LA AÚN LEJANA “COPIA FELIZ DEL EDÉN”

POR CÉSAR GATICA MUÑOZ

Geógrafo y analista internacional distribución fue pésima; en 1990 el 10% más rico concentraba el 47,1% del ingreso. Las vivencias de quienes estaban en la patria en esos años, aunque subjetivas, lo confirman.

Terminado el régimen dictatorial en Chile en marzo de 1990, la coalición de gobierno, Concertación de Partidos por la Democracia, encabezada por el Presidente Patricio Aylwin Azócar, recibió a un país con una economía que exhibía índices objetivamente positivos.

Entre 1973 y 1989 la economía nacional había crecido en un 58%; esto es, entre dichos años el PIB aumentó de US $16.840.000.000 a US $29.890.000.000.

Asimismo, se verificó un exitoso dinamismo exportador, se controló la hiperinflación registrada hasta 1973 y se adquirió un cierto orden fiscal.

Sin embargo, este éxito estaba acompañado de una sociedad severamente lesionada por una administración autoritaria que se extendió por diecisiete años y que originó problemas de los cuales el novel gobierno democrático debería hacerse cargo.

La situación social que se había configurado hasta ese año, reflejaba vívidamente la frase que Mario Moreno (Cantinflas) pronunció en una sus películas: “Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien. Pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad”.

Los antecedentes oficiales que dan cuenta del resultado de la gestión económica de la dictadura, revelan que el “milagro económico chileno” que en ese periodo se estableció como un hecho irredargüible y ejemplar, no fue más que una magnificación de los resultados obtenidos.

La pobreza ese año, según la Oficina de Planificación Nacional, (actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia) se elevaba a un 38,6%. Este porcentaje era levemente distinto del calculado por la Cepal, órgano que indicó que aquella era de un 40%. Esos porcentajes revelan que más de 5 millones de chilenos vivían pobremente. En verdad, este hecho es más grave aún, pues con el método de medición actual, esa proporción se eleva a un 68,5% es decir, de los 13,3 millones de chilenos en 1990, 9 millones eran pobres. Que eso ocurriera después de 17 años de poder absoluto, da fundamentos a la convicción de que la dictadura de Pinochet no fue eficiente para superar la pobreza y base firme para creer que no era su más importante preocupación.

Se había argüido que actuaría como mecanismo distributivo de los ingresos el efecto goteo o teoría del derrame, que se fundamentaba en la disminución de impuestos a las empresas y fortunas a fin de estimular la inversión de corto plazo y de esta forma beneficiar a la sociedad en general. La experiencia y el FMI indican que esa teoría no funciona.

El propio papa Francisco sostuvo que ese postulado “…que jamás ha sido confirmado por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico…”. Y así ocurrió.

El empobrecimiento de la población fue un efecto directo de las medidas de liberalización de la economía impulsadas por los denominados “Chicago Boys” quienes aplicaron una política económica de shock, de acuerdo con lo planteado por Milton Friedman.

Que en los casi 17 años se generó riqueza, sin duda así fue, pero los números revelan que su

Dicho economista, al recomendar una política de shock aseguraba que, al provocar una súbita contracción, la economía se recuperaría rápidamente. Para ello se debían desmontar los restos del estado de bienestar y promover la aplicación integral del modelo de desarrollo neoliberal.

Los fragmentos siguientes de la extensa carta enviada por Milton Friedman a Pinochet, el 21 de abril de 1975, son elocuentes:

“En la práctica, disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico. La disminución del déficit fiscal es requisito indispensable para terminar con la inflación…”

“En mi opinión, las experiencias de Alemania y Japón luego de la II Guerra Mundial, del Brasil más recientemente, del reajuste de postguerra en Estados Unidos, cuando el gasto público fue reducido drástica y rápidamente, argumentan en pro de un tratamiento de shock. Todas estas experiencias sugieren que este período de severas dificultades transicionales sea breve (medible en meses) para que así la subsecuente recuperación sea rápida...”.

