Julio 2020. Crisis del Poder Judicial frente al Covid-19 by Foro Jurídico

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Contenido JULIO 2020 EN PORTADA 32

CRISIS DEL PODER JUDICIAL

FRENTE AL COVID-19 6

EDITORIAL Desafía el CJNG al Estado Mexicano

FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL El Rey ha muerto ¡Viva el Rey! Nueva Ley de Protección a Innovación Industrial Jaime A. Díaz Limón

8 Compartir mis conocimientos con colegas abogadas me enriquece muchísimo, ya que tengo la oportunidad de ver diferentes perspectivas:

ENTREVISTA Violencia de género en época del Covid-19 Dra. Patricia Olamendi

Eleonora González Villaverde

LA MÁQUINA DEL TIEMPO MUSICAL Nelson Mandela al rescate de George Floyd Jesús Antonio Aquino Rubio

ABOGADO DIGITAL Debemos acercarnos a la tecnología y observar sus razones de existencia y consecuencias en la vida humana y en nuestra profesión Stephanie Enríquez Valerio

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18 EVENTOS Sin pasión, nada grande puede crearse Homenaje al Dr. Ricardo Franco Guzmán por 70 años de trayectoria

TRIBUNAL ELECTRÓNICO EN EL ESTADO DE MÉXICO EN TIEMPOS DEL COVID-19 Entrevista con el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

40 NOTICIAS Combate a la corrupción en Latinoamérica Se Estanca México en Combate a la Corrupción

CADALSOS

EN LA OPINIÓN DE NUESTROS ESPECIALISTAS

Sergio A. Valls Esponda

Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares.Entre la Omisión y la Oportunidad Legislativa

Valeria Chapa Garza

Retos y futuro de la abogacía en México: ¿renacer, trascender o morir?

LOS LIBROS RECOMENDADOS para nuestros abogados

Jonathan G. Garzón Galván

Identidad Digital: el Reto Pendiente Parte 2

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EDITORIAL

Desafía el cjng al Estado Mexicano de la droga en apenas año y medio de su gestión, poniendo en evidencia lo rebasadas que se encuentran las instituciones públicas de seguridad y sobre todo las agencias de inteligencia.

l atentado que sufrió el pasado viernes 26 de junio el Secretario de Seguridad de la cdmx, Omar García Harfuch, en el corazón de la capital del país, es un acto por demás preocupante y trascendente debido a las implicaciones políticas, de seguridad y de inteligencia que tiene, particularmente porque se trata del más poderoso, audaz y violento cartel que opera en México, que se atrevió con esta acción a desafiar al Estado mexicano. Es bien sabido que existe un pacto no escrito ente los grupos de la delincuencia organizada y entre las fuerzas del orden de mantener la capital del país como un lugar neutro de manifestaciones extremas de violencia y delincuencia, particularmente porque aquí se concentran las sedes de las Fuerzas armadas, la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional, la Secretaría de

Seguridad Federal, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (cni) y hasta hace dos años el bien estructurado Estado Mayor Presidencial, que lamentablemente desapareció López Obrador. Sin embargo, el pacto se rompió con el arrojo del capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (cjng), que tiene hoy una presencia delincuencial en casi todo el territorio nacional, como una respuesta a la extradición a los Estados Unidos de su hijo Rubén Oseguera González “El Menchito” y por las valientes y brillantes acciones del Lic. García Harfuch contra los carteles de la cdmx ligadas al cjng. El Gobierno Federal que encabeza amlo no puede pasar por alto éste que constituye el primer gran desafío de un cartel

A pesar de haber cobrado tres víctimas mortales, dos oficiales de policía y una mujer que ocasionalmente pasaba por ahí como un daño colateral, afortunadamente Omar García Harfuch no tuvo heridas graves y el atentado fallo, pero el hecho no puede ni debe ser pasado por alto. Debe ser el punto de partida para despertar y afinar las estrategias de prevención y combate frontal al crimen organizado, especialmente ahora que el Presidente López Obrador ha delegado completamente las tareas de seguridad pública al Ejército y a la Marina. Por dignidad, por compromiso con el pueblo de México y para seguir manteniendo a las instituciones públicas con la mayor confianza de la ciudadanía, esperamos que en breve la fuerzas armadas desmantelen al cjng y pongan tras las rejas al “Mencho” y, al mismo tiempo, que El secretario García Harfuch haga lo propio en la cdmx con el Cartel Unión Tepito, además, debe dejarse de lado el discurso condescendiente del Ejecutivo de “abrazos, no balazos” y “pórtense bien”.

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COMPARTIR MIS CONOCIMIENTOS CON COLEGAS ABOGADAS ME ENRIQUECE MUCHÍSIMO, YA QUE TENGO LA OPORTUNIDAD DE VER DIFERENTES PERSPECTIVAS Entrevista con Eleonora González Villaverde Coordinadora Comité Pro Bono de la ANADE ABOGADA INFLUYENTE 2020 En la ANADE hemos trabajado arduamente por concientizar y fomentar la cultura del trabajo pro bono a nivel nacional, soy testigo en primera fila del impacto positivo que ha tenido en la comunidad en general.

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Por Equipo Editorial

¿CUÁL ES EL ASPECTO QUE MÁS TE INSPIRA DE TU PROFESIÓN? Saber que mis clientes se sienten protegidos y acompañados en todo momento, tener la oportunidad de implementar soluciones legales de manera creativa, puntual, rápida y de calidad, usando tecnología de punta y documentos seguros. Analizar desde un enfoque preventivo las situaciones a futuro que pudieran surgir en las relaciones contractuales o colaborativas elaborando documentos que garanticen a las partes claridad y seguridad en la eventualidad de que surja una diferencia. Acompañar a mis clientes en el desarrollo de nuevos negocios y verlos desarrollarse con éxito;

tener la oportunidad de asesorar de manera fluida obteniendo la confianza y reconocimiento de clientes internacionales. Saber que puedo cambiar vidas de manera positiva compartiendo mis valores, principios y misión de vida con los que me rodean, ya sean colaboradores, colegas clientes o proveedores. Usar mis conocimientos legales para apoyar a aquellas personas que por su condición económica no tienen acceso a un abogado; plantearme el reto de estudiar con constancia y prepararme para los cambios que surjan a nivel nacional e internacional. ¿CÓMO HA SIDO TU DESARROLLO DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL? Tuve la fortuna durante mis años de estudiante de trabajar con el direc-

tor de impuestos de Cemex, con él aprendí diversas situaciones técnicas del derecho fiscal, además de las cualidades de liderazgo que debe tener un director. También tuve la oportunidad de trabajar en el despacho Santos Elizondo, en la ciudad de Monterrey, donde tuve un gran mentor que además de pedirme que implementara documentos y soluciones en derecho corporativo, me involucraba en otras materias como fiduciario y laboral. Una vez que graduada, ingresé a trabajar al despacho del cual actualmente soy directora, como parte del proceso de aprendizaje estuve colaborando con los socios de las diversas áreas como litigio, fiscal, laboral, administrativo y corporativo, con el objetivo de obtener conocimientos y tablas en diversas áreas, reafirmando que la materia que me más me gustaba era el corporativo y contractual desde un enfoque preventivo. He tenido la gran bendición de poder aplicar los conocimientos adquiridos en la maestría en diversos asuntos y formo parte de equipos colaborativos con abogados de diversas áreas del despacho con el objetivo de dar mejores soluciones a nuestros clientes. A partir de 2010 me convertí en socia responsable del área de corporativo y desde 2015 funjo como directora de dicha firma que tiene presencia en todo el Estado de Chihuahua. Recién graduada tuve mi primer asunto pro bono, mediante el cual apoyé a una congegación de monjas a constituir una Asociación Civil, cuyo objeto era la instalación de un orfanatorio para niñas, en ese momento confirmé la importancia de la corresponsabilidad social y de la necesidad de aportar a los más necesitados, por lo que dentro de mi desempeño laboral siempre he apoyado a proyectos pro bono. También he formado

parte de los Consejos Directivos de diversas Asociaciones Civiles asistenciales, por lo que conozco de primera mano las necesidades económicas, operacionales y legales de éstas. En 2015 tuve la oportunidad de asumir la coordinación del programa pro bono de la anade Sección Chihuahua, capítulo Chihuahua, y dado mi antecedente con Organizaciones de la Sociedad Civil, fue muy natural para mí lograr que más del 80% de los anadistas de Chihuahua capital contaran con trabajo pro bono. En 2018 fui invitada a formar parte de anade Nacional como Coordinadora del Programa Pro Bono en donde hemos implementado diversos convenios de colaboración con Instituciones que apoyan a Organizaciones de la Sociedad Civil y hemos trabajado arduamente por concientizar y fomentar la cultura del trabajo pro bono con los anadistas a nivel nacional, me

siento muy privilegiada de tener la responsabilidad de dicho comité y soy testigo en primera fila del impacto positivo que ha tenido tanto en los anadistas como en la comunidad en general. MENCIONA LOS MAYORES RETOS A LOS QUE TE HAS ENFRENTADO COMO ABOGADA Y QUÉ LECCIONES TE HAN APORTADO. El primero es lograr la confianza y reconocimiento de los clientes. A veces implica tiempo lograr dicha confianza y reconocimiento ya que no siempre se ven resultados de manera inmediata, aunado a que la confianza se construye lentamente y se puede perder en un instante. He aprendido a estar en constante contacto con los clientes, mantenerlos informados de nuevas disposiciones, de las recomendaciones que emitimos. También he aprendido que los considero a ellos y a los integran-

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tes de sus organizaciones como aliados, sobre todo, hago énfasis en que en todo momento los valores y principios con los que rijo mi vida no serán violados en ningún ámbito. Abrir y conservar espacios para abogadas. Aunque en la actualidad las abogadas ya tienen más espacios dentro de los despachos, las empresas, las organizaciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, aún existe brecha entre las oportunidades entre mujeres y hombres. He aprendido que si tengo la fortuna de tener un lugar privilegiado es mi responsabilidad conservarlo y mejorarlo, así como abrir más espacios para más abogadas, también he aprendido que compartir mis conocimientos con colegas abogadas me enriquece muchísimo, ya que tengo la oportunidad de ver diferentes perspectivas.

He encontrado el balance entre academia, familia, trabajo y persona. Al apasionarme por mi profesión, en ocasiones no me doy cuenta de que estoy dejando de lado actividades personales. He confirmado que la familia es primero, es el motor y pilar de mi vida, así que trabajo arduamente en balancear viajes de trabajo, viajes de placer, llamadas, reuniones, escuela, actualización, amigos, etcétera. Lograr compartir y permear la importancia de la labor pro bono requiere mucha dedicación, pasión y tiempo, sin embargo, la recompensa no tiene precio. ¿CUÁL ES EL LEGADO QUE COMO ABOGADA QUIERES TRANSMITIR AL GREMIO? Poner mis dones al servicio de los demás. A través del pro bono pude combinar las dos cosas que más me

“A través del pro bono pude combinar las dos cosas que más me gustan, aplicar mi carrera para apoyar a aquellos que más lo necesitan, lo cual disfruto y me apasiona.”

gustan, aplicar mi carrera (don) para apoyar a aquellos que más lo necesitan (servicio), lo cual disfruto y me apasiona. No necesitas estar en las ciudades más grandes de México para hacer de manera excelente lo que te gusta, solo tienes que encontrar a esas personas que compartan tu visión y serán tus mejores aliados. ¿CÓMO VISUALIZAS EL FUTURO DE LA PROFESIÓN? Con todos los avances tecnológicos veo, considero que será una profesión multidisciplinaria; tendremos abogados con especialidades en ingenierías, o bien, ingenieros con especialidad en abogacía. Asimismo, creo que los despachos contarán con elementos especializados en protección al medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación, medicina, arquitectura, construcción y otros.

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¿QUÉ CONSEJOS PUEDES OFRECER A LAS NUEVAS GENERACIONES DE ABOGADAS? Busca dentro de tu profesión algo que realmente te apasione, de esa manera tu trabajo se dará de manera natural con resultados de excelencia, mantente actualizada, estudia, cuestiona, y trae a la mesa propuestas de solución, participa -aunque te critiquen-, adopta un compromiso social, pero sobre todo disfruta lo que haces ya que es lo que te hará feliz. ¿DE QUÉ MANERA HA MODIFICADO LA TECNOLOGÍA A LA PRÁCTICA LEGAL, CUÁLES SON SUS BENEFICIOS Y SUS DESVENTAJAS? La tecnología ha facilitado enormemente mi capacidad de respuesta, recuerdo cuando mi papá tenía que buscar las

jurisprudencias en compendios de libros, hoy en día las tenemos en medios digitales, tenemos acceso a la legislación actualizada en línea, podemos estar presentes en juntas en otros países o ciudades a través de plataformas digitales, podemos revisar acuerdos de nuestros asuntos en las páginas de los tribunales, y en algunos casos presentar promociones en línea, incluso podemos revisar la ortografía o traducir de manera más sencilla. Por otra parte, en ocasiones las reuniones se vuelven menos personales, por lo que hay que buscar espacios para tener reuniones presenciales hasta para que las personas se conozcan, hay que tener un buen servicio de internet, lo cual no siempre es posible por la demanda general, hay que saber resolver y presentar por si falla la tecnología.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO MUSICAL

NELSON MANDELA AL RESCATE DE GEORGE FLOYD

xisten dos grandes categorías: Las negociables y las no negociables.

Lic. Jesús Antonio Aquino Rubio maquinadeltiempodekiko@gmail.com @kikotimemachine Maquina del Tiempo de Kiko Aquino Rubio maquinadeltiempodekiko Maquina del Tiempo Kiko

“La revolución desatada a nivel mundial fue la consecuencia de años de abusos policiales sobre las personas afroamericanas, y se incorpora al movimiento social más importante del nuevo milenio, el gran Nelson Mandela.”

Las primeras reciben una buena dosis de influencia personal, cada uno decide lo que está dispuesto a aceptar, lo que está dispuesto a negociar, así como lo que está dispuesto a no aceptar. Al decidir levantarse temprano o no, usted está generando esas reflexiones a la velocidad de la luz, y también al escoger la ropa que usará hoy, y al decidir casarse, al comprar un automóvil o abandonar un trabajo. Las no negociables sencillamente nos obligan a ingeniar una solución, es decir, adaptarnos al cambio que se nos impone, porque no podemos hacer nada para evitarlas. El estado del tiempo es un buen ejemplo de ello. Si comienza a llover, en realidad es imposible que usted tenga la capacidad, fuerza o poder para detener la lluvia, pero sí que tiene varias alternativas para adaptarse a la caída del agua. Pero, ¿qué sucede con las condiciones propias de su biología? Usted no decide su estatura, ni el color de sus ojos, tampoco puede evitar envejecer, mucho menos escoger el color de su piel, características humanas innegociables. El peligro sistemático con el último tema, deviene de una situación histórica de dominio

y poder. Los africanos sufrieron las invasiones y saqueo de las potencias mundiales de la época, quienes se hicieron de sus materias primas y convirtieron a sus pobladores en esclavos. El placer que provoca en algunas personas el ejercicio de poder y subordinación sobre otros seres humanos debería ser más estudiado, es evidente que hay adictos al sentimiento, hacen todo por caminar por la vida dejando claro que su norma de vida es humillar y oprimir al prójimo. Derek Chauvin lo dejó claro al asfixiar a George Floyd en Estados Unidos, su rodilla no dejó de oprimirlo a pesar de que se lo pidieron ciudadanos desesperados, a pesar de estar siendo grabado, a pesar de las interminables súplicas de Floyd por su vida. La revolución desatada a nivel mundial fue la consecuencia de años de abusos policiales sobre las personas afroamericanas, y se incorpora al movimiento social más importante del nuevo milenio, el gran Nelson Mandela. Desde su recuerdo, el luchador y activista social regresa con toda la legitimidad en la celebración de su natalicio a poner una visión clara sobre el tema: la esclavitud y opresión terminó hace mucho tiempo, aunque la nación mas poderosa del orbe, la que liberó al mundo de Hitler y puso fin a la Segunda Guerra Mundial, sea la que peor cuenta tiene de ello.

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ABOGADO DIGITAL

DEBEMOS ACERCARNOS A LA TECNOLOGÍA Y OBSERVAR SUS RAZONES DE EXISTENCIA Y CONSECUENCIAS EN LA VIDA HUMANA Y EN NUESTRA PROFESIÓN Entrevista con Leticia Stephanie Enríquez Valerio Colaboradora del Frente Nacional para la Sororidad y del Instituto de Ciberseguridad MX.

Leticia Stephanie Enríquez Valerio culminó sus estudios en la Escuela Libre de Derecho; cuenta con un diplomado en Protección de Datos Personales por la misma institución, un Diplomado de Propiedad Intelectual en el Ámbito Digital por la Universidad Ius Semper. Se ha desempeñado en materia corporativa, propiedad intelectual y protección de datos personales en diversos despachos. Es hacktivista, activista individual, defensora de derechos humanos y activista acreditada por Amnistía Internacional. Colaboradora del Frente Nacional para la Sororidad y del Instituto de Ciberseguridad MX. Actualmente asesora y acompaña a mujeres en situación de violencia de derechos digitales.

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Por: Equipo Editorial

¿DESDE SU ÓPTICA CÓMO HA MODIFICADO LA TECNOLOGÍA A LA PRÁCTICA DE LOS ABOGADOS? Cambió en varios aspectos. Los actos y hechos jurídicos han sido modificados por el uso masivo de las llamadas “nuevas tecnologías”; los seres humanos ya no nos relacionamos de la misma manera, el uso del internet permite, en varias formas, eliminar las fronteras y ampliar nuestros conceptos sobre la aplicación de las normas. Las relaciones jurídicas como los posibles conflictos requieren de un análisis multidisciplinario y transversal del deber y saber jurídico. Históricamente, los abogados tenemos que ajustar nuestras metodologías y avanzar más allá de “la letra de la ley” ampliando y revolucionando conceptos, a veces creando nuevos.

