a la más urgente e irreversible de las reformas estructurales: la educativa. Cuando Salinas de Gortari impulsó hace 26 años la caída de Jonguitud Barrios al frente del SNTE –con 1 millon 300 afiliados, y propició la llegada de la entonces joven e inteligente maestra Elba Esther Gordillo, pensó que estaba sentando las bases para una transformación de fondo en nuestro sistema educativo. Sin embargo, lo que logró fue heredarle al país una de las lacras que más nos ha afectado en cuanto a desarrollo, progreso, competitividad y democracia. Lo que ayudó a edificar fue un sindicato políticamente poderoso y altamente corrupto y gris, que cuando menos en la última década ha recibido de las SEP por concepto de cuotas, más de mil millones de pesos cada año, sin que su líder vitalicia le de cuentas a nadie de lo que hace con ese dinero público; sin que se auditen esos recursos, ni se sepa a donde van a parar. Por el contrario, en los últimos 12 años, bajo el pretexto de la alternancia, los presidentes panistas Fox y Calderón, coadyuvaron a incrementar el poderío del SNTE, al grado de otorgarle a la “maestra” la Lotería Nacional, el ISSSTE y la Subsecretaría de Educación, así como arrodillarle al titular de la SEP.
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Lo que sí es público es el aumento de analfabetas, el frecuente abandono de las aulas por parte de los maestros para hacer paros con fines políticos y el incremento en el número de niños que salen de las escuelas con una preparación deficiente, debido a la mediocridad en que se ha sumido este sindicato. Baste citar como muestra el reciente documental “De Panzazo” que, además de corroborar estas afirmaciones, evidencia otros penoso acontecimientos del sector educativo. Con estos desplantes de autoritarismo y de regresión del poderoso SNTE cabe preguntarse ¿cómo le hará el próximo presidente de México para impulsar una transformación educativa? ¿Como cumplirá Enrique Peña Nieto su compromiso de elevar la calidad de la educación para todos los mexicanos? ¿Qué hará JVM al respecto si se especula que su salida de la SEP la pidió la “maestra”? ¿Cómo la doblegará AMLO, si es bien conocido su “coqueteo” con este poderoso sindicato? ¿Qué podría hacer Quadri contra la voluntad de su “jefa”? La reforma educativa en México es inaplazable; es una pieza fundamental para impulsar nuestra economía, competitividad, desarrollo, empleo, etc. Con actitudes como ésta de oponerse a la evaluación universal de los maestros, el SNTE se opone a la modernidad, a la exigencia ciudadana de absoluta transparencia y rendición de cuentas de los asuntos públicos y a la democracia. La SEP ya dijo que no tolerará esta rebeldía. Pero es tan sólo un dicho. Ésta parece ser una gran oportunidad para que, si Felipe Calderón no quiere ser recordado únicamente como el Presidente de la violencia y el desempleo, se “faje los pantalones” y meta en cintura a la “maestra”, para que también se le recuerde por haber puesto un hasta aquí al corrupto y mediocre sindicato de maestros y haga algo para reivindicar la educación en nuestro país, que tanta falta nos está haciendo y que deje de ser un rehén político-electoral.K
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FORO K DEL LECTOR REDES SOCIALES
ForoJurídico CyndiVasquez CYNDI VASQUEZ
@ForoJuridico excelente información y temas interesantes.
licenriqueanaya LUIS ENRIQUE ANAYA Amigos de @ForoJuridico les escribe su servidor Lic. Enrique Anaya, espero pronto temas de la tauromaquia. arnulfoaparicio Arnulfo Aparicio @ForoJuridico hola encantado de la información un cordial saludo.
Empleo y Salarios: Los Espejismos Medibles. Dr. Pedro Peñaloza
Yaneth Herrera: El numero de desempleados en el gobierno de Calderón creció porque aumentó la población. Raymundo Gil: En materia de corrupción no veo avances. La práctica jurídica sigue sin ética suficiente, la formación de juristas es deficiente, el empleo para nuestros alumnos e hijos escasea. En fin no hay cambios reales ni seguridad jurídica en el país, para mi Calderón queda como un presidente incompetente. Eduardo Garza González: No cabe duda que Calderón ha sido uno de los mejores presidentes de México, toda vez que tuvo el valor de enfrentar al crimen organizado con una mala estrategia por lo podrido de las instituciones. En términos macroeconomicos el país está muy bien. Hay que recordar que los gobiernos del PRI hundieron económicamente al país y que vivimos bajo un régimen equiparado a una cuasi monarquía que tanto daño le hizo al país. Es muy difícil juzgar a un presidente cuando es el sistema lo que viene viciado desde sus orígenes, más bien lo que tenemos que proponer es un cambio de sistema, porque este sistema político es inoperante, corrupto e ineficaz, por lo que llegue quien llegue va a ser exactamente lo mismo.
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o a nuestras redes sociales:
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Inició la Era de los Ciudadanos: Ulrich Richter
Karl Andrei Borjas Calderón: Me atrevo a decir, que la diferencia es entre el individuo y persona. Términos utilizados en la filosofía y sociología. Sin embargo, comparto las diferencias acotadas, lo que contribuye a conceptualizar y fortalecer la descripción del derecho penal del enemigo. Saludos. Bilma C. Castellanos: Bilma C. Castellanos: ¿Será necesario llegar a hablar de la falta de un Estado de Derecho? Me parece que antes habría que detenerse un poco a analizar la falta de valores en el individuo. Lo que el ser humano es en lo individual permeará desde luego a lo social. Raymundo Gil: Excelente abogado penalista y Maestro en Derecho por el INACIPE, aporta con su manual del ciudadano una falencia en la sociedad democratica, la falta de ciudanania. Felicidades Ulrich. Coincido contigo pero ¿cómo despertar y formar ciudadanos en un país de más de 50% de pobres? Sonrie Siempre: ¿El ser pobre no implica que no deban conocer sus derechos o si? Despertar a la concientización ciudadano no tiene nada q ver con niveles sociales, es un derecho que nos ayuda a darnos cuenta que somos parte de la sociedad activa. Federico Vazquez Rojas: Felicidades Maestro Ulrich. Gracias por contribuir con sus comentarios al desarrollo democrático en México. Marimar Garcia Manzano Mateos: Ulrich qué gusto. Éxito tras éxito. Vamos por más. Felicidades. Alejandro Gomez Palma: Apreciable Ulrich, estaré atento a tus atinados comentarios, recibe un abrazo afectuoso y que sigas trascendiendo. Glads Oc: Felicidades Ulrich. Soy fiel seguidora de tus publicaciones. Saludos.
CORREO: Rechaza la Suprema Corte Liberar a Florence Cassez ForoJurídico Rechaza la Suprema Corte Liberar a Florence Cassez martin_nt58: nuneztabogados Considero que todo el procedimiento está demasiado viciado por ello deben dejarla libre. UANJOSECASTI18: Pero por supuesto que esa mujer debe pasar los 60 años a los que la sentenciaron. FEDERICONIE: Sólo le están haciendo al cuento por que la verdad es que ya hasta está sentenciada. Ricardo Cortés Ontiveros: La SCJN, como Tribunal Constitucional, ya sea en Sala o en Pleno, y sobre todo en un amparo en revisión, no revisa cuestiones de legalidad sino de constitucionalidad. Por lo que no se puede hablar de una transgresión al principio de legalidad. caro_jimez: Si la liberan tendrán que liberar a muchos otros criminales, se supone que el Ministro Zaldívar trabaja para México y su bienestar y no para el crimen organizado. Zaira Araceli Gonzalez Rodriguez: Queremos que Cassez cumpla sus 60 años de prisión. EDUARDOS: Bien dicho Doctor Huerta. Si resuelven ese asunto, va a ser aplicable a todos los juicios penales el recurso de revisión ante la Corte. Ese recurso es improcedente. Por otro lado, si dar el aviso al cónsul 26 horas después de la detención hace nulo todo el juicio, entonces la mejor actuación del cónsul será no tomar las llamadas ni notificaciones, y lo mejor que puede decir el reo o no decir, es de qué país es originario, así se exceden las 26 horas y es nulo todo lo actuado. Los jueces dejan ir a todos en libertad, a estos los condenan y la corte viene y los deja ir. Luego, el único que se queda en la cárcel es el que no tiene dinero para la mordida. ¿Así como? Odracir Alfa Más: Ahora tomemos en cuenta lo sostenido por Carbonell, que en lo personal se me hizo una completa estupidez ya que manifiesta que está completamente seguro q Cassez demostrará su inocencia, y que la Corte la deberá dejar en libertad, hecho que no encuadra con la realidad ya que si sale en libertad no será por demostrar su inocencia, pues no lo es, sino por fallas en nuestro sistema de impartición de justicia.
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PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS CONTRA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA K Marco A. Ríos
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a inseguridad por la que atraviesa el país y los altos índices de violencia que se están presentado, con más de 50 mil muertos en lo que va del sexenio calderonista se han significado como temas prioritarios en las agendas de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República. Con semejanzas en algunas de sus propuestas, cada uno de ellos asegura contar con la mejor estrategia para combatir estos flagelos que afectan a toda la sociedad mexicana. Apenas a cuatro días de haber iniciado formalmente las campañas políticas –el 2 de marzo–, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por México SOS, que dirige el empresario Alejandro Martí, convocó a los candidatos presidenciales para entregarles un documento elaborado conjuntamente, denominado AGENDA 12.18. SEGURIDAD Y JUSTICIA, que contiene algunas propuestas y ejes de trabajo orientados al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. El documento, afirmó Alejandro Martí ante los cuatro candidatos, es el resultado de la reflexión e investigación sobre los temas de seguridad y justicia con el que se busca detonar la transformación y fortalecimiento de las instituciones de nuestro país. En él se destaca el compromiso de la ciudadanía para coadyuvar en los planes de acción que deriven en la construcción de un México más justo y más seguro. Advirtió que sólo a través del fortalecimiento de las instituciones se logrará restablecer la confianza en la impartición de justicia y la provisión de seguridad. “La Agenda México 12.18. Seguridad y Justicia, al tener por cimiento la dignidad de la persona, su objetivo es puntualizar los elementos considerados como condiciones sine qua non para lograr un México más seguro y más justo”. Durante el evento, por separado, cada uno de los aspirantes presidenciales se comprometió a sumar la Agenda a su programa de gobierno en el tema de seguridad y aprovecharon la ocasión para pronunciar, ante los presidentes de las organizaciones convocantes y los representantes de los principales medios de comunicación nacionales y locales, sus propuestas para combatir la inseguridad y la violencia, en caso de ganar la elección el próximo 1º de julio. El primero en recibir la Agenda fue Enrique Peña Nieto, seguido por Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Quadri y Josefina Vázquez Mota.
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ENRIQUE PEÑA NIETO ALCANZAR PAZ, TRANQUILIDAD Y RECUPERAR LIBERTAD ES MI PRIMER COMPROMISO. DESTINARÉ EL 5% DEL PIB A SEGURIDAD. Al inicio de mi campaña apunté mis 5 grandes compromisos nacionales para darle a México viabilidad, orden y ruta para el progreso y el desarrollo. El primero de ellos tiene que ver con la inseguridad; me comprometí a darle al país nuevamente condiciones de paz, de tranquilidad y, sobre todo, de recuperar para los mexicanos, para quienes la han perdido, la libertad. Porque quizá no sea igual en todas partes, pero hay lugares en nuestro país donde, lamentablemente, las familias se sienten privadas de su libertad ante el temor, el acecho y la inseguridad que predomina en las calles. Por ello, deciden no salir, no dejar que sus hijos puedan ir a lugares para el esparcimiento, para la recreación ni para la diversión; incluso, cuando van a la escuela, hay intranquilidad. Todo esto atenta contra la libertad.
que combaten la inseguridad y propondré destinar el 5% del PIB a las tareas de seguridad. Mencionó EPN que los otros 4 compromisos están también relacionados con la seguridad: crecer para generar empleos, educación de calidad, combatir la pobreza y recuperar el liderazgo de México en el mundo. Lograr crecimiento económico, afirmó, está íntimamente vinculado a la eficacia que podamos tener en materia de seguridad. Si no brindamos a nuestros jóvenes oportunidades de empleo, para alguna actividad personal y de desarrollo individual, difícilmente vamos a poder ser eficaces en el combate a la inseguridad. Por mejores policías que tengamos, por mejor armamento y mejor coordinación, temas en los que creo que no hemos avanzado suficientemente, por mejor sistema de justicia, si no damos oportunidad a nuestros jóvenes y a la sociedad en general para desarrollarse individualmente, cualquier esfuerzo en esta materia será insuficiente y de pobre alcance. Necesitamos hacer de la economía y de nuestro crecimiento económico, una que potencie realmente las capacidades de realización de nuestra
Necesitamos incrementar el presupuesto en el renglón de la seguridad, afirmó EPN, ejemplificando que Colombia, un referente internacional en la materia, dedica al combate a la inseguridad el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB). Es otra economía, pero es un alto porcentaje. En México apenas llegamos en toda la inversión que hacen los 3 niveles de gobierno, al 1.5% aproximadamente. Y si la seguridad es un tema de prioridad para los mexicanos y una preocupación para la sociedad en general, esta preocupación debe verse reflejada en el compromiso del gobierno con el presupuesto. Tiene que haber mayor inversión constante y creciente a los temas dedicados a combatir la inseguridad. Prioridad que no se proyecta en el presupuesto, se convierte en mera demagogia. Si llego a la Presidencia de la República, dijo, habrá cada vez más inversión en los 3 niveles de gobierno para fortalecer las instituciones del Estado mexicano
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con dádivas, con despensas o con apoyos periódicos a quienes no tienen las mínimas condiciones de bienestar o los mínimos apoyos para vivir cotidianamente.
gente, y esto está íntimamente vinculado al tema de la inseguridad. Cuando hablamos de algunas acciones para el combate a la inseguridad y cito puntualmente, el obtener acciones más efectivas de carácter preventivo; la primera de ellas es lograr crecimiento económico y generar oportunidades para nuestra gente. Mi tercer compromiso es trabajar en la educación de calidad, no sólo con buenas intención sino con el trabajo del gobierno para brindar mayor inversión en este sector. No se va a arreglar de inmediato el problema, ni en el primer año, pero el esfuerzo será duradero, incluso en un horizonte transexenal, en una definición muy clara de lo que se tiene que hacer en materia educativa. Recientemente anuncié, en alcance a esta mejora en la educación, que de llegar a ser Presidente de México, emprenderé un programa de rehabilitación de escuelas públicas, porque no se puede pretender que nuestros hijos salgan bien de la escuela, tengan buena educación, si ni siquiera cuentan a veces con los espacios físicos suficientes, dignos y equipados en donde puedan recibir una educación que sea de mayor calidad. El reto es cobertura y calidad y estoy empeñado en lograr este objetivo. Con una buena educación, con oportunidades para nuestra gente, sin duda, vamos a lograr en un corto y mediano plazo una reducción sensible a las tasas de criminalidad. El cuarto tema también está vinculado a la inseguridad, señaló EPN. Mi cuarto compromiso es en algo que me parece lo más lastimoso para México en pleno siglo XXI: tener un alto porcentaje de su población en condición de pobreza. No es tema menor. De acuerdo con datos de INEGI, hay 57 millones de mexicanos en condición de pobreza y este número se ha incrementado en los últimos 5 años, en 12 millones. Por cualesquiera que sean las razones y pretextos o justificaciones que se den, esa es la realidad. Tenemos que revertir esta condición. Nuevamente el crecimiento económico se apunta como necesario o indispensable para revertir de raíz la pobreza de México. No sólo se puede acabar la pobreza
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El quinto compromiso también está vinculado al tema de la seguridad, porque tiene que ver con la proyección de México en el mundo. No podemos seguir permitiendo que en el mundo sólo se hable de México como un país inseguro, de violencia, de muerte y de decapitados. No puede ser esa la imagen que proyectemos, y que no tengamos la oportunidad de ser una voz que sea referente de los grandes acuerdos que se tengan en el ámbito internacional. ¿Por qué digo que tiene vinculación con la seguridad? Porque si logramos realmente –como es mi compromiso y la propuesta que vengo haciendo de cambio para México–, cambiar nuestro escenario, no tengo duda que México se volverá a convertir en un gran referente internacional, y además de una alta influencia en la zona en América Latina. Porque México tiene esa capacidad, tiene ese potencial y tenemos que realmente proyectarlo. No puede ser ese rostro de tristeza y de inseguridad lo que hoy se diga de México. De México tiene que decirse que somos un país en crecimiento, que somos un país con menos pobreza, un país que se ofrece al mundo como un gran lugar de atractivo turístico en todas las modalidades.
ORALIDAD EN LOS JUICIOS PENALES Y 32 POLICÍAS UNIFICADAS Coincidiendo con unos de los puntos relevantes de la Agenda 12.18, EPN aseveró que debe materializarse lo más pronto posible la oralidad en los juicios penales, por ser una herramienta de mayor efectividad, comprometiéndose a darle gran impulso a la implementación en todo el país, del nuevo sistema penal acusatorio, en una real coordinación con el poder judicial de la federación. En cuanto a las policías, señaló que éstas deben tener una profesionalización constante, como una herramienta para lograr realmente, darle fortaleza a las instituciones que combaten al crimen organizado. Tenemos que estimular a los policías para comprometerlos en su trabajo cotidiano en defensa de la sociedad. Subrayó la necesidad de crear las 32 policías únicas del país para fortalecer la capacidad institucional del estado. Consideró también indispensable acrecentar nuestra capacidad de inteligencia, en el combate eficaz contra la inseguridad, dijo, hemos de trabajar con inteligencia y más inteligencia, para dar golpes certeros y precisos. Se pronunció igualmente por impulsar la justicia alternativa y superar la penosa situación de que las cárceles sigan siendo universidades del crimen.
