FJ 96 Sep 2011

SEPTIEMBRE 2011

MÉXICO A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN INDUSTRIAL: Rodrigo Roque Díaz PROPUESTA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA UNAM: José Narro Robles

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN: Carlos E. Arenas Bátiz

PRESIDENTE DE COLOMBIA

Número 96

Juan Manuel Santos

$40.00

NO A LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS:

ENTREVISTA A CAROLINA MONROY DEL MAZO

No. 96 septiembre 2011

S

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FORO JURÍDICO

U M

K

EDITORIAL

A R

I O

NARCO TERRORISMO Y CORRUPCIÓN

FORO K DEL LECTOR

NO

A LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS: JUAN MANUEL SANTOS

LA SOCIEDAD CIVIL ATOMIZADA Y EL EFECTO ACORDEÓN Lic. Janet Huerta Estefan

EL ESTADO DE MÉXICO ES PRIMER LUGAR EN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: CAROLINA MONROY DEL MAZO PRESENTA EL RECTOR DE LA UNAM JOSÉ NARRO ROBLES PROPUESTA SOBRE

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ES ROMPER CON VIEJOS PARADIGMAS:

ROSA ISELA JURADO CONTRERAS

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REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN Mgdo. Carlos Emilio Arenas Bátiz

ALEJANDRO LUNA RAMOS

NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL

ASEGURAN A LOS JÓVENES EN CHIHUAHUA ACCESO TOTAL AL SISTEMA EDUCATIVO FERNANDO RANGEL RAMÍREZ

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO FORO PROPIEDAD INTELECTUAL

“MÉXICO, A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN INDUSTRIAL”: DR. JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ PRESENTAN LIBRO DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA

EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

TIEMPO DE SABER…

DE SENTIDO Y CALIDAD DE VIDA Mtro. Jorge Antonio Alfaro

CADALSO Robespierre

LIBR OS EN

LA NUEVA LEY DE AMPARO Dr. José R. Padilla

K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL

Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL

Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN

Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL

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K EDITORIAL

NARCO TERRORISMO Y CORRUPCIÓN

Los lamentables hechos ocurridos en el Casino Royal de Monterrey por desgracia son una muestra de que estamos pasando en México de la narco-violencia al narco-terrorismo, debido a la incompetencia de las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno y en particular de la clase política, para frenar y conducir por sus cauces normales a la criminalidad organizada.

Han venido actuando sólo en función de sus intereses sectarios y de partido, como se puede corroborar con las tardías reformas legislativas en seguridad y justicia y la reforma política, que algunos grupos parlamentarios no sólo han frenado, sino que la rechazan, a pesar de ser una exigencia social, como aquellas que le dan poder a los ciudadanos y particularmente, la relativa a la reelección legislativa, que amenazan con boicotear en la Cámara de Diputados.

El uso por parte de grupos delincuenciales de medios que causan terror y que afectan masivamente a la sociedad civil inocente, son la prueba evidente de que estamos arribando a esta etapa de terrorismo. Ya en 2008 apareció un primer signo de este fenómeno al ser lanzadas granadas en Morelia, en plena celebración de las fiestas patrias, dejando varias víctimas inocentes, y el año pasado con la explosión de un carro bomba en Ciudad Juárez, en donde policías perdieron la vida.

Estos y otros hechos han puesto de manifiesto que el Estado Mexicano no ha sido capaz, cuando menos en la última década, de frenar a la criminalidad organizada. Por el contrario, ha venido creciendo, particularmente por encontrase cooptados e infiltrados múltiples funcionarios públicos del sector justicia y coludidos empresarios que se enriquecen con actividades directas o indirectas que favorecen la ilícita obtención de ganancias millonarias.

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FORO JURÍDICO

Los resultados a posteriori de algunas investigaciones relevantes en hechos vinculados con la delincuencia organizada, demuestran que es posible combatir y prevenir estos sucesos.

Claros ejemplos los tenemos con la detención en Tijuana de un individuo apodado El Pozolero, que desintegró con ácido a más de 300 individuos; en Ciudad Juárez, de los responsables de haber colocados explosivos en un coche bomba; en San Fernando, de quiénes ordenaron y ejecutaron a casi un centenar de indocumentados; en Morelos del niño sicario; en el Estado de México del multi asesino capo de la banda la Mano con Ojos; y ahora en Monterrey, a menos de una semanas, de la detención de cinco individuos pertenecientes a Los Zetas, responsables de incendiar la casa de apuestas en donde murieron calcinadas 52 personas inocentes, en una acción de extorsión, parte de sus actividades delictivas ligadas a sus principal finalidad: el narcotráfico.

Lo anterior pone de manifiesto que cuando han existido decisión y voluntad política, es posible evitar y contener estos hechos.

Sin embargo, lo que ha provocado la ausencia de una acción sistemática y efectiva en el combate a la criminalidad se puede reducir a un fenómeno: una corrupción rampante que corroe las estructuras públicas y privadas.

Por ello, no es suficiente que se concrete la unidad nacional en la que enfatiza el Rector José Narro Robles, para enfrentar unidos, autoridades, políticos y sociedad civil este grave fenómeno que amenaza no sólo la tranquilidad ciudadana y la paz pública, sino la viabilidad de muchas instituciones públicas y la misma soberanía del Estado. Es preciso también emprender una gran cruzada nacional para combatir a la corrupción. ¿De qué sirven un puñado de policías y soldados valientes si sus jefes no resisten los cuantiosos “cañonazos” en dólares que cotidianamente reciben o los canalizan a financiar campañas políticas? Como bien afirma el especialista de la ONU Edgardo Buscaglia: “la corrupción policiaca es hija de la corrupción política”.

De la mano de un pacto de Unidad Nacional al que se sumen autoridades, fuerzas políticas y grupos empresariales, de una mayor participación de la sociedad civil, que ejerza un control social efectivo sobre estos, es necesario un golpe de timón en la estrategia del combate a la criminalidad organizada que priorice acciones contra la corrupción y la impunidad. En este último renglón el Poder Judicial tiene también un gran compromiso K

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FORO K DEL LECTOR

ENTREVISTA procuradora MARISELA MORALES IBAÑEZ

REDES SOCIALES

Raquel Mendoza: Desde Venezuela, mis más sinceras felicitaciones por su revista, es la mejor en cuanto al derecho se refiere, sumamente importante todos sus temas, mucha suerte y éxito.

Damarys Márquez Balza: Desde Venezuela mis sinceras felicitaciones por esta revista que circula en México desde hace más de siete años y ahora por vía digital.

Es una tribuna que permite el intercambio muy especializado de información entre los miembros del poder judicial, del ejecutivo y de otros poderes con todos los ciudadanos que de alguna manera se ven involucrados en la aplicación de cualquier norma jurídica.

Aunque resido en Venezuela, la lectura de sus informaciones sobre el acontecer jurídico en ese país igualmente nutre mis conocimientos.

César Hernando Alcalá Castillo: No sabía qué esperar de la revista, ahora creo que no me equivoqué con la compra. Me ha gustado mucho hasta el momento.

Román Lazcano Fernández: Felicidades a la revista Foro Jurídico, la más importante de México en el ámbito jurídico. Reconozco el trabajo de los Editores.

Alonso Jair Alva Acosta: Felicitaciones por la revista, es muy interesante.

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FORO JURÍDICO

Brend Pulido: Resulta sumamente interesante la entrevista hecha a la Procuradora, amén de que me declaro admiradora de su trabajo, me parece una mujer que desde el inicio de su carrera ha sabido establecer sus objetivos y ha luchado incesantemente para la consecución de sus fines. Es un orgullo que sea la primera mujer al frente de la Institución, quien ya ha demostrado que viene a actuar sin miedo. ¡Muchas felicidades a la publicación por este interesante artículo!

Guadalupe Aguilar Murillo: Alarma observar cómo una dependencia que cuenta con presupuestos anuales de cerca de los doce mil millones de pesos se encuentre en un declive pronunciado de credibilidad. Una buena acción la depuración, sin embargo si ya se anunció que el despido de los 21 delegados obedeció a razones de deshonestidad, el paso natural siguiente sería el fincar las correspondientes responsabilidades administrativas o penales para completar un círculo que generalmente no se cierra. Si no se hace, estaríamos exportando hacia la calle un saco completo de impunidad.

Gi Mayorga: Es muy importante el apoyo y difusión del trabajo de la Procuradora. Primero por lo que representa la figura en el país pero además por el hecho de ser una mujer que ha ganado espacios en los puestos de poder lo cual nos beneficia a todas en la lucha por la equidad de género. Deseo que las mujeres de México hagamos un lado ideologías partidistas y nos enfoquemos en la solidaridad femenina y el apoyo a todas las mujeres que todos los días se juegan la vida en el contexto político y social del país. Muy bien por la entrevista.

Ratificación Juez Héctor Palomares

Noel Almanza Mundo: Debemos estar conscientes que el problema es cultural y no del sistema jurídico ni de legislaciones. Los que somos litigantes sabemos perfectamente que el inmiscuir la corrupción en nuestros asuntos, nos vuelve cómplices del mismo mal.

Sin embargo hay quien se vanagloria de conocer más servidores públicos corruptos que lo ayudan a sacar mejor y más rapido sus asuntos.

Raro es el Juez que porta la toga en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo en el lamentable filme, por que no se puede llamar documental, el juez la trae durante su participación. Es claro que este polémico material no muestra ninguna realidad, fue hecho con un fin específico y se permitió su realización y su difusión para generar polémica entre las diversas autoridades que dieron los permisos. Como abogados estamos obligados a hacer estudios científicos con razonamientos lógico jurídicos. No se puede decir que por lo plasmado en un documental un juzgador no hizo una correcta valoración de un asunto.

J.c. Antonio: En un sistema todos los subsistemas juegan un papel importante, pero nunca modificando uno lograremos el cambio del todo. Es algo mucho más complejo. Desgraciadamente tenemos la creencia de que modificando la ley podemos modificar la realidad. Desde mi punto de vista no es un problema del sistema en donde estamos involucrados todos los operadores: ministerios públicos, policías, peritos, jueces, defensores y la sociedad en general. Se trata, en consecuencia, de difundir y llevar a la práctica la cultura de la legalidad.

Las opiniones basadas en información incompleta, suelen resultar simples apreciaciones subjetivas que no aportan nada al crecimiento del país y sus instituciones. Opinar debe hacerse con responsabilidad. Por qué no se reformula la pregunta y se cuestiona sobre la importancia del principio de publicidad en el nuevo sistema acusatorio que, sin duda, fue uno de los principales temas que salieron a luz con el famoso documental.

Eduardo Garza González: Considero que el documental demuestra la realidad que observamos los litigantes día a día en el ejercicio de nuestra profesión. Es lamentable el sistema jurídico lleno de vicios y corruptelas que ponen en evidencia y lo atrasado de nuestro sistema judicial. Si queremos ser un país de primer mundo tenemos que empezar por reformar nuestra legislación y generar instituciones sólidas que hagan operativas dichas normas jurídicas.

Azucena Hernández: El documental se volvió un circo lleno de morbo en el que opinó la gente con conocimiento jurídico y sin él. Si el juez se equivocó o no en el laudo no significa que sea un mal administrador.

A mi en su juzgado me trataron muy bien, fallando a mi favor, confirmando en segunda instancia.

Lic. Leobardo Bautista Perez: Desde luego que existe responsabilidad del juez y la ratificación de su cargo sólo pone en evidencia las deficiencias en el sistema de nombramiento y selección de jueces y el resultado de estas conductas se traduce en desconfianza de la gente hacia la administración de justicia…IMPUNIDAD. Paola Pérez Bravo: Mientras los poderes judiciales locales sigan supeditados al Ejecutivo y al Legislativo no habrá cambio alguno, y esto seguirá ocurriendo.

Porfirio Díaz Oropeza: Todos sabemos que el sistema penal se debe cambiar por que es muy viejo. No tenemos por qué desacreditarlo, incluso quienes hicieron el documental obtuvieron ganancias de ese sistema.

Pensamos que el Juez Palomares no debería de ser juez, pero quitarlo tampoco resuelve el problema. (via @PresuntoC) Es una burla para los mexicanos y muestra de que no se analiza bien el trabajo de los jueces en México. (via @ JesusRangelS) Mientras sea útil para otros intereses tendrá su trabajo (via @ PSICOCREATIVE) Aquí en México el dinero y las “amistades” lo pueden todo (via @labrujaurbana) Es una barbarie, así como ratifican a esta gente, así procesan y dictan sentencias sin fundamentos bien sustentados (via @cajuve13)

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO: LIC. FELIPE BORREGO

Opino exactamente lo mismo...El MP es una institución deforme y nefasta; ¿y así se empezó una guerra contra el crimen? (via @CalvilloV) ¿Entenderá Felipe Borrego que aún con juicios orales pondremos inocentes en la cárcel si no cambiamos a la policía? No hay claridad en la responsabilidad sobre la implementación de la reforma penal en Mx. La culpa de eso es del Congreso. (via @PresuntoC) K

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NO

A LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS, DEBEMOS COMBATIRLAS POR TODAS LAS VÍAS K

Marco A. Ríos

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JUAN MANUEL SANTOS y México deben seguir combatiendo el narcotráfico • Colombia en todos los eslabones de su cadena, con vehemencia y contundencia, pues es un problema de seguridad nacional.

desarticulado a los grandes cárteles y logrado una importante reducción • Hemos en la cocaína sembrada y exportada, sin embargo, el negocio continúa.

E

l Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, estuvo en una visita oficial en México el pasado mes de agosto haciendo varias declaraciones sobre temas sensibles que afectan a ambas sociedades, como la lucha contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de armas y precursores químicos, el lavado de dinero y la legalización de las drogas. Enfatizó en la importancia de estrechar y profundizar los lazos de unión entre ambos países en asuntos de seguridad y justicia, con el propósito de adoptar estrategias conjuntas para hacer frente a esta problemática y preservar la seguridad de la población, fortaleciendo el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Colombia y México, afirmó, deben seguir combatiendo el narcotráfico en todos los eslabones de su cadena, con vehemencia y contundencia, ya que se trata de un problema de seguridad nacional. Nosotros, señaló, hemos desarticulado a los grandes cárteles y logrado una importante reducción en la siembra de cocaína y en las toneladas exportadas hacia Estados Unidos, sin embargo, el negocio continúa.

Durante una reunión organizada por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, en la que se contó con la asistencia de empresarios, diplomáticos y académicos mexicanos, el ex Ministro de Defensa de Colombia, destacó la necesidad de concretar mayores y mejores acciones en materia de inteligencia. Se pronunció en profundizar el intercambio de experiencias e

información entre ambos países, en cooperación judicial y en fortalecer nuestra respectiva capacidad técnica e institucional para combatir a la delincuencia organizada, particularmente al narcotráfico. Durante el encuentro, el Dr. Juan Manuel Santos contestó algunas preguntas que le formularon los asistentes, entre ellos Foro Jurídico. Reproducimos a continuación para nuestros lectores las respuestas más relevantes del mandatario colombiano:

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COMBATE AL NARCOTRÁFICO EN SU PAÍS Y QUÉ IMPORTANCIA HA TENIDO EL PLAN COLOMBIA? A pesar de los logros que hemos obtenido en este tema, Colombia no puede combatir sola el narcotráfico. Necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, por lo cual se requieren nuevas estrategias para enfrentar este fenómeno. Esto será posible si lo hacemos en el ámbito global por ser un desafío que afecta al mundo entero y no únicamente a unos pocos países y en esa discusión, Estados Unidos, como el mayor consumidor del mundo, tiene que estar presente. Colombia, con la autoridad moral y la experiencia que tiene a partir de los sacrificios y los logros obtenidos en la lucha contra las drogas ilícitas, está lista para explorar

alternativas con otras naciones. El flagelo del narcotráfico, con sus inevitables consecuencias de violencia y terror, está migrando a otras regiones como Centroamérica y el Caribe, México y nuestros vecinos en Sudamérica. Incluso, África Occidental se ha convertido en un centro de distribución.

Cuarenta años después, el problema de las drogas sigue causando estragos en el ámbito mundial. Hemos combatido el narcotráfico tal vez más que cualquier otro país del planeta. Se ha luchado contra del crimen organizado y las drogas ilícitas por convicción propia, porque es un poderoso enemigo de la democracia colombiana y una amenaza para las comunidades y familias del mundo. Hemos logrado la desarticulación de los grandes cárteles, así como una importante reducción de las hectáreas de coca sembradas en nuestro país y de las toneladas de droga exportadas.

Desafortunadamente, el negocio continúa.

Así que seguimos combatiendo este flagelo, atacando todos los eslabones de esta diabólica cadena porque, para nosotros, éste es realmente un asunto de seguridad nacional.

Nuestros logros han sido viables, en parte, gracias al Plan Colombia, posiblemente el proyecto bipartidista de política exterior de los Estados Unidos más exitoso de los últimos tiempos. Cuando se lanzó, Colombia era considerada por muchos como una nación al borde de convertirse en un Estado fallido.

Hoy, a pesar de que la Secretaria de Estado

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estadounidense, Hillary Clinton, y algunos analistas afirman que hemos pasado de ser una fuente de peligro a convertirnos en una fuente de inspiración y en un socio decisivo para afrontar los grandes asuntos que afectan el futuro de la humanidad, no nos sentimos triunfadores, ni el problema ha desaparecido. El crimen organizado está siempre buscando el camino de menor resistencia. Mientras Colombia fortalece sus instituciones legales y judiciales —y aumenta el costo de operar desde nuestro país—, los capos miran hacia otros ambientes menos severos.

Colombia logró ser relativamente exitosa en el combate al crimen organizado, porque perseveramos en los momentos difíciles, y no permitimos que esas fuerzas oscuras debilitaran a las instituciones. Incluso, la democracia colombiana estuvo a punto de ser doblegada, pero no permitimos que eso sucediera. El negocio del narcotráfico continúa, no con las magnitudes ni el poder destructivo que tenía. Ya no ponen en jaque a las instituciones colombianas; pero todavía es una fuente de financiamiento para los grupos criminales y la guerrilla, porque el mundo no ha sido capaz, como un todo, de encontrarle una solución.

¿QUÉ SIMILITUDES TIENEN MÉXICO Y COLOMBIA EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? Los colombianos aparecíamos como los campeones del secuestro, del narcotráfico, de la violación de Derechos Humanos, y eso no era un invento, era una realidad que vivíamos. Sin embargo, esta situación se revirtió; recuperamos el control del territorio. Hace 10 años más de 400 alcaldes de los mil 100 municipios que tenemos, no podían despachar en sus propias alcaldías por seguridad; hoy todos trabajan en sus municipios.

Esta es una muestra del proceso de recuperación de nuestro territorio.

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Cuando iniciamos la campaña nos propusimos un salto a lo que llamamos la Prosperidad Democrática sin descuidar el tema de la seguridad porque es algo que siempre tiene que estar presente. Sin desatender esa parte de seguridad nos fijamos metas, una de ellas, ser relevantes nuevamente, mostrar nuestros activos en el escenario mundial; hicimos un proceso de cicatrización de nuestras heridas en medio del conflicto. Creemos que eso ayudará a resolver el problema en la medida que le quitemos el piso político.

Sufrimos como ningún país en el mundo el flagelo del narcotráfico, de los cárteles de la droga y del crimen organizado, y los fuimos desmantelando con un costo muy alto, en forma sistemática sin dejarnos arrinconar. Muchas veces las actitudes de nuestras autoridades, de nuestros presidentes, fueron incomprendidas.

