Sigen la historia del control en argentina 2013

Revista SIGEN Año 4 / Nº 6 / Agosto 2013

Sumario

Staff

02.

La Historia del Control en la Argentina.

12.

El Control Contributivo tiene un nombre: William Leslie Chapman

15.

Ley 24.156: La ruta emprendida para mejorar la intervención en la gestión pública, desde el control punitivo al control contributivo.

18.

20 años de maduración institucional y evolución tecnológica: Evolución de los roles dentro de la labor de auditoría.

24.

SIGEN hoy.

26.

El viaje: Un recorrido por la historia del edificio SIGEN.

33.

Memoria detallada del Estado de la Nación 2012.

Coordinación de Diseño y Producción Gráfica Roberto Cappa

44.

Desafíos 2013 del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.

Diseño Gráfico y Maquetación María Laura Amburi Hernán Paulo Santoro

48.

Breves institucionales.

Director Dr. Daniel G. Reposo Subdirectores Dr. Eduardo O. Gallo Dr. Agustín A. Tarelli Comité Editorial Dra. Mónica del Bagno Cr. Marcelo Cainzos Cr. Alejandro Díaz Lic. Marcelo N. Domínguez Dra. María Isabel Fimognare Cra. Miriam Lariguet Ing. Fernando Mollo Ing. Arturo Papazián Dra. María E. Rodríguez Greno Dr. Agustín Tarelli Cr. Arturo Zaera Coordinación Periodística Lic. Jorge Laprovitta Paola Busti Paola Abatto

Edición Impresa en Talleres Gráficos COGTAL Av. Rivadavia 755 1º“A” - CABA RNPI en trámite Propietario: Sindicatura General de la Nación - Av. Corrientes 381/9 C1043AAD - CABA República Argentina Tel.: (54+11) 4312 8111/18 Fax: (54+11) 4317 2828 Se permite la reproducción parcial o total siempre que no se altere el contenido y se cite la fuente.

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La historia del control en Argentina Breve resumen de las instituciones, decisiones, leyes, decretos. ordenanzas y medidas que se aplicaron en materia de control de las finanzas y del gobierno a lo largo de la historia en nuestro territorio, desde la conquista española hasta nuestros días.

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urante la conquista y colonización de América, España tenía una monarquía absoluta que desempeñaba sin trabas el poder. El Rey implantaba los impuestos y ejecutaba a su parecer todos los gastos; no existía presupuesto ni estado contable. El mismo régimen se instaló en tierras americanas. Los impuestos eran establecidos por el monarca, sin intervención de las autoridades locales; solo ciertos servicios eran retribuidos con tasas establecidas por los cabildos.

Las Leyes de Indias incluyeron disposiciones para regular las entradas y salidas pero no llegan a configurar un régimen de contabilidad pública. Solo resguardaban los intereses del Rey e impedían y castigaban las desviaciones. Crearon algunos organismos de contralor pero con el único fin de mantener la fidelidad de las autoridades nombradas por el monarca.

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De esta manera, en los primeros años del siglo XVII comenzaron a organizarse en América los tribunales de cuentas, encargados de resguardar el orden de la administración. La gestión ejecutiva se ejercía por las contadurías locales, integradas por tres contadores y dependientes de la Contaduría Mayor de Castilla.

Los tribunales de cuentas tenían funciones judiciales y se formaban con tres jueces oidores de la audiencia (de los oidores proviene la palabra auditoría). El tribunal era asistido por dos contadores designados por el virrey pero con facultades de voto consultivo, únicamente. Las sentencias se apelaban ante las autoridades locales y en última instancia existía un recurso de súplica ante el Rey.

L os contadores de cuentas estaban

autorizados a detener a las personas que no obedecieran sus órdenes. Al crearse el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, se instaló el primer tribunal de cuentas de esta región, dependiente del Tribunal Mayor de Cuentas de España.

Con la Revolución de Mayo en 1810 se rompe el nexo con España y se fija un sistema propio de administración financiera. El acta del 25 dispone que la Primera Junta de Gobierno publicará, todos los días primero de mes, un estado que de cuenta de la administración de la real hacienda y no podrá imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta y conformidad del Cabildo.

El proyecto de Constitución elaborado para ser evaluado por la Asamblea del Año 13, reservaba al Congreso la atribución de votar los recursos. El Estatuto Provisorio del Poder Ejecutivo, dictado el 17 de febrero por la Asamblea, confirió a ese poder la facultad de administrar las rentas del Estado; la Asamblea conservaría el poder de juzgar y remover al Poder Ejecutivo por traición, cohecho, malversación de caudales públicos o violación de la Ley.

El Estatuto Provisorio del Director Supremo delas Provincias Unidas del Río de la Plata, dictado también por la Asamblea, acordó a ese funcionario iguales responsabilidades financieras que en el estatuto anterior.

El Reglamento Provisorio dado en 1817 por el Congreso tras su traslado de Tucumán a Buenos Aires, contiene disposiciones semejantes a la del Estatuto del año 1815, sobre que le prohibía al Poder Ejecutivo imponer contribuciones o levantar empréstitos sin la previa consulta de la Junta y el asesoramiento del Cabildo y el Tribunal del Consulado.

La Constitución de 1819 preveía lo siguiente: era el Congreso el que establecía los derechos e imponía contribuciones, por un tiempo máximo de dos años, para las urgencias del Estado y reservaba a la Cámara de Representantes la iniciativa. El Congreso podía crear y suprimir empleos y examinaba la marcha general de las rentas públicas que el Poder Ejecutivo debía elevar anualmente. La gestión ejecutiva de la hacienda estaba reservada al poder administrador.

Durante la década de 1820, la provincia de Buenos Aires confecciona un presupuesto de gastos que es sometido a la aprobación de la legislatura. Fue el primer intento de ordenar la gestión de la contabilidad pública. También hubo otras medidas como

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la ejecución del presupuesto, trámite de los gastos, registro de las operaciones, caja de amortización de deuda y libro de fondos y rentas públicas.

La Constitución de 1826, dictada durante la Presidencia de Bernardino Rivadavia, contiene disposiciones sobre finanzas públicas: el Congreso fijará cada año los gastos generales sobre la propuesta del Gobierno; recibirá anualmente la cuenta de inversión de los fondos públicos, la examinará y aprobará; establecerá los derechos de importación y exportación e impondrá contribuciones; autorizará los empréstitos. La Cámara de Representantes tenía la iniciativa en materia de contribuciones.

Durante la presidencia de Rivadavia se suprimió la Tesorería General y las funciones de caja del Estado se cedieron al Banco Nacional, creado en 1826 sobre la base del Banco de Descuentos de la provincia de Buenos Aires. Se dictó un reglamento de contabilidad y administración para las operaciones en Brasil.

La Constitución de 1853, con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, instituye el tesoro nacional como caja única y centralizada, a la que se imputan todos los gastos del Estado, indica los derechos de importación y exportación, el producto de la venta o locación de tierras nacionales, la renta de correos, las contribuciones que imponga el Congreso, los empréstitos y otras operaciones de crédito. También organiza el Poder Legislativo como órgano máximo de la hacienda, ya que puede imponer derechos y contribuciones, contraer empréstitos, disponer el uso y enajenación de tierras de propiedad nacional, fijar el presupuesto anual de gastos, crear y suprimir empleos.

A demás, instituye al Poder Legislativo

como órgano de control externo de la hacienda pública, con aspecto preventivo (fija el presupuesto de gastos), concomitante (cada Cámara tiene el derecho de interpelación de los Ministros) y crítico (aprueba o rechaza la cuenta de inversión).

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La Constitución de 1853 instituye al Poder Ejecutivo como órgano directivo y ejecutor de la hacienda ya que tiene la administración general del país.

Recauda las rentas y decreta su inversión con arreglo a la Ley o el presupuesto de gastos.

E n el año 1870, se dictó la Ley 428,

considerada como la primera Ley de Contabilidad del Estado Nacional.

En ella, se fijaron pautas y procedimientos que se traducían en la organización financiera del Estado, a través de un sistema presupuestario y de un sistema contable, fijándose además, los primeros lineamientos de control, constituyendo a la Contaduría General de la Nación en el eje del control administrativo de la hacienda del Estado, encomendándole múltiples funciones.

En su origen, si bien había una unificación en lo que se refería a la contabilidad y al control, ya se delineaban los primeros elementos de diferenciación entre ambos sistemas: por un lado, las obligaciones que la ley le fijaba a la Contaduría General en materia de registración, y por otra parte, el examen, la liquidación y el juicio de cuentas de la administración, recaudación, distribución e inversión de los caudales, rentas, especies u otras pertenencias de la Nación.

La Ley 428 extendió su vigencia hasta el año 1947, momento en que se la modificó profundamente, tomando lo que era materia presupuestaria, su ejecución, registro y las normas de la cuenta general del ejercicio y la nueva organización de la Contaduría General de la Nación como la fijación de su jurisdicción y competencia.

En esta nueva norma, Ley 12.961, se distinguen con mayor claridad las funciones de control de la Contaduría General, a la que confería conjuntamente atribuciones jurisdiccionales, de censura y asesoramiento, contables y de control interno. Para el ejercicio de esta última, contaba con la presencia de delegados permanentes en las distintas juris-

dicciones y organismos descentralizados. También podía disponer revisiones específicas en cualquier dependencia de la administración pública.

Posteriormente, en el año 1956, se

creó el Tribunal de Cuentas de la Nación, definido como órgano de control externo de la hacienda pública, dotándolo de independencia para llevar a cabo su misión.

Así, se dispuso que sus miembros serían nombrados por el Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda con acuerdo del Senado y que conservarían sus empleos mientras durara su buena conducta, y su remoción se haría mediante el procedimiento establecido para los magistrados del Poder Judicial. Más tarde, por medio de otra norma legal, se dejó sin efecto la necesidad del acuerdo del Senado.

Esta ley fue un hito importante, su entrada en vigencia significó prácticamente la introducción de un concepto nuevo de control y su profesionalización, asumiendo el nuevo organismo, las funciones jurisdiccionales; mientras que la Contaduría General preservaría su rol en materia de registración contable y de control interno, subsistiendo como órgano mixto de gestión y control.

