FJ 108 Septiembre 2012 by Foro Jurídico

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No. 108 septiembre 2012

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EDITORIAL

RESUELVE EL TEPJF APEGADO A DERECHO

FORO JURÍDICO

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FORO K DEL LECTOR SIN ACUERDO POLÍTICO NO SE SOLUCIONARÁN INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA: Dr. Edgardo Buscaglia

CELEBRA LA ASOCIACIÓN DE DOCTORES EN DERECHO SU X CONGRESO NACIONAL Marco A. Ríos

DELITO CIBERNÉTICO: HERRAMIENTA PARA COMETER CRÍMENES TRADICIONALES

Dr. Salvatore la Barbera

ENFRENTARÁ LA LXII LEGISLATURA RETOS CRUCIALES PARA SUPERAR REZAGOS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD:

ESQUEMA HEMISFÉRICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL PARA UNA GLOBALIZACIÓN EQUITATIVA

EL PROCESO ELECTORAL EN NORTEAMÉRICA

César Duarte Jáquez

Dr. Leopoldo Villaseñor Gutiérrez

Dr. Armando Soto Flores

K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL

LENOCINIO Y PROSTITUCIÓN

AMLO SUBIÓ GRACIAS A LOS JÓVENES

NECESARIO REFORZAR EL BANCO DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

ELECCIONES FEDERALES 2012: RESULTADOS Y TENDENCIAS EN LA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE

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Mgdo. Miguel Ángel Aguilar López

Lic. José Sánchez Talavera

Mtro. José Cuitlahuac Salinas Martínez

Lic. Luis Nieto Sotel

Tiempo de Saber

EL DILEMA DE LA ESCUELA JUSTA E INCLUYENTE Mtro. Jorge Antonio Alfaro

Propiedad Intelectual

MÉXICO-INDIA: CONTRASTES EDUCATIVOS Y SU VÍNCULO CON LA INNOVACIÓN

Dr. Arturo Ancona García-López

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CADALSO Robespierre

LIBR OS EN

LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS Dr. José R. Padilla

Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL

Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN

Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL

Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Janet Huerta Estefan

Marco A. Ríos Editor editorial@forojuridico.org.mx DISEÑO EDITORIAL

L.D.G. Alejandra Sánchez Aragón dgrafico@forojuridico.org.mx COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA

Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Monte Albán 613 Col. Letrán Valle CP 03610, México, D.F. Tel. 2595-6354. Impresa en Tipssa. Av. Hidalgo No. 141. Col. Santa Anita. Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 33301625. CITEM Foro Jurídico No. 108, septiembre 2012.

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RESUELVE EL TEPJF APEGADO A DERECHO

al y como se esperaba en el foro jurídico y en el mundo judicial, el recurso de nulidad de la elección presidencial, presentado ante el Tribunal Electoral por la Coalición Movimiento Progresista –encabezada por AMLO–, cuestionando la validez del triunfo de Enrique Peña Nieto, fue declarado infundado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El fallo no sorprendió a nadie, ni si quiera a las huestes López Obradoristas, que intentaron retrasarlo con argumentos igualmente improcedentes. La sorpresa mayor fue quizás la votación unánime y la uniformidad y coincidencia de los argumentos de los 7 magistrados electorales al fundar y motivar su decisión, particularmente en lo relativo a la ilegal pretensión de los demandantes para anular la elección del 1º de julio, apoyados solamente en conjeturas y apreciaciones subjetivas, sin pruebas idóneas y sin base en articulo expreso alguno de la Constitución y de la ley de la materia. Uno a uno, los juzgadores explicaron cómo la única posibilidad de anular la elección presidencial era que existiera y se comprobara alguna de las 3 hipótesis previstas en la ley: la no instalación de al menos el 25% de las casillas, la anulación de la votación en el mismo porcentaje de casillas y que el candidato ganador resultare inelegible. Hipótesis que fueron descartadas legalmente desde el momento en que concluyó oficialmente el cómputo y calificación de la elección por parte del IFE. Así, los magistrados aplicaron escrupulosamente los principios legales y constitucionales existentes, cumpliendo con los

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procedimientos y plazos establecidos en la ley, por lo cual, su resolución que declara a Enrique Peña Nieto presidente electo para el período del 1º de diciembre de 2012 al 31 de noviembre de 2018, se encuentra apegada a Derecho. Además, porque se cumplió con el presupuesto jurídico y filosófico de que los tribunales son autoridades jurisdiccionales y no políticas, que reciben y juzgan casos concretos a partir de la aplicación del marco jurídico, y que se han instituido para resolver, por vía jurídica y pacífica, todo tipo de conflictos que se presentan en la sociedad, incluidos los electorales. Con esta declaración judicial, emitida por la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, autónoma e imparcial, ha quedado concluido legal y oficialmente el proceso electoral federal del 2012, y es ya el momento de dejar atrás el encono, la división y las descalificaciones y unirnos todos los mexicanos y sumar esfuerzos y talentos para buscar juntos la solución a los muchos y graves problemas por los que atraviesa el país, dejando atrás fobias y disputas. Sin duda hay mucho que corregir y mucho que cambiar en México, pero será imposible hacerlo si no canalizamos las inconformidades por las vías institucionales y con propuestas viables. AMLO está en su derecho de no recocer el fallo del TEPJF. Sin embargo, también la gran mayoría de los mexicanos que fueron a las urnas y que no votaron por él (66%), tienen el derecho a que se propicie en el país el clima de unidad, tranquilidad, concordia y paz, que se necesita para que México retome el camino del crecimiento y se consolide como una nación competitiva, segura y progresista en el concierto internacional K

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FORO K DEL LECTOR REDES SOCIALES Improcedente Anular la Elección de Peña Nieto Todosobrelaley: Habrá que aplicar todo el rigor de la ley contra este individuo agitador social, que pretende desestabilizar más aún nuestro Estado de Derecho. Consideramos que de seguir con esa actitud de confrontación contra todo aquello que no le beneficia personalmente, incluyendo las leyes que nos rigen y las instituciones que democráticamente nos asisten, deberemos considerarlo como enemigo de la nación y tácitamente un terrorista. Herlindo Alberto Robles Pérez: En efecto los criterios expuestos son claros; es imposible anular la elección por la vía jurídica en los términos que propone la Coalición Electoral el “Movimiento Progresista”, más aún el deficiente recurso presentado por los representantes de la misma resulta un insulto a la inteligencia de cualquier estudiante de 4º semestre de Derecho que se avergonzaría de presentar algo en similares condiciones de inconsistencia. Por lo que es una vergüenza que utilicen las instituciones del Estado para sacar beneficio político. Deberían instituir severas sanciones, a quienes presenten recursos frívolos e improcedentes más aún en materia electoral en razón de que está en juego la respetabilidad del Estado mexicano. Aquí la dirección para consulta del recurso en mención: https: //colaboracion.ife.org.mx/Direccion_Juridica

Othon Necoechea: Totalmente de acuerdo, no existen argumentos reales para la anulación; existen actos que de ser comprobados se deben de sancionar, mas no para llevar a una anulación. Ricardo Fischer: Yo digo lo contrario que sea anulada la elección ya que fue comprada. ¡Fuera, fuera, fuera!

Libertad para Votar Víctor Garay: La revista es buena, pero cuando incluyen artículos tan actuales, frescos y precisos como los del maestro J.J. Mateos le ponen sabor al conocimiento y al debate, y produce mejores resultados y críticas. Hay que decirle al autor que mencione los votos comprados para Mancera a través de la Red Ángel, y todo el dinero que dio el PRD y el gobierno de la ciudad con operadores honestos como Bejarano. Gracias. Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza: Felicidades por la revista y sobre todo, enmarco el artículo del Dr. Juan José Mateos Santillán. Fue mi maestro en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la fecha, no he tenido la oportunidad de conocer a otro estudioso que combine la historia y el derecho de manera tan agradable, amena, y con un rigor científico muy marcado. Gracias a la ANDD, por que por este medio, me dieron la oportunidad de saber del Dr. Santillán.

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En Riesgo la Laicidad del Estado Mexicano

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RamsesCastanon: E. Ramsés Castañón A

Interesante artículo para conocer el verdadero fondo y los trasfondos de la reforma a los arts. 24 y 40 Constitucionales.

dan_lopez2011: Daniel Lopez

¿Qué habría hecho Cristo? Cuesta creer que estaría de acuerdo con sus supuestos mandatarios, no sólo en México sino globalmente.

luisferguz30: Luis Fernando Guzmán

Sería un retroceso para México porque la iglesia siempre ha estancado la evolución del razonamiento humano.

mexico_ELITA: ELITA

Si no interviene la Iglesia Católica con sus enseñanzas, México estaría perdiendo por completo el control de su comportamiento. El libre albedrío y la ambición de la política por ganar adeptos los lleva a aceptar propuestas inhumanas e inmorales. ¿A dónde queremos llegar? ¿ A un México de bodas homosexuales, pro aborto, drogas, alcohol etc? Las leyes no controlan la moral. Las creencias con base en la fe, sí educan la moral del ciudadano. Las leyes por si solas no.

El Reto de la Comunicación en los Juicios Orales Víctor Garay: Rosa María Abdelnour: Excelente artículo. Soy abogada y mediadora de Costa Rica y su artículo me parece excelente. Lástima que en las escuelas de Derecho no se enseñen estas cosas y la enseñanza se limite al discurso y mera información. César Ulises Soto Bretzfelder: Es comprensible la necesidad de la capacitación en sistema penal acusatorio. Muchos expositores y supuestos especialistas en juicio oral, salvo algunas excepciones que están acreditados, jamás han litigado oralidad en la práctica real; no se dedican a ser litigantes reales. Luego en el DF cómo es posible que enseñen litigación oral, si todavía está en proceso de implementar el sistema y continúa trabajando con el sistema escrito-mixto. Deben consultar a personas que nos dedicamos al litigio y además estamos seriamente capacitados y entrenados y acreditados desde algunos años en el medio jurídico. La oralidad es un tema muy delicado, implica estudiar y entrenar con habilidades y técnicas especiales, solamente mediante instructores extranjeros acreditados, o especialistas del instituto nacional de ciencias penales, accesar a la instrucción seria.

ForoJurídico cesar_sotob: cesarsotobretzfelder Existimos abogados que ya manejamos seriamente la litigación oral, acreditados, entrenados y capacitados desde 2006. IusSemperMx: Univ Ius Semper

Este es un tema verdaderamente innovador y esencial para incluir en la capacitación de los juicios orales y no esta tomado en consideración casi en ningún programa. Ya lo tenemos integrado también en nuestras Especialidad y Maestría en Procesal Penal.

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SIN ACUERDO POLÍTICO NO SE SOLUCIONARÁN INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA: Dr. Edgardo Buscaglia La Cultura de la Legalidad no depende sólo de jueces, fiscales y policía. Debe existir mayor compromiso de la sociedad civil. Sin controles patrimoniales a la elite política y empresarial, no se puede hablar de reformas. No servirá la Reforma de Derechos Humanos si se siguen violando frecuentemente 47 de los 58 derechos humanos previstos en las 14 convenciones de la ONU. Las experiencias de Italia y Colombia demuestran que es posible frenar inseguridad, corrupción y violencia, si existen acuerdo político y participación activa de la sociedad civil.

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os temas como los derechos humanos, inseguridad, corrupción, la violencia y las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, requieren ante todo una estrecha colaboración entre sociedad y gobierno. Esa es en gran medida, una de las causas de la parálisis existente en México, afirma el Dr. Edgardo Buscaglia, analista y especialista internacional en temas de delincuencia organizada y combate a la corrupción, al conceder a Foro Jurídico una entrevista exclusiva, en la que apunta algunos de los elementos necesarios para que México alcance un mayor desarrollo en temas de seguridad y derechos humanos. Entre otros factores, afirma, se requiere de un acuerdo puntual entre los actores políticos y empresariales, alineados con una sociedad civil participativa a la cual se le permita dar un seguimiento y evaluación de los avances en los cambios judiciales y legislativos. Sin un pacto político real, sostiene, que incluya controles patrimoniales de la élite política y empresarial, no habrá avances en este terreno. Edgardo Buscaglia analiza y detalla uno de los fenómenos trascendentales en la cultura jurídica de México, como son los derechos humanos, explicando lo difícil que será para nuestro país cumplir la reciente reforma constitucional en la materia y alcanzar una Seguridad Humana, en donde se protejan ampliamente las garantías sociales. Entre los datos relevantes que comparte el Director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico de la Universidad de Columbia, en Nueva York – quien ha participado en la implementación de más de 90 reformas judiciales en todo el mundo – , está el hecho de que en México se vulneran cotidianamente 47 de los 58 derechos humanos plasmados en las 14 convenciones de la ONU. El especialista propone una ruta para salir de una atmósfera social enmarcada por la impunidad, la corrupción, la violencia y el aparente desinterés generalizado por estos fenómenos, insistiendo en la importancia activa de la sociedad civil, como ha sucedido en Italia y Colombia. Reproducimos a continuación la parte sustancial de la entrevista.

el sistema judicial y por supuesto el penitenciario, permita en la práctica, no en la teoría, a las personas ejercer estos derechos, la Seguridad Humana se verá afianzada; pero cuando se violan con mayor frecuencia, la inseguridad humana comienza a prevalecer. Para conocer los avances o retrocesos se lleva a cabo un estudio comparativo de un año a otro en el cual se analiza si existe un mayor o menor número de causas penales, civiles, laborales, etc., es decir la frecuencia con que se violan esos 58 derechos. El concepto de Seguridad Humana no es nuevo, es muy antiguo. Sin embargo los países no acostumbran monitorear cuán bien o mal se ejercen los derechos en el marco de una práctica de interacción institucional entre el ciudadano y el Estado. Cuando se formulan políticas públicas para afianzarlos, éstas provienen únicamente de una Secretaría y no de un conjunto de dependencias en donde coordinadamente implementen medidas para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer esos derechos humanos con suficiente infraestructura; se requiere siempre de una coordinación, en el caso de México, con la Secretaría de Hacienda, la PGR, la SSCJN y con el CJF. Una vez entendido este primer planteamiento, se encuentra la sociedad civil, la cual no puede estar ausente en el ejercicio de estos derechos. Aunque el Estado tenga la mayor responsabilidad para que se implemente lo suscrito en las convenciones, no significa que la sociedad civil no tenga roles, debe participar con la formación de redes, con apoyo logístico de la autoridad, que apunten a apoyar, por ejemplo, a las víctimas generando un refugio patrimonial, un refugio físico y jurídico, en caso de victimas perseguidas por grupos criminales.

Sin un pacto político real que incluya controles patrimoniales de la élite política y empresarial, no habrá avances ni cambios profundos.

¿Qué es la Seguridad Humana? Es una condición social e institucional que permite que las personas físicas y las jurídicas, puedan ejercer los 58 derechos humanos (DH) que están plasmados en 14 convenciones de las Naciones Unidas; en ellos están definidos claramente los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales. En la medida en que el marco institucional de un país, incluido

En otras latitudes la sociedad civil tiene un rol operativo que no se observa en México todavía; pero es subsidiario al del Estado, éste es el responsable principal de asegurarse que las convenciones se implementen. He criticado a los presidentes que señalan no ser responsables de violar los derechos humanos cuando la delincuencia organizada o por grupos terroristas atentan frecuentemente contra los ciudadanos. Olvidan que está claramente establecido en la jurisprudencia internacional que es precisamente el Estado quien debe promover medidas para asegurarse que los grupos criminales no atenten atenten contra los derechos humanos de las personas. Estamos entonces, ante un problema de comprensión en cuanto a la política pública que se tiene que implementar para que estos derechos se puedan llegar a ejercer de manera mucho más predecible, coherente y consistentemente que antes. Ningún país logra afianzar los 58 DH, todos tienen problemas, lo que monitoreamos es si

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acuerdos y convenciones, pero también de no implementarlos en su mayoría. El hecho de existir el requisito de cumplir con esos tratados y que el mecanismo para hacerlo se haya descentralizado es una excelente teoría; sin embargo tenemos que verlo en la práctica. La capacitación de todos los actores judiciales, incluso de los jueces, es una tarea pendiente. No creemos que lo estén, ni siquiera para entender esas convenciones, no son un instrumento cotidiano a los cuales hagan referencia. Son muy “codigueros”; están aferrados al código al procesal penal. Hay un proceso de ajuste cultural dentro del sistema y poder judicial en general que todavía no ha comenzado; no vemos que el Gobierno Federal esté preocupado por implementar esas medidas en sus órganos ni que el poder judicial a través de los Consejos de la Judicatura, brinde suficientes programas de capacitación en los estados. Es decir, en la práctica no hay una preocupación de traducir esa reforma en mayores presupuestos ni en un rol más proactivo de los Consejos. Al no hacerlo México seguirá en una triste tradición de tener una enorme brecha entre la ley en los libros y la ley en la acción, esto se traducirá como hasta ahora en una igual o mayor frecuencia de derechos vulnerados.

¿Cómo ve la implementación de la reforma penal en México?

caminan hacia adelante o marchan hacia atrás, y en el caso de México dados los resultados que tenemos, su marcha es hacia atrás.

¿Qué opina de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos? Que es un acierto. Los controles de convencionalidad son fundamentales para plasmar, de alguna manera en la práctica, las convenciones internacionales a las que México está suscrito. Hay que aplaudir a las autoridades mexicanas y a la sociedad civil por impulsar esta reforma; sin embargo, en su funcionamiento los detalles principalmente, son los factores que crean las barreras para que nunca se puedan implementar. México tiene una tradición histórica de firmar infinidad de

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Es un mosaico muy heterogéneo. Mientras que algunos estados de la Federación han avanzado suficiente, hay otros muy rezagados. Aquí es necesario tratar de diferenciar algunos puntos; un tema es la puesta en marcha de medidas que van desde la implementación de un código, de una figura procesal, hasta lo que llamamos resultados de esa reforma. Es decir, generar calidad de resoluciones más acabadas, no una mayor calidad de los fiscales. Todavía no vemos que en ninguna de las entidades que han implementado estas reformas, incluida Chihuahua, los resultados sean positivos; así lo demuestran las evaluaciones que hemos hecho de los expedientes judiciales y de las causas penales en los sistemas que han marchado hacia la oralidad en un carácter acusatorio; y esto, es lo que al final interesa a los usuarios del sistema. Es válido reconocer que en mayor o menor medida la reforma de Chihuahua abarca más que la de Nuevo León, por ejemplo; pero lo cierto es que en ninguno se observan resultados y esto obedece a factores que van más allá del lo técnico-jurídico.

¿Qué se requiere para tener una buena implementación del sistema penal acusatorio? En los países que han tenido éxito en cuanto a lograr resultados, tenemos por ejemplo, que la calidad de las resoluciones contienen menores índices de abuso de discrecionalidad procesal. Nosotros evaluamos cuestiones objetivas que hacen a la implementación de estos instrumentos jurídicos dentro de la reforma judicial. Observamos si las frecuencias de errores o de de abuso aumentan o bajan. Y en México han aumentado a pesar de las reformas judiciales así como de los nuevos códigos de procedimientos instaurados. ¿Qué se requiere para que mejoren esos indicadores? Que exista un acuerdo claramente establecido entre todas las fuerzas políticas del país, con los mínimos elementos necesarios para que una reforma judicial tenga éxito.

reformas del Estado. No son, tampoco, la solución a la corrupción, se requiere de un sistema judicial que genere con mayor frecuencia sentencias condenatorias basadas en el respeto de los 58 DH que hemos venido hablando. Hay que entender que la corrupción no disminuye únicamente con un mayor número de sentencias, éste es un síntoma, más que una causa, del producto de un sistema legal, jurídico, institucional que no es respetado por la ciudadanía, ni por una clase política que lo considera ajeno a sus valores y a su vida diaria. La gente percibe a las leyes como ilegítimas, como no relevantes en su vida diaria; por eso digo que no habrá una solución sólo con sentencias; es todo un proceso, hay todo un aprendizaje de la cultura de la legalidad que muchas veces a través del ensayo y error, a través del castigo y de las recompensas, los ciudadanos van aprendiendo.

México tiene una tradición histórica de firmar infinidad de acuerdos y convenciones, pero también de no implementarlos ni cumplirlos.

Un sistema judicial efectivo es una condición necesaria pero no suficiente para que la corrupción disminuya. Se necesita también prevención

El caso de ni siquiera admitir una discusión de la autonomía de los fiscales es un ejemplo claro de la falta de acuerdos. Algunas fuerzas políticas están totalmente en contra, otras admiten su posibilidad. No hay un acuerdo sobre ese aspecto y las experiencias internacionales indican que en la medida en que las reformas judiciales no introducen autonomía de las fiscalías no logran los resultados esperados de mejora en la calidad de las resoluciones. Al ciudadano, le importa muy poco la naturaleza el código de procedimiento, quiere observar que en la práctica las resoluciones que surjan de ese sistema violen menos sus derechos; que tengan más predictibilidad, más coherencia y consistencia. En ese sentido, las reformas judiciales de las entidades federativas hasta ahora, han fallado rotundamente, no han generado resultados. Cuando los fiscales de todas las entidades y del federal están bajo el pulgar del gobernador o del presidente en turno, se genera un cejo de abuso de discrecionalidad en las acusaciones; y por más oralidad que haya habrá un problema enorme de ausencia de calidad en las sentencias que después se traducen en abusos de derechos humanos. Las reformas judiciales no son de códigos solamente, forman parte de las propias

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social que los políticos, por ejemplo, admitan que las listas de candidatos –que después están sujetas al voto popular– no estén elaboradas en habitaciones oscuras a espaldas del pueblo; deben elaborarse también a través de un proceso democrático y no mediante caciques. La gente debe percibir las consecuencias nocivas que genera la corrupción; eso se aprende a partir de una crisis en donde el pueblo ve las consecuencias de sus acciones. En ninguna medida la reforma judicial es una panacea, el hecho de que exista una mayor frecuencia de delitos que terminen en una sentencia condenatoria con un respeto puntilloso a los 58 DH, lo que llamamos Estado de Derecho, obviamente conduce a que haya menos delincuencia. Se necesita mucha prevención social que incluya un trabajo de coordinación entre las políticas de educación, de desarrollo social, con los gobiernos locales a través de secretarías que conformen un gabinete de seguridad humana, esto no existe en México todavía, la cultura de la legalidad no depende solamente de jueces fiscales y policías.

¿Qué rol debe jugar la sociedad civil y la clase empresarial en el acuerdo político que menciona? La sociedad civil en los países en donde la reforma judicial ha tenido éxito, mantuvo todo un rol operativo; en donde

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miles de grupos de asociaciones civiles comparecieron ante las comisiones de sus respectivos congresos, como ha hecho la ANDD. Tenemos el ejemplo de Colombia e Italia ante quienes se presentaban propuestas técnicas y operativas de figuras procesales que deberían ser sujetas a la deliberación de los sistemas legislativos. Con base en ellas se elaboraron los códigos de procedimientos que estaban “vacunados” socialmente. Con eso, hubo un sentimiento de propiedad civil ante las disposiciones judiciales porque emanaron de la voluntad popular. Eso en México todavía no ha comenzado. Cuando el pueblo y la sociedad civil siente que ese código no es solamente un libro con muchas letras porque surge de un proceso de libertad legítimo, toma vida social, es más respetado y es más probable que surja la cultura de la legalidad es más probable que surja. Por otro lado tenemos el gran problema de que las fuerzas políticas publican reformas judiciales teóricas inconsecuentes, que aparentan ser radicales pero que en el fondo están diseñadas para no cambiar nada; eso es un gran cáncer de una élite político-empresarial que goza de la dolce vita. Estamos en una ficción de reforma judicial especialmente a nivel de Gobierno Federal en donde hubo en teoría, una reestructuración en el 2008 pero que en la práctica no se ha comenzado a implementar. Hay mucho gasto en actividades, en cursos y en edificios. Pero al momento de juzgar, de buscar resultados concretos de los indicadores de impacto no los hay, ni en el ámbito estatal ni federal. Es realmente una obscenidad institucional que la SETEC se haya gastado tantos millones de dólares del contribuyente mexicano para no lograr ningún tipo de resultados. Actividades no son resultados, siempre trato de explicar eso a mis colegas; los seminarios de capacitación no son resultados, son actividades. No se ven productos porque todavía no hay un código de procedimientos penal aprobado, todavía no existe y no se ven obviamente resultados finales en términos de mayor calidad de las resoluciones judiciales. Por lo tanto es un rotundo fracaso como uno de los tantos esta administración de lograr plasmar un acuerdo político interpartidos para generar una reforma consecuente en la práctica.

Esta administración no pudo hacerlo ni en los libros, y eso equivale a que millones de dólares y recursos humanos continúen dilapidándose en este interminable proceso de transición política que no logra dirimirse. Una transición política culmina cuando las fuerzas políticas acuerdan democráticamente controles judiciales, patrimoniales y administrativos; por lo tanto ante ese vacío de controles, la delincuencia organizada se encargó de cubrirlos. En México, no habrá solución para la inseguridad, la corrupción y la democracia, si la clase política no se pone de acuerdo en reglas que todos respeten. Ni la reforma judicial, ni ninguna otra funcionara si no existe un acuerdo político que fije condiciones mínimas que todas las fuerzas políticas y las empresariales acaten.