La gente preguntaba: “¿Por qué tenemos que afrontar esos carteles con semejante decisión y a semejante costo?” Pero a la larga el esfuerzo, los resultados y el trabajo nos dieron la razón.

en diseñar ese futuro y no anclarnos en hacer remembranzas o quejarnos del pasado. Por ello mi gobierno ha querido presentar ante el Congreso unas leyes audaces, que internacionalmente son catalogadas como de vanguardia, que sanen las cicatrices y que podamos ver el futuro con mayor optimismo. Por ejemplo, la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras para reparar a las víctimas de la violencia y devolverles la tierra a aquellos miles y miles de campesinos que fueron desplazados por la violencia y retomar su productividad.

Leyes como estas buscan que el pueblo tenga la posibilidad de sanar sus heridas y que cicatricen para entonces dedicarnos a hablar del futuro.

Nos sentimos felices de colaborar con México, como lo hemos hecho a nivel de instrucción y de entrenamiento, para ayudarle a enfrentar los enormes desafíos que hoy tienen en materia de seguridad. También nos sentimos orgullosos en ese nuevo propósito de unificar nuestros esfuerzos para ayudar a nuestros aliados, a la región, a los países centroamericanos, a las islas del Caribe que viven también, situaciones difíciles en materia de la lucha contra el narcotráfico.

Queremos recuperar integralmente la tranquilidad y la seguridad porque no hemos todavía atravesado el río completamente. Por eso es prioritaria la labor de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. La Seguridad Democrática que logró el gobierno pasado debe continuar y ser reforzada ya que la base del desarrollo es la seguridad; en eso no vamos a bajar la guardia.

Al mismo tiempo tenemos que hacer una labor social para que no se quede simplemente en una recuperación física de territorios y de control militar del área; debe convertirse en una recuperación económica, social y sentimental de esas zonas que durante tanto tiempo fueron víctimas de la violencia. Por eso lo hemos llamado nuestro Plan de Desarrollo y Prosperidad para Todos, diseñado para que podamos hacer, en la medida de nuestras capacidades, un avance en esa dirección.

¿EN QUÉ CONSISTE SU POLÍTICA DE PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA?

¿CÓMO ENFRENTA SU PAÍS EL PROBLEMA DE LOS JÓVENES SIN EMPLEO Y SIN EDUCACIÓN FORMAL?

Colombia se proyecta como un país que tiene lo que el mundo está pidiendo: una nación con una democracia que funciona, como un país en progreso y a punto de despegar en su desarrollo económico y social. Para hacerlo posible, todos los colombianos tenemos que concentrarnos

Hicimos un llamado a la ciudadanía para fomentar la cultura de la legalidad, especialmente entre los niños y los jóvenes. Debemos impedir que caigan en la cultura de la trampa, del atajo, del camino fácil: esa laxitud moral que no impide progresar como sociedad. La tarea fundamental de los

JUAN MANUEL SANTOS

La base para el desarrollo de un país es la seguridad padres de familia y de los educadores es crear en ellos valores de legalidad y civismo, porque sin ellos no habrá estrategia anticorrupción que valga. El nuevo estatuto para luchar contra la corrupción contempla que las escuelas incluyan en su proyecto institucional estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas en la convivencia pacífica, la participación y la responsabilidad democrática.

Con el Ministerio de Educación estamos comprometidos con el desarrollo del Programa de Competencias Ciudadanas, y con la promoción de una educación de calidad que forme mejores seres humanos, con valores éticos y respetuosos de lo público. La idea es que de aquí al 2014 todas las instituciones oficiales de educación del país ofrezcan este programa, para lo cual el Gobierno ya solicitó al Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) un crédito por 12 millones de dólares. A la iniciativa se sumará, en la próxima presentación al Congreso, un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Convivencia. Adicionalmente, y para evaluar su avance, se incorporará a las pruebas SABER un módulo sobre competencias ciudadanas.

La posición de todos los colombianos debe ser firme, inequívoca, contundente, pero sobre todo ética, de un absoluto rechazo a la corrupción y a los corruptos. Sólo así lograremos vencer la pobreza, a los delincuentes que utilizan sus dineros manchados para comprar silencio y complicidad; sólo así podremos ser un país grande y pujante.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que los jóvenes no se involucren en el fenómeno de la

violencia, para que crezcan en un ambiente más sano, lo cual es muy difícil. A los niños hay que cuidarlos, inculcarles valores, principios y explicarles lo que está sucediendo para que se formen una idea clara de lo que no deben hacer. No es fácil, tenemos un problema de reclutamiento forzado por parte de la guerrilla, de las bandas criminales que los utilizan como vehículos para sus crímenes porque no pueden ser encarcelados.

Prometí a los colombianos poner en marcha un sistema para que esos miles de colombianos, que hacen un enorme esfuerzo por graduarse del colegio, no engrosen las filas del desempleo ante la imposibilidad de continuar su educación superior. La tasa de desempleo en ese sector de la población es casi el doble o más; en ciertos sectores, que el promedio nacional. Sin embargo

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La tarea fundamental de los padres de familia y de los educadores es crear en los jﾃｳvenes valores de legalidad y civismo, porque sin ellos no habrﾃ｡ estrategia anticorrupciﾃｳn que valga

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JUAN MANUEL SANTOS ha venido bajando, el último resultado es que estamos en 11.8%, que es demasiado alto, nuestro objetivo es reducirlo. Por eso, queremos ampliar la cobertura en educación superior, pero también debemos ir más allá, aumentar la calidad, y ese es uno de nuestros propósitos. El gobierno del ex Presidente Uribe hizo un inmenso esfuerzo para lograr la cobertura universal en materia de educación básica, ahora necesitamos algo parecido en la educación media.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE SU GOBIERNO CON MÉXICO? La situación que vivimos los dos países es muy especial. Hemos avanzando durante los últimos años en forma conjunta en muchos temas; pero en este momento tenemos caminos nuevos en donde, si trabajamos unidos, obtendremos mejores resultados. Un tema es la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Ahí, se suscribieron tres acuerdos: el de Cooperación Judicial, el de Repatriación de Personas Condenadas y el de Extradición. Éste último modifica un convenio que teníamos desde 1928, que prohibía la extradición y ahora la permite entre los dos países. Conforme ambas naciones tengan instrumentos para no permitir que los delincuentes utilicen cualquier diferencia en su forma de apreciar el problema legalmente, vamos a ser más efectivos. Por eso le doy mucha importancia a este Acuerdo sobre Extradición.

cárteles de la droga y al crimen organizado pero logramos desmantelarlos. Por eso conmino al pueblo mexicano y a sus autoridades a no bajar la guardia, sé que es una lucha costosa, pero si quieren tener éxito hay que perseverar.

¿QUÉ OPINA SOBRE LEGALIZAR LAS DROGAS? Es un debate que se plantea por varias naciones y es bienvenido porque nos encontramos en un círculo vicioso ya que entre más éxito tenemos, el precio de la cocaína sube en los mercados consumidores, lo cual genera más estímulos para continuar produciéndola. Esto se traduce en recursos para que, en el caso de Colombia, se financien grupos paramilitares, la guerrilla o expresiones de violencia; incluso alcance a las instituciones en donde tuvimos casos de infiltración en la política. Sin embargo, hoy tenemos senadores e incluso representantes sociales en la cárcel.

Mientras el debate no se genere en el mundo y se tome una decisión global, no contamos con alternativas diferentes a continuar en la lucha contra la cadena del narcotráfico con todo lo que tenemos; hay que combatirlos por la vía legal, por la vía militar y por la condena social, hay que aplicar todas las formas K

Colombia, con la autoridad moral y la experiencia que tiene a partir de los sacrificios y los logros obtenidos en la lucha contra las drogas ilícitas, está lista a explorar alternativas con otras naciones.

También tenemos un trabajo conjunto para ayudar a terceros países en la lucha contra el crimen organizado: Centroamérica o las islas del Caribe, son lugares con problemas serios para confrontar el narcotráfico. En la medida en que todos podamos trabajar juntos y enfrentar este flagelo, seremos más efectivos.

Vemos el costo tan alto que está pagando México y su Presidente Felipe Calderón, pero es un costo que a la larga hay que hacerlo si quiere liberarse de semejante problema. Nosotros pagamos un costo altísimo al confrontar a los grandes

Elías Huerta Psihas Director de Foro Jurídico y el Presidente Juan Manuel Santos

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“Lo importante no es llegar solos y rápido, sino todos y a tiempo” León Felipe

LA SOCIEDAD CIVIL ATOMIZADA Y EL EFECTO ACORDEÓN K

Lic. Janet Huerta Estefan En la nueva dinámica de la participación ciudadana, unos hacen como que son luchadores sociales, otros van a las marchas a desahogarse y hacen como que participan y los menos enarbolan verdaderas causas sociales mientras que el gobierno insensible, a la expectativa, aparece feliz sin alborotos ni exigencias que verdaderamente cambien las reglas del juego.

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e parece que no hay mejor término para explicar la configuración de la sociedad en el país que el que usa el Dr. Edgardo Buscaglia, analista y experto de Naciones Unidas en seguridad nacional, seguridad pública y combate a la corrupción y el narcotráfico, cuando dice que la sociedad civil en México está atomizada y desgregada, es decir que hay muchas organizaciones haciendo cosas pero que no generan cambios porque trabajan solas, cuando en realidad los movimientos sociales deben colaborar en redes para trascender.

no exigiendo a los gobernantes seguridad y luchando por un sistema más justo en el país porque los ciudadanos sufrían con el actual.

Según el Dr. Buscaglia, por lo que se ha visto en otros países con casos similares, como Colombia e Italia (en donde opera la red Libera con más de 2000 organizaciones civiles), deben de experimentar dos situaciones para lograr un verdadero cambio en el país: por un lado la élite política y empresarial tiene que empezar a sufrir el mismo dolor que padece la sociedad y por el otro, provocarse un movimiento social genuino, que no sea cooptado por el gobierno, y que le imponga al Estado las reglas del juego. A esto le llama el Efecto Acordeón.

2. MOVIMIENTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Analicemos estos dos elementos en el caso mexicano:

1. SUFRIMIENTO DE LA ÉLITE Sin duda que esta variable la empezamos a ver con más frecuencia en México y casos como el del Alejandro Martí y Nelson Vargas son un claro ejemplo. ¿En dónde estaban estos empresarios antes del secuestro de sus hijos? Sin duda

Muchos políticos y empresarios, aunque no estén involucrados directamente con la delincuencia organizada, se benefician de la impunidad que ésta genera y aprovechan para obtener dinero para campañas o para evadir impuestos (por dar algunos ejemplos), desatendiendo la situación. No es sino hasta que sufren en carne propia las consecuencias de la delincuencia y la inseguridad, que empiezan a actuar.

Al parecer en este rubro hemos avanzado en México. Sin duda han surgido muchos más movimientos sociales que han sido tomados en cuenta por los medios pero ¿a qué fin han llegado?

Algunas organizaciones empiezan con grandes marchas y simplemente dejan apagar sus llamas, otras, las más importantes, son cooptadas por el gobierno para “apaciguarlas” y que no peguen mucho a los intereses de los políticos. Como lo ha sostenido en diversos medios el Dr. Buscaglia, basta recordar el caso de México Unido Contra la Delincuencia que surgía como un movimiento legítimo y que rápidamente ganó la confianza de la sociedad hasta que fueron públicos los fuertes lazos de sus fundadores con algunos políticos, de quienes reciben considerables donativos y prebendas.

En el caso del activista social “del momento”, el poeta Javier Sicilia, no se sabe hasta qué

Solamente a través de la empatía podremos actuar comprometidos con una causa sin haber sido víctimas de ella.

punto encabeza un verdadero movimiento de cambio o sólo persigue desahogar su dolor y transversalmente beneficiar a personajes que buscan posiciones políticas como el ex Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, que desesperadamente pretende una posición en el Consejo General del IFE por parte del PRD o Clara Jusidman, ex Procuradora Federal del Consumidor, supuestos ideólogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Inclusive, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro, con una positiva actividad social desde hace varios años, ha comentado que el movimiento del poeta se politizó al señalar que mucha gente, que calificó de oportunista, aprovechó la protesta para imponer sus peticiones y dejó a un lado la esencia de la lucha: el dolor de la ciudadanía.

Así que en esta nueva dinámica de la participación ciudadana, unos hacen como que son luchadores sociales, otros van a las marchas a desahogarse y hacen como que participan y los menos enarbolan verdaderas causas sociales, mientras que el gobierno insensible, a la expectativa, aparece feliz sin alborotos ni exigencias que verdaderamente cambien las reglas del juego.

La sociedad civil está atomizada. Las organizaciones están desorganizadas. Pueden haber muchas pero pocas han logrado subir a

gente a su tren y convertirse en movimientos. Por eso no prosperamos. Cada quien con su rumbo, cada quien con sus intereses y sin comunicación ni colaboración entre si.

No puedo culminar este apartado sin reconocer, por otro lado, esfuerzos verdaderos y admirables de la sociedad civil como el de la Sra. Isabel Miranda de Wallace, el del Padre Solalinde o el de la Red de Cultura de Paz RECUPAZ. Sí hay gente luchando pero hacen falta más y mejor organizadas. Mientras no trabajemos en redes de colaboración, no lograremos un impacto.

DEL DOLOR AL COMPROMISO Como hemos visto, tanto en la sociedad civil, como en la élite política, necesarios para crear el Efecto Acordeón, hoy en día en México sólo se mueven los que han sido víctimas y sienten dolor, pero no los que simplemente actúan por compromiso y creo que esta diferencia es crucial. ¿Necesariamente México debe llegar a un punto de mayor dolor para que nos empecemos a mover? ¿Cada uno de nosotros debemos sufrir una crisis o convertirnos en víctimas para actuar?

Creo que la solución está en una palabra mágica: empatía. Solamente a través de ella podremos actuar comprometidos con una causa sin haber sido víctimas de ella. La capacidad de sentir e indignarnos con el dolor ajeno es lo único que nos podría llevar a acelerar este efecto acordeón a través del compromiso y no tener que esperar a que más gente “toque fondo” y sufra las consecuencias para exigir y actuar.

Recientemente la revista Times nombró a Wael Ghonim como una de las personas más influyentes del mundo del 2011. Un joven de Egipto que empezó un movimiento de miles de personas en internet y culminó con 12 millones de egipcios derrocando un régimen dictatorial de décadas. Su testimonio me causó conmoción ya que comenta que una de las causas que lo movió a empezar el movimiento fue la matanza de otro joven masacrado en Alejandría por la policía.

Este hecho le afectó tanto ya que, como afirma Ghonim, esta persona bien podría haber sido su hermano, su amigo, o inclusive él.

Cada secuestro que se lleva a cabo es un secuestro a la nación e igual pudo haberle pasado a tu vecino que a ti o a tu familia. Así que tú decides, ¿qué prefieres; esperar a sentir el dolor o comprometerte? K

Efecto Acordeón: para experimentar un verdadero cambio en el país la élite política y empresarial tiene que empezar a sufrir el mismo dolor que la sociedad, y provocarse un movimiento social genuino que le imponga al Estado las reglas del juego.

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E N T R E V I S T A

EL ESTADO DE MÉXICO ES PRIMER LUGAR EN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: Carolina Monroy del Mazo K

Dr. Arturo Ancona García-López*

¿Cuáles fueron los retos más grandes a los que se enfrentó en su gestión y los logros que los acompañaron?

Nuestros principales retos han sido atraer inversiones que hagan que nuestra planta productiva sea cada vez más fuerte y diversificada y que eso permita crear los empleos suficientes y de calidad que los mexiquenses necesitan y merecen. En este momento el Estado de México está colocado en el primer lugar en atracción de inversión extranjera directa, sólo después del Distrito Federal, y en este sexenio se crearon 373 mil 964 empleos con seguridad social. Por otro lado, el número de unidades económicas creció 60%. El Estado de México es la segunda economía del país, ya que aporta 9.4% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).

¿Qué se debe hacer para eficientar la apertura de empresas y con ello fomentar el desarrollo económico?

Carolina Monroy del Mazo, Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México es mujer comprometida con su Estado al cual ha aportado trabajo, ideas y compromiso para el mejoramiento económico, cultural y social no sólo de la Entidad sino del país. Su visión de fortalecer a las empresas y su plan de acción ha consistido en realizar una profunda revisión de todo el esquema jurídico-administrativo del Estado con el fin de determinar qué condiciona, favorece u obstaculiza la inversión.

Ahora en la responsabilidad que desempeña como Secretaria de Desarrollo Económico, siendo la primer mujer en este cargo, su enfoque es trabajar para mejorar el entorno económicoempresarial del Estado, consciente de que su fortalecimiento necesariamente desembocará en un crecimiento del empleo y la generación de mejores condiciones de vida para los mexiquenses, lo cual es su principal preocupación. La Licenciada Monroy nos concedió una entrevista de la cual compartimos con nuestros lectores la parte sustancial.

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Mi primera tarea al frente de la Secretaría fue realizar un diagnóstico de lo que requerían las empresas para su apertura en los 29 municipios de mayor aportación al PIB del Estado de México.

Como resultado de la investigación y análisis encontramos que había políticas distintas de un municipio a otro y, por lo tanto, duplicidad de trámites en algunos casos. Esto nos indicó la necesidad de incorporar mejores prácticas empresariales en los municipios.

Para que en el Estado de México sea realmente fácil abrir, operar y ampliar una empresa, diseñamos el Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE), que por medio del portal Compromiso con tu Empresa ofrece a los empresarios una herramienta para realizar en línea, desde donde se encuentren y a cualquier hora, 14 trámites estatales y municipales para obtener la licencia de uso del suelo y el dictamen de impacto regional, con lo que se reduce el tiempo para este proceso de 60 a 16 días y, por lo tanto, se abaten traslados, costos y actos discrecionales. El objetivo del sistema es agilizar la gestión de trámites ante las dependencias que participan en el proceso, facilitar la recaudación en aquellos en que sea factible el pago en línea e

integrar expedientes electrónicos. El sistema es único en el país y permite vincular en línea los trámites municipales con los estatales; coordinar actividades entre las dependencias estatales que participan en el otorgamiento de permisos, licencias o dictámenes; vincular a los municipios para homologar y estandarizar criterios técnicos; compartir información, y contribuir en el proceso de transparencia.

La inversión que hicimos para el desarrollo de este programa fue de 40 millones de pesos aportados en partes iguales por el Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y la Secretaría de Economía, por medio del Fondo PyME. En su primera etapa, el portal funcionará en siete municipios: Toluca, Tlalnepantla, Metepec, Ixtlahuaca, Huehuetoca, Chalco y Teoloyucan, y se irá escalando conforme las autoridades municipales lo determinen.

Los trámites que integran el procedimiento de Impacto Regional, atribución a cargo del GEM, están al 100%, habilitando con ello los expedientes electrónicos, la firma electrónica y el pago en línea, disminuyendo a partir del próximo mes de 60 a 16 días los tiempos de gestión.

Adicionalmente, el programa incluye un Sistema de Información Georreferenciada en el que puede consultarse el uso de suelo de 118 municipios, y los empresarios pueden saber además el perfil demográfico y económico del lugar donde les interesa poner su negocio, lo cual les ayudará a tomar la mejor decisión.

El Sistema fue reconocido hace unos días con la Presea I+T Gob 2011 en la categoría de Innovación Gubernamental, un premio muy importante que otorga el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal A.C. (CIAPEM) a instancias públicas municipales y estatales por prácticas exitosas que se distinguen por la transformación innovadora de servicios con un alto valor agregado para la ciudadanía. El programa resultó ganador

entre otros 96 presentados por otros Estados, trabajos que fueron evaluados por expertos de instituciones como el Tecnólogico de Monterrey, la Universidad de las Américas, el Tecnológico Telmex y el Instituto Autónomo de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El organismo que nos entregó este reconocimiento es encabezado por los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, Presidente de la Asamblea General de Asociados del CIAPEM, y de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, Vicepresidente. Es respaldado además por la empresa Telmex.

definición de los trámites y gestiones que corresponden a cada ámbito de gobierno.

