y cara, a pesar de que continuamente se anuncian reformas legales orientadas a agilizarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Recientes ejemplos de esos intentos son la nueva oficina judicial, el “papel cero” en la tramitación de los procesos judiciales para que estos se sigan a través del denominado “expediente electrónico”, la desjudicialización de algunos sectores, la potenciación de figuras alternativas como la mediación, o la atribución de funciones a otros profesionales del Derecho que hasta ahora ejercían los jueces. Y sin embargo los ciudadanos acaban sintiendo que esas reformas no son otra cosa, por así decirlo, que meros intentos de reanimación aplicados a un enfermo terminal en cuya recuperación definitiva nadie confía realmente.
ejerce presiones para que resuelvan en un sentido determinado. La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial aseguran suficientemente la independencia de los jueces a la hora de juzgar, impidiendo que tanto la influencia de aspectos ideológicos como posibles acciones desde el poder político influyan de algún modo en los procesos de toma de decisión. Y diré más: tanto el sistema de responsabilidad personal del juez como el deber del Ministerio Fiscal de velar por la independencia de los jueces y magistrados garantizan que así es. Creo más bien que el sentir general sobre el riesgo de politización de la justicia se refiere a otra cosa distinta de la función judicial. Es una preocupación que se proyecta sobre aspectos de tipo organizativo y, en general, sobre el gobierno del poder judicial, que recae en el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos políticos se han hecho eco de esa preocupación en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales y proponen opciones diversas, desde la elección directa por los ciudadanos de los miembros del Consejo hasta la supresión de dicho órgano, pasando a ejercer sus funciones directamente el Ministerio de Justicia. Ahora los ciudadanos, conscientes de que la justicia emana del pueblo, tienen la última palabra y la oportunidad de ejercerla con responsabilidad.
“como seRvIcIo PúblIco, lA justIcIA es, Reconozcámoslo, unA De lAs InstItucIones PeoR vAloRADAs”
A la deteriorada imagen de una administración de justicia lenta y con graves carencias en medios materiales y humanos se suma otra percepción generalizada no menos negativa, a la que suele aludirse con la expresión “politización de la justicia”.
sobRE lA iMAgEn dE lA JustiCiA
A mi modo de ver hablar de la politización de la justicia, utilizando esos términos tan amplios, dificulta conocer de qué riesgos estamos hablando exactamente. Sinceramente, no creo que los ciudadanos piensen que los jueces deciden a favor de una u otra parte en atención a sus afinidades políticas, ni creen que el poder político
T
odavía hoy se acude con frecuencia al viejo aforismo sobre la mujer del César para expresar cómo debe ser la justicia: no solo honesta, sino además parecerlo. La conocida representación de la justicia mediante una figura de mujer que viste una túnica, tiene los ojos vendados y porta una espada y una balanza en equilibrio simbolizan ese ideal. Pero ¿ocurre realmente así? ¿Tienen los ciudadanos la percepción de que la justicia es confiable y merece su respeto, o piensan más bien que es inefectiva, seguramente a causa de su ancestral falta de medios, y que además se halla politizada? Cualquier democracia constitucional actual, tras el diseño de Montesquieu sobre la separación de poderes, necesita contar con un poder judicial fuerte e independiente al que puedan acudir con normalidad los ciudadanos para obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Nuestra Constitución de 1978 así lo declara, confiando a los Juzgados y Tribunales tan importante tarea: hacer justicia.
Carlos Izquierdo Tellez Magistrado
A grandes rasgos, el diseño de nuestro sistema judicial se asienta sobre un conjunto de principios de estricta observancia: la independencia de los jueces y magistrados, su sujeción a la ley y el deber de obediencia al Derecho, su responsabilidad, su imparcialidad, la prohibición de la arbitrariedad en sus decisiones, etc. Estos principios no son meras declaraciones programáticas, sino auténticos deberes, existiendo suficientes mecanismos en la ley para garantizar su cumplimiento. Pero los ciudadanos no tienen esa percepción. Como servicio público, la justicia es, reconozcámoslo, una de las instituciones peor valoradas. La maquinaria es lenta Foto: Tribunal Constitucional. Foto tomada por K3T0 y compartida en Wikimedia Commons en régimen de atribución. http://bit.ly/1RHjxl3
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