¿Qué hacer para que los políticos cumplan los acuerdos? Estos controles no son documentos técnicos complejos. Son unicamente eso: acuerdos políticos sobre, por ejemplo, definir el nivel de autonomía de los fiscales. Lo que equivale no a darles capacidad de utilizar criterios autónomos para acusar. Significa también que los controles legislativos tienen que existir en la práctica; o sea, que las comisiones en el Congreso tienen que llamarlos (a los fiscales estatales como al federal) para comparecer y evaluarlos técnicamente y no políticamente como ocurre. Ese proceso democrático de control de instituciones no viola la autonomía, tiene que existir, ningún estado mexicano y menos federal lo tiene. Es increíble pero todavía no definimos qué es la autonomía institucional en México; se piensa que es dejar que un fiscal haga lo que desea.

se revirtieron las expectativas y la política pública con 2 factores importantes: que la crisis que la misma élite italiana había generado por la corrupción, comenzó a devorarlos, a tal grado que los miembros del parlamento eran asesinados. Por otro lado, la sociedad civil que se había dedicado sólo a hacer discursos, se dio cuenta que debía cambiar su tónica de interacción con el Estado; generó propuestas de cambio, leyes específicas para tener un papel más activo. Esto permitió, por ejemplo, que los activos patrimoniales confiscados se devolvieran a las víctimas, a la sociedad en su conjunto. Había un monitoreo constante de las reformas, no se quedó al margen haciendo marchas y a declarar su inconformidad; existió un rol propositivo para que esto saliera adelante. No fue fácil lograr reformas compatibles con las convenciones internacionales en derechos humanos –que México se apura a ratificar constantemente–, éstas se implementaron bajo situaciones de crisis, pero no porque afectaban al pueblo, sino que tocaron a la élite y en México es algo que todavía no vemos materializado. Ésta vive divorciada en una burbuja social y de la realidad. En esta transición interminable, con vacios de controles, la clase alta se ve beneficiada porque se permite una discrecionalidad patrimonial que normalmente no tiene cuando existen controles patrimoniales y judiciales. En Colombia e Italia había miles de Alejandro Martí, aquí tenemos sólo uno. Han sido pocos, de este selecto grupo por supuesto, quienes han sufrido las consecuencias de la violencia. En esos países 3 de 4 candidatos presidenciales fueron asesinados, una buena parte de la sociedad civil colombiana era asesinada; en Italia Ministros eran asesinados. No ha comenzado todavía el dolor que debe sufrir la élite como consecuencia de su propio accionar. Los 400 medios de mediación penal en Alemania, en donde existe un delito patrimonial, están a cargo de la sociedad civil, la mediación y arbitraje que tiene que formar parte de la reforma judicial es un trabajo de ella. En México no ocurre lo mismo, es un vacío; hasta que no forme parte de la solución y sólo se dedique al show no va a tener una reforma judicial de éxito.

Un sistema judicial efectivo es una condición necesaria, pero no suficiente para que la corrupción disminuya.

Nuestra democracia se encuentra muy inmadura. México debe refundar el Estado mexicano, y tiene que hacerlo democráticamente sin excluir a fuerzas de izquierda o derecha. Es una tarea difícil porque los consensos no son de la noche a la mañana; ninguna reforma judicial en papel se implementará sin estos acuerdos políticos.

¿Cómo refundar el Estado mexicano sin la intervención del crimen organizado? Las grandes reformas de los estados modernos, como Italia, surgieron en ante situaciones en donde la delincuencia organizada tenía un enorme rol institucional. En estos casos

La élite política y empresarial mexicana vive una dulce discrecionalidad caracterizada por ausencia de controles patrimoniales de todo tipo porque continuamente se violan las leyes tributarias, los gastos de campaña, se desvía dinero de contrataciones públicas a campañas electorales, es toda una orgía patrimonial que tiene México. Eso se transforma en el modus operandi promedio del político. La sociedad civil es mucho más que marchas y propuestas, no basta llevar una ley al Congreso, se requiere una participación activa. Con una reforma judicial bien implementada se pueden comenzar a establecer los elementos institucionales necesarios, pero no

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suficientes para disminuir los niveles de inseguridad humana. Ésta requiere de la colaboración coordinada de gabinetes de seguridad humana, formados al menos en México, por 5 secretarías de estado trabajando diariamente y atendiendo el ejercicio práctico de esos 58 derechos humanos, pero de la mano con la sociedad civil. La paz no es una condición humana en donde el estado pueda hacerlo solo. No veo que en los códigos de procedimientos los criterios sean todavía amplios para incorporar un rol de la sociedad civil; ésta debe participar como organizaciones para introducir figuras novedosas.

¿Qué rol juegan los programas sociales en la Seguridad Humana y lograr la paz social? Nueve de cada 10 programas de asistencias dan el pan al pueblo pero lo dejan con hambre para mañana y no generan mecanismos de prevención social. Felipe Calderón ha dicho en sus discursos que el Gobierno Federal pone mucho esfuerzo en el tratamiento de adictos; pero eso no es prevención social. Una vez que un ser humano es adicto no hay nada que prevenir, es necesario curarlo porque es una enfermedad. Se gastan millones de pesos en programas que son usados, como parte de la democracia mexicana, que se traduce en compra de votos, lo cual es una violación a los derechos humanos porque en la medida que esto ocurre viola un derecho fundamental, en ese sentido los programas de asistencia social compran votos. No sólo basta con que los institutos electorales funcionen adecuadamente, los programas asistenciales de las secretarías requieren de programas de prevención social que eviten que un niño de 5 años se incorpore a una pandilla; en la medida en que esto ocurra el trabajo del sistema judicial será más factible. Por eso insisto en que la reforma del Estado es un rompecabezas. Una

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reforma judicial descolgada, que no forme parte de una reforma del Estado, estará condenada al fracaso.

¿Qué relación hay entre la riqueza del país y este atraso en el cambio social? Hay varios factores que hacen que la transición mexicana haya durado mucho, uno de ellos son los recursos petroleros que subsidian los errores la clase política del país. Esto permite vivir con monopolios obscenos que no generan crecimiento económico ni empleo, pero que compensan esas fallas de estado de la sociedad y del sector privado. Hay un hecho inobjetable, que México no está sujeto a una presión internacional para mejorar la condición del ejercicio de los derechos humanos como Colombia. Una explicación es que el país se ha transformado en una joya para las grandes empresas transnacionales que logran tasas de retorno económico hasta 3 o 4 veces más que en su lugar de origen. Hay una corresponsabilidad internacional que no exige a México implementar las mejores prácticas en derechos humanos como ocurrió con Colombia quien sí tuvo una fuerte

SEMBLANZA Doctorado en Derecho, Economía y Post doctorado en Jurisprudencia y Política Social. (Universidades de Illinois, Urbana - Champaign y de Berkeley (EUA). Director del International Law and Economic Development Center. Senior Law and Economics Scholar en la Universidad de Columbia (NY, EUA). Profesor del Departamento de Derecho del ITAM Asesor de las Naciones Unidas y del Peacekeeping Training Operations Institute. Asesor de gobiernos de 87 países en materia de lucha contra la delincuencia organizada. Asesor del Banco Mundial, de la ONU y de otros organismos internacionales y bilaterales. Asesor en la implementación de la Convenciones de Palermo y de Mérida contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción. Co-Editor de Law and Economics of Development JAI Press. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 10 libros focalizados en el Análisis Económico del Derecho aplicados a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción, delincuencia organizada, y /o terrorismo. Actualmente es profesor invitado de la UNAM.

presión. En la medida en que los dineros petroleros subsidien las fallas del gobierno y del sector privado, el concierto internacional seguirá feliz; mientras no haya una presión interna o internacional, la crisis seguirá carcomiendo como un cáncer el tejido social de México; por lo tanto estamos esperando que haya una reacción doméstica, porque es la más sana. México

tiene el destino en sus propias manos y es capaz de sortear esta crisis histórica que vive. Lo hará en la medida en que se conjuguen las fuerzas que hemos mencionado. Las soluciones están a disposición del pueblo hay que empujar para que se implementen K

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CELEBRA LA ASOCIACIÓN DE DOCTORES EN DERECHO SU X CONGRESO NACIONAL

K Marco A. Ríos

• Tenemos que avanzar en justicia, seguridad y derechos humanos y sólo será posible con la unidad de autoridades y sociedad: José Narro Robles • El Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos elevados a rango constitucional: Marisela Morales Ibáñez • La clase política debe asumir su responsabilidad histórica y generar acuerdos para combatir inseguridad, corrupción e impunidad: Elías Huerta Psihas

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Facultad de Derecho de la UNAM y el Dr. Sergio García Ramírez, Consejero del IFE y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SI LA CLASE POLÍTICA NO LOGRA ACUERDOS, NO HABRÁ RESULTADOS EN SEGURIDAD, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Durante su intervención el Dr. Elías Huerta afirmó que el país atraviesa por uno de los períodos más delicados de nuestra historia moderna, con los niveles más altos de inseguridad, corrupción e impunidad de los que se tenga memoria y con índices de violencia, no experimentados desde la Revolución Mexicana. Situación que se ha visto agravada, sostuvo, por una prolongada crisis económica, que ha provocado un sensible incremento en los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad social.

Dr. José Narro Robles

n el marco del cambio en los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. (ANDD) realizó su X Congreso Nacional, bajo el título: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos: Retos del Siglo XXI, en colaboración con la Procuraduría General de la República. El evento se llevó a cabo durante los días 9 y 10 de agosto en el University Club de la Ciudad de México. Los especialistas nacionales y extranjeros que asistieron al encuentro analizaron la situación en la que se encuentra México en materia de seguridad, justicia penal y derechos humanos, generando una agenda de trabajo con temas que las nuevas autoridades deberán atender de manera prioritaria en estas materias para evitar que la sociedad mexicana continúe viviendo en la zozobra y el debilitamiento del Estado de Derecho, ante el avance de la delincuencia y la violencia. Los trabajos del Congreso estuvieron presididos por la Mtra. Marisela Morales Ibáñez, titular de la PGR y el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la ANDD, habiendo inagurado formalmente el evento el Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, acto al que igualmente asistieron, entre otros, los magistrados presidentes Baruch F. Delgado Carbajal, de la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB), Edgar Elías Azar, del TSJDF, Marco Vinicio Guerrero Martínez del Tribunal Superior Agrario, Álvaro Castro Estrada, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Reynaldo Lazcano Fernández de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y Rodolfo Campos Montejo del Tribunal de Justicia de Tabasco; los magistrados Fernando Rangel Ramírez, Director General de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales y Leonel Castillo Hernández, Director de la Escuela Judicial, así como la Dra. Ma. Leoba Castañeda Rivas, Directora de la

Para revertir esta situación se requiere, dijo, de la participación consciente y decidida de autoridades, partidos políticos, centros de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, para lograr las profundas trasformaciones que implican un cambio cultural. Requerimos de propuestas legislativas y ejecutivas sobre seguridad y democracia que se orienten a la búsqueda de valores y principios para lograr una sociedad más justa, segura, libre, democrática, solidaria y humana. La clave, aseguró Huerta Psihas, está en que, de una vez por todas, en el contexto de cambio de poderes, “la clase política pacte los acuerdos mínimos que permitan reorientar y fortalecer a las instituciones; que permitan crear

Mtra. Marisela Morales Ibáñez FORO JURÍDICO 17

las condiciones mínimas para erigir el modelo de Nación al que aspiramos los mexicanos en el siglo XXI.” Está pendiente, recordó, una más profunda agenda legislativa para combatir la inseguridad, la violencia, la impunidad, la corrupción y la violación de derechos humanos, pero sobre todo, que retomen los reiterados reclamos para profundizar una reforma judicial; que se modernice a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal; que se dote de autonomía al Ministerio Público y se refuerce con oficinas orientadas a combatir a una delincuencia organizada trasnacional. También, dijo, resultan urgentes la creación de fiscalías anticorrupción, anti mafia y unidades de inteligencia financiera e investigación patrimonial, así como el fortalecimiento y autonomía de la Auditoria Superior de la Federación. Esperemos que el nuevo gobierno sea sensible a estas necesidades, demandó el especialista.

electoral que deben emprender los miembros de la próxima legislatura; sobre todo para reducir el número de diputados plurinominales, acabar con la sobre representación de las partidos grandes, para regresar a la natural fórmula de 2 senadores por entidad federativa y desde luego, adoptar la segunda vuelta electoral, para evitar que cada 6 años haya inconformidades de candidatos no triunfadores que cuestionan leyes e instituciones, que propician encono y división. “Independientemente de que haremos llegar las conclusiones y propuestas de este Congreso a los diputados y senadores de la próxima legislatura y a quien resulte presidente electo, insistió, desde esta tribuna les formulo un respetuoso exhorto, que hago extensivo a toda la clase política, sin distingo de partido, para que sin mayor dilación, asuman su responsabilidad histórica y generen el acuerdo nacional largamente reclamado por la sociedad mexicana; que logren, con una visión de Estado, un ‘Pacto de la Moncloa’ a la mexicana, con las condiciones mínimas para avanzar en los grandes temas nacionales y con los acuerdos para atajar la inseguridad, la corrupción y la impunidad, que nos está deteniendo en el concierto globalizado internacional.”

Requerimos una reforma judicial que modernice a la SCJN y el CJF.

El actual conflicto poselectoral, aseguró también el Dr. Huerta, no deja la menor duda sobre la indispensable reforma político-

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reina, porque como es sabido, muchas veces eran obtenidas por medios de tortura y otros métodos que no pueden tolerarse en un Estado que firma acuerdos internacionales para proteger los derechos humanos, los cuales fueron elevados a rango constitucional con las últimas reformas.” En la PGR, aseguró, hemos acelerado el paso para avanzar, en todo el país, en la profesionalización y capacitación de todo el personal operativo –ministerios públicos, peritos y policías ministeriales-, de cara a nuestras obligaciones en el nuevo sistema penal acusatorio oral, en que la autoridad ministerial tiene la carga de la prueba, la cadena de custodia de los instrumentos u objetos del delito, la obligación de realizar una investigación científica y el respeto al principio de presunción de inocencia. Con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dijo la Procuradora, hemos emprendido un efectivo y ambicioso programa en esta dirección, denominado Proyecto Diamante. Además estamos impulsando el programa de la Cultura de la Legalidad, hacia el interior de la Institución y también se formularon los protocolos para las actividades de todas la áreas de la Procuraduría: sustantivas, adjetivas y administrativas.

AVANZA PGR EN PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: MARISELA MORALES IBÁÑEZ Por su parte, la Procuradora Marisela Morales destacó que la colaboración de la PGR con la ANDD es una oportunidad de la Institución para trabajar desde la academia con la sociedad civil. Reconoció que para alcanzar los objetivos de un Estado de Derecho sólido, la participación ciudadana debe fortalecerse con el reconocimiento y responsabilidades en todas las tareas vinculadas a la seguridad pública, sobretodo, para que México se consolide como un Estado democrático, en que se acepte con normalidad la opinión y la crítica a las instituciones, particularmente para enfrentar a la delincuencia organizada. Sin duda que los resultados de este Congreso, afirmó, “serán trascendentes para la justicia en nuestro país, y la PGR se encuentra de la mano de la ANDD en la lucha por la justicia en México.” El Estado de Derecho, dijo la Mtra. Morales Ibñez, consiste en respetar la ley y determinar límites al poder del Estado. Durante un breve recorrido histórico sobre seguridad pública y la evolución de la sociedad mexicana, la Procuradora recordó que durante la época posrevolucionaria, los líderes políticos buscaron pacificar al país, acciones que llevaron a la creación, en el siglo XX, de instituciones de seguridad pública. “Hoy, a diferencia del siglo pasado, la confesión dejó de ser la prueba

PARA AVANZAR EN JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, DEBEN UNIRSE AUTORIDADES Y SOCIEDAD: JOSÉ NARRO ROBLES Durante su intervención el Rector Narro Robles señaló que México tiene necesidad de avanzar hacia un Estado de Derecho en donde se cumplan las disposiciones que como sociedad se demandan. De no hacerlo, advirtió, quedará rezagado ante el resto de las naciones que desde hace décadas han fortalecido sus estructuras jurídicas. Como buen humanista, el Dr. Narro enfatizó: “nadie puede negar que en México existe una desigualdad que daña a los grupos vulnerables; estamos por desgracia atrapados entre ese pasado no resuelto y un presente que nos sigue afectando, en particular a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos indígenas y marginados”. Aseveró Narro Robles que los abogados son profesionales con la capacidad para contribuir a esclarecer ese panorama. Los Doctores en Derecho, por tener el grado académico más alto, se encuentran en la elevada responsabilidad de aportar su saber y experiencia en la construcción de una sociedad más justa: “la responsabilidad para ustedes es mayor; ustedes saben cómo avanzar en el conocimiento jurídico. Saben de las leyes y de su cumplimiento. Ustedes le deben servicios superiores a nuestra sociedad y por ello confiamos en Ustedes.” Existe, dijo, el compromiso, la necesidad y también la posibilidad de hacerlo, México tiene que avanzar en justicia, seguridad y derechos humanos; una tarea a realizarse en unidad, entre la la sociedad y las autoridades.

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TEMAS RELEVANTES DEL CONGRESO Para analizar, debatir y hacer propuestas legislativas sobre los temas de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el encuentro se dividió en 5 conferencias magistrales y 8 mesas de trabajo. Las conferencias fueron impartidas por las personas y bajo los títulos que se señalan a continuación:

“Acciones y Retos de la PGR frente a la Reforma Penal”

Mtra. Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República.

“La Reforma Constitucional de Derechos Humanos y la SCJN”

Dra. Margarita Luna Ramos, Ministra de la SCJN.

“Seguridad Humana y Prevención”

Dr. Edgardo Buscaglia, Director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico

“La Reforma de Derechos Humanos. Su impacto en Seguridad y Justicia”.

Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.

“El Sistema Nacional de Seguridad Pública: Avances, Retos y Perspectivas”.

Lic. José Oscar Vega Marín, Secretario Ejecutivo del SNSP. Las 8 mesas de trabajo se desarrollaron con los siguientes temas y ponentes:

Mesa 1: Análisis y propuestas sobre justicia penal. PONENTES: Dip. Humberto Benítez Treviño, Presidente de la

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Mgdo. Oscar Vázquez Marín, Titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Derechos Humanos y de Juicio de Amparo del PJF; Dr. Ricardo Franco Guzmán, Catedrático de la UNAM y Mtro. Jorge Nader Kuri, Director General de Planeación, Capacitación y Difusión de la SETEC. Moderadora: Mtra. Diana Cristal González Obregón. Se priorizó lo urgente que resulta aprobar el nuevo Código Federal del Proceso Penal Acusatorio y acelerar el paso para la implementación de la reforma penal en todo el país. Los participantes coincidieron en señalar lo apremiante de contar en todo el país con una pronta implementación de la reforma al

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sistema penal acusatorio oral, antes del término constitucional de 2016. Esto permitirá una justicia más transparente en todos los ámbitos del foro jurídico que proyectará, al mismo tiempo, una mayor credibilidad hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Sin embargo, se afirmó que debe acompañarse de un cambio socio-cultural en México y una amplia difusión que comunique a todos los ciudadanos sus bondades. Advirtió el Dip. Humberto Benítez, retrasarla implicaría arriesgar la estabilidad social del país, asegurando que el orden jurídico nacional se encuentra resquebrajado. Recordó cómo los cambios a la Carta Magna han revolucionado el ámbito jurídico en un tema como los derechos humanos, en donde ya se establecen sanciones a aquellos funcionarios que atenten contra ellos. Sobre los temores que académicos y especialistas manifiestan por la aprobación de un código federal procesal penal, que amenazaría precisamente al pacto federal, el legislador señaló, “la Federación no es una ruptura del Estado, necesitamos un código sistemático en lo sustantivo y adjetivo; México requiere una revolución cultural, la puede hacer pacíficamente la clase política o la hace de manera violenta el pueblo”. Nader Kuri criticó abiertamente la reforma en 3 aspectos cruciales; la lentitud en su aplicación, la falta de presupuesto y la eficacia para disminuir la delincuencia. La instrumentación de la reforma penal, afirmó, implica capacitación, difusión y reorganización institucional. Recordó que únicamente 3 estados no contemplan la reforma en su totalidad a diferencia del resto de las entidades que se encuentran listas; se mostró confiado de que se instrumente incluso, antes del tiempo determinado por los legisladores. Para ello, calculó Nader Kuri, se requiere el presupuesto necesario, cerca de mil millones de pesos por estado. Es necesario, advirtió, sumar esfuerzos con las instituciones que también tienen responsabilidad respecto a los problemas de la delincuencia y la corrupción en el país, a fin de abatir la inseguridad a lo largo del país, de lo contrario de poco servirá el nuevo sistema procesal. El Dr. Franco Guzmán reiteró que los países que cuentan con un solo código penal son un ejemplo a seguir. En otros países, esto no pone en riesgo el pacto federal, por el contrario, subrayó, contribuye a no tener legislaciones divididas, únicamente un cuerpo jurídico que permite un mayor control de la legalidad que al mismo tiempo fortalece el orden social y jurídico. Por su parte, el Mgdo. Óscar Vázquez, destacó que una de las acciones que se proyectarán es la de estar conscientes que implementar la reforma constituye todo un cambio cultural, por

lo que es necesario ampliar la difusión del procedimiento penal acusatorio entre los funcionaros públicos y entre la sociedad. Enfatizó sobre la importancia de convencer a los abogados para que fomenten el uso de los medios alternativos de solución de conflictos (mediación y conciliación) para una pronta y eficaz impartición de justicia. “Se requieren esfuerzos, dijo, para que desde las escuelas de derecho se difunda este nuevo sistema y cómo operar en él.”

MESA 2: La Reforma Penal y la PGR. Adecuación de programas de estudio a la reforma.

en todos los ámbitos sociales, desde la academia, las instituciones y los profesionistas del Derecho. Bajo este marco, los especialistas coincidieron en señalar el trabajo conjunto que debe existir para explotar el potencial que se espera del sistema procesal oral. Por parte de la academia, enfatizó el Dr. Mario Álvarez Ledezma, sí existe una capacitación hacia los alumnos, sin embargo advirtió que no hay colaboración entre las escuelas y las instituciones, lo cual impide mantener una comunicación lineal y compartir experiencias entre los actores del nuevo procedimiento penal acusatorio. Se requiere que la materia sea obligatoria en los planes de estudio de todas las ecuelas y facultades de Derecho del país.

México requiere una revolución cultural, la puede hacer pacíficamente la clase política o la hace de manera violenta el pueblo: Dip. Humberto Benítez.

Ponentes: Dra. Ruth Villanueva Castilleja, Directora General de Formación Profesional de la PGR; Dr. Carl Risheim, representante del Departamento de Justicia de la Embajada de EEUU y Dr. Mario Álvarez Ledezma, Jefe del Departamento de Derecho del ITSEM, Campus Ciudad de México. Moderador: Dr. Lázaro Tenorio Godínez.

La reforma penal no puede estar completa cuando no existe una integralidad para su aplicación, difusión e implementación

En lo que respecta a los esfuerzos institucionales, los Doctores Carl Risheim y Ruth Villanueva, explicaron como la PGR labora para cumplir su responsabilidad en el tema al implementar programas de capacitación hacia el interior. Los planes de estudio no deben quedar en las instituciones educativas, aseguró Risheim, las dependencias responsables de la procuración de justicia deben hacer lo mismo para capacitar y profesionalizar a sus elementos. “La PGR se dio a la tarea de modernizarse a fin de brindar a la

Durante la Ceremonia de Inauguración el Lic. Eduardo Castellanos Hernández de la Secretaría de Gobernación, abanderó a la escolta de la ANDD, entregándoles su Lábaro Patrio en nombre del Estado Mexicano. FORO JURÍDICO 21

que se traduciría en una vigilancia permanente de agentes estadounidenses en México y en el resto de la América Latina.” La Dra. Ruth Villanueva enfatizó que una parte importante en estas implementaciones es detectar perfiles de puesto, saber en dónde funciona mejor cada perfil del personal. El Proyecto Diamante y el de Cultura de la Legalidad, enfatizó, son 2 programas para realizar una propuesta de implementación de la reforma. “La PGR no sólo busca dedicarse a dar cursos, la capacitación es fundamental para mejorar su funcionamiento interno y en las calles para brindar un servicio de excelencia a la sociedad, la cual, desde hace tiempo se encuentra ávida de una policía eficiente y de un sistema de justicia que realmente le brinde una confianza para acudir a los tribunales a solucionar sus conflictos, sin el miedo de que el juez pueda pactar con los criminales para fallar a favor de los victimarios.”

MESA 3: Avances en la Implementación del Sistema Penal en el país (Estado de México, Tabasco y Chihuahua). PONENTES: Mgdo. Baruch Delgado Carbajal, Presidente del

sociedad servidores públicos con los elementos suficientes para entender y ser parte de la revolución jurídica que vive México.” En este sentido, expuso que existen 3 proyectos importantes de los trabajos de colaboración con la PGR: Proyecto Diamante, Desarrollo Forense y P.O.S.T. El primero surge por la necesidad de capacitar al personal para la implementación de la reforma y es parte de una estrategia integral. Entre los temas que se desarrollan, destacan: aspectos generales de la investigación inicial, formas de investigar el delito, sujetos procesales, formas de terminación anticipada de la investigación, criterios de oportunidad y justicia alternativa. El desarrollo forense, abundó el especialista, permitirá a México acreditarse en el ámbito internacional en ese rubro, con capacitación de los expertos en la materia, seleccionando las mejores técnicas de investigación y con el equipamiento necesario para lograr una policía mexicana más capacitada, más profesionalizada y con un marco de habilidades que le permitan un mejor funcionamiento y eficacia. En el último proyecto, el representante estadounidense señaló que se busca profesionalizar el desempeño de las instituciones mexicanas de seguridad pública y procuración de justicia mediante la estrecha colaboración con Estados Unidos y capacitar a las policías locales en las entidades federativas. Una de las ventajas del procedimiento, sostuvo, es el seguimiento de los efectivos policiacos desde su ingreso hasta su jubilación de la institución. “El programa es una tercera fase de la controvertida Iniciativa Mérida, misma que en su momento fue duramente criticada por organizaciones sociales que vaticinaban una intromisión del gobierno estadounidense en los asuntos nacionales,

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Tribunal de Justicia del Estado de México y de la CONATRIB; Dr. Rodolfo Campos Montejo, Presidente del Tribunal de Justicia de Tabasco y Lic. César Cabello Ramírez, Secretario Ejecutivo de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal en Chihuahua. Moderador: Dr. Moisés Moreno Hernández.