¿Qué medidas tomaron para fortalecer el desarrollo económico en el Estado?

También se creó la Ley de Uso de Medios Electrónicos, que posibilita el uso de la firma y los sellos electrónicos y la creación de un archivo electrónico, de tal manera que los actuales y futuros empresarios no tengan que recorrer innumerables oficinas públicas cargando cajas de archivo, trayendo y llevando documentos, sino que todo estará en un archivo electrónico.

Como abogada me fue instruida por el Gobernador la tarea de estudiar los marcos legislativos vigentes en el Estado de México relacionados con el desarrollo económico y la competitividad empresarial. Se planteó la necesidad de alinear las políticas públicas empresariales con el fin de contar con un marco legislativo adecuado y moderno, tanto para los municipios como para el gobierno del estado, que genere seguridad jurídica para los empresarios e inversión.

En este sentido, se presentó el Paquete Legislativo Bicentenario, en el que el Gobernador Enrique Peña Nieto envió un número considerable de reformas, y como resultado se promulgaron importantes leyes, entre las que destaca la de Fomento Económico, que da certeza jurídica a las inversiones; prevé incentivos para las empresas que tributen y generen empleos en la entidad, favoreciendo el desarrollo del mercado interno partiendo de condiciones especiales para las empresas certificadas mexiquenses, e incluye sanciones muy importantes para aquellos servidores públicos estatales o municipales que por acción u omisión obstaculicen la actividad empresarial. Se estableció un catálogo de 800 actividades empresariales con una muy clara

Adicionalmente, se creó la Ley de Mejora Regulatoria, que prevé la integración de comisiones municipales y una por supuesto de carácter estatal; cada una de ellas habrá de presentar anualmente, ante el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, los planes y programas de mejora regulatoria continua tanto de las dependencias del Gobierno del Estado como de los municipios; con el fin de evitar rezagos y disposiciones obsoletas.

En el ramo de la competitividad, la inversión en ciencia y tecnología en el Estado ha aumentado en 900%. En conjunto con la iniciativa privada y la academia, el gobierno estatal se encuentra preparando en las instituciones de educación superior a su cargo, a los especialistas, ingenieros y tecnólogos que la industria requiere, lo cual asegura para los estudiantes empleos de alta calidad.

Considerando que en el escenario de la economía global, en donde la sistematización de procesos y la optimización de recursos cobran valor, el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) representa una alternativa para lograr mejoras competitivas, por lo que este gobierno realizó el proyecto ejecutivo e inició la construcción del Tecnopolo Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, primer parque tecnológico dedicado a las TIC en la región centro del país, que fungirá como promotor de la innovación y cooperación entre el gobierno, la industria y la academia.

El Estado de México es la segunda economía del país, ya que aporta 9.4% del Producto Interno Bruto Nacional.

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En su primera etapa, el Estado y la Federación han invertido en el Tecnopolo Esmeralda 583 millones de pesos, y se prevé la creación de 12 mil nuevos empleos de alto valor agregado en los próximos cinco años. El Tecnopolo incluirá un soft landing en donde se aglutinarán pequeñas y medianas empresas de tecnología avanzada, que sean capaces de encontrar soluciones tecnológicas para la industria mexiquense y que incorporen a su planta de personal a egresados de las universidades de la Entidad.

Se trata de un proyecto de múltiples beneficios, entre los que destacan los empleos de calidad, mayor competitividad, impulso a la inversión y desarrollo e integración de sectores alternativos, como el de tecnologías verdes, energías limpias y recolección y reciclaje, los cuales representan oportunidades de investigación, desarrollo e innovación.

¿Cómo debe traducirse todo este esfuerzo legislativo y de inversión en los sectores productivos del Estado?

En primer término, se traduce en algo indispensable para que el Estado de México cuente con la confianza de los inversionistas: la certidumbre jurídica. De ahí se desprenden otras condiciones, como el que los gobiernos estatal y municipales sean verdaderos aliados de las inversiones, por medio, entre otras acciones, de la simplificación de trámites y de procedimientos.

En este sentido, está garantizado que en todas las dependencias del gobierno y de los ayuntamientos haya una continua mejora regulatoria, de manera que no existan obstáculos administrativos para la instalación y crecimiento de las empresas.

Con ello, desde luego, además de evitar el que los empresarios, por ejemplo, tengan que ir de ventanilla en ventanilla y pierdan dinero y tiempo, eliminamos actos discrecionales.

Algo también fundamental para la planta productiva que buscamos con estas acciones es contar con incentivos. De hecho, la ley prevé que se desarrolle un programa anual, como otro mecanismo de atracción de inversiones y de apoyo especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Los incentivos beneficiarán a negocios que cuenten con la certificación de Empresa Mexiquense.

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¿Cuál ha sido la respuesta del sector empresarial en la promoción de proyectos productivos en la Entidad?

Con el sector empresarial el GEM ha tenido una relación de permanente colaboración. Desde el principio de la administración, se estableció un diálogo constante y abierto entre una iniciativa privada bien organizada que planteó una serie de propuestas, y un gobierno que sabe escuchar, y no sólo eso, sino que tradujo las demandas empresariales en políticas concretas de impulso al desarrollo económico. Ello, junto con el intenso trabajo del gobierno estatal para generar las condiciones que los negocios necesitan para crecer, ha propiciado el interés y la confianza de las empresas en invertir en nuestro Estado.

SEMBLANZA

Carolina Monroy es Licenciada en Derecho con más de 29 años de

En lo que se refiere a inversión extranjera directa, en este momento nos ubicamos en el primer lugar entre todos los estado de la República.

Es decir, el trabajo conjunto de empresarios, trabajadores y gobierno ha dado como resultado que la entidad se consolidara como el mejor lugar del país para invertir.

experiencia en la administración

¿Cómo ha impactado la crisis económica nacional y mundial en la Entidad y cuáles son sus propuestas para que se atenúen sus efectos en la clase empresarial y en la comunidad mexiquense?

de Seguridad Social del Estado de

En este momento, como todo el mundo, estamos alerta respecto de cómo pudiera evolucionar la situación que, aunque es externa, sin duda tiene un impacto en las economías locales.

Así que estamos siendo cautelosos. A fin de que nuestra economía no se vea afectada permanentemente por los vaivenes que se presentan en otros países, especialmente en los Estados Unidos, estamos haciendo grandes esfuerzos, junto con la iniciativa privada, para fortalecer nuestro mercado interno. Una de las acciones que llevamos a cabo con este propósito es impulsar a los productores locales, mediante nuestro programa de Desarrollo de Proveedores, con el que los asesoramos y capacitamos para que incrementen su capacidad de producción y estándares de calidad, con el fin de que se integren a las cadenas de suministro de grandes firmas.

Su paso por estos importantes cargos

pública en su estado natal, el Estado de México. Fue Directora General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, además de haber ocupado la Dirección General del Instituto México y Municipios (ISSEMYM) y del Instituto Mexiquense de Cultura, entre otros cargos relevantes.

le han enseñado que su labor como servidora pública es la administración escrupulosa y transparente de los bienes y servicios del Estado. A pesar de las responsabilidades de la Lic. Monroy como servidora publica, es una mujer comprometida y ha logrado equilibrar su vida profesional y personal K

* Doctor en derecho especializado en propiedad intelectual, competencia desleal y telecomunicaciones aancona@ancona.com.mx

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PRESENTA EL RECTOR DE LA UNAM JOSÉ NARRO ROBLES PROPUESTA SOBRE

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA Consciente del compromiso ante la sociedad, la UNAM presentó el pasado lunes 8 de agosto una propuesta sobre Seguridad y Justicia, que constituyen las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, destacando la necesidad de celebrar un pacto político y social que permita reorientar a las instituciones con el objetivo de hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país.

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A

l presentar la propuesta, el Dr. José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios, afirmó que la Universidad Nacional tiene una gran responsabilidad en la búsqueda de una sociedad más justa, segura, libre, democrática, solidaria y más humana.

Desde la perspectiva académica, dijo, el proyecto que se entrega a la sociedad y a las autoridades, busca contribuir a una de las necesidades más apremiantes del país: fortalecer las instituciones, decidir colectivamente y actuar en consecuencia para resolver los graves problemas del pasado y del presente, para anticipar los del futuro, así como vigorizar el régimen democrático, el representativo y también el participativo, a fin de brindarle prioridad a la educación, a la ciencia, a la cultura y a los programas dirigidos a los jóvenes.

La UNAM no es ajena a los problemas que aquejan al país, afirmó el Dr. Narro, “porque le es imposible actuar con disimulo cuando la inseguridad y la injusticia amenazan a la población. No podemos” dijo, “cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos o, incluso, mudos. No es ese el papel que le corresponde a los universitarios del país. No es eso lo que le conviene a nuestra sociedad.

No es esa la forma como nos vamos a comportar. La historia lo registraría como desleal y equivocado.” Advirtió que pierden su tiempo quienes esperan que así actúe el rector y los universitarios, ya que la Universidad está dispuesta a responder con propuestas y acciones de beneficio colectivo. “Nuestra legislación nos lo autoriza y la conciencia nos obliga.”

Al construir la propuesta, señaló el Rector “sólo se pensó en México y en sus dificultades. No hay interés de generar enfrentamiento alguno, sólo proponer acciones para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención de sacar ventaja en favor de nadie y tampoco de promover protagonismos personales o institucionales. Pretendemos convocar y pedir el apoyo de todos los actores, invitar a que unidos y bien articulados, derrotemos juntos, al crimen, al delito y a la injusticia”. Conminó a todos los representantes del Estado a analizar el documento, a que asuman su responsabilidad, porque son los poderes públicos los que deben generar la política de Estado que hace tanta falta.

“La disyuntiva es clara: o somos capaces de celebrar el pacto social de base amplia que se propone en el documento, o fallaremos en nuestro cometido”.

José Narro reconoció la labor de quienes colaboraron en la elaboración del documento, entre ellos el doctor Jorge Carpizo, titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, así como de otros destacados juristas, integrantes de la comisión redactora como Sergio García Ramírez, Luis de la Barreda, Luis Raúl González Pérez y Guillermo Silva Aguilar.

Durante su participación en el solemne acto en que fue presentada la propuesta, el Abogado General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, comentó que durante la Conferencia Internacional se trataron temas trascendentes sobre la realidad que vive México, como la forma de enfrentar la inseguridad, de hacer justicia en democracia, que fueron la base para formular la propuesta de una política integral en materia de seguridad. Los trabajos permitieron, aseguró, conocer cuáles pueden ser las acciones para generar el cambio en la prevención del delito; proponer una política criminal, una reforma en los cuerpos policiacos; pero sobre todo, acciones diseñadas para los jóvenes. Reconoció el Abogado General que la creciente inseguridad pública y la expansión del crimen organizado han propiciado diversas expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación en materia de seguridad pública procuración y administración de justicia. Por eso, dijo, “la UNAM se suma a los movimientos sociales que desean contribuir a superar semejantes problemas. México requiere, dijo, a sus mejores hombres, a los ciudadanos de palabra y de acción verdadera, así como

a las instituciones integras para que juntos, se impulse la transformación y la construcción de una nueva realidad”.

La elaboración de esta propuesta sobre seguridad y justicia, señaló Luis Raúl González, demuestra que con la participación de la institución y de sus académicos, la UNAM expresa a la sociedad que sigue siendo un espacio donde es posible una discusión amplia, profunda, informada y plural de los grandes problemas nacionales: “es un testimonio de que, cuando hay voluntad política, es posible alcanzar consensos y buscar la unidad a partir de las coincidencias y el respeto a las discrepancias. La seguridad y la justicia son parte de los derechos humanos, como lo es la educación. En parte la democracia se sustenta en ellos como valores y como realidades.”

La propuesta presentada por el Rector Narro Robles a la opinión pública es un diagnóstico sobre la situación actual de México desde diferentes ángulos, fundamentalmente en seguridad y justicia, evidenciando que están cercadas y limitadas por el mal trabajo de las autoridades desde hace algún tiempo, principalmente en el ámbito municipal. Por eso, advierte que una propuesta de política de Estado, será estéril de no tomarse las decisiones y realizar las acciones contundentes en todos los ámbitos, desde el gubernamental y el privado se requieren para reducir la corrupción e impunidad. Se reproducen las propuestas de la UNAM en Seguridad y Justicia, de acuerdo a los temas planteados en la Conferencia Internacional:

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Impulsar la atención prioritaria a la violencia intrafamiliar y al • maltrato infantil.

Disponer de estructuras administrativas para atender a las • personas en el nivel municipal, por ser el ámbito más cercano a las

familias.

Atención a los conflictos interpersonales y comunitarios.

Promover los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos y abrir espacios de convivencia y conciliación.

• •

POLÍTICA CRIMINAL

Celebrar un pacto político y social de base amplia que permita • reorientar a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente

a la crisis de violencia que enfrenta el país.

La agenda de seguridad y de justicia debe asumir la responsabilidad de administrar su carga de trabajo y determinar prioridades.

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La política criminal debe enfocarse a la prevención del delito, • al abatimiento de la impunidad, a reducir el número de muertes y

de lesionados, a la preservación de la libertad, la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos patrimoniales; éstos deben ser el objetivo de una estrategia nacional.

El Estado debe orientar su política a obstaculizar la participación de las redes criminales mediante una fuerte estrategia de prevención.

Debe fijarse como meta el fortalecimiento del sistema de justicia penal y de policía, en particular de investigación, para que su función recupere sentido en una sociedad democrática. Es necesario detener la lógica de lealtad al superior jerárquico por encima de la lealtad a la ley y al sistema de justicia, objetivo intrínsecamente vinculado al montaje de robustos sistemas de rendición de cuentas.

La política criminal nacional debe poner sobre la mesa la relación funcional entre las entidades federativas y la federación en el control del crimen; debe abrir la discusión sobre la racionalidad de las sanciones que imponen las leyes penales en la actualidad; debe aspirar a limpiar la legislación penal de conductas cuya gravedad hace cuestionable el empleo de la ultima ratio (razón última) de la acción estatal; debe pronunciarse explícitamente sobre el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley, de modo que las sanciones mínimas y máximas se racionalicen a lo largo del territorio para este estrato social.

Generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos humanos.

Concentrar lo anterior en un buen diagnóstico, transparente, participativo e incluyente que defina la ruta y el problema que se enfrenta; que establezca los mecanismos de evaluación periódica.

Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos los mecanismos de rendición de cuentas, que sume los controles internos y externos y las estructuras innovadoras de auditoría ciudadana —por ejemplo, mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Auditoría Civil de las Policías—.

Establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación del daño para sus familiares, generando una legislación específica.

Transformar a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y sus análogos en las entidades federativas y en el DF, en verdaderos órganos constitucionales autónomos, plenamente responsables de sus actos, que no dependan de ninguno de los tres poderes públicos, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción, la impunidad y mejorar la rendición de cuentas.

Diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que le son naturales tan pronto como sea posible.

Emprender una evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos locales de la Judicatura, a cargo de una instancia externa e independiente, con la participación de académicos y profesionistas especializados, que de manera autónoma, objetiva, imparcial y completa aborde el impacto que ha tenido el desempeño de dichos consejos desde su creación, como mecanismo para combatir la corrupción, fomentar la independencia y la profesionalización de los funcionarios del poder judicial. Como consecuencia de esta evaluación, cada Consejo debe comprometerse a implantar los planes de fortalecimiento pertinentes para cumplir su labor con eficacia.

• • •

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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN

El empleo de la fuerza pública, con apego absoluto al Estado • constitucional democrático de derecho, debe estar presente como

un instrumento indispensable de la lucha contra la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada.

Debe procurarse aumentar la seguridad humana y ciudadana de las personas.

El enfoque de la prevención social de la violencia y la delincuencia busca promover la generación de una cultura de la prevención para incidir sobre los contextos de riesgo –sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos— que propician o agravan la violencia y la actividad delictiva. En dichos contextos se pretende que la prevención contribuya a modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, así como los valores culturales donde se promueve un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos equitativos, habitables, seguros y libres de violencia.

• •

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

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Basarse en la evidencia científica y, por tanto, apoyar la investigación • en este campo que permita adaptar los modelos a las condiciones

cambiantes y proponer nuevas medidas más eficaces y eficientes.

Organizar los diversos enfoques de desarrollo humano y social, de género, seguridad ciudadana y cohesión social, para que tengan una fuerte implicación comunitaria, de proximidad y local.

Adoptar un foco amplio que incluya desde la prevención universal hasta la reincorporación del adicto a la sociedad.

Fortalecer al Consejo Nacional de las Adicciones y a los Consejos Estatales Contra las Adiciones para que cumplan de la manera más adecuada con las funciones para las cuales fueron creados.

Debe favorecerse la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores a reconocer la necesidad de dejar de consumir, o bien, a reconocerse adictos y solicitar tratamiento, y finalmente para habilitar a los terceros que forman parte del entorno del adicto.

La intervención debe ser también selectiva, dirigida a los grupos más vulnerables y en quienes la brecha entre sus necesidades de atención, la prevención y el tratamiento son más amplios y contemplar un componente de desarrollo social.

El paradigma debe cambiar para incluir la prevención de la violencia urbana y del crimen, y reconocer el lugar que tiene el hábitat en una estrategia de prevención de adicciones.

Consolidar un sistema nacional de tratamiento y asegurar el acceso universal a los servicios.

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FORO JURÍDICO

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Diseñar un programa de política social, que favorezca la enseñanza y • el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a reconocer la conveniencia de abandonar el consumo o bien a reconocerse como adictos y solicitar tratamiento, que incluya en el mismo a los terceros que forman parte de su entorno.

POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD

Generar un Subsistema Nacional de Distribución y Comercialización • Juvenil que propicie el desarrollo de una cultura emprendedora entre

los jóvenes, mediante el establecimiento y operación de empresas juveniles y sociales.

Establecer una Defensoría de la Juventud, sin gran aparato administrativo, pero en condiciones que permitan su operación efectiva, en coordinación con una red institucional que desde todas las dependencias de gobierno, articule sus programas que oriente, asesore y defienda en los ámbitos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo a los jóvenes que tengan problemas en los mismos.

•

MODELO POLICIAL Impulsar mecanismos mediante educadores populares no formales • en el barrio, parlamentos de jóvenes para que discutan y hagan conocer

sus perspectivas.

Otorgar atención psicosocial a los docentes y a los padres para que puedan fungir como apoyo en la inserción de la juventud en la comunidad.

Establecimiento de una política de reclutamiento, selección, Los programas sociales enfocados en la juventud deben formularse formación y promoción con una visión desde múltiples disciplinas, teniendo especial cuidado en la participación de los destinatarios en su que incluya innovaciones técnicas policiales y métodos pedagógicos diseño. La participación de los jóvenes en la elaboración de programas avanzados. impulsa su permanencia.

Es necesario el desarrollo de la coordinación institucional de Dar seguimiento a las acciones instrumentadas por la CONAGO en seguridad y policía. la campaña nacional de inserción masiva de los jóvenes en espacios Contar con condiciones laborales adecuadas y sistemas de educativos y laborales. supervisión, evaluación, indicadores del desempeño y mecanismos de Establecer programas formulados con un enfoque multidimensional rendición de cuentas eficaces y eficientes. Hacer realidad la carrera civil que reconozca la heterogeneidad de los jóvenes, que contemplen en ambas profesiones. espacios y foros para su expresión y que los vinculen con el desarrollo Favorecer la reinserción social de la figura del policía, propiciando de su comunidad, fungiendo como instancias de contacto para la su acercamiento con los ciudadanos en particular y con la comunidad atención de sus inquietudes y para brindarles orientación cuando así en lo general. lo requieran.