Culminó el candidato de la Alianza por México diciendo que no obstante que estos son sus principales planteamientos sobre cómo piensa combatir la inseguridad y la violencia que tanto agravian a la sociedad mexicana, durante su campaña se irán delineando acciones complementarias, con las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Agradeció a los presentes su participación, asegurando que quien aspira a gobernar a México debe escuchar a la gente, escuchar a la sociedad sobre sus demandas y sobre lo que más le preocupa.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD SON FRUTO DE LA JUSTICIA. PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y LA PAZ PÚBLICAS, HAY QUE REACTIVAR LA ECONOMÍA Y GENERAR EMPLEOS. Durante su participación, el candidato de la Coalición Movimiento Progresista señaló que en su opinión las 2 grandes preocupaciones de la sociedad mexicana en la actualidad son la falta de trabajo y la inseguridad y la violencia. Son 2 enormes y graves problemas que se entrelazan porque hemos llegado a una situación tal que no hay trabajo por la inseguridad y hay inseguridad por la falta de trabajo. De modo, dijo, que tenemos que atender estos 2 problemas con todo el esmero, con toda nuestra imaginación, con toda nuestra capacidad. En el tema particular de la seguridad pública, por experiencia, sabemos
que se tienen que atender las causas del delito, que tenemos que poner por delante el crear mejores condiciones de vida y de trabajo. Los mexicanos, afirmó AMLO, no nacemos con vocación delictiva, no somos malos por naturaleza, creo que son las circunstancias las que obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Existe un estallido de resentimiento, de odio, de inseguridad y de violencia que tanto daña al país, que tanto nos preocupa porque no ha habido, durante los últimos 30 años, crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay empleos, si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad ni paz social. Por eso tenemos que atender las causas, no es algo ajeno el que para garantizar la tranquilidad y la paz públicas, se piense primero en reactivar la economía y en generar empleos. Eso es parte de la solución al problema. Si hay empleos y bienestar y si se atiende a los jóvenes, si no se les cierran las puertas, como ha sucedido, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio, si logramos crear un ambiente de progreso con justicia, vamos a tener mejores condiciones para serenar al país, para garantizar la tranquilidad y la paz pública. En eso consiste en lo fundamental nuestra propuesta, combatir la pobreza y la desigualdad, para que no se siga produciendo frustración, estallidos de odio y de resentimiento y de esta manera podamos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a atender las causas, insistió AMLO, pero también vamos a gobernar con honestidad, que es lo segundo. Primero crear condiciones favorables para el trabajo y el bienestar del pueblo y, segundo, no permitir la corrupción. En el problema de la inseguridad y de la violencia incide mucho la corrupción y la impunidad. Debemos cuidar, y ese es mi compromiso, que los encargados de las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y los cuerpos policiacos, sean incorruptibles, de inobjetable
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honestidad, porque de eso depende mucho el que se pueda garantizar la tranquilidad y la paz social. Ejemplificó con el D.F., afirmó que hoy la ciudad de México es de las más seguras del país porque ha funcionado la fórmula de cuidar que las autoridades encargadas de la tranquilidad y la seguridad pública sean gente honorable. Y eso es lo que queremos hacer en el ámbito nacional, cuidaremos que la policía no se corrompa, porque al no permitir la corrupción no se permite la impunidad. Otra acción a implementar en esta materia es en trabajo de manera coordinada. Cada dependencia tiene su propia estrategia, el Ejército hace lo que le corresponde, la Marina lo mismo, la Policía Judicial Federal, las policías ministeriales, las policías de los estados y las municipales. No hay coordinación ni hay mando. Lo que planteamos es una sola estrategia y seguimiento permanente al problema de la inseguridad y de la violencia. Con acciones como éstas vamos a devolverles la tranquilidad y la seguridad pública a los ciudadanos, señaló AMLO. López Obrador señaló que en el tema de la seguridad todos debemos participar, ya que se trata de lograr el renacimiento de México, ofreciendo una política de puertas abiertas a las posibilidades de participación de organizaciones como las que lo convocaron al encuentro, es más, terminó AMLO diciendo, vamos a gobernar juntos, porque sólo así vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Le dijo a Alejandro Martí y a los demás representantes de la organizaciones civiles, profesionales, académicas y a los especialistas presentes, que tomaría en cuenta las propuestas planteadas en la Agenda 12.18., que tendría una reunión nacional sobre el tema de la procuración de justicia y la seguridad pública a finales de abril en la que presentará su propuesta definitiva sobre el tema en la que incluirá esos puntos de vista.
GABRIEL QUADRI DE LA TORRE MANDO ÚNICO POLICIAL. MANTENER A LAS FUERZAS ARMADAS EN ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PRIVATIZAR EL SISTEMA CARCELARIO NACIONAL. El candidato de Nueva Alianza centró sus propuestas en el trabajo en la creación de un mando único policial, el mantenimiento de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, reestructurar los centros penitenciarios y apresurar la implementación del Sistema Penal Acusatorio en todo el país. Destacó que existen 2 grandes temas en la agenda nacional: la política de seguridad y la justicia penal. En el primero, como dice la plataforma de Nueva Alianza, estamos de acuerdo en continuar
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el combate frontal contra el crimen organizado con toda la fuerza del estado manteniendo al ejército y a la marina al frente de esta lucha mientras se construye una policía federal de clase mundial. Necesitamos una policía federal 10 veces más grande, hoy sólo contamos con 37 mil efectivos y yo creo que necesitamos por lo menos 400 mil en el país. Una policía de la cual los mexicanos se sientan orgullosos, que podamos hablar de ella, como lo hacen los chilenos con los carabineros de Chile; como ocurre en Colombia con la Policía Nacional de Colombia; que utilicen todas las herramientas de la investigación moderna. Estuvo de acuerdo en eliminar la policía municipal, la cual ha sido la correa de transmisión entre el crimen organizado y la sociedad que al final ha corrompido los sistemas de gobernanza local. Por eso, dijo, es necesario acelerar los trabajos para implementar un mando único policiaco. Estamos convencidos, apuntó, en la necesidad del mando único en los estados, de las 32 policías estatales en donde el gobernador sea responsable de la seguridad. Que los ciudadanos conozcan cabalmente quién es el jefe de la policía estatal al cual pueden acudir o a quien responsabilizar de lo que ocurre en la entidad. Deben incorporarse indicadores de desempeño, con transparencia y desde luego conectados todos con Plataforma México, el sistema de interconexión que fue una buena iniciativa. Hay que llevar Plataforma México hasta sus consecuencias para prevenir y perseguir el delito en nuestro país. Otra de las líneas de trabajo que se propone en materia de seguridad es la Cédula Nacional Identidad. No es posible, aseguró, que los mexicanos no tengamos una identificación oficial con nuestros datos biométricos. La India lo está haciendo y yo no
entiendo porque en México no puede ocurrir en el corto plazo. Recalcó estar a favor, de un registro nacional de vehículos ya que gran parte de los delitos se dan a través de la intermediación de un vehículo. Se requiere de todo un sistema de información a través de Plataforma México que lo haga funcional y que permita compartirlo con las policías locales. En lo que respecta a la justicia penal estamos de acuerdo en la reforma del 2008, en los procedimientos acusatorios orales y nos oponemos a que se extienda más allá del 2016 el periodo de implementación de este sistema en todas las entidades federativas. Estamos también de acuerdo en la autonomía de los ministerios públicos, de las procuradurías; en la existencia de policías investigadoras científicas de calidad con la tecnología más alta. No es posible, advirtió, que hoy se cometa un crimen y la misma policía destruya la evidencia. Debemos tener la capacidad de colectar la evidencia inmediata, celulares y huellas digitales de todo lo que ocurrió en la escena del crimen. Necesitamos preparar a la nueva policía y ministerio público para perseguir adecuadamente al crimen con la ayuda de Plataforma México. No podemos caer en la demagogia, decir que esto se resolverá en poco tiempo, tanto en la construcción de los aparatos como en el rediseño de justicia en el país. Es necesario capacitar a los jueces y recapacitar a los actores y para esto de deben de asignar partidas del presupuesto. El problema es que los estados no están dispuestos a asignar recursos. Las organizaciones civiles con sus acciones son el catalizador para obligar a los gobiernos a llevar a cabo la reforma penal. Lo cual se va a complementar con los aparatos de seguridad. Nuestra plataforma, destacó, es el derecho a la seguridad ciudadana. Los mexicanos estamos acostumbrados a exigir al gobierno; el derecho esencial de un ciudadano es tener seguridad. Ese es el origen del Estado en el contrato social, dar seguridad es la principal obligación, queremos que los mexicanos lo sepan, lo demanden y de esta forma se apoyen las reformas.
resto controlados por la iniciativa privada, que sea operada por especialistas, en donde por licitaciones se les entregue a las mejores empresas. Que el gobierno pague por resultados obtenidos, que los presos no escapen, que no se manden entre sí, que se rehabiliten los que puedan; que se conviertan en una fuente productiva. Pueden representar la posibilidad de manufacturas en ciertas regiones, en donde a través del trabajo puede rehabilitarse a los internos.
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA LA SEGURIDAD SE MIDE POR LA ESTABILIDAD EN LA SOCIEDAD. HAY QUE CONCRETAR LA JUSTICIA PARA ADOLECENTES. DEBE ELIMINARSE EL FUERO A DIPUTADOS Y SENADORES. La candidata del PAN a la presidencia JVM, se pronunció por impulsar la educación, la cultura de la legalidad, el empleo y la implementación de políticas sociales como ejes rectores para combatir la delincuencia en México. Reconoció el debilitamiento del crimen organizado en la actual administración, sin embargo, advirtió que de llegar a Los Pinos hará cosas diferentes en el
En México tenemos un déficit de cultura de legalidad, siempre hemos tenido una relación ambivalente por la ley; no somos ciudadanos respetuosos de la ley. Se requiere una revolución cultural. Proponemos una revolución educativa que tiene muchos componentes, pero uno esencial es que la escuela primaria se convierta en un centro de formación de ciudadanos libres competitivos y competentes pero también respetuosos de la ley. Que sea una prioridad en la educación básica criar niños Y jóvenes respetuosos de la legalidad. Otro de los temas que abordó el abanderado del Nueva Alianza es el sistema penitenciario en México. Destacó el problema de la sobrepoblación, en donde una gran parte de los internos no reciben sentencia. Están mezclados delincuentes de baja peligrosidad en prisiones dominadas por el crimen organizado, en donde hay muertos, en donde las posibilidades de rehabilitación son nulas. Por eso, dado que el gobierno ha manifestado su incapacidad para manejar el sistema de prisiones, propuso la privatización del sistema penitenciario en México siguiendo el ejemplo de EU y algunos países europeos. Manteniendo dijo, a prisioneros de alta peligrosidad en centros de reclusión especiales manejados por el Estado; el
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tema de seguridad. Sostuvo que los esfuerzos hasta ahora no han resultado suficientes, por eso, consideró que el éxito de su estrategia en seguridad se medirá, no por el número de detenidos, sino por la estabilidad que tengan las comunidades. Es momento dijo, de pasar a una segunda fase para establecer la paz, la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos. Voy a colocar el control de la violencia como prioridad y con ello buscaré disminuir todos los delitos que atormentan a los ciudadanos como extorsiones, homicidios, secuestros, asaltos y robo. No se trata sólo de un giro de lenguaje sino de hacer las cosas diferentes. No teníamos, dijo, una política pública de desarrollo humano. Nadie se acordaba de la pobreza humana, creímos que el tejido social era poco importante. Recuerdo haber visto en Chihuahua, desde SEDESOL, trabajado en Ciudad Juárez y cómo fue viviendo un proceso de descomposición permanente; en donde el tejido social y la comunidad se fueron vinculando al crimen organizado. Sin embargo hoy, veo con satisfacción el esfuerzo histórico ciudadano en estas entidades, particularmente en Tijuana y veo que son experiencias alentadoras, insuficientes, pero sin duda motivadoras para seguir adelante. Convocó a las asociaciones a un encuentro en donde además de incorporar la Agenda 12.18, ésta se convierta en una política pública para diseñar una agenda legislativa más amplia que permita generar el marco legal de lo que requiere el país. Ustedes señalan que requerimos mejores Ministerios Públicos, mejores jueces, peritos y también mejores defensores; eso implica capacitación, mayor profesionalización, certificación y mejores remuneraciones. Debemos asegurar que cada año se consideren recursos presupuestales suficientes para la adecuada implementación de la reforma de justicia y de seguridad pública. Nos hacen falta recursos para esta reforma y los vamos a dar. Sabemos que la mayor urgencia es asegurar la disponibilidad de infraestructura para el nuevo sistema de justicia penal, y por supuesto debemos revisar a detalle el proceso de avance y hacer públicos los datos de esta evaluación. Creemos que sin este sistema no podremos dar los resultados que estamos esperado.
Participantes en la elaboración de la Agenda 12.18 Seguridad y Justicia: México SOS, CIDAC, MUCD, Observatorio Nacional Ciudadano, Parametría, Red de Observatorios Ciudadanos SOS, Lupa Ciudadana, Causa en Común, Fundación Ethos, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, IMEJO, México Evalúa, Red de Especialistas en Seguridad Pública, RENACE, Red Nacional de Juicios Orales, Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del IPADE, FIMPES, Fundación NEMI, Convivencia sin Violencia, José Antonio Caballero, Ernesto López Portillo, Bernardo González Aréchiga y Elena Azaola, entre otros.
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RECOMPOSICIÓN DE LAS CÁRCELES La candidata del blanquiazul comentó que los centros penitenciaros suelen ser sitios de poder y de autogobierno; autogobiernos impenetrables en donde no se re socializa. Yo me comprometo frente a ustedes a asegurar lo siguiente: en primer lugar a que existan más penales de alta seguridad, creo que ésta es una de las demandas más solicitadas de la ciudadanía. En segundo lugar a recuperar el control territorial. En donde nunca se debe perder es en los penales. En tercer lugar a desarrollar soluciones alternativas como es el trabajo comunitario a quienes sólo cometen delitos menores, debemos contar con penas menores para delitos menores para no tener un sobre cupo en los penales. Aun debe, señaló, concretarse la implementación del sistema de ejecución de sanciones. Los jueces deberán tener a su cargo vigilar las actuaciones administrativas responsables de la ejecución de sanciones. Así la autoridad judicial se encargará de revisar los programas y tratamiento de los procesos de reinserción, realizando y decidiendo sobre los beneficios pre liberatorios, sustitutivos y penales. Se pronunció JVM por la urgencia de concretar al sistema de justicia para adolescentes, que se mandató desde el año de 2006 de la reforma al artículo 18 constitucional y que debería estar listo a más tardar en agosto del 2010, el cual sin embargo, todavía se encuentra en el proceso legislativo en donde es necesario presionar para sacar adelante las reformas. Como punto toral, se requiere la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional de junio del 2008 que garantice la veracidad de los hechos que se juzgan y la certeza de la sanción a los responsables. En segundo lugar que ofrezca mayores derechos a las víctimas; que signifique también una justicia accesible. Creemos que éste es otro de los temas fundamentales; que la justicia promueva la conciliación y sea restaurativa, pronta, expedita, transparente y entendible para todos. No podemos, abundó, obviar la propuesta reiterada de organismos de la sociedad civil a favor de las víctimas del delito. En este rubro la candidata puso mucho énfasis. Destacó la urgencia de contar con la Ley de Víctimas del Delito para establecer un sistema de protección y asistencia a las víctimas, que garantice sus derechos procesales, en donde se asegure una efectiva reparación del daño. Muchos de los retos que se presentan en el tema de inseguridad, recalcó, tienen que ver con el cómo lograrlo. Yo no quiero decir sólo el que, o decir que coincidimos ampliamente con las propuestas y con la Agenda 12.18. Yo quiero decir que, pero también cómo; y en el cómo está la diferencia de esta propuesta. Desde hace años el país se ha gobernado sin mayorías en el Congreso, tenemos pluralidad política; en el ámbito federal existen pesos y contrapesos, pero también es cierto que nuestro sistema político carece de incentivos para generar acuerdos, para lograr reformas que beneficien a México. He participado dos veces en el Congreso y sé del enorme problema de crear acuerdos; aprobamos la ley anti secuestro por
unanimidad el mes de octubre como un paso importante de lo que la sociedad civil organizada puede lograr frente al poder legislativo. Un gobierno de coalición sería la forma más efectiva de incorporar a todas las fuerzas políticas dentro del contexto de un sistema presidencialista. Propuso convocar a todas las fuerzas ciudadanas y políticas a sumarse a un gran pacto nacional, que se traduzca en un cambio profundo a la forma que nuestro sistema político decida. Consistiría en funcionarios ampliamente representativos de cada una de las fuerzas ciudadanas y políticas en funciones claves para la administración pública. Tendría un sentido superior. No sólo tendríamos una colación en un gobierno eficaz y susceptible de transformar instituciones. Si tenemos una mejor agenda de seguridad y justicia tenemos que rediseñar también las instituciones en el país. He propuesto un nuevo Ministerio del Interior; que coordine los esfuerzos de seguridad pública y que tenga 100% su atención en esta agenda de seguridad y justicia. Por otro lado he propuesto un ministerio que tenga el encargo de los acuerdos políticos, me parece que este nuevo diseño institucional lo pongo para que lo podamos discutir y coincidir para que sea parte de la propuesta de seguridad y justicia. Propongo también la posibilidad de eliminar el fuero de diputados y senadores; tenemos que enfrentar la ley sin prebendas y sin privilegios. Si en México no hay consecuencias cuando la clase política se colude con el crimen organizado y cuando violan la ley, la impunidad y la corrupción seguirán adelante. Es claro que esta impunidad y corrupción ha generado desesperanza y hartazgo en una gran cantidad de mexicanos. No me propongo construir un escaparate, quiero una coalición real de fuerzas políticas dedicadas a las transformación de la política nacional. Esto implica abrir los espacios a las mejores mujeres y hombres con experiencia probada en la materia y dispuestos a construir un proyecto de nación más allá de las luchas o las trincheras partidistas. El gobierno de coalición sólo es posible si se fortalece la participación ciudadana en la vida pública.
Aunque reconoció el freno a la expansión criminal, consideró indispensable pasar a una segunda fase. Se comprometió a colocar el control de la violencia como prioridad y con ello trabajar para disminuir todos los delitos que atormentan a los ciudadanos como extorsiones, homicidios, secuestros, asaltos y robo. No se trata sólo de un giro de lenguaje sino de hacer las cosas diferentes, advirtió JVM. La confianza en las fuerzas policiacas por parte de la sociedad será otro de los ejes primordiales en la posible administración de la panista. Al respecto comentó que el círculo vicioso que profundiza el divorcio entre ambos deriva en la multiplicación de la inseguridad. La seguridad es una responsabilidad compartida entre las instituciones y los ciudadanos. El ideal es contar con una policía honesta y ciudadanos que cumplan con la ley. La paz en las comunidades y la prevención depende directamente de que la relación policías y ciudadanos se convierta en un componente central de las historias cotidianas de seguridad. Por eso se comprometió a concretar con sentido de urgencia un mejor sistema de justicia y de seguridad. El México seguro que todos queremos sí es posible si lo hacemos juntos, si lo hacemos diferente, finalizó.
La candidata panista resaltó que la cultura, la educación y brindar a las nuevas generaciones más empleos son fundamentales para recuperar el tejido social. Por –eso reiteró su convicción por impulsar la educación de calidad y la reforma laboral. La fuerza del Estado es para proteger a los ciudadanos y para garantizarles la paz y la tranquilidad. Aspiramos a construir confianza de los ciudadanos en los policías, a que el valor y la honorabilidad de éstos sean reconocidos por los ciudadanos. El círculo vicioso que profundiza el divorcio entre ambos deriva en la multiplicación de la inseguridad. La seguridad es una responsabilidad compartida entre las instituciones y los ciudadanos; por eso, destacó que el ideal de la sociedad es contar con una policía honesta y ciudadanos que cumplan con la ley. Enfatizó que la paz en las comunidades y la prevención dependen directamente de que la relación policías y ciudadanos se convierta en un componente central de las historias cotidianas de seguridad. Esto implica un cambio a mejores policías y a ciudadanos más organizados. Pero ambas cosas deben avanzar al mismo tiempo.