En cuanto a las funciones jurisdiccionales encomendadas al Tribunal de Cuentas, debemos distinguir los dos juicios que eran materia de su competencia: el juicio de cuentas y el de responsabilidad.

El juicio de cuentas estaba destinado a examinar las rendiciones de cuentas presentadas por los jefes de los servicios administrativos de cada jurisdicción y las autoridades de los organismos descentralizados y centralizados, quienes eran considerados por la Ley de Contabilidad (art.

96 - Decreto Ley 23.354/56, ratificado por la Ley 14.467) responsables ante

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el Tribunal, y entre otras obligaciones, debían «rendir cuenta documentada o comprobable de su gestión». Para ello, facultaba al órgano jurisdiccional a conminar a los funcionarios remisos, imponer multas, solicitar medidas disciplinarias e iniciar de oficio las actuaciones.

Por otra parte, el juicio de responsabilidad, que podía instituirse contra los agentes públicos -aun los no obligados a rendir cuentas que con su acción o su omisión hubiesen perjudicado a la hacienda pública, constituía el procedimiento vigente para hacer efectiva la responsabilidad, tanto en cuanto a la determinación del alcance como de la cuantía del monto que el responsable debía ingresar a las arcas públicas, en reparación del daño ocasionado. Asimismo, aun para aquellos casos en que la conducta observada no implicara un perjuicio patrimonial al erario público, demostrado el incumplimiento legal, se preveía la imposición de multas (art. 84, inciso j de la Ley de Contabilidad).

Otra de sus principales funciones consistía en la intervención previa de los actos administrativos producidos por los órganos del Estado y que afectaran su gestión económico-financiera. Correspondía al Tribunal de Cuentas ejercer la vigilancia continua sobre la gestión de la hacienda del Estado Federal, fiscalizando todas las operaciones económico-financieras que éste realizara. Estas facultades se traducían en la potestad de observar los actos administrativos de contenido presuntivamente lesivo de las normas legales y reglamentarias que regían la gestión económica de los órganos directivos y ejecutivos.

Estas observaciones tenían el efecto de suspender el cumplimiento del acto, en el todo o en la parte observada. El Poder Ejecutivo, bajo su exclusiva responsabilidad, podía insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas. En tales hipótesis, este último comunicaba al Congreso la observación y la insistencia, acompañando copia de los antecedentes.

Cabe agregar que, en un principio, el Tribunal de Cuentas de la Nación también contaba entre sus atribuciones, con la facultad de fiscalizar las empresas del Estado, por medio de auditores o síndicos, y es aquí donde se produce un nuevo avance en materia de control.

E n el transcurso del año 1974, se creó

la Corporación de Empresas Nacionales (Ley 20.558), un órgano de conducción y control de las empresas y sociedades del Gobierno Nacional, creado como entidad descentralizada dentro de la jurisdicción del Ministerio de Economía.

Esto significó que las empresas pasaran del ámbito de competencia del Tribunal al control de una dependencia específica de la Corporación, denominada Sindicatura General, que debía abocarse al análisis y fiscalización de la gestión empresaria y de la legalidad de los actos de las empresas. En ese marco, se determinó la necesidad de contar con un control integral y ágil, concebido como un sistema que se basaba en su unicidad, en el entendimiento que no puede haber juzgamiento parcializado de la gestión empresaria.

Al efecto, el artículo 14 de la Ley 20.558, dotaba a los síndicos designados en las empresas con los deberes y atribuciones que para los síndicos en general establece

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la Ley de Sociedades (19.550), como así también por otras leyes especiales y normas estatutarias.

Posteriormente, mediante el dictado

de la Ley 21.801 (mayo del año 1978) se reemplazó a la Corporación de Empresas Nacionales por la Sindicatura General de Empresas Públicas (SiGeP), entidad administrativa descentralizada, con personería jurídica propia, que tomó toda la experiencia y capacidad de la ex-Sindicatura de la Corporación.

La SiGeP, como ente autárquico, desarrollaba el control en tres áreas: legalidad, auditoría y de gestión; buscando de esta forma integrar el control para poder dar cumplimiento a las ideas de unicidad e interdisciplina. Tenía a su cargo las funciones de controlar la gestión y legalidad de los actos de las empresas.

En relación a los resultados obtenidos producto de las actividades de control precedentemente reseñadas, la Ley 21.801, en su artículo 12, preveía que todo acto u omisión que contraviniere las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, convencionales o decisiones de las asambleas a que deben ajustarse las empresas sujetas al régimen de la citada ley o que contrariasen objetivamente los principios de una buena gestión empresaria, así como también los procedimientos seguidos por las mismas en oposición con las técnicas contables, eran pasibles de observación.

Asimismo, en su artículo 13, establecía el trámite a que debía ajustarse la emisión y comunicación de las observaciones, destacándose que para aquellos casos en que se advirtiere que el acto de la empresa controlada podía afectar gravemente al patrimonio estatal, podía solicitar la inmediata suspensión de la ejecución del mismo al Poder Ejecutivo Nacional.

E l 30 de setiembre de 1992, resultó

sancionada la Ley 24.156, denominada Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Fue promulgada el 26 de octubre de 1992 y comenzando su entrada en vigencia a partir del 1 de Enero de 1993.

Esta Ley de Administración Financiera se sancionó en el marco del proceso de Reforma del Estado iniciado con la Ley 23.696, por la que se declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico-financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas y sociedades del Estado con participación estatal mayoritaria y los servicios de cuentas especiales, entre otras.

El contralor que reposaba sobre la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, fue sustituido por los nuevos órganos de control interno y externo, creados por dicha normativa (la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación).

La ley establece y regula la administración financiera, a la que define como el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Sin embargo, lo específica-

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mente atinente a la recaudación de los recursos tributarios, forma un sistema normativo particular, debido a sus peculiaridades.

En la ley, la ejecución de los recursos públicos, su registro y control aparecen guiados por un principio implícito que es el de «descentralización operativa y centralización normativa». Por ello, y con el objetivo de dictar políticas y normativa aplicable, la Ley de Administración Financiera crea órganos rectores para diferentes sistemas relacionados entre sí: la Oficina Nacional de Presupuesto para el Sistema Presupuestario, la Oficina Nacional de Crédito Público para el Sistema de Crédito Público, la Tesorería General de la Nación para el Sistema de Contabilidad (art. 5 ).

A su vez, el art. 6 difiere al P.E.N establecer cual es el órgano responsable de coordinar los sistemas integrantes de la administración financiera, lo que ha sido fijado por el Reglamento Parcial de la ley, Decreto Nº 2666/92, que pone a cargo de la Secretaría de Hacienda, asistida a través de las Subsecretarías de Presupuesto y de Financiamiento, la dirección y coordinación de esos sistemas.

Acerca de los sistemas de control, el art. 3 expresa que abarcan, por un lado, las estructuras de control interno y externo del sector público nacional, y por el otro, el régimen de responsabilidad, que está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. Pero tal obligación no aparece en ninguna norma de la ley sino sólo en el Decreto 1361/94, Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley 24.156, cuyo art. 6 prevé que los titulares de los Servicios Administrativos Financieros serán responsables de la rendición centralizada de cuentas en el ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas, procedimientos y plazos que determine la Contaduría General de la Nación, debiendo esa rendición y sus archivos de respaldo, quedar ar-

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chivados en el Servicio Administrativo Financiero respectivo, ordenados de forma tal que faciliten la realización de las auditorías que correspondan.

En lo que atañe a los sujetos comprendidos, en el art. 8, en su redacción original se especificó que sus previsiones se aplican al Sector Público Nacional, comprensivo de: a) La Administración Nacional, formada por la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social y b) Las empresas y sociedades del Estado, que abarca las empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas las organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

También se extendía su aplicación a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las cuales se les acordaran subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación estuvieren a cargo del Estado Nacional por intermedio de sus jurisdicciones o entidades.

La Ley de Presupuesto 25.565 modificó este artículo quedando, a expensas de la misma, conformado de esta manera el denominado Sector Público Nacional: a) Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones; d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.

Para la ley, entidad es toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y jurisdicción cada una de los órganos institucionales, esto es: Poder Legislativo, Poder Judicial, Presidencia de la Nación, sus secretarías y los ministerios.

Por su parte, en el art. 4 , se enuncian los objetivos tenidos en mira por la ley al señalarse que, para su interpretación y reglamentación, se deberán tener en cuenta:

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos y desarrollar los sistemas de información sobre el comportamiento financiero del Sector Público Nacional, que deben ser oportunos, confiables y útiles para la dirección de las jurisdicciones y entidades, como también para evaluar la gestión de los responsables; c) Determinadas pautas de acción para las autoridades superiores de jurisdicciones y entidades, responsabilidad propia de contar con personal calificado y suficiente e implantar y mantener un sistema contable adecuado a las necesidades de registro e información, acorde a la naturaleza jurídica y características operativas del ente y un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo, y posterior y de la auditoría interna; d) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los cuales responda la jurisdicción o entidad.

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L a Sindicatura General de la Nación es el órgano rector del sistema de control interno, que según la definición de William Leslie Chapman, su esencia es de carácter mixto.

Tiene un fuerte sesgo de control como proceso de apoyo a la autoridad de conducción superior de cada organismo (jurisdicción o entidad), en lo concerniente a las funciones de las Unidades de Auditoría Interna (UAI).

El concepto de que la responsabilidad por la institución de los instrumentos de control interno es enteramente de aquella autoridad superior confirma el criterio de un control como dominio o mando.

Las UAI son pues, órganos, de apoyo de esa autoridad superior y su objetivo central no es la censura de los actos de gestión que estima cuestionables sino de lograr la rectificación o corrección de rumbos y metodología que adolezcan de errores o desvíos.

La función de la Sindicatura General de la Nación, órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, es normativa y de supervisión de lo actuado e informado por las UAI. Dicha supervisión implica que los cuestionamientos de las UAI respecto de la gestión de los organismos, de no ser atendidos por éstos, pasarán a conocimiento de SIGEN, que, de compartirlos, insistirá sobre ellos ante la autoridad superior. De no acatarse las recomendaciones y cuestionamientos de SIGEN, esta tendrá que informar al Poder Ejecutivo y a la AGN sobre la resistencia del organismo a reconocer lo cuestio-

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nado, a aceptar lo recomendado. Por tanto, parte de la función de SIGEN es de fiscalización.