Generar programas específicos para propiciar la permanencia CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, así como proporcionarles insumos que los preparen para su vida laboral. Para tal efecto, se deberían fortalecer los programas de becas para la enseñanza media superior y superior, así como generar un programa de seguimiento estudiantil.

Rediseñar las políticas de empleo para enfatizar la importancia del nexo escuela-trabajo y de la formación y actualización profesional que propicien la efectiva inserción laboral de los jóvenes sin precarizar sus condiciones de trabajo y vida. Para Integrar unidades de inteligencia financiera y de este propósito es necesaria la participación efectiva y investigación patrimonial en las diversas entidades el compromiso no sólo de las instancias de gobierno del país, en todas las policías federales y las fuerzas sino también de los sectores empresariales y de las armadas. organizaciones de trabajadores.

Intensificar las relaciones interinstitucionales en la Generar políticas integrales que fomenten la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, en la PGR, la estabilidad en el empleo y la capacitación real y SIEDO, el SAT, en sinergia con los servicios de aduanas, efectiva de los trabajadores al contemplar acciones la SSP Federal, la Secretaría de la Función Pública, el tales como el establecimiento de estímulos fiscales INM y otros. a aquellas empresas que contraten jóvenes y que Es necesario un registro mercantil detallado con datos procuren en forma objetiva, real y verificable la completos de accionistas, en particular las personas capacitación de sus trabajadores y su vinculación físicas que controlan y que se benefician de cualquier con programas de productividad que generen persona jurídica. beneficios mutuos a las partes involucradas en la Deben incluirse también los fideicomisos y las relación laboral. entidades sin fines de lucro para que apliquen estándares Luis Raúl González Pérez FORO JURÍDICO 23

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Fortalecer el papel del Congreso de la Unión como mecanismo de • control democrático de las tareas de seguridad, que sea ampliando

Son los poderes públicos los que deben generar la política de Estado que nos hace tanta falta en Seguridad y Justicia con el debido cuidado y proporcionen información que les sea requerida durante investigaciones patrimoniales.

Los servicios que reúnan inteligencia financiera deben montarse en un sistema adecuado de coordinación interinstitucional con la policía y los fiscales, de manera que se puedan aprovechar los reportes de operación inusual o sospechosa del sistema financiero, entre otros.

Acelerar la producción de datos patrimoniales en el contexto de la información proporcionada por los reguladores del sistema financiero, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y otros.

La lucha contra el lavado de dinero debe priorizarse y fortalecerse con infraestructura y capacidad humana. La persecución de este delito merece al menos la misma atención presupuestal y de centralidad en la política pública que la referente a los cuerpos de policía.

Medir en forma objetiva y publicar la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero.

Insertar a las instituciones de inteligencia en una legislación que establezca los fines de los servicios que proporcionan las diversas instancias; que comprenda con mayor claridad su estructura, los mecanismos formales para su coordinación y las herramientas claras de su responsabilidad política y jurídica, así como su operación desde el enfoque local hasta el regional y el nacional.

•

la profesionalización del personal de apoyo de los legisladores que participen en el Consejo de Seguridad Nacional, incrementando las reglas sobre su transparencia, o emprendiendo un proceso amplio y participativo para reformar el estatuto del personal de seguridad e inteligencia.

Es necesario fortalecer las relaciones entre instituciones y autoridades civiles y militares mediante la participación de civiles en academias militares y organismos de diálogo y colaboración. Para ello, es también indispensable promover la transparencia en el aparato de seguridad del gobierno.

Es indispensable que cualquier reforma legislativa en materia de seguridad pública o de seguridad nacional tome en cuenta la necesidad de preservar íntegramente, sin concesiones ni desvíos, el marco democrático en el que debe operar el sistema de seguridad y justicia penal.

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REINSERCIÓN SOCIAL

• • • •

SISTEMAS DE INTELIGENCIA

Se precisa de un sistema de inteligencia estratégica coordinado • por el jefe de Estado, cuyo instrumento puede ser el CISEN. Es necesario formar profesionales civiles de defensa, conocedores • del presupuesto y de la planeación de la política militar, y capaces de fungir como puentes de comunicación entre los mandos militares y civiles.

Atender la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional, por ejemplo, incorporando al esquema de inteligencia a la SRE.

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FORO JURÍDICO

Resolver las causas directas e indirectas de ingreso a las prisiones • sin segregar el sistema penitenciario de la sociedad.

Elaborar un diagnóstico objetivo, imparcial e integral del sistema • carcelario mexicano con una metodología única, de conformidad con

estándares internacionales.

Contemplar la prisión preventiva sólo para los delitos graves, y sólo con fines de protección a la sociedad, readaptación y reinserción.

Revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal.

Debe diseñarse un sistema penitenciario regulado por normas mínimas, procedimientos y protocolos de operación.

La reclusión para jóvenes sólo debe ser un recurso extremo del Estado, nunca el primero.

Fortalecer la capacidad de las comisiones de derechos humanos para supervisar las prisiones.

Es preciso adoptar, en forma inmediata, las medidas conducentes a restablecer el orden y el imperio de la ley en todos los reclusorios para adultos y menores de edad.

Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas, como la administrativa.

Transformar los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles, sustentados en el adecuado nombramiento de los procuradores, la creación de los Consejos del ministerio público y de la policía de investigación, la existencia de una verdadera carrera ministerial, la autonomía presupuestal y la autonomía técnica de los fiscales, para combatir la corrupción, la impunidad y alejar a esta importante función de cualquier consideración política.

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SEGURIDAD EN LAS FRONTERAS

No sólo se sugieren y recomiendan acciones inmediatas a cargo de instancias ajenas a la UNAM, también se propone en el contexto de la UNAM el compromiso de apoyar, dentro de los alcances que son propios de la misma, la concreción de las acciones antes sugeridas, así como emprender en forma directa las siguientes: Promover la creación de un mecanismo formal en el seno de la • Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para diseñar un sistema nacional de vinculación para la investigación y el desarrollo en materia de seguridad y justicia.

Proponer un mecanismo de colaboración entre la ANUIES y las secretarías de Educación Pública federal y estatales, para promover contenidos educativos y mecanismos participativos de los estudiantes de los niveles básico, medio y superior, coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia. Además, se sugiere implantar en la UNAM programas similares de carácter interactivo en su Museo de las Constituciones.

Poner en marcha en la UNAM un programa piloto especializado en áreas de seguridad y justicia, con gobiernos y comunidades involucrados en políticas y programas inspirados en los principios de la nueva política de Estado.

Crear en la UNAM el Programa Universitario de los Derechos Humanos, que incluya las áreas de seguridad y justicia.

Impulsar en la UNAM la discusión sobre la política referente a drogas en México a través de un foro amplio que permita evaluar los costos y las consecuencias de diversas políticas sobre la regulación del consumo de drogas. Esta discusión debe incluir las posiciones de sectores diversos, así como la experiencia de distintas latitudes para obtener una visión de política plausible e integral.

Crear en el Museo de las Constituciones un programa sobre el conocimiento de las Constituciones Mexicanas, en especial la actual, basado en el fortalecimiento de valores éticos laicos como la tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, dirigido a toda la población, pero con énfasis especial para niños y jóvenes K

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La política de seguridad en la frontera sur debe ser la colaboración • efectiva entre las naciones colindantes con México para: (I) facilitar la expedición de una visa de tránsito para migrantes que cruzan hacia la frontera norte; (II) fortalecer los mecanismos de protección hacia las personas que migran por México rumbo a Estados Unidos; y (III) estrechar la cooperación en los mecanismos ya existentes en materia de inteligencia.

En la frontera norte es importante que la colaboración internacional se dé en un marco de mutuo entendimiento sobre las expectativas y necesidades de seguridad de cada una de las partes.

Ofrecer claridad sobre los límites en el tiempo y el alcance de las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Convocar a las instituciones de educación superior y a sus organizaciones a emprender acciones que generen mayores y mejores esquemas de vinculación con la sociedad y el Estado para la investigación, desarrollo de contenidos educativos y mecanismos participativos coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia a la que se aspira.

Proponer la convocatoria a una Cumbre Internacional para valorar el problema de los migrantes y lo que alrededor del fenómeno se desarrolla, así como sobre el problema del narcotráfico, las drogas, el lavado de dinero y la trata de personas.

Convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines.

Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo cual México está obligado al haber reconocido su competencia contenciosa, tal y como lo ha reconocido la SCJN.

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Necesitamos un Pacto Político y Social que permita reorientar a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia FORO JURÍDICO

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Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ES ROMPER CON VIEJOS PARADIGMAS: ROSA ISELA JURADO CONTRERAS K

Marco A. Ríos

• Hay que iniciar una nueva relación entre víctimas e instituciones • Mayor transparencia en la procuración e impartición de justicia 26

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El juez será una de las principales figuras en la recomposición del sistema ya que tomará decisiones en relación a las pruebas presentadas, tanto de la parte acusadora, como de la defensa; esto dará mayor transparencia a sus funciones y permitirá un control horizontal de la información que se hace llegar a los impartidores de justicia. Rosa Isela Jurado, Magistrada

Penal

del

Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, considera que bajo la presunción de inocencia —principio con el cual ya se opera en Chihuahua-, se dará fin a una de las tentaciones y vicios existentes en las policías y Ministerios Públicos:

provocar

la

autoincriminación de la persona

acusada;

por

lo que será necesario además, crear una cultura compatible con el derecho penal garantista.

L

a prueba científica se convierte hoy en la herramienta indispensable para vencer la presunción de inocencia con el nuevo modelo procesal, advirtió la Magistrada Jurado, durante su participación en el Diplomado Nuevo Sistema Penal Acusatorio-Oral, organizado por la Universidad Ius Semper, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia del DF y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Destacó también que brindar mayores elementos en la consolidación de la justicia penal, ayudará a fortalecer una de las principales anclas del nuevo proceso: dictar un fallo condenatorio más allá de toda duda razonable.

La Magistrada comentó las experiencias vividas en el Estado de Chihuahua, primer Estado del país que instauró integralmente el nuevo proceso penal, incluso antes de que se plasmara en la Constitución General de la República y que fuese obligatorio para el resto de las entidades.

Reconoció que al principio la reforma causó mucha expectativa porque cuando se le dio publicidad, se creyó que el cambio de modelo procesal iría de la mano con la erradicación del fenómeno de la delincuencia organizada, lo cual no es verdad. Por eso, conminó a las autoridades en los Estados en donde está por aplicarse la reforma, a ser cuidadosas en la forma en que se publicite el modelo nuevo, porque de ninguna manera se eliminará el problema de la delincuencia en su totalidad, lo que sÍ proporciona, es una sistema de justicia penal más transparente, ágil y garantista.

medidas cautelares, condiciones, salidas alternas, así como sanciones nuevas en donde intervienen varias dependencias quienes ahora deben voltear sus ojos al derecho penal, porque es indispensable tener conectividad con la actuación de jueces y relacionarlo con la operatividad de la reforma para funcionar y no convertir el proceso en letra muerta. En Chihuahua tuvimos la experiencia de ser los primeros, hubo una reforma integral al sistema de justicia penal, que no estuvo ajena a los obstáculos, los tropiezos y por supuesto, en lo que respecta a temas relacionados con los Juicios de Amparo. En la actualidad hay algunos criterios que incluso están a punto de resolverse por el Poder Judicial Federal, pero avanzamos y estamos creando una nueva cultura en relación a este modelo nuevo que tiene que ver con el sistema integral de justicia penal, no nada más con el modelo acusatorio.”

Abundó la Magistrada Jurado sobre los tres principios relacionados con cualquier modelo que responda coherentemente a una justificación y lógica intra-sistémica: a) No hay un delito sin una ley escrita; no hay delito si no hay una ley estrictamente aplicable; b) El principio de retroactividad. No tiene sentido crear delitos para sancionar conductas del pasado; c) Los principios de interpretación; tiene que ver con la certeza y la seguridad de la resolución.

Éstos se convierten, destacó, en la clave para operar del nuevo sistema penal acusatorio. Sobre todo, porque policías y MP están obligados a respetar las reglas del proceso para constituir los elementos de prueba ante el tribunal oral Reconoció que en Chihuahua el periodo de que serán revisados desde la vinculación a socialización fue muy escaso e incluso de una proceso, incluso tal vez, desde la detención forma privada, porque se realizó en ciertos del inculpado o al formular una imputación. espacios burocráticos, motivo Resaltó que estos órganos por el cual no se comunicó dejaron de tener el control de al resto de la población con los datos que cooptan durante la intensidad que debió su intervención. “Ya no es ser. Apuntó que la reforma necesario acudir a los tribunales El Juez será una requiere forzosamente contar de amparo para hacer reclamos. con un impacto presupuestal de las principales figuras Los datos y las pruebas que el muy intenso, “no sólo en Ministerio Público aporte al en la recomposición el área de la procuración o Juez estarán también en poder administración de la justicia; de la defensa.” Esto permitirá del sistema penal. también en los departamentos la creación y capacitación para involucrados con la educación la instauración de protocolos pública y con finanzas. Sobre necesarios en la recaudación todo, detalló, porque existen de evidencia e información por

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ASISTENTES AL DIPLOMADO

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PONENTES DEL DIPLOMADO EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO ORAL Entre los destacados magistrados y especialistas que participaron se encuentran:

Lic. Moisés Robles Cruz

Dr. Germán Castillo Banuet El Nuevo Sistema Acusatorio Oral

Dr. Samuel González Ruiz Proyecto de Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales 30

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Lic. Fernando Guerra Vázquez Dr. Jairo Hernando Sánchez Funciones de los Operadores del Nuevo Sistema

Mgdo. Miguel Ángel Aguilar y Mgdo. Jorge Ojeda Velázquez Régimen Especializado en Delincuencia Organizada y La Función Jurisdiccional en el Nuevo Proceso

Isabel Miranda de Wallace El Papel de la Sociedad Civil en Materia de Seguridad Pública y Justicia

Diana Cristal González Obregón Implementación del Nuevo Sistema Acusatorio-Oral en el DF

parte de la policía en primera abogado civil con uno penal, instancia (ya no de forma pueden hacer buen equipo; desordenada) que entregará El nuevo sistema penal sólo requerirán tomar cursos al representante social. “Esas de entrenamiento porque no está concebido para las habilidades ya las tienen, entrevistas las examinará el MP, quien determinará qué le sirve adecuarlas con este erradicar la delincuencia necesitan para realizar una declaración tipo de acercamientos.” más formal. Las policías deben en su totalidad, sino registrar y documentar, no En lo que respecta a para proporcionar una tomar declaración; de hacerlo evidencias, Rosa Isela resultarán nulos los datos sobre Jurado comentó que éstas las entrevistas; es mínima su justicia más transparente, pueden ser evaluadas, tanto intervención. No me parece algo por organismos públicos, ágil y garantista del otro mundo que se obligue como privados. Los primeros a las policías a hacer las cosas conciernen a la PGR y los bien.” En caso de existir una segundos a las universidades. prueba material, se instaura La defensa entonces puede lo que se denomina cadena de custodio y se optar por el que mejor le convenga aunque es observan sobretodo, los derechos de algunas necesario tomar en cuenta que el diagnóstico personas que son sospechosos o que se le será puesto a prueba durante la audiencia impute el hecho delictivo, a quienes no se les por la contraparte. Recordó que en el nuevo podrá realizar ningún tipo de muestras sin su sistema penal existe la figura de los Acuerdos consentimiento. De hacerlo, éstas no servirán Probatorios, en donde se brinda la opción a las como prueba en un juicio oral. partes en conflicto de no presentar pruebas que en un momento dado no aportan nada al proceso Para que el modelo funcione correctamente con y sólo llevarían al desperdicio de recursos. relación a la operación del MP y las policías es necesario una nueva estructura o racionalidad del actuar de ambas instituciones; lo cual no significa dañar la antigüedad o los derechos tanto de los agentes como de los elementos.

Por eso, apuntó la magistrada, se requiere implementar pruebas de confianza o de habilidades para detectar a todos aquellos que posean las características requeridas dentro del nuevo marco de trabajo de la justicia. Retomó el tema de la Audiencia Intermedia, la cual, señaló, es clave en este nuevo modelo procesal por ser el momento en que se decide cuándo un asunto se vaya a juicio oral. “Aquí se sabe cuál prueba va a ser producida para la audiencia de juicio. Lo que se vio en la entrevista de declaraciones ante los jueces eso quedó en el pasado. Lo único que va a ser prueba y lo dice la Constitución es lo que se produzca en la audiencia de debate ante los jueces del tribunal oral.”

Las herramientas denominadas Refresco de Memoria durante los litigios orales en Chihuahua causaron en un principio ciertos problemas durante los juicios. Los jueces se percataron que la defensa no sabía usarlas; ante ello la defensa pública entraba en auxilio de la particular. Por eso advirtió que en los interrogatorios se requiere de técnica y entrenamiento; “quienes se han dedicado a los asuntos civiles tienen mucha habilidad para interrogar en asuntos penales pero les falta el plus de manejar el lenguaje. Si se pueden juntar un

En el modelo de Chihuahua el tribunal oral lo integran tres jueces, que son quienes dictan colegiadamente las sentencias, expresando en forma sintética cada uno de ellos, las razones o argumentos que motivan su decisión del fallo condenatorio y la individualización de las sanciones. Es decir, existe un fallo condenatorio pero no hay pena, por lo cual se va a audiencia para la individualización de la pena, en donde las partes argumentan en relación al castigo a imponer, incluida la reparación de daño. Luego citan para audiencia de lectura de sentencia.

Esta situación, comentó la magistrada, es la que más confunde porque no se sabe en qué momento paralizar el procedimiento cuando hay un amparo; la solución que propuso podría ser detenerlo cuando las partes hayan realizado sus alegatos de clausura. Explicó que para implementar los juicios orales en la Entidad se decidió la participación de tres jueces porque se entendió, en una proyección que se hizo con reingeniería y proyección en el futuro inmediato, que sólo llegarían a esta instancia los asuntos que no pudieran ser resueltos a través de alguna opción alternativa, que en teoría no deben ser más del 20%. Los delitos que atendería el tribunal serían a partir del homicidio simple, incluidos violación, secuestro y asociación delictuosa en materia local.

En cuanto a la figura del Juez de Ejecución, la Magistrada Jurado mencionó que el sistema de Chihuahua uno de los tres jueces del juicio oral se encarga de esta materia, lo que es viable, indicó, ya que es facultad de los jueces pronunciarse sobre las penas desde el dictado de la sentencia hasta la posible modificación de penas. “Ellos se dividen la tarea de esa forma.

Hay un juez presidente, quien dirige la audiencia; toma las decisiones, controla la disciplina. Un segundo es el relator de la sentencia es el que generalmente toma nota de casi todo lo que pasa; el tercer integrante es el encargado de la ejecución de las sanciones penales. Los tres deciden si la persona es responsable y las penas que deben purgar. En Chihuahua, señaló, no tenían la reforma constitucional de 2008 cuando se decidió crear la figura de Jueces de Ejecución.

Era parte del proceso que debía ser judicializado para estar bajo el resguardo de autoridad judicial y quitarlo de las manos del Ejecutivo. Cuando se dio la oportunidad de la reforma, se creó la Ley de Ejecución de Penas; nosotros no tuvimos problemas para que los jueces del juicio oral sean los encargados de ejecutar las penas.”