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AGENDA 12.18 SEGURIDAD Y JUSTICIA: EJES ESTRATÉGICOS Y TEMAS FUNDAMENTALES 1. Sistema de Justicia Penal a. Ministerios Públicos I. Autonomía como Órgano Constitucional. II. Profesionalización a partir de la capacitación, evaluación, remuneración digna y servicio civil de carrera. III. Definición precisa de la actividad y del Ministerio Público. b. Policía de Investigación Ministerial y Servicios Periciales I. Policía de Investigación distinta de la Policía de Prevención. II. Coordinación directa con el Ministerio Público. III. Definición puntual de la actividad de la Policía de Investigación: Investigar material directamente con el Ministerio Público. c. Justicia Alternativa I. Fase previa al inicio de la investigación. II. Mediación. III. Conciliación. d. Equidad Jurídica Fortalecimiento puntual de las áreas de atención a víctimas y protección de testigos, privilegiando la equidad jurídica entre la víctima y el victimario. e. Jueces I. Consolidar una evidente división de poderes a partir de una verdadera autonomía material del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. II. Mayor apertura al de la reforma constitucional de 2008. III. Formación, profesionalización y certificación de los jueces de control, de oralidad y de los de ejecución de sentencias. f. Sistema Penitenciario I. Impulsar de manera inmediata la transformación del Sistema Penitenciario. II. Conceptualización como sistema, es decir, un conjunto de estructuras, instituciones, normas y operadores vinculados entre sí. III. Creación de servicios previos a juicio relativos a la evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 2. Seguridad Ciudadana Se requiere garantizar que existan las condiciones necesarias para que las personas puedan conducir su vida en un ambiente de respeto hacia los demás y libre de violencia. Así, problemas medulares como la corrupción y la impunidad requieren de reingenierías institucionales con una visión integral e integradora. a. Policía Preventiva I. Formación en la reforma penal. II. Policía de proximidad. III. Sistemas de control y auditoría. b. Voluntad Política c. Conservar como órgano rector a nivel nacional al Consejo Nacional de Seguridad Pública d. Creación de 32 Policías estatales con mando unificado e. Plataforma México I. Construcción de incentivos para el uso de la plataforma. II. Promover la obligatoriedad de su uso, en todos los niveles de gobierno, con el fin de transparentar y rendir cuentas sobre los recursos asignados y los resultados obtenidos para la seguridad y la justicia. f. Correcta instalación y funcionamiento de las Unidades Antisecuestro, al menos una por estado g. Promover medidas eficaces que obliguen a los gobiernos locales a disminuir los delitos que más lastiman a los ciudadanos: secuestro, homicidio, robo, extorsión, cobro de piso h. Cultura de la Legalidad i. Seguridad y dignidad de la persona humana K
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La Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. lamenta el sensible fallecimiento del
Dr. Juventino V. Castro y Castro acaecido el pasado domingo 8 de abril, uniéndonos a la pena que embarga a sus familiares y amigos.
El Dr. Castro y Castro se venía desempeñando como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Fue un destacado Ministro de la SCJN y un distinguido miembro de esta asociación profesional. En Foro Jurídico tuvimos el privilegio de contar con su docta colaboración, que mucho extrañaremos. En su larga trayectoria en el ámbito político, jurídico, jurisdiccional y académico, trabajó intensamente en temas de relevancia para el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Su partida representa una gran pérdida para el foro jurídico nacional y para México.
Descanse en Paz El Consejo Directivo FORO JURÍDICO 17
LEGALIZAR O NO LAS DROGAS K Lic. Janet Huerta Estefan
- Los gobiernos de América Latina deben unificar estrategias para combatir juntos al narcotráfico y analizar la conveniencia de legalizar las drogas: Cumbre de las Américas. - La lucha contra el narco ha fracasado. Es tiempo de legalizar las drogas para combatir y terminar el fenómeno: Otto Pérez Molina. - Legalizar las drogas no es la respuesta: Barack Obama. Organiza la UNAM un Foro Internacional sobre Políticas de Regularización de Consumo de Drogas. 18 FORO JURÍDICO
Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala
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as voces que proponen legalizar las drogas para combatir efectivamente el tráfico de drogas, el narcomenudeo y la violencia que estos fenómenos generan, aumentan cada día. Primero lo hicieron varios ex-presidentes latinoamericanos como Fernando Cardozo de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes han sostenido que la batalla contra los cárteles de la droga ha estado y seguirá perdida si únicamente quienes ponen los esfuerzos, los muertos y el desorden en sus economías, son los países productores, mientras que los consumidores no persiguen a sus cárteles internos, particularmente Estados Unidos, principal consumidor del mundo.
o no de legalizar las drogas fue uno de los temas centrales de los presidentes de Latino América, insistiendo el de Guatemala, Otto Pérez Molina, que debemos legalizar y regular las drogas para verdaderamente combatir a los cada vez más poderosos cárteles de la región, ya que durante las 2 últimas décadas esta batalla se ha ido perdiendo y los resultados son relativos.
Coinciden los Presidentes de América Latina en buscar nuevas estrategias regionales para enfrentar al narcotráfico internacional
En la Cumbre de las Américas realizada el pasado mes de abril en Cartagena de Indias, Colombia, el debate sobre si es tiempo
No obstante que oficialmente la Cumbre de Cartagena no culminó con un declaratoria conjunta, se llegó a la conclusión de que los países del continente deben unificar estrategias para combatir juntos al narcotráfico y analizar la conveniencia de legalizar las drogas. El poder alcanzado por el narcotráfico durante los últimos años – se argumentó –, obliga a los gobiernos de la región a unificar las estrategias para combatirlo, a cambiar el rumbo que hasta ahora se
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La actual estrategia en la lucha contra el narco ha provocado más muertos por el tráfico que por el consumo: Otto Pérez Molina ha seguido. La opinión generalizada fue que los grandes esfuerzos realizados en esta materia en los últimos años han resultado infructuosos ante el incremento de la demanda, sobre todo de Estados Unidos, el mayor consumidor y principal distribuidor de armas. Se insistió en que para consolidar acciones que lleven a un éxito en la lucha contra uno de mayores los flagelos del siglo XXI, es necesario legalizar las drogas, como una medida eficaz para terminar con una guerra en la región que ha dejado cientos de miles de muertos. Para algunos analistas el encuentro no tuvo los resultados esperados en temas de economía y política; sin embargo, el proyecto aprobado que salvó el encuentro fue la propuesta de México para crear el Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado, cuyo objetivo será integrar una red continental que articule las políticas y las acciones contra la delincuencia en toda la zona, el cual se espera quede conformado este mismo año. Se señaló que México será la sede de las reuniones de trabajo, en donde se espera la participación de expertos, encargados de seguridad y procuración de justicia del continente, donde se promoverá el establecimiento de un centro que coordine la plena implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que coordine los esfuerzos que realizan distintos órganos en la región, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), reunión que será organizada y coordinada por la Mtra. Marisela Morales Ibáñez, titular de la PGR. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, señaló que la Cumbre fue un espacio para poner en la mesa los temas y problemas que aquejan al continente; uno de ellos, dijo, es la lucha contra tráfico de estupefacientes, informando que los 33 jefes de Estado que participaron, entregaron a la oficina contra las drogas de la ONU y a la OEA sus reflexiones, para que realicen un estudio profesional sobre la actual política internacional contra el narcotráfico, que permita saber qué acciones realmente dan resultado y si existen otras alternativas más eficaces y menos costosas. Señaló igualmente que no se debe alimentar un falso
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debate sobre la legalización de las drogas y que el problema no debe abordarse con suposiciones. “Los organismos internacionales deben analizar este asunto sobre hechos concretos y después, ver qué políticas y qué alternativas – si es que existen – se podrían adoptar hacía el futuro”. Reiteró que Colombia tiene una política de combatir todos los eslabones de la cadena del narcotráfico con igual contundencia, desde el cultivo hasta la distribución. Ante la propuesta sobre regulación de las drogas durante la Cumbre, el Presidente norteamericano Barack Obama expresó que la legalización no es la respuesta ya que sólo podría empeorar la situación por la que atraviesa América Latina. “Estamos conscientes de nuestra responsabilidad en este tema. Creo que es completamente legítimo entablar una conversación sobre si las leyes que existen ahora en rigor quizá
estén causando más daño. Mi postura personal y la de nuestro gobierno es que la legalización no es la respuesta”, manifestó. Advirtió que de legalizarse las drogas se provocaría un comercio masivo de ellas, además al no haber límites, las condiciones podrían ser más dañinas que las existentes en estos momentos. Obama se pronunció por trabajar de manera conjunta para atacar la oferta que hacen los narcotraficantes en los países de la región.
LEGALIZAR O NO LEGALIZAR LAS DROGAS Contrario a lo que declaró al final de la Cumbre el Presidente anfitrión Juan Manuel Santos, en el sentido de que no hubo un
debate entre los asistentes sobre la legalización de las drogas, sino que únicamente se exploraron “nuevos enfoques”, el evento se significó como el punto de partida formal para la discusión seria de una legalización o no de las drogas, sobre todo por el liderazgo que está asumiendo en este tema el General Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala –ex-titular de la oficina de inteligencia de ese país en el combate al narcotráfico-, reiterando su posición una semana después durante su asistencia en México al Foro Económico Mundial, Capítulo Latinoamérica, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, afirmando que la violencia que vive su país y toda la región centroamericana es, en parte, consecuencia de las acciones implementadas en México durante los últimos años. Al endurecer esta lucha, afirmó, la presión generada “provocó el desplazamiento de los cárteles a otras naciones como Guatemala y Honduras”. Dijo Otto Pérez que desde hace varios años ha venido proponiendo cambiar la línea de trabajo en el combate al narcotráfico y abrir
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una justificación de la legalización, es que hay más muertes por el tráfico que por el consumo de drogas. “Los enormes esfuerzos y los enormes recursos que se han utilizado en los últimos 20 años para combatir al narcotráfico en Latinoamérica has producido éxitos relativos. Los cárteles han crecido, han aumentado su poder económico y han diversificado sus actividades ilícitas –secuestro, extorsión, trata de personas, etc.-, generando más violencia y quitándole soberanía a los Estados”. Sostiene el Gral. Otto Pérez que no se trata de una despenalización genérica, sino de una regulación diferenciada para cada tipo de droga: “legalizar las drogas implica una regulación de ellas dependiendo de cada tipo de droga. No se trata de liberar sin límites. Se deben fijar controles por tipo de droga, cuota, calidad, etc., de tal manera que no se propicie un incremento en el consumo. Debemos buscar caminos distintos en las estrategias al combate de este fenómeno, porque los resultados hasta ahora obtenidos así lo demuestran”.
FORO SOBRE REGULACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS
la opción de la legalización de las drogas. Esta iniciativa de despenalización ha sido bien vista por muchos países de la comunidad internacional; sin embargo, expresó, a pesar de existir un consenso por encontrar nuevas alternativas, al hablar de una posible regulación, el debate se polariza. Hay que virar el camino hacia una política integral para toda la región, incluso más allá del trabajo realizado por países como Colombia en donde, si bien hubo detenciones importantes de jefes de cárteles, la producción de droga no se ha detenido, situación que afecta al resto de las naciones centroamericanas. “Eso es lo que nos mueve a nosotros para decir que no podemos seguir en esto y menos continuar con políticas o estrategias individuales, tienen que ser estrategias regionales.” Es necesario entender que en el grave problema del narcotráfico existen tres tipos de países: los productores, los identificados como de tráfico y finalmente los consumidores. Se trata, apuntó, de una corresponsabilidad que es necesario entender para aplicar medidas necesarias de acuerdo al fenómeno que enfrenta cada quien. Reconoció el presidente guatemalteco que la lucha contra el narco en México no puede calificarse como un fracaso, sin embargo, admitió que Estados Unidos no ha hecho su parte ya que sigue permitiendo el consumo de drogas y el tráfico de armas que son utilizadas por la delincuencia organizada. Enfatizó que la lucha antinarco no debe dejarse de lado ya que los cárteles han diversificado sus tareas. Me parece que con la regulación los narcos tendrían que dedicarse a otras actividades, sin que esto signifique, aclaró, un perdón a los capos. Una paradoja de este asunto, y a la vez
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En nuestro país la UNAM ha decidido meterse de lleno a este debate al auspiciar la discusión del tema en un Foro Internacional
sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas -organizado desde la Oficina del Abogado General de la máxima Casa de Estudios-, que durante los días 23 al 27 de abril convocó la participación de aproximadamente 100 expertos, 30 de ellos extranjeros, con el objeto de discutir en forma amplia e incluyente la política pública referente a las drogas en México, evaluando el impacto y consecuencias de los distintos tipos de políticas públicas que se podrían adoptar en relación al consumo de drogas, tomando en consideración el conocimiento científico de vanguardia sobre la materia, las experiencias de los distintos países que han tomado enfoques regulatorios, así como
sus repercusiones sociales, económicas y en materia de salud pública. Al inaugurar el evento, José Narro Robles, Rector de la UNAM, afirmó que es necesario revisar y reformular la política criminal en la materia del Estado mexicano, ya que hasta el momento no se han obtenido resultados favorables, por el contrario, el consumo de drogas en el país se ha incrementado, así como la producción, la violencia y las muertes. Sin duda que se trata de una realidad compleja, dijo, pero es tiempo de analizar a profundidad el tema y buscar nuevas soluciones. Anunció José Narro que los debates y las conclusiones del Foro serán entregadas a los titulares de los tres poderes de la Unión K
En México la producción y el consumo de drogas va en aumento y la política para combatirlos no han dado los resultados deseables: José Narro Robles
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LA MEDIACIÓN ES UNA EXPRESIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ: PASCUAL HERNÁNDEZ MERGOLDD K Marco A. Ríos
La insatisfacción social frente a las resoluciones judiciales, la ineficacia de la vía conciliatoria y la falta de profesionalismo en el patrocinio de los negocios jurídicos, son algunos de los factores que llevaron al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a incorporar en el proceso de reforma judicial medidas transformadoras para superar este tipo de problemas y una de ellas, señala el Lic. Pascual Hernández Mergoldd, fue la creación del Centro de Justicia Alternativa, al considerar que la mediación es la mejor vía pacífica de solución de conflictos y un instrumento que privilegia la libre decisión de las partes involucradas en un litigio.
L
a mediación es un medio capaz de generar una cultura pacificadora y una convivencia armónica entre los individuos, asegura Hernández Mergoldd, actual Director del Centro de Justicia Alternativa, quien en una entrevista exclusiva para Foro Jurídico explica cómo surgió este centro en el seno del TSJDF, cuál ha sido su desarrollo y cuáles son sus retos prioritarios como un auxiliar en la tareas de administración e impartición de justicia en la Ciudad de México. Presentamos para nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.
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¿Cómo surge el Centro de Justicia Alternativa? El Centro de Justicia Alternativa (CJA) nace como una dependencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) por virtud de la entrada en vigor de la Ley
de Justicia Alternativa en el año 2008. Se transforma en una dependencia del tribunal con autonomía técnica y de gestión, que le permite mucha agilidad, aunque desde luego las medidas que adopta, así como las tareas que realiza, son autorizadas en su presupuesto anual y en programas específicos por el Consejo de la Judicatura. En un primer momento el CJA brindó a la sociedad los servicios de mediación familiar; durante los años subsecuentes se le adicionaron otros ámbitos como la materia civil y mercantil en 2007; un año después, en 2008 atiende el tema de medicación penal y de justicia para adolescentes. Para el 2010 se suma la modalidad, que no un ámbito material, de la mediación privada. Uno de los programas de la política pública que atendemos es la mediación privada, que se sustenta en la formación de profesionales del derecho sobre la materia. Para ello, se diseñó un curso ex profeso que consta de 155 horas de clase más 20 horas de práctica; desde el segundo semestre del 2009 se han impartido cinco de ellos. Nuestro modelo está definido en las disposiciones normativas y desde febrero de este año, en la Ley de Justicia Alternativa. Se trata de un arduo trabajo que incluso mereció un reconocimiento del Presidente de la SCJN en octubre del 2010, al que se refirió como un proyecto con vocación de replicarse en otras entidades. Para propiciar la ampliación de cobertura de los servicios de mediación se diseñaron proyectos de sinergia que se concretaron con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el INFONAVIT, LOCATEL, la PGJDF, la Asociación Hipotecaria Mexicana, la SEP, el IFE, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Central de Abasto, así como Delegaciones Políticas como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.
¿Qué efecto tiene el convenio? Todo convenio es un acuerdo de voluntades. Las partes se comprometen a hacer o a dar algo, es obligatorio para ellas. La ventaja es que si alguna de las partes no cumple puede hacerse valer por la vía de apremio; es decir, acudir al juez de la materia para exigir, como si fuera una sentencia, el cumplimiento del mismo. Cuando uno inicia un conflicto legal sabe cuando empieza, pero no cuándo terminará. En la mediación, de tener éxito, según nuestra experiencia, en un lapso de 15 días puede existir un convenio firmado por ambas partes; además sin la necesidad de contratar abogados. Se trata pues, de uno de los principios previstos en la ley de justicia alternativa que rigen la mediación: el de la economía. En él, se establece que la mediación debe implicar el menor costo económico, el menor tiempo y el menor desgaste personal de las partes que intervienen. De los convenios que se firman, menos de 0.5% requieren de solicitar la ejecución a través de un juez por la vía de apremio. De las personas que acuden al CJA y si su asunto es mediable, el 90% construyen un convenio y lo firman; es de los porcentajes más altos en el ámbito nacional. El 10% de los asuntos restantes no son mediables.
Un convenio de mediación tiene el mismo valor que una sentencia.
¿Qué asuntos atiende el CJA? El CJA ofrece el servicio de mediación, es decir, la negociación asistida por un profesional: el mediador. Ello permite que las personas, comunicándose de manera eficiente, logren solucionar el conflicto que les aqueja. Aquí a diferencia de lo que ocurre en los juzgados, en donde el juez resuelve a través de una sentencia, el mediador facilita la comunicación entre las partes de tal forma que se escuchen, que expongan el problema que les aqueja y lleguen a un acuerdo que culmine con la firma de un convenio que incluso puede tener el mismo peso que una sentencia.
¿Cuáles han sido los avances en solución de conflictos gracias al CJA? Hemos logrado una evolución muy importante. Por ejemplo del 2003 al 2007, época en que nace el CJA y en la que se adiciona el marco para atender la mediación familiar, la mediación civil, la mediación mercantil y la penal, se atendieron 5 mil 822 asuntos. En el cuatrienio en que el Mgdo. Edgar Elías estuvo a cargo del TSJDF, el Centro atendió 27 mil 539 asuntos, casi 5 veces más que en el periodo anterior en materia de convenios. La firma de convenios por las partes involucradas en el periodo 2003-2007 fueron apenas de 734; pero del 2008 al 2011, la cifra llegó a 9 mil 711; 13 veces más que en la
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Con la mediación, en un lapso de 15 días puede existir un convenio firmado por ambas partes sin la necesidad de contratar abogados.
etapa de origen. Esto revela un crecimiento importante que no significa necesariamente que el CJA esté consolidado y lo conozca toda la ciudadanía. Actualmente tenemos 25 mediadores, dentro de los cuales estamos el director general, los directores y las subdirectoras. Conforme a la Ley de Justicia Alternativa en la medida en que se reúnan los requisitos para ser mediador público, quienes estemos en estructura administrativa podemos serlo. ¿Esto para qué serviría? Si la carga de trabajo del Centro crece del tal forma que se requiere que entremos todos a la mediación, estamos calificados 25 personas más, independientemente de que hay 85 mediadores privados certificados, egresados de los 5 cursos que se han organizado en el Instituto de Estudios Judiciales. En ellos se cuenta además, con la participación de profesores de la Universidad de Barcelona.