El mundo digital no es un mundo imaginario ni paralelo al “mundo material”, es una extensión del “mundo real” que se encuentra en constante construcción. Los abogados y las abogadas, somos un puente que debe alentar al mejor desarrollo tecnológico, al definir la mejor manera de respetar derechos y exigir obligaciones. Por otro lado, la cuarta revolución industrial transformó el cómo se crean productos y se prestan servicios, en virtud que los clientes y/o usuarios requieren velocidad, eficiencia y eficacia. Las industrias requieren estrategias que les permitan maximizar el uso de sus recursos materiales y humanos, reduciendo sus costos. La abogacía se vio obligada a salirse de su zona de confort integrando la tecnología en sus labores diarias. Las industrias y personas a las que asistimos han modificado, tanto su vida personal como su proceso de producción, por lo que nos hemos visto rebasados por los cambios y la velocidad con la que suceden. De igual manera, la abogacía se está enfrentado a sus propios retos, tenemos cada vez más abogados y abogadas, los costos de tener un despacho son altos; los honorarios son tan variables que afectan la forma en que prestamos servicios; la exigencia y la competencia han subido y crecen cada día más. Nuestra profesión ha cambiado de la mano del mundo, seguirá haciéndolo siempre. La resistencia al cambio no lo detendrá.

“Debemos aprovechar las bases y principios que tenemos y sumarlos a las herramientas y experiencias que adquirimos con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra práctica.”

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ABOGADO DIGITAL ¿CÓMO VE EL FUTURO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS?, ¿EN QUÉ VA A CAMBIAR?

No les sorprenderá saber que la abogacía es considerada como un rol redundante. Los roles nuevos y estables se relacionan con tecnologías.

La veo muy distinta de lo que es ahora y sinceramente espero que así sea. No se trata de criticar la forma en que nos hemos desarrollado hasta ahora, se trata de mejorar. Debemos aprovechar las bases y principios que tenemos y sumarlos a las herramientas y experiencias que adquirimos con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra práctica.

Para superar los “vicios” del pasado y tener un futuro “lejano” brillante, nuestro presente y futuro cercano deben de modificarse, de hecho, el propio mundo nos impulsará u obligará a hacer ese cambio.

El calentamiento global, los movimientos sociales, la evolución de las instituciones, y los derechos humanos, nos invitan a cuestionarnos sobre el tipo de profesiones y tareas que se necesitan para existir y coexistir; la abogacía no puede quedarse atrás. En The Future of Jobs Report 2018, el World Economic Forum habla sobre el futuro de los trabajos y profesiones en el mundo.

La abogacía se abrirá a nuevas disciplinas desde su enseñanza. Los y las abogadas no se guiarán por los estereotipos antiguos. Los despachos contarán con especialistas de muchas áreas. Las personas buscarán que los despachos les brinden servicios que no sean tediosos e imprácticos. Los abogados y las abogadas se dedicarán a dar servicios más creativos y dejarán de enfocarse en temas “laboriosos” que no les traen oportunidades reales. El éxito seguro será para quienes puedan integrar una visión menos conservadora y puedan brindar servicios

“La labor jurídica deberá evolucionar en todos sus ejes, de lo privado a lo público, de lo personal a lo político, de las aulas a los juzgados, de los despachos al gobierno y desde el poder a la democracia.”

jurídicos que se complementen con otras materias y tecnologías. Es imposible que el Derecho pueda alcanzar a la tecnología, pero sí podemos analizar, observar y tratar de predecir. Debemos participar activamente en el desarrollo científico y tecnológico. La labor jurídica deberá evolucionar en todos sus ejes, de lo privado a lo público, de lo personal a lo político, de las aulas a los juzgados, de los despachos al gobierno y desde el poder a la democracia. ¿PARA USTED QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE ABOGADO DIGITAL? El concepto de abogado digital, es un término en desarrollo 14 | Foro Jurídico

y evolución. ¿Quiénes somos abogados?, ¿quiénes somos digitales? Definitivamente es un término que nos habla de una relación que muchos consideraban impensable. Tecnología y Derecho parecían ser términos que caminaban por senderos diferentes y se repelían entre sí. Para muchos resulta extraño que una persona que se dedica a la ciencia jurídica, pueda tener conocimientos sobre ciberseguridad, Big Data, BlockChain, internet, etcétera. Se tiene la idea de que los abogados son personas que estudiaron Derecho, inaccesibles, con despachos anticuados, usan lenguaje rimbombante y complicado a los cuales asistimos de manera necesaria cuando

tenemos un problema o cuando queremos evitar tenerlos. Para mí el término abogado digital tiene varias acepciones, para fines de este artículo haré un acercamiento al término hacker de Richard Stallman: un abogado digital es una persona curiosa que gusta de investigar el funcionamiento de las cosas para construirlas, destruirlas y modificarlas. Una persona que gusta de aprender de temas nuevos y compartir conocimiento. El abogado o abogada digital no necesita ser un licenciado en derecho o asistir a la mejor escuela de leyes, pero sí debe ser una persona que entienda la importancia de la relación del mundo jurídico y la tecnología y que esta relación sea la apropiada

para alentar la libertad y el desarrollo. La revolución tecnológica nos reta de tal manera que existen inteligencias artificiales y otras tecnologías capaces de replicar ciertas tareas realizadas por las personas que prestan servicios jurídicos. De igual manera, la expansión y democratización del conocimiento han permitido que programadores, comerciantes, científicos, artistas y otra clase de profesionales, cuenten con conocimientos legales. Abogado viene del latín advocatus y ad auxilium vocatus (el llamado para auxiliar). Si analizamos la evolución de la abogacía desde Roma, veremos que el término y la tarea han cambiado y seguirán cambiando. Estamos en una época en la que los conceptos crecen, se extienden y cambian. La inteligencia es artificial, la identidad ha llegado a ser digital, los contratos son inteligentes, nacieron criptomonedas, el gobierno es electrónico y un sinfín de conceptos no son lo que pensamos que siempre serían. ¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS ABOGADOS ACTUALES PARA CONVERTIRSE EN ABOGADOS DIGITALES? No existen pasos precisos ni un camino definido. Los y las abogadas debemos comenzar por observar el mundo que nos rodea, entendiendo que la humanidad se redefinirá constantemente de la mano de la ciencia y la tecnología, pero también por los fenómenos sociales. La sociedad del conocimiento a la que estamos evolucionando nos llama a ser creativos, innovadores y autodidactas.

El derecho ya no es monopolio de los licenciados en Derecho y la tecnología no es una materia que pertenezca sólo a los programadores, técnicos y científicos. Nuestros análisis deben incluir opiniones de otros profesionistas y de otras materias, nosotros mismos debemos de abrirnos a los discursos y debates de otras áreas. Debemos acercarnos a la tecnología y observar sus razones de existencia y consecuencias en la vida humana y en nuestra profesión. Mi principal consejo es: cuestiónense el mundo que les rodea. La principal cualidad de un abogado o una abogada digital es la curiosidad, una cualidad que nos permite transformar la realidad, mejorar los procesos, encontrar respuestas innovadoras y creativas, interpretar las normas y abrir nuevos caminos. La tradición y la costumbre son fuentes de nuestro quehacer jurídico, nuestra actualidad nos lleva a la evolución y a la transformación. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Para ser un abogado o abogada digital se debe seguir al espíritu científico, tener intención de retar los conceptos y crear nuevas formas, nuevas soluciones, nuevos paradigmas. Debemos estar dispuestos a recorrer caminos que todavía no terminan de construirse y usarlos para impulsar el mejor desarrollo de la humanidad. Para superar el analfabetismo digital y ser parte activa en el presente y el futuro, no es suficiente contar con las herramientas tecnológicas, hay que saber usarlas de manera correcta, tener noción de cómo funcionan y la forma en que pueden afectar nuestras relaciones.

“El abogado digital es una persona que entiende la importancia de la relación del mundo jurídico y la tecnología y que esta relación sea la apropiada para alentar la libertad y el desarrollo.”

Debemos cambiar la forma en que enseñamos y aprendemos Derecho. No debemos verlo como un fenómeno ajeno a otras ciencias. El Derecho es una disciplina que tiene en sus bases lo necesario para evolucionar, es un espíritu viviente. Alguien que tenga la intención de ser abogado o abogada digital debe reunirse con personas que piensen distinto, buscar en fuentes convencionales y no convencionales. Debe rodearse de personas que puedan compartirle nuevas ideas, enseñarle otras alternativas de conocimiento, herramientas y habilidades. Es imposible ser abogado digital si sólo te rodeas de abogados. Debemos perder el miedo a aprender, abrir nuestra mente a más conocimiento. El uso del concepto conlleva cierta rebeldía. Para ser abogado o abogada digital hay que tener ganas de hacerlo y empezar ya.

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FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EL REY HA MUERTO ¡VIVA EL REY! NUEVA LEY DE PROTECCIÓN A INNOVACIÓN INDUSTRIAL

D Lic. Jaime A. Díaz Limón Especialista en Propiedad Intelectual en el ámbito Digital

El pasado 28 de junio de 2020, el Senado de la República Mexicana publicó su aprobación a la iniciativa de una nueva Ley de Protección a Innovación Industrial. Las comisiones respectivas del Senado aprobaron, en lo general, el proyecto de ley que se publicó el pasado 7 de noviembre de 2019, con observaciones a considerar: patentes con una vigencia de 20 años improrrogables –previo a pago de anualidades– (art. 53), impedimento al doble patentamiento (art. 50) y el mecanismo incidental para solicitar la reparación del daño. 16 | Foro Jurídico

icha aprobación ocurrió en términos del paquete de reformas a las cuales se obliga nuestra nación en términos del t-mec, sin embargo, algunas dudas se sostienen en el sector académico y profesional sobre el andamiaje jurídico y procesal que deberán seguir a dicha aprobación. ADIÓS A LA CLÁUSULA BOLAR (EXCEPCIÓN BOLAR) En septiembre de 2003 el Estado Mexicano decidió adoptar la excepción prevista en el artículo 30 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (adpic), a través del cual se adicionó al Reglamento de Insumos para la Salud (167 bis) la facultad de solicitar el registro de un medicamento genérico respecto de un medicamento que esté protegido por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente, en el entendido de que el registro sanitario se otorgaba solamente al concluir la vigencia de la patente. De este forma, la iniciativa de ley previó la inserción de la

fracción ii al artículo 57, a través de la cual se confirmaba que el derecho que confiere una patente no produciría efecto alguno contra un tercero que realice estudios, pruebas y producción experimental necesarios para la obtención de un registro sanitario de medicamentos para salud humana dentro de ocho años –o tres, respectivamente– anteriores al vencimiento de la vigencia de la patente, se eliminó por la Comisión dictaminadora el pasado 28 de junio del año en curso. De aprobarse en tales términos, la desaparición de la excepción bolar implicaría la posibilidad para que millones de mexicanos tengan acceso a medicamentos (biotecnológicos o fármacos químicos) previo al vencimiento de cualquier patente, sin embargo, la amplitud en el plazo de protección a favor de las grandes empresas parece ser un obstáculo que se encuentra más allá de la propiedad industrial, que no tiene contenta a la bancada de Morena. Las Extraordinarias Facultades Jurisdiccionales del impi La Academia fue clara al respecto, pues debemos

analizar las facultades del Instituto en materia de cálculo de indemnizaciones que corresponda por daños y perjuicios; sin embargo, poco se agregó al respecto y, al parecer, los apartados añadidos a nuestra estructura sustancial y procesal en materia de propiedad industrial permanecerán. La Dra. María del Carmen Arteaga señaló en el pasado “Foro de Propiedad Industrial” 1 (Senado de la República, Comisión de Economía, 12 de febrero de 2020) que las modificaciones procesales y sustanciales son un grato progreso, pero que dejan de atender las diversas vías para combatir las resoluciones de fondo, que únicamente cambiarían un cuello de botella del Poder Judicial, para enviarlo a cargo del impi. Dicha iniciativa propone la modificación del artículo 221 bis, por el 371, mismo que dicta: “Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, o la reparación del daño material a los afectados, cuyo cálculo se restringe a un mínimo del sesenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación (art. 372); fórmula que replica la ya probada dentro de dicho ordenamiento, así como lo previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor, empero, aumenta el rango de cálculo a favor del afectado”.

Lo interesante de este proyecto, es que propone la sustanciación libre a través del Instituto por la vía incidental, o bien, ante los Tribunales Federales de forma directa, sin necesidad de declaración administrativa previa. A nivel procesal, lo digo con franqueza, podría implicar la reducción de largos procesos jurisdiccionales a cargo de juzgados civiles bajo modelos de reparación de daños en términos de normas civiles y la calificación del daño, sobre una autoridad que comprende el delicado universo de propiedad intelectual, desde la rama industrial; empero, la falta de herramientas procesales para lograr una resolución incidental firme unificada a la resolución principal en relación a la infracción, luce lejana en la discusión. En ese tenor, valdría la pena recordar al lector que la simple puesta en marcha de esta ley no implicará la automática capacitación a favor del personal del Instituto, ya que ello traerá como consecuencia su reestructura y la ampliación de sus recursos humanos con una visión judicial menos administrativa. En Espera de la Aprobación A pesar de las condiciones y discusión abierta en materia de patentes que ha frenado la aprobación final del proyecto de Ley, el presidente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero, solicitó pausa al proceso de aprobación al considerar que no se cumplen los requisitos para que dicha ley forme parte del paquete extraordinario,

“Las modificaciones procesales y sustanciales son un grato progreso, pero que dejan de atender las diversas vías para combatir las resoluciones de fondo, que únicamente cambiarían un cuello de botella del Poder Judicial, para enviarlo a cargo del IMPI.”

asimismo, el grupo parlamentario de Morena, a través del senador Miguel Ángel Navarro, aseveran que previo a la propuesta de esta ley se debería seguir un profundo entendimiento del contenido social para no beneficiar a los grandes laboratorios. A consideración de este profano escribano, la diferencia radical entre posturas políticas que se abordan entre los Senadores, complica el panorama de la pronta aprobación sobre esta ley, así como “los dientes pendientes” a favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que podrían transformar este tigre de papel en un verdadero y feroz felino en contra de las infracciones en materia de Propiedad Intelectual.

María del Carmen Arteaga. Retos actuales de la propiedad industrial. Foro de Propiedad Industrial. México, 12 de febrero de 2020. Disponible en: https:// gustavomadero.mx/blog/f/foro-propiedad-industrial)

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ENTREVISTA

Violencia de género en época del Covid-19 Entrevista con la Dra. Patricia Olamendi Torres Directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Consultora de la ONU en Derechos Humanos Por Elías Huerta Psihas

Las Carpetas de Investigación en relación con la Violencia contra las Mujeres han crecido en plena Pandemia

ELÍAS HUERTA (EH). El pasado 8 de marzo millones de mujeres marcharon contra la violencia de género y parecía que se generaba una conciencia nacional para combatir y erradicar esta forma de discriminación y violencia. Sin embargo, tal parece que con la aparición del Covid-19 se ha incrementado. PATRICIA OLAMENDI (PO). El 8 de marzo se realizó una manifestación multitudinaria. Mujeres que nunca se habían involucrado en la lucha por sus derechos se manifestaron. Como feminista me sentí representada y marchamos con la idea de que el objetivo era sensibilizar a la sociedad de la problemática de violencia que vivimos; al mismo tiempo, el objetivo era garantizar que el gobierno pudiera dar una respuesta con respecto a las medidas de política pública que deberían tomarse para combatir y prevenir la violencia. No estamos demandando nada que no esté en la ley, tenemos que decir que por primera vez en muchos años el movimiento feminista en nuestro país y en el mundo lucha con la ley en la mano, la lucha es por hacer vigente el Estado de Derecho, es decir, exigir que la ley se cumpla y tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Por primera vez estamos generando una conciencia de esa dimensión. Sin embargo, las respuestas han sido serias y graves, la 18 | Foro Jurídico

actitud del presidente amlo ha sido contestataria y de enojo; sólo le pedimos que responda a obligaciones mínimas contraídas por la Convención de Belém do Pará y por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que están plasmadas en leyes nacionales y que incluso tienen una expresión en el presupuesto de la Federación, específicamente en el Anexo 13 para la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que esperábamos era que se aprobaran un programa y acciones y que dieran apertura al trabajo y al esfuerzo que miles de mujeres en México a través de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en apoyo a las víctimas de la violencia. La respuesta del Presidente ha sido en el sentido de si estamos ligadas a la derecha o lo estamos atacando. Creo que no hemos podido, por primera vez en 40 años que tengo luchando por la igualdad en la ley, lograr un encuentro, un diálogo, con la presidencia de la República. EH. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), con el confinamiento que ha provocado la medida de “Quédate en casa”, se están generando problemas de salud mental. Este aislamiento está aumentando la violencia contra las mujeres, porque son ellas quienes atienden a la familia. A esto se agregan problemas

como el desempleo y otros que han derivado en más discriminación, violencia y acoso, lo que se demuestra con el gran incremento en las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género. Inclusive el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública asegura que han aumentado en más del 60% las llamadas por quejas de violencia contra las mujeres. ¿Qué opina al respecto? PO. En este caso tenemos que dividir la información. Las llamadas al 911 son las notificaciones de que se está cometiendo un delito; esas llamadas podrán tener una concreción o no si las personas deciden denunciar y proceder legalmente. La realidad es que en todos los sistemas de llamadas de emergencia hay llamadas válidas y otras que no lo son y que tiene que ver en ocasiones con personas que llaman y cuelgan. En otros países, por ejemplo, en ee. uu., si alguien hace una llamada de este tipo la policía acude porque puede ser que esa persona esté en peligro y tuvo la posibilidad de hacer la llamada. Aquí en México ese tipo de llamadas son improcedentes, y creo que la información proporcionada al presidente no ha sido la correcta por parte de las autoridades competentes. Lo otro son los datos duros, las que llamamos carpetas de investigación en relación con la violencia contra las mujeres que han crecido en plena pandemia. A pesar de lo complejo que puede ser acudir a denunciar, es decir, ratificar una denuncia, las cifras son aterradoras. Mencionaré algunos delitos que me parecen significativos: la muerte violenta de mujeres, el asesinato de mujeres, en el que tenemos un dato, que ya le he llamado el “efecto Gertz Manero”, pues parece que el

Fiscal no tiene otra cosa más que estar pidiendo que se elimine el tipo penal de feminicidio, entonces de enero a abril se reportaron 308 feminicidios, pero si revisamos los datos desde la perspectiva de Gertz Manero de homicidios dolosos son 1987, abril es el mes con un número más alto. Es decir, en estos cuatro meses ha habido 1295 asesinatos violentos calificados de mujeres que nos dan un promedio de 10.70, lo que quiere decir que ya rebasamos casi la cifra de los 10 y estamos en los 11 feminicidios. En cuanto a lesiones dolosas solo se califican aquellas que tardan en sanar 15 días o por la naturaleza de las lesiones, ya sea que pongan en peligro la vida, etcétera. Aquí tenemos 19,288 que abarcan golpes, contusiones, hematomas, fracturas, lesiones que se reflejan

“No estamos demandando nada que no esté en la ley, tenemos que decir que por primera vez en muchos años el movimiento feminista en nuestro país y en el mundo lucha con la ley en la mano, la lucha es por hacer vigente el Estado de Derecho.”