En cambio, la AGN, si bien es, como lo fue el TCN, un órgano de control externo, no posee –como sí lo tenía su predecesora- facultades jurisdiccionales.

No obstante, sus funciones incluyen dictaminar sobre la información financiera y operacional de los organismos del Sector Público Nacional y dar cuenta de lo actuado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional, por lo que dichas funciones son más propiamente de fiscalización.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente se puede concluir lo siguiente acerca de los dos sistemas de control sobre los que legisla la Ley Nº 24.156: El control interno que se les encomienda a las autoridades superiores de los organismos de la Administración Pública Nacional, es del tipo dominio o mando. En su carácter de conductores de los organismos aquellas son responsables de: a) Instituir los instrumentos de control interno a través de: • las estructuras de organización de cada jurisdicción y entidad; • los reglamentos de funcionamiento interno; • los mandatos de procedimiento (artículo 101); b) Designar a los integrantes de las UAI (que reúnan los requisitos fijados por SIGEN) que actuarán como apoyo de las autoridades superiores, como unidades de control de gestión, asesorándolas sobre la razonabilidad de la información dada por los operadores del organismo acerca de su gestión, la legalidad de ésta y la eficacia, eficiencia y economía de dicha gestión (artículo 100 a 104).

La actividad de control por las UAI será esencialmente de comprobación, en los sentidos ya expuestos de reunir evidencias sobre lo hecho y manifestado de lo hecho por los operadores, para concluir sobre los aspectos señalados precedentemente.

Tal comprobación puede incluir inspecciones de aquello que fuere menester, teniendo en cuenta lo ya dicho sobre esta forma de control.

L a función de control de SIGEN,

en esencia, es de establecer normas orientativas o pautas que sirvan de base para que en cada organismo se fijen las normas obligatorias en materia de instrumentos de control.

Además, SIGEN tiene la facultad de realizar por si misma, procedimientos de auditoría interna, integral e integrada, así como investigaciones y pericias, cuando lo estime necesario o conveniente (artículo104).

Finalmente, desde el año 2004, con el relanzamiento de la Red Federal de Control Público, se profundizó y se fortaleció el control con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, realizando tareas de control contributivo y concomitante, ayudando a mejorar la gestión de la administración pública nacional, para una Argentina soberana, justa y con inclusión social.

Bibliografía: - Curso de Contabilidad Pública (Adolfo Atchabahian Guillermo Massier - Capítulo 4 – Reseña histórica de las principales disposiciones legales y reglamentarias) - SIGEN: Publicación Técnica Nº3 - Análisis Terminológico y Conceptual del Control Gubernamental Instituido por la Ley Nº 24.156 (William Leslie Chapman) - Ley 24.156 - Título VI - “Del Sistema de Control Interno” Texto Institucional Anotado, Comentado y Concordado

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El control contributivo tiene un nombre:

William Leslie Chapman

El actual Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, destaca el legado de William Leslie Chapman, ya que lo considera el padre del actual Modelo de Control, entendiéndolo desde su aspecto contributivo.

W

illiam Leslie Chapman fue Contador Público Nacional, Doctor en Ciencias Económicas y Traductor Público que nació en la provincia de Salta el 20 de junio de 1922. Su madre era dinamarquesa y su padre un ingeniero inglés que desempeñaba sus funciones profesionales en ferrocarriles.

Fue Síndico General de Auditoría de la antigua SIGEP desde septiembre de 1985 hasta la creación de la Sindicatura General de la Nación a partir de la sanción de ley 24.156, cuando pasó a ocupar el puesto de asesor.

En la Universidad de Buenos Aires se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas desde 1958 a 1962 y como Vicerrector de la UBA de 1960 a 1962. Fue Profesor Titular de Auditoría y Profesor Emérito. Director del Departamento del Doctorado en 1969 y del Departamento de Graduados de 1970 a 1971.

Fue Miembro numerario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Academia Nacional de Dirección de Empresas.

En la Universidad de Córdoba, fue Profesor Honorario en la Facultad de Ciencias Económicas.

Hombre de consulta permanente y referente en temas económicos, su opinión y asesoramiento era requerido tanto en entidades públicas como privadas.

Fue asesor de la Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Financiero del Ministerio del Interior de la Nación y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

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Ana Briozzo fue secretaria de Chapman durante seis años cuando fue Síndico de SIGEP y comentó que: “tenía una personalidad increíble, era un grande, un ser humilde, a todos llamaba colegas, desde el contador recién recibido hasta doctores en ciencias económicas de años. Era un ser extraordinario y una de las personalidades más destacadas de la Sindicatura”.

Cabe destacar que integró consejos especializados en economía y es autor de numerosos artículos y libros sobre temas de auditoría y administración que son material de consulta obligada y permanente para todos aquellos que deben profundizar sus conocimientos en dicha temática.

También fue Miembro de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Dictó cursos, seminarios y conferencias en organismos públicos y privados nacionales e internacionales, y recibió numerosos premios y distinciones. Falleció el 28 de noviembre de 1993 a los 71 años.

Para leer la Publicación Técnica Nº3 “Análisis Terminológico y Conceptual del Control Gubernamental Instituido por la Ley Nº 24.156” de William Leslie Chapman, ingresar a www.sigen.gob.ar, sección Publicaciones Técnicas.-

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Ley 24.156:

la ruta emprendida para mejorar la intervención en la gestión pública, desde el control punitivo al control contributivo Por Alberto del Pino*

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n los últimos veinte años se han desarrollado en nuestro país sistemas estructurados de fiscalización y se han institucionalizado organismos de control que, ante la debilidad de las instancias de evaluación anteriores, cobraron mayor relevancia al momento de valorar sus aportes a la transparencia y a la mejora de la acción estatal.

Estas modificaciones sustantivas de los organismos de control en la administración pública, estuvieron asociadas a los procesos de reforma económica y administrativa que recorrieron toda América Latina desde los años ‘80 y ‘90 presentados como forma de enfrentar la crisis fiscal y la corrupción. La reforma estructural y del Estado, encarada en la década del ‘90 en la Argentina, se organizó sobre la base de las Leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado.

De esta manera, el 30 de septiembre de 1992 fue sancionada la Ley 24.156, denominada “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, promulgada el 26 de octubre de ese mismo año y comenzando su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 1993. El sistema de control estructurado en dicho período quedó conformado por dos organismos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que son los órganos rectores del Sistema de Control Interno y de Control Externo, respectivamente.

El Control Interno se conforma, además, con las Unidades de Auditoria Interna creadas en cada jurisdicción o entidad del Poder Ejecutivo, las que dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por SIGEN, siendo responsabilidad de la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad, el mantenimiento de un adecuado ambiente de control.

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El nuevo sistema de control introdujo un enfoque novedoso al establecer como objetivos generales los criterios de economía, eficiencia y eficacia. Esta orientación fue utilizada desde el inicio por el Control Interno, lo que le permitió ingresar paulatinamente al campo de la auditoría integral de naturaleza más amplia, que posibilitó transformar el modelo de fiscalización de las auditorías tradicionales.

La auditoría integral permitió, además, emitir opinión y dar recomendaciones sobre la forma en que se conducen las instituciones auditadas, la eficacia, eficiencia y economía de sus logros y, por último, el impacto y significado de sus quehaceres en el medio, la comunidad e instituciones con las que se vinculan.

Desde una perspectiva más enfocada por la gestión, SIGEN fue definiendo los principales objetivos a tener en cuenta por el Control Interno: • Promover la cultura de rendición de cuentas; • Instar al uso apropiado y legal de los recursos públicos; • Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos y la normativa gubernamental; • Contribuir a la mejora y la calidad de la gestión pública; • Identificar y disminuir las decisiones discrecionales; • Fortalecer valores y responsabilidades de los servidores públicos; • Fomentar la transparencia. ¿Cómo llegamos hasta aquí?

Durante estos veinte años de maduración del sistema, la proyección de toda entidad pública, y más aún de las instituciones de control, han avanzado claramente en apuntar a lograr no sólo la optimización de sus recursos sino también de sus resultados, ya que estos últimos redundan en el desarrollo sostenible de la entidad, como así también en el fortalecimiento de la institucionalidad del ámbito en el que se desenvuelven.

SIGEN avanzó en la consolidación y fortalecimiento del Control Interno, en la medida en que fue profundizando dos líneas de acción muy beneficiosas: A) Incorporación de mecanismos sistemáticos de evaluación de la actividad gubernamental como modo de mejorar el desenvolvimiento organizacional La demanda de mejora de las intervenciones públicas está relacionada con el hecho de que se ha tomado conciencia de que no resulta suficiente que las organizaciones públicas se desempeñen

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como se espera que lo hagan para dar por satisfechas las expectativas, sino que deben lograr una mejora en los aspectos específicos de su intervención, ya sea en las condiciones de desarrollo, en las condiciones de vida de la gente o en el despliegue de políticas de mayor calidad.

De esta manera, la introducción de la evaluación integral por parte del Control Interno constituye un aporte esencial para generar una fuerte cultura de control, que impactó positivamente tanto en la gobernabilidad como en la rendición de cuentas y en la transparencia. Además de agregar valor como modo de mejorar el desempeño institucional.

La necesidad de evaluar desde esta perspectiva integral implicó determinar una serie de criterios que sean capaces de orientar el diseño de herramientas de evaluación que mejoren el fortalecimiento institucional de las organizaciones auditadas. En ese sentido SIGEN incorporó dos aspectos prioritarios: • análisis de la gestión operativa; • análisis de la gestión estratégica.

Considerar estos aspectos implicó emprender un proceso analítico destinado a establecer de manera clara el nivel de evolución de las actividades en desarrollo de la organización con respecto a lo planificado, redefinir actividades, o introducir las modificaciones necesarias en el diseño o ejecución y orientar decisiones sobre el trabajo en curso (gestión operativa). Ello debe permitir recabar información que permita el análisis de procesos de más largo alcance y colabore en la toma de decisiones estratégicas respecto de diversas cuestiones, como el uso de los recursos, la mejora de los procesos de gestión o el logro de los objetivos (gestión estratégica).