¿Quiénes tienen un caso abierto en un tribunal pueden acudir al CJA? La mediación procede en cualquier momento, no es necesario que se haya iniciado un procedimiento jurisdiccional y esto, en el caso específico de la mediación en la materia civil mercantil, nos permitió con el INFONAVIT, diseñar desde 2009 un modelo para la solución de conflictos hipotecarios. El modelo se fortaleció en 2010 con el proyecto de mediación privada, con ello ha facilitado la solución de 5 mil 616 controversias entre deudores e hipotecarias, principalmente
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con ese Instituto. Esto implicó que más de 28 mil personas en la Ciudad de México recuperaron la tranquilidad al no estar en riesgo su patrimonio familiar, lo que se traduce en el logro de una paz social, siendo la mediación una expresión de la cultura de la paz. Es un modelo que se replica con éxito en otras entidades federativas y mereció, en mayo del 2011 un reconocimiento por parte de la Universidad de Barcelona y de las autoridades Catalanas como el Tribunal de Justicia y el Ministerio de Vivienda de esa autonomía. El INFONAVIT era uno de los grandes litigantes en los tribunales y les daba una carga de trabajo considerable a los juzgados; por eso el Presidente del TSJDF nos pidió detectar a los grandes litigantes para atajarlos de tal forma que no tuvieran que llegar sus conflictos a los juzgados. Le propusimos al INFONAVIT la construcción de un modelo de mediación que de prosperar, será el primero en el ámbito nacional porque en nuestro país la mediación, que todavía es nueva, es impulsada por las legislaciones locales.
¿Cuál es el marco jurídico del CJA? En particular la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del DF; la Ley de Justicia Alternativa, del TSJDF y la Ley de Justicia para Adolescentes en el DF. Ese es el marco jurídico más importante. Además de esto, el CJA tiene un reglamento interno muy moderno, adecuado obviamente a la reforma que ocurrió en el 2011. Aquí vale la pena señalar que la reforma a la Ley de Justicia Alternativa y de Justicia para Adolescentes fue posible por impulso del Presidente del TSJDF. Hay que tener en cuenta que el Tribunal es el único poder judicial en el ámbito nacional que no tiene la facultad de iniciar leyes; sin embargo no ha sido obstáculo para que proyectos legislativos, incluso a nivel de artículos constitucionales que han prosperado en reformas y leyes, hayan salido del tribunal, en donde el Presidente del Tribunal, Dr. Edgar Elias Azar ha impulsado tanto en la ALDF, como en la Cámara de Diputados y del Senado con el respaldo del Jefe de Gobierno. Además de esas leyes, nos rige una disposición muy novedosa, podría decir que única en el ámbito nacional que son las reglas del mediador privado, expedidas por el Consejo de la Judicatura. Son las que deben acatar los que aspiran a ser mediadores privados; una vez que logran su certificación y registro, deben cumplirlas para seguir ejerciendo esa función. Nosotros estamos obligados a mantener una gran calidad en el servicio y por tanto hacemos supervisiones aleatorias y llevamos un registro de las consultas a partir de cuestionarios que deben entregarles a los clientes los mediadores privados. Siempre en cualquier curso o conferencia convocamos a todos los mediadores privados a quienes realizamos una evaluación bianual al que deben someterse para, en su caso ratificar su certificación.
centro de mediación en sede judicial, es decir que formamos parte de un Poder Judicial, nuestro ámbito de competencia está relacionado directamente con la solución de conflictos legales.
¿Cómo promueven los servicios y el CJA?
¿Hay otra forma de ser mediador que nos sea privado y certificado por al CJA? La mediación a la que se refiere la Ley de Justicia Alternativa es sólo para la solución de conflictos legales. Pero por ejemplo no todos los conflictos que ocurren en la Ciudad de México son del ámbito de competencia local. En el caso de la mediación en el sentido estricto, existe la mediación comunitaria, dirigida por ejemplo, a la solución de conflictos vecinales, particularmente en privadas o sobre todo en unidades habitacionales por el uso o falta de respeto al uso de las áreas comunes. En la política que impulsa el Presidente del TSJDF, se incluye la difusión de la mediación y capacitación para formar mediadores comunitarios. Por eso, durante el cuatrienio anterior se capacitó a personal en las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, así como en la Procuraduría Social. También se impulsó un programa piloto de mediación escolar y se capacitó a personas de la comunidad de la Secundaria Núm. 1 que está en el centro de la Ciudad de México. La mediación escolar se encuentra dirigida a solucionar conflictos que se generan en las comunidades escolares entre alumnos y maestros, maestros y padres de familia; sobre todo en relación a temas dentro de la escuela; incluso puede ser una herramienta muy útil para superar el problema de la violencia escolar llamado bullying. La mediación, finalmente es una solución para todo tipo de conflictos, pero nosotros siendo un
Hay varias vías. Tenemos anuncios espectaculares en las calles, que dicen en dónde se encuentra el Centro e invitan a la ciudadanía a solucionar sus conflictos. Además damos cursos de sensibilización que se proponen a instituciones, y contamos con varios proyectos de sinergia que hemos impulsado; tenemos otros convenios que nos permiten la sensibilización del tema de la mediación, por ejemplo con la Procuraduría de Justicia del DF que ya tiene desde enero su propio centro de mediación, y con LOCATEL. Esta es una institución clave para la orientación y remisión de casos, un grupo de asesores han sido capacitados en un curso denominado ¿Qué es y para qué sirve la mediación?. También con artículos en revistas especializadas como Foro Jurídico. Esto último es muy importante porque todavía hay muchos profesionales del derecho que sin conocer en términos reales que es la mediación, la descalifican o la ven con desconfianza precisamente porque no saben qué es. La perciben como una competencia desleal cuando en realidad no es un tema que deba preocuparles porque en el DF y en otras entidades federativas el ejercicio se encuentra reservado a los abogados. En mi opinión los grandes despachos no deben ser específicamente para atender litigios. Por el contrario, tendrían que funcionar para la solución de conflictos. El abogado conoce el apremio de su cliente; cuenta con diferentes vías de acción; es indudable que muchos de ellos sólo pueden resolverse por la vía judicial, sin embargo también tienen solución con la participación del cliente y de la otra parte. En el TSJDF existen muchos juzgados que cuentan en su estructura con un conciliador, quien desafortunadamente no cumple con sus funciones. Debe consolidarse para ser una válvula de escape a las cargas de trabajo de los juzgados porque muchos de los asuntos que atienden pudieron ser solucionados con la participación de las partes, ya sea en mediación o en conciliación.
¿Qué retos enfrenta el CJA en el mediano y largo plazo? No hay que perder de vista que el TSJDF tiene, por segundo año consecutivo, un presupuesto menor al solicitado. Esto significa carecer de los recursos para los ambiciosos proyectos planteados;
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por eso, el CJDF propuso e implantó una política de generación de recursos propios; en el caso del CJA si bien su vocación nunca será la generación de recursos, tiene autorizadas algunas cuotas de recuperación y las aplica. En varios temas las tenemos, por ejemplo de los convenios que surgen de los mediadores privados; para que reúnan los requisitos que prevé la Ley de Justicia Alternativa deben ser firmados ante la fe pública del director general del Centro o de los directores de las distintas áreas. Por este servicio el tribunal les solicita una cuota de $1,500.00 por convenio. El ingreso alcanzados por el CJA por ese concepto y otros es de más de 5.5 millones de pesos. Tenemos el respaldo del Presidente del TSJDF y del Consejo de la Judicatura en el sentido de que lo generado por el CJA se devuelva para equiparnos mejor y para algunas campañas modestas de publicidad. Un reto que tiene el tribunal para este cuatrienio que empieza es la consolidación de la conciliación que se ofrece en los juzgados. El conciliador en estos momentos se encuentra desaprovechado, hay que fortalecerlo, hay que prestigiar y consolidar su ejercicio para brindar un servicio eficaz, que sea aprovechado por las partes en un juicio; todo esto puede ser sobre todo en materia familiar. Otro de los retos pendientes es la desconcentración territorial, la cual debe continuar a través de módulos de mediación para avanzar con la participación interinstitucional y de mediadores privados, de tal suerte que los servicios puedan acercarse a los usuarios en distintos puntos de la ciudad. También es necesario establecer sedes en el Reclusorio Sur y en las instalaciones de Obrero Mundial, así como la adaptación de un vehículo para operar de forma itinerante. La solución electrónica de disputas es ya una realidad en otras latitudes y su aprovechamiento conviene ser explorado en el CJA como un auxiliar, un complemento y como una opción en determinados casos que así lo permitan.
¿Cómo percibe a la sociedad mexicana en temas como conciliación y mediación? La sociedad está dispuesta. Uno de los grandes difusores de la mediación en la Ciudad de México es la satisfacción que se llevan las personas cuando solucionan sus conflictos con nosotros. De tal forma que al platicar esa experiencia con otros conocidos o familiares nos promueven de manera muy eficaz. También participamos en todas las oportunidades que nos brindan en conferencias, mesas redondas, entrevistas y programas de radio. Toda posibilidad que nos brindan para difundir lo que hacemos, en beneficio de la ciudad, la aprovechamos.
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Poco a poco las personas entienden que aquí pueden solucionar sus problemas en materia civil, y mercantil con temas como falta de cumplimiento de pagos por deudas de pagarés, créditos, trabajos defectuosos o de arrendamiento. En materia familiar se apoya en herencias, sucesiones, a las parejas que inician el proceso de divorcio, en ámbitos como alimentos etc. En materia penal todos los delitos no graves, los que se siguen de querella, pueden ser mediables y el resultado puede ser el otorgamiento del perdón de la parte afectada a la víctima, lo cual ahorra tiempo y desgaste porque se realiza en el marco de la justicia restaurativa, con lo que la víctima no solamente queda resarcida por la reparación del daño, sino emocional y psicológicamente queda tranquila. Los delitos que se siguen de oficio, aunque no sean graves, no son negociables, porque ahí el Ministerio Público debe darle un seguimiento hasta que haya una sentencia.
¿Cuáles son sus objetivos al frente del CJA? En este momento somos 47 servidores, de los cuales 18 son mediadores públicos, más 7 habilitados; es una institución esbelta. El tribunal no se detendrá en la expansión del servicio de mediación en razón de la poca capacidad presupuestaria para financiar nuestros proyectos con dinero fiscal. Debemos consolidar lo que hacemos. En el Centro, contamos con mediadores de primer nivel; quienes se encuentran aquí ganaron un concurso, son permanentemente capacitados y evaluados; son ratificados bianualmente por el Consejo de la Judicatura, así como los mediadores privados pueden renovar su certificación cada 2 años.
SEMBLANZA Pascual Hernández Mergoldd Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en gestión de conflictos y mediación, por la Universidad de Barcelona. Consejero Agrario, Jefe de Acuerdos Presidenciales de Secretaría de la Reforma Agraria. Director de Legislación de la Secretaría de Salud. Secretario de Desarrollo Social en Guerrero. Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Veracruz. Ha sido asesor externo de gobiernos estatales, de ayuntamientos y de empresas. Autor de los libros Evolución Histórica de la Administración Pública Agraria y Nuevo Derecho Guerrerense y de artículos de contenido político, jurídico y administrativo. Ha sido catedrático de diversas universidades. Vicerrector de la Universidad Americana de Acapulco. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura me designó a propuesta del Presidente; el cargo del Director del CJA tiene una vigencia de 4 años, el 30 de septiembre de este año termina el periodo para el cual fui propuesto y la ley prevé la ratificación por otro periodo. Aspiro a que el Consejo de la Judicatura y, desde luego el Presidente del Tribunal, consideren que tengo los méritos propios y los resultados satisfactorios para ser ratificado para otros 4 años. Es un trabajo muy apasionante, muy interesante y sobre todo porque ya palpamos el beneficio hacia la ciudad. La mediación contribuye a dar certeza legal a la gran inversión, tema que se ha difundido entre los inversionistas que ven a la capital de México como una opción segura desde el punto de vista legal, porque aquí si no funciona algo a través de un convenio derivado de la mediación se puede hacer valer el cierre del negocio y salva el capital.
¿Cuál es la diferencia entre mediación, conciliación y arbitraje? Las formas de justicia alternativa son las siguientes: Negociación: es uno de los mecanismos más socorridos en la vida cotidiana de las personas; puede ser eficaz en la
medida en que se esté entre pares. Por ejemplo si voy a negociar con una corporación que es dueña de edificios en donde rento el departamento, la equidad es difícil hacerla valer. Puede celebrarse un convenio pero tal vez una de las partes pierde más. Cuando es entre pares puede ser de utilidad porque se soluciona un conflicto.
Conciliación: es una negociación asistida por un profesional capacitado que tiene la facultad de sugerir soluciones de resolución el conflicto a las partes. Un posible defecto de un convenio derivado de una conciliación es que una de las partes dijera “sí lo acepte pero no era lo que quería, yo no lo propuse”. Pero al estar firmado es ya, un compromiso legal. Mediación: es una negociación asistida por un profesional capacitado para ello, que propicia la equidad entre las partes y ayuda a construir la mejor opción; no sugiere soluciones y es neutral e imparcial. Existe un trato equitativo y parcial. En la conciliación el profesional que facilita la comunicación sugiere soluciones, en la mediación no. Arbitraje: en este mecanismo, el que toma la decisión es un tercero que si bien es designado por las partes, es como un juez que decide quién tiene la razón y quién no. Lo que emite es un laudo, una especie de sentencia que debe cumplirse. El CJA que me honro en dirigir en este momento está abocado únicamente a la mediación, sin embargo en este cuatrienio seguramente ampliará su ámbito de competencia para relacionarse con los conciliadores que están en los juzgados con el único propósito de fortalecer la conciliación y consolidar ese mecanismo de solución de conflictos K
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APRUEBAN LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO K Lic. Jackeline Huerta Estefan*
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uestro país dio un paso importante hacia una cultura del medio ambiente y se convirtió además en un ejemplo a seguir en la mayoría de los países de América Latina. Con la aprobación de la Ley General de Cambio Climático, se busca garantizar en México el derecho a un ambiente sano, regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos de este fenómeno. Es así que México se convierte en una de las naciones que cuenta con legislación sobre el tema. Organismos ambientalistas se congratularon por la decisión ya que es una muestra del compromiso nacional para hacer frente a un problema que es mundial. El proyecto de ley partió de un diagnóstico nacional en la materia y de la identificación de los sectores que generan la mayor emisión de Compuestos de Efecto Invernadero (CEI) y que, por lo tanto, tienen el mayor potencial de reducción, y propone las acciones de menor costo, logrando al mismo tiempo beneficios sociales, ambientales y económicos. Presenta las acciones de adaptación que el país requiere con urgencia para hacer frente a los efectos del cambio climático, buscando la concordancia de medidas que logren al mismo tiempo la mitigación y la adaptación. Se prevé la posibilidad de reducir las emisiones de CEI a través de diferentes instrumentos como son: a) la intervención a través del sistema de precios (impuestos, subsidios, mercados y otros incentivos); b) las limitaciones cuantitativas de CEI a través de la regulación; c) los contratos con particulares, en especial con los propietarios de tierras forestales, para establecer sistemas de pago de servicios ambientales y; d) la asignación de presupuestos del Estado para regímenes de incentivo o fomento, proyectos o programas de infraestructuras, equipamientos y tecnologías. Busca, además, orientar y promover normas, políticas y programas cuyo objetivo sea vencer las barreras de tipo regulatorio, institucional y de desarrollo de mercados para favorecer la adopción en gran escala de una economía de bajas emisiones. La nueva ley establece la concurrencia de facultades entre la Federación, estados y municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación y mitigación de dicho fenómeno.
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Entre los aportes que brinda la nueva ley se encuentra la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como un organismo público descentralizado; sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sustituirá al actual Instituto Nacional de Ecología, sin que esto implique afectar las tareas que realiza y en respeto de los derechos de los trabajadores que en él laboran, sin representar cargas presupuestales adicionales. Las atribuciones que tendrá el instituto serán realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el
desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados a este fenómeno y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo. Asimismo, desarrollar, promover y coordinar la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de cambio climático, incluyendo los siguientes temas: a) mitigación de emisiones de CEI; b) adaptación al cambio climático en el país; c) conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales; d) investigación sobre transporte eficiente y sustentable público y privado y e) diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, vinculados a la política nacional de cambio climático. Por si fuera poco, el INECC será el encargado de integrar la información para elaborar las Comunicaciones Nacionales que presente México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Prevé un fondo para captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales destinados a enfrentar este problema; además, contempla una Comisión Intersecretarial, un Consejo y un Sistema de Información para que coadyuven en el cumplimiento de este propósito.
Climático (IPCC) del 2007, las emisiones de CO2, junto con las de otros gases que también absorben y remiten radiación infrarroja se incrementaron en un 70% durante el periodo 1970-2004. El mismo informe alerta que a mayor emisión de esos gases, mayor será su concentración en la atmósfera y por ende, mayor la posibilidad de que la temperatura media del planeta aumente. La rapidez con que se ha incrementado la concentración de CO2 durante los últimos años es alarmante si consideramos que en el año 2005 ésta fue de 379 partes por millón (PPM) y que al 31 de marzo del año 2011 alcanzó 392.40 PPM. De continuar esta tendencia, los expertos prevén el aumento de la temperatura media del planeta mayor a los 2ºC, además de una serie de cambios en los sistemas climático, natural y humano. La comunidad científica ha establecido el umbral de 2ºC como máximo deseable en el incremento de la temperatura media global ya que, si se rebasa esa frontera, se podría entrar en una fase denominada de Cambio Climático Peligroso en la que las proyecciones de cualquier escenario no podrán prever los impactos con un grado de certidumbre aceptable. Con objeto de evitar dicho incremento en la temperatura mundial, el IPCC recomendó a la comunidad internacional estabilizar las concentraciones de CEI en un rango de 450–550 PPM. Para ello, hacia el año 2020 los países desarrollados deberán reducir sus emisiones en un márgen de entre 10% y 40% por debajo de los niveles de emisión registrados en 1990, además de que para el año 2050 el márgen de reducción esperado para ese grupo de países deberá ser entre 40% y 95%. Por su parte, los países en desarrollo tendrán que desviar la tendencia de incremento de sus emisiones de CEI hacia el año 2020 creando planes de crecimiento económico de bajas emisiones de carbono.
De no implementar medidas
La urgencia de que México contara con esta ley es coadyuvar, en alguna forma, a la disminución del elevado consumo de combustibles fósiles. De no implementar medidas que reduzcan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), implicará un costo aproximado del 6.2% del PIB en el 2100, equivalente a más de 814 mil MDP. De hecho, de julio de 2010 al mismo mes de 2011, se llevaron a cabo 43 mil 355 acciones de restauración en 570 municipios con un monto cercano a los 30 mil MDP. Por eso, el nuevo ordenamiento establece la concurrencia de facultades entre la federación, estados y municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación y mitigación de dicho fenómeno.
que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, implicará un costo aproximado del 6.2% del PIB.
Basta recordar que la comunidad internacional estableció la meta de reducir las emisiones de GEI para limitar el calentamiento global. Al ser uno de los problemas ambientales, económicos y sociales más graves del siglo XXI y uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, el cambio climático debe abordarse de manera integral, con medidas que respondan a la magnitud de los desafíos que representa a través de instrumentos que propicien gobernanza global y local adecuadas. En México el problema merece una atención especial; por lo cual las soluciones deben ser compatibles con el crecimiento económico, la generación de empleo y el combate a la pobreza.