Dentro de la gama de temas de interés jurídico presentados durante el X Congreso Nacional de la ANDD, estuvieron los casos de éxito de gobiernos estatales en donde ya se encuentra implementado el nuevo sistema procesal. La participación de los representantes del Estado de México, Tabasco y Chihuahua brindó un amplio panorama de lo que implica el modelo; de

Los medios de comunicación pueden retrasar o incluso detener los avances de la reforma: César Cabello.

igual forma se conocieron las oportunidades de mejora que permitirán llevar a México a un nuevo escenario de justicia y transparencia jurídica. Aunque existen algunas fallas, los beneficios son mayores en todos los ámbitos, por eso se presentaron los resultados

obtenidos en estas entidades. El Mgdo. Baruch Delgado reconoció que el nuevo sistema requiere una reorganización de los juzgados en donde, por ejemplo, el juez ya no atienda asuntos administrativos para dedicarse en su totalidad al asunto jurisdiccional. De esta forma, comentó que en el Estado de México, previo a la entrada en vigor del sistema procesal, se han realizado varios cursos de capacitación. El Magistrado Rodolfo Campos compartió con los asistentes que la capital de Tabasco, de acuerdo con el programa establecido, será la última región en donde se implementará la reforma. Ante el atraso de otras entidades, conminó a esas autoridades a acelerar el paso en esta trascendental labor. Es necesario, dijo, la voluntad política de los involucrados para que la reforma se implemente de forma inmediata y correctamente. Es una oportunidad de mostrar a la sociedad que los funcionarios tienen la intención de transformar la realidad, subrayó el Presidente del Tribunal de Justicia estatal. Por su parte, el Mgdo. César Cabello, reconoció que en Chihuahua la violencia y los prejuicios hacia la reforma penal han impedido su total aceptación. “Aunque hubo una implementación integral con capacitación a funcionarios, faltó profundizar en el reclamo de la sociedad sobre la desconfianza hacia el sistema judicial. La falta de información puede generar dudas en la sociedad, maximizadas por los medios de comunicación que pueden retrasar o incluso detener los avances de la reforma.” A pesar de ello, se establecieron importantes leyes que sirven en la lucha contra la criminalidad como la ley de extinción de dominio. Reconoció que poner en funcionamiento la reforma no es tan caro cuando los recursos son bien administrados. No se trata únicamente, destacó, de una reforma penal, es un cambio cultural y generacional en el país, “la parte que vivimos en estos momentos es la etapa transitoria”. Entre las cifras que compartió sobre las acciones realizadas en la entidad destacan:

• • • • • •

57 mil asuntos en las alternativas de justicia 20 mil asuntos a unidades de investigación 22 mil asuntos en diversas medidas cautelares 60 mil casos por investigar 64 mil casos a archivo temporal 2 mil 134 sentencias aplicadas

MESA 4: Técnicas de Litigación Oral. Audiencias Orales. Teoría del Caso. Funciones Jurisdiccionales. La experiencia Colombiana. PONENTES: Dr. Luis Camilo Osorio Izasa, Ex-Fiscal General

de la Nación de Colombia; Mgdo. Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado Federal Penal y Mtra. Diana Cristal González Obregón, Coordinadora de Capacitación en el Sistema Acusatorio para el IFP de la PGJDF. Moderador: Dr. José G. Carrera Domínguez. En materia sobre las principales aportaciones del sistema acusatorio penal, los expertos brindaron un panorama de lo que será el nuevo escenario en los juicios orales. Al respecto, Cristal González subrayó que la Teoría del Caso es uno de los elementos torales, por lo cual su comprensión es fundamental para la investigación judicial. Otro lo representa el interrogatorio de los testigos, las preguntas y las re-preguntas; esto hace obligatorio que los abogados conozcan plenamente el proceso judicial que se está desarrollando. Se requiere, advirtió, mejorar las técnicas de litigación. Los medios de prueba, amplió, son en México una dificultad para muchos juristas. Las técnicas de litigación son fundamentales para un buen desempeño en este nuevo sistema de impartición de justicia, por ello, los abogados deben capacitarse. La teoría del delito, comentó Diana Cristal, es indispensable y necesaria para elaborar la teoría del caso, de no conocerlo y dominarlo, será muy complicado estructurar un caso y por tanto, estará en suma desventaja frente a su adversario. “Práctica, pruebas y fundamento jurídico son las tres partes fundamentales de la teoría del caso”, puntualizó.

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El Mgdo. Miguel Ángel Aguilar enumeró algunas de las técnicas de litigación que deben conocerse, dominarse y aplicarse ante el nuevo sistema penal: La Teoría del Caso, la cual se divide en: a) Información del tema; b) Obtención de pruebas para corroborar la teoría del caso; c) Alegatos: en donde las partes en conflicto tratan de convencer al juez el por qué les atiende la razón; d) Interrogatorio: en donde se busca restar la idoneidad de los testigos de la contraparte y fortalecer a los propios y; e) Objeciones: Se persigue restar la idoneidad de las preguntas hechas por la contraparte. El Dr. Luis Camilo Osorio recordó que para acabar con la criminalidad se requieren aparatos de inteligencia efectivos y transformaciones en los sistemas judiciales. Al ser las audiencias orales, y llevarse de frente al juez, el nuevo sistema tiene una clara transparencia de todo el proceso judicial, evitando así prácticas de corrupción. Es importante, resaltó, dar seguimiento al trabajo de los juzgadores para conocer su desempeño y el sentido de sus fallos, lo que permite detectar cuando beneficien, de ser el caso, a grupos criminales. Destacó el ex Fiscal General de Colombia la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en la lucha contra la criminalidad organizada, sobretodo en acciones de denuncia. “Cuando la sociedad civil no toma parte en esta lucha, es prácticamente imposible ganarla”.

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MESA 5: Régimen Especial para el Combate a la Delincuencia Organizada. PONENTES:

Mtro. Gral. Alejandro Ramos Flores, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR; Dr. Samuel González Ruiz, Ex-fiscal de Delincuencia Organizada de la PGR; Dr. Salvatore La Barbera, Director de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional de Italia y Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la ANDD. Moderador: Dr. Eduardo Castellanos Hernández Combatir la impunidad es uno de los elementos esenciales para enfrentar a la delincuencia organizada, sin embargo, de acuerdo

con los especialistas que participaron en esta mesa de trabajo, se requiere de una modificación a las leyes para ampliar el campo de acción de la justica; asimismo, establecer estándares de colaboración y trabajo entre las diferentes policías. Los efectivos policiacos son un factor importante, por ello es indispensable reconocer su labor pero sobre todo impulsarla hacia la institución en donde se les brinde certeza jurídica y laboral, en estricto apego a los derechos humanos y a la Carta Magna, sin pasar por alto los tratados internacionales a los que México pertenece. El Dr. Samuel González detalló que el error en la lucha contra el narcotráfico, ha sido que la Federación, en lugar de fortalecer a las policías locales y municipales, amplió el campo de acción a las autoridades federales, cuando en realidad es imperante una vinculación de todas éstas para liberar al país de la delincuencia organizada. Uno de los escenarios para enfrentar la delincuencia es la tecnología, la cual es usada por los grupos criminales en diferentes ámbitos. El Dr. Salvatore La Barbera, puntualizó la forma en que Italia enfrenta este fenómeno, así como las reformas estructurales en las leyes que permitieron acotar el espectro de influencia. De las técnicas cibernéticas de investigación, sostuvo, el cateo informático es el que brinda mayores elementos para combatir eficientemente a la delincuencia. Informó que los crímenes cibernéticos han proliferado con los avances tecnológicos, algunos de ellos son: el acceso a sistemas informáticos sin autorización, el terrorismo informático o el fraude informático. Comentó las diferentes técnicas de trabajo de la policía especializada y resaltó la importancia de los protocolos de actuación a fin de garantizar y salvaguardar la integridad de la persona o del presunto delincuente. El Mtro. Alejandro Ramos Flores comentó que una de las propuestas del Ejecutivo Federal es la creación de la Comisión Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una organización, dijo, enfocada en los temas a los que su propio nombre se refiere. Será un organismo con enfoque subregional, especializado y coordinado con otros que puedan brindar

apoyo para la obtención de información, incluso económica de los delincuentes. “El esquema hemisférico no contempla la creación de una policía supra nacional, se prevé una operación de programas que realicen estudios de mejores legislaciones, mejor capacitación, mejores técnicas de investigación etc.” Durante su participación reconoció la importancia de contar con un esquema de retribución que brinde a los efectivos policiacos una seguridad económica; en donde sus respectivas

Las recomendaciones de Derechos Humanos hechas a México son por impunidad y por el nulo acceso a la justicia

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instituciones los apoyen para el mejoramiento de sus condiciones sociales y las de su familia, con créditos para la vivienda y becas para sus hijos. La extinción de dominio es una de las herramientas imprescindibles en la reforma penal para enfrentar al crimen organizado, tal como ha ocurrido en otros países. Pero además es necesario ampliarla hacia otros planos, así lo destacó el Dr. Elías Huerta al denunciar que en México no existen casos de gran trascendencia en donde se extinga el dominio de bienes de gran valor. “Debe enfocarse también a personajes de la clase política, que sexenio tras sexenio se enriquecen de manera inexplicable en un terreno abierto a la impunidad, en donde los recursos del erario público se quedan en manos de unas cuantas personas, que sirviéndose de su posición política, se dedican a saquear al país.” En Colombia, señaló, toda persona está obligada a comprobar la licitud en la adquisición de sus bienes, de no hacerlo, opera ésta figura. No se requiere que se esté vinculado a delitos graves o de criminalidad organizada. Basta la aplicación del principio de solidaridad social que prevé la ley suprema colombiana. Esto ocurre, detalló el Presidente de la ANDD, porque las propiedades de los capos de la droga se encuentran a nombre de familiares, amigos, esposas y testaferros, quienes sirven de prestanombres para proteger las fabulosas riquezas generadas en forma ilícita. “La recuperación de todos esos recursos puede destinarse a la lucha contra el narcotráfico, en específico por ejemplo, a las familias de todos aquellos elementos que valientemente arriesgan su vida por la seguridad del país o de los hijos y familiares de las víctimas de estos delitos, que ahora hay muchos en México.”

MESA 6: Mesa de Conclusiones sobre Seguridad. PONENTES: Dr. Luis Camilo Osorio Izasa (Colombia); Dr.

Daniel Montero Zendejas, Presidente del Observatorio del Sistema Nacional Penitenciario y Dr. Miguel Ángel Borja Tovar, Presidente del Consejo Rotario de Seguridad Pública. La colaboración entre autoridades y sociedad civil es una simbiosis que ayudará a enfrentar al crimen organizado, sin embargo existe una resistencia de los gobiernos para alcanzarlo. De acuerdo con los ponentes y lo descrito por el Dr. Luis Camilo Osorio, si la sociedad civil no se compromete

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en la lucha contra la delincuencia organizada, es prácticamente imposible ganarla. Los participantes coincidieron en señalar que un ataque importante a las organizaciones criminales es sin duda la extinción de dominio. Se requiere, aseguraron, estudiar el narcotráfico con más amplitud de criterio, porque se trata de un fenómeno que genera otros delitos como el tráfico de armas, de personas, secuestros, homicidios, y en un extremo el delito del terrorismo, el cual desafortunadamente en México comienza a tener presencia. Otro punto neurálgico es el trabajo penitenciario, en donde los centros carcelarios se han convertido en universidades del crimen, así como centros de operaciones desde donde se fraguan delitos como extorsión, secuestro, lenocinio y narcotráfico. Recordaron que los penales se encuentran controlados por grupos delictivos; no existe la readaptación social, ni los derechos humanos.

MESA 7: El marco Internacional de los Derechos Humanos. El Juicio de Amparo y los Derechos Humanos. Derechos Humanos y Delitos Ambientales. PONENTES: Dra. Patricia Olamendi Torres, funcionaria de la OEA; Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez, Magistrado Federal Penal; Dra. Elena Ruth Guzmán, Vice Presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y Lic. Braulio Ramírez Reynoso, Coordinador de Asesores del Abogado General de la UNAM. Moderador: Dr. Miguel Ángel Borja Tovar. El tema de los derechos humanos (DH) ha causado una gran revolución en el ámbito jurídico de México. A tal grado que la Constitución asumió un papel protagónico para garantizar a

los mexicanos su protección. Los ponentes advirtieron que nuestro país, a finales del siglo XX, empezó a involucrarse con mayor fuerza en el tema; incluso hubo de reconocer, por parte de las autoridades, que la mayor parte de las recomendaciones hechas son por impunidad y el nulo acceso a la justicia. El Estado está obligado a reparar los daños y a prevenir las violaciones a los DH, por ello es necesario que la sociedad civil sea un fiel vigilante para que las recomendaciones o sentencias sobre la materia sean cumplidas. El tema ambiental no quedó fuera de la agenda durante el X Congreso de la ANDD, el cual fue abordado por la Dra. Elena Ruth Guzmán quien reiteró la importancia de mantener políticas públicas enfocadas hacia su conservación y desarrollar una cultura desde la academia que influya de manera inmediata en el actuar de la sociedad y de las autoridades para garantizar una protección real al medio ambiente. No basta tener una legislación que proteja los derechos ambientales hace falta su aplicación, los reglamentos y los medios para hacerlos cumplir, aseveró la especialista.

de los más graves problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Igualmente destacó la importancia de la difusión y consolidación de la cultura de los derechos humanos, expresando que en la Facultad de Derecho de la que es titular, éste es un tema que tiene la mayor importancia y que ya se ha incorporado la materia de derechos humanos como parte de las asignaturas obligatorias del programa de estudios.

MESA 8: Conclusiones y Propuestas. En esta mesa se presentaron las conclusiones y propuestas generales del Congreso, comprometiéndose los organizadores a elaborar una memoria completa que será entregada a los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que se instalarán en septiembre y a quién resulte declarado presidente electo por el Tribunal Electoral Federal, integrándose al efecto una comisión de seguimiento.

Ceremonia de Clausura El mensaje formal de clausura del X Congeso de la ANDD estuvo a cargo de la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien felicitó a los organizadores por el elevado nivel de las ponencias, de las conferencia magistrales y de las propuestas que se formularon, reiterando su confianza en que con eventos con la calidad que este tuvo, los abogados, los especialistas y los doctores en derecho agrupados en la ANDD, habrán de contribuir a la solución de muchos de los temas que hoy hacen que la inseguridad, la corrupción y la impunidad sean algunos

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DIPLOMAS A DOCTORES EN DERECHO DE NUEVO INGRESO A LA ANDD

En el marco de X Congreso Nacional de la ANDD, se entregaron constancias de ingreso a nuevos miembros de la Asociación, entre los que destacan:

Cervantes z e d n á n r e H Dr. Gonzálo

atiño Reyes P to r e lb A Dr.

s z de los Río é v a h C o lf o Dr. José Rod

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ez Ledezma r a lv Á io r a Dr. M

CONCLUSIONES Exigir la pronta aprobación de un código único federal del nuevo procedimiento penal acusatorio. Aprobación de la nueva Ley de Amparo. Aprobación de las 4 leyes reglamentarias ordenadas en los artículos transitorios de la reforma constitucional de Derechos Humanos. Reformar la Ley del Congreso para que los legisladores puedan tener mayores facultades de investigación sobre acciones dudosas de servidores públicos, en específico para combatir actos de corrupción. Fortalecer a las fiscalías de extinción de dominio, federal y estatales. Para generar el cambio cultural que implica el nuevo sistema de justicia, solicitar a las autoridades de la SEP se incorporen programas en educación secundaria para que se fomente la Cultura de los Derechos Humanos y la Cultura de la Legalidad. Promover el uso masivo de los medios alternativos de solución de conflictos. Exhortar a los titulares de los poderes federales y locales para que ejerzan liderazgo y voluntad política para una pronta, homogénea y efectiva implementación de la reforma penal en todo el país. Promover en todo el país una real capacitación y profesionalización de los operadores del nuevo sistema penal, incluidos los defensores particulares. Crear un observatorio nacional de DH. Promover la incorporación de la asignatura de DH y del proceso penal acusatorio adversarial, como materias obligatorias en las escuelas y facultades de derecho de todo el país, tanto públicas, como privadas. Promover se concrete en la Constitución y en la ley la colegiación obligatoria de los abogados. Promover una cruzada nacional de respeto a los derechos de las víctimas. Insistir ante los órganos legislativos sobre las reformas pertinentes para modernizar a la SCJN en sus facultades de control constitucional y de ampliar las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, principalmente para que se realicen evaluaciones sobre la calidad del trabajo jurisdiccional de las autoridades judiciales. Propiciar una consulta nacional sobre la conveniencia de convocar la promulgación de una nueva Constitución Federal. Exhortar a los actores políticos para que celebren un acuerdo nacional que genere los acuerdos mínimos para profundizar en una reforma judicial que combata inseguridad, corrupción e impunidad; fortalezca a las instituciones de la República y para que elaboren las reformas estructurales, que desde hace más de 2 décadas viene demandando la sociedad civil

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DELITO CIBERNÉTICO: HERRAMIENTA PARA COMETER CRÍMENES TRADICIONALES K Dr. Salvatore la Barbera*

a inminente relación existente entre los delitos cibernéticos y los tradicionales ha llevado a la policía italiana a reformar y fortalecer sus leyes a fin de enfrentar, en un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos, el apremiante avance del crimen logrado gracias a la tecnología. En los años 90 inició en Italia una nueva normativa en delitos cibernéticos para combatir, en una primera instancia la pornografía online. Con el paso de los años y ante nuevos factores de riesgo, las autoridades italianas, bajo la responsabilidad de la Policia Postale, se convirtieron en un garante de la secrecía de la correspondencia y de la libertad de cualquier forma de comunicación entre los ciudadanos; con ello fue necesario proteger bienes jurídicos y hablar de una Seguridad Informática. En 1996 en Italia nació un primer núcleo operativo en el ámbito de la Policía Postal de Telecomunicaciones, enfocado al combate de crímenes en el sector de las telecomunicaciones. Para conocer más a fondo y entender la forma en que Italia enfrenta a la delincuencia organizada cuando hace uso de la tecnología, Foro Jurídico platicó con Salvatore La Barbera, Director del Departamento de la Policía Postal y de Comunicaciones de Milán, área espacializada en delitos cibernéticos de la Policía Nacional de Italia, quién participó el pasado mes de agosto en el X Congreso de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, en la Ciudad de México. Uno de los principales elementos de la experiencia de la policía cibernética, orientada a la individualización de estrategias para desarrollar medidas organizativas y operativas de delitos cibernéticos, explicó el funcionario policiaco italiano, es la consciencia de que éstos no se constituyen en un mundo aislado, ya que la mayoría de ellos se encuentran relacionados con crímenes tradicionales contra la persona y el patrimonio, en los que la delincuencia organizada frecuentemente está detrás. Reproducimos a continuación para nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.

¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA USTED EN LA POLICÍA NACIONAL ITALIANA? Estoy a cargo del Departamento de la Policía Postal y de Comunicaciones en Lombardia. Se trata de una

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oficina especializada en delitos cibernéticos en Milán con competencia regional. Todos los servicios especializados de la Policía de Estado cuentan con oficinas regionales coordinadas por un servicio central denominado Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ubicado en Roma y que incluye 80 secciones a nivel provincial que dependen de cada región. La Policía Nacional Italiana abarca muchos servicios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y todos le reportan a una estructura central encabezada por el Jefe de la Policía, ubicado en la punta jerárquica de una organización compleja, basada en direcciones nacionales por servicios y actividades de prevención específicas. Cada Servicio Nacional cuenta con una articulación territorial cuyas actividades se desarrollan bajo la supervisión o control del Questore quien es la autoridad técnica de seguridad pública a nivel provincial. La policía depende del Ministerio Interior y en la escala jerárquica se ubica al Jefe de la Policía como Director General de la Seguridad Pública Nacional. La Questura (Jefatura de Policía a nivel provincial) es la casa de la Polizia di Stato a nivel territorial dentro de la cual se realizan los servicios de policía administrativa, de prevención general y de investigación.

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FISCALÍA? La Polizia di Stato cuenta tambien con una serie de departamentos especializados como es el caso de los delitos cibernéticos así como otros sectores fundamentales de especialización. Estos servicios regionales dependen directamente del Servicio Nacional y operan en contacto directo con las Jefaturas de Policía del territorio, con constante intercambio de información, siendo que a el Questore, entre muchas actividades, le toca la dirección en la prevención de crimenes a nivel provincial. De acuerdo con el código de procedimientos penales, la policía judicial recibe las denuncias de las víctimas; asimismo investiga por oficio la mayoria de los crímenes. En razón de la obligatoriedad de la acción penal, todas las denuncias y los hechos criminales son reportados al Fiscal, quien, en el sistema procesal italiano, es el director de la investigación y por lo tanto, toma las decisiones de las iniciativas a implementar. Las relaciones entre Fiscales y directores de servicios de policía judicial son constantes así que la reciproca consulta ayuda el desarrollo de estrategias de investigación especialmente cuando son de largo plazo o presentan complejidad como es el caso de investigaciones llevadas a nivel internacional.

¿QUÉ DELITOS CIBERNÉTICOS ENFRENTAN MÁS? Hay de distintos ámbitos. Sin embargo las 3 principales áreas que tocan el mundo informático son las siguientes:

•Delito informático: es el que está construido en torno a la violación de una porción del disco duro de una computadora, de un espacio virtual que pertenece a una persona o a una empresa. La mayoría de ellos están enfocados a atacar sólo la estructura, a interrumpir un servicio o también a realizar hurtos de información. Con la Ley 48 del 2008 Italia ratificó la Convención de Budapest en materia de delincuencia informática a partir de la cual se identificaron estos nuevos crímenes.

•Delitos contra la persona:

como la pedo-pornografía, la difamación, la sustitución de personas o también incluso amenazas que se puedan realizar con el uso de comunicaciones telemáticas.

•Delitos contra el patrimonio:

este es el ámbito más frecuente porque con un mínimo movimiento puede dañar los patrimonios de los ciudadanos que cuentan con cuentas bancarias online o que mediante un procedimiento electrónico obtienen información de tarjetas de crédito que después son usadas por grupos criminales para mover enormes cantidades de dinero, afectando numerosas víctimas al mismo tiempo.

Hoy todos utilizan sistemas informáticos y la red para controlar su economía, una situación que no escapa de los grupos criminales quienes tienen el conocimiento técnico para intentar sustraer datos personales e ingresar en esos espacios informáticos para realizar un crimen que, a pesar que inicialmente se califique como informático, en realidad atenta contra el patrimonio de las personas, considerándose como un fraude.

¿CUÁL ES EL DELITO MÁS IMPORTANTE QUE HA INVESTIGADO Y CUÁL HA SIDO LA CLAVE PARA RESOLVERLO? Todos los casos son importantes. Lo que puedo decir, por ejemplo, es que en al pasado mes de julio concluimos 3 operaciones con la emisión de un total de 91 órdenes de aprensión por parte de la autoridad judicial de Milán, que todas afectaban los patrimonios de muchos ciudadanos. Se trataba de sistemas complejos que incluían lavado de dinero y fraudes informáticos que estaban en manos de grupos de delincuencia organizada transnacionales que finalmente fueron desmantelados. Fue una actuación valiosa que se logró consolidar al conectar casos aislados, muchos de los cuales habían sido denunciados por las víctimas, que ubicaban los reportes a la policía en distintas ciudades del país. Por lo tanto una primera clave es conectar casos aislados, identificando crímenes específicos de la actividad de alguna organización criminal en particular. Este acercamiento permite contar con una herramienta normativa de investigación que fortalece el expediente del Fiscal en el jucio, siendo que la Ley italiana cuenta con un mecanismo de recuperación del dinero para resarcir el daño a las victimas mediante la identificación de los patrimonios de los imputados, incluso si están ubicados en el extranjero, gracias a la cooperación internacional que se logra en estos casos complejos. Esta información resultaría más difícil de conseguir si los hechos se investigaran por separados ya que no se podría identificar y desmantelar el grupo criminal responsable de la operación entera. Así, tenemos que la cooperación internacional a nivel judicial y policial es clave para resolver casos relacionados con este mundo cibernético dentro del cual los delincuentes encuentran muchas ventajas al actuar a distancia y en distintos países a la vez. En este ámbito Italia cuenta con una amplia y eficiente red de cooperación internacional que incluye tambien oficiales de enlace presentes en varios países del mundo, estructura que ayuda en identificarlos, detenerlos y extraditarlos para llevarlos a jucio. Es importante señalar que las principales áreas de operación de la Policía cibernética son: •La pedopornografía online •El cyber-terrorismo •La protección de infraestructuras informáticas del país •Hacking •Medios de pago electrónicos •Copyright •Phishing

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Protección de infraestructura crítica del país:

Hoy en día existen sistemas informáticos que pueden controlar numerosos servicios de utilidad pública, por ejemplo los servicios de proveedores de bienes fundamentales como el agua, la luz, el teléfono, el transporte público, los servicios sanitarios etc. Son considerados de interés nacional porque manejan información y programas que los hace susceptibles de ataques informáticos que pueden neutralizar su capacidad de operación.