B) Necesidad de actualización metodológica y la incorporación de miradas más amplias y comprensivas al análisis De este modo, desde hace algún tiempo ha cobrado suma importancia en nuestra institución, la necesidad de avanzar en procesos de evaluación. Ello apunta a potenciar los esfuerzos orientados a impulsar de manera más sistemática la evaluación de programas y proyectos a partir de múltiples fuerzas que se articulan en ese sentido: por un lado, las acciones de los diversos actores sociales, políticos, académicos y de nuestra propia institución, que han reivindicado las políticas de evaluación como forma de mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas y proyectos, y por otro, su validez como mecanismo para aumentar la transparencia y la gobernabilidad.

Esta visión del trabajo se materializa sobre la base del desarrollo de la normativa propia de SIGEN, considerando la normativa interna-

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cional, la de INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), el informe COSO de control interno y, además, de las conclusiones de los grupos de trabajo internos, que abonan permanentemente el camino del Control Interno.

Es así que estos modelos de gestión desarrollados a partir de la reforma en los sistemas de administración financiera, la evaluación de la eficacia y la eficiencia en los resultados y en los procesos de producción de bienes y servicios públicos se han transformado en tarea principal de nuestro organismo de control. De esta manera, el Control Interno asume el compromiso de evaluar la gestión pública desde la perspectiva mencionada, tarea que le permite agregar valor a la gestión que se desarrolla con vocación de mejora continua.

Existe un amplio espacio de aporte sustancial por parte de SIGEN a los aspectos que exceden el control de aplicación normativa y lo complementan ofreciendo análisis integrales más abarcativos y comprensivos para los cuales resultó necesario incorporar estrategias operativas y metodologías que los faciliten. Cabe destacar la incorporación efectiva de miradas interdisciplinarias, excediendo la mirada exclusiva de los profesionales de las ciencias económicas/financieras.

La conjugación de disciplinas diferentes implica reconocer a las políticas públicas como parte de un sistema complejo.

La interdisciplinariedad, entendida como el encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, constituye un aporte fundamental para la comprensión y análisis de las políticas públicas en todos sus aspectos confusos. Para la mejora de las políticas resulta menester superar la visión estrictamente punitiva y agregar valor como modo de mejorar el desempeño organizacional.

Finalmente, la necesidad de rediseñar el Estado y recuperar su rol y sus capacidades a fin de lograr dirigir con acierto los procesos generales de la administración, constituyeron el soporte fundamental del consenso sobre la relevancia del papel de la evaluación de las políticas públicas. Hay que destacar que las políticas públicas constituyen una palanca de vital importancia para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, profundizar la democracia, construir ciudadanía y crear valores públicos. * Cdor. Alberto del Pino, Subgerente de Normativa

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20 años de maduración institucional y evolución tecnológica

Evolución de los roles dentro: de la labor de auditoría Por Marina Varela*

En los primeros veinte años de SIGEN han madurado las actividades que se llevan a cabo tanto dentro del Organismo como en el Sector Público. La evolución tecnológica ha constituido uno de los principales factores de cambio, con implicancias también en la distribución de funciones dentro de los equipos de auditoría.

L

a reflexión a la que induce el transcurso de los primeros 20 años de SIGEN, abarca un conjunto amplio de visiones que combinan recuerdos, sentimientos y razonamientos.

Resulta interesante prestar atención a cómo fueron cambiando los métodos de trabajo. Principalmente debido a la maduración que se fue produciendo con los años respecto del entendimiento de las funciones que fueron asignadas a SIGEN por la Ley que la creó. En ese sentido, hoy se dispone de una visión formulada y explícita, un Plan Estratégico, manuales y normas específicas para la ejecución de funciones, todos elementos ausentes en los orígenes del Organismo.

En forma adicional a esa maduración institucional, se produjeron importantes cambios derivados de la incorporación de la tecnología en la ejecución de los trabajos –así como en la vida cotidiana de las personas en general-.

Cabe recordar, por ejemplo, que en 1993, ubicada SIGEN en el edificio de calle Lavalle, varios equipos de auditores debían compartir el uso de las escasas PCs aisladas que funcionaban en algunas de esas oficinas.

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Desde aquel momento, el crecimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) ha producido cambios extraordinarios tanto en órdenes domésticos como laborales. Las mejoras que ha producido la tecnología en los últimos años sobre la calidad de vida de la humanidad son contundentes y difíciles de comparar con las de otros momentos de la historia.

Esta época de evolución tecnológica se constituyó en un factor estrechamente relacionado con el crecimiento de SIGEN. Durante estos primeros 20 años, se desarrollaron avances que afectaron en forma incuestionable las labores que se llevan a cabo, especialmente las de supervisión del control interno y de auditoría, que debieron adaptarse a su vez, a los importantes cambios tecnológicos que fue incorporando el Estado Nacional.

La tecnología es un componente clave para la gestión, de gran impacto en la calidad de las funciones del Estado.

En ese sentido, puede decirse que hoy en día, todos los procesos y funciones que se llevan a cabo en el Sector Público Nacional tienen apoyo informático. La información de las organizaciones se almacena, procesa, consulta y transmite mediante medios tecnológicos de toda índole, con un amplísimo alcance, lo que ha permitido saltos cualitativos en la gestión de muchos organismos, tanto para la ejecución de tareas como respecto de la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

SIGEN ha presenciado este proceso de crecimiento -el cual fue a veces agitado y otras veces no lo necesariamente expeditivo- con la perspectiva de un observador partícipe, que se veía a su vez, inmerso en el proceso de cambio.

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El alcance de la función de auditoría A medida que el Sector Público avanzó en su tecnificación y en la sistematización de sus procesos, la función de auditoría –tanto desde SIGEN como las Unidades de Auditoría Interna- ha debido adaptarse para auditar y supervisar los controles internos que ahora se encuentran embebidos en los procesos bajo la forma de “controles informáticos”.

En los organismos y entidades del Sector Público Nacional sobre los cuales SIGEN tiene incumbencia, los cambios producidos en los últimos 20 años desde el punto de vista tecnológico han sido notables, en muchos casos impulsados por políticas públicas concretas que instaron e instan a producir avances en esa dirección. Como ejemplos pueden mencionarse las normas que impulsan el uso de la firma digital, el gobierno electrónico, la agenda digital y los diversos programas encarados entre los que se destacan el de “Conectar Igualdad” y el de “Argentina Conectada”. Todas estas normas instruyen y asignan responsabilidades concretas para gestionar utilizando las herramientas informáticas, propiciando alcanzar un máximo aprovechamiento de la tecnología.

Evolución de la Tecnología en general

Crecimiento de la informática del Sector Público

La Tecnología y la función de Auditoría

El rol del auditor debe acompañar el proceso, auditando el cumplimiento de las políticas definidas. Debe agregar, además, la perspectiva del control interno a las acciones en curso.

Todo lo mencionado ha afectado la labor del auditor que debió ampliar el alcance de sus trabajos, contemplando cada vez más las partes informatizadas del proceso, y debió incorporar herramientas informáticas al desarrollo de las tareas propias.

Hasta hace algunos años, el equipo típico para ejecutar una auditoría se conformaba por profesionales de Contabilidad y Derecho. Solo en algunos casos especiales, si alguna parte del proceso se encontraba informatizada, se incorporaba un especialista en sistemas. El rol de este especialista consistía en dar apoyo al resto del equipo, en la determinación de debilidades de control asociadas a la “pequeña porción” del proceso que estaba sistematizada.

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En los equipos de auditoría de hoy en día y del futuro, esta conformación del equipo de trabajo no resulta ni resultará suficiente. Para la función de Auditoría ya no es posible limitar el alcance excluyendo los aspectos técnicos o informáticos. Existen riesgos asociados a la tecnología informática que afectan a los procesos y “deben” ser auditados. El responsable de la gestión necesita recibir informes de auditoría que le presenten de manera integral los riesgos y debilidades del proceso, incluyendo los aspectos informáticos.

Cambios tecnológicos en el Estado para los siguientes 20 años La situación de avance tecnológico seguirá produciéndose en los próximos años, aunque no es sencillo pronosticar cuánto y cómo afectará nuestras vidas. Sí es importante identificar que la tecnología ha acarreado tantos beneficios, que se constituye en el factor estrella para producir mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, tanto por sus costos cada vez más accesibles como por las enormes ventajas que trae al permitir el acceso al conocimiento y a la información y al agilizar las comunicaciones, entre otros.

El Estado Nacional continuará canalizando a través de herramientas tecnológicas, las medidas de gestión que se adopten El potencial de lo que la tecnología acarreará en los próximos años puede contribuir a la solución de problemáticas diversas, incluso con aquellas no relacionadas directamente con la informática. Puede mencionarse por ejemplo, el potencial a futuro de una aplicación más generalizada y organizada del “teletrabajo”, que puede contribuir a reducir sensiblemente la cantidad de pasajeros de los medios de transporte, sobre todo en las “horas pico”. De ese modo, una medida “indirecta” podría sumar una contribución para solucionar la problemática del transporte urbano (sin mencionar los potenciales impactos adicionales sobre el medio ambiente por la reducción de tránsito, sobre la productividad de las horas-hombre al eliminarse el tiempo “improductivo” afectado al transporte; sobre el “humor” y calidad de vida del ciudadano.)

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Al pensar en el futuro del Estado Nacional, resulta ineludible advertir que crecerá notoriamente desde el punto de vista tecnológico. La incorporación de herramientas informáticas es y será la clave para una gestión eficiente y de calidad, con mejor información para la toma de decisiones, brindando servicios que le faciliten la vida al ciudadano.

A medida que las organizaciones van incorporando tecnología e informatizan sus actividades, el área de auditoría debe adaptarse para poder cumplir adecuadamente sus funciones.

No es difícil apreciar que para la función de auditoría se continuará presentando el desafío de no disponer de suficientes especialistas informáticos. La demanda de técnicos e ingenieros continuará siendo superior a la oferta, no es ni será sencillo encontrar y retener personal especializado.