Finalmente, reconoció el esfuerzo de las autoridades judiciales y estatales para la capacitación del personal. Al respecto, apuntó que hubo apoyos de diferentes instituciones, tanto nacionales, como extranjeras; “fueron más de tres meses en los cuales el personal se separó de sus funciones; luego de un examen filtro, continuaron con su instrucción la cual fue más intensa, en donde se contó con la presencia de especialistas provenientes de varios países, entre ellos Chile, Inglaterra, EU y Colombia, de acuerdo con las áreas especializadas. La preparación permeó a Ministerios Públicos, policías y posibles operadores. Los jueces entraron a un concurso de donde al ser seleccionados, algunos como orales y otros de garantía, fueron ocupando los espacios conforme se aplicó el modelo en los diferentes distritos judiciales” K El Diplomado sobre El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral fue organizado por la Universidad Ius Semper, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia del DF y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.

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REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN Al ser promulgada el pasado 9 de julio la reforma a varios artículos de la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos (1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105) que entre otros, permite el control difuso de la Carta Magna por parte de todo tipo jueces —locales y federales—, en el foro jurídico nacional y en la academia se desató un amplio debate sobre el tema, con posiciones extremas que van desde quien opina que esta nueva situación —aderezada con la resolución de la SCJN en el Caso Rosendo Radilla—, generará anarquía y mayores niveles de impunidad, hasta los que sostienen que se dio un gran paso hacia la modernización de nuestro sistema jurídico nacional, poniéndonos al parejo, en este tema, de los países más desarrollados.

La polémica arreció al conocerse —el pasado 8 de agosto—, que un magistrado local en Nuevo León aplicó el mencionado control difuso en una sentencia que declaró inconstitucional un precepto del Código Penal local, decretando la libertad de tres policías al revocar un auto de formal prisión que conoció mediante un recurso de apelación. El citado juzgador local es el Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, quién hizo llegar a Foro Jurídico un artículo en el que funda y defiende su resolución, que constituye el primer fallo en el país en donde se aplica el control difuso de la Constitución por parte de un juzgador no federal, mismo que ponemos a la consideración de nuestros lectores.

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COMENTARIOS EN TORNO A LA PRIMERA SENTENCIA LOCAL CON CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD K

Mgdo. Carlos Emilio Arenas Bátiz* El pasado 8 de agosto de este año, dicté la que resultó ser la primera sentencia del país en la que un juez local desaplica una norma legal por considerarla inconstitucional.

Sentencia de la cual a continuación comentaré algunos aspectos, con el propósito de incluir a un mayor número de interesados en el debate que se ha suscitado sobre diversos aspectos del control difuso de constitucionalidad en México.

1.- FUNDAMENTO DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD El primer aspecto que quisiera comentar, es el relativo a cuál considero que es el fundamento de la facultad de los jueces locales para desaplicar normas inconstitucionales.

En estos días he escuchado opiniones en el sentido de que el control difuso en México carece aún de fundamento y que no estará autorizado sino hasta que la SCJN formalmente interrumpa o deje sin efecto las jurisprudencias históricas que prohíben el control difuso. Sin embargo, mi opinión es que las jurisprudencias que prohibían el control difuso, quedaron sin efecto en virtud de la reforma Constitucional publicada el 10 de junio de 2011, y que precisamente estas reformas son el fundamento que autoriza a

los jueces para que en las sentencias que dicten, desapliquen al caso concreto las normas que consideren inconstitucionales.

En efecto, es cierto que la jurisprudencia de la SCJN históricamente había prohibido a los juzgadores locales realizar control difuso de la Constitucionalidad, porque “sólo el Poder Judicial de la Federación puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no tiene intervención alguna la justicia local en la defensa jurisdiccional de la Constitución aun en el caso del artículo 133 de la misma, en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone a los juzgadores la obligación de preferir a la Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la contraría, ya que, de acuerdo con los artículos 103 de la ley suprema y primero de la Ley de Amparo, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, es de la competencia exclusiva

de los Tribunales Federales de Amparo, y los tribunales locales carecen en absoluto de competencia para decidir controversias suscitadas con ese motivo”. 1 Pero también es cierto que una jurisprudencia, por más firme e histórica que sea, queda sin efectos cuando el legislador hace una reforma sustancial a los preceptos que aquella interpreta. Precisamente por esta razón, la jurisprudencia relativa al control difuso de constitucionalidad, que hacía una interpretación sistemática2 entre otros de 1 Vid. Tesis con el rubro Control Difuso de la Constitucionalidad de las Leyes, así como la tesis Control Difuso de la Constitucionalidad de Normas Generales. No lo Autoriza el Artículo 133 de la Constitución (No. Registro: 193435.tesis P./J. 74/99, jurisprudencia) 2 La interpretación sistemática, impide darle a una norma un sentido que resulte derogatorio de otras normas, de tal manera que nunca fue sistemático invocar los artículo 103 y 105, para dejar desprovisto de todo significado a la parte final del artículo 133 constitucional.

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los artículos 103, 105, y 133 de la Constitución, quedó sin efectos cuando a esta ecuación Constitucional, formada por los preceptos antes citados, se le agregaron otras normas que fueron adicionadas a la Carta Magna por decreto del 10 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Destacando entre las nuevas normas Constitucionales que inciden en el tema, el artículo 1° que ahora establece en sus primeros párrafos, lo siguiente: “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Para instaurar el control difuso en el país, no se requiere que la SCJN reinterprete el artículo 133 Constitucional y consolide una nueva jurisprudencia que interrumpa a la que prohibía el control difuso. Más bien lo que se requiere es simplemente aplicar el nuevo artículo 1° Constitucional, que obliga a “todas las autoridades”, en el ámbito de sus competencias, a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Siendo la principal competencia de los jueces la de dictar sentencias, resulta entonces que, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Federal, están facultados y obligados a que sus sentencias sean conformes con los Derechos Humanos previstos tanto en la Constitución

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como en los tratados internacionales. Incluso, yo diría que la Suprema Corte, en su sesión plenaria del día 12 de julio del año en curso, cuando por mayoría se pronunció en el sentido de que el control difuso estaba autorizado para los jueces locales, no hizo una nueva reflexión o una reinterpretación de los mismos los artículos 103, 105 y 133 Constitucionales, que ya había interpretado en la jurisprudencia que prohibió el control difuso; sino que estos artículos los interpretó, pero ahora en unión del artículo 1° recién aprobado por el Constituyente Permanente, y concluyó que la Carta Magna, precisamente por la adición de este último precepto, ahora establecía un nuevo modelo de control de constitucionalidad. Literalmente la Corte dijo lo siguiente: “POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS COSSÍO DÍAZ, FRANCO GONZÁLEZ SALAS, SALDIVAR LELO DE LARREA, VALLS HERNÁNDEZ, SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ORTIZ MAYAGOITIA Y PRESIDENTE SILVA MEZA, se determinó que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511. Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 1°, 103, 105 y 133, de la Constitución Federal, propuesto por el señor Ministro Cossío Díaz, es en el sentido de que: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Y 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos.”

Así pues, para mí, el control difuso de constitucionalidad rige en el país a partir del 10 de junio, por voluntad del Constituyente Permanente. También es determinante para considerar que en México rige el control difuso de constitucionalidad, el criterio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó en la sentencia dictada en septiembre de 2006, para resolver el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, y que reiteró en la sentencia que en noviembre de 2009, dictó contra el Estado Mexicano, para resolver el Caso 12.511.

Rosendo Radilla Pacheco, en el sentido de que todos los jueces de los países suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estaban obligados a ejercer, incluso de oficio, el control de convencionalidad, esto es, desaplicar cualquier norma de derecho interno que fuere contraria a los Derechos Humanos previstos en la citada Convención.

Sería absurdo reconocer que los jueces locales están obligados al control difuso de convencionalidad para desaplicar normas legales contrarias a los Derechos Humanos previstos en la citada Convención; y al mismo tiempo declararlos impedidos para ejercer el control difuso de constitucionalidad, no obstante que ambos custodian prácticamente los mismos Derechos Humanos.

2.- CAUSAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA Otro tema relevante a comentar, es el relativo a las causas por las cuales consideré como inconstitucional el artículo 224, fracción V, del Código Penal del Estado de Nuevo León, en el cual se tipifica uno de los denominados delitos cometidos en la administración y procuración de justicia. Precepto éste, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 224. Se impondrán las sanciones previstas en este Capítulo a los servidores públicos, empleados o auxiliares de la Administración y Procuración de Justicia y de los Tribunales Administrativos, que cometan alguno de los siguientes delitos: …

V.- No cumplir una disposición que legalmente

se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello” Pues bien, para mí el precepto anterior es inconstitucional porque es contrario al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que establece el derecho humano a la legalidad penal, en los siguientes términos: “Artículo 14…En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”

Derecho Humano a la legalidad penal, del cual se derivan por lo menos tres principios o mandatos de jerarquía Constitucional, que legisladores y jueces deben cumplir en materia penal. Siendo estos, los siguientes: a) Principio o mandato de taxatividad; b) Principio o mandato de determinación, y; c) Principio o mandato de reserva legal.

Se puede “denominar mandato de ‘determinación’ a la exigencia emanada del derecho a la legalidad penal para que el legislador describa de manera clara y precisa las conductas prohibidas y sus consecuencias jurídicas, y mandato de ‘taxatividad’ a la exigencia dirigida al juez para que se abstenga de aplicar las normas penales a los casos que no vengan expresamente previstos en las mismas, más allá del sentido literal posible.” 3 Mientras que “La reserva de ley para el establecimiento de los delitos y las penas es una exigencia del Estado de derecho… que expresa la exigencia de mantener en las manos del legislador la potestad de establecer los delitos y las penas.” 4 Ya lo dijo Beccaria, en su obra clásica De los delitos y de las penas, que “sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social” 5 Esto es, el legislador es soberano en decidir qué conductas penaliza o despenaliza, por lo tanto la reserva de ley no es una garantía de “contenido”. Pero la Constitución sí limita la forma o procedimiento al establecer que sólo las leyes pueden decretar delitos. Atento a lo anterior, estaría afectada de indudable inconstitucionalidad, una norma penal que

delegara a cualquier autoridad distinta del legislador, la delimitación de las conductas prohibidas delictuosas. Y esto es precisamente lo que hace, el citado artículo 224, fracción V, del Código Penal local, pues este artículo delega al servidor público jerárquicamente superior, en las áreas de Procuración y Administración de Justicia, la facultad de dictar disposiciones cuyo incumplimiento por parte del inferior jerárquico, constituiría un delito. El referido artículo 224, fracción V, es una ley penal en blanco, que autoriza a los servidores públicos de jerarquía superior, por ejemplo, de la Procuraduría General de Justicia, del Poder Judicial del Estado, o de los Tribunales Administrativos, para que sean ellos los que dicten las disposiciones cuyo incumplimiento será delito. Lo cual está prohibido por la Constitución Federal, pues ningún poder o persona puede decretar delitos, ni siquiera por delegación legislativa, pues sólo el Poder Legislativo puede hacerlo.

Si validáramos como constitucional al referido artículo 224, fracción V, tal cosa implicaría darle a un servidor público el poder antidemocrático de dictar órdenes cuyo incumplimiento sería delito sancionado con pena de prisión.

Así, el superior competente podría ordenar “mañana la hora de entrada es a las 7:00 a.m.” o “este documento debe terminarse hoy”, y el empleado inferior jerárquico tendría que enfrentar la cárcel si no cumpliera a cabalidad tales disposiciones.

En el caso concreto resuelto por la sentencia del 8 de agosto, el Ministerio Público hizo consistir la desobediencia de los inculpados, en que estos portaban equipo de radiocomunicación (Nextel) distinto al que les fue proporcionado oficialmente para el desempeño de su cargo.

Conducta ésta que, junto con otras como “presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio o comisión, sin causa justificada”, o “faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique”, o “realizar colecta de fondos o rifas durante el servicio” y otras varias de mayor gravedad; están previstas en la Ley de Seguridad Pública Para el Estado de Nuevo León (arts.158 y 218), como conductas prohibidas para los policías, cuya realización ameritaría alguna de las sanciones

disciplinarias que la propia Ley de Seguridad prevé (apercibimiento, amonestación, arresto, cambio de adscripción, suspensión temporal, inhabilitación, destitución). Pero aun siendo la referida conducta de portar equipos “Nextel” no autorizados, una desobediencia a las órdenes del superior competente, y una infracción administrativa que amerita sanción disciplinaria, sin embargo, dicha conducta no puede ser constitutiva de delito, simple y sencillamente porque el legislador –único autorizado para establecer los delitos— no la ha descrito de manera taxativa en un tipo penal determinado.

Con razonamientos análogos a los anteriores, la SCJN ha declarado la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales, por violar el principio Constitucional de reserva de ley en materia penal. Como opiniones que difieren de considerar inconstitucional al referido delito previsto en el artículo 224, fracción V, del CPNL, he oído las de aquellos que consideran que este delito es semejante a otros cuya constitucionalidad no está cuestionada, y que sancionan a los gobernados por desobedecer a las autoridades administrativas o judiciales.

Por ejemplo, el delito de quebrantamiento de sellos, que penaliza la conducta de desobedecer la orden de clausura impuesta por una autoridad administrativa (art. 189 CPNL), o el delito que sanciona al particular que desobedece la medida de vigilancia impuesta por la autoridad judicial, consistente en prohibición para conducir vehículos automotores que requieran licencia para conducir (art. 180, fracción I, CPNL). Sin embargo en mi opinión, estos últimos delitos sí cumplen con los mandatos constitucionales de reserva legal, de determinación y de taxatividad, pues no penalizan la desobediencia de una orden cualquiera o indeterminada de autoridad administrativa, sino que se refieren a la desobediencia de órdenes administrativas o judiciales específicas, que el propio legislador ha determinado en el tipo penal (vgr. desobedecer una clausura, un orden judicial de arraigo, o una medida de vigilancia).

INZUNZA CÁZARES, Enrique. La exacta aplicación de la ley penal y el mandato de determinación. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2009, pp. 60-61.

Ibídem, p. 66 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas, trad. De las Casas, Madrid, Edit. Alianza, 1993, pp. 30 y 31. Citado por INZUNSA, ob. cit., p. 66

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3.- REGLAS PROCESALES DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Otros diversos temas que han suscitado un interesante debate, giran en torno a cuáles deberían ser las reglas procesales para el ejercicio del control difuso en México.

Particularmente se debate si éste deberían ejercerlo los jueces locales, de oficio o a petición de parte; y si las sentencias que éstos dicten haciendo interpretación constitucional, deberían ser revisadas por el PJF, de oficio, o a petición de parte agraviada. Por cuanto hace a si los jueces locales, de oficio o sólo a petición de parte, deben estudiar si las leyes que aplicarán al caso concreto sometido a su juzgamiento, son o no conformes con la Constitución y las demás normas supremas del país, como tal es el caso de los tratados internacionales que garantizan Derechos Humanos. Debe decirse que sobre esto pueden encontrarse varios modelos posibles en el derecho comparado de los cuales al menos tres distintos rigen en México, que serían los siguientes: 1.- A petición de parte, la desaplicación de normas inconstitucionales que los magistrados federales pueden hacer en un amparo directo promovido contra alguna sentencia en la que se hubiere aplicado precisamente una ley con vicios de inconstitucionalidad. Me refiero aquí al denominado amparo directo contra leyes, qué más que un medio de control constitucional de leyes, es un medio de control de constitucionalidad de sentencias, equiparable al control difuso de constitucionalidad a cargo de los jueces locales. En cambio, el amparo indirecto sí es propiamente un medio de control de constitucionalidad de leyes, aunque con efectos relativos pues únicamente beneficia al quejoso.

2.- Es de oficio y también a petición de parte, la desaplicación de normas inconstitucionales que deben hacer los juzgadores federales, ya sea en el amparo directo contra sentencias o en el amparo indirecto, siempre y cuando la ley aplicable al caso haya sido previamente declarada como inconstitucional por la jurisprudencia de la SCJN. Así lo establece

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el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo.

3.- Es de oficio y también a petición de parte, la desaplicación de normas contrarias a los Derechos Humanos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que deben hacer todos los juzgadores mexicanos en el marco de sus respectivas competencias. Así lo ha determinado la CIDH, en diversos precedentes, y específicamente en el Caso 12.511. Rosendo Radilla Pacheco, dijo que en México “el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias”. No se omite mencionar que en México, el control de convencionalidad ya ha sido ejercido por varios tribunales, ya sea a petición de parte o de oficio.

Ahora bien, de los tres modelos anteriores, me parece que lo más conveniente para el control difuso de constitucionalidad en México sería que éste tuviera las mismas reglas que el control difuso de convencionalidad.

Esto es, que ambos se puedan ejercer de oficio. De otro modo, si se adoptaran para el control difuso de constitucionalidad, reglas procesales que lo encarecieran, entonces los juzgadores locales terminaríamos eludiendo el control difuso de constitucionalidad, y aplicando en lugar de éste el más accesible control difuso de convencionalidad. De hecho, esto fue lo que hizo la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, en el caso Hank Rhon, pues para eludir la jurisprudencia de la Suprema Corte que establecía que el “tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para pronunciarse sobre inconstitucionalidad de leyes”, el referido tribunal electoral lo que hizo fue que la norma legal la confrontó con lo dispuesto en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, para concluir la desaplicación de aquélla por ser contraria a éstos. Esto es, el Tribunal Electoral logró desaplicar una norma legal contraria a un Derecho Humano, pero evitando confrontar la norma con la Constitución (pues esto se lo prohibía la SCJN), y en lugar de esto confrontó a la norma de derecho interno, con los tratados internaciones ratificados por México.

Considerando esta experiencia, opino que si se encarecieran las reglas del control difuso de constitucionalidad, se correría el riesgo de que la SCJN pierda entre los jueces locales su liderazgo en materia de derechos humanos, asumiendo dicho liderazgo la CIDH. Sobre el segundo de los puntos procesales a debate, esto es, si las sentencias que los jueces locales dicten haciendo interpretación constitucional, deberían ser revisadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), mi opinión categórica es que todas las sentencias en las que los jueces locales hagan interpretación constitucional, sí deben poder ser revisadas por el PJF. Los tribunales federales, y particularmente la SCJN son y deben seguir siendo los custodios finales de la Constitución, y la instancia que homologue en todo el país la interpretación de nuestra Carta Fundamental.

Hasta antes del 10 de junio pasado, en el modelo de control concentrado de constitucionalidad que regía en el país, el PJF era la única instancia que podía dejar de aplicar al caso concreto, una norma inconstitucional. En este esquema, los juzgadores que integramos los poderes judiciales locales, cuando identificábamos que la norma legal aplicable al caso era inconstitucional, de cualquier modo estábamos obligados por la jurisprudencia de la Corte, a aplicar la referida norma inconstitucional.

Esto es, a resolver en contra de la Constitución y en perjuicio del justiciable quien debía luego promover Juicio de Amparo contra nuestra sentencia, para lograr así que la justicia federal lo salvara de la inconstitucionalidad y corrigiera el error de los jueces locales. “La Suprema Corte es tan celosa en la defensa de la Constitución, que no permite que nadie más la defienda”. Esta fue la divisa que provocó el esquizofrénico modelo mexicano, según el cual debían regir simultáneamente, un moderno Estado Constitucional de Derecho, garantizado por el PJF, y un decimonónico Estado Legal de Derecho, garantizado por los poderes judiciales locales.

Pero en el modelo de control difuso de la constitucionalidad, que rige en el país desde el 10 de junio, el PJF, ya no debe ser más la única,

aunque sí la última y definitiva instancia en materia de interpretación constitucional.

Queda clarísimo que el PJF debe actuar como controlador último de la interpretación constitucional en México.