Interceptación telématica:

•E-Banking / Mobile-Payment •Análisis criminológico de fenómenos emergentes •Delincuencia organizada transnacional •Lavado de dinero

Me parece que uno de los delitos más impactantes es la pedopornografía online, por su importancia en el ámbito de la tutela de las garantías de los menores y de las familias que son agraviadas por estos actos criminales. Por eso existe un área continua de prevención para impedir que los usuarios de una computadora en Italia naveguen en sitios marcados como pedopornográficos. En ese sentido, contamos con un sistema central nacional que permite bloquear el acceso a sitios enlistados por los organismos centrales. En la prevención de este problema, cabe señalar que en Italia, para facilitar a los niños una navegación más segura, se cuenta con un proyecto nacional constante desarrollado por la policía. Consiste en reuniones en las diferentes escuelas en donde participan profesores, estudiantes y familiares para informar de los riesgos que hay en internet y sensibilizarlos sobre el uso de los instrumentos informáticos. Internet ofrece servicios útiles y fundamentales, no se puede negar que existe mucha información; sin embargo, hay riesgos que deben ser difundidos para tener cuidado, sobre todo, en los jóvenes para que, entre otras medidas, no acepten ni mantengan comunicación con desconocidos.

¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS QUE SURGEN CON LOS CIBER DELITOS? Entre los más destacados y por mencionar algunos se encuentran, en el caso de Italia:

Domicilio informático: Se trata de cualquier espacio informático en donde la persona puede guardar sus datos personales o expresar su personalidad; es una extensión del concepto tradicional de domicilio que conocemos. Es el lugar que contiene, bajo forma electrónica, los datos de un ciudadano o de una empresa pública o privada y por lo mismo deben estar a salvo de una intrusión o ataque.

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Un sistema que permite grabar el tráfico de un correo electrónico. Una vez que el Fiscal obtiene la orden judicial, la policía recibe una copia de lo que pasa en el correo electrónico de la persona investigada. Aquí los proveedores de servicios deben actuar bajo una operación técnica para realizar este mecanismo y únicamente proceden cuando reciben una orden de la autoridad judicial.

Cateo informático:

Ocurre cuando el Fiscal, en presencia de importantes indicios, emite una orden de cateo para buscar las fuentes de pruebas en el espacio informático de la persona investigada. Es una extensión de las posibilidad de intervención judicial relacionada con la adecuación del mencionado concepto de domicilio.

Flagrancia en un delito cibernético: En el sistema procesal italiano,

en caso de flagrancia, o sea cuando el crimen está actualmente ocurriendo, y en el caso de evasión, la policía judicial puede en la inmediatez realizar un cateo personal o local (domiciliar) cuando tiene razonables motivos para considerar que la persona oculta cosas o huellas pertenecientes al delito que puedan ser canceladas o borradas. En el marco de la misma lógica de intervención inmediata en casos de urgencia, la Ley 48 del 2008, introdujo la posibilidad de realizar, en casos de flagrancia en presencia de las dichas circustancias, tambien cateos informáticos. Este procedimiento se realiza cuando la policía judicial tiene que intervenir directamente por la urgencia del caso, cuando hay flagrancia en la que el crimen está cometiéndose en el momento y por las circustancias no se puede esperar a obtener una orden de cateo. Estas acciones siempre se realizan en el marco de una visión procedimental de la actividad de la policía judicial y en estricto apego y respeto de los derechos humanos, de nuestra constitución y nuestra normativa. Además, todos estos aspectos están marcados incluso con la previsión de varios mecanismos de control judiciales y administrativos. En todo este trabajo policiaco los protocolos de actuación son muy importantes. Por ejemplo, cuando se trata un cateo informático es necesario seguir un protocolo para asegurar que no haya alguna alteración del contenido del disco duro o de la computadora, porque estamos ante una estrecha aplicación del principio de conservación de la escena del crimen. Se requiere controlar el contenido del domicilio informático de la persona

SEMBLANZA Salvatore la Barbera • • • • • •

Director Sección de Homicidios (Questura, Palermo) Director del Departamento de Investigación (Questura, Caltanissetta) Director de la Sección de Delincuencia Organizada (Questura, Milán) Director para Delincuencia Organizada y Drogas - Organización Internacional Policía Criminal – Interpol (Lyon) Director para la Delincuencia Organizada y Fugitivos de la Interpol italiana (División Interpol, Roma) Director Regional para Delitos Cibernéticos (Milán)

Academia Derecho en la Universidad de Catania (1990). Estudios post-universitarios en seguridad empresarial en la Universidad Bocconi (2001) Administraciones pública en la Universidad de Catania (2006) Además de estudios de exelencia para Dirigentes Europeos (2008) por la Escuela Superior de Administración Pública de Italia junto con la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Escuela Nacional de dministración de Francia, London School of Economics and Political Sciences y National School of Government (Inglaterra), Krajowa SzkoÅ‚a Administracji Publicznej (Polonia). En el marco de programas desarrollados por la policía italiana, ha sido organizador y docente de cursos de capacitación para oficiales de policía judicial de varios Países en materia de delincuencia organizada, antidroga, búsqueda de fugitivos, operaciones internacionales con uso de técnicas especiales de investigación, análisis económico del crimen organizado y delitos cibernéticos. Ha participado en varios grupos de expertos a nivel internacional en materia de tratamiento e intercambio de informacion policial, búsqueda de fugitivos y grupos delictivos internacionales. Ha sido capacitador para la implementación de la Convencion ONU en materia de delincuencia organizada transnacional en varios paises de América Latina.

investigada; por eso, es necesario copiar la información con un mecanismo que permita que no se altere de ninguna forma el disco duro original y además se debe contar con una copia que no sea modificable ni por los operadores. Así se garantiza que la búsqueda de información sea como si se tratara de la computadora original. Esto da pie a otro elemento importante dentro de la praxis de investigación que es la conservación de la escena del crimen. Es decir, mantener todas las actividades de la presunta conducta criminal en la computadora tal cual. Hay un mecanismo que los expertos realizan para recuperar el historial de lo ocurrido en el ordenador; por ejemplo, una vez completado el análisis técnico, la policía especializada deberá realizar un acta de operación y despues testificar en el juicio. De ser encontrada útil la información, el Fiscal podría emitir una orden para tomar los archivos que están guardados por un tiempo en los proveedores de servicio de internet y que permiten llegar a la línea telefónica de donde se realizó la conexión. La actuación de la policía cibernética se da por 4 vías básicas: la denunciaciudadana que nos reporta los hechos; unmonitoreo constante del espacio público de internet que nos sirve para saber si hay síntomas de casos criminales; investigaciones desarrolladas por iniciativa propia cuando encontramos una notitia criminis, o las que se arman por orden del Fiscal; además existe una relación con las fuerzas policiacas en sus investigaciones por otros crímenes que requieren apoyo especial.

¿POR QUÉ ITALIA DECIDIÓ QUE EL TIEMPO PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN DE PROVEEDORES SEA DE 12 MESES? Cuando nos conectamos a internet, normalmente hay un número IP que el proveedor asigna temporalmente al usuario,

el proveedor sabe que es dinámico, se encuentra asignado a dicha hora a un número telefónico con quien hay un contrato de servicios. El número dinámico significa que si nos vamos a desconectar, el IP puede ser asignado a otro usuario, porque no todos cuentan con un IP fijo. Entonces esa información se guarda en la base de datos de servicios. La ley italiana establece que los proveedores de servicios deben archivar ese tráfico por la red durante 1 año, lo cual es muy valioso durante una investigación para saber el número IP y cuál es el usuario que lo usaba en un momento especifico cuando se realizó la conexión investigada. Los principales problemas a los que nos enfrentamos al realizar investigaciones son de índole técnico, como el anonimato de la procedencia del lugar en donde se realiza el crimen. Actualmente con la cooperación internacional, la policía tiene una gran ventaja para las investigaciones cibernéticas. Como ya mencioné, las últimas investigaciones se resolvieron gracias a una red de sistemas de cooperación internacional policial y judicial muy eficientes; así como de una respuesta pronta de los diferentes países. Lo que si te puedo decir es que cualquier monitoreo, incluso en el caso del ciber terrorismo, únicamente se realiza con el tráfico público que hay en la red, nunca de lo privado. Es como leer un períodico; o sea tratar información abierta. Para monitorear cualquier espacio virtual privado se necesita siempre una orden judicial motivada. La mayoría de las medidas que se realizan en este ámbito se hacen al unir las actividades que realizan las oficinas especializadas en el tema del terrorismo y bajo su control operativo K

*Director Regional de la Unidad de Delitos Cibernéticos en la Policía Nacional de Italia

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ENFRENTARÁ LA LXII LEGISLATURA RETOS CRUCIALES PARA SUPERAR REZAGOS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD:

César Duarte Jáquez

Los cambios se lograrán con la acción coordinada del Legislativo y el Ejecutivo. Abriremos un gran debate nacional que promueva la participación ciudadana. Pugnaremos por reducir el tamaño de las cámaras, reglamentar la iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y consulta popular. Impulsaremos la transparencia y la rendición de cuentas.

hihuahua, Chih. Durante los días 20 y 21 de agosto se reunieron en la ciudad de Chihuahua los senadores electos del PRI en la cámara alta, con el propósito de fijar su agenda de trabajo en esta etapa de arranque de sus trabajos legislativos. Esta Primera Reunión Plenaria de Senadores de la República en la LXII Legislatura, estuvo encabezada por el líder senatorial priísta Emilio Gamboa Patrón y fungió como anfitrión el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jacquez, quién al dar la bienvenida a los senadores electos de su partido aseguró que se trata de un grupo de experimentados y capaces legisladores que construirán, a partir del próximo 1° de septiembre, los acuerdos para superar los rezagos económicos y de seguridad que aquejan a México. “El país, dijo, enfrenta importante retos, los cuales junto con el desarrollo armónico, requieren del talento y la solidez de un grupo parlamentario como éste que sabrá estar a la altura”. Nuestros senadores, aseguró, son representantes legítimos de un federalismo que aspira a fortalecerse en beneficio de las entidades mediante una mayor equidad de las políticas públicas. “Hoy tenemos retos que nos agobian: por ejemplo, la entrada en vigor de la Ley del Narcomenudeo es una enorme responsabilidad para los estados y municipios, con mínimas herramientas para enfrentarlas con eficiencia”.

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Esta reunión es un hecho histórico para el estado, destacó César Duarte, que nos compromete a participar más activamente en la construcción del nuevo rumbo que el país demanda. La visita de los senadores, en la víspera de instalarse la próxima legislatura, es un mensaje al país de que en Chihuahua se respira un ambiente de recuperación de la paz y de convivencia armónica. Es una oportunidad, sobre todo, cuando inicia un nuevo gobierno, un nuevo régimen y por el hecho de que los senadores acompañarán al próximo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, hasta el año 2018. Encauzar por la vía de las instituciones, enfatizó, los rezagos y las necesidades que tienen el estado y el país, es algo absolutamente legítimo. “Como gobernador me entusiasma saber que tenemos claridad y tenemos rumbo, que México sin duda se va a transformar, porque este no es el fin de un sexenio, es el cambio de un régimen que habrá de fortalecer las instituciones y con ello, elevar la calidad de vida de los mexicanos.” En cuanto a la Ley de Combate al Narcomenudeo – uno de los temas que planteó Duarte a los senadores – , existe la inquietud de asumir estas nuevas responsabilidades sin contar con las herramientas necesarias para enfrentar este grave problema. Consideró elemental que el Senado pueda resolverlo en la

probabilidad de una distribución o un ajuste al marco fiscal del país. Finalmente, el mandatario estatal pidió a los futuros senadores impulsar las 4 principales reformas que requiere el país en los rubros energético, laboral, seguridad social y hacendario, en beneficio de las familias mexicanas. Por su parte, el Senador Emilio Gamboa Patrón – recién designado por sus pares, líder del Grupo Parlamentario del PRI – , agradeció su apoyo y hospitalidad al Gobernador César Duarte, para celebrar en esa entidad, distinguida por sus avances en materia económica, de seguridad y educación, la Primera Reunión Plenaria de Senadores de la República en la LXII Legislatura, de los 51 senadores electos de su partido, subrayando que todas las propuestas que se presentaron durante el encuentro, serán el preámbulo de las grandes reformas que se requieren para mover a la sociedad hacia la nueva ruta de progreso. Indicó que es comprensible que los grupos de interés intenten obtener beneficios de todas las acciones de gobierno; sin embargo, mencionó, se ha llegado al punto en que si los beneficios no se socializan, no llegan al grueso de la sociedad, son estériles y dañan al conjunto. Sostuvo Gamboa Patrón que si el PRI regresó al poder, fue porque los electores están insatisfechos con lo que tienen; “son migrantes electorales”, que nos otorgaron su confianza para ver si nosotros somos capaces de responderles, y ante ello, consideró que el asunto es muy sencillo: los mexicanos quieren fundamentalmente trabajo, educación salud, alimentación, seguridad y paz. Frente al Presidente del CEN del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, el Gobernador del Banco de México, Agustín Cartens Cartens y a quién fuera el coordinador General de la Campaña Presidencial

de Enrique Peña Nieto, Luis Videgarray, Emilio Gamboa comentó que ésta es la primera de muchas reuniones de trabajo en las que juntos delinearán las grandes tareas republicanas que demandan los mexicanos. Señaló además, que el grupo parlamentario del PRI analizará el problema de inseguridad, la crítica situación de las pensiones y los pensionados, la universalidad de los servicios de salud, la mejora y fortalecimiento de la educación y la competitividad del país. Sólo así, dijo, alcanzaremos el desarrollo que México requiere. También impulsaremos, aseguró la acción coordinada del Legislativo y el Ejecutivo para lograr los cambios, al promover un gran debate nacional sobre ellos, que aliente la participación ciudadana, que incluya temas como la reducción del tamaño de las cámaras y la reglamentación de figuras de una democracia participativa como la iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y consulta popular. Finalmente, Gamboa Patrón indicó que los mexicanos reclaman trabajo, comida, educación de calidad, salud, medio ambiente sano, ciudades cómodas, seguridad, acceso tecnológico, recreación, honradez, austeridad, rendición de cuentas y transparencia en los órganos de gobierno. La propuesta de Enrique Peña Nieto propone, contiene los ingredientes para lograr estos fines, por lo que está convencido de que, además de haber demostrado su compromiso, madurez política y responsabilidad para enfrentar los grandes temas nacionales será un gran Presidente de México, por su capacidad en la toma de decisiones estratégicas, su cercanía con la gente, su temple y su carácter. “Por eso, estamos convencidos de que juntos construiremos el rostro de una nueva nación.” K

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Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, iniciativa para enfrentar con mayor eficacia al crimen a nivel continental El objetivo, articular los esfuerzos hemisféricos contra la delincuencia organizada transnacional, incentivando una mayor colaboración y coordinación regional sobre el tema.

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a iniciativa mencionada nace de la inquietud de nuestro país en elevar el nivel de discusión regional y de fortalecer la cooperación sobre el combate a la delincuencia organizada transnacional, a través de la renovación del compromiso político sobre el tema y la alineación de los trabajos de cooperación continentales, traducidos en la puesta en marcha de acciones concretas en la materia, en aras de aprovechar de mejor forma las capacidades institucionales y maximizar los recursos humanos y financieros empleados por los países del continente en este rubro. Por tal motivo, el Gobierno de México, a través de la Presidencia de la República, propuso la creación de un Esquema Hemisférico con el objetivo de potenciar las acciones nacionales y regionales contra el flagelo de la delincuencia organizada transnacional. En el marco de este esfuerzo, se convocó a una Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional que tuvo lugar el 1 y 2 de marzo de 2012, en la Ciudad de México, marco en la cual se analizaron los nuevos métodos empleados para la comisión de ilícitos por parte de las organizaciones delictivas que operan en la región, así como las estrategias para enfrentar dicho fenómeno, proponiéndose impulsar la creación de un Esquema de cooperación encaminado a incentivar una mayor cooperación y coordinación entre los países del hemisferio para facilitar la detección y la desarticulación de dichas organizaciones delictivas. Posteriormente, la referida iniciativa fue elevada a la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la VI Cumbre de las Américas, celebrada el 14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias, Colombia,

quienes aprobaron de manera unánime desarrollar un Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

A efecto de cumplir con el Mandato de Cartagena, se llevaron a cabo tres Consultas Técnicas, la primera de ellas, realizada el 28 y 29 de mayo de 2012 en Cancún, Quintana Roo, la Segunda Consulta tuvo lugar el 28 y 29 de junio de 2012, en La Antigua Guatemala, Guatemala y la Tercera y más reciente se celebró el 02 y 03 de agosto pasados, en Santiago de Chile.

Necesario propiciar el intercambio de información estratégica, táctica y operativa en los ámbitos de inteligencia, de investigación y de persecución.

En el marco de dichas sesiones de trabajo los países participantes propusieron básicamente que el Esquema Hemisférico esté conformado por dos pilares principales: uno político y otro operativo.

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El esquema hemisférico, sin precedente, se pondrá en marcha con 2 ejes primordiales: Político: a través de la Comisión Interamericana que se encargará de abordar la problemática de la delincuencia organizada de manera integral,

Operativo: con un Centro Coordinador contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conformado por redes de fiscales de policías, así como de inteligencia.

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL ESQUEMA HEMISFÉRICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Fecha 1-2 Marzo

Lugar México D.F.

Evento Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

28-29 Mayo

Cancún, Q.R.

Primera Consulta Técnica para Desarrollar el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

28-29 Junio

Antigua, Guatemala Segunda Consulta Técnica para Desarrollar el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

2-3 Agosto

Santiago, Chile

Tercera Consulta Técnica para Desarrollar el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Esta iniciativa fue aprobada por 33 jefes de Estado y de Gobierno durante la VI Cumbre de las Américas, efectuada en Cartagena de Indias, Colombia.

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El eje político estaría conformado por una instancia técnico-política que podría constituirse en una Comisión Interamericana contra la Delincuencia Organizada (CIDOT) encargada de impulsar los esfuerzos en la lucha FRQWUD HVWH ÁDJHOR En este sentido, los países han discutido la necesidad de promover la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como “Convención de Palermo” y sus tres Protocolos complementarios, el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (PAHDOT) y su respectivo plan de trabajo, así como los demás instrumentos y programas internacionales aplicables en la materia. Asimismo, entre las propuestas planteadas en las que ha participado la Procuraduría General de la República, se encuentran: el impulsar una mayor articulación de la asistencia y la cooperación técnica \ ÀQDQFLHUD SDUD \ HQWUH ORV (VWDGRV partes, incentivar la adopción de políticas públicas, estrategias y leyes en materia

de prevención, aplicación de la ley, reinserción social y atención a víctimas; la elaboración de estudios y el incremento del intercambio de mejores prácticas, así como de la capacitación sobre temas afines a la lucha contra la delincuencia organizada. En lo que hace al pilar operativo, se ha discutido la conveniencia de contar con un Centro Coordinador con una estructura propia y autonomía funcional, con la finalidad de facilitar la coordinación y articulación de las acciones estratégicas, tácticas y operativas de los Estados y de las redes hemisféricas de intercambio de información y cooperación existentes.

operativa en los ámbitos de inteligencia, de investigación y de persecución, favoreciendo al mismo tiempo una

Se ha trabajado intensamente durante los meses más recientes para consolidar el proyecto mencionado, que tiene el objetivo de contribuir a una mayor y más efectiva coordinación, colaboración e intercambio de información con los países del hemisferio, lo que sin duda favorecerá también a un combate más certero a la delincuencia organizada en México.

Una efectiva coordinación, colaboración e intercambio de información con los países del hemisferio, favorecerá a un combate más certero a la delincuencia organizada en México.

Sobre el particular, se tiene la intención de propiciar el intercambio sistemático de información estratégica, táctica y

organización más efectiva para la asistencia y la cooperación técnica y financiera.

Esta iniciativa requiere de la colaboración y el apoyo de todos los países del hemisferio, sin embargo, se han dado ya pasos firmes para verlo concretizado en un futuro próximo.

Es así como nuestro país participa en la suma esfuerzos continentales, con miras a combatir con mayor eficacia el flagelo de la delincuencia organizada transnacional en la región K

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DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL PARA UNA GLOBALIZACIÓN EQUITATIVA K Dr. Leopoldo Villaseñor Gutiérrez

En la 86ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) celebrada el 18 de julio de 1998 en Ginebra, Suiza, se aprobó la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento, en la búsqueda de la justicia social para garantizar una paz universal y permanente, que propicie equidad, progreso social y la erradicación de la pobreza a nivel mundial, siendo el crecimiento económico el instrumento clave para conseguir igualdad, libertad y el fortalecimiento del empleo, la formación profesional y las mejores condiciones de trabajo que permitan un desarrollo sostenible. 40 FORO JURÍDICO

os grandes desequilibrios y desigualdades en el trabajo, motivo de dicha declaración, se presentan en personas con necesidades especiales como: desempleados, trabajadores migrantes, mujeres, jóvenes, niños, economía informal, minorías étnicas, pueblos indígenas, trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, agrícolas, domésticos, de sectores de exportación y trabajadores en diversas formas de empleo atípicos, entre otros, quiénes aún tienen grandes carencias en igualdad de oportunidades y una justa distribución de la riqueza. De acuerdo con la constitución de la OIT en 1919, la Declaración de Filadelfia de 1944 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995, en 1998 emerge la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, consagrando derechos del trabajo reconocidos a nivel internacional en 4 categorías:

1.- Libertad de asociación, libertad sindical (convenio 87,

1948) y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (convenio 98, 1949);

2.- Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (convenio 29, 1930; convenio 105, 1957);

3.- Abolición efectiva del trabajo infantil (convenio 138, 1973 y convenio 182, 1999);

4.- Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (convenio 111, 1958), así como el convenio 100 de 1951 sobre igualdad de remuneración.

En esos 8 convenios de la OIT, se resumen los principios y derechos fundamentales en el trabajo de los 182 países miembros. México, parte de la OIT y de la ONU, ha adoptado la vigencia y obligatoriedad de esos principios, aún cuando algunos no estén ratificados, atendiendo a 2 circunstancias: la primera es que no

obstante la falta de ratificación, la pertenencia y membrecía en la OIT y en la ONU, establece la responsabilidad y adopción de dichos principios; en segundo, como consecuencia de la muy importante reforma del 2011 al artículo 1º de nuestra Constitución Federal, permitiendo la concepción de derechos humanos, que permite la adopción de los derechos laborales objeto de la Declaración de la 86ª reunión de la OIT, que han sido reconocidos y de obligatoriedad para el Estado mexicano y como derechos y prerrogativas de los trabajadores mexicanos, ya que se trata en esencia de verdaderos derechos humanos amparados por el referido artículo que inspira iusnaturalistamente la preeminencia de derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Con la ampliada protección de derechos fundamentales en el trabajo, consagrados en el artículo 5º de la Constitución mexicana, que ipso facto y de manera abstracta lo recogen y reafirman, se ha establecido su observancia y obligatoriedad para el Estado mexicano, como prerrogativas de los trabajadores y agrupaciones sindicales, así como la ampliación de esos principios y derechos fundamentales en el artículo 123 constitucional, ampliamente descritos por su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, no existiendo discordancia alguna en la aplicación de los principios y

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En la declaración se prioriza el examen del funcionamiento y seguimiento del cumplimiento y observancia de los principios y derechos fundamentales, dada la denegación a millones de personas y trabajadores, evaluando los progresos mediante concretas campañas de información y sensibilización en cumplimiento de la cooperación técnica auspiciada por la OIT, en el seguimiento, imponiéndole al consejo de administración de la conferencia y al director general, obligaciones concretas para que obvien resultados, y rindan los informes correspondientes, fijándose para la conferencia del 2016, plazo de evaluación en que se rindan cuentas de la eficacia, transparencia y eficiencia de las acciones emprendidas desde 1998.

derechos fundamentales de 1998. Así, México no escapa al cumplimiento, no obstante haya ratificado o no los 8 convenios que contienen los principios de mención. En la declaración del 18 de julio de 1998, se tuvo el cuidado, de que no obstante el objetivo de trazar y establecer descriptivamente los 8 principios y derechos fundamentales, la propia conferencia planteó el seguimiento promocional creíble y eficaz mediante instrumentos y mecanismos adecuados, estableciendo como premisa que no se utilizaran para fines comerciales proteccionistas, identificando los ámbitos de aplicación mediante seguimientos anuales a partir de 1998, con la creación de comisiones ex profeso en las conferencias anuales de la OIT, buscando los medios de instrumentación, objetivos, jurídicos y de gobernanza en los diversos estados y a nivel mundial, recogiendo como forma de seguimiento el informe anual sobre el curso dado en la promoción del año que concluyere, estableciéndose instrumentos simplificados para las 4 categorías señaladas y elaborar una memoria y formularios para los países que no los hubieren ratificado, que proporcionara aclaraciones adecuadas para comprensión y facilitación de una imagen global y dinámica de su implementación y cumplimiento; programas de acción y de cooperación técnica en los que la OIT marcará y trazará las políticas al caso.