La solución no estará en incorporar más auditores especialistas en tecnología sino en capacitar a los auditores operativos en determinados temas informáticos que, por no presentar un profundo nivel de tecnicismo, pueden ser encarados por auditores de otras profesiones.

Desafío para el Área de Auditoría Insuficientes especialistas en TICs

¡¿Contratar más y más auditores informáticos?!

Capacitar a los auditores de gestión en determinados temas informáticos

Si todos los procesos están informatizados, inevitablemente el auditor de gestión u operativo deberá comenzar a incorporar en sus labores, tareas de auditoría que anteriormente formaban parte de las competencias del auditor informático. Así como el auditor fue integrando el uso de herramientas informáticas a la ejecución de sus tareas, deberá ampliar su campo de acción auditando “la parte del proceso que se lleva a cabo mediante sistemas informáticos”.

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Por su parte, el futuro rol del auditor informático apuntará a la tecnología informática pura, los centros de cómputos, la seguridad informática de aplicación general, es decir, lo que hoy se denomina “Controles Generales o de la TI”.

De este modo, podrán ir quedando para el accionar del auditor operativo o de gestión, los controles de “Sistemas Aplicativos” que en definitiva, constituirán integralmente el proceso.

EVOLUCIÓN DE LOS ROLES DE AUDITORÍA Auditor Operativo o de Gestión Auditor Informático Centro de Computos.

Proceso Sistematizado (validaciones, controles dentro del sistema, funcionamiento, etc.)

Seguridad Informática general.

Permisos de acceso al sistema.

Datos administrados en el proceso/sistema. Pruebas sobre datos.

Distribución de funciones en el área de TI.

Registros de transacciones o logs del sistema.

Comunicaciones.

Backups sobre datos del sistema.

Grado de informatización del proceso Otros

Estrategia tecnológica.

Herramientas de TI. Servicios informáticos.

Otros

La evolución tecnológica acarrea la necesidad de generar un paulatino cambio en los roles dentro del equipo de auditoría, refocalizando el alcance de las labores de auditoría informática.

Como ya se expuso anteriormente, la solución no estará en incorporar más y más auditores especialistas en TI, sino en capacitar a los auditores operativos en determinados temas informáticos que le permitan auditar procesos, abarcando los aspectos que se encuentren informatizados.

*Ing. Marina Varela Coord. de Auditoría Informática e Innovación

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20 Años de SIGEN

SIGEN hoy Por Daniel Reposo*

Hoy la Sindicatura General de la Nación es un organismo con recursos humanos altamente calificados y comprometidos con el crecimiento y mejora sostenida de la Administración Pública Nacional a través del control público, velando por el correcto funcionamiento de los entes que la componen, tanto respecto a la calidad en la gestión como a la transparencia en el acceso a la información y legalidad de sus actos.

La Ley 24.156 sostiene que el modelo de control interno deber estar fundado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia. El control interno constituye un medio para el logro de los objetivos institucionales, contribuyendo en tiempo real a enderezar desvíos, consolidando fortalezas y observando debilidades.

En los últimos años, la sociedad ha puesto una fuerte expectativa sobre los organismos de control. La ciudadanía reclama “más política pública”, que no es otra cosa que lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos y dentro del marco legal vigente.

En tal sentido, SIGEN ayuda a que la ciudadanía tenga una mejor percepción del Estado, fortaleciendo los procesos de los organismos a partir de la mejora continua y la corrección de los desvíos detectados por los controles realizados.

Es probable que los funcionarios que tienen a su cargo la ardua tarea de motorizar el Estado para garantizar el derecho a la vida, nutrición, salud, vivienda, seguridad y trabajo, se encuentren con el dilema de todo administrador público: priorizar objetivos o dinamizar procedimientos. SIGEN se ocupa justamente de acompañar un proceso donde se puedan alcanzar progresivamente los objetivos previstos rindiendo cuentas de los procedimientos y recursos aplicados.

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Es decir, la labor fundamental de SIGEN es el ejercicio del control contributivo, entendido éste como aquel que se ejerce con el objeto de lograr modificar las observaciones que se realizan en los entes y organismos controlados, mejorando de este modo la gestión de todo el Sector Público Nacional. Nos hemos convertido en referentes y guías de procedimientos en obtención, aplicación y control de los recursos públicos. Todo ello redundará en una correcta rendición de cuentas por parte de los Organismos.

Tamaña responsabilidad nos estimula a generar nuevas herramientas de control, como lo es la profundización de la Red Federal de Control Público, cuya competencia abarca la totalidad del territorio nacional y es el ámbito institucional donde se intercambian experiencias emitiéndose informes de alto interés e impacto social.

Se consolida, asimismo, el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) como una entidad de referencia en la capacitación permanente de los funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, transmitiendo conocimientos vitales para quienes gestionan y quienes controlan.

Con el plan anual, lineamientos, tableros de mando, gestión de calidad y otras herramientas, SIGEN lleva adelante la fiscalización de las cuentas públicas, la supervisión de la aplicación adecuada de normas y procedimientos administrativos, la consolidación de la ética pública al servicio de la ciudadanía y que el Poder Ejecutivo Nacional pueda alcanzar sus objetivos de gobierno con transparencia, eficiencia, economía y eficacia.

* Daniel Reposo Síndico General de la Nación

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20 Años de SIGEN

El Viaje

un recorrido por la historia del edificio de SIGEN La muestra “El Viaje – De Dodero a SIGEN, 70 años de historia (1942 – 2012).

Un recorrido histórico en imágenes por el Edificio Yatahy”, se inauguró el martes 24 de enero de 2012 en el Espacio Multiarte - SIGEN. Consistió en las imágenes, publicidades y en una reseña histórica del edificio que actualmente ocupa la Sindicatura General de la Nación, el lugar donde se desempeña el trabajo y parte de la vida de la gente que hace el organismo.

El trabajo y la puesta de la exhibición que se extendió todo el verano de 2012 fue llevado adelante por la investigadora Liliana Cascales. También participaron la responsable del Espacio Multiarte, Luz Etchevest, los integrantes del Departamento de Comunicación y Prensa, el personal de la por entonces Gerencia de Capacitación y Desarrollo y todo el equipo del área de Diseño de la Gerencia de Tecnología Informática.

El edificio en general, es de una composición arquitectónica de transición entre el proyecto clásico y el diseño contemporáneo.

En la fachada hay un planteo simétrico que utiliza como eje el ingreso principal, dejando de lado el gran volumen que conforma la torre. Esta simetría se repite en la planta dando énfasis en el recinto de atención al público. En el volumen lateral de la torre se ubicaron los ascensores y los paliers de cada piso, con vista y luz natural.

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Arquitectos: Sánchez Elía , Peralta Ramos y Agostini encargados del proyecto y construcción del Edificio de oficinas para la Compañía Argentina de Navegación DODERO.

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Empresa constructora: SEPRA. Arquitectos: Sánchez Elía / Peralta Ramos/Agostini Comitente: Compañía Argentina de Navegación Dodero Uso: oficinas administrativas, directivas, venta de pasajes y oficina de rentas.

Superficie cubierta: 8886 m2.

Superficie del terreno: 1200m2.

Cantidad de plantas: PB/Entrepiso/ 9 pisos/2 ss.

Premio Municipal: Fachadas en el año 1947.

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La exposición reseñó en imágenes los pasos de la sede actual de la Sindicatura General de la Nación desde 1942, cuando el estudio de arquitectura Sánchez Elia, Peralta Ramos, Agostini (SEPRA) se inspiró en el racionalismo del arquitecto danés

Willem Dudok y realizó un proyecto para la construcción del edificio de la Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. (sucesora de la Sociedad Anónima Nicolás Mihanovich) hasta nuestros días.

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Cuando se observa en el edificio de SIGEN el sobrio manejo de volúmenes y superficie es fácil reconocer el estilo del arquitecto danés Willem Dudok .

Las aristas vivas y la falta de ornamento son características de los diseños del proyectista nórdico que se destacó por los años 30 /40.

No aparece en esta obra lo que se llamó corriente subterránea, es decir: ladrillos a la vista y el hormigón estructural. Por el contrario, en el edificio se destaca la epidermis de mármol sin brillo y el ritmo de la carpintería, en secuencia vertical, de los nueve módulos del frente. La torre es el punto de encuentro y encastre de los diferentes módulos.

En 1949 el edificio pasó a ser propiedad del Estado.

En 1993 se firma el contrato de compra venta entre ELMA y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

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En 1944 se construyó el edificio de la Compañía Inmobiliaria y financiera “Yatahy” S.A. del empresario Alberto Dodero, también propietario de la “Compañía de Navegación DODERO S.A.”

En 1947 el diseño arquitectónico ganó el concurso municipal a la mejor fachada. Dodero, Ladar, Alfa, Fanu, FME, ELMA, fueron empresas que antecedieron a SIGEN en el edificio Yatahy.

En la parte superior del inmueble se ubica un imponente reloj que le marca el tiempo al centro porteño. También un “carajo” o torre de avistaje desde el que se observaba el puerto al fondo de las avenidas Corrientes y Córdoba donde amarraban las embarcaciones de la empresa de Alberto Dodero.

La muestra “El Viaje” fue un trabajo colectivo de la gente de SIGEN para la gente de SIGEN.

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Memoria Detallada del Estado de la Nación 2012

E

sta Memoria es un compendio de las acciones y gestiones llevadas adelante por el Estado Nacional en el transcurso del año pasado. Tenerlas resumidas en una misma publicación hace a la comunicación de los actos públicos, tal como lo establece la Constitución de la República Argentina: “luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos” - artículo 104).

La Sindicatura General de la Nación, el órgano rector del sistema de control interno y que atraviesa toda la Administración Pública Nacional, solicitó a todas las dependencias que comuniquen sus estados, realizaciones y procedimientos. A partir de los informes remitidos a SIGEN, se elaboró esta Memoria para conocimiento y control de los gestionadores y, especialmente, para los ciudadanos que son aquellos que pagan sus impuestos y tienen derecho a saber en qué se ha invertido el dinero.