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ENTREVISTA en casi 161 por día. En lo que respecta a violencia familiar, y en este caso creo que los abogados vamos, junto con los criminólogos, a tener que desarrollar una nueva tecnología de política criminal que nos permita comprender este fenómeno tan grave, sólo en carpetas de investigación de violencia familiar se acumulan 68,468 en los mismos meses. Es decir, 570 carpetas de investigación, por lo que esta cifra satura el sistema de justicia. En el rubro de violación, los datos son de 46 violaciones en promedio como carpetas de investigación, pero violación y abuso es el delito que cuenta con una mayor cifra negra con un 94%. A pesar de eso, 46 carpetas por día de violaciones es un número impresionante, mientras que de abuso sexual se han presentado 65 por día, aunque creo que muchos de los abusos sexuales están incorrectamente clasificados, regularmente son violación o violación equiparada. En conclusión, el fenómeno delictivo de violencia contra las mujeres es verdaderamente impresionante, por lo tanto, cuando el presidente manifiesta que estos datos son falsos lo que está haciendo es poner en riesgo a las víctimas, está destrozando nuestro sistema jurídico, la legislación existente, pero lo más grave es que ratifica uno de los prejuicios más grandes que hay en nuestro sistema de justicia: la credibilidad de las víctimas. EH. Existen dos grandes preocupaciones en el foro: primera, que la pandemia prácticamente ha paralizado a los tribunales, a los órganos encargados de impartir justicia en todo el país; y la aparición de una enorme cantidad de noticias falsas o fake news, que alimentan la otra pandemia en esta época que es la Infodemia, fenómenos 20 | Foro Jurídico

que sin duda afectan en el tema de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. PO. Tocas un tema muy importante, el derecho que tenemos a la información. Hay dos temas que se han vulnerado demasiado en los últimos tiempos y que tienen que ver con la libertad de expresión. Nosotras Tenemos Otros Datos somos un grupo que tiene como objetivo informar a la gente sobre la realidad de la problemática. En el grupo hemos recopilado información de los estados y municipios que publicaremos sobre la situación de violencia y los derechos que asisten a las mujeres porque muchas veces sé lo que está pasando, pero no accedo a mis derechos, no los exijo porque no los conozco. Les ha molestado mucho nuestro hashtag #nosotrastenemosotrosdatos, pero la idea es hacer uso del derecho a la información y la libertad de expresión como un medio para poder hacer llegar la información en este contexto. Nadie estaba preparado para esta pandemia, sin embargo, la ventaja es que ahora podemos innovar y lo que quisiéramos ver es un sistema de justicia que se quita el polvo, nuestro sistema de justicia es uno de los más atrasados del mundo, incluso en América Latina, sigue teniendo a pesar de las reformas importantes que se han hecho mecanismos muy atrasados, incluso en un tema crucial: la pensión alimenticia. La pensión alimenticia en el mundo es un trámite administrativo, mientras que en nuestro país es un juicio ordinario civil y como todos sabemos son los juicios más largos que podemos tener, y pedirle a una mujer que tiene dos hijos a temprana edad que demuestre la necesidad de los alimentos parece una locura.

Lo mismo pasa con el tema de la violencia contra las mujeres que es uno de los que más impacto tienen en el sistema de justicia de México y no tenemos un solo juzgado especializado, apenas se están creando Fiscalías, no tenemos policías especializadas cuando en países menos favorecidos como los centroamericanos tienen Fiscalías, policías, juzgados e incluso salas especializadas para discutir el tema. Es tiempo de una renovación a los procedimientos, y en el caso de mujeres, niñas, niños que sufren discriminación se debe contar con procedimientos ágiles, sencillos y de acompañamiento a quienes se encuentren en una situación de desigualdad en la sociedad y en el Derecho. Peleamos por que el gobierno de López Obrador entienda que lo que queremos las mujeres es que todo lo que hemos construido, que abona en la igualdad, en la vigencia del Estado de Derecho, para convivir en sociedades más respetuosas, más igualitarias, en lugar de estar viendo todo desde el punto de vista político. Las mujeres maltratadas quizá no pertenecieron a un partido, tampoco los grupos discriminados, la mayoría de ciudadanos no pertenecemos a un partido político. Debe quitarse esa parte de campaña electoral y dejar que se construya el Estado de Derecho. Ese debe ser nuestro objetivo. Las mujeres hoy en día somos quienes estamos en defensa del Derecho porque somos las que estamos pidiéndole al Estado que cumpla con la ley y eso va a abonar a una sociedad más igualitaria. EH. Tal parece que el sector más afectado de la sociedad es el de las mujeres. Por un lado, según la oms el confinamiento afecta más al grupo de las mujeres, porque, además de atender a los hijos y a los esposos, se encargan

del quehacer del hogar y son las principales víctimas de la violencia en casa, adicionalmente son las que más están resistiendo el fenómeno del desempleo. Según datos del inegi, el sector más vulnerable laboralmente es el de las mujeres porque por atender a la familia y el hogar laboran en trabajos de medio tiempo o informales. No es por falta de capacidad, sino que deben desplegar esta doble actividad. Se estima que será más del 50% con cifras de alrededor de un millón de desempleadas una vez termine la pandemia. PO. Este es uno de los temas más importantes. Un informe de la ocde y el Índice de Desarrollo Humano nos indican que las mujeres mexicanas en edad de trabajar solo se incorporan al empleo un 47%, es decir, es una cantidad pequeña con respecto al número de mujeres. Además, se debe considerar que este fenómeno se agravó desde el sexenio pasado, lo que quiere decir que las mujeres estamos empleadas con uno o dos salarios mínimos, 22 millones de mujeres se encuentran en ese rango. Muchos de estos empleos están relacionados con la precariedad, hay informes que indican que el empleo de las mujeres en México tiene cara de informal, son informales o solo por unas horas. El trabajo de cuidados en el hogar es muy grande, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad regularmente recae en las mujeres. Por eso es delicada la toma de decisiones en la política pública. Posiblemente las guarderías de Sedesol no eran lo mejor y a mí nunca me gustaron, pero si vas a eliminar un área tan necesaria como es cuidados tendrías que hacer una propuesta

similar. Dar dinero a las madres para que se queden en casa no es lo más recomendable, ya que en México el 30% de los hogares son sostenidos únicamente por una mujer. Esta es una cifra oficial, la realidad es mucho más alta. Si esta mujer no va a trabajar, no hay manera de que su familia tenga ingresos, entonces se tiene que atender con mucho cuidado esta situación. Por eso llama la atención que después de la Conferencia de Beijing se logró que el Inegi publicara un documento que se titulaba Los hombres y las mujeres en México, para visualizar la problemática de hombres y mujeres, después de todos estos datos duros, la gravedad, la tragedia es que parece que nada de esto sirve a la hora de hacer política pública. En 2002, en el marco de la Conferencia sobre Desarrollo, se pidió a nivel mundial la renta básica, un ingreso vital. Un grupo de organizaciones, de legisladoras y legisladores pide que ahorita por lo menos a estos grupos de población, particularmente a las mujeres, se les proporcione un ingreso de tres meses del salario mínimo, lo que es prácticamente nada, lo que se le daría es un paliativo, pero hay que recordar que muchas mujeres al perder el empleo no tienen ningún ingreso. Es un tema de justicia social y también es un tema de apoyar a un grupo desfavorecido. También se está pidiendo que se mantengan en el imss o en el issste por lo menos seis meses. En el sector rural la situación es peor ya que se tiene la noticia de que las Casas de la mujer indígena no tendrán recursos este año producto de una sentencia de la Corte Interamericana. Aparte de todo se están estrangulando las pocas y precarias políticas públicas que se han construido para ayudar

“Las mujeres hoy en día somos quienes estamos en defensa del Derecho porque somos las que estamos pidiéndole al Estado que cumpla con la ley y eso va a abonar a una sociedad más igualitaria.”

a las mujeres y violando la ley al no aplicar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que ningún programa dirigido a la igualdad puede ser objeto de transferencias, reducciones y demás. EH. Que piensas del programa Cuenta hasta 10 que ha impulsando el gobierno para prevenir y combatir la violencia de género? PO. Creo que demuestra el alejamiento tan grande que tienen las autoridades de la problemática social y de las organizaciones de mujeres. Nadie fue consultado para esto. Cuenta hasta 10 es un programa de hace 40 años de Televisa, el modelo de los anuncios es de una familia de clase media baja, es decir, es un programa clasista que no reconoce que todas las violencias pueden ocurrir. Ahí tenemos un video de uno de los notarios más renombrados, incluso maestro de la Libre de Derecho, golpeando a su esposa. El programa no abona en el conocimiento de los derechos ni señala la responsabilidad del Estado. Me da la impresión, porque este es el segundo, el primero se llamaba No estás sola, de que si tú eres

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ENTREVISTA la vecina debes intervenir para salvar a la víctima. Cómo voy a intervenir, puedo llamar a una patrulla o algo similar, pero si el tipo está armado nos mata a todos. Es un programa absurdo, tonto y lamentable. Ya parece burla, está dirigido a que las mujeres siempre estamos en la histeria. Me parece que es de una misoginia y un clasismo impresionante. Lo que produce es indignación.

nizaciones de mujeres desde la sociedad civil están haciendo un esfuerzo por ayudar a mujeres en esta situación. Por ejemplo, la Red de refugios publicó su número de emergencia a través del cual está atendiendo llamadas, dando atención y asesoría, rescatando mujeres, llevándolas a sus centros. En los estados las organizaciones también han proporcionado al público sus líneas de emergencia.

y arañando algunos recursos que puedan recuperar porque también ha habido limitaciones para ello. Sobre todo, se debe implementar una mayor vigilancia ciudadana, las abogadas y los abogados debemos hacer un mayor esfuerzo y apoyando a los grupos, a las organizaciones a que demanden, a que denuncien, a que exijan derechos. Tenemos que frenar esta impunidad de alguna manera.

Lamento que el gobierno no se asuma como gobierno, que el ejecutivo no se asuma como ejecutivo, que no estén planteando acciones para las cuales tiene recursos y la obligación de coordinar, y lamento que personas respetables sean las que estén encabezando eso, que no sean capaces de reconocer la situación. Me parece indignante, grosero, borran completamente nuestros derechos, es como si 40 años de historia de nuestro país donde las mujeres no hemos dejado de pelear por nuestros derechos se borraran en un día.

El 911 se atiende localmente en los municipios y en los estados, y que a diferencia de lo que dice la Secretaria de Gobernación que van a iniciar la capacitación de operadores, pues los operadores tienen muchos años capacitándose, muchas son mujeres quienes están al frente y depende en buena medida de los gobernadores de los estados para fortalecer la capacidad de respuesta del 911. No es solo que se reciba la llamada, se anote y se registre, deben registrar qué pasó con esa llamada, acudieron al lugar, no acudieron, se solicitaron medidas. En este caso puede haber una buena colaboración entre policía y Poder Judicial, porque como tú sabes los jueces de control pueden otorgar esas medidas, entonces pueden hacerlo incluso vía telefónica. En ee. uu. así es, en Europa así es, yo no entiendo por qué en México no puede ser así, que puedas recibir la llamada de un oficial de policía y pueda otorgarse la medida.

Y quien le hable al Presidente debe ayudarlo, debe darle información verídica de lo que está pasando en el país, tiene que decirle sobre la gravedad de la violencia no solo hacia las mujeres. Sabemos que en la mayoría de los casos quienes nos escuchan son niñas y niños, víctimas de esta violencia brutal, nuestro país está considerado uno de los países con uno de los más altos índices de violencia sexual contra niñas y niños, de los más altos también de violencia física y cada día conocemos alguna de estas muertes espantosas. Mi experiencia es que por muy limitada que sea la policía de un lugar, por muy limitados que sean los recursos, siempre hay espacio para habilitar, para salir adelante. No debemos bajar la guardia, debemos insistir en que este país que hemos construido todos en la normativa jurídica tiene que ser vigente.

Me parece que es el tono de toda la administración pública porque ahora la idea es quedar bien con el jefe, entonces saca una estadística donde digo: en marzo hubo 20 mil denuncias de violencia familiar, pero en abril hubo casi 15 mil, ya disminuyó. No es cierto, imagínate lo que significa para una mujer ir a denunciar a pesar de una medida total de aislamiento, lo tienes que ver al revés: a pesar del confinamiento fueron a denunciar, es decir, imagínate la gravedad. Creo que esta campaña es tonta, pobre en contenido clasista y misógina. EH. ¿Qué medidas sugieres para atender durante esta contingencia la violencia de género? Afortunadamente muchas orga22 | Foro Jurídico

Otra medida que propongo es habilitar casas de transición, creo que en los estados los centros de justicia que se han creado tienen que habilitar un área de casa de transición. Muchas mujeres salen con sus hijos en ese momento y no hay donde alojarlas porque lamentablemente hay muy pocos refugios, la mayoría de la sociedad civil, la mayoría peleando

EH. Pocos días antes de la emergencia sanitaria impulsaste una importante iniciativa para que se juzgue con perspectiva de género en el Poder Judicial de la cdmx. ¿Habría que insistir en esta propuesta? PO. Es necesario que el Poder Judicial reflexione sobre la perspectiva de género en todo su quehacer, que no es solo poner una cita de una convención en las

“Mi experiencia es que por muy limitada que sea la policía de un lugar, por muy limitados que sean los recursos, siempre hay espacio para habilitar, para salir adelante. No debemos bajar la guardia, debemos insistir en que este país que hemos construido todos en la normativa jurídica tiene que ser vigente.” sentencias, no es solamente hablar sobre el tema, sino entender las convenciones de derechos humanos sobre las mujeres. Tienen un propósito fundamental, transformar la vida de las mujeres y modificar el orden legal existente. Transformar significa generar mejores condiciones para las mujeres y modificar el orden existente es eliminar aquello que obstaculiza, limita o pone freno. Lamentablemente, no continuamos en el Poder Judicial, no nos han dado una respuesta sobre si trabajaremos con ellos para buscar una visión diferente con la perspectiva de género, quedó totalmente suspendido. Considero que al poder Judicial no le gusta que lo veamos, que lo analicemos, pero cualquier persona que esté en un cargo público está en un aparador, deben entender que sus actos pueden ser a favor y en contra. Sería bueno que todos los poderes del país cambien.

ADVIERTEN ESTRAGOS EN MUJERES POR COVID-19 En un Foro sobre la materia organizado en el Senado el pasado mes de junio, los participantes –legisladores, funcionarios y especialistas en derechos humanos–, coincidieron en que el Covid-19 ha dejado en franca vulnerabilidad a las mujeres, provocará graves estragos económicos y generará severos retrocesos sociales, además de que se incrementará la pobreza, misma que afectará particularmente al sector femenino. La senadora Mónica Fernández Balboa (presidenta de la Cámara Alta), consideró que el mundo post Covid-19 debe procurar y reforzar los derechos de las mujeres, frente a una realidad insoslayable que conducirá a la pérdida de lo poco que se había avanzado, en América Latina, en los últimos años en materia de pobreza y en un renacimiento de posiciones muy duras, muy autoritarias y muy contrarias a los derechos de las mujeres. Durante el encuentro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el reto principal para el cumplimiento de los derechos humanos del sector femenino frente al Covid-19, será hacerlos tangibles. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet (expresidenta de Chile), señaló que la recuperación debe concentrarse en la atención de los derechos de los más débiles, notoriamente el de las mujeres, advirtiendo que: “los esfuerzos de respuesta y de recuperación sólo van a ser efectivos si los derechos humanos son su eje rector”.