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Por eso, cada año se establece ex profeso en la celebración de la Conferencia Internacional del Trabajo, la creación de la Comisión para la Discusión Recurrente sobre los Principios y Derechos Fundamentales. En la última celebrada en mayo-junio de 2012 -la 101ª-, se denotó en el proyecto de conclusiones, que se siguen respetando los principios rectores y el contexto que dio origen a la adopción, desde 1998, de la declaración respectiva, para alcanzar la justicia social que es una condición previa para la paz universal y permanente, agregándose como ingrediente la Declaración sobre la Adopción del Concepto del Trabajo Decente de 1999, la propia Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995, la otra Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005, esta última basada en la expresión de los jefes de estado y gobierno “apoyamos firmemente una globalización justa y resolvemos que los objetivos del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y los jóvenes, será una meta fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales y nuestras estrategias nacionales de desarrollo” y otros ingredientes producto de diversas declaraciones, de la mundialización de la economía, de los cambios, reacomodos e innovaciones a nivel internacional, de los instrumentos y factores de la producción y especialmente del impacto en las economías locales del avance y la tecnología, técnicas e instrumentos de producción de los países más avanzados, impactando en los de menos avance y relegados, produciéndose así el fenómeno de la globalización, que dio sustancia a la OIT para que en la nonagésima séptima reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo de 10 de junio de 2008, en Ginebra, Suiza, se aprobara la declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa. Dicha declaración es la tercera que engloba y dimensiona en lo general la declaración de principios y políticas de gran alcance de la propia conferencia, pero expresa de manera clara el mandato de la OIT en la era de la globalización. Además, institucionaliza el concepto del trabajo decente, minimiza los efectos de la globalización y establece instrumentos para que sus beneficios y bondades sean transportadas a los países de menor desarrollo, de manera equitativa y con una premisa de buscar la justicia social, como también recoge el diseño y

actualidad, obligatoriedad a la observancia de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Ambas declaraciones mencionadas tienen fines estratégicos para el empleo, la protección social, el diálogo y los derechos en el trabajo, como conceptos inseparables, interrelacionados y de reforzamiento de las políticas internacionales de reconocimiento de los derechos fundamentales, para conseguir los valores y principios recogidos en la constitución de la OIT desde 1919 para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, con una visión más humana y de progreso para toda persona.

vulnerabilidad económica, las crisis recurrentes, la protección del trabajo, la eliminación de las economías informales y la protección integral de los trabajadores, para lograr el progreso y justicia social en un entorno constante de evolución. Es necesario dar a conocer de manera amplia, pública y sin restricciones, el contenido de estas 2 declaraciones, en las reuniones anuales de la OIT y en los ámbitos de la vida social, económica y jurídica de los países miembros adoptando medidas de obligatoriedad para hacer realidad esas finalidades y que éstos rindan informes anuales de la forma en que lo están llevando a cabo, dando a conocer en foros específicos de qué manera se han difundido implementado y cumplido, a fin de que se evalúen y den los seguimientos que la propia conferencia anual estime pertinentes.

La justicia social es una condición previa para la paz.

Se sigue apostando al tripartidismo de los miembros de la OIT, gobierno-empleadorestrabajadores para abordar la era de la globalización, las adecuadas políticas económicas y sociales basadas en el diálogo social para buscar los consensos que permitan la implementación de ambas declaraciones, refuercen la responsabilidad histórica y capacidad de la OIT, compartan las aspiraciones de los estados y miembros y conduzcan a una globalización equitativa y a un mayor acceso al trabajo decente de hombres y mujeres, logrando así un mayor respeto a la dignidad humana y una situación de prosperidad que satisfaga las necesidades y esperanzas de las familias y comunidades a nivel internacional. La Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa se caracteriza por la difusión de nuevas tecnologías, los flujos de ideas, intercambio de bienes y servicios, incremento de los flujos de capital y financieros, la internacionalización del mundo de los negocios y de sus procesos, del diálogo, circulación de personas, nuevas tecnologías y avances técnicos. Debe ser entendida en los contextos nacionales como un fenómeno que irremediablemente impactará sus estructuras sociales, económicas, políticas y laborales, de tal manera, que la labor de la conferencia sea la de establecer los parámetros adecuados de interrelación y coherencia de las normas constitutivas de la OIT con los marcos jurídicos y de gobernanza de los estados y miembros en beneficio de la población de los hombres y mujeres y especialmente de los trabajadores, que eliminen la desigualdad de los ingresos, los altos niveles de desempleo y pobreza persistentes, la

De tal manera que dichos objetivos generales le incumben tanto al consejo de administración, como al director general de la oficina internacional del trabajo, quienes merecen prestar atención en la forma de administrar los recursos y relaciones exteriores, investigar y recopilar e intercambiar la información, asimilar las situaciones actualizadas y las necesidades de los miembros, para brindar la asistencia técnica y servicios de asesoramiento que el caso requiera, debiendo la conferencia evaluar y realizar un extracto de conclusiones de la adopción de nuevas medidas tanto a nivel del ámbito competencial de la propia conferencia y la de los estados K

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EL PROCESO ELECTORAL EN NORTEAMÉRICA K Dr. Armando Soto Flores*

i bien es cierto, que los procesos electorales de cada país tienen una importancia de carácter interno, cuando se habla de la primer potencia del siglo XX y parte del XXI, los Estados Unidos de Norteamérica, ese fenómeno cobra una relevancia de carácter mundial, toda vez que al hablar de la elección del Presidente y Vicepresidente, las dimensiones electorales y políticas, toman un matiz imponente. A diferencia del calendario electoral en México, en donde se carece de un orden o una lógica, pues todos los años y todos los meses hay elecciones municipales y estatales, en los Estados Unidos existe una regla que ordena las elecciones de los tres niveles de gobierno: el martes después del primer lunes de noviembre de cada año hay elecciones presidenciales. Ésta es quizá la gran ordenanza federal del proceso electoral, pues el proceso es descentralizado. Las prerrogativas de la autoridad central son pocas y los estados de la Unión tienen una gran influencia, por ejemplo, en determinar la fecha de su elección primaria.1

PRIMERA ETAPA. Elecciones Primarias

El 4 de noviembre se realiza la votación constitucional por medio de la cual se elige al Presidente y al Vicepresidente de nuestros vecinos del norte y el fundamento constitucional se encuentra vertido en el artículo II, sección 1, 2, 3 y 4 de su Ley Suprema.

Para los candidatos al Congreso, las primarias son de alguna manera preelecciones en las que se confirman las selecciones del partido. De hecho, puede ser la elección real cuando el vencedor quede solo en la palestra durante las elecciones generales. Son elecciones formales, jurídicamente reguladas, que siguen el patrón general de las elecciones finales y son, indudablemente, peculiares a los Estados Unidos. El termino elecciones primarias tiene 2 significados. El primero hace referencia a la serie de elecciones estatales para determinar quiénes son los candidatos a la presidencia de cada partido y el segundo, a una forma específica de votar. Estos procesos electorales constituyen la primera etapa en la larga carrera hacia la Casa Blanca.2 1

Fernández de Castro Rafael. Blackmore Hazel, ¿Qué es Estados Unidos?, Fondo

Económico de Cultura, México, 2008.p.1 *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, e Investigador Nivel I a Nivel Nacional 2

Fernández de Castro Rafael. Blackmore Hazel, ¿Qué es Estados Unidos?, Fondo

Económico de Cultura, México, p.376.

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El primer sistema de postulación utilizado fue el caucus, que consistía en reuniones informales de líderes políticos, que decidían quiénes serían los candidatos a los puestos de elección popular, a través de este proceso se buscaba crear una base de apoyo para una candidato determinado. La asamblea más importante era el caucus legislativo, conformado por miembros del Congreso de ambos partidos, el cual sirvió para designar a los candidatos a la presidencia. Este sistema dejó de utilizarse por considerarse antidemocrático ya que la designación era para un pequeño número de personas que decidía quiénes serían los candidatos, con lo cual los partidos políticos tuvieron que adoptar un nuevo sistema la Convención Nacional.

• Las primarias.- Este sistema fue creado con el fin de darle más participación a los votantes, eliminando el control de los jefes de los partidos sobre el proceso de selección. Se ha convertido en el método más utilizado para seleccionar a los candidatos que participan en las elecciones generales, ya sean legislativas o ejecutivas. En las primarias, los delegados son electos por medio del voto popular directo, los ciudadanos acuden a las urnas y depositan su voto y de acuerdo con los resultados se distribuyen los delegados, designándose dependiendo del porcentaje de votación para cada candidato en un estado o distrito electoral, en el caso de los demócratas, la asignación es proporcional, en el de los republicanos hay algunos estados en que el candidato que obtenga más votos se lleva todos los delegados que corresponden a la entidad. Las primarias son organizadas por las legislaturas estatales a diferencia de las asambleas. Existen varios tipos de primarias, puede ser una elección preferencial en donde los electores votan directamente por el candidato a la presidencia o una elección indirecta en la cual se eligen a los delegados que estarán presentes en las convenciones nacionales. También son partidistas o cerradas en el sentido en que la participación en las mismas se limita a personas afiliadas a un mismo partido.

A diferencia del calendario electoral en México, en el cual no hay lógica, en los EUA existe una regla: el martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años hay elecciones presidenciales.

El proceso de elecciones primarias sirve para determinar quiénes serán los delegados que asistan a la convención y por quién votaran. Los delegados se reunen en la convención de su partido, emiten su voto y deciden quién es el candidato a la presidencia.

Los métodos para elegir a los delegados por estado son de 2 tipos: • Asambleas partidarias o caucus.- Son herederas del primer sistema de votación, son reuniones de votantes organizadas por los partidos políticos con el fin de elegir a un candidato, teniendo varias etapas y culminando en la Convención Nacional. En primer lugar se llevan acabo elecciones en centros de votación, que son reuniones donde los votantes expresan abiertamente su preferencia por alguno de los candidatos, ya sea levantando la mano o por medio de una boleta. Con los resultados se distribuyen los delegados, convirtiéndose en representantes de los candidatos en una votación posterior, en reuniones de los condados o de los distritos electorales, luego en las Convenciones Estatales y posteriormente en la Convención Nacional. La Asamblea Electoral, es una reunión a nivel local, en la que los miembros de un partido político se reunen para expresar su apoyo a un candidato. Las asambleas electorales, no son como las convenciones ya que en ellas se producen muchas reuniones simultáneamente en múltiples localidades.

Las elecciones primarias cerradas pueden se directas o indirectas. - Directas.- Cuando los miembros del partido eligen a sus candidatos y la primaria se convierte en una elección preliminar.

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Delegados En el caso del Partido DemĂłcrata hay 2 clases de delegados:

Â&#x2021; Delegados comprometidos (pledged delegates)- Elegidos por medio de las primarias y asambleas. De acuerdo con el porcentaje de votaciĂłn, estos delegados se asignan a cada candidato. Â&#x2021; Los superdelegados- Figuras importantes como ex presidentes y ex vicepresidentes del paĂs, el presidente y los altos mandos del partido, los miembros del Congreso (CĂĄmara de Representantes y Senado) gobernadores, etc.6 El Partido Republicano tiene tambiĂŠn 2 tipos de delegados: Los comprometidos elegidos durante las primarias y asambleas y los no comprometidos quienes son tambiĂŠn lĂderes de partido.

,QGLUHFWDV Se seleccionan a delegados para integrar

SEGUNDA ETAPA. ConvenciĂłn Nacional

asambleas nominativas en las cuales se eligen a los candidatos. Este tipo de elecciones primarias se lleva a cabo en varios Estados para elegir a los delegados a la Asamblea Nacional del Partido que nomina a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Estos delegados no estĂĄn obligados a votar por los candidatos que ganaron las primarias presidenciales, pero dichas primarias VH KDQ FRQYHUWLGR HQ XQ LQGLFDGRU VLJQLĂ&#x20AC;FDWLYR GH OD UHODWLYD popularidad de los aspirantes a la presidencia.3 Las elecciones primarias permiten a los votantes expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y el resultado de la misma no constituye una obligaciĂłn legal para los delegados, pero sĂ moral. Para las elecciones presidenciales, y de acuerdo con los estados, los electores del partido (en las primarias) o los militantes del mismo (durante los caucus) deberĂĄn elegir a los delegados a la convenciĂłn (congreso) nacional del partido.4 Los gobiernos estatales y locales establecen las fechas de las elecciones primarias y de las asambleas electorales.

&ODVLĂ&#x20AC;FDFLyQ GH ORV 'LVWLQWRV Tipos de ElecciĂłn Primaria Cabe aclarar que los votos en las primarias o en las asambleas no van directamente a un candidato, sino que sirven para elegir delegados para la ConvenciĂłn Nacional. Los delegados son individuos autorizados por los partidos que votan por un determinado candidato durante la ConvenciĂłn.5 Los estados de Iowa y New Hampshire son los primeros en el proceso electoral, bĂĄsicamente por tradiciĂłn, Iowa es el primero en celebrar sus elecciones y utiliza el mĂŠtodo de Asamblea partidaria (caucus) desde el siglo XIX y en New Hampshire se utiliza la primaria.

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Las convenciones de los partidos polĂticos son de carĂĄcter LQWHUQR SDUD ORV PLVPRV PLHPEURV GH FDGD SDUWLGR OD Ă&#x20AC;QDOLGDG es discutir asuntos particulares, hablar sobre los candidatos y preparar determinados planes o estrategias a seguir dentro de los mismos grupos polĂticos. Las Convenciones Nacionales se celebran sĂłlo en los aĂąos de elecciones para presidente. Los partidos polĂticos realizan tambiĂŠn convenciones de carĂĄcter mĂĄs particulares y por lo tanto mĂĄs pequeĂąas de carĂĄcter estatal. Una vez terminadas las elecciones primarias en los estados, cada partido celebra una ConvenciĂłn Nacional para designar al candidato presidencial. En la generalidad de los casos es el aspirante que tiene el apoyo de la mayor parte de los delegados de la ConvenciĂłn. Se establece de manera regular un compaĂąero del mismo partido, para que se postule a la vicepresidencia y se presente a la elecciĂłn junto con ĂŠl. Las Convenciones se organizan durante el verano que precede a las elecciones presidenciales, y la primera de ellas corresponde DO SDUWLGR TXH QR HVWi UHSUHVHQWDGR HQ OD &DVD %ODQFD (QWUH los objetivos de las Convenciones, como ya se estableciĂł, estĂĄ el de ungir al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, la llamada fĂłrmula o ticket que competirĂĄ en la elecciĂłn general. $GHPiV VH DERFDQ D WDUHDV DGLFLRQDOHV GHĂ&#x20AC;QLU OD SODWDIRUPD GHO SDUWLGR \ EXVFDU OD XQLĂ&#x20AC;FDFLyQ GH HVWH UXPER D ODV HOHFFLRQHV

MartĂn Reig MarĂa Sol. El Sistema Estadounidense de ElecciĂłn Presidencial,

Themis, MĂŠxico, 1993, p.37. 4

France Toinet, Marie. El Sistema PolĂtico de los Estados Unidos. PolĂtica y

Derechos, Fondo de Cultura EconĂłmico, MĂŠxico, 1994, p.327. 5

FernĂĄndez De Castro, Rafael Op. Cit., p. 381.

Ibidem, pp. 381-382.

OrganizaciĂłn de las Convenciones Llamado a la ConvenciĂłn.- Documento mediante el cual se informa sobre la reparticiĂłn de delegados por estado, reglas y comitĂŠs HQFDUJDGRV GH GLULJLU ORV WUDEDMRV ORV SDUWLGRV GHĂ&#x20AC;QHQ FXDQGR \ HQ dĂłnde se llevarĂĄ a cabo. Comenzada la ConvenciĂłn, los partidos llevan a cabo una serie de actividades programadas, las cuales culminan con la designaciĂłn de sus candidatos. Â&#x2021; 3ULPHU GtD GH OD &RQYHQFLyQ Se resuelven cuestiones de procedimiento, en el caso de los demĂłcratas, se da el discurso SULQFLSDO SURQXQFLDGR SRU XQ OtGHU R XQD Ă&#x20AC;JXUD SDUWLGDULD VH enuncian los logros del partido y se hacen crĂticas al partido contrario. Â&#x2021; 6HJXQGR GtD Se abocan a la preparaciĂłn del nombramiento. El comitĂŠ de credenciales resuelve las controversias sobre los delegados que participarĂĄn en la votaciĂłn y el comitĂŠ de reglas GHĂ&#x20AC;QH FyPR VH OOHYDUi D FDER HO SURFHVR GH GLFKD HOHFFLyQ \ SRU Ăşltimo se adopta la plataforma del partido. Â&#x2021; 7HUFHU GtD Se lleva a cabo la postulaciĂłn. Se mencionan los nombres de los candidatos y se dan los discursos a su favor, procediĂŠndose de inmediato a la votaciĂłn, en la que participan los delegados estatales. La votaciĂłn se da por estado en orden alfabĂŠtico, el comitĂŠ organizador realiza el conteo de los delegados para cada candidato, cuando un candidato obtiene mĂĄs de la mitad de los votos disponibles en la convenciĂłn, obtiene la designaciĂłn. Si termina la votaciĂłn nominal, es decir, si todas las delegaciones votan y ningĂşn candidato obtiene la mayorĂa de los votos, se abre una nueva ronda de votaciĂłn, repitiĂŠndose el proceso hasta que alguien obtenga la cantidad necesaria de sufragios. Â&#x2021; &XDUWR GtD Se hace el nombramiento del candidato a la vicepresidencia y el discurso de aceptaciĂłn de los candidatos. Ă&#x2030;stos sirven para unir al partido, establecer los temas de la campaĂąa general y para empezar a convencer a los votantes de que representan la mejor opciĂłn.

TERCERA ETAPA. ElecciĂłn General La campaĂąa presidencial comienza una vez que terminan las convenciones, los aspirantes tienen que crear un comitĂŠ de campaĂąa mĂĄs elaborado que el utilizado en las primarias. El candidato debe unir al partido hasta llevarlo a la elecciĂłn general. Esta etapa es sumamente costosa, dado que se requiere invertir en la mayor publicidad posible y en todo el paĂs. Sin embargo, conseguir el mayor nĂşmero de votos no es XQD FRQGLFLyQ QHFHVDULD QL VXĂ&#x20AC;FLHQWH SDUD JDQDU OD HOHFFLyQ general. Esto se debe a que la ConstituciĂłn establece un sistema de votaciĂłn en que cada estado tiene un peso HVSHFtĂ&#x20AC;FR HQ OD HOHFFLyQ SUHVLGHQFLDO $ HVWH VLVWHPD VH OH llama Colegio Electoral.

(O DUWtFXOR Â&#x17E; GH OD &RQVWLWXFLyQ GHĂ&#x20AC;QH FyPR IXQFLRQD HO sistema, cada estado deberĂĄ nombrar un nĂşmero de electores, igual al nĂşmero de senadores y de miembros de la CĂĄmara de Representantes por ese estado, para elegir al presidente. En su conjunto, los electores de todos los estados conforman el Colegio Electoral. Como establece la ConstituciĂłn, cada estado tiene un nĂşmero de electores igual al nĂşmero de miembros que lo representan en el Congreso. Cada estado del paĂs tiene 2 senadores y por lo menos un miembro en la CĂĄmara de Representantes, por lo que el mĂnimo de electores para cualquier entidad es de 3. El nĂşmero de representantes depende de la poblaciĂłn de cada estado medida en el censo nacional cada 10 aĂąos.7 Un elemento importante de considerar respecto a las votaciones es que los ciudadanos votan por una fĂłrmula que contiene un candidato a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. &XDQGR VH UDWLĂ&#x20AC;Fy OD &RQVWLWXFLyQ HO DUWtFXOR HVWDEOHFtD TXH los electores votarĂan por 2 personas para presidente. Quien recibiera mĂĄs votos serĂa el presidente, y quien quedara en segundo lugar serĂa el vicepresidente. Esta situaciĂłn resultĂł muy problemĂĄtica pues podrĂa existir un empate. Por eso se decidiĂł cambiar el sistema para que los electores votaran por un presidente y por un vicepresidente, quedando plasmado en OD (QPLHQGD Â? UDWLĂ&#x20AC;FDGD HQ 8 La 12ÂŞ Enmienda establece que los electores deben reunirse en VXV UHVSHFWLYRV HVWDGRV SDUD UDWLĂ&#x20AC;FDU OD GHFLVLyQ GH ORV FLXGDGDQRV en estas reuniones los electores votan por el presidente y por el YLFHSUHVLGHQWH XQD YH] FRQWDGRV \ UDWLĂ&#x20AC;FDGRV SRU HO JREHUQDGRU del estado y enviados al vicepresidente de los Estados Unidos, termina este proceso y deja de existir el Colegio Electoral hasta la prĂłxima elecciĂłn.

Conteo de Votos Electorales Al terminar las campaĂąas electorales que se realizan entre los meses de septiembre y noviembre, de igual forma las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, a cada estado se le asigna un nĂşmero de votos electorales, igual a la suma de los representantes y los senadores con los que ese estado cuente. Lo caracterĂstico es que el aspirante presidencial que gana la generalidad de los votos populares de un estado determinado, â&#x20AC;&#x153;ganaâ&#x20AC;? los votos electorales de esa entidad. Si un candidato recibe la mayorĂa de los votos electorales -por lo menos 270 del total de 538-, serĂĄ declarado triunfador. Si ningĂşn candidato obtiene la mayorĂa de votos electorales, la CĂĄmara de Representantes escoge al ganador y cada delegaciĂłn estatal tiene derecho a un voto. Cuando un Presidente no gana de manera directa por la poblaciĂłn, puede suceder que un candidato logre la mayorĂa relativa del voto popular y, aun asĂ, puede perder la elecciĂłn, como sucediĂł en el 2000 con Al Gore, TXLHQ SHUGLy IUHQWH D *HRUJH %XVK K

Ibidem, p.395.

Ibidem, p. 398.

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LENOCINIO Y PROSTITUCIÓN ¿Ejercicio de la Libertad Sexual? K Mgdo. Miguel Ángel Aguilar López significativa, como se advierte en la costumbre y las legislaciones locales, se han encontrado en esa situación. Por eso, es necesario abordar los nuevos derroteros de los Derechos Humanos, la igualdad, la no discriminación y las cuestiones de género en el contexto social contemporáneo,1 pero sobre todo, su repercusión en la toma de decisiones de los impartidores de justicia. La importancia de este tema se justifica por la violencia contra la mujer, que constituye una vulneración a sus Derechos Humanos, que limitan total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de éstos; además, la violencia hacia ella trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, credo, estrato social, grado de instrucción o religión.

I. Introducción

n la práctica judicial se cuestiona en el ilícito de lenocinio, el supuesto fáctico-jurídico en el cual el sujeto pasivo (mujer) otorga su voluntad en la explotación de la prostitución que ejerce, debido a que ello constituye uno de los elementos de la descripción normativa. Así, valorar si se lesiona o no el bien jurídico tutelado consistente en la libertad sexual. La decisión judicial en el caso concreto, afirma que sí se lesionó ese bien jurídico. El sustento principal se apoyó en la nueva ideología de juzgar con perspectiva de género de la mujer. Lo que hace un tema de trascendencia jurídico, social, cultural y filosófica, que se fundamenta en un nuevo discurso en la forma de decir y hacer en la labor judicial, con la finalidad de pasar a políticas públicas que logren tutelar a la mujer en el acto de juzgamiento, no como un principio único y excluyente, sino armonizado en el debido proceso con los otros principios de exacta aplicación de la ley penal, presunción de inocencia, indubio pro reo, no reformateo in peius, non bis in idem, etcétera. A lo largo de la historia, la mujer ha sido objeto constante de desigualdad y discriminación. Las prostitutas de manera

48 FORO FORO JURÍDICO JURÍDICO 48

Es incuestionable, hoy en día, la igualdad entre mujeres y hombres, así como el derecho a la no discriminación en contra de éstos, con la diferencia específica y concreta que racionalmente se justifique en las circunstancias particulares, como lo es, el de género de mujer. Tal como lo constituyen los Derechos Humanos protegidos por las organizaciones internacionales, entre otras las Naciones Unidas y la de los Estados Americanos, a partir de las cuales, se han desarrollado temas vinculados con la equidad y género. El caso concreto, materia de análisis, es el amparo en revisión 261/2010, que resolvió por mayoría el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo la ponencia de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara. En sesión de 9 de junio de 2011 planteó dilucidar, en el delito de lenocinio, si el ejercicio de la prostitución de las pasivos se realizó con motivo o no del ejercicio voluntario de sus derechos y libertades fundamentales o de sus propias necesidades.

II. Juzgar con perspectiva de género En palabras de José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgar con enfoque de género implica un ejercicio constante de sensibilización y capacitación. El postulado

González de Pazos, Margarita. Los Derechos Humanos y la Protección

Internacional de la Libertad Sexual de la Mujer. Pág. 575. Recuperado el 13 de noviembre de 2011. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ jurid/cont/22/pr/pr24.pdf.

de igualdad ante la ley es uno de los principios más significativos para las sociedades liberales modernas; pero también el más frecuentemente violado. Acceder a la justicia implica la posibilidad de convertir una circunstancia que puede o no ser percibida inicialmente como un problema, en un cuestionamiento jurídico. La adopción de los instrumentos internacionales en Derechos Humanos dio pauta a reformar nuestra Ley Fundamental para ser acorde con éstos, lo que significa un logro específicamente para las mujeres a fin de obtener igualdad en relación con los hombres a partir de un concepto de equidad y género; esto es, con estricto respeto a su propia condición individual. La igualdad y la no discriminación son dos principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; sin embargo, como la transgresión a ellos se suscita en relación con diferentes grupos vulnerables (aquellos de personas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especial dificultad en el ejercicio de sus Derechos Humanos) y en distintos ámbitos, esto ha motivado la imperiosa necesidad de crear instrumentos de tutela.

diferenciado injustificado entre hombres y mujeres, derivado de los roles sociales que de manera tradicional se han asignado. Hay una preocupación de que no se han tomado hasta el momento, verdaderos actos encaminados para lograr ese objetivo; por eso, es necesario instruir al personal del Poder Judicial Federal en la forma de tratar a las víctimas, específicamente cuando son mujeres, más aun cuando éstas se encuentran vinculadas con delitos de índole sexual; pero también, cuando se constituyen como sujetos activos dentro del proceso. Para ello, habrán de aplicarse los criterios internacionales sustentados en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres; lo que necesariamente debe reflejarse en las sentencias judiciales que lleguen a pronunciarse. Se requiere la capacitación ideológica, sociológica y dogmática para lograr una clara idea del significado de la equidad de género como principio fundamentalconstitucional, como regla de tratamiento en el proceso penal y de valoración probatoria. Aunado a cómo tutelar el principio en la toma de decisiones. Asimismo, resulta imperante, erradicar todas aquellas conductas de misoginia en la administración de justicia.