“2. Un compromiso del gobierno de reducir su gasto en 25% dentro de seis meses; reducción que debiera tomar la forma de una disminución transversal del presupuesto de cada repartición en 25%, con los relativos a personal, a tomarse cuán pronto como sea posible…”.

“7. La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que, hoy por hoy, entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de las personas que van a emplearse, la ley actual que impide el despido de los trabajadores.”

“8…Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. También fundaría las bases necesarias para lograr la solución de su segundo problema: la promoción de una efectiva economía social de mercado…”. “… La eliminación de la inflación llevará a una rápida expansión del mercado de capitales, lo cual facilitará en gran medida la privatización de empresas y actividades que aún se encuentran en manos del Estado…”. “…para aprovechar esta oportunidad, Chile deberá primero superar un muy dificultoso período de transición…”.

La draconiana política aplicada, que se articuló según dichas directrices, consistió en una liberación repentina de los precios, el retiro de los subsidios estatales, la privatización de cerca de quinientas empresas y bancos estatales, los que se vendieron a precios irrisorios a numerosos inversionistas, incluyendo a amigos y también a familiares del dictador. Se desamparó a las empresas locales, se eliminaron todas las barreras no arancelarias y se redujeron drásticamente los impuestos aduaneros. Sobrevivieron únicamente las poquísimas empresas que estuvieron en condiciones de competir.

El impacto directo fue una pérdida importante de puestos de trabajo. El desempleo se elevó a niveles gravísimos. Para atenuar la crisis, se aplicó un programa de empleo de emergencia (PEE), el cual consistió en dos planes destinados a absorber mano de obra: el programa de empleo mínimo (PEM) aplicado entre 1975 y 1988 y el programa de ocupación para jefes de hogar (POJH) aplicado entre 1982 y 1988. Fue un subempleo institucionalizado, en el cual el sueldo percibido por los trabajadores era aproximadamente un tercio del salario mínimo y evidentemente, no incluyó pagos previsionales.

Al contrario de lo que Friedman preveía, la transición que en esencia era una crisis profunda, duró años, no meses y tuvo altísimos y penosos costos sociales, los cuales fueron pagados por los grupos más carentes.

Entre las muchas secuelas del alto desempleo, la más grave fue que el consumo calórico de la sociedad experimentó una fuerte caída a partir de 1973, agudizado en 1975. Obviamente, los niños fueron los más afectados. Se recuperó lentamente hasta 1988, año en que el consumo promedio apenas superaba el requerimiento mínimo diario.

En el curso de la dictadura se concentraron casi dos décadas sin progresos en materia nutricional. Es probado que este estado patológico tiene, para los seres humanos, consecuencias de largo plazo y muchas irrecuperables. Su sola mención irrita por la indolencia.

Educaci N Y Cultura

“Siempre he preferido los números a las opiniones”.

Terence Tao

La gestión del sector educación pública durante la dictadura es un tema demasiado amplio como para envolverlo cabalmente en estas notas. Lo que es verdadero es que aquella sufrió un fuerte deterioro.

La causa fundamental del problema se hallaba en la referida recomendación de Friedman de reducir el gasto público, la cual el gobierno de facto llevó también a este sector. De esta forma, se creó un estado subsidiario débil y se dejó el desarrollo del sistema educacional en manos del sector privado.

Así fue como el presupuesto asignado al sector cayó al 3,1% del PIB en 1978 y al 2,3% en 1990.

Lo anterior se asoció a la transferencia de las tareas de educación, desde el gobierno central a las municipalidades y a la creación de escuelas subvencionadas. Ello significó, en definitiva, la destrucción del Estado Docente y la introducción del concepto que la educación es un bien de consumo. En julio de 2011, el entonces presidente Piñera reiteró esa interpretación. Es claro que existe aún una resistencia a la gratuidad de la educación, pese a que esta está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La dictadura desarticuló la red de universidades públicas de la época, regionalizándolas y desvinculándolas unas de otras. Además, en 1981 promulgó la Ley General de Universidades, mediante la cual se inició la privatización de la educación superior y se abrió la posibilidad de crear universidades privadas, de las cuales existen actualmente cincuenta y ocho.