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EVENTO

Sin pasión, nada grande puede crearse Homenaje al Dr. Ricardo Franco Guzmán por 70 años de trayectoria El Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) en conjunto con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), el INCAM, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, homenajearon, por sus 70 años de trayectoria profesional como abogado, al Dr. Ricardo Franco Guzmán, quien tiene 92 años de edad, su nombre figura entre destacados juristas, incluso en un aula de la facultad de Derecho, honor que lleva en vida.

n una ceremonia trasmitida a través de una plataforma de videoconferencias, Gerardo Laveaga, doctor en Derecho y director del Inacipe, al iniciar el homenaje expresó que los oradores coinciden en la simpatía y admiración que suscita el Dr. Franco. Laveaga realizó un pequeño recuento de la semblanza profesional del homenajeado, recordó que el 7 de junio de 1950, Ricardo Franco inicia su carrera como litigante. Como anécdota, contó que cuando era estudiante se acercó a Ricardo Franco y le preguntó: ¿qué se requiere para ser un buen litigante?, a lo que él contesto “es muy simple, lo que tienes que hacer es llevar al juez de la mano a donde tú quieres que llegue”, para lo cual, reconoce el también doctor en Derecho, no sólo hace falta conocer las leyes y las jurisprudencia, también se debe tener cultura, simpatía, empatía y, sobre todo, la capacidad para comunicar y aptitud, enfatizó, cualidades que el abogado Franco Guzmán posee. Laveaga afirmó que Ricardo Franco es “el modelo de litigante”, aunque los abogados del presente y del futuro tendrán un distinto modelo de litigio, por los cambios en el Sistema Penal, como los juicios orales;

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sin embargo, el entusiasmo, la simpatía, la valentía, y la capacidad de comunicar, reiteró, es ejemplar para todas las nuevas generaciones. En representación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el Coordinador de Mediación e hijo del homenajeado, Adrián Franco mencionó un proverbio que su padre le dijo, “si quieres aprender algo, enséñalo”. Asimismo, Adrián Franco hizo referencia a una de las actividades más relevante en la carrera de su padre, la académica. Con más de 60 años como profesor en la Facultad de Derecho de la unam, su carrera como académico le ha permitido estar a la vanguardia en el Derecho Penal y el litigio. El también abogado, expresó el orgullo y admiración hacia sus padres. En el ámbito académico, el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la unam, señaló que la grandeza de la institución educativa es gracias a sus grandes maestros, como es el caso de Don Ricardo Franco Guzmán. Rememoró que el homenajeado se incorporó como estudiante de la Facultad en 1945 en la antigua escuela de Jurisprudencia, ubicada en el Centro de la Ciudad de México.

Contreras reconoció que, como profesor, Franco ha sido el “padre académico” de muchos abogados y ha dejado una huella honda en la formación de decenas de generaciones, “ha sabido como pocos, tocar el corazón de sus alumnos”, indicó, por lo cual es reconocido dentro y fuera de la Universidad, con reconocimientos y premios como prueba de ello. “La trayectoria del profesor Franco Guzmán es una vida abierta al conocimiento, a su incansable transmisión y a la trascendencia de grabar en la memoria el reflejo del pensamiento de uno de los mejores juristas que la facultad de Derecho ha legado a la Universidad y a México”, concluyó. Víctor Olea, segundo vicepresidente de la BMA, concordó en que es un merecido homenaje a Ricardo Franco Guzmán. La voluntad, ilusión y fuerza para dedicar su vida a una gran causa, así como la vigencia de una misión de gran magnitud que lo marca en el tiempo y trascendencia, hacen de Franco Guzmán un gran jurista y hombre. Por su parte, el presidente de la andd, Dr. Elías Huerta Psihas, coincidió con los oradores al reconocer que el homenajeado es gran maestro y uno de los más reconocidos penalistas de México, cuya dedicación le ha ganado una buena percepción en la judicatura, no sólo por sus conocimientos, sino también por su caballerosidad y honorabilidad. Recordó que Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de México, lo señaló como un profesor “metódico y estricto”, así hay muchos destacados juristas que han aprendido de él. Huerta Psihas hizo hincapié en la contribución de Ricardo Franco en la ANDD, desde su fundación en 1980, Franco Guzmán ha

mostrado entusiasmo, entrega y compromiso, siendo un gran pilar en el posicionamiento de la asociación a nivel nacional, uno de los seis Colegios de Abogados reconocidos en la dirección de profesiones. La grandeza de Ricardo Franco Guzmán radica en su gran calidad humana. Añadió que para sus colegas es un gran ejemplo a seguir, de constancia, profesionalismo y pasión no sólo en la abogacía, sino en su vida, concluyó. Por su parte, Ricardo Franco Guzmán expresó su gratitud por el homenaje a su trayectoria profesional, así como las palabras de cada orador. Expresó un emotivo agradecimiento a sus padres e infirió que el ejemplo de su padre lo forjó como un hombre trabajador, de su madre destacó el ejemplo del esfuerzo. Recordó que decidió estudiar leyes cuando pidió consejo a su padre, quien le dijo que le parecía que podría ser un buen abogado. A pesar de seguir el consejo, no estaba convencido y en su primer año como estudiante de leyes sus calificaciones no eran las buenas. Sin embargo, en el segundo año, en la materia de Derecho Penal, quedó enamorado de la cátedra de Raúl Carrancá y Trujillo, a partir de ese momento siguió con entusiasmo la carrera hasta su titulación como licenciado en Derecho. Inició como pasante en el despacho de Raúl Carrancá y Trujillo, de quien aprendió el amor por la enseñanza. Continuó sus estudios de especialización en Italia gracias a una beca en donde conoció a genios del Derecho Penal. A su regreso a México ingreso al Ministerio Público y posteriormente, en 1954, se convirtió en profesor de la facultad de Derecho y después como litigante. Como ya lo

habían mencionado los oradores, Franco Guzmán reiteró que el éxito está en el gusto por lo que se hace y el trabajo constante, el agradecimiento y ayudar a los que requieren de uno. Para cerrar, Alberto Nava Garcés, coordinador del homenaje, dijo que a pesar de la contingencia era necesario realizar un homenaje por los 70 años de carrera por su relevancia en el ámbito jurídico y académico, y no dudó en mostrar el afecto por “su maestro”. Citó el epígrafe de su tesis de licenciatura, “Sin pasión, nada grande puede crearse”, frase a la que ha sido fiel en su exitosa carrera y vida, e hizo un recuento de los casos emblemáticos que llevó durante su práctica, además de las grandes enseñanzas que ha dejado al Derecho Penal. Además de los mencionados, también fungieron como oradores Luis Rodríguez Manzanera, destacado criminólogo; y la victimóloga e investigadora del Inacipe, Dra. María de la Luz Lima Malvido.

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NOTICIAS

Combate a la corrupción en Latinoamérica Se Estanca México en Combate a la Corrupción El pasado 8 de junio, la Consultora Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en conjunto con Control Risks, publicaron en Nueva york la segunda edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC 2020), que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. El Índice evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción.

“E

l Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza, y en algunos lugares está retrocediendo peligrosamente. Lo más preocupante es que esto está sucediendo en medio del Covid-19, lo que aumenta el riesgo de corrupción en toda la región”, dijo Roberto Simón, Director Senior de políticas públicas de as/coa. Uruguay tiene el puntaje más alto (7.78 de 10), lo que significa que se considera el país que más probabilidades tiene de combatir o detener la corrupción. Le siguen Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52). De acuerdo con la consultora, los resultados del Índice ccc 2020 26 | Foro Jurídico

tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina. Revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva.

El Índice ccc analiza 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. El Índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

COMPARACIÓN CON EL AÑO PASADO 2019

2020

6 5 4 3 2 1 0 Chile

Brasil

Perú

Argentina

Colombia

México

Guatemala

Venezuela

Capacidad legal Democracia e instituciones políticas Sociedad civil, medios y sector privado 0

Uruguay Chile Costa Rica Brasil Perú Argentina Colombia México Ecuador Panama Guatemala Paraguay República Dominicana Bolivia Venezuela 0

“Los resultados del Índice CCC 2020 revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva.”

MÉXICO SE ESTANCA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN No obstante el discurso político del combate a la corrupción y la bandera de la austeridad en las Instituciones del Gobierno Federal, en el ccc 2020 nuestro país ocupa el 8º lugar de Latinoamérica en su capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción con una puntuación de 4.55 de 10 puntos. Es decir, a pesar del discurso oficial de amlo de estar terminando con la corrupción y ser un tema prioritario en su agenda, el

índice ccc 2020 muestra que en la práctica no ha cambiado mucho este fenómeno negativo en México. De hecho, se muestra un estancamiento y mantiene una pobre habilidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El análisis indica que el estancamiento obedece a que no existe un progreso en las reformas institucionales. Hace énfasis en que amlo ha ignorado por completo el Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, se ha aumentado la adjudicación discrecional en contrataciones públicas, así como el debilitamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de unidades como la de Inteligencia Financiera, aunque se reconoce el papel de la uif en descubrir y perseguir casos de corrupción en la oposición o el Poder Judicial, empresarios, etcétera. “Una parte importante de la metodología del índice es que se hace un análisis muy particular de qué reacción hay a las investigaciones y casos de corrupción contra la oposición y contra el partido o el grupo en el poder”, explicó Francisco García, analista senior de Control Risks México, concluyendo que la actual administración no ha demostrado voluntad de sancionar a sus allegados cuando se denuncian actos de corrupción. En ese sentido, la independencia y eficiencia de organismos anticorrupción ha ido a la baja. En subcategorías bajo la variable de Capacidad Legal, como independencia y eficiencia judicial, México se ubica por debajo de Brasil, Colombia e incluso Perú y se acerca más a Guatemala y República Dominicana.

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NOTICIAS “El 15.7% de la población mexicana que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos.”

También se registra una baja en la participación de la sociedad civil en denunciar actos de corrupción, señalan dos causas probables, que amlo se ha adueñado de la causa y los ataques retóricos contra las ong y grupos independientes. Entre los sucesos a monitorear, el ccc 2020 indica los procesos contra Emilio Lozoya, Javier Duarte y Genaro García Luna. Además, se debe observar la completa implementación del modelo del sistema penal acusatorio que quizá traiga cambios importantes para combatir la corrupción, incluyendo la utilización de medios alternativos de solución de controversias. También observa riesgos latentes en los contratos públicos adjudicados a discreción y la imposición de los proyectos de infraestructura 28 | Foro Jurídico

como el Tren Maya y el Aeropuerto internacional. En la variable capacidad legal, las subcategorías mejor calificadas son el acceso a la información y transparencia gubernamental; cooperación internacional en el cumplimiento de la ley; nivel de experiencia y recursos para combatir criminales de cuello blanco. En el nivel más bajo se encuentra la independencia de los titulares de oficinas de investigación y fiscalías. Democracia e instituciones políticas es calificada con un buen desempeño en la calidad de la democracia en general, así como la legislación de financiación de campañas políticas; sin embargo, por debajo de 3 puntos se encuentra el proceso legislativo. Mientras que en el sector civil, medios y

sector privado, la calificación menor es para la comunicación digital y las redes sociales; la más alta es para la movilización de la sociedad contra la corrupción; con poco más de 6 puntos, la educación y con 6 la calidad de la investigación periodística. En el territorio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) también reportó un retroceso en el combate a la corrupción, sobre todo en la que sucede entre ciudadanos y servidores públicos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (encig) 2019 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con servidores públicos. El costo total a consecuencia de corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 millones

de pesos en 2019. En cuanto al contacto con autoridades de seguridad pública fue de 2,244 millones de pesos. El 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos. La tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019. No obstante, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019. Asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (mcci) advierten que para el combate a la corrupción fuera de la retórica presidencial, es necesario consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, como bien menciona el ccc 2020. Sin embargo, mcci encuentra 4 elementos que han obstaculizado su funcionamiento: 1) nombramientos pendientes; 2) medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3) descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y 4) nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes

Percepción sobre la frecuencia de corrupción

Porcentaje de personas que considenran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. Entidad

2017

2019

Cambio (%)

Nacional Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campache Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Ciudad de México Durango Guanajuato Giuerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo SLP Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

91.7 83.7 88.7 89.5 83.6 85.9 85.0 89.8 87.4 96.3 83.9 90.8 92.3 82.0 91.7 93.4 90.0 93.1 93.6 89.8 94.3 94.7 75.2 93.0 90.1 92.2 91.5 94.5 86.0 84.4 95.0 75.0 90.8

87.0 81.9 88.3 76.2 84.3 80.7 84.1 87.6 89.4 90.0 82.5 80.8 87.4 85.4 85.0 91.5 90.4 90.3 87.0 84.9 90.2 89.2 71.9 89.6 85.1 84.8 85.7 91.8 81.1 83.8 87.6 70.9 89.6

-4.5% -2.1/a -0.5/a -14.9 0.8/a -5.9 -1.1/a -2.5/a 2.3/a -6.5 -1.6/a -11.1 -5.3 4.2 -7.3 -2.0/a 0.5/a -3.0 -7.0 -5.5 -4.4/a -5.4 -4.4 -3.7 -5.6 -8.0 -6.4 -2.9 -5.7 -0.8/a -7.8 -5.5 -1.4/a

“Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al SNA: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ONG.”

NOTICIAS CONFIANZA EN INSTITUCIONES Gobierno Federal

Porcentaje de población de confianza1 en el gobierno federal, por entidad federativa

BC 48.5

60.5 - 66.9 53.8 - 60.4

Son 54.7

48.4 - 53.7

Chih 46.8

43.7 - 48.3

Coah 63.3

BCS 45

Sin 58.5

Estados Unidos Mexicanos: 51.2 NL 56

Dgo 59.1

Tamps 58.3

Zac 43.7

Ags 48.4

SLP 54.6 Nay 61.9

Gto 51.3

Jal 51.9

Mich 47.7

Col 59.7

Qro 50.5

Hgo 50.9

Edomex 44.1

Pue 47.5

Gro 62.2 Mor 53.8

Yuc 61.8

Tlax 56.3

Ver 63.2

Oax 60.5

CDMX 45.4

Camp 66.9

QRoo 54.3

Tab 55.8 Chis 53.8

Se refiere al porcentaje de población de 18 años y más en áreas urbanas al cual el Gobierno Federal le inspira mucha o algo de confianza

del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema. El presidente López Obrador ha acusado al sna de ineficaz y costoso y sustenta su combate en la tipificación de la corrupción como delito grave, sin embargo, esta 30 | Foro Jurídico

reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado, argumenta la asociación. Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al sna: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión

de Selección del Comité de Participación Ciudadana del sna y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ong.

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CRISIS DEL PODER JUDICIAL

FRENTE AL COVID-19 32 | Foro Jurídico

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omo se ha señalado reiteradamente, la pandemia del Covid-19 nos tomó a todos por sorpresa. Han transcurrido prácticamente siete meses desde la confirmación de su aparición en China, causando grandes problemas de salud, económicos y sociales en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos internacionales que se han realizado para combatir y prevenir este novedoso y letal virus, países que parecía ya habían aplanado la curva de sus efectos negativos, están experimentado rebrotes, y otros como Estados Unidos, Brasil y México, aún se encuentran en una espiral de contagios y muertes que hace cada vez más impredecibles sus consecuencias finales, hasta dónde llegará y cuándo terminará. Muchos son los daños que ha sumado esta pandemia que está afectando prácticamente todas las actividades humanas. Uno en particular nos preocupa: la impartición de justicia que ha caído en una crisis de alto calado, provocando que en los últimos cuatro meses este esencial servicio público ha casi desaparecido en toda la República Mexicana, con sus honrosas excepciones. Y si bien es cierto que se trata de un fenómeno que está afectando a la mayoría de los países del mundo –desarrollados, emergentes y subdesarrollados–, que por preservar la vida de quienes trabajan en este sector y de los usuarios, la gran mayoría de los tribunales del planeta han suspendido casi totalmente sus actividades.

En México, desde el mes de marzo se paralizó la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal, como en todas las entidades federativas, con algunas excepciones como el Estado de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los videojuicios y las diligencias judiciales a distancia, por citar las más importantes. El Covid-19 puso en evidencia que similar al sector salud y muchos otros sectores, nuestras instituciones judiciales adolecen de diversas carencias, en gran medida son obsoletas, evidenciando que requieren cambios profundos y mutar hacia la modernización y al uso de las nuevas tecnologías, en una palabra, mutar hacia la ciberjusticia. Las graves implicaciones jurídicas y sociales que esta crisis en la impartición de justicia ha provocado en nuestro país, es que desde el día en que se ordenó el cierre de todos los tribunales (21 de marzo), se ha venido violando el derecho humano de miles de justiciables a un acceso efectivo a la justicia, dejando de observar el mandato del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona para que: “se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, no obstante que es

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CRISIS DEL PODER JUDICIAL FRENTE AL COVID 19

justo reconocer que se han implementado una serie de medidas y guardias para que, cuando menos en las materias penal y familiar, no se hayan suspendido totalmente las actividades jurisdiccionales. Sin embargo, estos esfuerzos han sido limitados y hoy predomina la sensación en el gremio de los juristas mexicanos de que el funcionamiento del sistema de justicia nacional ha sido gravemente afectado, sobre todo porque la gran mayoría de los casos judiciales ha sido (y seguirá siendo) diferido, sin saber a ciencia cierta por cuánto tiempo más, pues según las autoridades judicialWes (con sus diferencias), la próxima fecha de apertura de las puertas de los tribunales será hasta la primera semana agosto. En este inédito contexto se está incumpliendo con uno de los esenciales postulado en los que se fundamenta el Poder Judicial, acuñado por el “Siervo de la Nación”, José María Morelos y Pavón, al sostener el principio democrático: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, por lo que los miembros del poder judicial, deben aceptar restricciones personales que el 34 | Foro Jurídico

“HOY PREDOMINA LA SENSACIÓN EN EL GREMIO DE LOS JURISTAS MEXICANOS DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL HA SIDO GRAVEMENTE AFECTADO, SOBRE TODO PORQUE LA GRAN MAYORÍA DE LOS CASOS JUDICIALES HA SIDO (Y SEGUIRÁ SIENDO) DIFERIDO.”

ciudadano común pueda considerar gravosas y debe hacerlo de manera libre y voluntaria”. A pesar de la pandemia, todos los jueces tienen el deber de estar institucionalmente disponibles para servir a los conciudadanos e impartirles justicia. Pase lo que pase, los jueces deberían continuar proporcionando a los ciudadanos el servicio público de impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, cada vez que les sea solicitada, sobre todo tratándose de una medida urgente. Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como adultos mayores y víctimas de violencia doméstica y de género, que se han multiplicado en esta etapa por el necesario confinamiento de las familias.