Es necesario abordar los nuevos derroteros de los Derechos Humanos, la igualdad, la no discriminación y las cuestiones de género en el contexto social contemporáneo, pero sobre todo, su repercusión en la toma de decisiones de los impartidores de justicia.

Las instituciones de procuración y administración de justicia consideran como factores determinantes a las mujeres sujetas a un proceso penal relacionadas con una situación general de vulnerabilidad social, cuando en realidad son víctimas de condiciones personales y sociales que no favorecen el acceso a la justicia. Con el propósito de lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que permita a éstas alcanzar un verdadero respeto a sus Derechos Humanos, deben establecerse mecanismos que involucren aspectos relacionados con una justicia distributiva con las mismas oportunidades, derechos, responsabilidades, acceso equivalente a los recursos, beneficios y servicios del Estado. Es posible lograrlo si se involucra a aquellos operadores en el sistema de justicia penal: agentes del Ministerio Público, Defensores, Jueces y Magistrados, los dos últimos, en quienes recae la facultad de resolver casos concretos sometidos a su decisión. Quienes tienen la ardua tarea de juzgar deben hacerlo con una perspectiva de género, lo cual implica, que, de manera previa a decidir los asuntos que son sometidos a su escrutinio, éstos sean evaluados meticulosamente. Además, los juzgadores deben prever si la aplicación de una ley en un caso concreto, genera trato

Lo anterior, a partir de la idea de humanizar la dignidad de la víctima, cuestionar las razones por las que ésta fue situada en una condición de vulnerabilidad, a fin de lograr una adecuada tutela de sus derechos fundamentales; para lo cual, pudiera cuestionarse la necesidad de implementar la suplencia de la queja por cuestión de género, a través de un nuevo posicionamiento ideológico. En este sentido, vale la pena aclarar que no se pugna por generar impunidad, sino que a partir de un trato de igualdad, sin advertir esas diferencias por razón de sexo, se vea en la mujer a un ser humano, que puede constituirse como sujeto pasivo o activo dentro del proceso; precisamente, por esa condición, se le dé un respeto a su dignidad como ser humano. Un aspecto esencial para lograr esa igualdad lo constituyen los jueces y operadores del sistema, dado que a ellos corresponde la difícil tarea de dirimir los casos concretos sometidos a su jurisdicción. Es necesario juzgar con perspectiva de género, con la implicación de evitar actos discriminatorios hacia ellas, los cuales deben ser detectados oportunamente. El acceso a la justicia es un elemento clave en la estrategia de erradicar la violencia; no obstante, la dificultad para lograrlo constituye sin duda la mayor discriminación que enfrentan, al verse imposibilitadas de ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos más básicos que les reconocen la Constitución, las Leyes y las Convenciones Internacionales.

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las meretrices prestaron, consiguieron un provecho diferente al causado por el hospedaje.

No obstante que el hotel era un establecimiento mercantil, autorizado para servicio de hospedaje, en realidad se empleó para un giro diverso, toda vez de que a las víctimas se les destinaron diversas habitaciones en las que exclusivamente ejercieron la prostitución por las cuales pagaban una cantidad cada vez que las utilizaban, lo que constituía un beneficio al derivado del alojamiento permitido, que se obtuvo de manera indirecta por los servicios que aquéllas realizaban.

Sí se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma, consistente en la libertad sexual de las víctimas, en razón de que no se prostituyeron en ejercicio de su libertad sexual, sino en virtud de sus condiciones precarias, por lo que se colocaron en condiciones de ser utilizadas como mero objeto en menoscabo de su dignidad como personas.

El acceso a la justicia desde la perspectiva de género, pudiera ser considerado desde 3 aspectos:

1. El acceso a la justicia desde la perspectiva de género, pudiera ser considerado desde 3 aspectos:

2. El acceso propiamente dicho, es decir, llegar al sistema judicial.

La posibilidad de lograr un buen servicio de justicia, que el sistema brinde un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudente; y, 3. El conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos, de los medios para poder ejercerlos y reconocerlos y, específicamente, la conciencia del acceso a la justicia, a partir de una perspectiva de género como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo.

III. Resolución Judicial 2 En un caso concreto, ante un concepto de agravio específico, en el que los quejosos argumentaron: las ofendidas se prostituyeron en ejercicio de la libertad sexual, por lo cual queda desvirtuado el elemento de explotación de la prostitución. El Tribunal Colegiado, por mayoría estructuró la siguiente respuesta:

Al margen de si las víctimas hicieron o no uso de esa libertad, lo cierto es que como quedó de manifiesto, dicha explotación no implica sometimiento, como lo pretenden establecer los encausados, sino el provecho obtenido de cualquier forma derivado del comercio sexual, lo cual quedó acreditado, en razón de que las mismas al alquilar las habitaciones a los quejosos por espacio de quince a veinte minutos, para prostituirse, pagaban una cantidad de dinero y por ello, éstos, por cada servicio que

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A efecto de pugnar por lo anterior, se analizaron entre otras constancias, las declaraciones de las pasivos, quienes imputaron a los activos, ser los encargados del hotel y permitir ejercer la prostitución en sus instalaciones, por lo cual les cobraban sesenta y cinco pesos para ocupar un cuarto; las condicionaban a que no excedieran de veinte minutos; además de hacer entrega de un condón por cada servicio; y, les permitían ubicarse afuera del hotel para ofrecer sus servicios. De igual forma fueron objeto de análisis lo expuesto por los policías investigadores en el sentido de que observaron a mujeres con vestimentas “pequeñas” que entraban y salían del establecimiento, acompañadas de distintos sujetos, las cuales al parecer se dedicaban al sexo servicio. Asimismo, la inspección ministerial y acta circunstanciada de la diligencia de cateo, practicada en el hotel “Universo”, se localizó en el área de recepción a uno de los implicados, así como varios preservativos. Además, con los dictámenes oficiales en materia de medicina, psicología y criminalística de campo, se determinó que una de las pasivos presentó alteración psicológica con motivo de los hechos, consistente en sentimientos de culpa y ansiedad. De igual forma se tuvo en consideración lo depuesto por uno de los detenidos, quien reconoció laboraba en el referido hotel, desde hacía 8 años aproximadamente, y expuso: el pago para ocupar el cuarto para el sexoservicio, era de sesenta y cinco pesos, en tanto otro inculpado era el dueño del establecimiento. Un tercero era el encargado de la caja, lo que así reconoció éste e indicó que el primero era su jefe inmediato y quien proporcionaba papel, jabón y toallas a los recamareros; además, señaló cuál era la tarifa de las habitaciones a las muchachas para atender a sus clientes, y el horario que se les permitía. Un cuarto sujeto limpiaba las habitaciones, y afirmó que en el hotel Universo, se permitía la prostitución a sexoservidoras. 2

R.P. 261/2010, Relacionado con los R.P. 81/2010 y 199/2009. Resuelto en la

sesión de nueve de junio de dos mil once.

La resolución del Tribunal se sustentó en lo siguiente:

de explotación de la prostitución de la mujer como se exige en el marco normativo internacional aducido.

1. Las pasivos adujeron ser sexoservidoras por necesidad económica; incluso, algunas de ellas manifestaron dedicarse a esa actividad para continuar sus estudios; porque tenían seis hermanos; sus padres habían muerto y en el caso de que alguno de ellos viviera no les alcanzaba para subsistir; otras por ser madres solteras y la necesidad de mantener a sus hijos; por estar embarazadas y carecer de trabajo; y, por no tener preparación para enfrentar la vida al estudiar únicamente el tercer grado escolar de la educación primaria elemental.

La resolución, estimo, resulta correcta, al advertir que el órgano jurisdiccional, se ajusta a los criterios que imperan en materia de derecho internacional, sobre el tema de género, vinculados estrechamente al respeto de los Derechos Humanos de las mujeres y su no discriminación. A partir de ello, se forma precedente del sentido y criterio que deberá imperar para la toma de decisiones judiciales; se reitera que, sin llegar al abuso y proliferar la impunidad, el tema del respeto a los Derechos Humanos de las mujeres.

2. Las circunstancias de las víctimas, evidencian que el hecho de haberse dedicado a la prostitución no fue en ejercicio pleno de su libertad sexual, sino porque se vieron obligadas por su precaria condición económica, falta de empleo y escueto nivel educativo, colocándose en situaciones especiales que constituían el riesgo de sufrir violencia y malos tratos, lo que la descripción típica de lenocinio trata de erradicar al sancionar la conducta de administrar lugares de concurrencia dedicadas a la explotación sexual, por ser incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres.

Las decisiones judiciales deben sustentarse en la perspectiva de género de la mujer, a partir de una justicia distributiva, en la cual el acto de juzgar tenga en principio:

3. Los

argumentos se fundamentaron en el cuerpo normativo de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; lo expuesto por el Comité para la Eliminación y Discriminación contra la Mujer; y, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, en septiembre de 1995.

4. Instrumentos internacionales que nuestro país suscribió y de cuyo análisis sistemático desprendió que la pobreza y desempleo son factores que orillan a las mujeres a ser explotadas sexualmente, lo que constituye una forma de violencia contra las mismas al resultar evidente que el ejercicio de la prostitución no es el resultado del ejercicio de sus derechos y libertades fundamental, sino de una necesidad que las obliga a realizar esa actividad. 5. El marco normativo y reflexión analítica, que en el tema de disenso en el amparo en revisión le permitió afirmar si esas necesidades son las que motivaron a las pasivos a ser explotadas sexualmente, en la especie, es inconcuso que se vulneró el ejercicio pleno de su libertad sexual; y, por ende, se trasgredió su dignidad y valor como persona humana, por lo que se vulneró ese bien jurídico tutelado. 6. En el Estado mexicano tiene el deber de constreñir en la obligación a la protección de la libertad sexual de las mujeres, es incuestionable, como consecuencia, que debe tomar todas y cada una de las medidas apropiadas para suprimir cualquier forma

IV. Conclusiones

• Pasar de la capacitación a políticas públicas

claras y lograr totalizar la atención de la mujer en el juzgamiento; y,

• Empezar por juzgarnos a nosotros mismos, en la perspectiva de género.

De tal manera que: El órgano jurisdiccional, ante el hecho concreto, no se puede limitar a valorar si una diferencia de trato, tiene una justificación objetiva y razonable, sino, se debe analizar en concreto, a virtud de una tutela judicial efectiva, si lo que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria a lo dispuesto por la ley. Debe pugnar por un trato equitativo de la ley para hombres y mujeres, en tanto, no se trata de obtener una identidad de trato en todas las circunstancias, dado que las propias características fisiológicas del hombre y la mujer lo impiden. Se hace necesario que cuando se requieran esas diferencias, éstas se realicen dentro del marco legal, de manera justificada, con apego a la normatividad interna e internacional, que permita permear el reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos de las mujeres. Debe ponerse de relieve las situaciones concretas que enfrentan las mujeres dentro de la sociedad. Al analizar la aplicación de las normas de manera neutral respecto de hombres y mujeres, en la actualidad las leyes se comprenden como equitativas, pero nosotros los juzgadores somos quienes podremos hacer realidad dicha premisa, el papel de quien aplica el Derecho es fundamental, pues una resolución puede modificar las diferencias y desigualdades entre las personas K

Ponencia impartida el 25 y 26 de noviembre de 2012, en el Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, dentro de la Mesa IV con el tema “La mujer frente al proceso penal”, realizado en la Zona Pedregal del Distrito Federal .

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Las encuestas no son pronóstico AMLO SUBIÓ GRACIAS A LOS JÓVENES K Lic. José Sánchez Talavera

Frente a las descalificaciones de las cifras de las encuestas previas por parte de gente de la izquierda, el Colegio de Abogados de México que preside el Lic. Jesús Cortazár Murphy, por medio del Lic. José Sánchez Talavera, responsable de realizar una encuesta semanal por más de 2 años, pone a disposición de los lectores de Foro Jurídico, un análisis del alcance que los jóvenes pudieron dar a la campaña de AMLO durante la pasada jornada electoral.

n cierta forma, destaca el consultor, el movimiento estudiantil dio un impulso y movió la balanza social en cuanto a las preferencias del electorado; sin embargo el candidato de la coalición Movimiento Progresista se enfocó en descalificar las encuestas, olvidó que sólo son eso, encuestas y no pronósticos. De no haber sido por el movimiento #YoSoy132, afirma Sánchez Talavera, tal vez el no hubiese quedado en segundo lugar. Fueron ellos quienes movilizaron a la nueva generación de ciudadanos y votantes que estaban en ese momento apáticos o desconfiados de la contienda y bajo la clasificación de indecisos. Los jóvenes hicieron que AMLO subiera en el último momento y superara a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, para alcanzar el segundo lugar. Sin embargo no fueron suficientes, más de 3 millones de votos de diferencia con Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, es un margen amplio pero tal vez no tanto cuando se percibía que la distancia sería mucho mayor. Dice el político e historiador Luis Farías Mackey, que México votó para que un nuevo gobierno se aplique en atender los grandes problemas nacionales y que ahora mismo debiéramos estar discutiendo los qué y los cómo de las grandes soluciones nacionales, construyendo acuerdos y aportando los compromisos políticos que los hagan posibles. En lugar de ello –subraya Luis Farías-, AMLO insiste en imponernos una agenda que sólo ve por su sobrevivencia política y personal. Tiene toda la razón Farías Mackey. López Obrador va a seguir el mismo guión de hace 6 años, hablando de fraudes, aún y cuando perdió por casi 3 y medio millón de votos y no presenta pruebas de los 5 millones presuntamente comprados. Sobre el particular, el analista José

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Antonio Crespo concluye: las demandas e impugnaciones de AMLO contienen mucha paja y poca sustancia probatoria. Para el 2018, si el señor López Obrador quiere ganar, tendrá que aplicarse y reconocer que gracias al movimiento universitario #YoSoy132, a media campaña, después del primer debate, AMLO salió del sótano en donde ocupaba inmóvil el tercer lugar, para posicionarse en el competitivo segundo lugar, con visos de llegar al cielo. Sin embargo a López Obrador le faltó el talento, pericia e imaginación para lograr que ese movimiento se extendiera a los jóvenes que no estudian, ni trabajan o no cuentan con internet, y lo condujera al triunfo. En vez de ello –la cabra siempre tira al monte– pudrió el movimiento, encaramándole a los ultras, los porros, los golpeadores, los sindicalistas inconformes, los macheteros, los vendedores ambulantes y acarreados. AMLO tuvo la posibilidad del triunfo en sus manos, y la tiró por la borda. En fin, eso ya es historia. Recojamos entonces la sugerencia de Luis Farías de ir discutiendo, desde hoy –en tanto entra en funciones el próximo gobierno, con una nueva visión de las cosas– los problemas nacionales. Propongamos a los estudiosos y expertos en la materia interesados, un primer tema candente: la falta de oportunidades a la que ciertamente se enfrentan los jóvenes.

Rechazados en la UNAM Son más de 100 mil jóvenes rechazados de la UNAM, en el proceso de seleccion 2012. Ellos experimentan frustración y enojo por no ser aceptados, a pesar de tener buena calificación.

Demandan un proceso de selección equitativo, que cancele el examen de admisión. La realidad es que no existe cupo para más de medio millón de jóvenes al año, en el país. Exigen un presupuesto suficiente para abrigar sus demandas. Las autoridades ofrecen crecer el cupo (insignificante) y los institutos tecnológicos. “No queremos que nos capaciten como mano de obra barata, queremos estudiar una licenciatura”, refutan los aspirantes. El conflicto puede paralizar a las Universidades, empezando por la UNAM.

los marcos normativos, deben ser orientadas hacia los sectores que satisfagan la amplia demanda de empleo que prevalece en México y en el mundo, concluyó Slim.

Consideraciones

El movimiento estudiantil #YoSoy132 movió la balanza social en cuanto a las preferencias del electorado en México.

Creciente desempleo De acuerdo al INEGI, 4 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 29 años está desempleado. Este sector registra una tasa creciente de desempleo de 39.2%. Eduardo Loría, director del CEMPE, dice que son el sector vulnerable en el mercado global y que la tasa de desempleo llega a ser el doble que en el resto de la población. Carlos Slim Helú alertó sobre el creciente desempleo entre la población de jóvenes. Afirmó que sólo con la puesta en marcha de cambios estructurales, que conlleven a la generación de nuevas instituciones y el uso avanzado de la tecnología, se logrará abatir uno de los problemas más graves que trajeron las sucesivas crisis económicas. Las modificaciones sociales en

Es preciso dejar de lado el camino fácil de pedir más presupuesto. Ningún recurso alcanzará para construir un sinfin de Universidades. Hay que visualizar otras alternativas para aumentar los cupos con la infraestructura y capital humano existentes y ofrecer nuevas vías de estudio, además de combatir el despilfarro, la corrupción, la indolencia, el desaseo y el desorden administrativo. Llegó el momento de apretarse el cinturón y sentarse a revisar con lupa los presupuestos de las Universidades y rasurar y reasignar los renglones de mantenimiento, asesorías, estudios, comunicación social, representación, alimentación, vehículos, viajes y demás servicios a fin de suprimir los tradicionales y perniciosos subejercicios presupuestales. Debemos terminar con el círculo vicioso: las empresas no contratan jóvenes por falta de experiencia; los jóvenes no la tienen porque no les dan oportunidad de emplearse K

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NECESARIO REFORZAR EL BANCO DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS K Mtro. José Cuitlahuac Salinas Martínez*

La seguridad pública de los habitantes de una nación es sin duda, una de las principales funciones tutelares del Estado, que se traducen en actividades legislativas, administrativas y jurisdiccionales encaminadas a salvaguardar los intereses de la sociedad, definidos técnicamente como bienes jurídicos, en actividades de prevención y como presupuestos de una debida procuración e impartición de justicia.

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a tarea emprendida por el Estado, contra la creciente ola de inseguridad en diversas partes del país, debe llevarse al cabo respetando en estricto sentido los principios consagrados en el marco del Estado constitucional que se consolida en México, cuyo objetivo es inhibir y perseguir nuevas conductas e instrumentos utilizados en perjuicio de la sociedad. Esta situación obliga a los que tienen la encomienda de protegerla, a revisar de manera constante nuestro marco legal, con la finalidad, de promover y someter a consideración del órgano legislativo, la actualización de sus normas jurídicas. Hoy un tema por demás preocupante para nuestro país, es día la introducción y comercialización ilícita en territorio nacional de armamento cada vez más sofisticado y con mayor capacidad vulnerante. La Organización de Estados Americanos considera al tráfico ilícito de armas de fuego como uno de los principales factores de criminalidad y violencia en América, lo que implica altos costos tanto humanos como económicos. De hecho, América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42% de los homicidios cometidos con armas de fuego.1

clasificados como permitidos pero que tienen una mayor capacidad de poder, resultan insuficientes, lo cual coloca en una situación de desventaja a la sociedad y a las instituciones responsables de garantizar su seguridad. Ahora bien, en la mayoría de los sucesos delictivos, se advierte el uso de armas de fuego, principalmente en los delitos de homicidio, en donde incluso, la autoridad investigadora, en el mejor de los casos, cuenta solamente con los cartuchos percutidos como elementos de prueba. Parece de otros medios que le permitan identificar el instrumento que los percutió, y si éste, en su caso, se encuentra registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo cual dificulta la procuración e impartición de justicia para la sociedad y los directamente afectados por estas conductas.

El tráfico ilícito de armas de fuego es de los principales factores de criminalidad y violencia en América, lo que implica altos costos tanto humanos como económicos.

En el ámbito internacional, se han desarrollado diversos lineamientos para el control y registro de las armas de fuego como una medida de prevención a su tráfico ilícito. Un claro ejemplo de ello, es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados,2 que obliga a los Estados miembros a establecer medidas para el marcaje de las armas y municiones, así como concentrar dicha información, ya sea para su intercambio o bien, para permitir el rastreo de tales objetos bélicos. En este mismo sentido, encontramos la Legislación Modelo sobre el Marcaje y Rastreo de Armas de Fuego,3 la cual además de constituir una directriz en la materia, prevé en su artículo 4º la información mínima que debe existir en los registros de cada uno de los Estados sobre dichos artefactos, para facilitar su rastreo e identificación. Las diversas medidas adoptadas por México para investigar, combatir y sancionar la introducción y comercialización ilegal de armas de fuego, aunado al avance tecnológico en materia de armamento, así como la diversificación de conductas criminales, las cuales en algunos casos eluden las descripciones legales vigentes; en particular las relativas al tráfico ilegal de armas y la utilización de artefactos bélicos

En la adecuada investigación de los delitos, la criminalística tiene relevancia, toda vez que aporta información fundamental en el esclarecimiento de los ilícitos, especialmente de muertes violentas, en donde los indicios son la pieza clave. 4 “La tarea principal de la criminalística consiste en la lucha directa contra el crimen, mediante la verificación científica del delito y del delincuente.” 5

Si consideramos que el proyectil al ser detonado proporciona una serie de información que lo hace único, individual y diferente a todos los demás, resulta importante su estudio cuando se ha visto involucrado en algún delito. La munición posee originalmente un diámetro ligeramente mayor que el ánima del cañón, lo que hace que ingrese a ésta en forma forzada, adoptando la forma del conducto por el que se desplazó, lo que imprime a la misma sus propias características, reproduciéndose en bajorrelieve las estrías o “macizos” y en altorrelieve los espacios inter-estriales o campos.

Cfr. Página oficial del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de

Estados Americanos: http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_armas.asp (02/07/2012). 2

Firmado el 14 de noviembre de 1997, aprobado por el Senado el 6 abril de 1998,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto del 1998 y entrada en vigor 1° de julio de 1998. 3

Aprobada en la Primera Reunión del Grupo de Expertos CIFTA-CICAD para la

elaboración de Legislación Modelo, 6 y 7 de febrero de 2006, Washington, D.C., OEA/Ser.L/XXII.6.1, GE/CIFTA-CICAD/doc.3/06 rev. 3, 23 abril 2007. 4

Cfr. Moreno González, Rafael, “La criminalística y la criminología, auxiliares de la

justicia”, en El Ministerio Público en el Distrito Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1997,p 194. 5

ídem.

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También existen otros aspectos que se producen en el momento mismo de la fabricación del cañón, razón por la que se les podría denominar como “congénitas” ya que “nacen” con ellas, viéndose enriquecidas con el transcurso del tiempo, durante el cual a consecuencia del uso, conservación, defectos de limpieza y muchas otras causas, se producen nuevas particularidades en el cañón que permiten identificarle. Estas características son conocidas como “adquiridas”, mismas que la hacen única, aún a las armas fabricadas de manera anterior y posterior, lo que permitirá identificar en forma categórica e indubitable a todos y cada uno de los proyectiles disparados a través de un cañón determinado. Todas aquellas piezas del arma, que de una u otra manera, entran en contacto con el cartucho antes, durante o después de la detonación, transmitirán a sus elementos utilizados características peculiares que permitirán su identificación. En efecto, resulta de gran valor forense, que la aguja de percusión deja huella en el lugar de impacto. Las agujas son piezas elaboradas mediante torneado, muchas veces terminadas a mano por retoque con lima, por lo que las particularidades de su extremo o punta son únicas y diferentes a las demás, propiedad fundamental para su reconocimiento. Dichas características resultan de suma importancia para la elaboración de un banco de datos que permita a la autoridad

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investigadora contar con una herramienta útil para la identificación de un hecho delictivo y conocer si se utilizó un arma de fuego registrada en la SEDENA, y si en su caso, corresponde a las registradas por particulares, servidores públicos y jefes de los cuerpos de policía de todos los órdenes de gobierno. “Descubrir un crimen suele ser arduo y lento. Las modernas pesquisas demandan una nutrida serie de conocimientos técnicos y un considerable número de aparatos que la policía judicial científica contemporánea se ve precisada a utilizar”. 6 Durante la indagación de los delitos, son los agentes del Ministerio Público, junto a sus auxiliares, es decir policías y peritos, quienes deben integrar un equipo sólido de trabajo,7 apoyándose de los bancos de datos más robustecidos que con los que se cuenta actualmente. En ese sentido, es importante que la SEDENA recabe tanto la información referente a la identificación de las armas de fuego, la cual consiste por lo menos, en el tipo, marca, calibre, modelo, matrícula, número de serie, nombre del fabricante, ciudad y estado del mismo, 6

Jiménez de Asúa, Luis, Crónica del crimen, 5ª ed., Ediciones Pannedille, Buenos

Aires, 1970, p. 1889, citado por Moreno González, Rafael, enVisión panorámica de la investigación criminalística,Memorias del Congreso Internacional de Derecho Penal, VII Jornadas sobre justicia penal, celebrados del 19 al 23 de junio del 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2007, p. 12. 7

Cfr. Moreno González, Rafael, op. cit., p. 194.