En estas páginas se encuentra una síntesis de las acciones de cuatro Ministerios: Desarrollo Social, Planificación Federal, Salud y Educación. Para ampliar la información de esas dependencias y del resto de las áreas del Estado Nacional, ingresar a: http://www.sigen.gov.ar/pdfs/memoria_Estado_Nación_2012.pdf

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Memoria 2012 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Esta cartera continuó profundizando su gestión hacia la restitución de los derechos sociales, desde el compromiso estatal y en el marco de una comunidad organizada, justa y solidaria.

Desde una mirada integradora, el Ministerio concibe a las familias y al trabajo como ejes organizadores de las múltiples condiciones que hacen al desarrollo humano y social; por lo que, la puesta en práctica de una nueva concepción de las políticas sociales implica desafiar su abordaje integral sobre el territorio en que viven las familias argentinas.

Por lo tanto, la creación de Centros de Referencia del Ministerio en cada provincia, como así también de Centros Integradores Comunitarios y Mesas de Gestión Local, constituyeron nuevos espacios de participación y de organización social, que al mismo tiempo expresan la fortaleza institucional de la integralidad de las políticas sociales.

El eje “Familias Argentinas” contribuyó a la recuperación de sus derechos a partir de garantizar el acceso a una alimentación adecuada; universalizar las pensiones no contributivas; fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional y provincial; promover el acceso a los derechos de los adultos mayores; impulsar la participación y organización de las juventudes; desarrollar políticas activas a favor de los Pueblos Originarios; consolidar el deporte como actividad de inclusión social y desarrollo de capacidades; efectivizar espacios públicos de integración comunitaria y formulación de políticas sociales desde el territorio.

El Programa “Argentina Trabaja” profundizó el apoyo financiero y técnico de proyectos productivos, mediante subsidios o microcréditos, y también por el acceso al monotributo, la marca colectiva, el apoyo y fomento del cooperativismo y la comercialización.

A partir del fortalecimiento del trabajo integral en el territorio, se recuperaron los lazos sociales solidarios que permitieron, a través del esfuerzo conjunto, avanzar hacia la inclusión de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad y lograr genuinas alternativas de trabajo.

El acceso a microcréditos fue fundamental para la consolidación de los emprendimientos

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productivos, ya que se aplicaron, mayormente, para la adquisición de capital de trabajo y la renovación de equipos de producción.

En cuanto al monotributo social, se establecieron mayores medidas de inclusión social, entre ellas, el costo cero del monotributo para tomadores de microcrédito y la exención de los monotributistas sociales en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Estas disposiciones se dieron a través de la implementación del Protocolo Adicional al Convenio ALAS y el fortalecimiento del acuerdo alcanzado con la Oficina Nacional de Compras. Se puede acceder al listado de emprendedores inscriptos como monotributistas sociales desde el portal www.argentinacompra.gov.ar.

Con estas medidas se avanzó en la integración de las personas históricamente excluidas en el sistema económico formal, favoreciendo la posibilidad de emitir factura, acceder a una obra social, al régimen previsional y a ser proveedores del Estado por compra directa. En esta etapa, las acciones se dirigieron a continuar con la consolidación del monotributo social como régimen tributario, fomentar la incorporación progresiva de emprendedores sociales en todo el territorio nacional y mejorar el acceso a los derechos previsionales y de salud a través de una mejor articulación con los organismos competentes.

Otro aspecto fundamental para favorecer la sustentabilidad de las iniciativas productivas fue el desarrollo de estrategias de comercialización por medio de la consolidación de ferias permanentes. En el marco de la economía social, se acordaron con los gobiernos locales los términos de referencia, otorgando seguridad y previsibilidad al accionar de los actores involucrados.

El portal “Compremos lo Nuestro” fue renovado, mejorando la comercialización de los emprendedores de todo el país. A través de dicho portal los emprendedores, éstos pueden vender sus productos y enviarlos a cualquier destino nacional, accediendo a tarifas diferenciales del Correo Argentino.

Durante este año, el Ministerio fortaleció las estrategias institucionales de creación de ciudadanía, desarrollando la responsabilidad social como línea de trabajo dentro de la Economía Social y creando su marco institucional mediante el Decreto 2083/2011.

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De esta forma, el Ministerio de Desarrollo Social incluyó la responsabilidad social como parte de las políticas de Estado, con el objetivo de dar un salto cualitativo e innovador a la gestión pública.

Esta nueva forma de accionar y gestionar comprende todas las acciones y decisiones que llevan a cabo las personas y las organizaciones - sociales, económicas, políticas, y/o culturales -, sean públicas o privadas, tendientes a contribuir al bienestar de la sociedad. Esto implica la adopción y puesta en práctica de valores y comportamientos que fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo social de todos los argentinos.

Uno de los mayores desafíos para las políticas sociales lo constituye la conformación de cooperativas que promueven el ingreso social con trabajo. Por medio de la Resolución SCyMI 1499/2012, se inicia un proceso orientado hacia el fomento de la especialización en actividades socioproductivas y el redimensionamiento y fortalecimiento de las cooperativas.

Estos procesos se realizan con capacitación y asistencia técnica permanentes a los grupos asociativos, con el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y las universidades nacionales.

Asimismo, se instituyó una estrategia formativa destinada al asociadoorientador de la cooperativa. Su función es coordinar los procesos de inclusión y organización social, la promoción sociosanitaria y educativa de los integrantes de la cooperativa y su entorno familiar. Esta capacitación se realizó con la Universidad Nacional de Quilmes y se ofreció el acceso a un nivel de capacitación con carácter de diplomatura y tecnicatura universitaria.

La salud personal, familiar y comunitaria, como así también el fortalecimiento de los niveles educativos de los cooperativistas, continuaron siendo temas prioritarios de la gestión.

El inicio de la línea “capacitación en obra” y la acreditación de oficios para capataces, son acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los cooperativistas y a la continuidad laboral de las cooperativas.

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Dentro de un sistema más amplio del campo cooperativo y de mutuales, destacamos la constitución de un fondo de garantía que brinda a sus asociados asistencia económica y financiera, en carácter de préstamos, garantías y otras modalidades. Con esta finalidad, se celebraron convenios con siete Confederaciones,ciento treinta y dos Federaciones, ochenta cooperativas y mutuales de primer grado.

Más información en: http://www.sigen.gov.ar/pdfs/memoria_Estado_Nación_2012.pdf

Memoria 2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Este organismo ha trabajado en temáticas referentes a la energía, la obra pública, la minería y las comunicaciones bajo el Modelo Económico de Acumulación con Inclusión Social, impulsado en el año 2003 por el Presidente Néstor Kirchner y profundizado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La labor realizada en cada una de estas áreas responde a cuestiones estratégicamente planeadas y ejecutadas. Esta gestión de gobierno entiende que la única manera de crear políticas de estado perdurables en el tiempo es a partir de una buena planificación.

Este Gobierno siempre entendió que la inversión pública es una herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo industrial, la integración regional, para aumentar la generación del empleo y con ello, permitir una mejor redistribución del ingreso y una mejor calidad de vida. Estos fueron, son y serán valores irrenunciables.

Durante el 2012 se destinaron $41.293 millones en inversión a Obras Públicas.

Se destacan $15.370 millones en obras viales, $8589 millones en viviendas, $606 millones en escuelas, $173 millones en universidades y $5552 millones en obras de saneamiento.

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Desde que comenzó esta gestión de gobierno hasta el momento, se han construido 385.000 nuevas viviendas y se han mejorado 335.000 existentes.

Asimismo, se han finalizado 1513 escuelas, mientras que 597 se encuentran en ejecución, beneficiando a más de 620.000 alumnos.

Además, desde el año 2005 hasta ahora se han terminado 195 obras de infraestructura universitaria y 37 se encuentran en construcción, favoreciendo a más de 600.000 miembros de la comunidad académica.

En referencia a las obras de saneamiento, se han realizado una diversidad de obras que permitieron llevar agua potable y cloacas a 7,5 millones de personas.

En materia de energía, y en continuidad con el objetivo de diversificar la matriz energética, (enmarcado además dentro del Plan Energético Nacional lanzado por el Presidente Néstor Kirchner en el año 2004), se han invertido en el 2012, $23.814 millones entre obras de generación de energía, gasoductos y líneas de alta tensión.

Entre los hechos más importantes podemos destacar que durante los primeros 10 meses de 2012 la Central Nuclear Embalse tuvo una generación de 3.290.436 MWh brutos y la Central Nuclear Atucha I alcanzó los 2.125.168 MWh brutos.

Además, se registraron avances en los Proyectos para la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II y para la Cuarta Central Nuclear. Se amplió la Red de Transporte de Energía Eléctrica en 500 KV y 132 KV y hemos registrado una expansión de la Oferta de Generación Eléctrica, que se traduce en 8727 megavatios totales incorporados, además de 2093 megavatios totales en ejecución y 5729 megavatios totales, a iniciar las obras.

En materia de minería, el Plan Minero Nacional, en vigencia desde el año 2003, tiene como objetivo esencial recomponer el Modelo Productivo del Sector e impulsar el crecimiento histórico de esta actividad. En la actualidad se ha alcanzado un récord en materia de inversiones, exploraciones, exportaciones y generación de empleo, sumando a ello el incremento de proyectos y el incentivo a un mayor desarrollo de proveedores locales, la posesión de uno de los niveles de salarios más altos de la industria y la ejecución de tareas en un marco de sostenibilidad ambiental y social. Para ello, se destinó en 2012 una inversión de $1040 millones.

Finalmente, en materia de comunicaciones, se invirtieron $4959 millones, enfatizando en cómo llevar los servicios de telefonía e Internet a aquellas localidades que no cuentan con servicio básico telefónico.

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Además, se instaló, trasmitío y están en proceso de aprobación final 54 estaciones digitales de transmisión, y hay otras 19 en construcción.

También se contrató la adquisición y distribución de 1.916.000 decodificadores. Con relación al programa Televisión Directa al Hogar, se han adquirido y se encuentran en proceso de instalación 30.020 kits satelitales que permiten la difusión de señales de TV digital en zonas alejadas del área de cobertura.