La mercantilización del sector se apoyaba, en parte, en el argumento del alto costo que significaba para el Estado y en que antes de 1973 quienes accedían a la educación eran pocos.

Las cifras indican lo contrario. En el caso de la educación secundaria en nuestro país, se constata lo siguiente:

La población en 1970 era de 9.564.000, en 2017 de 17.373.831. Aumentó en un 81,85%

El PIB en 1970 era de US $ 9.126.000.000. El mismo producto en 2016 fue de US $ 247.000.000.000. El aumento fue extraordinario.

Los alumnos secundarios en 1970 eran 590.130 (6.7% del total de la población). En 2012, 1.443.554 (8.3% del total de la población). Aumentó un 144%.

Estos números no resisten refutaciones. Las condiciones financieras del presente, son mucho mejores que las de la década de 1970.

Solo en 2016, como efecto de las movilizaciones estudiantiles, se consolidó la gratuidad en la educación superior para los estudiantes provenientes del 60% más vulnerable. Los demás deben financiar sus estudios ellos mismos o con créditos con aval del Estado. Los efectos de las políticas de la dictadura para este sector, aún se dejan sentir.

Como consecuencia de la represión y debido a que el Estado retiró el fomento a estas materias, se verificó también una perceptible baja en el país, en la creatividad artística y cultural. Paradojalmente, el concepto de “apagón cultural” fue aplicado por el almirante Arturo Troncoso, quien en 1977 ocupaba la cartera de educación, para referirse, sin la debida precisión, a los bajos puntajes obtenidos por quienes postulaban a las escuelas de las fuerzas armadas.

Hubo resistencias memorables en la literatura, la música, en las artes visuales y en el teatro, (Ictus, por ejemplo) pero que no podían vencer los impactos de la fuerte inacción del Estado.

Salud

En esta misma línea de liberalización, en 1974 la inversión en salud descendió a un 2% del PIB. Igualmente, se siguieron en este sector las mismas políticas neoliberales, por lo que el vacío en la inversión debía ser cubierto por el mercado.

La esencia de esta política se reflejó en que en 1979 el gasto en salud por habitante estaba por debajo del nivel de 1969-1970. Es elocuente que entre 1973 y 1990 no se construyó ningún hospital público en el país.

En 1979 se reorganizó el Ministerio de Salud y se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Ello permitió mantener ciertos beneficios sociales como alimentación complementaria para los menores de edad y las campañas de vacunación.

El mismo año se creó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) órgano encargado de administrar los recursos estatales destinados a salud. Los afiliados en el presente, son más de 16 millones de personas, es decir el 81% de la población.

En 1981 se crearon las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Los afiliados a estas empresas privadas encargadas de administrar las atenciones de salud son, en la actualidad, alrededor de 3 millones de personas, es decir el 19% de la población. Este es un negocio con la salud. No es un servicio social.

En síntesis, el sistema de salud chileno, en el presente, está constituido por siete Isapres y por Fonasa. Es sabido que estas empresas hoy enfrentan una seria crisis financiera.

Las resumidas informaciones que a este respecto se han expuesto en los párrafos precedentes, permiten comprender lo esencial de las complejidades que el sistema de salud enfrenta en nuestro país, aún en la actualidad.

Previsi N Social

Otra herencia ingrata de la dictadura es el sistema de capitalización individual de los trabajadores destinada a financiar las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia. Para ello en 1981 se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se prometieron jubilaciones que corresponderían al 100% de los sueldos y salarios. Nadie ignora que en el presente, estas difícilmente alcanzan el 25%. Para mitigar los efectos de este problema se ha creado un beneficio mensual, pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), que complementa la pensión base, cuando esta se sitúa bajo un mínimo establecido.