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS Es importante señalar que ni en nuestra Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que México es parte, existe claridad para señalar que durante las situaciones de emergencia se pueden suspender las garantías judiciales que protegen y salvaguardan los derechos humanos de las personas en esta materia. En nuestro sistema jurídico existe la posibilidad de que en ciertos caso excepcionales se pueda aplicar una suspensión de garantías, de conformidad con el artículo 29 constitucional, pero en la actual pandemia no se ha declarado

oficialmente un estado de excepción, ni de suspensión de garantías, por lo que resulta ilegal tener suspendida la garantía de acceso a la justicia para muchos ciudadanos, pues los Poderes Judiciales tomaron la decisión de solamente atender asuntos urgentes por motivo de la contingencia sanitaria, y no han dado un uso correcto a los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. No se puede justificar esta grave omisión con acciones como las que ha presumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

ya que si bien es cierto que el pasado 20 de abril de 2020 realizó su primera sesión de pleno virtual en su historia, con la participación de los 11 ministros que lo integran, y que se discutieron y resolvieron algunas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, lo cierto es que se trata de un hecho muy limitado a unos cuantos asuntos rezagados que no constituyen una respuesta efectiva del Máximo Tribunal del país para estar a la altura de las exigencias de justicia que la sociedad mexicana requiere en esta época de emergencia sanitaria.

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En efecto, durante posteriores sesiones virtuales hemos observado que sólo duran un promedio de dos horas, a pesar de que se listan de 10 a 25 asuntos y solamente se resuelven dos o tres por sesión. Quizá lo positivo de este ejemplo es que con el uso de la tecnología se puede cambiar la forma de trabajar y de relacionarnos, debiendo este esfuerzo ser copiado por todos los órganos jurisdiccionales del país, pero también a cumplir con ciertos parámetros. Otro aspecto relevante de este fenómeno es que si bien la legislación no prevé que los órganos jurisdiccionales sesionen virtualmente, tampoco lo prohíbe y según un conocido principio de derecho, lo que no está expresamente prohibido en la ley, está permitido, Sería bueno que el poder judicial previera estas nuevas herramientas digitales para realizar su trabajo cotidiano y con ello se fortalezca nuestro Estado de Derecho. Se debería seguir el ejemplo del Ministro Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que está encabezando una reforma tecnológica dentro del Poder Judicial Federal, esperando que en un futuro no lejano nos olvidáramos de coser gruesos expedientes y dar miles de copias certificadas, realizar físicamente cientos de notificaciones y emplazamientos, que pueden y deben hacerse en el futuro inmediato a través de medios electrónicos como la firma electrónica (Firel), y con ello también cuidamos el medio ambiente al no usar tanto papel. También habría que exhortar a los legisladores locales y federales –que están prácticamente de vacaciones–, a que convoquen a periodos extraordinarios y ajusten todos los códigos procesales del país, para que sea legalmente válido administrar la justicia a través de las nuevas herramientas tecnológicas o cibernéticas, vía internet, dejando atrás algunas críticas de juzgadores conservadores que se resisten a validarlas a partir de la expedición de acuerdos generales de los órganos de gobierno

“A PESAR DE LA PANDEMIA, TODOS LOS JUECES TIENEN EL DEBER DE ESTAR INSTITUCIONALMENTE DISPONIBLES PARA SERVIR A LOS CIUDADANOS E IMPARTIRLES JUSTICIA, LOS JUECES DEBERÍAN CONTINUAR PROPORCIONANDO A LOS CIUDADANOS EL SERVICIO PÚBLICO DE IMPARTIR JUSTICIA CADA VEZ QUE LES SEA SOLICITADA.”

y administración de las autoridades jurisdiccionales. Este cambio debe empezar por los servidores públicos, por los juzgadores que están obligados a revalorar sus funciones en estricto apego a ley y darse cuenta que más allá de cumplir con una estadística, vean el lado humano de las personas y se comprometan más con los grupos vulnerables, sobre todo en este momento en que están en juego sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, y con ello la cuestión de llevar el sustento a sus familias.

PODER JUDICIAL DEL EDOMEX: EJEMPLO A SEGUIR Esta crisis de impartición de justica prácticamente abarca a los 32 estados que integran la República Mexicana, con algunas honrosas excepciones como el Poder Judicial del Estado de México, que antes de la pandemia ya había implementado su Tribunal Electrónico, a partir del establecimiento de la Firma Electrónica Judicial (FeJEM), que desde finales de 2018 abrió la opción a litigantes y ciudadanos para resolver sus asuntos penales, familiares, mercantiles y civiles, vía digital. Y en esta coyuntura, mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura, priorizando la salud de funcionarios judiciales y usuarios durante la emergencia sanitaria por Covid-19, ha privilegiado el trabajo a distancia y el uso de las tecnologías para no interrumpir las actividades de ese Tribunal. Al final de este articulo se agrega una entrevista que Foro Jurídico hizo al Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, en la que de manera más detallada nos explica los aspectos relevantes del Tribunal Electrónico.

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PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN Otro ejemplo rescatable de lo que se debe hacer en el sector justicia frente a la pandemia, es el del Tribunal de Justicia de Nuevo León que con el objeto de reanudar gradualmente sus actividades ha modificado algunas de las acciones extraordinarias, independientemente de que determinó reiniciar todos sus servicios hasta el 31 de julio de 2020, estableciendo que todas las audiencias jurisdiccionales deberán celebrarse a distancia, por medio de videoconferencia, tanto en los procesos judiciales orales, como en los del modelo escrito, ya sea que se inicien o que se encuentren en trámite, sin ninguna limitación sobre la materia o la naturaleza del asunto que deba verificarse en ellas. Igualmente, amplió los servicios a todos los casos y no sólo a los urgentes o inaplazables, a través del módulo virtual, denominado Notificaciones UMC, en el portal oficial de internet del Poder Judicial del Estado, así como números telefónicos determinados para tal efecto, las partes y sus abogados podrán encargar o cancelar los emplazamientos,

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notificaciones y oficios vía remota, sin necesidad de acudir en forma presencial a las instalaciones. En la misma dirección se ha ordenado que la Oficialía de Partes funcione las 24 horas todos los días hábiles del año y que los Buzones de Oficialía, ubicados en edificios que cuentan con Oficialía de Partes, estarán dotados de relojes marcadores para precisar la fecha y hora en que se depositan las demandas, escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse por vía electrónica o esperar cita para su recepción.

Es responsabilidad de las partes, litigantes e interesados, utilizarlo correctamente, ya que su inobservancia en escritos de vencimiento traería como consecuencia que se tenga como fecha de recepción la de su recolección y entrega en la oficialía de partes u órgano jurisdiccional que corresponda, estas acciones entran en vigor a partir del 1º de julio de 2020. El pasado 16 de junio de 2020, siguiendo las directrices de la justicia a distancia, el Tribunal atendiendo a la presente contingencia sanitaria, ha llevado a cabo los primeros juicios penales totalmente virtuales, garantizando el derecho a la salud de todos los involucrados,

aprovechando los avances tecnológicos existentes, para que cada una de las partes intervinientes estuviera conectada en línea para participar en el juicio. Se realizaron técnicas de compartir pantalla para incorporar documentos como medio de prueba, así como incorporación de evidencia material. se realizó interrogatorio y contrainterrogatorio. Los dos primeros juicios celebrados totalmente en línea fueron encabezados por la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez y el Juez Jaime Garza Castañeda, desde su inicio hasta la pronunciación de la sentencia, ambos juicios tuvieron una duración aproximada de una hora en su desahogo vía remota.

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REANUDACIÓN TARDÍA DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Las Barras y Colegios de Abogados de todo el país han manifestado su insatisfacción por la poca efectividad y el retraso en la respuesta de las autoridades judiciales en todo el país para reabrir las puertas de los tribunales, ocasionando una paralización de los abogados y de los juicios de casi cuatro meses, que ha provocado graves pérdidas económicas en este gremio, despidos y cierres de despachos y consultorías jurídicas. El hecho de establecer guardias en materias penal y familiar es una acción muy limitada, además de que han venido trabajando con mucha parcialidad en estos temas. Frente a la imposibilidad de contener la pandemia y el preocupante incremento en las personas contagiadas por el virus (212,852) y los decesos oficialmente contabilizados (26,381) hasta el cierre de esta edición (28 de junio), las autoridades judiciales de todo el país han venido ampliando la fecha del reinicio de las actividades completas de los tribunales y juntas de conciliación y prorrogando el vencimiento de los

“HABRÍA QUE EXHORTAR A LOS LEGISLADORES LOCALES Y FEDERALES A QUE CONVOQUEN A PERIODOS EXTRAORDINARIOS Y AJUSTEN TODOS LOS CÓDIGOS PROCESALES DEL PAÍS, PARA QUE SEA LEGALMENTE VÁLIDO ADMINISTRAR LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS O CIBERNÉTICAS.”

términos legales. Así, con algunas diferencias mínimas, a partir del 20 de marzo que se suspendieron las actividades jurisdiccionales, se ofreció reiniciar actividades en abril; posteriormente el 1º de mayo; luego a la primera semana de junio y ahora se decide que la fecha de reapertura de los tribunales será hasta finales de julio. Inclusive, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, recién amplió el plazo para el 3 de agosto, la Fiscalía General de la CDMX hizo lo mismo para el 10 de agosto, las oficinas que resuelven trámites en recursos contencioso-administrativos del Gobierno de la CDMX reanudarán labores el 10 de agosto. Como ha venido sucediendo hasta la fecha, no debe descartarse que estos plazos se amplíen hasta el mes de septiembre. Por si fuera poco, los diferentes tribunales y el propio Poder Judicial de la Federación han ofrecido desde el mes mayo agilizar los trámites y acceso a la firma electrónica para los abogados y los justiciables para que estén en condiciones de acceder a los pocos trámites que no están suspendidos. Sin embargo, en realidad no están completamente listas las plataformas para acceder a esta herramienta tecnológica y muchos interesados y litigantes han visto frustradas sus intenciones y esfuerzos para obtenerla. Por ejemplo, el Tribunal de la CDMX dictó un acuerdo informando que el día 26 de junio de 2020 abría la tramitación vía electrónica, para que se pueda promover en todos los asuntos de su competencia y no solamente los asuntos catalogados como urgentes, pero como se requiere la firma electrónica y ésta normalmente no se puede conseguir, se deja a los abogados y a sus clientes en una clara situación de indefensión, pues las citas para obtener las firma electrónica son escasas y la demanda es amplia. Esta situación igual se repite en la plataforma electrónica del Poder Judicial Federal, presenta frecuentemente fallas y no permite culminar el trámite. Además, no se ha emitido acuerdo alguno en el que se reactiven los términos procesales, por el cual de nada sirve solamente acusar de recibido una promoción y que los juzgados y tribunales tengan conocimiento de ello, por medio de la oficialía de partes común, si el tramite se paraliza después. La decepción y desesperanza de los abogados litigantes frente a estas fallas en la impartición de justicia ha provocado que algunos abogados organizados convoquen a marchas para exigir la inmediata

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que el medio indispensable tendrá que ser la firma electrónica.

reapertura de los tribunales en todas las materias y que la administración de justicia sea considerada una actividad esencial, argumentando que todos los servidores públicos de este sector están percibiendo sus sueldos y prestaciones íntegras, sin hacer nada y sin tener la decencia de hacer home office (trabajo desde casa), como en otras actividades públicas y privadas, exigiendo que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los juzgados y tribunales colegiados federales y locales en todo el país, ya deben abrir sus puertas de manera incondicional, ya que se está violando el ejercicio de la profesión de abogado y la libertad de trabajo. De manera señalada, se pide la inmediata apertura de los tribunales y juntas en materia laboral, para dar cauce a los cientos de demandas que no se han podido presentar de empleadas y empleados despedidos injustamente, como una consecuencia natural del cierre de fuentes de empleo por la pandemia. Si las condiciones de la contingencia sanitaria permiten regresar el próximo 3 de agosto, los tribunales de todo el país retomarán principalmente las actividades presenciales, pero forzosamente tendrán que combinarlas con el uso de las herramientas tecnológicas que ya se han venido señalando y poco a poco deberán ser mínimas las actividades presenciales, mutando a una verdadera justicia cibernética o en línea, particularmente recepción de demandas, emplazamientos, citas y notificaciones por correo electrónico, telefonía o mensajería instantánea en todas las materias, especialmente civil y familiar que son las que más asuntos tienen. Desde luego 38 | Foro Jurídico

Especial situación guarda en esta crisis el Poder Judicial de la CDMX, considerado el tribunal más grande de América Latina y de Europa, con una problemática especialmente compleja y delicada debido al gran número de personal que tiene (11 mil empleados) y a la cantidad de personas que diariamente acuden a sus instalaciones entre litigantes y usuarios (aproximadamente 93,000), lo que lo hace el posible foco de contagio más grande de la capital del país, por lo que, además de las medidas que se han implementado en materia penal y familiar para no suspender actividades, las nuevas condiciones le han empujado a prever la instauración de una nueva modalidad mixta que entrará en vigor cuando se regrese a la normalidad, con juzgados y salas operando un día a puerta cerrada y otro con atención al público, buscando así preservar la salud del personal y de los visitantes. Se está también elaborando un sistema de citas electrónicas que permitirá a los abogados agendar la presentación de demandas o escritos iniciales dentro del horario de la oficialía de partes, para evitar colas y aglomeraciones y preservar la sana distancia. Especial atención debe prestarse a la mejora de fórmulas más efectivas y ágiles para que la resolución de los conflictos sociales no termine en una sentencia, luego de un largo, costoso y desgastante juicio, privilegiando los medios alternativos de solución de controversias en lugar de los litigios, particularmente de la mediación.

IMPORTA MÁS EL DERECHO A LA SALUD QUE EL DE ACCESO A LA JUSTICIA En medio de este debate es interesante mencionar el criterio sostenido por el Juez Federal Décimo de Distrito de Chihuahua en un Juicio de Amparo indirecto promovido por un abogado litigante contra la inactividad jurisdiccional derivada por el Covid-19, en la que el juzgador decidió negar el amparo,

argumentando que en un claro ejercicio de ponderación de los derechos de acceso a la justicia y a la protección a la salud, debía maximizarse el derecho de la sociedad a la protección de la salud pública, sobre el diverso de acceso a la justicia del litigante, que no se encuentra suspendido ni

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restringido totalmente, sino que únicamente se encuentra minimizado. De esta manera, enfatizó que es de interés, tanto de la sociedad, como del Estado, que se adopten las medidas necesarias a fin de mitigar la dispersión y transmisión del Covid-9 en la comunidad, dado que uno de los fines del Estado es precisamente salvaguardar tal derecho humano a la salud y que “el derecho del quejoso de acceso a la impartición de justicia, no se encuentra suspendido ni restringido totalmente, sino que únicamente se encuentra minimizado, en virtud de la situación actual que se vive en el Estado de Chihuahua y en el país, dada la declaratoria de emergencia sanitaria, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2”.

EL TSUNAMI JUDICIAL QUE VIENE Finalmente, habrá que llamar la atención sobre lo que puede ser la mayor consecuencia de esta parálisis judicial: el rezago en la impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los juzgados por la pandemia, la suspensión de plazos procesales y la imposibilidad de presentar cientos o miles de nuevas demandas, a lo que habría que sumar el rezago que ya existía antes de ordenar el cierre de los tribunales. Seguramente que estos nuevos casos y los rezagados serán en su mayoría de carácter civil –que afectan al patrimonio de las personas–, y familiares, que seguramente ocasionarán una especie de tsunami judicial, por la gran cantidad de trabajo que recibirán de repente, por lo cual los presidentes de todos los tribunales deben tener lista

una estrategia para mitigar este fenómeno que viene y que no vaya a provocar un problema mayor del que ahora existe ante los incipientes niveles de impartición de justicia que hoy padece la sociedad. Sin duda, para hacer frente a este gran reto habrá que mutar rápida y audazmente hacia la justicia electrónica o en línea y promover el uso de las herramientas digitales que hoy se tienen a la mano.

“ESPECIAL SITUACIÓN GUARDA EN ESTA CRISIS EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, CONSIDERADO EL TRIBUNAL MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA Y DE EUROPA, CON UNA PROBLEMÁTICA ESPECIALMENTE COMPLEJA Y DELICADA DEBIDO AL GRAN NÚMERO DE PERSONAL QUE TIENE Y A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE DIARIAMENTE ACUDEN A SUS INSTALACIONES ENTRE LITIGANTES Y USUARIOS.”