Todas estas acciones conforman un eslabón más en la cadena de iniciativas y decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en función de la construcción de un proyecto de desarrollo con inclusión social.

Estas obras no hacen más que demostrar con hechos todo lo realizado por esta gestión de Gobierno.

Más información en: http://www.sigen.gov.ar/pdfs/memoria_Estado_Nación_2012.pdf

Memoria 2012 del Ministerio de Salud de la Nación Esta cartera inició un fuerte proceso de fortalecimiento de su capacidad de rectoría sobre los Ministerios de Salud Provinciales y el Ministerio de Salud de la Nación, mediante la implementación de políticas y proyectos sanitarios tendientes a mejorar el nivel de salud de la población, haciendo hincapié en la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes; en la prevención, vigilancia y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles y en materia regulatoria sanitaria.

En relación a las Enfermedades Transmisibles, se jerarquizó la prevención de Enfermedades Transmisibles por vectores, especialmente en los sectores de mayor riesgo, a través de la caracterización de los grupos más vulnerables, el rociado con insecticidas y de la provisión de medicación gratuita para el mal de Chagas.

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Se creó la Sala de Situación de Enfermedades Transmisibles por Vectores y el Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales. Asimismo, se amplió la vacunación a través de la inmunización temprana y basada en el fortalecimiento del Calendario Nacional de Inmunizaciones y la cobertura en tratamiento y seguimiento de laboratorio para personas coinfectadas por VIH y hepatitis B y C. En este marco, se garantizó el acceso equitativo a la Salud Sexual y Reproductiva a través de la distribución de insumos, difusión y campañas de comunicación e información.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, se trabajó para combatir los factores causales: el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco y la inadecuada alimentación, entre otros. Esta estrategia está basada en la implementación de políticas tales como la promoción de ambientes libres de humo y el control del consumo de tabaco; la modificación del Código Alimentario Nacional para lograr que la Argentina sea un país libre de grasas trans en 2014; los convenios con las industrias alimenticias para la reducción de sal en los alimentos procesados y los convenios con cámaras y federaciones de panaderos para la reducción de sal en el pan, entre otras incitativas.

En este marco se promueven estilos de vida y entornos saludables a través de dispositivos de comunicación social como el Manual de actividad física (con normas para su correcta prescripción), la campaña de promoción del consumo de frutas y verduras, la atención primaria de la salud, impulsada por una activa movilización ciudadana y el fomento de la participación comunitaria a nivel territorial.

En materia de Salud Mental, se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental –26657–, con un fuerte apoyo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se promovió la apertura y/o fortalecimiento de servicios de salud mental en los hospitales generales.

Por otra parte, se fortaleció la provisión de medicamentos oncológicos a pacientes atendidos en hospitales públicos y sin cobertura en salud.

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Como resultado del trabajo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), se realizaron 2252 trasplantes con órganos y tejidos provenientes de donante cadavérico, observándose un incremento del 9,9% respecto del año anterior. Se registraron 566 donantes de órganos, lo que representa un aumento del 6,4% respecto del 2011, y se obtuvieron 1619 órganos y 1849 tejidos, un 8,8% más que el año anterior.

Las acciones sobre regulación, fiscalización e información se han profundizado, destacándose el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el ámbito federal a través del ANMAT FEDERAL y el establecimiento de trazadoras. Las 24 jurisdicciones participaron en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) y en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), y se sistematizó la Legislación Sanitaria de la Argentina en medio digital y acceso universal y gratuito (LEGISALUD).

Una serie de acciones han requerido el trabajo integrado y coordinado con otras áreas del Gobierno Nacional: se han realizado importantes acciones con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Educación para el desarrollo de una agenda conjunta en materia de Salud y Educación. Entre otros puntos, se destacan: la expansión del Programa Municipios y Comunidades Saludables, ya que se alcanzaron 973 municipios distribuidos en todas las provincias de la Argentina; la introducción de tecnología de avanzada en la confección de anteojos en las Unidades Móviles del Programa de Abordaje Sanitario Territorial, con lo que se logró que 13.822 anteojos fueran entregados el mismo día de atención a personas que presentaron alguna disminución visual y que 233.481 personas de poblaciones vulnerables con acceso limitado al sistema público de salud por barreras geográficas, económicas y/o institucionales fueron atendidas en clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, odontología, nutrición, enfermería y oftalmología-.

A través del dispositivo del campamento sanitario del Programa Cuidarse en Salud y en articulación con distintos programas de la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias y del Ministerio, fueron atendidas 28.412 personas, quienes se realizaron controles de salud (glucemia, colesterol, peso y talla, presión arterial, edad pulmonar), en el marco de esta iniciativa para favorecer la prevención y promoción de la salud e incentivar conductas saludables.

Más información en: http://www.sigen.gov.ar/pdfs/memoria_Estado_Nación_2012.pdf

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Memoria 2012 del Ministerio de Educación de la Nación Desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, ha sido posible volver a pensar y ejecutar en la Argentina una política educativa integral, pensada como política de Estado para el siglo XXI. Las leyes educativas que han permitido el ordenamiento, financiamiento y promoción de las áreas estratégicas de la enseñanza no fueron sólo un puñado de buenas intenciones y de altisonantes declaraciones de principios, sino que los logros que aquí se sintetizan así lo corroboran. Cada una de estas leyes es un programa de acción en todos los campos de la educación nacional. A ellas nos hemos referido, a su espíritu y su letra nos hemos ajustado, al planificar las acciones en los diversos frentes de trabajo que hemos afrontado.

De este modo, a través de las políticas llevadas adelante por el ministerio con cada una de las acciones realizadas, hemos ratificado durante el año que pasó nuestra obligación como garante del derecho a la educación integral permanente y de calidad para todas y todos los habitantes de la Nación. Asimismo, con el incremento sostenido del financiamiento de la educación, estamos promoviendo la inclusión educativa y la mejora de la calidad. En esta línea, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de los marcos legales vigentes y en acuerdo con los gobiernos educativos de las 24 jurisdicciones argentinas, promovió un conjunto de decisiones políticas, pedagógicas y de financiamiento para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que esas leyes y las políticas del Gobierno Nacional nos señalan.

Dentro de los grandes objetivos que nos siguen empeñando, el más preciado de todos sigue siendo el de la construcción de una nueva escuela secundaria que pueda albergar a todas y todos los jóvenes argentinos.

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La sociedad entera nos ha encomendado esa tarea y muchos de nuestros esfuerzos han sido dirigidos en esa dirección. Asimismo, hemos incrementado nuestro esfuerzo en las áreas de Primera Infancia, Educación Técnico-Profesional y Formación Docente. En la mejora continua de la formación de nuestros docentes está la clave para arribar a metas cada vez más exigentes en la calidad de los aprendizajes.

El trabajo mancomunado con otras reparticiones y agencias del Estado Nacional constituye para nosotros una política estratégica de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las acciones comunes con otros ministerios se han incrementado en todos los ámbitos de la Nación, especialmente en las zonas más carentes, donde debemos destacar la convergencia con los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí donde más carencias materiales y simbólicas se verifican, es donde se hace más imperiosa la presencia del Estado. En ese sentido, durante 2012 hemos mejorado edificios escolares, inaugurado otros, llevado adelante campañas sanitarias y fortalecido el trabajo de nuestros docentes y de las comunidades locales.

Asimismo, el avance alcanzado con el Plan Conectar Igualdad puede contarse ya como una de las más revolucionarias y exitosas políticas de Estado en materia de educación de las últimas décadas: llevamos entregadas más de 2 millones de netbooks y hemos capacitado a más de 400 mil docentes.

También hemos continuado junto a otros ministerios en la atención privilegiada que merecen quienes, merced a la escolarización motivada por la existencia de la Asignación Universal por Hijo, están retornando a la escuela, que es el mejor lugar para que nuestros niños y jóvenes encuentren un destino de dignidad.

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La decisión política del Gobierno Nacional, con el acompañamiento de la sociedad toda, ha posibilitado que, como nunca antes en nuestra historia, la creciente inversión en educación permita el cumplimiento de metas y logros que apuntalan las políticas de inclusión y calidad que el ministerio viene llevando adelante.

Esta política de inversión creciente ha permitido que en 2012 los fondos transferidos a las provincias por todo concepto hayan alcanzado la suma de $4.927 millones, lo que significa un aumento del 848% desde 2003, cuando la cifra girada había sido de $519 millones.

A su vez, la inversión en infraestructura ha alcanzado los $1840 millones en obras destinadas a nuevas construcciones, ampliaciones y refacciones de edificios escolares en todo el país.

Estos avances materiales, impactantes por su dimensión y extensión en el territorio, han sido además acompañados por medidas estratégicas para mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. La aprobación por parte del Consejo Federal de Educación del “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 20122016” constituye un avance en orden de sintetizar los logros y desafíos futuros de la educación nacional. La aprobación de un calendario que establece 190 días de clase en todo el territorio argentino es, además, un importante mojón en el camino de la calidad educativa.

Hemos trabajado, en suma, para que a cada argentino y argentina le llegue, en el campo educativo, la porción de justicia social y de dignidad que por derecho le corresponde. En ese sentido, asumimos nuestra tarea como un mandato y a la vez como un privilegio: el de poder contribuir con nuestra acción cotidiana a la construcción de una Argentina con más educación, justicia y libertad.

Más información en: http://www.sigen.gov.ar/pdfs/memoria_Estado_Nación_2012.pdf

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Desafíos 2013

del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública Por Sandra Bengerfeld*

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ste es un año académico de múltiples realizaciones para el ISCGP. El crecimiento exponencial de nuestra oferta académica desde la inauguración del Instituto, allá por el año 2010, se trasunta no solo en el incremento de programas, actualizaciones y especializaciones, sino en la calidad y diversidad temática de los mismos.