Proyecto de Reforma a los Artículos 4, 17, 29, fracción I, literal C, E y 79, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

así como la referente a las características que los distintos componentes transmiten a los proyectiles disparados (personalidad del arma de fuego). Lo anterior, permitiría un control riguroso del armamento adquirido por el Gobierno Federal, entidades y Distrito Federal, para sus diversos cuerpos policiales, al igual que las adquiridas por particulares, así como obtener la información necesaria respecto de las armas que sean recogidas por las autoridades antes mencionadas. Ese registro de datos va a permitir que cuando un arma se encuentre involucrada en algún suceso delictivo, el órgano investigador pueda acceder a tal información, lo cual contribuiría a la celeridad en el esclarecimiento de tales ilícitos. Además desincentivará que los servidores públicos que intervienen en la realización de crímenes empleen los objetos que se les otorguen para proteger a la ciudadanía en perjuicio del servicio que deben prestar. Es así que dicho registro es un complemento de la función encomendada al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal, pues al tener el respaldo de la Criminalística y el rigor metodológico que ésta conlleva, constituye una herramienta que da certeza a la investigación científica del delito; teniendo como consecuencia la protección a las garantías fundamentales del hombre. 8

Se destaca en negritas el texto que se propone. ARTÍCULO 4.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que esta Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas la armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas. El Registro Federal de Armas, contendrá cuando menos los siguientes datos de identificación: el tipo de arma de fuego, marca, calibre, modelo y matrícula o número de serie, nombre del fabricante, ciudad y estado del mismo; así como la información necesaria, que permita identificar las características que los propios componentes de las arma, son capaces de transmitir en los proyectiles disparados.

Necesario contar con un Registro Federal de Armas que contenga información sobre el arma de fuego, del fabricante y datos necesarios que agilicen una investigación pericial.

Se propone que la SEDENA incluya en el Registro Federal de Armas, la información correspondiente que permita identificar las características que los distintos componentes de las armas son capaces de transmitir a los proyectiles disparados, previo a la autorización u otorgamiento de la licencia. Por lo que resulta relevante modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, para que las áreas encargadas de la procuración de justicia, puedan consultar esos registros, y así identificar a las posibles personas que han intervenido en un ilícito. En conclusión, resulta preciso contar con un Registro Federal de Armas, que contenga la información correspondiente de tipo de arma de fuego, marca, calibre, modelo, matrícula o número de serie, del fabricante, además de los datos necesarios que permitan identificar las características que los distintos componentes de las armas son capaces de transmitir a los proyectiles disparados. En virtud de lo anterior, se expone el siguiente proyecto de reforma:

La Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, tendrá a su cargo la base de datos con motivo del peritaje elaborado respecto de los proyectiles a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 17.Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera o en su caso el número de serie, nombre del fabricante, ciudad y estado del mismo. Además de la manifestación, deberá de proporcionar el arma a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que obtengan dos disparos a efecto de que proceda a recabar la información a que se refiere el Registro Federal de Armas.

Jiménez de Asúa, Luis, Crónica del crimen, 5ª ed., Ediciones Pannedille, Buenos

Cfr. Moreno González, Rafael, op. cit., p. 194.

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ARTICULO 29.- Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o individuales; previo al otorgamiento, éstos deberán ser presentadas a la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto de que se recaben dos pruebas de disparo para obtener la información a que se refiere el Registro Federal de Armas. I. Las licencias colectivas podrán expedirse a: A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país. Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.

América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42% de los homicidios cometidos con armas de fuego.

B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes: a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables. b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación, y c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales. C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa,

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señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo, la cual se validará con la información existente en la base de datos del Registro Federal de Armas. D. Las autoridades competentes se coordinarán con los Gobiernos de los Estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley. E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, sólo para efectos de su control así como para actualizar la base de datos del Registro Federal de Armas, sin tener autoridad alguna sobre el personal.

II.

Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas.

III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 de esta ley.

ARTICULO 79.- Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de obtener la información a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de diez días multa…

Registro deberá contener cuando menos los siguientes datos de identificación de las armas, como lo es el tipo de arma de fuego, marca, calibre, modelo y matrícula o número de serie, nombre del fabricante, ciudad y estado del mismo, así como la información necesaria, que permita identificar las características que los distintos componentes que éstas son capaces de transmitir a los proyectiles disparados; por lo que deberá contarse con un banco de datos de proyectiles “testigos”, a cargo de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 11.- Las personas físicas y morales, públicas o privadas, dentro de los 30 días siguientes a su adquisición, manifestarán las armas de fuego de que se trate, expresando sus características así como los datos de identificación personal. Igual obligación tendrán los jefes de corporación armada del país, a excepción del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, respecto de las armas con que sean dotados sus miembros para el cumplimiento de sus misiones. Las armas deberán ser presentadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de obtener la información a que se refiere el Registro Federal de Armas.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Respecto del armamento que pertenece a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y que se encuentra dado de alta en el Registro Federal de Armas, deberá existir coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de obtener los dos disparos a que refiere el presente Decreto, sin exceder el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente.

Proyecto de Reforma al Artículo 4 y 11 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación K

Se destaca en negritas el texto que se propone. ARTÍCULO 4º.- Se establece el Registro Federal de Armas, exclusivamente para las finalidades a que se refiere la Ley. Este

* Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR 6

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ELECCIONES FEDERALES 2012: RESULTADOS Y TENDENCIAS EN LA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE K Lic. Luis Nieto Sotelo*

El TRIFE no puede anular sólo la elección de presidente, debería también anular las elecciones para senadores y diputados federales en el caso de hacerlo con la elección presidencial.

ste trabajo es un análisis comparativo de estadística– electoral basado en los resultados del cómputo distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) de las elecciones federales de presidente, senadores (32) y diputados (300) por el principio de mayoría relativa, en las elecciones federales efectuadas el 2 de julio de 2012. Se enuncia y describe los resultados y las tendencias de votación, limitado en juicios de valor, con la finalidad de despojar el debate sobre los resultados y las tendencias electorales de la pasión ideológica y los intereses políticos. Es un trabajo que aborda parte medular del debate postelectoral. El trabajo de análisis comparativo se basa en 22 cuadros estadísticos que miden diferentes indicadores y variables derivados de los resultados electorales. Cabe resaltar que en las elecciones federales 2012, el piso de votación lo marcó la elección de diputados federales que tuvo el menor número de votos: 49 millones 817 mil 272, y el techo de votación la elección para presidente que tuvo 50 millones 323 mil 153 votos; 550 mil 881 votos más. De ahí que en este estudio la votación mínima sirva de indicador para medir resultados, tendencias y votación diferenciada entre los 3 tipos de elección federal y entre partidos y coaliciones políticas. El análisis comparativo de los resultados y las tendencias del cómputo distrital de las elecciones federales de 2012 muestra: Consistencia, diferencias mínimas y tendencias de votación congruentes en los resultados de cada elección de las elecciones federales, para presidente, senadores y diputados federales de mayoría relativa.

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Consistencia, diferencias mínimas y tendencias de votación congruentes en las elecciones de senadores y diputados federales de mayoría relativa de los partidos y coaliciones: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), De la coalición Compromiso con México (CM) formada por el PRI y el PVEM, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT). Votación diferenciada en la elección para presidente de: Nueva Alianza (NA); y De la Coalición Movimiento Progresista (MP).

Votación diferenciada en la elección para presidente La única elección que muestra votación diferenciada es la elección para presidente, con respecto a la de senadores y diputados, elección en la que los principales partidos políticos contendientes –PRI y PRD– establecieron coalición total en las 32 entidades de la República mexicana y en los 300 distritos electorales federales para postular a la presidencia a Enrique Peña Nieto (EPN) por la coalición CM y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la coalición MP; Sinergia de ambas coaliciones que incrementó la votación de ambos candidatos.

Resultados de la elección para presidente por candidato Josefina Vázquez Mota: 12 millones 786 mil 647 votos (38.21%); 339 mil 832 (-2.59%) votos menos que los que obtuvieron los candidatos a diputados federales del PAN: 12 millones 895 mil 902 (25.89%).

Gabriel Quadri de la Torre: 1 millón 150 mil 662 (2.29%), 695 mil 516 votos menos que los candidatos a senadores de Nueva Alianza y 882 mil 497 menos (-43%) que los candidatos a diputados.

Enrique Peña Nieto: Tuvo 19 millones 226 mil 784 (38.21%) de votos; 273 mil 166 (1.44%) votos adicionales a los que obtuvieron los candidatos a diputados del PRI: 18 millones 953 mil 618 (38.05%). La votación de los candidatos del PRI en la elección de senadores fue de 15 millones 606 mil 639 (31.25%) votos y del PVEM de 2 millones 870 mil 802 (5.75%) votos. El total por ambos partidos fue de 18 millones 477 mil 441 votos (38.21%). El PRI por si solo obtuvo 6 millones 338 mil 120 votos más que el PRD; el PRI, el PVEM y la coalición CM, tuvo 4 millones 868 mil 296 votos más que el PRD, el PT, MC y la coalición MP. La votación de los candidatos del PRI para diputados federales fue de 15 millones 905 mil 440 (31.93%) y de los del PVEM de 3 millones 48 mil 178 (6.12%) votos, en total 18 millones 953 mil 61 votos (38.05%). El PRI por si solo obtuvo 6 millones 761 mil 161 votos más que el PRD; el PRI, el PVEM y la coalición CM, tuvo 5 millones 526 mil 916 votos más que el PRD, el PT, MC y la coalición MP. La alianza del PRI con el PVEM le permitió a EPN tener mayor votación que la obtenida por los candidatos del PRI – PVEM y de la coalición CM, en las elección de senadores (749, mil 342 votos, equivalente al 14.93% de su votación) y en la de diputados federales (273 mil 166 votos, equivalente al 15.85% de su votación). Los 3 millones 48 mil 178 (15.85% de la votación de EPN) obtenidos por los candidatos para diputados federales del PVEM, que podemos considerar piso de la votación de ese partido en esta elección federal, es menor en 282 mil 607 votos, respecto a los 3 millones 329 mil 785 votos adicionales que tuvo EPN frente a AMLO.

Andrés Manuel López Obrador: De manera semejante a EPN, la coalición del PRD con los partidos PT y MC le reportó ventaja electoral a AMLO, y aún más votos que a EPN. Obtuvo 15 millones 896 mil 999 (31.59%) votos; 2 millones 287 mil 854 (18.40%) votos adicionales a los candidatos a senadores del PRD, PT MC y de la coalición MP. Los candidatos del PRD en la elección para senadores obtuvieron 9 millones 268 mil 519 (18.56%) votos, los del PT 2 millones 326 mil 920 (4.66%) y de MC 2 millones 13 mil 706 (4.03%); en total 13 millones 609 mil 145 (27.25%) votos. Los candidatos del PRD en la elección para diputados obtuvieron 9 millones 144 mil 279 (18.36%) votos, los del PT 2 millones 288 mil 894 (4.59%) y de MC 1 millón 993 mil 529 (4.00%); en total 13 millones 426 mil 702 (26.95%) votos. La diferencia de los votos que tuvo AMLO de más, con respecto a los candidatos a diputados federales del PRD, PT, MC y de la coalición MP es de 2 millones 470 mil 297 votos. Los candidatos a diputados federales del PT y de MC en la elección de diputados obtuvieron 4 millones 282 mil 423 votos, que equivalen a 26.94% de la votación de AMLO en la elección para presidente.

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Esta cifra de votación del PT y el MC, permite plantear la hipótesis de que el incremento de la votación de AMLO en la elección de 2012 respecto a la de 2006, se debe más a la sinergia política y electoral de la alianza del PRD con el PT y MC, que a sus habilidades y capacidades personales, protagonismo o carisma como muchos creen. La importancia de la coalición con el PT y el MC la podemos constatar en el hecho de que la votación del PRD en las elecciones de candidatos para diputados y senadores tuvo una diferencia de 124 mil 240 votos adicionales en la elección de senadores que en la de diputados.

Votación PRI – PRD La votación del PRI y del PRD, muestra una tendencia simétrica – con mínimas diferencias – en las elecciones para candidatos a senadores y diputados y no mostraron, por tanto, votación diferenciada. Éste es producto de la variable que introdujo en la votación las alianzas electorales que establecieron con sus respectivas coaliciones electorales (CM y MP). A ellas se debe el crecimiento de la votación que tuvieron EPN y AMLO en la elección para presidente con respecto a las elecciones de candidatos a senadores y diputados federales de sus partidos origen, y su victoria o derrota, a la sinergia que dicha alianza tuvo en cada una de las coaliciones electorales que los postuló a la elección para presidente.

- El PRI por si solo tuvo 15 millones 606 mil 639 (31.25%) votos en la elección de candidatos a senadores (31.25%) y el PRD, 9 millones 268 mil 519 (18.56%). EL PRI obtuvo 6 millones 333 mil 120 (68.38%) votos más que el PRD. - En la elección de candidatos a diputados federales el PRI tuvo

15 millones 905 mil 440 votos (31.93%) y el PRD 9 millones 144 mil 279 (18.36%). El PRI obtuvo 6 millones 761 mil 161 (73.94%) votos más que el PRD.

- La coalición con el PVEM representó 3 millones 48 mil 178 (6.12%) de votos adicionales a EPN. - La coalición del PRD con el PT y MC, reportó a AMLO, 4 millones 282 mil 423 votos: una ventaja de 1 millón 234 mil 245 votos.

Si a los 2 millones 743 mil 463 votos en disputa electoral entre EPN y AMLO, en la elección para presidente, le restamos los 2 millones 470 mil 297 votos de más que obtuvo AMLO respecto a los candidatos para diputados de los partidos y la coalición por la que contendió, nos arroja un saldo de 258 mil 796 votos (9.48%), cantidad a la que hay que restar 14 mil 370 votos correspondientes a la diferencia de la votación de los candidatos no registrados en la elección presidencial con respecto a la de diputados, quedando un saldo de: 244 mil 426 votos (8.91%) para EPN. El importe de votación anterior indica que el 90.52% de los votos adicionales en la elección para presidente respecto a la elección de diputados federales (505 mil 881 votos), los votos de menos de JVM (109 mil 255 votos) y de GQT (991, 752), los capitalizó AMLO. Para verificar la inferencia anterior sumemos los votos adicionales de EPN (273, 166 votos), y de AMLO (2, 470, 297) con respecto a sus candidatos a diputados federales, más la diferencia de votos registrada en el rubro de candidatos no registrados en esas 2 elecciones (35, 227 en la de diputados y 20 mil 907 en la de presidente) que asciende a 14, 370 votos. Suma que da un total de 2 millones 743 mil 463 votos, que corresponden a la votación en disputa entre EPN y AMLO en la elección para presidente. Del análisis comparativo se desprende con relación a AMLO, que fue el candidato con la más alta votación diferenciada a su favor en las elecciones de candidatos a senadores (4.5%) y diputados de mayoría relativa (4.91%) de los partidos y de la coalición que lo apoyó. Aún así, sólo ganó en 8 entidades (25% de las 32 que integran la República mexicana), en las que obtuvo el 39.22% de su votación y en las que participaron el 26.56% de los votantes: 12.66% más que la suma de votos en esas entidades. Además, perdió la elección en 24 entidades, que corresponde al 75% del territorio nacional y el 73.44% de la votación en las que obtuvo 60.78% de su votación (9 millones 661 mil 437 votos) en la elección para presidente. Obtuvo el segundo lugar en 7 entidades (22%), con el 29.05% de su votación, porcentaje ligeramente superior al 28.22% de la votación de la elección para presidente en estas entidades. A esto es necesario agregar que quedó en tercer lugar en 17 entidades (53%), en donde se concentra el 45.22% de la votación de la elección para presidente y equivalen al 53% del territorio nacional. Del análisis comparativo se desprende con relación a EPN que éste ganó en 20 entidades (62.50%), obtuvo la segunda posición en 12 (37.50%) y no tuvo ningún tercer lugar. Alcanzó una votación superior a 250 mil votos en 25 entidades con 18 millones 70 mil 394 (93.99%) votos, en las que se concentra el 94% de los votos en esta elección. Asimismo, en la elección para presidente tuvo la votación diferenciada más baja al lograr una votación mayor en 1.49% con respecto a los candidatos a senadores y de 0.54% de los candidatos a diputados de los partidos PRI, PVEM y la coalición CM; resultados que demuestran mayor simetría y correspondencia en los resultados electorales de la coalición CM en cada una de las 3 elecciones.

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EPN ganó por un margen de 3 millones 329 mil 785 votos, 6.62% de a votación de la elección para presidente. Que equivalen al 21% de la votación que alcanzó AMLO. Por lo tanto, para empatarlo, AMLO y el proyecto y la propuesta política que ofertó debió convencer a más de 2 ciudadanos adicionales por cada 8 de los votos que obtuvo. De igual forma la votación del PRI y del PRD, en las elecciones para candidatos a senadores y diputados tuvieron diferencias mínimas y no mostraron, por tanto, votación diferenciada. Es patente que los resultados de los candidatos a la presidencia, senadores y diputados de mayoría relativa del PRI, PVEM y de la Coalición Compromiso por México guarda mayor correlación y correspondencia por entidad y a nivel nacional en cada elección federal. Votación en disputa electoral entre los candidatos EPN y AMLO El total de votos en disputa entre los Candidatos EPN y AMLO en la elección para presidente equivale a la suma: De 1 millón 751 mil 711 votos adicionales que hubo en la elección para presidente respecto a la elección para diputados federales. De los 991 mil 752 votos de menos que obtuvieron JFV y GQT, con relación a los candidatos a diputados federales de los partidos que los postularon. El total de votos adicionales en disputa entre EPN y AMLO en la elección para presidente fue de 2 millones 743 mil 463 votos.

Extraño que AMLO y coalición MP no hayan cuestionado elecciones de senadores y diputados federales de mayoría Por lo señalado anteriormente llama la atención que AMLO, los partidos políticos y la colación que lo postularon, pretendan lograr la anulación y/o declaración de invalidez de la elección presidencial sin cuestionar los resultados de las elecciones de senadores y diputados de mayoría, que guardan consistencia. Y aún así, expresan que hubieran ganado si el PRI no hubiera manipulado, comprado y coaccionado 5 millones de votos. Una cifra que a primera vista aparentemente parece arbitraria

y de fantasiosa inocencia. Pero no es así. Para eliminar la diferencia de votación EPN-AMLO en las entidades que dieron mayor aportación de votos (de mayor a menor aportación de votos) a la diferencia entre ambos, es necesario anular por completo la votación en 8 entidades: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, México, y Sinaloa y Yucatán, en las que se encuentran 114 (49%) distritos electorales federales, 53 mil 937 (37%) casillas y 19 millones 437 mil 84 (38%) votos de la elección para presidente. Para eliminar la diferencia de votación (3 millones 329 mil 785 de votos- habría que hacerlo (de menor a mayor aportación de votos) en 21 entidades (65%) de las que aportaron menos votos para anular 3 millones 496 mil 183 votos.

Significado y alcance de anular 5 millones de votos de la elección para Presidente La demanda en los términos planteados significa que para AMLO y la Coalición de partidos que lo apoyó, los resultados de la elección presidencial sólo son válidos en 13 entidades (8 en las que ganó, 5 en donde perdió y que aportaron la menor diferencia en la votación EPN - AMLO). Al igual que las 13 (8 en las entidades que ganó) elecciones de senadores y en 203 (67.67%) de los distritos electorales federales (80 de ellos, 39% de las entidades donde ganó) de 300 distritos donde se realizaron las elecciones para candidatos a diputados de mayoría relativa. Significa que para AMLO una vez realizada la supuesta limpieza de la elección y restados por tanto los 5 millones de votos supuestamente comprados, implicarían que hubo empate técnico en 19 entidades y el triunfo en las 8 de AMLO con saldo final favorable para éste de 1 millón 731 mil 282 (3.44%) de votos. Aún cuando la gran mayoría de 50 millones de ciudadanos que votó el 1° de julio; los más de 1 millón de ciudadanos capacitados, los casi 2 millones de representantes electorales, los más de 31 mil observadores electorales y 510 extranjeros así como de medios de comunicación nacionales e internacionales que siguieron el desarrollo de la jornada electoral, no hayan reportado operativos de la magnitud que implica manipular o comprar la voluntad política de 5 millones de ciudadanos que dicen, fueron cooptados, manipulados, comprados, presionados, coaccionados o engañados para votar por la restauración del antiguo régimen K

*Director de Asesoría y Consultoría Técnica y Profesional S.C.

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Tiempo de Saber

EL DILEMA DE LA ESCUELA JUSTA E INCLUYENTE K Mtro. Jorge Antonio Alfaro

ue las instituciones educativas funcionan como una suerte de embudo que va filtrando el desarrollo académico de los estudiantes resulta más que evidente. Este proceso social puede considerarse como uno de los síntomas de una sociedad muy poco equitativa o de plano injusta. En datos duros el problema se visualiza en el grado de escolaridad y la cobertura de la educación; sin embargo, a la hora de analizar los elementos para elevarlos se encuentra uno con factores como escuela incluyente y escuela justa. Ambos conceptos son claves en las reformas que se realizan sobre todo en educación básica, no obstante, las formas llevarlos a la práctica aun distan mucho de superar barreras sociales basadas en atavismos ancestrales. Hacer de una escuela una comunidad comprometida con el aprendizaje, como define Víctor Zúñiga a la escuela incluyente (“La escuela justa e incluyente”, Fondo de Editorial de Nuevo León, Universidad de Monterrey, México, p. 12) es una tarea que demanda cambiar ideas y prácticas tan arraigadas que podemos ni siquiera darnos cuenta cómo impiden la realización de procesos de equidad. Hace algunos años escuché a una profesionista de la medicina recomendar, en tono amable y seguramente bien intencionado, a una madre cuyo hijo estaba por ingresar al prescolar, que verificara si la escuela que tenía pensada admitía niños portadores del virus del SIDA y en caso positivo, buscar otra escuela que no los admitiera. El riesgo de contagio entre niños que juegan, se pelean, se rasguñan, se muerden y comparten alimentos era para la médica un asunto grave y para la madre se convirtió en una alerta roja, como seguramente ocurriría con cualquier persona con mínimo interés en la salud de sus hijos. Bastó preguntarle a la madre en cuestión ¿y su tu hijo fuera el portador del SIDA y no lo admitieran en ninguna escuela? Para que toda la certeza de la que se había armado se desquebrajara y entrara en un mar de dudas y temores. Negar el ingreso de un menor a la escuela por ser portador de SIDA no es solo un asunto de educación, sino de derechos humanos. Hasta el momento no he sabido de alguna escuela que condicione el ingreso de los alumnos a que presenten pruebas de SIDA, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido, pero me parece que bastaría con esparcir unos cuantos rumores de contagios, enfermedades y muertes, para que más de una escuela, con la exigencia de las sociedades de padres de familia, comenzara a

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hacerlo. Es decir, la escuela establecería un factor de exclusión, en vez de políticas de inclusión. El problema de la inclusión no se limita al ejemplo del SIDA, tal vez este sea uno de los aspectos más extremos pero menos extendidos. Es más frecuente encontrar como factores de exclusión las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, el lenguaje, la condición económica y la religión. En los días en torno a la redacción de este artículo la comunidad de Nueva Jerusalén, en Michoacán, vive un conflicto por el impedimento efectuado por líderes religiosos para que en el pueblo se imparta educación laica. El conflicto llegó al grado de la destrucción de instalaciones escolares, el bloqueo de los accesos a casas habilitadas para impartir clases y personas lesionadas como resultado de enfrentamientos entre quienes demandan la educación laica y quienes piden que solo haya educación religiosa. El argumento de los líderes es que no se oponen a la educación, pero sí a la educación que se “impone” ya que con ella se da entrada a los vicios, como el alcoholismo, la drogadicción y todo lo prohibido en la comunidad.(CNN México:http://mexico.cnn.com/ nacional/2012/08/21/nueva-jerusalen-una-comunidad-religiosaque-prohibe-la-educacion 22/agosto/2012). Justificar las razones de la exclusión como causas necesarias o de fuerza mayor es el primer mecanismo de protección de nuestra integridad amenazada. De inmediato uno se plantea reflexiones como: por qué los niños con plenas capacidades mentales han de asistir a clases con niños mentalmente limitados, sería retrasar a los más aventajados; los niños con discapacidades físicas requieren atención especial, no hay personal capacitado ni hay instalaciones adecuadas; la gente con necesidades especiales necesitan escuelas o centros especiales, que vayan allí. De manera semejante los líderes de la Nueva Jerusalén consideran que si alguien quiere educación laica, lo mejor es que se vaya del pueblo, ya que es la manera de proteger a quienes están lejos del vicio y la inmoralidad. Hará unos 10 años o un poco más que el trastorno por déficit de atención o TDA, síndrome que suele ir acompañado de hiperactividad es un tema de dominio público tan extendido que las escuelas solicitan cada vez con mayor frecuencia valoraciones psicológicas a los niños, incluso en edad prescolar, cuando en teoría aun no se puede diagnosticar dicho trastorno. El problema

no es que se requiera la valoración psicológica, sino que ante la falta de conocimientos y habilidades de profesores y autoridades para tratar a los niños se generen etiquetas como “niño problema”, “niño difícil” y los consiguientes mecanismos de exclusión. En el mejor de los casos comienzan con la recomendación de llevar al niño a otra institución donde puedan atenderle en forma adecuada.

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años Sonora Chihuahua

Durango

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Notas: Excluye a la población con escolaridad no especificada. Obtenido de: INEGI, México en cifras, http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/def ault.aspx 23/agosto/2012

Jalisco

Frecuencia

6 más de 9.2 a 10.5 Repito, es muy fácil pensar 15 más de 8.3 a 9.2 que enviar a quienes tienen 7 más de 7.4 a 8.3 4 de 6.7 a 7.4 una necesidad especial a los lugares especiales es lo más saludable y coherente, a final de cuentas la exclusión no comienza ni termina en las escuelas, sino que así es la vida, unos pueden y otro no. Sin embargo, basta repasar nuestra propia historia y la de nuestras familias para encontrarnos que en un momento hemos vivido o estado muy cerca de algún tipo de limitación o discapacidad que nos haría elegibles para la exclusión. Es decir, es alguna etapa nosotros o alguno de nuestros seres queridos puede estar en una situación vulnerable o de desventaja que le acarreé algún tipo de exclusión; porque no habla en forma “correcta”, porque no aprende a la velocidad adecuada o por cualquier otra razón que en el fondo no es más que resultado de la incomprensión y la intolerancia.