Un tema que sí requiere de mayor estudio, es definir si dicha revisión o control a cargo del PJF, lo deberá hacer la jurisdicción constitucional, de oficio o a petición de parte. Si fuera de oficio, esto significaría que los juzgadores locales automáticamente deberíamos remitir a los juzgadores federales, para su conocimiento y control, toda resolución que emitiéramos ejerciendo control difuso de constitucionalidad. Si fuera a petición de parte, dicha remisión la haríamos sólo en aquellos casos en que al menos uno de los justiciables hubiera promovido el respectivo juicio de amparo. En este último supuesto, habría que asegurarse que todas las resoluciones definitivas de los juzgadores locales, en donde se hubiera ejercido el control de constitucionalidad, fueran susceptibles de impugnarse en amparo.

La sentencia ejerciendo control difuso de constitucionalidad, dictada el pasado día 8 de agosto, es una sentencia penal absolutoria, la cual de acuerdo con los criterios de jurisprudencia tradicionales, no puede ser impugnada por el Ministerio Público vía amparo, y menos aún si se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de un precepto penal, y tampoco puede ser materia de una controversia constitucional, pues éstas no proceden contra resoluciones jurisdiccionales. Situación ésta, que pone en evidencia una laguna en el nuevo modelo de control difuso de constitucionalidad, la cual deberá ser resuelta vía jurisprudencial o mediante reforma legal.

4.- PERCEPCIÓN POLÍTICO-SOCIAL DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Me refiero por último a ciertos comentarios sin importancia jurídica, pero relevantes desde el punto de vista político y social,

que se han generado a partir de la primera sentencia local que ejerce el control difuso de constitucionalidad.

En primer término, está la preocupación del foro de abogados en el sentido de que a partir de la entrada en vigor del control difuso de constitucionalidad, se generará un gran caos, pues todos los miles de juzgadores locales que hay en la República, desaplicarán normas legales a tal grado que se desdibujará la certeza jurídica. Sobre este punto yo comentaría que tal preocupación carece de fundamento. En realidad, no debe esperarse que haya una lluvia de desaplicaciones, pues son excepcionales las normas legales cuya inconstitucionalidad sea franca, y no sólo aparente de tal manera que pueda ser salvada con una interpretación conforme. Como ejemplo de esto, se podría citar el caso del Estado de Coahuila, en donde el denominado “control difuso de constitucionalidad local”, está autorizado desde el año de 2001, y en estos diez años prácticamente no ha habido casos de desaplicación de normas por inconstitucionalidad local.

Otra preocupación es la relativa a si los juzgadores locales estamos preparados técnicamente para hacer interpretación constitucional. Una vez más, el argumento de incapacidad, inmadurez, o falta de independencia de los juzgadores locales, al cual ya se refirió Venustiano Carranza al presentar el proyecto de la Constitución de 1917. Pero frente a este argumento, hay que responder que si los juzgadores locales –aceptando sin conceder— no tienen la madurez para ejercer esta nueva atribución, pues menos la tendrán si nunca se les da la oportunidad de enfrentar esa responsabilidad.

Relegar y menospreciar a los tribunales locales, ha quedado demostrado que no es el remedio, sino la causa que ha retrasado su desarrollo por más de un siglo.

Finalmente resulta interesante la opinión de aquellos que frente al poder de un juez para desaplicar una norma legal inconstitucional producida por el poder legislativo, reaccionen desacreditando al juez, porque éste, a pesar de no haber sido designado en una elección popular democrática y de carecer del respaldo

de los partidos políticos, bloquea o dificulta la observancia de la voluntad mayoritaria que el legislador expresó en la ley. Comentario que pone en evidencia la necesidad de difundir aún más la idea moderna de que los jueces son garantes, no sólo de la ley, sino de todo el Derecho, incluyendo las normas jurídicas supremas (previstas en la Constitución y los tratados internacionales) que imponen al legislador el límite de no aprobar leyes que sean contrarias a los Derechos Humanos.

Si el juzgador advierte que una norma de la ley, aunque exprese la voluntad política mayoritaria, es sin embargo violatoria de los Derechos Humanos de unos pocos o incluso de uno solo de los gobernados, debe entonces dejar de aplicar la referida norma, para hacer respetar la Constitución que es la máxima garantía de los débiles, frente a los poderosos y las mayorías. Esto es, si el poder legislativo falla en la observancia de la Constitución, el Poder Judicial no debe fallar. En las democracias modernas, la Constitución y los derechos que ésta garantiza, deben ser el cauce por el cual efectivamente se conduzca la política y toda la vida social.

Nadie puede negar que al control difuso de constitucionalidad en México, le falta mucho para consolidarse, y no podría ser de otra manera, pues acaba de nacer. Pero es mi convicción que esta importante institución jurídica, madurará en poco tiempo, con la actuación prudente de todos los juzgadores mexicanos, y bajo el liderazgo jurisprudencial de la SCJN K

*Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

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ALEJANDRO LUNA RAMOS NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL

Por una amplia mayoría de votos, el Magistrado José Alejandro Luna Ramos fue electo Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para el periodo 2011-2015, al haber culminado su encargo la Magda. María del Carmen Alanís Figueroa. Al rendir la protesta del cargo, el Mgdo. Luna Ramos se pronunció por una reorganización institucional conjunta con todos los integrantes del órgano judicial y dar mayor relevancia a la labor jurisdiccional de las seis Salas del Tribunal, destacando la importancia de vigorizar la autoridad institucional y abrir al máximo sus puertas a la transparencia y supervisión de la opinión pública, académica y de expertos.

Señaló también el nuevo Presidente del TEPJF que los siete magistrados que integran el pleno se avocarán con ahínco a tres cuestiones esenciales: a) reforzar el aspecto jurisdiccional, b) vigorizar la austeridad institucional, y c) abrir al máximo de sus capacidades la transparencia en beneficio de la ciudadanía. Con ellas se busca establecer el mejor Tribunal Electoral que puede tener cualquier Nación como instrumento al servicio de la justicia y de los mexicanos. “Esa es nuestra meta y es lo que este gran país merece.”

Su mensaje se enfocó en tres personajes

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clave del trabajo propio del organismo; sus compañeros, los actores de las elecciones y la sociedad civil. A los primeros, les manifestó que trabajará para ganarse su confianza incluidos los dos magistrados que no votaron por él (Flavio Galván Rivera y María del Carmen Alanís), y ocuparse juntos, en el establecimiento de las directrices del tribunal. A sus colegas de las Salas Regionales les manifestó su apoyo y solidaridad, así como amplio respeto a sus criterios jurídicos y autonomía. “Sepan desde ahora que nunca trabajaré de manera individual, y que espero el auxilio de cada uno de los integrantes de este órgano en cada una de las actividades institucionales a realizar.”

Señaló que presentó un dossier con documentación administrativa, el cual confía sea la base para que en conjunto, se forme un programa de reorganización institucional basado en los temas y áreas que deban ser priorizadas.

“Seguiremos nuestro impulso fundamental de dar la mayor relevancia al aspecto jurisdiccional, que es la causa principal de la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto por cuanto hace a la Sala Superior, como por lo que respecta a sus cinco Salas Regionales.”

Luna Ramos se dirijió a los actores del proceso electoral que está a punto de iniciar, mencionado que el organismo se encuentra preparado para afrontar los retos que habrán de presentarse; que se reafirmarán o perfeccionarán los

criterios jurídicos sustentados por la institución de manera que haya plena seguridad para los justiciables, y que el Derecho será interpretado de acuerdo a las nuevas orientaciones del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.

Garantizó que las puertas estarán abiertas a la supervisión no sólo de los órganos del Estado, sino de la opinión pública, al igual que de los académicos y especialistas en la materia, ya que la transparencia es uno de los objetivos que buscan consolidar.

Finalmente, a la ciudadanía le manifestó que la institución está comprometida para desempeñarse en el respeto de los derechos político-electorales de los mexicanos, incluidos todos los grupos marginados.

“Buscaremos, sin detrimento de la calidad en el servicio público, y en la dignidad del trabajo del personal de este Tribunal, que se ejerzan los recursos públicos precisamente dentro de los límites de la prudencia y con la máxima austeridad republicana que debe regir a todo juzgador. No tengan ninguna duda de que a pesar de las fatigas y dificultades que se nos presenten habremos de llevar a buen puerto el conjunto de los procesos electivos, nacionales y locales, que se someterán a nuestra jurisdicción.”

SEMBLANZA • Egresado de la Escuela de Derecho de Chiapas.

• Cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. • Maestría por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en la Ciudad de México.

• Diplomado en el VI Curso de Posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Universidad de Salamanca, España.

• Posee una carrera de 40 años en el Poder Judicial de la Federación.

• Catedrático en universidades como La Salle, Iberoamericana, Anáhuac campus sur, Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La Asociacion Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionoistas, A.C. Extiende una sincera felicitación al

MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

Por su designación como Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deseándole éxito en su nueva responsabilidad El Consejo Directivo.

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ASEGURAN A LOS JÓVENES EN CHIHUAHUA ACCESO TOTAL AL SISTEMA EDUCATIVO Chihuahua, Chih.- Con el propósito de erradicar en la entidad el fenómeno de jóvenes sin educación formal, el gobierno de Chihuahua implementó una cruzada para atender la demanda educativa en la entidad y garantizar un espacio en las diferentes instituciones educativas a las nuevas generaciones mediante un programa de becas y orientación vocacional. De esta forma, mediante la canalización e información sobre las oportunidades que brindan escuelas como los Colegios de Bachilleres, se pretende dar una cobertura del 100% en las escuelas de nivel media superior y superior. El Gobernador César Duarte Jáquez anunció que próximamente se creará el Instituto Estatal de Crédito Educativo, organismo que analizará los casos de forma particular para ofertar diversos esquemas de financiamiento para los jóvenes.

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izo un llamado a quienes no tienen posibilidades económicas para acercarse al Colegio de Bachilleres o a la Secretaría de Educación a fin de conocer los programas de becas que se brindan y aseveró que ningún joven con deseos de estudiar debe quedar fuera por falta de recursos. Explicó que tan sólo este año se abrieron ocho nuevos planteles de Colegio de Bachilleres, con lo cual la institución en la actualidad cuenta con 19 escuelas y cuatro extensiones. “Anunciamos la cobertura universal, todos y cada uno de los espacios de educación media superior que los chihuahuenses aspiren a tener, existen. Tenemos una solicitud de 33 mil 556 jóvenes para ingresar a la atención de nivel medio superior en todos los municipios de Chihuahua y en este momento existe la capacidad instalada de 35 mil 651 espacios, es decir, tenemos 2 mil 95 sitios disponibles”.

César Duarte detalló que en los municipios de Juárez, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, la cobertura está al 100%, mientras que en Chihuahua existen 278 espacios disponibles, 101 en Delicias, 394 en Parral, 520 en Cuauhtémoc, 342 en Camargo y 460 en Jiménez. “El Estado de

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Chihuahua tiene capacidad instalada en 66 de los 67 municipios para ofertar educación en el nivel medio superior”. Explicó que solamente Riva Palacio carece de infraestructura, no obstante se tomaron las medidas para solucionarlo a finales del 2011. Aseveró que es fundamental que en cada municipio existan los espacios suficientes para consolidar su oferta educativa, sobretodo articular la formación académica con su actividad y demanda laboral. “Nos parece fundamental que esta estrategia al inicio del periodo escolar sea útil, no podemos darnos el lujo de tener espacios ociosos, ni dejar con la impotencia a los padres o frustración a los jóvenes por no haber obtenido un lugar. El reto de mi gobierno es ofertar espacios educativos dignos para tener una sociedad que vaya evolucionando adecuadamente”. Dijo que en este plan de trabajo la Universidad Intercultural en Guadalupe y Calvo, jugará un papel muy relevante. Comentó además, que el gobierno ofreció terrenos que formaban parte de las reservas del Estado y llevó a cabo alianzas a fin de allegarse de recursos económicos para alcanzar una cobertura total en educación. “No hay privilegio más grande como gobernador que tener la posibilidad de consolidar un nuevo espacio educativo.”

Gobernador César Duarte Jáquez El gobernador resaltó que a diferencia de otras entidades del país que cuentan con un subsidio por parte del Gobierno Federal, la entidad invierte anualmente siete mil millones de pesos en educación. El Gobernador hizo un llamado a quienes ya se habían resignado a no estudiar este semestre por no haber sido admitidos en la institución que deseaban, para que se pongan en contacto con Colegio de Bachilleres o la Secretaría de Educación, para que los informen y orienten sobre las posibilidades existentes. También conminó a todos aquellos que dejaron truncos sus estudios por cualquier motivo, a acercarse para analizar las posibilidades de continuar con su preparación y elevar paulatinamente el nivel educativo integral de todos los chihuahuenses.

Al referirse a educación profesional, comentó que más del 60% de la matrícula de la Universidad de Guachochi son indígenas, aspecto que resultaba impensable hace algunos años. Exhortó a los jóvenes a no pensar únicamente en estudiar las carreras que normalmente presentan una

El Gobernador dio a conocer que en breve se informarán los resultados de un estudio sobre el nivel educativo y los ingresos de los chihuahuenses. En él adelanto, se reflejará la condición de problemas sociales para poder poner mayor énfasis en la oferta educativa, que debe ser un pilar y una palanca absolutamente necesaria para consolidar la nueva realidad de Chihuahua.

No es fácil para una universidad como la de Ciudad Juárez doblar más del 100% de su ingreso normal, sobre todo cuando se busca fortalecer la calidad educativa, ya que se privilegia la calidad para mantener la cobertura universal que merecen los juarenses. “Está resuelta la primaria, la secundaria, la preparatoria y con el nuevo esquema la educación superior para todos los jóvenes que pretendan estudiar”, manifestó.

En todo el Estado se abrirán diez nuevas universidades tecnológicas, de las cuales tres serán en este año y siete más durante el 2012.

mayor saturación; advirtió que existen grandes profesiones, sin embargo, no generan empleo y en ocasiones son seleccionadas por status social.

Existen algunas con una altísima demanda, pero con un bajo índice de oferta laboral; por eso refirió: “Debemos de replantear que cada profesionista que salga de alguna carrera tenga un empleo que lo dignifique y lo hagan sentir bien, promover que exista identidad con las actividades laborales”, expresó el mandatario.

César Duarte comunicó los acuerdos suscritos con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, así como otras instituciones privadas para garantizar la cobertura educativa superior en la entidad. Detalló que el 95% de los jóvenes ingresará a escuelas públicas, mientras que el restante lo hará en privadas; con el convenio se otorgarán becas, previo estudio socioeconómico, a los estudiantes que lo requieran; éstas serán tripartitas, en la que el gobierno, las instituciones y los padres de familia, pondrán el 33%. “No habrá un solo joven que se quede sin espacio de educación superior.”

El mandatario chihuahuense destacó que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez duplicó en más del 100% su ingreso normal de estudiantes lo cual dará entrada a poco más de seis mil jóvenes durante el nuevo semestre. En el caso de la Universidad Tecnológica de Juárez tiene 2 mil 800 nuevos espacios para quienes deseen estudiar y también se ampliaron en escuelas como el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Duarte Jáquez señaló que el esfuerzo en materia educativa es un reflejo de la unidad y la decisión para tomar acciones que benefician directamente a la población.

“Podemos decir, con cifras tangibles, que el 100% de los jóvenes de Ciudad Juárez tendrá ingreso a la educación de bachillerato y el 100% de quienes aspiren a ingresar lo harán de manera firme, sólida y con ello mantener su preparación media superior.”

El Director General del Colegio de Bachilleres, José Luis García Rodríguez, precisó que para el siguiente semestre realizaron examen de admisión 15 mil 353 jóvenes, de los cuales se aceptaron 13 mil 818, cifra que significa el 90% de quienes presentaron solicitud y se tuvo una aceptación de 4 mil 800 más que el año anterior. En cuanto al desglose por región, explicó que se aceptaron 5 mil 816 alumnos en Chihuahua, 5 mil 404 en Juárez, 320 en Parral, donde aún hay espacios, al igual que en Delicias en donde se admitieron 335 alumnos. En Cuauhtémoc se aceptaron 330 alumnos, 423 en Camargo, 147 en Ahumada, 353 en Jiménez, 397 en Nuevo Casas Grandes y 106 en la extensión de Casas Grandes y en la extensión de Balleza, se admitieron 87 alumnos.

Ningún joven con deseos de estudiar debe quedar fuera por falta de recursos

Por instrucciones del Gobernador, se abrieron 800 nuevos espacios en Juárez y 632 en Chihuahua para jóvenes que originalmente no habían quedado dentro de la institución.

Asimismo, añadió que en total, en este semestre, el Colegio de Bachilleres abrirá con 33 mil 184 alumnos del sistema escolarizado y 8 mil 530 del sistema de enseñanza abierta, para un total de 42 mil 714 estudiantes K

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FERNANDO RANGEL RAMÍREZ Nuevo Director General de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en el Distrito Federal 42

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l pasado 13 de julio se llevó a cabo la Asamblea de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales de la 3ª Región, son sede en el DF, eligiendo por unanimidad a la nueva directiva que encabeza el Juez Fernando Rangel Ramírez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el DF, quien presentó un programa de trabajo en el que destaca lograr la unidad de jueces y magistrados federales sin distinción de cargo o materia; para ello, mencionó el nuevo Director General, convocará a sus compañeros a participar en todas las actividades que organiza la asociación. Se trata, dijo al rendir protesta, “de que los compañeros asuman y comprendan que la Asociación somos todos los magistrados y jueces, y no sólo la mesa directiva.”

La meta del Juez Rangel Ramírez es lograr la unidad, pues sólo de esa forma se puede emprender una real y eficaz defensa por los intereses que son comunes a los impartidores de justicia. “Estamos convencidos que entre el trabajo conjunto de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito será el factor determinante en la mejora de nuestra situación en todos los sentidos, desde el aspecto salarial como en temas de seguridad social y personal.” Para alcanzar este ideal, es muy importante, señaló, la colaboración plena de todas las directivas regionales y la nacional, por lo cual, se establecerá contacto permanente con los compañeros directivos a fin de plantear y llevar a cabo las acciones conducentes con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y lograr beneficios en los que también participen todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Consciente de que uno de los problemas que enfrentan es que un sector pequeño de la población sabe y entiende cuál es la función del Poder Judicial, se avocará a implementar una campaña para difundir la cultura jurisdiccional a toda la población; un primer acercamiento será con estudiantes de las escuelas de nivel básico y medio superior a quienes compartirán sus experiencias y forma de trabajo.

Asimismo, enfatizó el Juez Rangel, continuarán con los ciclos de conferencias en las cuales convocarán cada vez a más compañeros Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. “Se pretende que cada vez más colegas participen activamente con la Asociación, para ello haré personalmente las invitaciones pertinentes a cada uno de ellos para que intervengan con sus trabajos y ponencias en todas las actividades.

Así, la meta a lograr es la unidad, pues sólo de esa forma se puede emprender una real y eficaz defensa por los intereses que nos son comunes.”

Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCJDPJF) CARGO

NOMBRE

CARGO

Juez Magistrada Magistrado Juez Magistrado Magistrada Magistrado Magistrada Magistrada Magistrado Magistrado Magistrada Magistrada Magistrado Magistrado Juez Magistrado Magistrada Magistrado Magistrada Magistrada Juez Juez Juez Juez

Fernando Rangel Ramírez Carolina Pichardo Blake Víctor Francisco Mota Cienfuegos Guillermo Campos Osorio Benito Alva Zenteno Guadalupe Olga Mejía Sánchez Rolando González Licona Edna Lorena Hernández Granados Luz Delfina Abitia Gutiérrez Arturo Iturbe Rivas Francisco Javier Sandoval López Elisa Jiménez Aguilar María Del Carmen Sánchez Hidalgo Héctor Arturo Mercado López Humberto Manuel Román Franco Martha Estrever Escamilla Sergio Pallares y Lara María Del Rosario Mota Cienfuegos Neófito López Ramos Ana María Serrano Oseguera Lilia Mónica López Benítez Josefina Del Carmen Mora Dorantes Reyna Rafaela Franco Flores Luz María Ortega Tlapa Rodolfo Sánchez Zepeda

Director General Subdirectora General Suplente Director de Organización Suplente Director de Finanzas Director de Registro Suplente Director de Comunicaciones Suplente Director Jurídico Suplentes

Director de Cultura Suplente Director de Relaciones Suplentes Director de Publicaciones Suplente Director de Eventos Suplente

TRAYECTORIA JUEZ FERNANDO RANGEL RAMÍREZ • Licenciado en Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM. • Oficial Judicial y Actuario en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

• Actuario Judicial y Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

• Secretario del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

• Actualmente es Coordinador de Jueces de Distrito en Materia Civil en el DF. • Catedrático en las Maestrías de Derecho de Amparo y Derecho Familiar en la Universidad de Tepantlato y de Amparo Indirecto Civil y Jurisprudencia en la Universidad Ius Semper.

• Catedrático en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Actualmente cursa el diplomado denominado “Acciones Colectivas”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal.

• En la ANMCJDPJF, 3ª Región, se ha desempeñado como Director de Relaciones, Organización, Finanzas y Subdirector General K

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“MÉXICO, A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN INDUSTRIAL”: DR. JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

José Rodrigo Roque es Director General del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Cuenta con maestría en Derecho Fiscal, y en Finanzas Públicas y Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de París, así como un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, entre los que destacan: Subprocurador de Verificación de PROFECO, Director Jurídico de la Dirección General de Derechos de Autor, y Director General de Legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, entre otros. Antes de ser designado como titular del IMPI, ocupó el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Dr. Arturo Ancona García-López* La economía y crecimiento de un país están relacionados con el número de patentes que registran, pero también es importante la Propiedad Intelectual (PI) que protege y promueve la innovación y cultura en cualquier nación. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), junto con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), son las instituciones encargadas de proteger la PI en nuestro país.

En 1994, el Instituto fue nombrado como la autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confirieron en la Ley de la Propiedad Industrial algunas atribuciones, entre las que destacan: • Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales.

• Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.

• Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

ENTREVISTA

“La Propiedad Industrial tiene un valor intrínseco en el impulso financiero para cualquier país” Este mes, para el Foro de Propiedad Intelectual, tuvimos el honor de entrevistar al Director General del IMPI, el Doctor en Derecho, José Rodrigo Roque Díaz, mexicano comprometido, quien a pesar de haber tomado la responsabilidad en abril pasado, está realiza un arduo trabajo por el mejoraramiento del organismo para eficientar los procesos de registro y, en general, de protección industrial. El directivo, consciente del desarrollo tecnológico, señaló que los conceptos tradicionales de propiedad se han modificado de forma sustantiva, ya que empieza a insertarse en un nuevo modelo o régimen intangible; es decir, en el caso de las empresas, hoy se considera que su valor no se encuentra en la maquinaria, sino en el patrimonio intangible, en gran medida constituido por la PI. Reproducimos a continuación, para los lectores de Foro Jurídico, la parte sustancial de esta interesante entrevista.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN QUE VIVE NUESTRO PAÍS EN TEMAS DE INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL? El tema de innovación es central para el desarrollo económico de México, y justamente la PI juega un papel fundamental porque es la posibilidad que tienen los sectores sociales y productivos de encontrar mejores caminos para su crecimiento. La innovación no tendría ningún valor si no fuera asegurada por la PI que no sólo es un tema crucial en la defensa del Estado de Derecho y un mecanismo para estimular la creatividad, sino que al final tiene un valor intrínseco en el impulso financiero de cualquier país.

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, O INTELECTUAL, EN LA VIDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS?

El Protocolo de Madrid es un instrumento multilateral con el cual, mediante un solo tramite, se puede obtener un registro de marca ante alrededor de 90 paises del mundo.

Cada vez que nos levantamos y escuchamos música en el radio, o vemos un programa de TV, vemos contenidos protegidos por el Derecho de Autor. También los equipos electrónicos cuentan con protección de la PI y eso se debe a que hubo personas que innovaron, generaron contenidos, desarrollaron tecnología y encontraron un resguardo a su trabajo. También está asociado a empresas que se dan a conocer y se diferencian de compañías similares a través de las marcas, protegidas por la PI, para lograr un crecimiento y un posicionamiento. Es decir que todo el andamiaje jurídico llega al final al ciudadano común. Gracias a que existe protección a la inventiva, se genera más innovación y con ello mayor crecimiento para todos.

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“MÉXICO A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN INDUSTRIAL” FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN DEL IMPI EN EL CORTO PLAZO? En la actualidad me enfrento a dos retos: el primero, dar continuidad a un excelente trabajo que se ha dado en el Instituto, el cual nos ha hecho ser reconocidos y respetados a nivel mundial; y el segundo, encontrar las ventajas de oportunidad para mejorar en la parte interna y en los servicios que se prestan.

La idea es afinarlos para resolver con mayor eficacia las cuestiones de fondo, sobre todo mejorar el funcionamiento desde el punto de vista jurídico en cuanto a la emisión de criterios, fundados y motivados, no sólo para otorgar registros, sino también para resolver los conflictos.

¿PODRÍA SER VÁLIDO SOLICITAR LA COLABORACIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL O EL TRIBUNAL FISCAL PARA QUE AUXILIEN AL IMPI EN RESOLVER CONFLICTOS DE FORMA MÁS EXPEDITA EN TEMAS DE LO CONTENCIOSO? El IMPI tiene una peculiaridad: no es común encontrar una institución administrativa que, además de otorgar registros, intervenga como árbitro o juez en la resolución de conflictos. El Instituto, al aplicar la ley, la aplica de distintas maneras: lo hace imponiendo sanciones a las infracciones, resolviendo conflictos entre particulares cuando se solicita la caducidad de una marca por falta de uso, o la nulidad de una marca o patente por haber sido otorgada de forma incorrecta. Esta característica lo hace casi un órgano jurisdiccional, y al mismo tiempo se enfrenta a necesidades procedimentales similares a las del Poder Judicial.

El problema que encontré en esta dinámica fue que había muchos rezagos porque los asuntos demoran demasiado en resolverse; hay algunos que llevan al interior ocho o nueve años.

Para soluciaonarlo tomé dos decisiones: propuse a la junta de gobierno el cambio de algunos funcionarios; y pedí el apoyo de dos instituciones. La primera, la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer) que realizará un análisis para encontrar las fallas en los procesos y servicios y hará un cálculo y un estudio sobre cómo eliminar los costos de cumplimiento de los trámites que se llevan a cabo ante el Instituto. La segunda, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que fue contratado para analizar los procesos internos y cómo se prestan los servicios y así como para estudiar el procedimiento contencioso. En este segundo paso se hará una auditoría jurídica de la forma en la que se resuelven los asuntos. A partir de ahí se conocerán e implementarán una serie de patrones respecto al modo en que el Instituto hace sus resoluciones.

“La piratería es una conducta con un alto costo económico” 46

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ENTREVISTA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA INSTAURÓ UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO EN LÍNEA, ¿CÓMO PODRÍA EL IMPI SER PARTE DE ESTE DESARROLLO Y OFRECER A LOS PARTICULARES LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA? El Instituto tiene uno de los mejores sistemas de tecnologías de información y comunicación (TICs) del Gobierno Federal que, además, en el ámbito mundial es una referencia. Algunas bases de datos que se crearon en el IMPI fueron desarrolladas conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que a su vez fue utilizado para lanzar el modelo mundial de búsqueda de marcas y patentes. No tenemos nada que pedirle a una institución adelantada en materia de TICs; los obstáculos principales son de tipo legal, no de tipo informático.

Si el IMPI no presta los servicios de atención electrónica no es porque no tenga la capacidad, sino porque depende de la regulación del Gobierno Federal que está detenido porque se va a instituir, a nivel federal, la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) como la base referencial para poder sustituir las formalidades de papel. Nosotros estamos listos, desde el punto de vista de las TICs, para llevar a cabo esa migración. De hecho todas las bases de datos de marcas se encuentran actualmente digitalizadas y disponibles; el particular puede consultar, a través de internet y vigilar cómo va el trámite de su marca.

En 2010 se registraron 14,000 solicitudes de patentes en México; de las cuales, sólo 800 correspondieron a investigadores mexicano y 185 más fueron ingresadas por univesidades. el 28 de julio de 2011 El Instituto de la Propiedad industrial (IMPI) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) firmaron un convenio con el que esperan duplicar en los próximos dos años el número de patentes registradas por investigadores mexicanos.

¿QUÉ SUCEDE EN MÉXICO CON EL PROTOCOLO DE MADRID, EL CUAL PERMITE, MEDIANTE UN SOLO TRÁMITE, SE PUEDA OBTENER UN REGISTRO DE MARCA ANTE al menos 90 PAÍSES? Es un tema que todavía lo estamos estudiando para determinar la conveniencia de adherirse a él.

No es que dependa enteramente del director del instituto o del Secretario de Economía; tendría que ser en su caso aprobado por el Senado; y antes que nada, analizar el por qué existen grupos que se opondrían fuertemente a una decisión de este tipo.

¿QUÉ TAN CONVENIENTE SERÍA EN MÉXICO UNIFICAR ORGANISMOS COMO EL IMPI Y EL INDAUTOR, COMO YA OCURRE EN OTROS PAÍSES? En efecto, hay naciones que tienen sólo un instituto para abarcar los dos temas; otros poseen un modelo que los divide. En el caso de los primeros, sin duda existe una eficiencia de recursos, homogeneidad en los criterios y estrategias comunes en algunas materias; por otra parte, el argumento que se usa para mantener esta división es atender a las peculiaridades que cada materia tiene. En México existe una fuerte resistencia porque es histórica la separación de las dos instituciones; éste es otro tema que cuando ocupé el cargo, se planteó. No puedo decir si se va a conseguir o no; la decisión requerirá de un examen a fondo para determinar si efectivamente será eficiente.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL IMPI EN EL TEMA DE LA PIRATERÍA Y COMO COADYUVA CON OTRAS INSTITUCIONES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA? Estoy convencido de que la actuación administrativa en la aplicación de la ley no sólo en piratería, sino en cualquier materia, es fundamental para conseguir una protección efectiva. Estuve

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“MÉXICO A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN INDUSTRIAL” FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

durante tres o cuatro años, en la administración pasada, como subprocurador de verificación en la Profeco, y ahí aprendí el valor que tiene la aplicación de la ley en una materia tan importante como la protección al consumidor; creo que es un modelo que debemos fortalecer porque la autoridad administrativa tiene al mismo tiempo una visión de política pública y de aplicación directa de la ley.

El IMPI tiene que fortalecer mucho más sus capacidades administrativas para hacer valer la ley desde este punto de vista, pero además, vincular a la persecución de la piratería con otras instituciones, cuando ésta es un delito o cuando daña otro tipo de derechos. Por ejemplo, cuando se afecta a la salud y hay un riesgo sanitario, el Instituto debe vincularse a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). También se debería acercar más a la Profeco, ya que hay infracciones a la PI, específicamente a la piratería de marcas, que tienen que ver con infracciones al consumidor, debido a que existe no sólo una violación a la normatividad y calidad, sino un engaño al consumidor. Finalmente debemos colaborar más de cerca con la Procuraduría General de la República para proveerle información que les permita dar seguimiento a la piratería y perseguir a estos delincuentes.

La piratería ha sido uno de los grandes problemas que enfrenta México.

La piratería es una conducta con un alto costo económico, ya que está vinculada a otro tipo de actividades ilícitas, como contrabando, evasión fiscal, y competencia desleal. Sin embargo, existe un tema cultural; hay gente que considera que la piratería no es mala, por lo que tenemos que trabajar en informar los riesgos que esta actividad ilícita conlleva.

¿EN MATERIA LEGISLATIVA, QUÉ REFORMAS SE PODRÍAN HACER PARA GARANTIZAR UNA MEJOR Y MÁS EFICIENTE PROTECCIÓN DE LA PI? La PI y los Derechos de Autor tienen una naturaleza que los pone en constante tensión con otras materias. En el artículo 28 constitucional podemos ver que la PI nace como un monopolio legal, y esto genera tensión por cuestiones económicas; por ejemplo, de competencia. Si existe un monopolio y hay un exceso en su uso, entonces estamos en un caso de violación a la ley de competencia. En el caso de las patentes relacionadas con la industria farmacéutica, el extender indebidamente la patente en el tiempo o en la materia protegida genera no sólo competencia desleal, sino además limita la introduccion al país de genéricos intercambiables, que hacen más accesible los medicamentos a las personas. Otra situación es el de las descargas por internet: hoy existe el reto de encontrar un mecanismo equilibrado que asegure dos cosas; primero, que el internet siga siendo un instrumento de desarrollo, y que la brecha digital se acorte cada vez más; segundo, encontrar un mecanismo para que, sin afectar a los cibernautas en sus derechos constitucionales, en sus libertades como expresión e información, logremos detener las descargas digitales ilícitas, que es un tema que afecta fuertemente al sector. Las industrias tienen que encontrar mecanismos de comercialización que permitan adaptarse a los nuevos retos y usos digitales.

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ENTREVISTA

“PROTEGER LA CREATIVIDAD CON CREATIVIDAD” Vera Franz, encargada de la reforma en políticas de la Información y Propiedad Intelectual de Open Society Foundation (OSF), Sociedad Internacional que promueve la construcción de democracias, cuyos gobiernos responsables y rindan cuentas a sus ciudadanos, afirma que internet ha cambiado la percepción de la sociedad sobre la propiedad Intelectual.

Ahora, “los derechos de autor se convierten en un tema muy discutido, ya que provienen el plagio, pero el Internet permite la copia, lo que ha creado un gran conflicto”.

Franz añade que, a partir de esto, las reglas de Copyright comenzaron a cambiar al darse cuenta la gente de que no podrían bloquear el flujo de las ideas y el acceso al conocimiento porque se frenaría el desarrollo. Hoy, el punto de la discusión está en cómo proteger los derechos de autor de tal modo que compartir el conocimiento pueda convertirse en algo redituable.

Por último, la experta destaca el caso de la Ley Hadopi, recientemente aprobada en Francia, esta normatividad plantea que sólo un juez o la corte decidan si se ha cometido un delito, lo cual resulta antidemocrático en cualquier sociedad. Claramente estas leyes restrictivas no son la solución.

Debemos estar abiertos a pensar cómo equilibrar el acceso a la información con su rentabilidad.

Encontrar formas de ser creativos para proteger la creatividad.

¿CÓMO SE ENCUENTRA MÉXICO CON AL NÚMERO DE PATENTES EN RELACIÓN CON OTROS PAÍSES? Hay una buena noticia en este sentido, y es que el número de patentes está en aumento. Somos el país 10 o 12 en el ámbito internacional en cuanto a solicitudes se refiere. Eso refleja que es un país atractivo para la inversión, porque aquellos que son dueños de la tecnología quieren invertir en México y traerla para generar desarrollo en el país y por eso la están protegiendo.

Hay tres grandes regiones o países que lideran en relación a patentes: Japón, Estados Unidos y Europa; es decir, la oficina europea en conjunto. Después siguen las oficinas que en un plano mundial podemos llamar de medianas a grandes, y México se encuentra en ese rango.

Solamente 1 de cada 20 patentes registradas en el país son de mexicanos. Eso quiere decir que dependemos de la tecnología que se genera en otros países. Eso, en principio, no es buena noticia, aunque al contextualizarla se matiza, ya que en países igual o más desarrollados que México, como Suecia, tienen una tasa similar. Sólo hay cuatro o cinco economías que generan una gran cantidad de tecnología y el resto nos mantenemos con ese mismo número de tasas.

Hay muchos retos porque las patentes son un tramo de todo el gran espectro de la innovación. Éstas nos indican cómo está vinculada la investigación científica al sector productivo, ya que son las que traducen el lenguaje científico al económico, y el IMPI justamente se encuentra en medio de este proceso. Vamos por buen camino porque cada vez tenemos más doctores, generamos más investigación y en esas medidas tendremos un incremento en las patentes y evidentemente empresas demandando tecnología mexicana que, a su vez, como en un círculo virtuoso, estimularán el desarrollo científico en el país. Somos un país en donde se patenta mucho, aunque hay una brecha tecnológica, estamos en el camino correcto K

*Doctor en Derecho especializado en propiedad intelectual, competencia desleal y telecomunicación de contenidos. aancona@ancona.com.mx

Foro de Propiedad Intelectual es una sección producto de la colaboración entre Foro Jurídico y Scientika, asociación civil dedicada a la difusión y promoción de actividades científicas y tecnológicas en la Ciudad de México y el mundo.

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PRESENTAN LIBRO DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA

EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

El pasado mes de agosto el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó su libro titulado El Derecho Penal del Enemigo en el cual analiza los alcances de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008. El evento se realizó en el auditorio Carlos Franco Sodi de la PGJDF y fungieron como comentaristas de la obra la Dra. Olga Islas de González Mariscal, investigadora del IIJ de la UNAM, el Dr. Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado Federal en Materia Penal y el Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Secretario General Académico del INACIPE, fungiendo como moderador el Mtro. Juan José Olea Valencia, Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría.

Durante su participación la maestra Olga Islas de González Mariscal comentó que el autor plantea con acierto la función del Derecho Penal del Enemigo como un instrumento del Estado para enfrentar al crimen organizado. No habría otra manera de combatir dijo, a los grupos dedicados al narcotráfico, al secuestro y la trata de personas, exponiendo las ventajas que tiene el libro para los estudiosos del Derecho Penal.

Por su parte el Dr. Miguel Ángel Aguilar López señaló que el Procurador Mancera Espinosa realiza en el libro una exposición en donde armoniza los dos grandes pilares de la Reforma al Sistema de Justicia Penal del país: la garantista, para el ciudadano común, y la de excepción

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para combatir al crimen organizado, de mano dura, orientada a combatir con mayor rigor a los delincuentes que se realizan actividades ilícitas relacionadas con delitos de delincuencia organizada.

En su oportunidad el Dr. Miguel Ontiveros Alonso enfatizó en los aspectos que propone la obra, comentando sobre los puntos más controversiales del denominado por varios clásicos Derecho Penal del Enemigo, llamando la atención sobre uno de los aspectos más relevantes -a veces olvidado-, del contemporáneo sistema de justicia penal: la reparación de las víctimas.

El autor del libro, Miguel Ángel Mancera mencionó durante su participación que nuestro país vive un momento de transición, un golpe de timón en sus estructuras jurídicas al incorporarse en 2008 en nuestra Carta Magna un nuevo Sistema de Justicia Penal que busca ampliar las garantías y al mismo tiempo, combinarlos con la reducción de éstas, para combatir a la delincuencia organizada.

Comentó el Procurador de Justicia capitalino que el país atraviesa por un momento sumamente importante en donde se plantea la necesidad de que el Estado, a

través de los diferentes instrumentos jurídicos, pueda convencer y comunicar a la sociedad que se van a vivir dos formas de comprender la ciencia jurídica penal, con dos diferentes visiones.

“Una en donde las autoridades encargadas del combate, la persecución, el enjuiciamiento y la ejecución de las leyes penales habremos de ser muy cuidadosos de la ampliación de la norma, para cumplir con principios generales de derechos y garantías constitucionales; y, por otra parte, también tendremos que mostrar toda la dureza de la reacción de la ley a través del Derecho Penal del Enemigo.”