México ha presentado 3 Comunicaciones Nacionales ante los mecanismos internacionales relativos al cambio climático y actualizado otras tantas ocasiones su Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI). En el 2005 creó una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para la implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y desarrolló un programa especial en la materia. Sin embargo, estas acciones carecían de un marco legal que les dé obligatoriedad por lo que resulta necesario desarrollar los ordenamientos jurídicos que garanticen su permanencia así como la construcción de políticas públicas para enfrentar con éxito los retos monumentales que el cambio climático y sus efectos adversos representan K
De acuerdo con los resultados del cuarto informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
*Presidenta de Esencia Ciudadana, A.C.
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ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A JOSÉ NARRO ROBLES, MARGARITA LUNA RAMOS Y SERGIO GARCÍA RAMÍREZ K Marco A. Ríos
El pasado mes de marzo, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. llevó a cabo su ceremonia anual de entrega de premios y reconocimientos a destacadas mujeres y hombres de la vida pública y privada que se han distinguido por su valiosa contribución al fortalecimiento de la vida republicana.
Mexicana. Esto se ha reflejado en la pérdida de soberanía y de presencia del Estado en amplias zonas del país, lo que ha provocado un inquietante debilitamiento de la instituciones de la República y del Estado de Derecho, que se traducen en un reclamo de más y mejor justicia por parte de la ciudadanía y en la búsqueda de espacios políticos para los ciudadanos en los órganos del poder. Por ejemplo, aseveró, “hoy vemos la inconformidad ante el IFE de mujeres, de líderes sociales, que no son consideradas por los partidos políticos en la listas de candidatas a puestos de elección popular, al no respetar las cuotas de equidad de género marcadas en el COFIPE. Los dirigentes partidistas no sólo están incumpliendo con la ley, sino con las mujeres, ahondando la brecha que existe entre sociedad y partidos políticos”.
E
n esta ocasión el Consejo Directivo decidió otorgar sus premios a 3 valiosos mexicanos: al Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, la presea por la Excelencia Académica, a la Dra. Margarita Luna Ramos, Ministra de la SCJN, la presea por la Excelencia Judicial y al Dr. Sergio García Ramírez, Consejero del IFE, la presea Por la Defensa del Estado de Derecho, al considerar que se trata de personas excepcionales que han dado y seguirán dando a la sociedad mexicana lo mejor de su ser y de su saber. Durante la ceremonia, el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la ANDD, señaló que desde su fundación en 1980, la Asociación ha contribuido al análisis de fenómenos jurídicos relevantes en todos los ámbitos del quehacer humano, ofreciendo propuestas de solución a problemas que aquejan a la sociedad. Hoy, apuntó, los mexicanos, estamos viviendo una de las situaciones más difíciles de los últimos tiempos, con un alarmante incremento del desempleo, la inseguridad, la impunidad y particularmente la violencia, fenómeno que no habíamos experimentado desde la Revolución
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Elías Huerta Psihas, Presidente de la ANDD impone la medalla “Excelencia Académica” al Rector José Narro Robles
La Dra. Margarita Luna Ramos recibe la medalla “Excelencia Judicial” Denunció igualmente Huerta Psihas la reiterada práctica ilegal del espionaje telefónico, que se ha convertido en un hecho que las autoridades ven como normal en épocas electorales, advirtió que esta acción es violatoria de derechos humanos y contribuye a la guerra sucia en la política, por eso, exhortó a la titular de la PGR a que realicen con seriedad e imparcialidad las investigaciones ministeriales de los casos denunciados y se castigue a los responsables, ya que éstas invariablemente son archivadas. Invitó a los legisladores a revisar la ley penal y tipificar como delito grave esta conducta antisocial y que se sancióne con rigor, dejando de ser ésta otra isla de impunidad, pidiendo a los actores políticos se conduzcan con apego a la ética y a la legalidad en el actual proceso electoral. “La sociedad ya esta cansada de escuchar insultos y descalificaciones en las campañas en lugar de propuestas de solución a los graves problemas que nos aquejan,” aseguró.
federal, lo que sí vemos es cómo prolifera la impunidad en este tipo de delitos.” Se pronunció también por lo urgente que resulta concretar la autonomía del Ministerio Público.
En el ámbito de la inseguridad, Elías Huerta afirmó que ha llegado el momento de robustecer con seriedad a las instituciones de procuración e impartición de justicia con nuevas figuras que fortalezcan al Estado de Derecho. Una de ellas, propuso, es la creación de una Fiscalía AntiDelincuencia Organizada, orientada hacia una investigación eficaz y efectiva de los miembros del crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades, con una política de investigación profunda que indague operaciones financieras y lavado de activos para detener a los verdaderos grupos delincuenciales y también para concretar una real extinción de dominio de los inmensos recursos ilícitos que se obtienen por esta actividad. “Esperemos que la recién aprobada reforma que amplía los alcances de esta figura, cumpla con el objetivo que está fijado en la Constitución y en la ley. Han pasado casi 3 años desde que se aprobó la ley federal y no hemos visto un solo caso relevante de extinción de dominio en el ámbito
Premio Excelencia Judicial a la Dra. Margarita Luna Ramos: por sus relevantes acciones como Ministra de la SCJN, salvaguardando nuestro régimen constitucional en beneficio de la sociedad mexicana.
Concluyó su participación señalando que en la situación que estamos viviendo, con el ejemplo que diariamente nos dan personas como las homenajeadas, los mexicanos tenemos el ánimo, la esperanza y la confianza de que es posible remontar los graves problemas que nos aquejan y conducir a México a mejor puerto en el mediano plazo. El reto, apuntó, es alcanzar un país más democrático y justo, en el que la educación sea el pilar de su progreso, de su desarrollo y del mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus habitantes. Por último, explicó los motivos que llevaron al Consejo de la ANDD a distinguir a cada uno de los homenajeados:
Premio Excelencia Académica al Dr. José Narro Robles: por sus relevantes acciones orientadas al fortalecimiento del nivel académico de la UNAM, la investigación científica y la aportación de soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Premio Por la Defensa del Estado de Derecho al Dr. Sergio García Ramírez: por sus relevantes acciones como jurista y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a la salvaguarda del régimen constitucional y la defensa de nuestro Estado de Derecho.
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Es momento de robustecer a las instituciones de procuración e impartición de justicia con nuevas figuras que fortalezcan al Estado de Derecho. EL PODER JUDICIAL FEDERALCONTRIBUYE A PRESERVAR LA CONVIVENCIA SOCIAL PACÍFICA Y ARMÓNICA En su mensaje la Ministra Margarita Luna Ramos destacó el trabajo profesional que realizan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para mantener una convivencia sana y pacífica en la sociedad. Apuntó que la SCJN lucha por desterrar la improvisación y falta de capacidad profesional, acciones que permiten gozar de un prestigio y un reconocimiento institucional basado en la independencia y la autonomía, las cuales quedan plasmadas en resoluciones trascendentales para la vida nacional.“La labor del PJF pretende aportar su esfuerzo para la preservación de las condiciones de convivencia social pacífica y armónica, que deben prevalecer en un Estado democrático de Derecho.” La democracia, apuntó, debe entenderse como lo plasma el artículo 3º Constitucional, como una estructura jurídica y un régimen político, pero además, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, como un valor fundamental e indispensable del Estado Constitucional de Derecho; es una forma de vida, es un hacer cotidiano que involucra a todos los miembros de una sociedad, que implica la apertura de nuevos senderos que conduzcan a la paz y la prosperidad, no al desorden y al caos. “La democracia es actuación, es imaginación, es responsabilidad, es construir nuestra historia.” En este escenario subrayó, el papel del PJF cobra primordial importancia, pues la actuación que la sociedad le demanda depende del eficiente y eficaz desempeño de sus juzgadores; por eso, la aplicación del derecho es el mejor y más acertado método de acceso a la justicia; su proclamación recta y responsable, la única forma de garantizar el bien común.
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La Dra. Luna Ramos enfatizó que el sentimiento de orgullo y pertenencia al Poder Judicial, debe verse reflejado en el excelente desempeño de la función jurisdiccional. Esto no significa, advirtió, que la búsqueda de la excelencia sea terreno fértil para la soberbia y la arbitrariedad. “En esta función de juzgar, la vanidad y el temor son dos instrumentos que disfrazados y sigilosos perturban la ecuanimidad. El temor es también factor utilizado para docilitar nuestra profesión. Por ello es indispensable que en el dictado de cada sentencia, no se permita la influencia del fino soborno, de la lisonja y el elogio o la encubierta amenaza del improperio público”. Para ser juez, dijo, es importante hacer de la independencia de criterio la base de la dignidad personal y profesional. Un cimiento fundamental de esta cualidad intrínseca, explicó, es la inamovilidad que lo desvincula de influencias internas y externas que garantizan el fortalecimiento de su recta voluntad. “El vocablo imparcialidad es sinónimo de neutralidad.” La confiabilidad en las decisiones va de la mano del conocimiento del expediente, del entendimiento del problema jurídico y del estudio de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Por eso, es importante no perder la capacidad de asombro en cada uno de los asuntos sometidos a consideración de los impartidores de justicia, pues la rutina en vez de permitir la perfección de la experiencia, se convierte en el letargo del pensamiento. Ejemplificó el actuar de los jueces con una cita de Calamandrei, en su obra El Elogio de los Jueces: “El juez que se habitúa a hacer justicia es como el sacerdote que se habitúa a decir misa. Feliz ese anciano párroco del pueblo que hasta el último día siente, al acercase al altar, la sagrada turbación que experimentó siendo sacerdote novel en su primera misa; feliz el Magistrado que, hasta el día que precede a su jubilación experimenta, al juzgar, el sentimiento casi religioso de consternación que lo hizo estremecerse 50 años atrás, cuando, en su primer nombramiento de pretor, hubo de pronunciar su primera sentencia”.
En nombre del Dr. Sergio García Ramírez recibió el premio su esposa Carmen Valles Sentíes
que fue objeto y reiteró: “Es el mejor voto de confianza que puedo recibir de una asociación de profesionales del Derecho y de la Academia, el que más conforta y estimula a mi solitario corazón de juzgadora que en la resolución de los asuntos late con inquietud bajo mi toga.”
LA UNAM ESTÁ COMPROMETIDA CON LAS MEJORES CAUSAS DEL PAÍS
La recien designada Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM Dra. María Leoba Castañeda Rivas con el homenajeado
En el marco de esta descripción sobre los jueces, la Ministra destacó uno de los elementos claves dentro de su profesión: la imparcialidad; sinónimo, dijo, de neutralidad, raíz que significa “ni lo uno ni lo otro”. Al formar parte de un cuerpo colegiado, abundó la Dra. Luna Ramos, el juzgador entiende la enorme ventaja de la responsabilidad compartida: la opinión, el conocimiento y la experiencia de los compañeros de tribunal, a diferencia de quienes, como juzgadores individuales, enfrentan la interpretación de la norma en impresionante soledad y en el diálogo inevitable con su conciencia. “El conocimiento jurídico está sujeto a la prueba de contraste con las opiniones de los demás. La divergencia de criterios forma el carácter de sus integrantes, quienes buscan la convivencia sana y respetuosa.” La prudencia, afirmó, es una sabia virtud a cultivar en un tribunal colegiado, como lo es la SCJN.
Por su parte el rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, señaló que la distinción que le hizo la ANDD está dirigida más a la Máxima Casa de estudios que a él como persona. “Lo hago con una enorme convicción de que se trata de una más de las distinciones a una casa de estudio comprometida con las mejores causas del país.” Centró su discurso sobre 3 temas torales para la sociedad: la comunidad universitaria, el ámbito del derecho y los esfuerzos que la Universidad realiza para dar cabida a los miles de jóvenes que buscan un espacio para salir adelante. Refiriéndose a la recién nombrada Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Dra. María Leoba Castañeda, comentó los motivos que lo impulsaron a proponer a la Junta de Gobierno una terna con 3 mujeres. Soy un convencido de la necesidad de avanzar en materia de equidad de género, dijo, lo cual no significa un demérito en la calidad académica. “Así lo expresé frente a quienes integraron la terna para dirigir la Facultad de Derecho, lo sabe la Dra. Leoba Castañeda quien cuenta con todos los méritos para dirigir el trabajo académico de la Facultad.” Es el momento histórico para que una mujer tome el cargo. Hace 461 años se fundó la UNAM y han pasado 459 años desde el inicio de la cátedra de Derecho, – tiempo en el cual siempre estuvo
La tarea de impartir justicia, profundizó, es una de las más nobles y elevadas que puede encomendarse a un ser humano. Para expresarlo con mayor claridad citó a André Comte, quien en su momento aseveró: “La justicia no es una virtud como las demás, es el horizonte de todas y la ley de su coexistencia… Todo valor la supone, toda humanidad la requiere”. De esta forma, la Ministra Margarita Luna Ramos aseguró que su única pretensión al término de su gestión es retirarse con la serena quietud de una mujer que ha cumplido su misión, dejando como huella una actuación responsable y honesta. “La preocupación perenne en mi actuación cotidiana es lograr que jamás se arrepientan quienes, como ustedes, hoy me han dado su voto de confianza, han creído en mi. Tengo la convicción que pocos actos en la vida revisten tanta trascendencia para una persona, como el ser reconocida, pues ello implica un gesto de nobleza de quienes generosamente lo obsequian, y obliga a la reciprocidad de honrar tal distinción a quien lo recibe.” Culminó Margarita Luna Ramos con un agradecimiento al Presidente de la ANDD y a sus integrantes por la deferencia
Miguel Alessio Robles Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal con la Dra. Margarita Luna Ramos
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Asociación Nacional de Colegio de Profe
Estuvieron en el Presidium:
José R. Narro Robles, Margarita B. Luna Ramos, Elías Huerta Psihas, Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Ricardo Franco Guzm Castañeda Rivas, Directora de Facultad de Derecho de la UNAM, Mario Magallón Ibarra y Elvia Arcelia Quintana Adriano, Maestros Eméritos de la UNAM, C del TSJDF, David Vega Vera, Contralor Mayor de la ALDF, Luis Fernández Doblado, Ministro en Retiro de la SCJN, Mgdo. José G. Carrera Domínguez, Mgdo. Colegio de Abogados de México y Luis Madrigal Pereyra, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 36 FORO JURÍDICO
e Doctores en Derecho, esionistas A. C.
mán, Mgda. Yasmin Esquivel Mossa, Presidenta del TCADF, Eduardo Andrade Sánchez, Presidente del Congreso de Veracruz, Mireille Roccatti, María Leoba Cesar Jáuregui Robles y Jorge Moreno Collado, Consejeros del CJF, Mgdo. Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente del TFJFA, Mgdo. Juan Lara Domínguez . Rodolfo Campos Montejo, Presidente del TSJ de Tabasco, Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, Jesús Cortazar Murphy, Presidente del
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un hombre al frente –. Incluso, el Rector Narro se dio el tiempo para bromear: “Esperemos que no sean injustas las mujeres y que no pasen 459 años para que otro varón pueda dirigir esa Facultad”; pero aseveró, “en todo caso que siempre sean los méritos académicos los que determinen la configuración de la terna.” Afirmó el Dr. Narro que uno de los aspectos más delicados e importantes de un rector es observar lo que sucede en las comunidades académicas, hablar y platicar con los miembros de esas agrupaciones, revisar y recoger inquietudes de profesores, investigadores, técnicos académicos, estudiantes y trabajadores y tratar de contribuir al desarrollo de las entidades que integran a la Universidad. Al final del día, la UNAM es lo que esas entidades representan, hacen y aportan para el bien de la sociedad mexicana. Expresó que México necesita vivir a plenitud un Estado de Derecho, en donde no basta con tener más leyes, pero sí cumplirlas con toda oportunidad. Las leyes reglamentarias no tienen porque ser apuntes aspiracionales; en la Constitución, aseveró, se encuentran derechos sociales que al no cumplirse, impiden transformar la realidad social. “En la Constitución y las leyes que de ella emanan, se encuentran derechos que no tienen plena vigencia en nuestra realidad: hemos de comprometernos todos, en
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Jorge Meza Pérez
ivel Mossa Yasmin Esqu
hacer realidad ese Estado de Derecho y darle pleno vigor a los derechos que ahí se consagran. Tenemos que afrontar la responsabilidad que nos corresponde.”
LA UNAM DA RESPUESTA, PROPONE, DIAGNOSTICA, ANALIZA Y TRABAJA A FAVOR DE MÉXICO Destacó Narro Robles que la UNAM tiene una gran responsabilidad en la formación de recursos humanos, en la investigación sobre temas y asuntos para sociedad; por eso, se hace un gran esfuerzo para extender los beneficios del trabajo universitario. “Quiero comprometer a nuestra casa, a nuestra comunidad a seguir perseverando en esa única dirección: cumplir con lo que la ley orgánica le mandata y alcanzar al mayor número de mexicanos.” Al respecto, recordó que durante la última década la Máxima Casa de Estudios incrementó la matrícula universitaria de 269 mil en 1999, a 323 mil en 2012. Ese, dijo, es el trayecto de la Universidad; dar respuesta, proponer, diagnosticar, analizar y trabajar a favor de México. “Con esa importante tarea encargada por la Junta de Gobierno y por nuestra comunidad, concluyo diciendo que me siento honrado. Espero con mi trabajo y con resultados, hacer posible que este reconocimiento que hoy me otorgan sea verdaderamente merecedor para un servidor.”
Durante la ceremonia recibieron su diploma de ingreso a la ANDD: Mgda. Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F.
Patricia Olamendi Torres
Jorge Moreno Collado, Consejero de la Judicatura Federal. Eduardo Luis Feher, Presidente del Tribunal Universitario. Mgdo. Rodolfo Campos Montejo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Mgdo. Dr. Jorge Meza Pérez, Magistrado de Circuito en Nuevo León. Patricia Olamendi Torres, ex Subsecretaria de la SRE.
o z del Mercad e u q z á V r ca s O
Debido a que el Dr. Sergio García Ramírez no pudo asistir a la ceremonia de premiación por encontrase participando en una sesión extraordinaria del IFE, su reconocimiento y la presea correspondiente le fueron entregados a su esposa la Sra. Carmen Valles Sentíes de García Ramírez, quien agradeció en su nombre a la ANDD la distinción K
Oscar Vázquez del Mercado Cordero, ex Secretario General de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eugenia Paola Carmona Díaz de León, Investigadora de la UNAM. Tito Armando Granados Carrión, Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Los doctores Walter Arellano Hobelsberger, Miguel Ángel Borja Tovar y Luis Madrigal Pereyra con la homenajeada
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Mgdo. Juan Lara Domínguez, Ministro Luis Fernandez Doblado, Sergio Casanueva Reguart, Jorge M. Magallon Ibarra y Francisco Bravo Ramírez
Miguel Ángel Garita Alonso, David Vega Vera y Mireille Roccatti
Reyna Bris Franco, Arcelia Quintana Adriano y José G. Carrera Domínguez flnaqueando al Rector de la UNAM
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Vista general de los asistentes a la Ceremonia de Premiación
Al final de la Ceremonia se entonó, junto con el Rector de la UNAM, el tradicional “Goya”
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LAVADO DE DINERO Y FUGA DE CAPITALES: EL JUGOSO FESTÍN DE LA INEPTITUD Y LA CORRUPCIÓN
LOS SALDOS DEL RÉGIMEN DE FELIPE CALDERÓN Tercera Parte K Dr. Pedro José Peñaloza*
El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Mark Twain
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El Plan Mérida
y el Lavado de Dinero
E
l Plan Mérida fue compromiso del gobierno estadounidense con México que incluyó la entrega de equipo aéreo y maquinaria de inspección consistente en unidades de rayos gamma y X para la detección de drogas, explosivos y armas para ser utilizados en aeropuertos, centros de migración y aduanas. Asimismo, el financiamiento para un nuevo reclusorio federal de máxima seguridad en México y asistencia técnica de Estados Unidos en materia penitenciaria; también la entrega de software para controlar la migración y el intercambio de información bilateral para el rastreo de lavado de dinero. El paquete económico completo era de mil 400 millones de dólares (mdd), que serían repartidos periódicamente y, por supuesto, monitoreados por los vecinos del norte. Se trataba de un gesto simbólico del gobierno estadounidense, visto como exageradamente positivo por los círculos oficiales mexicanos, puesto que si bien es cierto que esta cifra puede ayudar en algunos renglones de la estrategia antinarcóticos, es poco representativa para el volumen de asignaturas pendientes insertas en la vasta galaxia del crimen organizado. Poco se dijo del blanqueo del dinero de los narcotraficantes realizado a través de las instituciones financieras, incluidos centros cambiarios que facilitan las operaciones.