Hacer de una escuela un espacio más equitativo y por tanto contribuir a la construcción de una sociedad más justa pasa por el camino de la inclusión. Y si bien, la sociedad tiende a discriminar como mecanismo para generar identidades de grupo, funciones sociales y el manejo del poder, también se puede llegar a extremos de una desigualdad y una injusticia vergonzosas. Por más riqueza, tecnología, democracia y maravillas de la modernidad que se adopten en un país; la miseria, la falta de expectativas y la desigualdad de oportunidades de sus habitantes sigue siendo un referente de su grado de civilidad. En México, de manera infortunada, aun tenemos mucho camino que andar en ese sentido. Es difícil si no es que imposible eliminar todos los aspectos de discriminación o selección de la sociedad. Por ejemplo, sería absurdo pensar que personas con debilidad visual o si visión condujeran transportes de carga o pasajeros. Lo mismo que un individuo con una mínima capacidad para hacer cuentas y operar un teclado no podría estar en la terminal de venta de un supermercado. Cada actividad laboral o recreativa o vital requiere ciertas aptitudes para ser desempeñada. No obstante, la solidaridad de quien puede y tienen capacidad sobrada con quien no puede es una necesidad en una sociedad tan desigual como la nuestra.

Oaxaca

Chiapas

Una sociedad cada vez más desigual tiende a crear mecanismos de exclusión cada vez más agudos y cerrados. La indiferencia es el mejor camino para asumir en forma paulatina situaciones de sufrimiento y miseria como algo normal o inevitable. La educación refleja en buena medida las características de nuestra sociedad. Basta asomarse a las grafías sobre ingreso perca pita, escolaridad y alfabetización en estados como Nuevo León y el Distrito Federal, compararlos con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán para darnos una idea de las polaridades de nuestro país. La educación escolarizada sigue siendo el vehículo a través del cual las personas adquirimos, además de habilidades y conocimientos para uso práctico, un conjunto de valores que nos brindad un sentido de identidad y la posibilidad de convivir con alguna dosis de equilibrio. De ahí la necesidad de hacer de las escuelas espacios más justos, a través de la equidad de oportunidades brindada por la inclusión. Hay cierto peso de fondo cuando el argumento contra la inclusión estriba en que las escuelas no cuentan con personal capacitado ni con instalaciones adecuadas para transformarse en escuelas inclusivas. Sin embargo esas circunstancias son superables siempre y cuando exista la voluntad de hacer de la escuela un espacio más equitativo. Entre las medidas para generar una sociedad más equitativa y justa está revisar nuestros criterios de discriminación, preguntarnos a fondo si contribuyen a levantar barreras o a tender puentes entre quienes están en circunstancias favorecidas y quienes están condiciones vulnerables. Hay una responsabilidad directa en profesores y autoridades educativas para hacer de la escuela un espacio más inclusivo y justo. Sin embargo, como padres o integrantes de una familia, tenemos la responsabilidad de inculcar principios de la convivencia y por más que al infante de se le enseñe en la escuela a reconocer diferencias, aceptarlas, a ser solidario y apoyar a quien puede menos, si en su familia aprende lo contrario, la escuela no servirá de mucho y continuaremos viendo las desigualdades crecer K

FORO FORO JURÍDICO 65 65 JURÍDICO

FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MÉXICO-INDIA

CONTRASTES EDUCATIVOS Y SU VÍNCULO CON LA INNOVACIÓN

José Carlos Barranco Ávila

L MANUAO L S O DE

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n julio de 2012, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) emitió la quinta versión del Índice Global de Innovación, el cual mide a todos los países de acuerdo con sus factores, recursos e iniciativas que fomentan la innovación. Este reporte menciona que actualmente las políticas mundiales se están enfocando en construir contextos que permiten el crecimiento y el desarrollo a largo plazo. Los indicadores que contempla este índice se basan en factores internos y externos de los países. Los recursos humanos, el ambiente empresarial, la dinámica de mercado, la infraestructura en telecomunicación y la educación son los primeros pilares que sustentan la medición. A éstos se le suman la creación e implementación de bienes y servicios, el impacto y alcances del conocimiento, así como su difusión. En esta edición se dan a conocer los resultados de la siguiente manera, según la región a la que pertenecen: Suiza, Singapur, Estados Unidos, Israel, Islas Mauricio y la India son los países que ocupan los primeros lugares para las zonas de Europa, Asia-Pacífico, Norteamérica, Medio Oriente, Oceanía, y Centro y Sudeste asiáticos, respectivamente. En el caso de Latinoamérica, quien lleva la delantera es Chile. En contraste, México se encuentra en el número 79 del ranking global y en el 9 de toda el área latinoamericana. Se ubica, de hecho, por debajo de Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú y Guyana. En cuanto a su índice de rendimiento, está por debajo de aquellos considerados como “en proceso de aprendizaje”, lo cual nos deja en un nivel promedio, ¿pero a qué se debe esto? ¿Por qué estamos tan atrasados en estos temas? Comparemos el caso de México con el de la India. En México no estamos acostumbrados a un modelo de pensamiento enfocado en las economías del conocimiento, que es donde los recursos humanos y el potencial de las sinergias cobran fuerza y con el cual podemos obtener servicios y productos en beneficio de la sociedad. Los países que han apostado por la innovación, como la India, trabajan desde el ámbito educativo para impulsar nuevos paradigmas que sean atractivos para los estudiantes y que el flujo de la información no sólo esté direccionada del profesor al alumno, sino que se fomente un verdadero intercambio de ideas para poder expandir sus horizontes. En específico, la India cuenta con un modelo instaurado desde el 2003, denominado “aprendizaje basado en la actividad” (o ABL, por sus siglas en inglés). Éste se realiza en salones sin sillas y sin pizarrones, y con él, el estado de Tamil Nadu, en la India, ha alcanzado los primeros niveles educativos de todo el país. Lo más sorprendente es que ha demostrado no sólo dar resultados en el rendimiento escolar, sino que se traslada a ámbitos de la personalidad de los estudiantes, por lo que son más atentos, con mayor destreza en el uso del lenguaje y en otras habilidades cognitivas. Quizá ésta sea la razón por la que India ocupa la posición número 1 de países innovadores en la región.

México se encuentra en la posición 79 del Índice Global de Innovación, y ocupa el lugar 9 en Latinoamérica. Está probado científicamente que despertar y estimular las habilidades lingüísticas desde temprana edad fomenta la creatividad y la destreza mental. Así, el modelo ABL propone diferencias muy marcadas respecto del modelo tradicional de educación. En primera instancia, existen autoevaluaciones de los contenidos y las unidades, con lo que el niño puede saber qué grado de avance ha conseguido respecto a un tema. Segundo: se despierta también un sentido de responsabilidad desde temprana edad, ya que la lista de asistencia es repartida y llenada por los mismos estudiantes. Tercero: su progreso también es individual, en el entendido de que puede aprender de su entorno y tomando en cuenta los riesgos a los que se ve rodeado. Finalmente: la serie de materias es personalizada, por lo que se da un progreso individual hasta que el alumno está en la capacidad de asimilar los contenidos por completo, avanzando a su propio ritmo. Evaluaciones han demostrado que este modelo ha traído beneficios y mejoras para los estudiantes en un 20% previo a su implementación, y también es cierto que éste es uno de los modelos que promueven y facilitan el pensamiento creativo a través del juego, la exploración, la flexibilidad, la responsabilidad y el sentido de grupo. La educación es un pilar muy importante al momento de hablar de innovación. El cómo determinar la manera en la que absorbemos y procesamos la información es esencial al momento de desarrollarnos. En México nos hemos empecinado en seguir con modelos y estructuras tradicionales que poco beneficio aportan al modelo total de innovación. Si regresamos a los indicadores mencionados por el informe y comenzamos con el ámbito de las instituciones, tenemos en claro que en México no se fomenta una política integral enfocada al fomento de la innovación y la práctica del conocimiento. De hecho, las instituciones educativas se encuentran en una condición crítica ya que que no existe una cultura de emprendimiento. México bien podría aprender del modelo ABL aplicado por la India que lleva a la experimentación y a despertar los sentidos. El mercado de la innovación apenas se va forjando, por lo que es el momento idóneo para plantear esta estructura y que la generación que viene lleve dentro de sí toda una cultura vinculada con la innovación.

Experiencias de aprendizaje

El Gobierno de Tamil Nadu, en la India, lugar donde se llevó a la práctica el modelo de aprendizaje activo (ABL, por sus siglas en inglés) por primera vez en 2003, reportó los siguientes resultados tras la implementación del programa: 1. El aprendizaje promedio de los estudiantes se incrementó significativamente en todas las materias, entre un 25% y 29%. 2. La brecha de aprendizaje entre género, comunidad y grupo social se redujo radicalmente. 3. Los estudiantes con bajo rendimiento escolar lo redujeron de un 30% a 40%, mientras que los de alto rendimiento incrementaron un 20 a 40%, en materias como matemáticas e inglés. 4. El déficit de atención infantil se redujo en la mayoría de los grupos. El ABL tiene la intención de que el estudiante participe en el proceso de aprendizaje a través de su involucramiento en el conocimiento mediante referencias que pueda asimilar de la vida cotidiana. Así, el niño tiene una experiencia que le hace procesar la información a diferencia de que sólo se la esté proporcionando el profesor. El Centro Virtual para las Tecnologías Innovadoras de Aprendizaje, en la Universidad de Islas Mauricio, recomienda que para el mejor aprovechamiento del modelo, se mantenga un equilibrio entre la complejidad de las actividades, contemplar un tiempo razonable para la realización de las actividades, utilizar lenguaje sencillo, describir las tareas por pasos, y brindar ejemplos, ya que las referencias y comparaciones ayudan al momento del aprendizaje.

FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ARTURO ANCONA GARCÍA LÓPEZ

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K Robespierre

CADALSO Comienzan a moverse las piezas del tablero de ajedrez en la Secretaría de Gobernación y la SCJN para cubrir las 2 vacantes de Ministro que se darán en noviembre, al concluir su encargo los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano. Lo lógico es que las vacantes se cubran con un candidato de carrera judicial y otro externo, como ha venido sucediendo en la última etapa de la Corte. Sin embargo, esta designación podría tener nuevas modalidades y sorpresas por el arribo a los Pinos en diciembre del priísta Enrique Peña Nieto. En principio, el envío de las 2 ternas al Senado por parte del Ejecutivo, debería corresponderle al próximo presidente, sobre todo si quien finalmente los designa es el Senado que se instalará el 1º de septiembre, en que el grupo mayoritario lo tiene el PRI con 51 senadores. Pero en el foro ya se habla del “madruguete” que pretende realizar Felipe Calderón, mayoriteando la Corte con los ministros que se han designado durante los 12 años de la “era panista”. Por lo pronto, ya se están barajeando nombres de magistrados y juristas destacados. Entre los primeros encabeza la lista el Mgdo. Leonel Castillo González, actual Director de la Escuela Judicial y le siguen Oscar Vázquez Marín, Miguel Ángel Aguilar López, Ricardo Ojeda Bohórquez, María Elena Leguízamo Ferrer, Jean Claude Tron Petit y Alberto G. Pérez Dayán, quién fue propuesto por Felipe Calderón en la última terna que se envió al Senado. De los externos capitanean la lista los actuales 3 consejeros del CJF, Jorge E. Moreno Collado, Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández y César A. Jauregui Robles, quienes incluso son identificados como internos dentro del PJF. Habría que agregar por lo pronto al ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y Bernardo Sepúlveda Amor, Juez de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, considerado cercano al grupo de Peña Nieto. Hagan sus apuestas.

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En lo que se ha considerado un severo golpe a las fuerzas armadas y a la lucha de Felipe Calderón contra el crimen organizado, la SCJN declaró inconstitucional el Artículo 57, fracción II, inciso A, del Código de Justicia Militar, acabando con el fuero militar. Con una mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra, el pleno determinó que en los asuntos penales en los que participen militares y que concurran civiles, los casos deberán ser revisados por juzgados federales y ya no militares. Con ello se da cumplimiento a una de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se abre camino hacia un verdadero respeto a los derechos humanos en México. La Ministra Olga Sánchez Cordero, autora del proyecto de sentencia, señaló que con este avance se vive un nuevo derecho. Para aplicar este criterio de manera universal en el país, se requiere que el Máximo Tribunal conozca de 4 asuntos más que tengan similitud para establecer jurisprudencia. No obstante, se trata de un paso trascendente de los ministros ante una ley que data de 1933, que contempla juzgar en el fuero castrense a los soldados de cualquier rango, que cometan delitos contra civiles. El fallo derivó del amparo en revisión interpuesto por familiares del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, asesinado el 20 de junio de 2009 en un retén militar.

Ya cerca de asumir la administración del GDF, Miguel Ángel Mancera delinea su plan de trabajo con un fuerte acento en la seguridad de los capitalinos. Así lo dejó en claro al señalar que durante su gobierno impulsará el desarrollo de los denominados Centros de Control y Mando (C2), como parte de su política de trabajo. Reconoció que estos centros requieren de una importante inversión para dotarlos de mayor tecnología como software, interconexiones y capacitación operativa, por lo que es posible aprovechar todo su potencial en el combate a la inseguridad. Aunque no se barajean nombres sobre quién será el siguiente jefe de la policía capitalina, la sociedad confía en que el ex procurador de justicia dará seguimiento a la política de la actual administración de no impunidad; al mismo tiempo que aumentará la coordinación entre la PGJDF y la SSPDF. Algunos de los proyectos para disminuir los índices delictivos adelantados por el Dr. Mancera Espinosa se encuentra el impulso entre los jóvenes al deporte y a las actividades recreativas, adelantó que en su administración creará una carrera atlética en donde participe todo el personal del gobierno del DF y la sociedad civil. AMLO nos hizo recordar la conocida novela del británico George Orwell, ¡Rebelión en la Granja! en la que los animales son los protagonistas de una lucha por conquistar sus ideales. El político tabasqueño se valió de la fauna campirana para constituir sus elementos probatorios con el fin de acreditar la compra de votos que achaca al PRI, atrayendo nuevamente los reflectores y una lluvia de comentarios que enlodan su sinuoso camino para desacreditar la elección presidencial. Al igual que en la novela, los animales han tomado un papel protagónico en una lucha por el poder político a capricho del perredista, ahora sólo falta que quiera también hacerlos desahogar una prueba testimonial. ¿Será esta reunión de animales el vaticinio de un diluvio en el que AMLO habrá de salir avante para sobrevivir el oleaje político? Lo razonable parece una retirada con honor y no continuar con este circo que ya hasta causa pena ajena, sobretodo porque el Tribunal Electoral ha fijado una postura clara. A propósito de las pasadas olimpiadas, si alguien piensa que se podrá invalidar una elección presentando playeras, gorras y cubetas como las que cualquier partido político obsequia durante una campaña electoral, habrá que otorgarle la medalla de oro a la ingenuidad. Es de extrañarse que no incluyera cabras en su ofrecimiento de pruebas. ¿Será que no las pudo ofrecer porque ya se le fueron?

Funcionó la nueva regla de la equidad de género en las Cámaras Legislativas y la energía del TEPJF y el IFE en el cumplimiento de la ley. Pocas reformas electorales han dado tan buenos resultados como la del artículo del COFIPE que establece candidaturas de mujeres encunando al menos un 40% de los cargos de elección popular (diputados y senadores), ya que, una vez instalada la LXII Legislatura, se ha constatado que contará con el mayor número de mujeres en la historia del país. Así lo señaló la consejera electoral Macarita Elizondo Gasperín, quien afirmó que en San Lázaro, 184 de 500 curules, serán ocupados por féminas mientras que en el Senado habrá 42 de 128, lo que representa un 36.8% y 33%, respectivamente. Se trata de un tema de la mayor relevancia y esperanzador, ya que su trabajo será primordial para destrabar las reformas pendientes que México requiere para avanzar en muchos ámbitos (político, electoral, social, justicia, educativo, laboral, energético, etc.). Esperemos que bajo este nuevo panorama, de una presencia tan elevada de mujeres en el trabajo legislativo, que suponen mayores niveles de honestidad, responsabilidad y trasparencia, encontremos la vía para salir de los graves problemas que enfrenta la sociedad mexicana. K

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MĂŠtodos Alternos de SoluciĂłn de Conflictos. Marta Gonzalo Quiroga, Francisco Javier GorjĂłn GĂłmez. Universidad AutĂłnoma de Nuevo LeĂłn, Universidad Rey Juan Carlos. 2011.

a obra se adentra y profundiza en una visiĂłn sistemĂĄtica, plural e internacional de los MĂŠtodos Alternos de SoluciĂłn GH &RQĂ LFWRV 0$6& GHVWDFDQGR HO LPSDFWR VRFLDO TXH producen en las sociedades contemporĂĄneas. La poblaciĂłn en general ha de tomar conciencia de que existen otras formas GLVWLQWDV D OD YtD MXGLFLDO SDUD UHVROYHU VXV FRQĂ LFWRV OR TXH UHTXLHUH de un profundo cambio cultural y educativo. Es precisamente en esta transformaciĂłn en donde situamos a la paz y a los MASC considerando que su implementaciĂłn y puesta en marcha suponen XQD PRGLĂ&#x20AC;FDFLyQ GLVUXSWLYD HQ OD LPSDUWLFLyQ GH MXVWLFLD \ HQ OD construcciĂłn de una nueva realidad social, de â&#x20AC;&#x153;una nueva culturaâ&#x20AC;?. De ahĂ que, en la actualidad, cobre pleno sentido el conocimiento y la aplicaciĂłn de estos mĂŠtodos de justicia alternativa como instrumentos al servicio de la paz en el camino para lograr una mayor \ HĂ&#x20AC;FD] MXVWLFLD HQ ODV UHODFLRQHV MXUtGLFDV VRFLDOHV \ SROtWLFDV

Hacia la UnificaciĂłn del Derecho Penal. Ulrich Sieber, Jan-Michael Simon. INACIPE. 2011.

ientras que en la UniĂłn Europea ya se han sentado las bases para el diseĂąo y aprobaciĂłn de una legislaciĂłn penal comĂşn, en MĂŠxico existen 67 ordenamientos penales, contando los sustantivos y los adjetivos. En muchos casos, los criterios interpretativos, penas y procedimientos son radicalmente distintos. Esta situaciĂłn conduce, necesariamente, al desconcierto y a la inseguridad jurĂdica. En la segunda ediciĂłn de esta obra, se incluyen 15 de los trabajos presentados durante el Congreso Internacional Reforma Penal en MĂŠxico, celebrado en 2004 en un esfuerzo de coordinaciĂłn del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Instituto Max Plnck para el Derecho Penal Internacional y el Extranjero. Los expertos que participan en el citado congreso â&#x20AC;&#x201C;en donde se abordan temas como la integraciĂłn de la UniĂłn Europea, los lĂmites de la justicia extranjera y el anĂĄlisis de diversos sistemas penales de AmĂŠrica y Europaâ&#x20AC;&#x201C; se preguntan si realmente el rĂŠgimen federal es un obstĂĄculo insalvable para contar FRQ XQD OHJLVODFLyQ SHQDO XQLĂ&#x20AC;FDGD \ XQLIRUPH

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El Derecho Penal y la PolĂtica Criminal Frente a la CorrupciĂłn. Coord. Eduardo A. FabiĂĄn CaparrĂłs, Miguel Ontiveros Alonso, NicolĂĄs RodrĂguez. Col. Cuadernos Contra la CorrupciĂłn. Ubijus, INACIPE. Universidad de Salamanca. 2012.

n Factor que limita el libre desarrollo de ciudadanos y sociedades es la corrupciĂłn. Este fenĂłmeno delictivo, es tambiĂŠn, uno de los pilares en los que se basa la delincuencia organizada para vulnerar los derechos a escala internacional. Es difĂcil sostener, hoy dĂa, que exista crimen RUJDQL]DGR VLQ DĂ&#x20AC;UPDU DO PLVPR WLHPSR TXH HQ VX JpQHVLV VH encuentran inmiscuidos servidores pĂşblicos partĂcipes en caso de corrupciĂłn. Para analizar, debatir y proponer soluciones en contra de estos factores que impiden la evoluciĂłn social, el INACIPE y el Grupo de Estudio sobre la CorrupciĂłn de la Universidad de Salamanca de EspaĂąa, dirigido por los profesores NicolĂĄs RodrĂguez GarcĂa, Eduardo A. FabiĂĄn CaparrĂłs y Miguel Ontiveros Alonso, han generado una alianza de largo alcance. Esta publicaciĂłn es el primer resultado de ese esfuerzo conjunto. &XDGHUQRV FRQWUD OD &RUUXSFLyQ QDFHQ FRQ HO Ă&#x20AC;Q GH HVWUHFKDU lazos entre MĂŠxico y Europa, conocer experiencias conjuntas y llevarlas a la prĂĄctica.

DiscusiĂłn JurĂdica ContemporĂĄnea desde MichoacĂĄn. Coord. Alejandro GonzĂĄlez GĂłmez y Jaime del RĂo Salcedo. TEEM, Consejo del Poder Judicial de MichoacĂĄn, Supremo Tribunal de Justicia de MichoacĂĄn. 2011.

n un primer momento un sector de la doctrina sociolĂłgica UHSUHVHQWDGR SRU $QWKRQ\ *LGGQHV \ 8OULFK %HFN \D advertĂa una transformaciĂłn de las sociedades modernas al replantear una visiĂłn del desarrollo y la modernidad a partir de la idea de un enaltecimiento de la globalizaciĂłn y la polĂtica. Pero al sopesar la apariciĂłn de nuevos riesgos, las recientes opiniones de Thomas L. Friedman permiten advertir la superaciĂłn de ciertos posicionamientos al considerar que la globalizaciĂłn tiene un poder aplanador que hace factible eliminar diferencias entre las personas y genera un equilibrio. Sin tomar partido en la polĂŠmica, aparece una nueva corriente ideolĂłgica cuyo alcance encuentra una amplia vinculaciĂłn y correlato con la discusiĂłn jurĂdica que durante los Ăşltimos aĂąos se ha efectuado en MichoacĂĄn, ya que el debate expuesto en la obra por los catedrĂĄticos no es de ningĂşn modo, fruto de la casualidad, es consecuencia de esa racionalidad, de ese intercambio â&#x20AC;&#x201C;de ideasâ&#x20AC;&#x201C; en una sociedad que tiende a una horizontalidad, a una convivencia entre individuos y FRPXQLGDGHV \ TXH DKRUD HQFXHQWUD XQ UHĂ HMR SUHFLVDPHQWH HQ HO Â´Ă XMRÂľ GH RSHUDGRUHV MXUtGLFRV K

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Temas constitucionales LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS K Dr. José R. Padilla*

l tema se encuentra regulado en el artículo 29 constitucional y comprende, igualmente la “suspensión o restricción” de los ahora llamados “derechos humanos”, así como de sus “garantías”. El último decreto de suspensión, casi único en la historia de México, ocurrió con motivo del ingreso de nuestro país en calidad de contendiente a la Segunda Guerra Mundial. Como se recuerda, en esa lucha armada, México fue “aliado” con los Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra y otros países. En la reforma de junio de 2011, el Poder Revisor de la Constitución lleva a cabo modificaciones sustanciales al artículo 29 de la Norma Suprema, en donde ahora el precepto habla de “restringir o suspender derechos y garantías”. Sigue correspondiendo al presidente de la República, la facultad de solicitar la “suspensión o restricción”, siempre apoyado por sus colabores más cercanos y con motivo de invasión, perturbación de la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la Nación. En cambio, el Congreso de la Unión se encarga de aceptar o rechazar la solicitud presidencial, sin que éste cuente con algún recurso para oponerse a lo que disponga el Legislativo. Las dos grandes novedades que representa la reforma constitucional de 2011, estriban en lo siguiente: La primera, nos habla de una amplia reserva de “derechos humanos” y sus respectivas “garantías” que nunca podrán suspenderse. La segunda, consiste en la intervención de la Suprema Corte a fin de que “revise de oficio e inmediatamente” los decretos que expida el Ejecutivo Federal durante la “restricción o suspensión”. Incluso el pronunciamiento de la SCJN debe ser “con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez”. En el segundo párrafo del referido artículo 29 constitucional, leemos: “En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos”… La intervención de la Suprema Corte, además de novedosa, tiene una gran importancia jurídico-política, toda vez que significa la

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joserpadilla@prodigy.net.mx “judicialización” de la suspensión y limitación de los “derechos humanos” y las “garantías” establecidas para su defensa. Esto permite la intervención de los 3 poderes federales en el siguiente orden: el Ejecutivo solicita la suspensión y ejecuta los acuerdos respectivos, el Legislativo hace las aprobaciones y el Judicial, califica la actuación del propio Ejecutivo. Resultó lamentable cuando en 2007, con motivo de la influenza, el presidente Felipe Calderón, lejos de solicitar al Congreso Federal la suspensión o restricción de “derechos y garantías”, haya emitido un decreto “personalista” apoyándose en algunos preceptos constitucionales y legales que ni con mucho le otorgaban las amplias facultades que se arrogó. Además, previo al uso del Ejército en las calles con el pretexto de combatir a la “delincuencia organizada”, el jefe del Ejecutivo Federal, debió solicitar la “suspensión o restricción de garantías y derechos”, ya que durante los últimos cinco años y medio la Nación ha estado viviendo un “estado de excepción y emergencia”. En suma, el Ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, recuerda que “en tiempos de paz” ningún militar puede actuar fuera de las instalaciones del Ejército, dado que se viola el artículo 129 de la Ley Fundamental K * Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.