Apuntó el Dr. Mancera que sería más complicado hacer frente a la violencia y a quienes son parte de ella de no contar con una ley de delincuencia organizada y las figuras que representan el combate a este tipo de criminalidad. Al hacer referencia a la obra de Günther Jakobsm recordó que existen dos tipos de entes, las personas y los individuos; los primeros son quienes cumplen con los roles que marca la sociedad en cuanto al respeto de las leyes; mientras que los segundos no lo hacen. “Ahora tenemos una reforma constitucional precisamente que tiene esta dualidad, en donde cambiamos individuos por personas y habría que preguntarnos a qué se debe ese cambio. Los encargados de la persecución de delitos, los juzgadores y los responsables de la ejecución de las leyes, tendremos que mostrar toda la dureza de la reacción del ius puniendi cuando estemos hablando de derecho penal del enemigo.”

México vive un momento de transición, un golpe de timón en sus estructuras jurídicas al implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal

Argumentó finalmente el Abogado de la Ciudad, que la obra no tiene el propósito de resolver problemas, ni poner puntos finales o precisar conceptos, es un ejercicio académico para generar el debate en cuanto a la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, agradeciendo la presencia de varios procuradores generales de justicia que asistieron a la presentación del libro, funcionarios del GDF, representantes del TSJDF, miembros de barras y asociaciones de abogados, académicos e investigadores y funcionarios de la PGJDF K

TIEMPO DE SABER…

DE SENTIDO Y CALIDAD DE VIDA K

Mtro. Jorge Antonio Alfaro

“… un ser humano es un ser finito, y su libertad está restringida.

No se trata de liberarse de las condiciones, hablamos de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones” Viktor Frankl

El psiquiatra y neurólogo alemán de origen judío, Víctor Frankl, vivió en diferentes campos de concentración entre 1942 y 1945. La separación de los seres queridos, el trato humillante, el trabajo arduo, sumados al hambre, frío, hacinamiento e insalubridad, orillaban a algunas personas renunciar a la voluntad de vivir, mientras que otras se aferraban a la vida con toda intensidad. Reflexionar en torno a tales condiciones y diferencias en la actitud de las personas, llevaron a Frankl a establecer un conjunto de principios en torno a la importancia de tener un sentido de vida.

En El Hombre en Busca de Sentido, Frankl narra una experiencia en torno a dos prisioneros que planeaban suicidarse, a ambos les hizo ver que la vida esperaba algo de ellos. Uno tenía un hijo en el extranjero, a quien amaba y tenía deseos de volver a ver. El otro era un científico que poseía una serie de libros por concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. Así, en el mismo texto Frankl señala: “El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo.” (Obra citada, Herder, España, 1946, página. 81).

Lo paradójico es que no se necesita estar en situaciones extremas en donde la supervivencia está amenazada en forma inminente para que las personas seamos presas de la desesperación y la pérdida del sentido de vida. No es extraño encontrar que en sociedades con altos grados de seguridad en cuanto a los aspectos materiales de

la vida, haya cierto grado de insatisfacción en un sentido espiritual.

Una inquietud cada vez más extendida entre académicos, gobiernos, asociaciones civiles y organismos internacionales es la medición de la calidad de vida de las personas. Para lograrlo se establecieron indicadores como la esperanza de vida, el empleo, el ingreso percápita y otros de índole económica que alcanzan a explicar la calidad de vida en un sentido amplio; por eso, se agregaron aspectos como el acceso a alimentos, servicios de salud, vivienda, transporte y otros más, que si bien, enriquecen los ángulos desde los cuales se evalúa la calidad de vida, también resultan insuficientes. Por último, se han sumado indicadores vinculados en forma más directa a la felicidad de la gente.

obtuvo un índice 158.8, en el que los puntajes arriba de 170 representan una sociedad “muy feliz”, entre 140 y 170 “moderadamente feliz” y debajo de 140 “menos felices”.

Tal vez los mexicanos somos capaces de darle sentido a nuestra vida, aun en situaciones que amenazan nuestra seguridad, en ese caso, habrá que verificar si es porque no acabamos de comprender la gravedad de lo que sucede a nuestro alrededor, o porque sí lo comprendemos, pero en general tenemos los alcances de sobreponernos a la adversidad y mantener la voluntad de vida.

En los días en torno a la elaboración de este artículo una serie de voces hacen un llamado urgente a colaborar para aliviar la crisis hambruna en el cuerno de África, en donde millones de personas mueren por inanición y enfermedades de la pobreza. A las constantes guerras, el abuso histórico y la indeferencia de muchos, se suma una grave sequía que impide la producción de alimentos. A pesar de ello, seguramente hay gente que encuentra razones para vivir y está descubriendo un sentido de vida.

Si bien, muchas de las encuestas acerca de la felicidad se basan en preguntas que piden a la gente definir su grado de felicidad en una escala de muy feliz, medianamente feliz, poco feliz o nada feliz. Existen otras más elaboradas que relacionan el grado de felicidad con la satisfacción que las personas tienen por hacer cosas gratas, por ejemplo: platicar con amigos, jugar Pese a la visión que a veces con hijos, pasear con la podemos formarnos de la familia, viajar, leer, escuchar situación nacional, México música, etc. De cualquier es un país que en general manera que se mida, no deja se percibe como feliz. Tal de sorprender que México, vez los mexicanos somos pese a la visión que a veces capaces de darle sentido podemos formarnos de la a nuestra vida, aun en situación nacional, sea un situaciones que amenazan país que en general se percibe nuestra seguridad como feliz. Por ejemplo, en el Latinbarómetro de 2008,

Con dolor en el alma, sólo me queda escribir la dirección electrónica de Canal Solidario, en cuya página están los vínculos de organizaciones a través de las cuales es posible canalizar apoyos. http://www.canalsolidario. org/noticia/hambruna-en-elcuerno-de-africa-numerosde-cuenta-de-ong-paradonaciones/27096 K

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K

Robespierre

CADALSO Luego de 11 años, el Caso del Encino sigue siendo noticia. A más de una década la justicia federal, en vía de juicio de amparo, resolvió lo que procedía desde el principio: la obligación de indemnizar al propietario del inmueble. Resulta complicado entender que transcurra tanto tiempo para resarcir el daño de una autoridad a particulares, lo que da pie a que la ciudadanía desconfíe de sus jueces. Ahora queda esperar lo que se antoja imposible en este país caracterizado por la corrupción y la impunidad: que se pague el precio justo a los propietarios del inmueble. De entrada el Gobierno de Distrito Federal, en voz de su Consejera Jurídica Leticia Bonifáz, anunció que no cubrirá ni la mitad del precio determinado por los peritos valuadores de la UNAM que contrató la SCJN. Esperemos un acto de congruencia política y social del gobierno que encabeza Marcelo Ebrard y proceda de inmediato a indenmizar con el valor ya precisado en la Corte a la empresa Promotora Internacional Santa Fe, ante la imposibilidad de restituirle el predio, y no “chicanen” el asunto otros dos años ante la justicia federal. Ojalá que con la nueva Ley de Amparo, –que se encuentra en discusión en el Senado–, se ponga fin a procesos tan largos. Justicia que no es pronta no es justicia.

Marisela Morales Ibañez, titular de la PGR, va con todo contra los funcionarios corruptos e incompetentes de esa dependencia. La limpieza inició desde que asumió la titularidad de la SIEDO, procesando a su antecesor Noé Mandujano. Ahora, ya como Abogada de la Nación, profundiza su operación limpieza. En una acción poco común en el medio político-judicial, dio de baja a 23 de los 32 delegados existentes a lo largo y ancho del país, sin importarle quienes son los “padrinos” de algunos de ellos. Además, desde que asumió la titularidad ha despedido a cerca de 400 funcionarios y según trascendió, sigue afilando la tijera, pues están en capilla varios elementos policiacos de la ex AFI, hoy Policía Ministerial Federal. Esperemos que estas acciones vengan acompañadas de serias investigaciones y consignaciones de personas involucradas con grupos delincuenciales y no quede en una llamarada de petate. Para la ciudadanía es imprescindible que Marisela Morales ponga en práctica y concluya con éxito el plan anti-corrupción que prometió al asumir el cargo. Tal parece que ahora si va en serio la reestructuración de la PGR. Lástima que se esté dando al final del sexenio Calderonista.

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Frente a la inminente salida del Magistrado Oscar Vázquez Marín del Consejo de la Judicatura Federal, por vencer en noviembre el periodo para el que fue designado, se cruzan ya apuestas en los pasillos de la Corte sobre quién le sucederá.

Todo parece indicar que será una mujer –por eso de la equidad de género- y de que se quedó sin representación femenina el CJF, los momios apuntan hacia dos magistradas penales: Lilia Mónica López Benítez, que tan buen papel hizo en el Senado cuando fue incorporada en la terna fallida para la designación de ministro el año pasado, y Emma Meza Fonseca, quien por cierto no es Lilia Mónica López Benítez Con sólo dos juezas de ejecución de sanciones penales ubicadas en el Reclusorio Sur, Belen Bolaños Cayetano y Beatriz Segura Rosas, iniciaron oficialmente los juicios orales en el Distrito Federal. El Presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, reconoció que los dos juzgados son insuficientes para atender los 240 casos asignados y los que se acumulen; reveló que reciben a la semana cerca de 100 solicitudes.

Aunque el tiempo ya apremiaba, señaló que trabajará para solicitar en el presupuesto del siguiente año, partidas especiales que permitan construir por lo menos cinco juzgados en cada uno de los reclusorios para atender a la población penitenciaria. Independientemente de este hecho, lo que sí quedó demostrado fue la prontitud con la cual cada una de estas solicitudes fue atendida y resuelta. Las tres audiencias en el juzgado primero fueron desahogadas en 30 minutos; en tanto en el segundo, cada sesión fue de 30 minutos debido a su complejidad. Aunque sea en una materia secundaria, como lo es la ejecución de penas, es un buen comienzo para los juicios orales en la capital del país.

pariente del Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, pero se sabe que cuenta con su simpatía. Como se recordará, esta designación corresponde al Pleno de Ministros de la SCJN ya que el artículo 100 de la Constitución Federal ordena que tres de los consejeros serán designados por ellos, con el voto de cuando menos ocho ministros, de entre Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, con una duración en el cargo de cinco años, sin derecho a reelección. En el caso de ser nombrada cualquiera de ellas, el Consejo se fortalecería por tratarse de funcionarias capaces, probas y con gran prestigio en el Poder Judicial.

Anunció el Dip. Arturo Zamora Jiménez el inicio de juicios orales en materia mercantil en todo el país el 28 de enero de 2012, en deudas de hasta de 220 mil pesos, que según las estadísticas representan más del 90% de los litigios en la materia. Con esta medida se pretende descongestionar considerablemente a todos los juzgados civiles del país al incorporar un procedimiento muy rápido y transparente.

Actualmente, señaló el legislador Zamora,

Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, se puede tardar hasta cinco años un juicio de esta naturaleza y con el nuevo esquema reducirlo incluso a tres meses y estará al alcance de ciudadanos comunes, comerciantes, empresas, prestadores de servicios y bancos que decidan enjuiciar a quiénes tengan una deuda de hasta $220,553.40. En realidad se trata de un juicio mixto, que aún conserva una parte de escritura, pues la demanda debe presentarse por escrito y de las audiencias se levantarán actas.

Sin embargo tiene varias ventajas: sólo habrá dos audiencias, una preliminar, en la que las parte podrán conciliarse o negociar y la de juicio oral en la que desahogarán todas la pruebas con alegatos verbales de hasta 15 minutos por cada una de las partes, mismas que se registrarán por medios electrónicos o tradicionales. Esperemos que los presidentes de los tribunales de justicia del país se “pongan las pilas” y con toda anticipación preparen la entrada en vigor de este procedimiento, pues por ahora no se cuenta, ni con los medios electrónicos necesarios, ni con el personal judicial capacitado y “mentalizado” para este trascendente cambio en la justicia, que afecta a millones de mexicanos.

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LIBR OS EN

a sus superiores jerárquicos (independencia interna), como respecto de injerencias provenientes de los otros poderes y órganos (independencia externa). Con ello desentierra la insana práctica de resolver por coacción o consigna al desaparecer el temor a la represalia en caso de negativa; esto permite a quien juzga obrar de acuerdo con el juicio que se forme de los hechos y con la normativa jurídica que estime aplicable.

La independencia del Poder Judicial resulta ser una condición indispensable del Estado de Derecho porque garantiza a los ciudadanos una confiable impartición de justicia, controlando la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Sin una judicatura independiente no podría funcionar, tampoco, el principio de división de poderes, es decir, el sistema de pesos y contrapesos en la actividad de cada uno de los poderes públicos.

Estas son las premisas de partida para explicar el interés de Fernando Arreola Vega al tratamiento de la inamovilidad judicial, específicamente respecto de los magistrados de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia en México.

LINEAMIENTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES DE LA INAMOVILIDAD JUDICIAL EN MÉXICO Fernando Arreola Vega, Universidad La Salle de Morelia, Consejo de la Ciudad Morelia, Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, 2011 De entre las llamadas garantías judiciales o de jurisdicción, la de inamovilidad es la más importante de las garantías de independencia, ya que permite al juzgador ser autónomo en sus decisiones tanto frente

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Lineamientos Teóricos Fundamentales de la Inamovilidad Judicial en México, nació originalmente bajo la figura de tesis de grado, para obtener el Doctorado en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM). Describiendo el problema, la actual investigación ha pretendido, por una parte, determinar los principales criterios de interpretación que sobre la figura de la inamovilidad judicial de los magistrados viene sosteniendo, fundamentalmente la Suprema Corte de justicia de la Nación a lo largo de los últimos doce años, lapso en el cual dicha garantía ha adquirido una evolución inusitada. Por otra, examinar la incorporación que en sede legislativa (tanto constitucional como secundaria) se ha hecho de tales criterios, despejar la duda de si esa es la más adecuada o idónea, o si se afecta la esencia, naturaleza y finalidad de la mencionada figura jurídica, así como si existen elementos que permitan afirmar su progresiva consolidación como tendencia general en el contexto del sistema jurídico mexicano.

TRANSEXUALIDAD Y MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PAREJAS DEL MISMO SEXO JUAN N. SILVA MEZA, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, PORRÚA, 2011 El libro describe la forma en cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha logrado que la Constitución sea un buen resguardo de los derechos fundamentales –ya sea avalando la constitucionalidad de la legislación protectora o previendo a su aplicación en la forma más amplia posible–, a través de dos casos que documenta, resueltos por el pleno entre 2009 y 2010.

pasos vacilantes ha ido tomando carta de naturalización en la legislación federal y local, en los diseños institucionales y en la práctica jurisprudencial.

Asimismo, la obra resulta trascendente ya que aborda los derechos que confluyen en la identidad sexo-genérica y en la orientación sexual; un tema de minorías y de reivindicación de derechos del llamado colectivo LGBTTI, uno de los sectores más invisibilizados en la sociedad mexicana.

Uno es sobre las implicaciones del derecho a la identidad sexual y de género, mediante la resolución a favor para que fuese expedido un nuevo documento de identidad en razón de su reasignación sexo-genérica a una ciudadana que así lo exigió. El otro versa sobre la garantía del derecho a no ser discriminado por orientación sexual, al declararse la validez de las reformas al Código Civil del Distrito Federal que reconocen el matrimonio como “la unión libre de dos personas”, y por tanto, incluso de personas del mismo sexo, así como la adopción de niños, niñas y adolescentes por estas parejas. El propósito del libro es profundizar en la trascendencia que encierran estos fallos para la jurisprudencia mexicana sobre derechos fundamentales.

Las expresiones emitidas por los Ministros de la SCJN en las páginas del libro, son señales inequívocas de que estos temas, antes calificados como insubstanciales, empiezan a abrirse paso en el transcurrir jurídico y social.

En donde además, cruzan el espectro de la democracia en México en toda su extensión en el cual durante décadas ha edificado un modelo excluyente para un ciudadano homogéneo, en el contexto de una soberanía estatal autoritaria.

Transexualidad y Matrimonio y Adopción por Parejas del Mismo Sexo, constituye un estudio sobre casos de derechos humanos escrito por dos jueces de constitucionalidad, los ministros Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva Meza -actual Presidente de la SCJN-. Sergio Valls, ponente de los proyectos de las sentencias que se documentan, en los que se hace referencia a la igualdad como prohibición de discriminar; se trata de un tema incipiente aún en la práctica jurídica mexicana; presente apenas hace diez años en la Constitución y que a

El libro está dividido en dos partes en donde se detallan los dos fallos realizados por la SCJN y se comentan las posiciones de los ministros; además, a lo largo del texto se alude a lo que en derecho comparado se ha dicho al respecto para tener un marco lo más completo posible acerca de los temas en cuestión. El sentido de la obra es profundizar en la trascendencia que encierran estos fallos para la jurisprudencia mexicana sobre derechos fundamentales.

Se trata de una discusión que no siempre ha estado a la altura de las circunstancias, que merecería el trabajo de un tribunal constitucional al resolver casos de derechos fundamentales; no sólo por el sentido de los fallos, sino por privilegiar una excesiva auto restricción (self-restraint) jurisprudencial ante el activismo que requiere la tutela de derechos frente al poder, lo que ha sido objeto de revisión y crítica en los últimos años por parte de académicos, litigantes, organizaciones de la sociedad civil K

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LA NUEVA LEY DE AMPARO K

Dr. José R. Padilla*

Después de la euforia nacional que provocaron las reformas constitucionales que regulan los Derechos Humanos, postura tendiente a su defensa y ampliación al Juicio de Amparo, ahora estamos en espera que se promulgue la nueva ley de la materia. A principios del pasado mes de junio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al Juicio de Amparo, entrando en vigor de inmediato, concediéndose un plazo de 120 días para que entrara en vigor la ley reglamentaria, mismo que finalizá en octubre del año en curso.

Los

senadores

Jesús

Murillo

Karam del PRI y Alejandro Zapara Perogordo

del

PAN, presentaron una

iniciativa

de una nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que actualmente se discute en la Cámara Alta. Esperemos que el nuevo ordenamiento jurídico —de inminente aprobación—, cubra a plenitud el llamado “decálogo” de las

1.- Se establecen plazos más largos y requisitos más reducidos para que los ciudadanos tengan las “puertas abiertas de la justicia federal”. Se incrementa de 15 a 30 días el plazo para interponer un amparo.

2.- Se crea la figura del amparo por omisión de la autoridad; un sueño del pueblo largamente acariciado.

3.- Se fortalece el papel de la SCJN, que, entre otros, podrá decretar la nulidad de las leyes inconstitucionales con sólo dos resoluciones.

4.- Se da autonomía a los Plenos de Circuito para que resuelvan contradicciones de tesis y establezcan la jurisprudencia obligatoria.

5.- Se establece el Amparo Directo Adhesivo, para que ninguna parte contendiente en los juicios o procesos, se quede en estado de indefensión.

6.- Grupos, asociaciones y personas morales podrán hacer uso del juicio de amparo, con sólo tener interés legítimo, individual o colectivo. Es decir, con un mínimo de exigencias legales y un máximo de resultados positivos. Así, resultarán protegidos hasta quienes no acudan al amparo.

7.- Se establece mayor responsabilidad para aquellas autoridades demandadas que no cumplan con las sentencias de amparo, incluidas las relativas a las suspensiones.

8.- Desaparece la Caducidad de la Instancia, que únicamente servía para negar el amparo por el sólo transcurso del tiempo, hecho que iba en perjuicio de los particulares.

9.- Los poderes Ejecutivo y Legislativo podrán solicitar al Judicial, la Resolución Prioritaria de Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad y Juicios de Amparo.

10.- Se limita el abuso de recurrir al amparo, para que no haya quienes se escuden en él para evadir la justicia o entorpecer la acción de la autoridad.

reformas constitucionales, que se enumeran a continuación:

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*Maestro de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.

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