2008, un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, luego de que en 2007 elaboró mil 478 de estos documentos. Como si el lavado de dinero prácticamente hubiera desaparecido del sistema financiero mexicano, la UIF tuvo conocimiento durante los primeros 6 meses de este año de 33 “reportes de operaciones preocupantes”, apenas 13.2% de las 250 formuladas durante 2007. Según la definición oficial, la categoría de “operaciones preocupantes” son aquellas en las que se detectan actividades, conductas o comportamientos que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas, en las que participan directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras. Como es evidente, el dinero de la delincuencia organizada no andaba viajando en maletas por todo el país. Las arterias del sistema financiero garantizan su movilidad. Así, la llamada Iniciativa Mérida se traducía como una pequeña ayuda que se orienta sólo a cubrir el expediente de la “cooperación internacional”. Además, esta simbólica ayuda era también incapaz de hacer frente a la expansión de los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, sobre todo si nos atenemos a la limitada acción que realizan las autoridades estadounidenses para combatir a los grupos delincuenciales domésticos. Se acepta que las bandas mexicanas son la principal amenaza relacionada con el tráfico para Estados Unidos, pero poco se hace. Es más, se sabía que “las organizaciones mexicanas del narcotráfico tenían redes de distribución que provenían de drogas a distribuidores en al menos 230 ciudades de Estados Unidos”. 2 La DEA tenía conocimiento de que en la Unión Americana hay 49 centros de operación para distribuir cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas, todas ellas bajo el control de integrantes de distintos cárteles mexicanos, que se disputan entre ellos mismos, y con sus socios sudamericanos, el mercado más grande del continente americano.
La Casa Blanca no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del narco.
Según el reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, del Departamento de Estado de EU, “al menos 22 mil mdd, producto de las ganancias generadas por la venta de droga en Estados Unidos traficada desde México, fueron repatriados desde aquel país de 2003 a la fecha. Por supuesto, como en otras investigaciones, la cantidad no considera al secuestro, ni al tráfico de armas ni de personas.” 1 Los datos de la misma fuente confirmaban que, el movimiento de esas ganancias por organizaciones delictivas que operan desde México, se realizó al amparo de un sofisticado sistema financiero y de controles relativamente débiles, que facilitaban: “el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga en México”; y se considera que la economía informal, con una dimensión de 20 a 40% del PIB, “es mucho menos significativa en cuanto al blanqueo del dinero”. Una muestra del vacío sospechoso que se desarrollaba en los circuitos financieros nacionales eran los informes oficiales del propio gobierno mexicano, en donde se revelaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no presentó, en el primer semestre de
Sólo en el actual sexenio, con todo y guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, se tienen identificados recursos por 31 mil 325 mdd, que se presupone tienen su origen en actividades ilícitas. Esa cifra representa un incremento del 105.8%, respecto del dinero blanqueado en la economía nacional durante el sexenio foxista, cuando se contabilizaron 15 mil 219 mdd, según indican los datos sobre la contabilidad de recursos que se mueven en
1
La Jornada, 12 de agosto de 2008.
2
Milenio, 16 de noviembre de 2008.
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México y que realiza trimestralmente el banco central. De hecho, fue en el trimestre octubre-diciembre de 2010, el cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando se registró el mayor monto de recursos lavados por la delincuencia organizada en el mercado nacional para un periodo similar desde que el Banco de México comenzó a dar seguimiento a este flujo de dinero: 6 mil 881.5 mdd. Entre enero y septiembre de 2011, se habrían manejado un total de 2 mil 693 mdd, que representan un abatimiento de la actividad de blanqueo por parte de los delincuentes si se comparan con los 5 mil 300 millones de igual periodo de 2010. Pero, también, habría que tomar en cuenta que fue, durante los últimos 3 meses del año pasado, cuando se movió el mayor monto trimestral en la historia del país, por 6 mil 881.5 mdd, para hacer un total de casi 12 mil 181.5 mdd de manera anualizada. Esta última cifra es, aún mayor, que los 10 mil mdd anuales en que cálculos oficiales sitúan el lavado de dinero en México.3 Las denuncias que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre operaciones que pudieran relacionarse con lavado de dinero son pocas respecto al número de instituciones financieras del país. Como ejemplo de la tibia acción para enfrentar este fenómeno, las cifras oficiales son ilustrativas: En 2005, sólo se presentaron 60 denuncias; En 2006, 53; En 2007, 25; En 2008, 38;
y propuestas Legislativas, se calcula que en el país se “lavan” aproximadamente 25 mil mdd cada año.6
Fuga Inmune e Impune La salida acumulada de capitales de México, mediante la venta de acciones e inversión directa de empresas y personas físicas destinadas al extranjero alcanzó la cifra de 15 mil 301 mdd. En tanto que la fuga de capitales de México, en el periodo eneroseptiembre de 2011, fue superior en 14% a la inversión extranjera directa captada por el país en el mismo lapso, que totalizó 13 mil 430 mdd. Por su parte, la salida de recursos invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó la cantidad de 3 mil 739 mdd, que se compara, muy desfavorablemente, con la entrada de capitales por 488 mdd registrada en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, la inversión directa al exterior realizada por personas y empresas mexicanas sumó, al cierre del tercer trimestre del año, 7 mil 27 mdd, mientras que en otros instrumentos y cuentas también salieron del país 4 mil 535 mdd.7 De manera concluyente, la administración calderonista mantuvo una política que osciló entre la ineptitud, la negligencia y, quizá, la complicidad. Durante los últimos cinco años, salieron de la economía mexicana unos 47 mil 312 mdd por conductos no identificados por el sistema financiero nacional, pero que el Banco de México detectó a través de las diferencias entre las cuentas de ingresos y egresos de divisas con las que elabora la balanza de pagos del país.8 Es más, desde el primer año de gobierno del PAN, la balanza de pagos detectó envíos al exterior menores a 3 mil 800 mdd al año, hasta sumar alrededor de 18 mil 930 millones de 2001 a 2005.9
En 2009, 43;
Capital Especulativo:
En 2010, 52 y En 2011, en el mes de diciembre, se tenían registrado 32 denuncias.4 Hay un rezago en los programas del gobierno federal para combatir el lavado de dinero, ya que, al primer semestre de 2009, sólo 25 personas habían sido condenadas por jueces por esa actividad desde 1989, cuando se criminalizó esa actividad; ello a pesar de que se estima que 20% de los depósitos e inversiones en México provienen del “dinero sucio”. Por otro lado, entre diciembre de 2006 y octubre de 2008 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) apenas impuso 163 sanciones firmes por sólo 6 millones 36 mil 479 pesos contra 71 bancos, oficinas de representación, sociedades financieras de objeto limitado e inmobiliarias que violaron la Ley de Instituciones Financieras.5 Las infracciones se derivaron de 50 tipos de violaciones a la ley, entre las que se encuentran las relacionadas con el artículo 115, que previene el delito de lavado de dinero. Según el informe de la Cámara de Diputados El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal
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Como Día de Campo
Seis de cada 10 dólares que ingresaron al país vía inversión extranjera durante los primeros 9 meses de 2011, fueron capitales especulativos y con poco impacto para la economía del país. De acuerdo con el reporte de balanza de pagos al tercer trimestre de 2011, de los 33 mil 795 mdd que entraron a México por inversión extranjera, 20 mil 365 millones fueron de cartera, es decir, el 60% del total.
3
Informes del Banco de México. La Jornada. 29 de noviembre de 2011. Pág. 25.
4
SHCP, 2011.
5
Solicitud IFAI para SHCP # 0610000026608, Promotor Contralinea
6
El Economista. 06 de junio de 2009.
7
Banco de México. La Jornada. 26 de noviembre de 2011. Pág. 27
8
La Jornada. 28 de febrero de 2012. Pág. 29.
9
Idem.
Para un periodo similar, este es el monto más elevado que ha ingresado por inversión de cartera desde 1989, año, desde el cual, el Banco de México tiene registros de la balanza de pagos. Por ese concepto, el año pasado ingresaron 12 mil 716 mdd, esto quiere decir que en 2011 el registro de estos flujos creció más de 60%. Por el contrario, el otro componente de la inversión de cartera, el mercado accionario (Bolsa Mexicana de Valores), registró una salida de 3 mil 739 mdd en el periodo en cuestión (la inversión de cartera se considera poco productiva y de bajo impacto en la economía nacional, pues no genera empleo y se trata de dinero especulativo). El también llamado capital golondrino, superó, incluso, la entrada de flujos de inversión extranjera directa, que es considerada como productiva, pues durante los primeros 9 meses del año en curso contabilizó 13 mil 430 mdd. Esto significó que por cada dólar productivo que entró a México, 1.5 dólares ingresaron para la especulación.10
Hacia una
Conclusión Por supuesto que el fenómeno de lavado y de fuga de capitales tiene que observarse y analizarse desde una perspectiva multilateral e interregional, puesto que si bien es cierto la impericia y torpeza del gobierno mexicano no está a discusión, habría que agregar que existe una silenciosa complicidad de los gobiernos del llamado primer mundo y la asociación de cientos de bancos en Estados Unidos. La Casa Blanca, en especial, no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del narco, ni hace demasiado por identificar las cuentas bancarias ligadas al contrabando; tampoco, a la trata de personas; y lo mismo con la evasión fiscal. Se sabe, que en reiteradas ocasiones el Departamento del Tesoro estadounidense se ha negado a compartir toda la información sobre cuentas sospechosas, presumiblemente vinculadas con el crimen organizado, que hay en el sistema financiero. El lavado de dinero ni es nuevo, ni se vislumbra su disminución. Desde 1970 hasta 2010, 872 mil mdd han salido ilegalmente del país. Esto incluye fortunas hechas por políticos corruptos, evasores de impuestos y miembros de grupos delictivos.11 Ahora, el
dinero “sucio” se hospeda plácidamente en las Islas Caimán, Suiza y Estados Unidos. La fórmula está a la vista: complicidad de gobernantes metidos en el negocio, plácemes del gobierno norteamericano y sus bancos, y un “pujante” narcotráfico que ha encontrado en México el oasis para sus jugosas transacciones. En efecto, se requiere una nueva política y una nueva generación de políticos. Ese es el desafío K
10 11
Cifras del Banco de México (Banxico). MILENIO. 26 de noviembre de 2011. Pág. 16. Raymond Baker, director de Global Financial Integrity. Milenio, 31 de enero de 2012.
Pág. 34. * Criminólogo, Economista, Doctor en Derecho y Profesor de la UNAM. Los Saldos del Régimen de Felipe Calderón consta de cuatro partes: Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Empleo y Salarios; Fuga de Capitales y Lavado de Dinero y; Juventud y Violencia Social. Esta es la tercera.
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REFORMA POLÍTICA INCOMPLETA E IMPRECISA K Marco A. Ríos
A medias y con fuertes candados, la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la tan ansiada Reforma Política que buscaba un mayor empoderamiento de la sociedad civil. Quedaron pendientes temas torales que permitirían a México dar un paso firme hacia una democracia más real y efectiva, entre ellos la reelección legislativa y de alcaldes, la reconducción presupuestal, el veto presidencial al presupuesto y la revocación de mandato.
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L
as iniciativas aprobadas fueron la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la iniciativa preferente para el Presidente de la República. Sin embargo, a las 2 primeras se les pusieron “candados” que harían casi imposible su aplicación. Además, es doblemente incompleta porque en el camino los legisladores eliminaron algunas de las propuestas que venían en la iniciativa original del Ejecutivo Federal como la segunda vuelta electoral, la reducción de diputados de 500 a 400 y de senadores de 128 a 96 y la iniciativa de ley para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El decreto con los cambios constitucionales fue ya enviado a los congresos locales para su ratificación y una vez que sea aprobada con al menos la mitad más uno de las Cámaras de Diputados locales, entrará en vigor.
el ya de por si excesivo gasto electoral en el país. En este 2012 se canalizaron mil 344 millones 875 mil pesos para los partidos políticos, de los cuales 3 mil 361 millones 120 mil pesos son para sus
INICIATIVA
CIUDADANA Y
CONSULTA POPULAR Finalmente se aprobó la figura de la Consulta Popular. De acuerdo con lo establecido en el dictamen aprobado, ésta se podrá realizará el mismo día de la jornada electoral federal. La reforma al artículo 73, fracción XXIX faculta al Congreso para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. En su momento Felipe Calderón señaló que al incorporar esta figura se buscaba ampliar las libertades y garantías políticas de los ciudadanos con el objetivo de que puedan incidir directamente en el proceso legislativo, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión sobre los temas que son de su interés y que no necesariamente se encuentran en la agenda legislativa. Sin embargo,
A medias y con limitaciones se da paso a la ciudadanía para que participe directamente en los procesos políticos en México.
CANDIDATURAS
actividades ordinarias permanentes y mil 680 millones 560 mil pesos para los gastos de campaña. En total, entre los procesos locales y el federal se erogaran más de 25 mil mdp, que nos dan otro penoso primer lugar: las elecciones más caras del mundo.
CIUDADANAS
Tres son las medidas aprobabas encaminadas a fortalecer la participación ciudadana: candidaturas independientes, consulta popular e iniciativa ciudadana. Las candidaturas independientes estarán vigentes a partir del proceso electoral de 2015. Esto sin duda abre una posibilidad para enfrentar a una partidocracia que se ha apoderado del control político en el país y la sociedad civil tendrá una gran oportunidad para revertir este fenómeno. Aún falta crear una regulación secundaria que posibilite ponerla en práctica con reglas claras que posibilite verdaderas candidaturas ciudadanas sin simulaciones. Habrá que ver cómo apoyará el IFE y los institutos locales estas candidaturas, sin incrementar
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los congresistas aplicaron verdaderos candados para su implementación, ya que para convocar una consulta se exige el apoyo del 2% del padrón electoral (más de 1 millón 600 mil personas), y para que sea vinculante se establece una participación de 40% de ese listado. El artículo 71, fracción IV, plantea que para iniciar leyes o decretos, los ciudadanos deberán tener el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores. Lo que implica más de 100 mil ciudadanos. Además, en caso de cumplir con estos “requisitos” no hay la garantía de que el Congreso -dominado por los propios partidos-, den cause a las propuestas sociales, que pueden quedar en el cajón legislativo como ha ocurrido anteriormente con iniciativas del propio Ejecutivo Federal. Por ejemplo, como ocurre con la Ley de Radio y Televisión, la cual con el veto de la SCJN, sigue desde el 2002 entrampada en el recinto de San Lázaro. Lo que hace necesario que existan reglas que obliguen a ambas Cámaras a recibir y expedir lo más pronto posible
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las iniciativas ciudadanas que lleguen a sus manos, una vez que cumplan con los excesivos requisitos que se exigen. El artículo 116 establece que las Legislaturas de los Estados regularán los términos en que los ciudadanos podrán presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. El artículo 122 prevee que los ciudadanos del DF podrán ejercer el derecho de iniciativa ante la ALDF.
EQUILIBRIO DE PODERES
Otro de los objetivos que se buscaba con la Reforma Política era evitar ciertos sin sabores a quien ocupe la Primera Magistratura en México, como ocurrió en 2006, cuando Felipe Calderón tuvo que ingresar al recinto legislativo en San
Lázaro por la puerta de atrás y “a hurtadillas” para rendir protesta como lo mandata la Constitución en su artículo 87. En medio de acusaciones de fraude electoral, la tribuna fue tomada por legisladores de los partidos de izquierda con la pretensión de evitar que se “concretara el fraude”. Por tal motivo, al citado título se le adicionó el siguiente apartado “…en caso de que el Presidente no pudiera rendir protesta ante el Congreso de la Unión lo hará ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Entre los pendientes jurídicos que existían en la Carta Magna se encontraba cubrir la posible ausencia total o la incapacidad del Ejecutivo Federal. Ahora el artículo 84 establece que en caso de falta absoluta del Presidente de la República, será el Secretario de Gobernación quien asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Se reformó el artículo 85, y señala que si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del
Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el titular de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al Presidente interino. Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Los legisladores impusieron también un candado para evitar que el sustituto del presidente busque en una jornada electoral postularse para tal cargo. Así, el artículo 83 dice que quien haya desempeñado el cargo de substituto, o provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso pueda volver a desempeñarlo.
DEFINICIONES: Candidaturas Ciudadanas. Permite a ciudadanos aspirar a algún puesto de elección popular sin necesidad de pasar por el filtro de los partidos políticos. Iniciativa Ciudadana. Permite mediante la recolección de un número de firmas presentar iniciativas de ley para que éstas sean discutidas y votadas. A los ciudadanos se les permitirá presentar estas iniciativas cuando se reúnan firmas en un número equivalente, al menos del 0.25% de la lista nominal de electores, en los términos que señale la Ley del Congreso. Consulta Popular. Permite que se abra a la opinión general algún tema de gran importancia y que el resultado del mismo sea vinculante si se obtiene un porcentaje de votación igual o superior al 40% del padrón electoral. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Iniciativa Preferente. Permite que el Ejecutivo envíe 2 iniciativas por periodo legislativo que se tendrán que discutir y votar. Es decir, que no podrán ser ignoradas. Sustitución del Presidente en Caso de Falta Definitiva. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo; en caso de falta absoluta de aquél, lo hará el Secretario de Hacienda y Crédito Público y a su falta el Secretario de Relaciones Exteriores. Integración de la Asamblea del D.F. Se eleva de 30% a 40% la cantidad de votos necesarios para aplicar la cláusula de gobernabilidad del DF que da mayoría automática en la asamblea. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 40% de la votación en el DF, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la ALDF. Toma de Protesta del Presidente. Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos regulares frente al Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el Presidente de la SCJN K
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Tiempo de Saber
Inimputabilidad penal y psicopatía en México K Mtro. Jorge Antonio Alfaro “… los soldados, gángsters y terroristas son entrenados —con mucha efectividad, como ha demostrado la historia una y otra vez— para ver al enemigo como menos humano de lo que es, como un objeto sin vida interior. Los psicópatas, sin embargo, muestran una falta de empatía general: con respecto a los derechos y al sufrimiento tanto de los miembros de su familia como de los extraños.” Robert D. Hare La Dra. Feggy Ostrosky, profesora e investigadora de la UNAM y autora de Asesinas, la Violencia en tu Cerebro, señaló durante el Tercer Foro contra la Delincuencia, que los psicópatas en México representan entre el 1 y 3% de la población (El Universal, 29 octubre, 2008). Es decir, que entre uno y poco más de 3 millones de mexicanos lo padecen. La psicosis es una de las afectaciones más graves, menos comprendidas socialmente y que desde el punto de vista jurídico requeriría definiciones y tratamientos particulares, diferentes a los que hasta ahora se aplican tanto al común de los reclusos en cárceles, como a los internos en hospitales psiquiátricos.
cuya “conducta incomprensiblemente amoral, dentro de una personalidad aparentemente normal, nos asombra y atemoriza”. También advierte que el común de los psicópatas se las arregla para no asesinar gente, lo cual no impide que cometan otro tipo de conductas antisociales, pero “…no están locos, según los cánones legales y psiquiátricos. Sus actos no son el resultado de unas mentes trastornadas, sino de una racionalidad calculadora combinada con una incapacidad escalofriante para tratar a los demás como seres humanos pensantes y sensibles.” (Hare, Robert. Sin conciencia Paidós Ibérica, España, 2003).