En cuanto a la especificidad del control, el ISCGP este año esta proponiendo temáticas como el “Programa de Gestión de la Calidad en el Sector Público”, “Programa de Órganos Rectores del Sector Público Nacional”, “Programa en Gestión de Obra Pública”, “Programa en Innovación, Tecnologías y Comunicación en la Gestión Pública”, “Programa de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional”, “Especialización en Control Gubernamental”, “Especialización en Control de la Gestión Ambiental”, “Actualización en Gestión y Control Gubernamental”, “Actualización en Auditoría Interna Gubernamental” y “Actualización en Control y Auditoría de la Tecnología de la Información”, en cada caso, bajo la modalidad presencial, semipresencial o e-learning.

A todo lo descripto se sumó la firme voluntad, mediante la decisión del Comité Académico, presidido por el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, de renovar las ediciones del “Programa de Formación a Distancia en Ética y Responsabilidad Social en el Servicio Público” y el “Programa de Formación a Distancia en Balance Social: Diseño, Desarrollo e Implementación”, dirigidas por el internacionalmente reconocido jurista y académico, Bernardo Kliksberg.

De esta forma SIGEN, a través del ISCGP, evidencia una vez más el compromiso de capacitar a los agentes de la Administración Pública Nacional en

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materias que les brindan herramientas de monitoreo que permitan sistematizar, medir y comunicar las acciones que desarrollan y los impactos que de ellas devienen. Esta moderna tendencia adoptada desde 2011 por el Gobierno Nacional, se complementa con la adopción de medidas para orientar la gestión pública de manera socialmente responsable.

En sintonía con el Proyecto de Ley presentado por la Senadora María Laura Leguizamón, que apunta a la “obligatoriedad de confección de balances sociales para empresas estatales y aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación accionaria”, presentamos la segunda edición de “Balance Social” y la cuarta de “Ética y Responsabilidad Social”, cuyos resultados impactarán directamente en las organizaciones del Estado y en la ciudadanía en pleno.

Vale destacar que el ISCGP este año ha decidido innovar incrementando la capacitación en temáticas comprometidas con los Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente. Tal es el caso de la segunda edición del“Programa de Capacitación en Diversidad Cultural “Respeto por los otros”, dictada en conjunto con DIVERSIA, el renovado “Programa de Capacitación sobre Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades”, ampliando los contenidos vertidos en el “Ciclo 2012 de Violencia de Género”, que con éxito capacitó a más de doscientos funcionarios de la APN, y el “Ciclo de encuentros sobre Fortalecimiento de Control de Políticas de Derechos Humanos” en conjunto con Universidad de Lanús y referentes internacionales en la temática.

A los programas descriptos se suma el “Programa de Capacitación en Discapacidad y Acceso a la Justicia”, dictado por el equipo técnico de ADAJUS, dirigido al área de Recursos Humanos de los organismos,

responsables de la incorporación de trabajadores con capacidades especiales, potenciando sus habilidades, y el “Programa de Capacitación en Teletrabajo”, en conjunto con la Coordinación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Áreas de Investigación Respecto las áreas de investigación del ISCGP, el Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Diversidad Cultural, Religiosa y Etnica (DIVERSIA), que está conformado por la Secretaria de Culto de la Nación, Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo (INADI), Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Asociación Cultural Armenia (ACA), Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y el Centro Ana Frank Argentina, sigue creciendo en actividades y llegada a través de la difusión masiva de su trabajo.

En el devenir de la tarea cotidiana con las distintas comunidades descubrimos con sumo agrado que las similitudes y coincidencias culturales eran más que los supuestos “puntos de conflicto”. Existen en la actualidad prejuicios respecto a la efectiva convivencia pacífica de las culturas monoteístas. A través de la información recabada, nos encontramos ante el formal entendimiento que la armonía se remonta a más de dos mil años de la humanidad y que los inmigrantes que contribuyeron a formar la historia de la Argentina replican ese entendimiento.

El desafío consiste en trabajar en la difusión de estas coincidencias, haciendo crecer la relación entre

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las mismas y derramando, primero en funcionarios públicos, y luego en la ciudadanía en general, el saber crítico que les permita romper barreras ideológicas y verdaderamente “integrar”, respetando diferencias y valorando las igualdades.

Para ello contamos con herramientas informáticas como páginas web : • www.diversia.org.ar • www.sigen.gob.ar • www.inadi.gov.ar • www.diarioarmenia.org.ar • www.iscgp.gob.ar • www.daia.org.ar • www.cira.org.ar • www.armeniosonline.com.ar • www.centroanafrank.com.ar foros de debate y redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), herramientas multimedia como videos y animaciones institucionales, revistas especializadas donde se incluyen artículos de investigación y opiniones de expertos, como la “Revista SIGEN”, “Revista Compromiso por la Diversidad DAIA”, “SIGEN en línea”, “Diario ARMENIA” y el Programa de Televisión “El Kalamo” que se emite en la TV Pública (llegando a 250.000 hogares, según medi-

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ción de IBOPE), además de material gráfico de alta calidad para promoción en diversos formatos, herramientas de capacitación como aulas totalmente equipadas para cursos presenciales y plataformas virtuales de aprendizaje para cursos online.

A través de los medios tecnológicos, llegamos con cursos e-learning a todo el Mercosur, mediante los convenios de cooperación recíprocos que el ISCGP tiene con la Red Federal de Control Público, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de Control Público y la Asociación de Entidades de Control Público del Mercosur (ASUR).

Desde DIVERSIA apostamos plenamente a la capacitación, como herramienta de profundización del saber. El debate intercultural y el conocimiento acabado de las similitudes, historia e inserción en la Argentina, problemáticas comunes, mitos y realidades, dio como resultado un programa de capacitación durante 2013 de 112 horas cátedra que, junto a los programas de divulgación intercomunitaria que se desarrollan a lo largo del país componen una acción directa de sensibilización en Diversidad Cultural, Étnica y Religiosa.

El Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Violencia de Género e Igual-

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dad de Oportunidades (GENER@), creado por el Síndico General de la Nación y la Universidad de San Martín en diciembre de 2012 tiene como objetivo primario trabajar en un enfoque que permita ampliar las posibilidades de investigación y capacitación en prevención de la violencia laboral (en el ámbito de la APN) y doméstica (a través de entrenamiento de los agentes para detectar precozmente casos atendibles).

El cambio de paradigma de los estereotipos sociales suelen perpetuar la discriminación y la falta de acceso a oportunidades en cualquiera de sus manifestaciones, atentan contra Derechos Humanos consagrados en la Constitución Nacional, y desde ese lugar trabajaremos.

La alianza estratégica celebrada desde el ISCGP con la Subsecretaría Unidad Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Consejo Nacional de las Mujeres, y la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT) nos permite profundizar lazos de cooperación, que posibilitan establecer intercambios de experiencias y relaciones de colaboración en los distintos campos que representan el control, así como la realización

conjunta de actividades formativas, de investigación, impulso y fomento para promover el compromiso con la prevención de la violencia en todo el Sector Público Nacional.

Durante el mes de abril de 2013 lanzamos un programa de capacitación intensivo en la sede del ISCGP y que cuenta con la participación de los más renombrados especialistas en la materia. A través de la Red Federal de Control Público llegamos por sistema de videoconferencia a los Tribunales de Cuentas de todo el país, promoviendo el intercambio de experiencias y ciclos itinerantes de encuentros, con sede en las distintas provincias.

Como puede apreciarse, este es un año de grandes desafíos para el ISCGP, que renueva su vocación de apuntar a la excelencia en materia educativa con un equipo renovado y el invalorable apoyo de todas las áreas de SIGEN, siguiendo los lineamientos del Presidente del Comité Académico y Director del Instituto, Daniel Reposo, con el concepto claro de que la capacitación permite mejorar la gestión de un Estado cada vez más eficaz y eficiente. * Dra. Sandra Bergenfeld Secretaria Académica ISCGP

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IX Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público

El jueves 23 y el viernes 24 de mayo, se realizaron las IX Jornadas Técnicas de capacitación para agentes del control de la Red Federal de Control Público. Los encuentros tuvieron lugar en el Auditorio de SIGEN (Avda. Corrientes 381 – Capital).

La apertura y el cierre estuvieron a cargo del Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, y del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, Miguel Terraf.

Hubo disertaciones, plenarios y talleres a cargo de funcionarios de SIGEN, auditores internos, síndicos jurisdiccionales y miembros de los Tribunales de Cuentas y de los organismos de control de todo el país.

La OEA destacó el fortalecimiento de los organismos de control en la Argentina En las conclusiones sobre Argentina del informe aprobado en la Sesión Plenaria del 21 de marzo de 2013, el Comité de Expertos del MECISIC de la OEA destaca que el país ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer los organismos de control.

En el caso específico de SIGEN, el Comité de Expertos formuló la siguiente conclusión: Argentina ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como órgano de control superior.

En cuanto a las acciones de fortalecimiento institucional, se destacan la implementación del Plan Estratégico Institucional 2011/2015; la creación del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública; el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y los acuerdos de cooperación y asistencia técnica vigentes con entidades públicas y privadas, tanto del ámbito nacional como internacional.

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Estuvieron a cargo de los plenarios: • Máximo Diosque, Secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación; y José Gandur, Titular de la Unidad de Auditoría Interna de dicho Ministerio.

• Funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

• Silvana Parodi, funcionaria de la Sindicatura General de la Nación • Sandro Sassatelli, Director de Ejecución de Proyectos para la Agricultura Familiar, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Luisa Castillo y Ana María Loto, miembros del Tribunal de Cuentas Municipal de la Ciudad de Santiago del Estero.

• Marcelo Caínzos, Gerente de Supervisión Social de SIGEN El titular de SIGEN, Daniel Reposo, anunció que pronto se integrarán a la Red el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La auditoría de IRAM destacó a la Sindicatura General de la Nación y recomendó que se le otorgue la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 La auditoría realizada por varios meses en todos los sectores de SIGEN no detectó observaciones y destacó el compromiso de la dirección del organismo; la competencia, la toma de conciencia y la formación del personal; el buen ambiente de trabajo; la minuciosidad de la auditoría interna; y la mejora como organización en la rapidez y eficacia de las respuestas.

Además, de esta manera, la auditoría de IRAM también certifica en calidad los Procesos de Precio Testigo para seguir brindando transparencia a las compras de la administración pública nacional.

Un hecho más que significativo para SIGEN y todo el sistema de control interno del Estado Nacional.