guramiento”-, o de una cantidad fija -propiamente “copago”-, con o sin “franquicias” o “deducibles” -pago hasta una cantidad fija por período, asumiendo el asegurador los eventuales costes suplementarios-, copago por servicio o asistencia -por ejemplo, en atención primaria, especializada, hospitalaria o de urgencias-, copago por productos -por ejemplo, fármacos o productos no farmacológicos-, con o sin exenciones y limitaciones -por ejemplo, en función del nivel de renta del usuario-, etc.). En España ya se aplican fórmulas de copago; en primer lugar, todos los usuarios que pagan impuestos ya están siendo gravados para financiar su asistencia. Además, para ciertos colectivos (prácticamente todos, excepto la mayoría de los pensionistas), existe el copago por productos sanitarios (farmacológicos y algunos no farmacológicos). La actuación sobre la oferta se orienta a reducir la prescripción o el uso inapropiado de productos y tecnologías sanitarias por parte de los profesionales. El “uso inapropiado” incluye el uso de tecnologías intrínsecamente ineficaces, el uso de tecnologías efectivas en casos en los que no lo son, y el no-uso de tecnologías efectivas y eficientes en los casos en los que estarían indicadas (lo que habitualmente implica el uso de otras alternativas menos efectivas y más caras). Este enfoque se basa en el hecho de que el principal determinante de la utilización de productos y servicios por parte de los usuarios son las recomendaciones y prescripciones de los profesionales. Por lo tanto, en vez de gravar a los pacientes por las decisiones de sus médicos, pretende asegurar que los profesionales usen apropiadamente las tecnologías sanitarias disponibles.
Sanidad pública:
rigor o quiebra
R
ecientemente, tras la publicación de un artículo científico sanitario en Biomed Central Musculoskeletal Disorders, en el que se indicaba que el 60% de los fondos del Servicio Canario de Salud para tratamientos rehabilitadores se había dedicado a procedimientos carentes de base científica o probadamente inútiles, se generó un gran revuelo. El gasto sanitario en España está en la media del de los países de la OCDE, pero aumenta a un ritmo mayor que el de muchos de ellos. Entre 1990 y 2001, el gasto sanitario público español ha crecido a un ritmo medio real, descontando el efecto de la inflación, del 2,8% cada año. Actualmente representa entre el 40% y el 50% del presupuesto total de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Como la crisis económica ha obligado a reducir el presupuesto y el déficit públicos, se han planteado diversas medidas para contener el gasto sanitario, e incluso reducirlo. Esas medidas han tenido enfoques, grados de urgencia y fundamentos variables de una Comunidad Autónoma a otra. En general, las medidas propuestas han sido de dos tipos: de actuación sobre la demanda sanitaria y de actuación sobre la oferta sanitaria.
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Dr. Mario Gestoso Director Médico de la Fundación Kovacs Director Escuela Balear de la Espalda (EBE) Director Escuela Española de la Espalda (EEDE) www.kovacs.org www.eede.es
La actuación sobre la demanda plantea adoptar medidas que inciten al usuario a reducir su demanda sanitaria. Conceptualmente, entre estas medidas podrían incluirse algunos programas de educación sanitaria que enseñan a identificar cuándo está justificado pedir asistencia sanitaria (y cuándo no lo está). Otras propuestas para reducir la demanda sanitaria se han centrado en distintas formas de copago. Aunque se suele plantear “el copago” como un concepto único e innovador, realmente, existen muchas modalidades diferentes de copago (por ejemplo, pago por parte del usuario de un porcentaje del coste -técnicamente denominado “coase-
Por motivos interesados, el uso inapropiado de las tecnologías es una realidad frecuentemente ignorada (o negada) por parte de ciertos clínicos (especialmente, aquellos que, con sus decisiones y prescripciones inapropiadas, lo causan), algunos gestores (que lo toleran, ya sea por incapacidad para evitarlo o por interés propio) y, sobre todo, por la industria sanitaria (que se beneficia de él, puesto que incrementa su facturación). Por eso, aunque los expertos coinciden en la conveniencia y urgencia de implantar medidas para reducir el uso inapropiado, ese enfoque frecuentemente se obvia en los debates suscitados ante la opinión pública sobre las medidas propuestas para reducir el gasto sanitario.
La adopción injustificada y el uso inapropiado de las innovaciones sanitarias es el principal motivo del incremento del gasto sanitario La adopción injustificada y el uso inapropiado de las innovaciones sanitarias empeoran la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los pacientes, les expone a riesgos innecesarios y es el principal motivo del incremento del gasto sanitario. Esta situación preocupa al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España -Organización Médica Colegial (OMC)- por la merma de la calidad asistencial que conlleva para los enfermos españoles, los riesgos injustificados a los que los expone y el derroche de recursos sanitarios que supone, que por su magnitud amenaza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por eso, la OMC ha decidido impulsar en colaboración con la Fundación Kovacs un programa destinado a mejorar el proceso de adopción de las innovaciones sanitarias y fomentar su uso apropiado. Con ese fin, encargaron a una selección de expertos que analizaran el proceso con el que actualmente se adoptan y usan las innovaciones sanitarias en la sanidad española, identificaran las deficiencias de ese proceso y recomendaran las acciones que deberían acometerse para resolverlas. Entre mayo y noviembre de 2010 los expertos trabajaron en ese cometido, y el 25 de noviembre debatieron sus propuestas con una amplia representación de clínicos, investigadores y gestores del Sistema Nacional de Salud que fueron invitados a una Jornada científica convocada con ese fin. Las recomendaciones finales han sido asumidas por la OMC y son resumidas en un documento, accesible desde www.adopcioninnovacionessanitarias.org Esto significa que sólo se deben aplicar los procedimientos médicos que se hayan evaluado científicamente (eficacia, efectividad y eficiencia). Así, podremos aplicar los útiles y abandonar el resto. Además, con igual eficacia deberán emplearse los tratamientos más baratos. Éste y no otro, es el camino para la sostenibilidad de un sistema que asegure pensiones, sanidad para todos y protección social. Como titulaba al principio, rigor o quiebra.
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