El problema de fondo está en las características de la psicopatía como trastorno mental o síndrome (conjunto de síntomas característicos de una enfermedad) que no disminuye la inteligencia, al menos en términos de coeficiente intelectual, ni la capacidad de pensar de quienes lo padecen. Por el contrario, en algunos casos estos individuos suelen tener inteligencias promedio o por encima de éste. No obstante, carecen de emociones que el común de la gente, aun las víctimas de otras enfermedades mentales como la esquizofrenia y la psicosis, sí viven y manifiestan. La falta de emociones básicas como la alegría, la tristeza o el miedo, hacen de la persona psicópata alguien incapaz de generar empatía hacía otros. También son absolutamente ineptos para sentir remordimiento, aun después de haber cometido los más terribles crímenes, sus propósitos se centran por completo en sí mismos, y carecen de todo sentido de responsabilidad. Por otra parte, suelen tener una tremenda capacidad de evaluar a las personas y situaciones que los rodean, lo cual les permite fingir respuestas adecuadas, urdir mentiras complejas, proyectar una imagen de seguridad en sí mismos y un encanto personal que los hace gente fuera de lo común.
De acuerdo con el Dr. Hare, es frecuente encontrar personas psicópatas entre empresarios, políticos, líderes espirituales e incluso entre gente común. Sin embargo, la dificultad para detectar y diagnosticar la psicopatía entre delincuentes, aun para las personas que tienen contacto profesional con ellos, como psiquiatras, psicólogos, abogados, policías, trabajadoras sociales, sacerdotes y custodios, genera consecuencias nefastas para la sociedad, ya que la capacidad de los psicópatas para engañar, evadir responsabilidades y condenas, tanto por la vía legal como ilegal, los hace más peligrosos que el común de los delincuentes. Por otra parte, si vemos que en general los códigos penales, tanto en México como en otras partes del mundo, no distinguen un estatus particular para diferentes tipos de enfermedades mentales como factores de exclusión del delito, sino que se concentran en la capacidad del individuo para comprender el carácter ilícito de su acción, dejan en una situación de indefinición las particularidades del sujeto psicópata, pues si bien en términos simples tiene dominio de sus facultades mentales, al mismo tiempo tiene una fuerte incapacidad involuntaria, para respetar leyes y normas, lo cual marca una diferencia entre el delincuente que padece otros trastornos como la psicosis o la esquizofrenia, el delincuente psicópata y el delincuente común con capacidad de entender la norma y dirigir su voluntad.
En términos del Dr. Robert Hare, especialista de psicopatología criminal y autor de la Lista de Verificación en Psicopatías o (PCL por sus siglas en inglés), los psicópatas son personas
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El artículo 15 del Código Penal Federal (CPF), en su cláusula VII señala como causa de exclusión del delito: “Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere pre ordenado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Cuando la capacidad a que se refiere sólo se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este Código.” El artículo 69 bis del CPF establece: “Si la capacidad del autor, de comprender el carácter ilícito del hecho o dedeterminarse de acuerdo con esa comprensión, sólo se encuentra disminuida por las causas señaladas en la fracción VII del artículo 15 de este Código, a juicio del juzgador, según proceda, se le impondrá hasta dos terceras partes de la pena que correspondería al delito cometido, o la medida de seguridad a que se refiere el artículo 67 o bien ambas, en caso de ser necesario, tomando en cuenta el grado de afectación de la imputabilidad del autor.”
El mismo Dr. Hare advierte de múltiples casos en los que criminales psicópatas logran convencer a las autoridades penitenciarias para conseguir beneficios durante su estancia en la cárcel o para lograr su libertad anticipada; las consecuencias suelen ser funestas. En sus términos: “la tasa de reincidencia de los psicópatas es el doble que la de los otros delincuentes” y “la tasa de reincidencia de actos violentos de los psicópatas es el triple de la de los otros delincuentes”. (Hare, Robert, obra citada). La Lista de Verificación en Psicopatías Revisada (PCL-R) se está convirtiendo en una herramienta útil tanto para profesionales de la salud como del derecho, sin embargo, su uso para el diagnóstico debe combinarse con la observación y la anamnesis realizada por especialistas entrenados en dichas funciones. No obstante, a continuación se incluye un listado de los aspectos que la lista evalúa. Es muy importante resaltar que la coincidencia de algunos rasgos con personas en particular no es suficiente criterio para establecer que esa persona es psicópata; para ello se requiere la revisión de un profesional de la salud especializado en el uso del test.
En una línea muy semejante a la del CPF, el artículo 29, fracción VII del Código Penal del Distrito Federal, señala entre las causas de exclusión del delito la “Inimputabilidad y acción libre en su causa. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en tal situación.” Si bien, el capítulo XI del mismo Código Penal indica los tratamientos para los inimputables y entre ellos se plantea la reclusión, de acuerdo con el Artículo 62, “Queda prohibido aplicar la medida de seguridad en instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales, o sus anexos.”
20 rasgos evaluados por la PCL-R como característicos de la psicopatía
Si bien, las definiciones sobre la exclusión del delito no parecen haber beneficiado a los delincuentes psicópatas, en parte por la falta de diagnóstico, cabe preguntarse, ¿qué pasará en la medida en que la psiquiatría y la ciencia forense aporten más elementos para el conocimiento y diagnóstico de la psicopatía? ¿Se convertirán en sujetos inimputables ante lo que a todas luces se perfila como una enfermedad limitante de ciertas capacidades mentales de las personas? ¿Si no se les envía a las instituciones de reclusión preventiva ni a las de ejecución de sanciones penales a cuáles entonces? Tampoco los psiquiátricos comunes parecen estar en condiciones de lidiar con gente de estas características y salir bien librados. No todos los delincuentes son psicópatas y si bien, no todos los psicópatas son criminales monstruosos, la mayoría de ellos si quebrantan normas y violan leyes al grado de que, con alta probabilidad, en algún momento enfrentan procesos judiciales. De acuerdo con la doctora Ostrosky, un estudio hecho entre 150 reclusos en México, arrojó que el 25% de ellos presentaban características de psicopatía. Mantener a criminales comunes y criminales psicópatas juntos no suena como una medida saludable ni para el control carcelario ni para el logro de la reinserción social. Pues de acuerdo con la visión del Dr. Hare y otros investigadores, no hay cura. A lo más que podemos aspirar es a identificarla y prevenirnos del trato con personas en esa condición.
Labia y encanto superficial Autoestima exageradamente alta Mentira patológica Conducta artera y manipuladora Falta de remordimiento o culpa Respuesta emocional superficial Insensibilidad y falta de empatía Estilo de vida parasitaria Autocontroles de comportamientos pobres Promiscuidad sexual Problemas de comportamiento desde temprana edad Falta de metas realistas a largo plazo Impulsividad Irresponsabilidad (falta de compromiso) Incapacidad para aceptar la responsabilidad por las acciones propias Múltiples relaciones matrimoniales a corto plazo Delincuencia juvenil Revocación de libertad condicional Versatilidad criminal
La presente lista es una traducción con fines de difusión, no apta para propósitos de investigación ni diagnóstico, elaborada a partir del texto obtenido en: Encyclopedia of mental disorders http://www. minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html (19/ abril/12). Para mayor información sobre un uso de la lista en investigación en criminología en español ver: García Valencia, J. y otros. “Validación de la Lista de Chequeo de Psicopatía-Revisada (PCL-R) en población carcelaria masculina de Colombia”. En Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal http:// redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80637407 (19/ abril/12) K
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MODERNOS JUICIOS ORALES PARA PENAS ARCÁICAS E INEFICACES EL CASO DE OAXACA
K Dr. Roberto E. García Pérez*
Desde hace algunos años se ha venido hablando con insistencia de la necesidad de un cambio de fondo en la política criminal del Estado mexicano en su lucha contra la delincuencia común y organizada.
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S
e dice también que deberá implantarse un nuevo sistema de justicia penal y juicios orales como el mejor camino para lograr ese fundamental e importante cambio; sin embargo no se ha construido un verdadero sistema acusatorio adversarial que sustituya al tradicional sistema inquisitivo que ya resulta anacrónico e ineficaz ante los nuevos retos que plantean la delincuencia organizada y la globalización. Si bien es cierto que en algunas entidades federativas ya hay nuevos códigos procesales de corte garantista, también lo es que los códigos penales de todo el país siguen privilegiando la pena de prisión para la mayoría de los delitos tipificados en ellos, lo que resulta contradictorio
e incongruente, dando como resultado la ineficacia y falta de operatividad del supuesto “sistema”. Es algo similar a lo que pasaría en un automóvil con un motor moderno, pero con carrocería antigua y llantas lisas; funcionaría mal y podría provocar un grave accidente. No bastan códigos procesales penales garantistas y avanzados si continuamos manteniendo como eje fundamental de la punibilidad la pena de prisión, la que debe reservarse para los delitos graves, los de alta peligrosidad social y la delincuencia organizada, estableciendo para los demás delitos penas diferentes y más eficaces, como la sanción pecuniaria, la reparación del daño, el trabajo a favor de la comunidad y otras similares que efectivamente conduzcan a la solución de los problemas penales
y la reinserción de los infractores a la sociedad. Sólo por medio de la congruencia entre el Derecho Penal sustantivo y el adjetivo, así como la de ambos con las leyes orgánicas y reglamentarias que le den operatividad, podremos hablar de la existencia de un verdadero sistema de justicia penal, pues actualmente sólo tenemos en forma fragmentaria y dispersa algunos juicios orales y códigos procesales penales acusatorios adversariales, pero no sistemas en el sentido técnico de la palabra, que es lo que intento demostrar en este breve trabajo. La vacatio legis establecida en el artículo 2º transitorio de la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008, que previene la implantación del sistema penal acusatorio adversarial en todo el
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II. Estructura Los nuevos códigos penales del país deberían privilegiar penas diferentes y más efectivas que las privativas de libertad, como las pecuniarias y restitutorias, los trabajos a favor de la comunidad, la suspensión y privación de derechos”.
Las 2 piedras angulares de todo el sistema penal son, esencial e indiscutiblemente, el derecho penal sustantivo que plasma en los códigos penales los delitos y las penas correspondientes y el derecho procesal penal, que establece en los códigos procedimentales las vías y formalidades para concretizar y hacer efectiva, individualizándola, la sanción penal. Sobre estas bases fundamentales se construye cualquier sistema de justicia
1
territorio mexicano para el cada día mas cercano 2016 y las experiencias que nos ofrecen las entidades federativas que como Oaxaca, se han involucrado y puesto en manos a la obra para dar cumplimiento a este mandato constitucional, nos permiten ir valorando los avances, obstáculos, problemática y dificultades operativas de este cambio, necesario pero complejo, en la política de nuestro país para enfrentar, combatir y controlar la dolorosa realidad del incremento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, que han preocupado y seguirán preocupando no sólo a México, sino a toda la comunidad internacional como consecuencia de la globalización, la que también ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para multiplicar sus inmensas riquezas, influencias y poder, hasta el punto en que ningún país del mundo, por poderoso que sea, puede por sí sólo combatirlas con éxito, pues siempre será necesaria la colaboración internacional para lograrlo. A problemas globales, soluciones globales. Por eso no debe extrañarnos que el sistema penal acusatorio adversarial esté implantándose en toda América Latina 1; si las fronteras ya no evitan el paso de los delincuentes, tampoco deben frenar la eficiencia y agilidad de las autoridades para
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detenerlos, asegurar sus ilícitas ganancias, procesarlos y castigarlos donde quiera que se encuentren, estableciendo así principios generales y aceptados por todos los países del continente.
Carbonell Miguel y Ochoa Enrique, ¿Qué son y para
qué sirven los juicios orales? México. Porrúa-UNAM. 2008. pp. 44 y 45 2
Márquez
Piñero
Rafael.
Derecho
I. Problemática Un verdadero sistema de justicia penal debe abarcar la problemática del delito y de la delincuencia en forma integral: delitos, penas, prevención, investigación, persecución, consignación y detención de probables delincuentes, procesamiento, juicio, sentencia y en su caso, ejecución y cabal cumplimiento de la misma, así como la reinserción social de los sentenciados que hayan sido rehabilitados o el aislamiento de quienes por su peligrosidad así lo ameriten. También se requiere la cooperación de otras instituciones como la familia, la escuela, las organizaciones no gubernamentales y la población en general, en un esfuerzo conjunto y organizado para combatir con resultados positivos el delito y la delincuencia, a fin de lograr vivir en la paz y seguridad características de un Estado organizado, con un gobierno justo y eficiente, “que hunde sus raíces en la sociedad” 2.
Penal
y
Globalización. México. Porrúa. 2001. pp. XXX y XXXI
“El juicio de Salomón “ pintado por Giorgione.
penal, ya sea inquisitivo, acusatorio o mixto, de acuerdo con los marcos constitucionales, circunstancias socioeconómicas y políticas del Estado donde tenga que funcionar y aplicarse, elaborando al efecto en un tiempo razonable, las leyes reglamentarias y orgánicas necesarias para darle operatividad y eficiencia. En este orden de ideas y con la salvedad de que ningún sistema de justicia penal es totalmente inquisitivo ni puramente acusatorio, ya que se denominan así por el predominio de una u otra característica, podemos concluir que las ventajas y cualidades del sistema acusatorio adversarial sobre el inquisitivo resultan evidentes, tanto en el aspecto teórico con los principios de presunción de inocencia, oportunidad, defensa adecuada, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Como también en sus características operativas de
oralidad, concentración, inmediación, publicidad, contradicción y continuidad, que aplicadas debidamente permiten la realización práctica de una justicia penal que busca esclarecer los hechos, proteger al inocente, evitar la impunidad y procurar la reparación de los daños causados por el delito, para lograr la restauración del tejido social y la sana convivencia indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad.
III. Hermenéutica Legislativa Para el óptimo funcionamiento de este sistema, debe adaptarse primeramente al marco constitucional establecido por las reformas; luego, a las características socioculturales y económicas de
nuestro país y particulares de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, por lo que las leyes reglamentarias y secundarias, tanto federales como locales, deben elaborarse cuidadosamente para lograr una interacción legislativa, operativa y funcional. Sin embargo, tanto a nivel federal como local se ha descuidado la adecuación de otro de los elementos importantes del sistema: Nos referimos a los Códigos Penales, que si bien han sido reformados aumentando el catálogo de los delitos y la duración de las penas privativas de libertad, no han cambiado su esencia represiva al seguir manteniendo como eje central de su punibilidad la ineficaz y anacrónica pena de prisión, a pesar de que se ha comprobado plenamente su inutilidad para el cumplimento de las finalidades de prevención general y especial, pues ya no intimida ni inhibe a los delincuentes potenciales y mucho menos a los reincidentes, habituales o integrantes de la delincuencia organizada.
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El Estado de Oaxaca fue pionero en la elaboración de un Código Procesal Penal de corte acusatorio adversarial, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de Septiembre de 2006, que se aplica actualmente sólo en las regiones del Istmo y la Mixteca, seguido por Chihuahua, el Estado de México, Nuevo León y Zacatecas. Además está vigente en esta entidad una Ley de Justicia para Adolescentes, también garantista y adversarial, que ha funcionado con éxito y se aplica en todo el territorio estatal.
No bastan códigos procesales penales garantistas y avanzados si continuamos manteniendo como eje fundamental de la punibilidad la pena de prisión.
IV. La paradoja del sistema penal acusatorio adversarial Tenemos que reconocer, sin embargo, que también en Oaxaca falta mucho por hacer, porque aún no se ha elaborado un nuevo Código Penal que sustituya al anticuado ordenamiento sustantivo vigente desde marzo de 1980, que si bien abrogó el anterior de diciembre de 1943, mantiene su corte totalmente represivo. La gran mayoría de los delitos continúan sancionados con penas privativas de libertad, por lo que resulta incompatible con el espíritu garantista del nuevo código procesal, que considera la prisión preventiva como excepción a la regla general de que el imputado enfrentará todo el proceso penal en libertad, en virtud del principio de presunción de inocencia establecido expresamente por la reforma constitucional.