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TRIBUNAL ELECTRÓNICO EN EL ESTADO DE MÉXICO EN TIEMPOS DEL COVID-19 Entrevista con el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

Entrevista con el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

l Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar preside el Tribunal que más se ha adelantado en los procesos tecnológicos en estos difíciles tiempos del Covid-19. En esta entrevista nos contará cómo está funcionando el Tribunal Electrónico en el Estado de México, que desde antes de la pandemia ya estaba ofreciendo servicios de justicia en forma digital. Como antecedente podemos mencionar que en el 2019 Foro Jurídico entregó al Tribunal Superior de Justicia del Edomex (tsjem) el Premio a la Innovación en el Poder

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Judicial, reconociendo los esfuerzos que ya se venían logrando en la digitalización de los servicios de impartición de justicia. Y frente al desconcierto que priva en el país, por la gran demanda del derecho humano al acceso efectivo a la justicia, que ha presentado grandes fallas en la mayor parte de los tribunales del país, el tsjem no fue tomado por sorpresa, por lo que ahora son el Tribunal que está marcando la pauta en esta materia. Foro Jurídico entrevistó al Mgdo. Sodi Cuéllar quien aborda puntualmente esta situación. Afirma Ricardo Sodi (rs) que el acceso a la justicia es una actividad que no puede suspenderse, que no puede dejar de prestarse aún en tiempos de crisis. Como consecuencia de la emergencia sanitaria que fue decretada por la autoridad federal y por las autoridades sanitarias de las

“CUANDO COMENZÓ MI ADMINISTRACIÓN A PRINCIPIOS DE AÑO TENÍAMOS 2,000 FIRMAS ELECTRÓNICAS (FEJEM), SIMPLEMENTE EN EL PERIODO DE LA CONTINGENCIA HEMOS TRAMITADO MÁS DE 4,200 FIRMAS ELECTRÓNICAS MÁS”

entidades federativas del Estado de México, enfrentamos obviamente un reto mayúsculo: cómo respetar la sana distancia y al mismo tiempo administrar la justicia con seguridad para los usuarios de la administración de justicia y seguridad para el personal del Poder Judicial. De esta manera, en el Tribunal hemos emitido varios acuerdos del Consejo de la Judicatura para, en primer lugar, en congruencia con las autoridades federales y medir las actividades del Tribunal, se suspendieron labores hasta el 20 de abril, luego hasta el 30 de abril, posteriormente se ampliaron los servicios del Tribunal electrónico. El último acuerdo que se emitió fue el del 27 de mayo, donde se acordó suspender hasta el 30 de junio, pero ampliar los servicios de administración de justicia de manera muy importante. RS: ¿Qué ha pasado desde mayo a la fecha en que hemos tenido la oportunidad de trabajar intensamente con el Tribunal electrónico? De acuerdo con una estadística básica, las cifras electrónicas judiciales, que es la llave que da acceso al Tribunal electrónico, revelan que cuando comenzó mi administración a principios de año teníamos 2,000 firmas electrónicas (FeJEM), simplemente en el periodo de la contingencia hemos tramitado más de 4,200 firmas electrónicas más, es decir, la aceptación por parte del gremio jurídico ha sido importante, y por otro lado, el esfuerzo por tramitar firmas electrónicas judiciales en el estado ha sido también significativo. ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos cuando se lanza un Tribunal electrónico y la firma electrónica? En primer lugar, se encuentra el cómo usarlo, es decir, capacitar e informar sobre los requisitos básicos para poder ingresar al Tribunal electrónico,

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para lo cual el Tribunal del Estado de México ha impartido 5,430 cursos de capacitación. En cuanto al número de promociones, si bien no se acerca a lo que tenemos en un periodo normal, estamos avanzando a pasos gigantes, con 8,664 promociones, 372 expedientes generados en línea en la época de pandemia, 573 juicios de alimentos y 3,210 audiencias penales. También lanzamos un programa de preliberación muy fuerte en colaboración con la Secretaría de Seguridad pública del Estado de México y con la Secretaría de Justicia, en el cual elaboramos un cruce de información para agilizar las preliberaciones de aquellas personas que tienen derecho a este beneficio pero que no lo han solicitado porque lo ignoraban, por falta de asesoría o porque no contaban con los recursos necesarios para el brazalete electrónico. Las cárceles están sobrepobladas y ante una contingencia de esta naturaleza es muy complejo mantenerlas en hacinamiento, gracias a la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas por parte de nuestros Jueces de Ejecución se han liberado a 717 personas. Por otro lado, estamos preocupados por las personas que acuden a laborar a las instalaciones del tribunal, por lo que implementamos un protocolo de sanitización muy estricto. Se creó un Comité de prevención de Covid-19, mediante el cual cada vez que se detecta una persona infectada con el virus, se activa un protocolo para establecer las redes de contacto. El 12 de mayo, el tsjem dictó su primera sentencia de manera virtual. Un gran número de servicios se han ampliado a través del Tribunal Electrónico; sólo en los casos de juicios ejecutivos, civiles y mercantiles no se han otorgado, ya que son diligencias que necesitan de la presencia de las partes. Para aquellos abogados que quieren seguir trabajando pueden comparecer a juicio, ya que contamos con un sistema de notificación virtual donde si la parte demandada comparece a juicio, se puede hacer la notificación y el juicio prosigue 100% en línea. Como podemos ver, la dinámica del Tribunal no cesa, hemos tenido 11 plenos del Consejo de la Judicatura, un pleno del Tribunal Superior; un aspecto que destaca es la apertura de convivencias familiares en línea, una estrategia que se diseñó por parte de los Centros de Convivencia Familiar para reducir significativamente la atención familiar. 42 | Foro Jurídico

“LAS CÁRCELES ESTÁN SOBREPOBLADAS Y ANTE UNA CONTINGENCIA DE ESTA NATURALEZA ES MUY COMPLEJO MANTENERLAS EN HACINAMIENTO, GRACIAS A LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAS POR PARTE DE NUESTROS JUECES DE EJECUCIÓN SE HAN LIBERADO A 717 PERSONAS.”

Como abogados creo que estamos en un momento muy interesante, que presenta grandes desafíos para prepararnos e introducirnos en estas nuevas técnicas. En mi caso estoy preparando un curso de litigio estratégico en línea para enseñar a los abogados y agentes del Ministerio Público, defensores públicos y particulares, estrategias de litigio en línea. También tenemos un convenio con la Ciudad de México con el cual los exhortos se pueden tramitar en línea. Los peritos también trabajan arduamente en línea, sobre todo en

EN PORTADA

materia familiar y penal. Consulta de expedientes, estadística confiable y al día, generar alertas para actuaciones, se cumple más fácilmente con las leyes en materia de gobierno digital y nos permite tener indicadores más certeros sobre cómo está funcionando la justicia y su efectividad. Sin duda, debemos empezar a pensar en el cambio de estrategias de trabajo. En muchas ocasiones, sobre todo para madres que deben cuidar a sus hijos, que tienen la doble función de ser abogadas, profesionistas y madres, pueden trabajar desde casa. Creo que el teletrabajo debe ser una opción importante para los abogados, deben conocer el derecho de las nuevas tecnologías, el Fintech, etcétera. FJ. Nos podría ampliar su comentario sobre la Firma Electrónica ¿Cuál es el procedimiento para obtenerla? ¿Qué debo hacer si voy a meter una demanda, si soy usuario y no necesariamente abogado. Puedo tener una firma electrónica para acceder? y ¿cómo accedo al expediente que me interesa? RS. El procedimiento es muy sencillo, se debe ingresar a la página del Poder Judicial del Estado de México, donde hay una liga que direcciona

al usuario a la plataforma de citas, ahí hay un tutorial que se puede consultar en línea. Los pasos son los siguientes: hacer una cita con uno de los certificadores, deben tener a la mano su IFE, su cédula profesional en caso de que sean abogados y curp. Después de verificar la identidad del usuario, se hace una entrevista, también en línea, con un certificador que verifica los datos. La parte solicitante proporciona una clave que digitaliza él mismo, queda en una plataforma confidencial de acceso, es decir, es un dato completamente reservado. El Tribunal le proporciona una cuenta de e-mail a través de la cual se tendrá comunicación: las presentaciones de las demandas y de los escritos y la consulta de los Tribunales electrónicos. Hemos tenido una sobredemanda de firma electrónica, nuestra capacidad diaria es otorgar entre 200 y 220 firmas, hemos tenido hasta 300 solicitudes diarias. Tenemos un desfase, ¿qué estamos haciendo para solucionarlo? Estamos capacitando más certificadores, actualmente tenemos cerca de 40, nuestro objetivo es que para fin de este mes tengamos 60. Con esto tendremos la posibilidad de emitir cerca de 400 firmas electrónicas al día. La tendencia es que todas las actuaciones sean digitales, Incluso la materia laboral que inicia en el estado a partir del 1º de octubre será 100% digital. Entonces los abogados tendrán la opción de llevarla a cabo vía presencial o acudir al medio electrónico. FJ. ¿Existe riesgo de que se caiga el sistema electrónico? ¿Cómo están funcionando las Salas de segunda instancia? ¿Han emitido sentencias en este período? RS. Consideramos que cualquier medio electrónico puede fallar, para lo cual aplicamos la ley del piloto: dos de todo, es decir, tenemos el soporte en una nube y un respaldo con un servidor que se encuentra en Querétaro, donde tenemos contratados los servicios de almacenamiento y de apoyo cibernético más seguros con los que se puedan contar. Tenemos los equipos de más alta tecnología y las salas de telepresencia también con la más alta tecnología donde no se escatimó en la inversión, desde la administración del Dr. Sergio Medina hasta la mía. En ese sentido hemos perseverado en la inversión de tecnología en dos rubros: la estructura cibernética, sus plataformas y la capacitación

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al personal. Litigar en línea es seguro, no hemos tenido problemas de hackeo, solamente en la pérdida de claves del usuario, la cual se debe cancelar y tramitar otra nueva ya que el alto nivel de seguridad de esta firma así lo requiere. En segundo lugar, las apelaciones iniciaron gradualmente a partir de mayo. En materia penal han ido creciendo en número de asuntos que se han resuelto en apelación, inclusive hemos tenido audiencias de segunda instancia en línea cuando lo solicitan las partes. En materia penal hemos emitido 15 sentencias en estos días de pandemia. En materia civil las áreas siguen sesionando en línea, se emiten las resoluciones, pero no se pueden notificar porque en la mayoría de esas sentencias los usuarios o no han notificado un correo electrónico para poderlo hacer o no tienen la FeJEM, si la tuvieran se podría cumplir ese ciclo. FJ: ¿Cómo están funcionando las oficialías de partes virtuales? Muchos Tribunales han anunciado que ya están en la época virtual pero cuando los usuarios intentan iniciar o realizar un 44 | Foro Jurídico

“ESTAMOS CAPACITANDO MÁS CERTIFICADORES, ACTUALMENTE TENEMOS CERCA DE 40, NUESTRO OBJETIVO ES QUE PARA FIN DE ESTE MES TENGAMOS 60. CON ESTO TENDREMOS LA POSIBILIDAD DE EMITIR CERCA DE 400 FIRMAS ELECTRÓNICAS AL DÍA.”

trámite por oficialía de partes, o no existe o hay un cuello de botella? ¿Qué está pasando con los emplazamientos en las nuevas demandas? RS. No hemos tenido ningún problema con las oficialías de parte electrónica, salvo que el usuario no complete el procedimiento de manera correcta, tampoco con las oficialías de parte presencial que hemos implementado para recibir demandas en materia familiar por violencia familiar o promociones relacionadas con pensión alimenticia. Esas siguen funcionando presencialmente y no hemos tenido ningún problema de saturación, solamente pedimos cumplir con las medidas sanitarias necesarias. En cuanto al emplazamiento, hemos diseñado un esquema novedoso, por ejemplo, si en un procedimiento de divorcio yo quiero comparecer como parte demandada pero no podemos hacer emplazamientos con los notificadores como tradicionalmente se hace. ¿Qué hacemos en estos casos? Enviamos a la contraparte un aviso a través del Servicio Postal Mexicano o por cualquier servicio de mensajería a solicitud y a costa de las partes para que se notifique a la contraparte que tiene un procedimiento instaurado en su contra que puede gestionar su firma electrónica, se le invita a ello y se le invita a que comparezca. Varias personas han aceptado, incluso a algunos les interesa comparecer en el juicio y terminarlo. Entonces se hace una notificación virtual, se fija una fecha y hora con la presencia de actuario judicial y se hace la notificación correspondiente en los procesos digitales y se firman las actuaciones con la firma electrónica. Concluyo afirmando que en el tsjem la justicia no se ha detenido con la pandemia y los jueces, magistrados y todo el personal del Tribunal está haciendo su mejor esfuerzo. No podemos cambiar las circunstancias que han generado el Covid-19, pero si podemos cambiar nosotros y debemos especializarnos en los Medios Alternos de Solución de Controversias para promover la justicia restaurativa, que es más pronta y eficaz. Igualmente, debemos también estar conscientes de que la tecnología llegó para quedarse y hay que esforzarnos en mejorar y afinar nuestras habilidades para utilizar de mejor manera estas maravillosas herramientas, que sin perder nuestra calidad humana, harán que mejoremos la justicia.

EN LA

OPINIÃ&#x201C;N DE NUESTROS ESPECIALISTAS

PROFESIONALES DEL DERECHO ANALIZANDO LOS TEMAS DE COYUNTURA

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Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares. Entre la Omisión y la Oportunidad Legislativa

Sergio A. Valls Esponda

A 5 AÑOS DE LOS DIÁLOGOS POR LA JUSTICIA COTIDIANA ALGUNAS CONCLUSIONES NO SON VIGENTES. ANTES DE EXPEDIR UN CÓDIGO NACIONAL, SE SUGIEREN ALGUNAS REFLEXIONES. LAS MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR MERECEN TRATOS DIFERENCIADOS DERIVADOS DEL TIPO DE RELACIONES QUE REGULAN.

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Se dan razones para que dejen de coexistir en la misma codificación, se genere un Código Nacional de Familia con sus respectivos procedimientos y permanezca la materia civil regulada a nivel local ante los distintos grados de desarrollo. Tema que se evidenció en tiempos de contingencia en materia de juicios on line y firma electrónica.

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finales del 2014, el Ejecutivo Federal encargó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) la compleja tarea de encontrar soluciones a los problemas en el día a día sobre la impartición y administración de justicia. Para lo cual se organizaron los foros denominados Diálogos por la Justicia Cotidiana1, en los cuales participó también el Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij) de la unam.

El objetivo era dar con la solución para lograr una justicia cercana, confiable, clara y accesible para los mexicanos. En algunos aspectos como el laboral, la función de los foros parece estar ya dando frutos. En otros, pareciera vigente el reciclado discurso político. Lo anterior lo ilustra el ejemplo de los hallazgos en materia civil y familiar que únicamente han

Gobierno de México, Justicia cotidiana. Que la justicia jale parejo. Disponible en: https://www.gob.mx/justiciacotidiana

sorprendido a los investigadores, cualquiera que hubiese transitado por juzgados locales, antes de aquel 2015, sabe que la única diferencia entre los tribunales de un estado y otro estaba en el contenido de las tortas que venden a unos pasos de la puerta. Podrá ser ahogada, de tamal, cochinita o chorizo, pero torta al fin. Porque los llantos en el pasillo del juzgado familiar, los reclamos afuera del civil, la fila de las fotocopias, las terribles fallas y las necesidades jurídicas insatisfechas eran idénticas en todos lados. Dentro del paquete de soluciones se propuso generar una iniciativa de reforma al artículo 73 Constitucional a fin de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia procesal civil y familiar. Posteriormente, se generaría un Código Nacional de Procedimientos y entonces por fin tendríamos el marco para una impartición idónea de justicia civil y familiar. La reforma al artículo Constitucional es el más vivo reflejo del manoseo federalista, se logró en septiembre de 2017 al añadir una más a las decenas de fracciones e incisos que componen el artículo y descomponen las autonomías de las entidades. Asimismo, se incluyó el impedimento para que las legislaturas estatales hablen sobre temas procesales de derecho privado. En los transitorios de aquella reforma – aún se discute si fue por torpeza, inocencia o perversidad– se otorgaron 180 días para crear la nueva norma adjetiva. Tarea imposible. En esos días la codificación procesal única en materia penal llevaba seis años en el trance y aún faltaba un tramo.

Recordemos la importancia de las materias civil y familiar, en las 32 entidades federativas de la República mexicana se tramitaron en el 2018 un total de 1,961,517 expedientes judiciales,2 de éstos, el 38% corresponde a la materia familiar (divorcios, adopciones, pensiones de alimentos o compensatorias, incidentes de guarda y custodia de menores, etcétera) y el 29% a la materia civil (arrendamientos, acciones de protección de la propiedad, usucapión, etcétera). Para el Estado de México, por ejemplo, la situación no es diferente, en 20193 se tramitaron 48,592 asuntos civiles, 99,696 familiares, 45,050 mercantiles, 14,544 penales y 810 de justicia para adolescentes; del total, a las materiales civil y familiar corresponde el 71.05%. Es decir, por lo menos dos de cada tres juicios ante los órganos judiciales del fuero común en la República Mexicana deberían estar regidos por un Código Nacional que la inexcusable omisión legislativa no expidió. El caso es que después de 34 meses, es decir, algo así como mil días de retraso más los que se acumulen. La Diputada Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó el pasado 3 de junio, según la página de la Cámara de Diputados, la esperada INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE

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EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES. De pronto nos encontramos con un proyecto de 935 artículos divididos en seis libros. Sobre su contenido hay mucho que comentar. Lo haremos. Hoy le invito a reflexionar sobre dos preguntas de fondo: • •

¿Cuál es el motivo para que las dos materias permanezcan en un cuerpo normativo? ¿Un mismo código resuelve las necesidades en materia civil de 32 entidades federativas?

A la primera pregunta, la respuesta es fácil: Ninguno, es difícil imaginar una razón valiosa para insistir en unir las materias civil y familiar en una misma codificación. Hablamos tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, sobre todo porque la tendencia al interior de la República4 y en países de la región es lo contrario: separarlas. El derecho familiar es una materia que en el presente siglo está siendo deconstruida, reinventada desde sus cimientos, la modificación en su contenido y alcance es absoluta. Hoy el concepto de familia supera la noción de matrimonio, la idea de matrimonio trasciende a la unión de hombre con mujer. El derecho familiar se ha desvinculado del derecho civil, su relación es ante todo con

Fuente: Censo estatal de impartición de justicia 2019, Inegi. Quinto Informe de Labores del Poder Judicial del Estado de México. Código Familiar para el Estado de Zacatecas 1986, Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 2005, Código Familiar del Estado de Morelos, Código de Familia y Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán 2012, y Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo 2015, entre otros.

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“El nuevo derecho de familia que ha tenido una sólida evolución en el país gracias a la visión y desarrollo jurisprudencial de la SCJN, exige la existencia de un Código Nacional de Familia y de sus procedimientos en el cual se incorporen los avances en materia de derechos humanos, aún inexistentes en varios Estados de la República.” el derecho constitucional. Es evidente que merece un cuerpo normativo propio. Nadie duda que la protección de las familias es prioritaria para la consolidación y armonía de una sociedad viable. El orden público e interés social de los asuntos familiares son superiores al de los individuos que procesan conflictos civiles. Los avances tecnológicos, médicos y genéticos hacen que nociones como parentesco y maternidad tengan límites difusos. El derecho familiar abandona el ámbito del derecho privado a inicios del presente siglo ante la evidencia de los desequilibrios y abusos al interior de las relaciones familiares. Llegó el fin de la era de la supremacía del pater familia. Su desplome, del altar al sillón de los acusados. Algunos pater familia aún no lo aceptan, otros, no perdonan. Se traslada entonces al ámbito 48 | Foro Jurídico

del derecho social, junto con el laboral, agrario y otros que persiguen equilibrar a través del derecho relaciones que de hecho son asimétricas. Cuando las partes del juicio son miembros de una familia, los intereses en juego, la naturaleza subjetiva de las pretensiones y la dimensión supralegal del proceso requieren otra metodología. Se debe mantener plena consciencia de que la decisión afectará de manera inevitable a otros miembros de la misma familia. Por eso, una sentencia que no sopese sus consecuencias ante la afectación al tejido social y al núcleo familiar, será necesariamente ajena a los fines y principios del Derecho. Las crisis familiares suelen derivar de un sinfín de dificultades. Al desembocar en procesos judiciales, motivados por nuestras carencias culturales, desencadenan consecuencias económicas y emocionales. Los odios y rencores se convierten en parte del patrimonio hereditario. Traspasan generaciones. Constituyen un elemento perturbador de la persona, de la familia y de la sociedad. Mutilan y gangrenan el tejido social. Debemos centrar el debate en los miles de seres humanos que, ajenos a las profundas y elevadas disertaciones neoconstitucionales, soportan la agobiante realidad de los procesos. Adicionalmente, si alguien considera que las anteriores razones son demasiado idealistas, pensemos entonces en simples cuestiones prácticas. Siempre será mejor y más fácil tener una normativa específica para cada materia, para su estudio, su crítica y su modificación. En conclusión, el nuevo derecho de familia que ha tenido una

sólida evolución en el país gracias a las visión y desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige la existencia de un Código Nacional de Familia y de sus procedimientos en el cual se incorporen los avances en materia de derechos humanos, aún inexistentes en varios Estados de la República. Para la segunda pregunta, ¿un mismo código en materia civil?, las cosas cambian, se expusieron razones por las que debemos pensar al proceso civil en forma independiente de temas de familia. En este caso adelanto mi conclusión: no es conveniente. La diferencia que hoy existe en el procesamiento de juicios civiles en el país hace imposible su homologación, pues los estados con mayor atraso no cuentan con los requerimientos básicos para su desarrollo y que el nuevo código exigirá. Mientras que para los estados que mejor han evolucionado en materias de oralidad e incorporación de tecnología y juicios on line representará un retroceso adaptarse a un nuevo código que no lo contemple. Incluso para los ciudadanos de estos últimos estados será una vulneración a su derecho humano de acceso a la justicia, pues el principio de progresividad sería incumplido o en el mejor caso interrumpido para esperar a los estados con menor desarrollo. El último antecedente que teníamos por parte del Poder Legislativo en el tema de la codificación única civil data de febrero de 2018 cuando se llevó a cabo en el Senado de la República el foro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: los nuevos

desafíos para el efectivo acceso a la justicia5, en donde se establecieron como prioridades de la reforma : •

• •

•

Reducir el costo de la justicia, mejorando el uso de los recursos materiales y humanos. Simplificar las actuaciones y procedimientos judiciales. Incorporar los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo. Garantizar la igualdad de acceso a la justicia.

Señalo este antecedente no porque ahí se dijera algo novedoso o distinto a la discusión habitual, sino porque llama la atención que nada se comentó seriamente respecto de la justicia virtual, firmas electrónicas o los juicios on line. Temas que la pandemia obliga a poner sobre la mesa porque hoy son el verdadero diferenciador entre los Estados. Si lo importante es crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles incluyente, con perspectiva de género, con procedimientos expeditos, en el que se agilice la ejecución de las sentencias, se erradiquen las prácticas discriminatorias, de corrupción; se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de la sociedad en su conjunto, entonces, elaboremos un Código Modelo que contenga los principios básicos y que sean las entidades quienes las aterricen de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Estamos en un momento oportuno para corregir la prematura vejez de la visión de la reforma del 2014 e introducir los cambios que son necesarios, escuchando a los operadores que promueven, defienden y resuelven los asuntos

en los tribunales, es decir, a los terceros interesados que serán los segundos beneficiados o perjudicados, los primeros siempre serán los ciudadanos. Para terminar. Le invito a imaginar un momento la realidad de Villaflores, Chiapas Municipio de mi ascendencia familiar, Valls, también la de la ciudad de Toluca. Los temas de custodia, pensión alimenticia y, en general, los conflictos en el interior de las familias, créame, no son muy distintos; la relación suegra-nuera, esposo(a)-hijo del cónyuge, concubina-concubinario, etcétera, tienen rasgos similares independientemente de la región o nivel socioeconómico. Por lo que la norma para proteger los derechos y obligaciones de familia tiene razones suficientes para ser única en la República Mexicana. Sobre todo considerando el desfase en la protección de Derechos Humanos de familia en algunos estados. En cambio, pretender que los litigios de naturaleza civil sean equiparables es imposible, a manera de ejemplo, un conflicto derivado del incumplimiento a un contrato de arrendamiento de una planta industrial en Toluca requerirá un procesamiento distinto al derivado del arrendamiento de una fracción de un predio de cultivo en Villaflores. Entre varios temas que lo hacen diferente está el caso de que requiera tramitar el expediente a través de firma electrónica, en Toluca hoy lo puedo hacer pero el nuevo Código (proyecto) no lo contempla, supongamos que se incorpora, entonces en Villaflores

decido tramitar mi juicio en forma virtual, el juzgado no cuenta con la plataforma. Conclusión única. No funcionará un proceso civil único. Lo que me interesa dejar en su reflexión es el distinto modo de abordar y argumentar temas civiles y familiares. Los niveles de exigencia son de fuente diversa, en lo civil debemos de privilegiar la aplicación estricta de la norma, subsumir como regla, ponderar como extraña excepción, por eso es importante respetar las condiciones y realidades estatales. Mientras que al hablar de la familia debemos advertir que la frecuencia con que transitan por los juzgados sus dramas convertidos en infiernos procesales es alarmante. Cuando somos silenciosos y distantes testigos del desmembramiento de una familia, obliga a replantearnos la función social de la justicia. Establecer que la unión y funcionalidad de las familias se traduce en la viabilidad de una sociedad, es aceptar que los esfuerzos que valen la pena se deben dirigir a las familias. Un entorno familiar y por lo tanto social: funcional, en paz y armonía es requisito necesario para el desarrollo integral y pleno del ser humano. Pro familia antes que pro persona. La meta es lograr que el derecho vigente camine de la mano con el derecho viviente. Si confundimos la visión y creemos que una codificación va a resolver los añejos problemas, seguiremos perdidos en el discurso. El balón está en la cancha Legislativa. Es tiempo de convertir la omisión en oportunidad.

En aquella ocasión fui invitado a participar como ponente por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

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Retos y futuro de la abogacía en México: ¿renacer, trascender o morir?

LOS EFECTOS DEL COVID-19 SIGUEN SIENDO UNA MONEDA EN EL AIRE. NO TENEMOS CERTEZA, A CIENCIA CIERTA, SOBRE QUÉ VA A DESAPARECER, QUE SE MANTENDRÁ INTACTO Y QUE CAMBIARÁ. Valeria Chapa Garza Vicepresidente General de Counsel de Orbia. Fundadora de Abogadas MX

Estamos apenas viviendo la pandemia: pocos países han reactivado sus economías y no sabemos a ciencia cierta si controlarán los contagios o si habrá rebrotes que obliguen de nuevo al confinamiento y a la suspensión de las actividades económicas.

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a mayoría de los países todavía no controlamos el ascenso de contagios y es una incógnita saber si lo haremos a tiempo. Las piezas del nuevo orden social, político, jurídico, financiero de México y del mundo todavía están en el aire y no sabemos la forma concreta en que se volverán a acomodar. En el caso particular de México la incertidumbre causada por el Covid-19 se exacerba por diversas causas: un Presidente con poco respeto hacia nuestras instituciones, hacia un estado de Derecho; un legislativo con

poca cohesión para hacer frente a los caprichos del Ejecutivo; y una Suprema Corte que todavía está por verse si entiende o no su responsabilidad constitucional de ponerle límites al Poder Ejecutivo. Toda esta incertidumbre, todas estas distintas piezas y elementos inciertos, ponen de relieve la importancia del respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución y, en consecuencia, inevitablemente destaca la importancia del Derecho como un catalizador de este cambio que se está fraguando por la pandemia.

Pongo sobre la mesa seis aspectos para el nuevo rompecabezas de la profesión legal del país y del mundo que me gustaría que estuvieran presentes después del Covid-19. Solidaridad. Necesitamos una profesión legal más solidaria. La recesión económica va a dejar a muchas personas sin empleo y traerá muchos dramas humanos. La capacidad de solidaridad es central para salir de la crisis lo más rápidamente posible. Me gustaría imaginar que la profesión legal en su conjunto (abogados, jueces, académicos, servidores públicos) servimos para encontrar las soluciones jurídicas justas, equitativas, socialmente útiles para pacificar pronto los conflictos legales que caracterizan la crisis económica y la crisis sanitaria del calibre de la que estamos viviendo. ¿Será entonces nuestra responsabilidad como abogados privilegiar la solución de controversias sobre el litigio? ¿Podremos trabajar en conjunto como gremio para evitar que siga creciendo el número de litigios judiciales en un país ya severamente fragmentado por la conflictividad y la polarización? ¿Podré tener la responsabilidad como abogado de sugerirle a mi cliente que intente negociar o pactar con su contraparte los conflictos derivados del Covid-19 antes de confrontarse? ¿Podré dialogar con mi contraparte para reconocer que la mejor solución para ambos es arreglarnos, es decir, encontrar una solución equilibrada y viable para las dos partes? Los invito a que cambiemos ese chip, a que nos movamos de lugar, a que reconozcamos que, en estos momentos de precariedad y vulnerabilidad, la mejor respuesta siempre será

ser solidarios y no buscar más problemas. Integridad. Una sociedad solidaria debe ser por definición una sociedad más íntegra. En la recesión económica global, los países requieren de mucha eficiencia en la administración de recursos, públicos y privados. Cuanta más corrupción, más difícil será salir de la crisis económica. La corrupción es parte sustancial de la ineficiencia de la economía y se alimenta de abogados deshonestos en todos los ámbitos. En este sentido, una profesión legal íntegra es indispensable para que en México se active más rápido y más eficientemente la economía. Con tanta conflictividad, con tanto litigio, ¿qué espacio se le dejará a la justicia si los abogados continúan traficando influencias una vez que se reanuden las actividades de los tribunales del país? ¿Qué certeza se tendrá de que se resolverán esos conflictos sin que alguna de las partes en un litigio intente a través de actos de corrupción influenciar el resultado? ¿Cómo podremos salvar nuestro Estado de Derecho si no es con jueces y abogados íntegros, que respeten la letra y el espíritu de nuestras leyes y de nuestra Constitución? No alimentemos más un entramado vergonzoso de corrupción en tribunales, con autoridades, con contrapartes. Privilegiemos la honestidad, vigilemos el actuar de nuestro gremio y recuperemos el prestigio que conlleva la abogacía. En el mundo postCovid-19 no deben caber los abogados deshonestos.

“Toda esta incertidumbre, todas estas distintas piezas y elementos inciertos, ponen de relieve la importancia del respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución e inevitablemente destaca la importancia del Derecho como un catalizador de este cambio que se está fraguando por la pandemia.”

Pragmatismo. Me gustaría que los abogados y abogadas de México privilegiáramos el fondo vs. la forma, que seamos más pragmáticos y confrontemos con más rigor al debate sustantivo frente al adjetivo, es decir, que aprendiéramos nuevas formas de hacer las cosas, más eficientes, incluyentes, justas y equitativas. Por ejemplo, la firma electrónica. No puedo creer lo excluyente que es el Derecho en México, que todavía es debatible jurídicamente la validez de la firma electrónica. Ya no podemos escapar del uso de la tecnología para ser más accesible el Derecho. ¿Por qué insistimos en perder el tiempo con firmas autógrafas? ¿Por qué seguimos teniendo tribunales que hacen poco o nulo uso de herramientas tecnológicas para facilitar su labor de procuración de justicia? ¿Por qué tenemos que continuar redactando demandas plagadas de trascripciones y palabras rimbombantes? ¿Por qué hablamos con nuestros clientes

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jurídicas, juezas, notarias, rectoras de facultades de Derecho, presidentas de colegios de abogados, etcétera. Las mujeres abogadas somos especialmente aptas para proveer soluciones jurídicas que reequilibren, que concilien, que permitan que la energía creativa florezca y nos proponga cosas sorprendentes.

“A pesar del sombrío panorama que ha generado la pandemia de Covid-19, las abogadas tenemos frente a nosotras la gran oportunidad de liderar un cambio de paradigma en nuestra profesión y en las organizaciones de las cuales formamos parte.”

como si fuéramos un oráculo sin poder explicarle en forma sencilla lo que proponemos jurídicamente para resolver su asunto? Inclusión. Que las abogadas no nos quedemos rezagadas por cuestiones ajenas a nuestro desempeño y nuestro mérito. El postCovid-19 va a ser por definición un mundo conflictivo; la escasez por definición genera choques y diferencias. Necesitamos que las mujeres abogadas lideren los procesos de conciliación y pacificación de conflictos. Evitar tantas batallas y pleitos judiciales y generar muchos acuerdos y pactos negociados. Así, la economía se recuperará más rápido. Aplanemos la curva de conflictos. Necesitamos también organizaciones que reconozcan la importancia de la diversidad en la toma de decisiones a través de mujeres que sean líderes en sus organizaciones: socias de despacho, directoras

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A pesar del sombrío panorama que ha generado la pandemia de Covid-19, las abogadas tenemos frente a nosotras la gran oportunidad de liderar un cambio de paradigma en nuestra profesión y en las organizaciones de las cuales formamos parte. Hablando de dichas organizaciones, ya no hay espacio, en este nuevo orden mundial, de decir que las mujeres no tenemos la capacidad de liderar, de trascender. Por ejemplo, ya no hay espacio de que nos digan que no podemos trabajar desde casa. La prevalencia del home office ha puesto de manifiesto que trabajar desde casa no te hace menos productivo. Por mucho tiempo se habían planteado esquemas flexibles de trabajo para permitir que las abogadas de despacho, por ejemplo, pudieran balancear su vida personal y profesional. Este planteamiento había sido criticado por muchos, incluso había despachos que relegaban a las mujeres que adoptaban estos esquemas flexibles, al no involucrarlas en asuntos de mayor trascendencia por no estar físicamente en la oficina por las tardes. Me da gusto que se ha demostrado a través de esta crisis que sí podemos ser productivas desde casa, que

el esquema tradicional de trabajar desde una oficina no necesariamente será el prevalente en el futuro, y que tanto las mujeres como los hombres, podemos perfectamente balancear nuestras respectivas responsabilidades personales y profesionales. Accesibilidad. Me encantaría ver una profesión legal más accesible, más generosa y más humana. ¿Se imaginan lo que pudiéramos lograr si cada uno de nosotros dedica una pequeña porción de nuestro tiempo a causas que ayuden a los más necesitados? ¿A aquellos que no pueden tener acceso a un abogado? Me parece que es el momento de plantearnos la falta de accesibilidad a la justicia, la baja capacidad de tantas personas en México para defenderse y hacer valer sus derechos. ¿Cuánto cuesta consultar a un abogado íntegro para que te ayude a demandar a alguien que te debe dinero, a redactar un contrato, a tramitar un permiso, a defenderte de alguien que te demandó? En un mundo en donde la pandemia puso de relieve la vulnerabilidad de tantas personas que no tienen posibilidades económicas siquiera para sostenerse a sí mismas y a sus familias, menos aún para protegerse de injusticias con ayuda de un abogado, de un verdadero abogado. Ya es hora de que encontremos una forma, cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, desde nuestras trincheras, de involucrarnos en la construcción de un país más justo y menos conflictivo. De hacer trabajo probono. De proponer formas para que más gente tenga acceso a ser efectivos sus derechos. Seamos un instrumento para ello.

Consciencia medio ambiental. La era postCovid-19 traerá consigo una mayor relevancia, mucho mayor, de los temas medio ambientales y de salud. La única forma de defendernos frente al virus es estar sanos a falta de vacunas o medicamentos. La defensa del medio ambiente va a generar enormes ventanas de oportunidad para que la profesión legal sea la guardiana de los bosques, el aire, los mares y la vida en el planeta. Sin entrarle de lleno a la aberración de los acuerdos publicados por la Cenace y la Secretaría de Energía y el rechazo irracional hacia las energías limpias, quiero decirles que es claro que el futuro del país descansa en la capacidad que tengamos como abogados de defender nuestros derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. En el caso de las energías renovables, por ejemplo, queda claro que si la Suprema Corte no invalida estos acuerdos, estaremos frente a un régimen que no sólo daña al medio ambiente, sino que no respeta en lo más mínimo nuestro marco legal y regulatorio. Es nuestra responsabilidad poner en el frente los temas medio ambientales y de salud en la era post Covid-19. Una profesión legal más solidaria, más íntegra, más conectada con la tecnología, menos formalista, más accesible y generosa y con mayor consciencia sobre los temas medio ambientales y sociales, es una profesión que va a colocar rápidamente los cimientos para que México salga de la peor crisis económica de su historia. Este cambio de paradigma en la profesión legal necesariamente requerirá que las próximas generaciones de abogados y abogadas tengan una formación

“Me parece que es el momento de plantearnos la falta de accesibilidad a la justicia, la baja capacidad de tantas personas en México para defenderse y hacer valer sus derechos.”

distinta a la que, por lo menos, mi generación tuvo acceso. Propongo que la formación de abogados y abogadas deje de ser memorística, de memorizar códigos y doctrinas. En lugar de eso los estudiantes de Derecho deberían aprenden a resolver problemas jurídicos, a construir soluciones jurídicas a conflictos concretos, debatir en clase cuál de las soluciones propuestas es la mejor en términos jurídicos, pero también en términos éticos y de utilidad social. Necesitamos formar una nueva generación de abogados que cuestionen las malas prácticas de nuestra profesión como son la falta de integridad y la falta de solidaridad. Propongo formar abogados que tengan una visión del derecho como instrumento de pacificación y como una herramienta central para construir una sociedad más justa e incluyente. No dejemos pasar esta oportunidad para reinventarnos como gremio, como abogados y abogadas, y principalmente, como seres humanos. Los invito a ser más solidarios, más íntegros, más pragmáticos, más inclusivos y más conscientes. Está en nuestras manos.