Conclusiones Por todo lo anterior, resulta indispensable y urgente modernizar el Derecho Penal sustantivo para que armonice con el impulso renovador que nos ha impuesto con acertada visión del futuro, la reforma constitucional que se inclina por
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mantener en prisión solamente a reos y procesados por delitos graves, de alto impacto, delincuencia organizada, que representen o revelen alta peligrosidad social, reincidencia o habitualidad y que tienen que ser aislados y segregados en reclusorios de alta seguridad, con restricciones especiales para evitar que sigan causando daño a la sociedad, pues en estos supuestos debe prevalecer siempre el interés general de la sociedad, su paz, su seguridad, su tranquilidad y progreso en libertad. En estos casos la prisión preventiva es una excepción necesaria por defensa social, a la regla general de presunción de inocencia que permite al imputado enfrentar en libertad un proceso penal. Los nuevos códigos penales del país deberían privilegiar penas diferentes y más efectivas que las privativas de libertad, como son las pecuniarias y restitutorias, los trabajos a favor de la comunidad, la suspensión y privación de derechos y otras semejantes que cumplan mejor las finalidades de prevención general y especial, características de las sanciones penales, dejando la prisión como una pena o medida cautelar preventiva y excepcional, que deberá estar siempre
unida a la del trabajo obligatorio en el interior de los reclusorios, de acuerdo a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 5º Constitucional en relación con el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Carta Magna. Sólo así podremos hablar de un verdadero sistema de justicia penal moderno, garantista y eficiente, apoyado en los sólidos pilares del Derecho Penal sustantivo y adjetivo, armónicos y funcionales y que permitirán crear gradualmente de acuerdo a la hermenéutica legislativa, las leyes reglamentarias y orgánicas que lograrán el funcionamiento eficaz y la operatividad de una nueva política criminal del Estado mexicano. Es verdaderamente titánica la tarea que aguarda en los próximos años a los legisladores federales y locales para que puedan cumplir, en tiempo y forma con el mandato constitucional, pero también lo es para todos los operadores del nuevo sistema, quienes tendrán que actualizar su preparación y conocimientos a fin de hacerlo verdaderamente eficiente. Por su parte, las facultades y escuelas de Derecho, oficiales y privadas, también tendrán que modificar y modernizar sus planes y programas de estudio para
preparar a los nuevos profesionistas que México necesitará en el futuro próximo, a fin de lograr una verdadera, completa y profunda reforma al sistema de justicia penal que permita el control de la delincuencia y la disminución de la violencia, para que los mexicanos recuperemos la confianza de nuestras instituciones, la paz y la tranquilidad indispensables para el desarrollo de una sociedad civilizada y progresista. El plazo establecido va reduciéndose y el pueblo espera que en este nuevo año en el que podrá ejercer su soberanía mediante el voto en la próximas elecciones, los servidores públicos de todos los niveles trabajen verdadera e incansablemente, con el apoyo y coordinación de las fuerzas existentes en la sociedad civil organizada, así como de todos y cada uno de los ciudadanos unidos en una voluntad común: convertir en realidad el nuevo sistema de justicia penal que nuestro querido México merece y necesita K
* Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Juez Penal y Magistrado Jubilado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL; ESTRATÉGICA PARA EL TURISMO
K
Dr. Arturo Ancona García L.*
El turismo es una de las mayores industrias a escala mundial. Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector representa cerca del 10% de la actividad económica global. En 2012, se calcula que viajarán mil millones de turistas, una séptima parte de la población mundial, cifra que se elevará a mil 600 millones al horizonte del 2020. México posee una ventaja competitiva sobre los países desarrollados ya que cuenta con una oferta turística muy amplia y variada; tiene un patrimonio fascinante de alto valor, con culturas milenarias y un patrimonio arqueológico excepcional, escenarios naturales, además de ciudades con personalidad y, sobre todo, con su gente. Sin embargo, en los últimos años, la inseguridad ha comprometido a la industria del turismo. La “guerra contra el crimen” ha impactado a este sector, inhibiendo a turistas extranjeros de venir a nuestras ciudades, y también ha generado una percepción negativa sobre la “marca” de nuestro país. La propiedad industrial, con sus sistemas de signos distintivos; es decir, de marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen, entre otras, puede constituir una herramienta útil para las actividades del turismo. Con ello se puede englobar una oferta común y calificada de servicios turísticos. Cuando compramos un servicio turístico influyen diversos elementos como el destino, las opciones gastronómicas y culturales, la seguridad, y en general basamos nuestra decisión en diferentes conceptos e ideas, generalmente representadas por marcas de destinos o marcas “país”, pero complementadas por diversas marcas regionales, sus productos y en general marcas de hoteles y restaurantes que engloban dichos servicios. Todo este conjunto construye la reputación de los destinos, relacionada con diversas figuras protegidas por la propiedad intelectual. Por lo tanto debemos utilizarlas para arraigar nuevas marcas de México en los viajeros extranjeros, marcas que se relacionen con su gente, cultura, productos y servicios. Dentro del desarrollo y la explotación de marcas resultan importantes para el sector de los servicios y para el turismo el registro de aquellas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, entre otras figuras. A continuación se detallan algunas de ellas:
“Foro de Propiedad Intelectual” es una sección producto de la colaboración entre Foro Jurídico y Scientika, asociación civil dedicada a la difusión y promoción de actividades científicas y tecnológicas en la Ciudad de México y el mundo. Recibimos tus comentarios y sugerencias a: contacto@scientika.mx
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Marcas colectivas: Nacen como parte de una necesidad de los empresarios, sobre todo de los pequeños, de asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes. El uso de marcas colectivas no sólo permite reducir costos en la protección y diferenciación de los productos o servicios, sino también aprovechar las economías de escala e incrementar la confianza de los consumidores. Dado que los costos de inversión en el desarrollo de una marca y las campañas de marketing y publicidad pueden ser onerosos, las marcas colectivas se han constituido en un mecanismo que permite ahorrar costos, destacando características propias de las zonas en que dichos servicios son prestados. Marcas de certificación: Pueden resultar útiles, ya que son aquellas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular, toda vez que existe la obligación de un sometimiento a un control previo y continuado por parte del titular. El titular de la marca de certificación o de garantía puede ser una empresa o institución de derecho privado o público, organismo estatal, regional o internacional, y que haya obtenido el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La propiedad industrial constituye una herramienta útil para las actividades del turismo, ya que engloba una oferta común y calificada de servicios turísticos Denominación de origen: Es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los humanos. El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad, o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su esencia. Las denominaciones geográficas asocian a un producto con alguna región o nación, en virtud de características, particularidades y fama que tienen con respecto a esos lugares. En el caso de México, sólo se tiene registro de 12 denominaciones de origen, mientras que Francia cuenta con más de 700.
Productos con denominación de origen en México
1.
Tequila
Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
2.
Olinalá
Guerrero
3.
Mezcal
Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas, San L. Potosí
4.
Talavera
Puebla y Tlaxcala
5.
Bacanora
Sonora
Café de Veracruz
Veracruz
7.
Ámbar de Chiapas
Chiapas
8.
Charanda
Michoacán
9.
Sotol
Chihuahua, Coahuila y Durango
Mango “Ataulfo”
Chiapas
Café de Chiapas
Chiapas
Arroz de Morelos
Morelos
6.
10.
11.
12.
La naturaleza y características de las marcas especiales antes descritas permiten brindar información a los consumidores, además de constituirse en estímulo para trabajar en función de la calidad y reputación. Esos aspectos singulares se arraigan por parte del consumidor a través del uso de este tipo de signos distintivos. La estrategia permite establecer un vínculo entre el sistema de propiedad industrial (signos distintivos) y las actividades propias del sistema del turismo. Los gobiernos federales y estatales deberían de tomar en cuenta este tipo de figuras, e incentivar el impulso al sector, ya que las marcas colectivas podrían ser adoptadas por una comunidad, una asociación de prestadores de servicios turísticos, u otra organización de personas legalmente establecidas, y serviría para distinguir los servicios de la zona; también se podrían impulsar las marcas de certificación para estandarizar y elevar la calidad de los servicios turísticos y desde luego el impulso a productos regionales mediante la promisión de las denominaciones de origen, como lo han realizado otros sitios en el mundo.
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K Robespierre
CADALSO Acatando la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Senado aprobó la minuta de reforma al Código de Justicia Militar con lo cual limitan el fuero militar y ordena que los elementos que cometan delitos del fuero común o violaciones a los derechos humanos, sean juzgados en tribunales civiles. Este será un parteaguas en la guerra contra la delincuencia encabezada por Felipe Calderón que provocó el sensible incremento de denuncias por abusos de miembros de las fuerzas castrenses. De acuerdo con la iniciativa, los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas no prescriben. La modificación al artículo 740 permite a las víctimas iniciar procesos penales en caso de que el MP se declare incompetente, ya que los afectados podrán recurrir ante un juez o a la SCJN. Quizá con esta reforma pronto veremos una lluvia de denuncias en contra de elementos de las fuezas armadas. Así, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que pretendía eliminar el fuero militar únicamente en los delitos de violación, tortura y desaparición forzada, fue modificada. Organizaciones sociales de protección de animales presionan para suprimir las corridas de toros y obligan a debatir el tema en la ALDF. Las protestas de los antitaurinos se presenciaron en varias ciudades de la República e inclusive afuera del recinto legislativo del DF, reclamando la abolición debido al maltrato animal. El argumento central de estos grupos es que cualquier tipo de violencia genera más violencia en la sociedad y que se debe prohibir el maltrato a cualquier ser vivo. En respuesta, quienes se han manifestado a favor han sido en su mayoría trabajadores de la Plaza México, que no quieren perder su trabajo y algunos más que argumentaban que las corridas son arte y cultura. A pesar del reclamo social, el dictamen de reforma a la Ley para la Celebración de Espectáculos que daría fin a la fiesta brava en la metrópoli, en poder de la Comisión de Gobierno, quedó en la congeladora legislativa hasta el siguiente periodo. La Presidenta de dicha comisión -Alejandra Barrales-, comentó que este tema “no es un asunto prioritario” y que el dictamen tomará su “curso normal”; situación que generó en las redes sociales una lluvia de críticas a tal grado que los temas #MéxicoGritaNoMásTauromaquia acompañado de #NoVotarPorBarrales llegaron a ser “tendencia” (o Trending Topic) en Twitter. Lo que sí se logró con esta protesta fue la reforma al Código Penal capitalino para sancionar hasta con 80 días de salario mínimo o 9 meses de prisión a quien maltrate a cualquier especie animal, sin embargo no aplica a las corridas taurinas ya que éstas están legalizadas por la Ley de Celebración de Espectáculos Públicos –para cada entidad federativa- y por el Reglamento Taurino –para la Ciudad de México–. De acuerdo a la encuesta realizada por la empresa Dinamia el 69% de los capitalinos están de acuerdo con la abolición de las corridas de toros. Con esto los antitaurinos reprueban la actitud de los asambleistas afirmando que una vez más, los intereses económicos de unos pesan más que la voz de la mayoría a la hora de tomar las decisiones legislativas.
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El Presidente Felipe Calderón presentó los nuevos protocolos con los que se pretende garantizar seguridad y acceso a la justicia, así como una efectiva protección de los derechos de los inculpados y las víctimas. Se espera con estos protocolos que México dé un paso hacia la profesionalización de las tareas de investigación policiaca, sin menoscabo de los derechos humanos. Con estas medidas se regula el uso de la fuerza pública y se establecen lineamientos para que las fuerzas del Estado procedan ante enfrentamientos con criminales, bajo los principios de oportunidad y proporcionalidad. Se establece que deberán privilegiarse las acciones disuasivas sobre la fuerza. Asimismo, las autoridades están obligadas, por fin, a realizar, durante detenciones, ya sea en flagrancia o en apoyo a instancias judiciales, informes pormenorizados y presentar al detenido sin dilaciones ante la autoridad correspondiente. Se busca evitar errores como el ocurrido con la ciudadana francesa Florence Cassez, que dejó muy mal paradas a las fuerzas policiacas federales al montar todo un escenario novelesco para la televisión; por lo cual entre los objetivos está contar con un manejo más cuidadoso de las escenas del crimen con la finalidad de integrar casos más sólidos ante la justicia.
Quita fuero y consigna la SCJN al diputado local de Jalisco, Gustavo Macías Zambrano, ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso en esa entidad. Ahora será procesado por el delito de abuso de autoridad, con lo cual se le suspenderán sus derechos políticos y quedará impedido para conservar su candidatura a una diputación federal. El legislador fue acusado de desacatar suspensiones judiciales dictadas por los Ministros Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero en agosto de 2011, cuando fungía como presidente del Congreso de Jalisco, ya que desacató la orden de los ministros de frenar el nombramiento y toma de protesta de 4 magistrados titulares y 3 suplentes del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. El procedimiento continuará con la solicitud del Máximo Tribunal al juez de distrito en materia penal en Puente Grande, Jal., que dicte una orden de aprehensión en contra del diputado panista. Esperemos que esta acción de la Corte ayude a reducir los elevados índices de impunidad y corrupción que existen en nuestro país.
Finalmente el Pleno del Senado ratificó el nombramiento presidencial de Gerardo Laveaga Rendón como Consejero del IFAI, no obstante las manifestaciones en su contra de algunas ONGs vinculadas a la transparencia. El nombramiento del Ex-Director del INACIPE fue secundado en la Cámara Alta por una amplia mayoría de 58 senadores, con 17 votos en contra y 2 abstenciones. Los críticos de esta designación argumentaban que Laveaga Rendón es un funcionario identificado como gente cercana a Felipe Calderón y que su designación es un premio a la defensa que emprendió cuando fue acusado de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad ante la Corte Internacional de Justica, poniendo en duda la autonomía del IFAI. Sin embargo, Laveaga se ha deslindado de tales acusaciones y ha expresado su lealtad al instituto, advirtiendo que serán sus acciones las que hablen por él y no las voces que lo critican. Su gestión por más de 10 años al frente del INACIPE son un ejemplo de la seriedad y compromiso en su desempeño profesional K
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El Nuevo Derecho Procesal Constitucional. Raymundo Gil Rendon. Ed. Ujubis. 2012.
S
in duda alguna, han sido tres los factores que han abonado, para que dentro de nuestro sistema jurídico se erija una nueva noción en materia de protección constitucional y Derechos Humanos. El primero, la reforma constitucional en 1994; el segundo, el relativo a contenidos y efectos derivados de la reforma en materia de Juicio de Amparo y DH en 2011; el tercero es el relativo a la vinculación con el sistema interamericano de DH a través de la emisión, reconocimiento e incardinación de la sentencia del caso “Rosendo Radilla”, dictada por la CIDH. De ahí la importancia de El Nuevo Derecho Procesal Constitucional. Análisis de casos prácticos, que contextualiza desde un punto de vista claro, preciso, y científico, la nueva realidad y dimensión constitucional. La visión del autor proporciona al lector herramientas útiles y eficaces, para adentrarse al conocimiento de estos paradigmas. El libro viene a complementar la doctrina de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, con un rasgo distintivo: el sentido didáctico-práctico. Se erige como un esfuerzo de calidad, por sistematizar los aspectos esenciales de dicha ciencia en aras de generar un conocimiento sólido, y verdadero.
Argumentación en el Amparo. Jean Claude Tron Petit. Porrúa. 2011.
E
l adecuado y exitoso planteamiento de pretensiones judiciales y la redacción de las decisiones que recaen y luego puedan ser impugnadas, son temas de actualidad que no sólo inciden en el Derecho Procesal sino que la Filosofía del Derecho se ha hecho cargo de los problemas que suscitan y que aún no tienen una clara, ni única respuesta o solución. Argumentación en el Amparo aborda, en el campo del juicio de amparo, algunos problemas que surgen al formular las demandas y las sentencias. La metodología consiste en obtener un equilibrio en el tratamiento de aspectos teóricos y fundamentales de lógica y jurídica, para abordar problemas prácticos, destacando la corrección formal tanto de los conceptos de violación como de los razonamientos que sustentan las decisiones. Se propone como un posible modelo los recientes criterios de la SCJN y tribunales colegiados de circuito, basados en las mejores prácticas de la comunicación y conforme a líneas argumentales directas y precisas.
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México a la Deriva: y después del modelo Policiaco ¿Qué? Pedro José Peñaloza. UNAM. 2012.
E
l libro del Dr. Pedro Peñaloza aborda, de manera integral, a la administración calderonista. Parte de 2006, en donde se detectan las inconsistencias conceptuales y teóricas del entonces candidato panista; así como de los otros contendientes presidenciales. La obra está construida por tramos del sexenio, pero sin perder la simetría analítica del conjunto. El texto ofrece cifras comparativas, variables políticas y ejemplos pedagógicos de la ausencia de profesionalismo de una elite soberbia y prepotente. La obra analiza temas vinculados a la seguridad pública y la procuración de justicia, además, incursiona en otros rubros para construir una mirada multidimensional, como lo son los temas sociales, económicos y educativos. El catedratico Peñaloza refuta cada uno de los supuestos difundidos desde la casa presidencial en torno a las bondades de la estrategia anticrimen; polemiza con sus defensores y aporta elementos para superar las visiones simplistas y univocas. Insiste y demuestra, documentadamente, que la lógica reactiva de Calderón sólo buscó impactar a la llamada audiencia social, al carecer de una meseta interdisciplinaria y multidisciplinaria.
El Tipo de la Tentativa. Miguel A. Mancera Espinosa. Porrúa. 2012.
L
a afectación o lesión de un bien jurídico puede traducirse en la consumación de una figura delictiva, por la que deberá aplicarse una sanción en la medida que se compruebe que el agente obró típica, antijurídica y culpablemente. Pero también el hecho de poner en peligro el bien jurídico puede dar lugar a una sanción. La doctrina mayoritaria denomina a estos casos como una tentativa, que se diferencia del delito consumado principalmente en el resultado. La obra se ocupa de diversos problemas relacionados con la tentativa de delito como el comienzo de la ejecución, la idoneidad de la tentativa, o el desistimiento voluntario de consumar el delito. Su valor radica en el hecho de proponer soluciones, en plantearlos desde una perspectiva en la cual lo que importa no son sólo los datos ontológicos, de finalidad o casualidad, sino la interpretación que de los mismos se da en un determinado contexto normativo: el Estado democrático de derecho. Debido a la compleja estructura de la tentativa, se reconoce que no basta una monografía para agotar su estudio; la obra se pretende acercar al lector a las constelaciones dogmáticas, argumentativas y sancionatorias que le dan sustento K
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Temas constitucionales
HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN K Dr. José R. Padilla*
México es tierra de grandes libertades, de grandes legisladores; legisladores patriotas que han emitido varias constituciones en las cuales se aprecia la intención de organizar jurídica y políticamente al pueblo, a la sociedad, a la Nación. Pero, la Constitución vigente de 1917, ya requiere una puesta al día en cuanto a su lenguaje, dado que en este aspecto se encuentra con un siglo de retraso.
E
n virtud del enredo terminológico de que hace gala, no dudamos que requiera una “cirugía mayor”, al grado que sea indispensable crear un nuevo ordenamiento supremo. Así como una mejor distribución de las facultades entre los 3 Poderes de la Unión, e incluso la necesidad de establecer formalmente un “Cuarto Poder Constitucional Ciudadanizado”. En este nuevo sector, cabrían los organismos autónomos como el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Gubernamental entre otros. Ninguno de ellos tienen dependencia de alguno de los 3poderes clásicos, esto es, ni del Legislativo, ni del Ejecutivo y ni del Judicial, y que debido a ello, no se trata de órganos de gobierno, sino de Estado. Otro aspecto en donde es necesario poner al día en la nueva Ley Fundamental, es reducir el amplísimo y desequilibrador catálogo de facultades de que dispone en Poder Ejecutivo. De ahí que las atribuciones que tradicionalmente le han sobrado se otorguen al referido “Cuarto Poder Constitucional Ciudadanizado”, a fin de que el desequilibrio de poderes, no resulte tan desproporcionado.
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joserpadilla@prodigy.net.mx
En síntesis.- En primer lugar. Para muchas personas el lenguaje recogido por la Constitución a través de su recorrido de por lo menos 2 siglos puede resultar hermoso, tradicional y hasta romántico. Pero resulta inadecuado por impreciso e inentendible para las nuevas generaciones a las que es necesario facilitar el entendimiento de la Constitución. Y en un segundo aspecto, aquellas personas que todavía guardan románticos recuerdos del “porfiriato” y de los tiempos en que se hacía referencia la “revolución hecha gobierno”, de principios y mediados del siglo pasado, tal vez añoren el gran poderío y el liderazgo único del Presidente de la República. Pero el tiempo pasa y las nuevas generaciones reclaman, a manera de Constitución, un instrumento jurídico-político ágil, entendible y eficaz que responda al sentir, pensar, querer y hasta soñar del pueblo mexicano. Una Constitución acorde con la realidad social, como lo recomiendan los grandes pensadores del tema, que responda a la descripción del ser del Estado mismo; al ser de la población, de la sociedad, el pueblo o nación, así como su circunstancia con todo cuanto le rodea K * Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.