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Identidad Digital: el Reto Pendiente Parte 2

Jonathan G. Garzón Galván

PODEMOS ENTENDER LA IDENTIDAD DIGITAL COMO EL CONJUNTO DE RASGOS CARACTERÍSTICOS QUE PERMITEN DIFERENCIARNOS UNOS DE OTROS. DICHOS RASGOS VIVEN, SE PROCESAN Y SE UTILIZAN A TRAVÉS DE LA RED DE INTERNET. POR SU PARTE, BBVA RESEARCH1 DEFINE LA IDENTIDAD DIGITAL COMO “EL CONJUNTO DE ATRIBUTOS QUE VINCULAN UNA ENTIDAD PERSONAL CON SUS INTERACCIONES ONLINE”.

Head of Innovation Lab in Cecoban

Por tanto, es posible señalar que ya no estamos frente a simples fragmentos de información contenidos en repositorios específicos, la realidad es que nuestra información se crea, mueve, almacena y evoluciona en una compleja red de servidores que constituyen la red de Internet, construyendo un perfil o historial de nuestra vida digital y en la mayoría de los casos ni siquiera somos conscientes de su integración y alcance.

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os ecosistemas tradicionales de identidad sirvieron de buena forma durante muchos años y fueron reforzados por mecanismos como los usuarios y contraseñas, por su sencillez. Sin embargo, un mundo digital donde nuestra información y preferencias están ya fuera de nuestro control, donde fotografías, escaneos o copias digitales de nuestras identificaciones han viajado y han sido resguardados por nosotros o por terceros, y donde requerimos de la creación y la administración de secretos y contraseñas para cada aplicación o proveedor, hace

que los métodos de factores de conocimiento (algo que sé) o posesión (algo que tengo), juntos o en lo individual, no sean suficientemente certeros y/o útiles. Un buen ecosistema de validación de identidad digital permitiría a las aplicaciones y procesos tecnológicos realizar actividades con mayor precisión de la identidad de las personas, disminuyendo riesgos sobre métodos tradicionales de la identidad. En el siguiente cuadro se pueden comparar las ventajas de los métodos tradicionales y los digitales:

Ana I. Segovia Domingo y Álvaro Martín Enríquez. Working Paper. Digital Identity: The Current States of Affairs. BBVA Research. Disponible en: https:// www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/02/Digital-Identity_thecurrent-state-of-affairs.pdf

ECOSISTEMA TRADICIONAL

ECOSISTEMA DIGITAL

Generalmente se focalizan en factores de conocimiento (algo que sé) y posesión (algo que tengo).

Pueden incluir más factores combinados: fisiológicos (algo que soy) y de comportamiento (algo que hago).

Alto riesgo de falsificación de documentos físicos.

El riesgo de falsificación o robo de factores fisiológicos o de comportamiento son más complejos por ser inherentes a cada persona.

No se delimita la entrega de información (los documentos contienen más datos que los mínimos necesarios para cada finalidad).

Se puede lograr delimitar o segmentar los datos de identidad, controlarlos y conocer con quién y para qué se usan.

Son procesos que requieren mucho tiempo y costos para su procesamiento, mientras que la experiencia del cliente es pobre.

Mejora la experiencia del cliente al hacer mucho más ágiles y sencillos los procesos de validación.

Se sobrexpone la información, cada entidad genera expedientes que son posibles riesgos de robo de información.

Los datos pueden protegerse de daños, manipulación, pérdida y robo, con elementos y controles de seguridad más robustos que los espacios físicos.

Requiere de infraestructura física y personal humano dedicado para llevarlo a cabo, por lo que existen limitantes de tiempo, recursos y la calidad tiene un factor de riesgo por errores humanos.

Los costos se disminuyen a escala, debido a las capacidades computacionales que actualmente pueden ser utilizadas. La calidad puede incrementarse al depender de tecnológica ya validada en procesos automatizados.

Son procesos manuales por lo que su escalabilidad es limitada.

Al ser procesos automatizados la escalabilidad es ágil, alcanzando grandes cantidades de procesos de validación de identidad o autenticación en segundos.

Se requiere de mantenimiento y administración física de los expedientes para su reutilización por la misma entidad.

Se puede integrar con un mayor número de canales, dispositivos, aplicaciones, coches inteligentes, hogares inteligentes, por lo que su reutilización es casi ilimitada.

Baja reutilización externa por la alta dependencia en la confianza del personal que lo opera y los controles definidos por cada entidad.

La calidad de la información depende de sistemas electrónicos estandarizados, los cuales pueden interconectarse para ser utilizados por varias entidades.

Los procesos de validación de identidad son un punto crítico para los innovadores del sector tecnológico, quienes están tratando de ofrecer ofertas digitales puras, pero a falta de procesos digitales de validación de identidad confiables, se ven obligados a mantener canales físicos, solo para esos efectos. Una de las principales tendencias en los modelos de identificación son los patrones biométricos.

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“Un buen ecosistema de validación de identidad digital permitiría a las aplicaciones y procesos tecnológicos realizar actividades con mayor precisión de la identidad de las personas, disminuyendo riesgos sobre métodos tradicionales de la identidad.”

DATOS BIOMÉTRICOS E IDENTIDAD Uno de los métodos de identificación y posterior autenticación que actualmente se está utilizando es la validación biométrica, tanto por la fuerte relación que tiene con la unicidad de las personas, como por lo sencillo que puede llegar a ser en cuanto a la experiencia de validación. El uso de la biometría ofrece precisión en la relación dato biométrico-titular del dato. A diferencia de los medios tradicionales de autenticación o identificación, los datos biométricos no se pueden olvidar e intercambiar y su falsificación resulta de un alto grado de complejidad, aunque cabe decirlo: no son invulnerables y pueden generar altos riesgos en casos de uso abusivo, por ejemplo, la videovigilancia dirigida por reconocimiento facial.

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Actualmente podemos considerar en nuestras actividades cotidianas sistemas de autenticación que recurren a métodos como lectura y reconocimiento de huellas dactilares, rasgos faciales, de nuestros ojos (iris / retina) de voz, entre otras. La biometría es un ejemplo de la estrategia de biologización de la información mediante la cual el control y la gestión de la identidad y la ciudadanía se llevan a cabo a través de rasgos de nuestros cuerpos.2 En sentido literal, el término biometría según la rae significa “el estudio de medidas o estadísticas respecto de fenómenos o procesos biológicos”. Por su parte, el inai, haciendo referencia al artículo 4, inciso 14 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo de 2016, define los datos biométricos como: “las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles”.3 Tomando en consideración esta última definición podemos dividir las técnicas biométricas en dos categorías: a) aquellas que miden rasgos físicos o fisiológicos, b) las que miden rasgos de comportamiento o de la personalidad. Entre las primeras se encontraría todo patrón fisiológico que forma parte del cuerpo humano que de forma separada o conjunta pueda ser medido, por ejemplo:

forma de la cara, manos, venas y/o minucias. En la segunda categoría podemos encontrar desde nuestro patrón de voz, ritmo cardiaco, la cadencia de nuestro caminar y nuestros movimientos en general y reacciones en determinadas circunstancias. Ejemplos que valen la pena destacar son las dinámicas al usar nuestro móvil o una pluma al escribir, momentos en que se pueden medir la presión, inclinación, velocidad, etcétera. Los procesos de identificación o autenticación biométrica generalmente requieren de la obtención inicial de estos rasgos únicos para convertirlos en un registro informático (también conocido como plantilla o template) específico para la persona, que pueda ser comparado con otros registros del mismo tipo, y así generar confiabilidad de que una persona es quien dice ser. Como se mencionó previamente, México no cuenta con un servicio electrónico abierto, ágil, sencillo y seguro para que cualquier empresa o entidad gubernamental pueda validar no solo que ciertos datos de las personas concuerdan con sus registros o bases, sino la posibilidad de adicionar otro tipo de datos a este proceso, como los biométricos, para crear un proceso confiable de identificación.

Theory, Culture & Society. “The Biopolitics of Biometrics: An interview with Btihaj Ajana”. Disponible en: https://www.theoryculturesociety.org/the-biopolitics-ofbiometrics-an-interview-with-btihaj-ajana/ INAI. Guía para el tratamiento de datos biométricos. INAI. Disponible en: http:// inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf

Esto no quiere decir que no haya bases de datos biométricos en México. Existen experiencias y esfuerzos aislados (no interoperables hasta el momento) como las del Servicio de Administración Tributaria (sat), la Secretaria de Relaciones Exteriores (sre), el Instituto Nacional Electoral (ine) e incluso la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), donde se almacenan algunos datos biométricos de las personas para identificar y posteriormente autenticar a las personas en sus propios procesos. Sin embargo, estos registros no pueden ser consultados por cualquier tercero en sus procesos de identidad. Existen servicios abiertos para validar datos como el curp o los registrados ante el ine, sin embargo, únicamente son datos textuales que están plasmados en un documento, no son servicios de validación biométrica. En agosto 2017, con el objetivo de mitigar el creciente robo de identidad en el sector bancario, se realizaron diversas modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito mejor conocidas como la Circular Única de Bancos (cub), donde dentro del proceso de validación de identidad, los bancos deberán validar de forma obligatoria tanto los datos, como huellas dactilares de sus clientes ante los registros del ine. Adicionalmente, y de forma opcional, les permite que, para futuras autenticaciones, cada banco en lo particular o

de forma gremial, genere una base de datos biométrica de sus clientes con diversos requisitos. Con esto los bancos pasarán de un proceso de identificación de clientes burocrático, costoso y no tan fiable (armar expedientes físicos y revisar que los documentos presentados no sean apócrifos) a un flujo ágil, seguro y de mejor experiencia al cliente. CONCLUSIONES Contar con un ecosistema de identidad, así como proteger nuestra identidad, es altamente relevante. No contar con un sistema confiable impide a las personas acceder a programas o servicios gubernamentales y al sector económico formal. No cabe duda de que la tendencia tecnológica requiere del desarrollo de una nueva generación de sistemas de identidad digital para la innovación continua y la entrega de servicios que cubran las expectativas de los usuarios en su vida digital. Nuestra continua interacción en la red de internet genera y distribuye muchos rasgos de nuestra identidad, por lo que el propio concepto de identidad está evolucionando más allá de lo que logramos comprender, controlar y valuar. Mucha de esta información se vuelve un misterio para las personas, así como un activo muerto y poco claro para sacarle valor.

“Encontrar un equilibrio entre la agilidad y usabilidad de estos nuevos métodos de identificación o autenticación versus su confiabilidad, seguridad y buen uso, es uno de los principales retos para los próximos años.”

del robo de identidad, sin que sean aún suficientes para disminuir este efecto. Finalmente cabe concluir que, pese a que los consumidores valoran positivamente poder acceder a nuevos servicios utilizando sus identidades digitales, se mantienen en la mente de casi todos los potenciales riesgos en materia de seguridad y privacidad, por lo que encontrar un equilibrio entre la agilidad y usabilidad de estos nuevos métodos de identificación o autenticación versus su confiabilidad, seguridad y buen uso, es uno de los principales retos para los próximos años. El debate y los esfuerzos apenas van comenzando.

Nuevos métodos, como los factores biométricos, están siendo ampliamente reconocidos e implementados tanto en México como en el mundo. Asimismo, los marcos regulatorios están adecuándose para hacer frente al incremento

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CADALSOS SE ESTÁ O NO CON LA CUATRO T

Tal parece que a la Cuarta Transformación la austeridad y la intransigencia le pueden costar su estabilidad, pues ya empiezan a mostrarse las fisuras internas del movimiento. En un fin de semana del pasado mes de

junio, tres funcionarias de alto nivel se sumaron a los que han tenido diferencias con los ideales de la 4T y han decidido, por voluntad o presión, separarse de sus cargos. Al parecer la situación no disgustó mucho al abanderado del proyecto, de hecho, amlo piensa que es más honesto “quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno”, a que se atrevan a realizar una crítica que no deja bien vista a la 4T. Los recortes de presupuesto que obstruyen la plena capacidad de organismos autónomos, como la Comisión Especial de Atención a Víctimas; la desaparición de

EL T-MEC CONTRA LA PIRATERÍA Como parte de los seis lineamientos que debían ser modificados a fin de armonizarse con lo estipulado en el Tratado comercial entre E.U, Canadá y México, circuló un anteproyecto para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Derechos de autor para sancionar, hasta con 10 años de prisión o mil días de multa, a quien venda, distribuya o fabrique copias de material protegido por el derecho de autor. De igual forma a quien decodifique, reciba o distribuya señales satelitales de contenido como Netflix o Youtube. Asimismo, contempla la eliminación de contenido que no

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tenga consentimiento del autor en redes sociales, sin llegar a juicio, cosas que actualmente suceden. Semanas antes de esta propuesta, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa similar para sancionar penalmente la piratería, quizá sólo era cuestión de timing. Lo más cuestionable es que a semana y media de la entrada en vigor se anunciara el periodo extraordinario, en los dos últimos días de junio, la discusión y aprobación del paquete legislativo fundamental para la entrada en vigor del t-mec, con la excusa de la pandemia y la suspicacia de un plan con maña para poder aprobar las leyes en fasttrack.

áreas como la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud; o las críticas y descalificaciones a organismos autónomos, como las ocurridas al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo del cual “no sabía de su existencia” y con amenazas de desaparecerlo, concluyeron en la renuncia de Mara Gómez, Asa Cristina Laurell y Mónica Maccise, respectivamente. Con un tono de triunfalismo, AMLO afirmó que ya no hay cabida para simuladores, estamos a favor de la transformación o no, aunque no muy a favor de las críticas ni de las sugerencias, al menos no de las que no provienen del titular de la 4T.

CONTROVERSIAS POR LA MILITARIZACIÓN

A poco más de un mes de que se publicara en el DOF el Acuerdo que permite abiertamente el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el gobierno de Michoacán presentó una Controversia Constitucional contra el Acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que

invade sus facultades como entidad. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Colima. En este mismo sentido, la sorpresa fue la presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas,quien interpuso una tercera Controversia contra el acuerdo por alejarse de los parámetros constitucionales y para verificar que las acciones del Ejecutivo estén ancladas a la legalidad. Integrantes de Morena en la Cámara de Diputados tacharon la acción de la diputada del PAN de falsas y partidistas, afirmaron que la mayoría parlamentaria apoyaba el Acuerdo, calificaron de grave la acusación de la diputada contra el

Presidente de realizar un fraude a la Constitución. Al defender el Acuerdo, argumentan que se busca responder al agudo problema de inseguridad que vive el país y es, al mismo tiempo, la ruta para llevar de nuevo a los cuarteles a las Fuerza Armadas. Al cierre de esta edición la SCJN no había conocido las Controversias Constitucionales, aunque existe el precedente de la invalidación de la Ley de Seguridad Interior, la creación de la GN fue plenamente aprobada y en ese momento ya se establecía lo que bien dijo el Presidente: era parte del proceso de creación del nuevo cuerpo policial, ya veremos qué dice el Alto Tribunal.

NO QUE SÍ HABÍA DE OTRA La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se reunió el pasado 14 de junio, paradójicamente, en la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato, para evitar una crisis de violencia e ingobernabilidad. “Sí hay de otra”, proclamaban, a la vez que manifestaban su inconformidad por las acciones de la actual administración y afirmaban que en los estados gobernados por el pan estaba la prueba de que se podía mejorar. Espaldarazo el que les daría la realidad, una semana después Guanajuato, territorio panista, sería tendencia por los actos violentos en distintos municipios, principalmente en Celaya, debido a un operativo en el que detuvieron, presuntamente, a la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José

Antonio Yépez Ortiz “El Marro”. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguraba que siguen trabajando para construir la paz, aunque el camino, no es fácil, y no bajará la guardia en el combate a la delincuencia en la entidad, una de las más inseguras por cierto. Mientras tanto, “El Marro” acusaba a las autoridades de estar coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) y advertía que la violencia estaba lejos de acabar. Después serían los legisladores y alcaldes de Morena quienes exigían al panista “ante la inseguridad y el terror con que viven los guanajuatenses, establecer una nueva estrategia de seguridad”. Bien dicen por ahí, divide y vencerás, lo malo es que el único que pierde es el pueblo sabio y bueno.

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LIBROS RECOMENDADOS

Arturo López Portillo, Raúl Héctor Garzo Galván y Verónica Rodríguez Camarillo. Bosch, 2020.

SEGURIDAD NACIONAL. RIESGOS Y AMENAZAS DE MÉXICO EN EL SIGLO XXI.

Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas son acciones que se establecen de manera conjunta en el novel Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 como parte de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de la República. En los países democráticos, a raíz de los conflictos armados internacionales por los que se caracterizó el siglo XX, ha existido la necesidad de ampliar el enfoque tradicional de la seguridad nacional a uno de carácter multidimensional. Se contemplan riesgos y amenazas sociales, económicas, ambientales, de salud, etcétera, que pudieran comprometer los intereses del desarrollo nacional o la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Una visión multidimensional permitiría atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ESTUDIAR EL PROCESO DE AMPARO EN MÉXICO. DOCTRINA, LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y CASOS PRÁCTICOS.

Arturo Altamirano González. Ubijus, 2020.

La presente obra jurídica no es es únicamente un trabajo de investigación consistente en una guía de amparo, conformada de doctrina, legislación, jurisprudencia y casos prácticos, formulada a través de 1531 preguntas y respuestas concretas, la mayoría son técnicas y otras son de cultura jurídica, cada una con su respectivo sustento jurídico. Debido a los casos prácticos citados nos vimos obligados a aplicar otras disposiciones legales como son: tratados internacionales, Leyes Nacionales, Generales, Federales, Acuerdos Generales del Pleno tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal, así como la jurisprudencia más relevante del Pleno y de las Salas de nuestro Máximo Tribunal. Nuestra finalidad es que este trabajo sirva como una herramienta para sustentar exámenes de amparo, además, nuestros lectores podrán profundizar en cada uno de los temas expuestos en la bibliografía y normatividad que precisamos al final de esta obra.

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