La dictadura de Pinochet introdujo diversas modernizaciones en Chile. Varias de ellas han constituido fundamentos para las estrategias de desarrollo adoptadas desde 1990, pero como se ha señalado antes, en el ámbito social dejó complejos problemas, los cuales las gestiones políticas desplegadas durante los treinta y dos años de democracia, han logrado resolver solo parcialmente.

La Realidad Probada

Las cifras oficiales desmitifican el denominado “milagro chileno” obrado por la dictadura.

El crecimiento económico del régimen de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió solo el 2,9% anual y probado está que la distribución del ingreso se deterioró notablemente, así como el empleo y su calidad.

En contraste, en los periodos presidenciales comprendidos entre 1990 y 2009, el crecimiento del PIB promedió el 5,1%. El PIB per cápita aumentó en promedio un 3,7% anualmente. Ello marca una diferencia con el crecimiento promedio registrado entre 1974 y1989.

Cabe indicar que, entre 2010 y 2021, el promedio de crecimiento del PIB fue de 3,1%.

Las referencias en estas notas a la gestión política de la dictadura, tienen dos motivos, sus efectos están engarzados con los hechos sociales del presente y porque, pese a los errores y crímenes perpetrados, hay un inquietante y no menor porcentaje de chilenos nostálgicos de la labor pinochetista. La crítica a lo ejecutado entre 1973 y 1990, comprende también la certeza que tanto el golpe de estado, como el régimen dictatorial fueron innecesarios, debido a que la democracia siempre dispone de herramientas eficaces para resolver todas las dificultades que afectan a la sociedad, sin necesidad de recurrir a procedimientos cruentos.

Lo vivido por los chilenos en los diecisiete años de tiranía prueban que es verdad el siguiente aforismo: “la democracia no es el paraíso, pero garantiza que un país no llegará al infierno”.

Con un fin pragmático y por razones morales, es imperioso que la clase política y la comunidad remedien los problemas que nuestra sociedad, siempre cambiante, hoy enfrenta. Es claro que esta tarea es permanente y lo especifico en el presente, en que encara circunstancias críticas que afectan su estabilidad. Los requerimientos materiales y la seguridad ciudadana hoy vulnerada, solo se resolverán efectivamente, en el contexto de una democracia consolidada y madura. La tentación de seguir otros caminos, por inviables, ha de ser vedada.

El 18 Octubre De 2019

El estallido social del 18 de octubre de 2019, es una advertencia que no debe ser desoída. Tuvo su origen en los problemas referidos y no solucionados, que a esa fecha habían adquirido mayor gravedad. Han sido atenuados, pero están latentes.

Atendido el contexto en que el fenómeno se gestó, su análisis debería ser una labor relativamente simple. Todo parece obvio.

Sin embargo, en esos aciagos días surgieron algunos intentos interpretativos que no vincularon el contexto económico social con las violentas manifestaciones.

Tales interpretaciones, reunidas en parte en el informe Big Data entregado por el Gobierno de Piñera a la Fiscalía, cayeron en el descrédito por su falta de fundamentos.

Se llegó mencionar como origen a las intervenciones rusa, cubana y venezolana, a la participación del anarquismo, del narcotráfico y de un grupo aficionado al K Pop. El psiquiatra Ricardo Capponi, fallecido en esos días, sostuvo que era: “...una crisis de identidad producto del choque generacional. Los adolescentes exigen cambios rupturistas desde una mirada omnipotente y simplificadora de la realidad…”.

Lamentablemente, sectores de nuestro país aún insisten en esos diagnósticos probadamente errados. Los hechos refutan toda especulación. Es preciso abordar lo acontecido analíticamente y con la necesaria sensibilidad. El problema está aplacado, pero no extinto.

Las expresiones del entonces ministro de Hacienda, a propósito del aumento de la tarifa del Metro que detonó el fenómeno, en nada ayudarían hoy. Aquellas, pese a su vacilante ilación, denotaban no solo una criticable indolencia, sino también una falta de comprensión del conflicto social que se gestaba: “...destacar a los románticos que han caído las flores, el precio de las flores, así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%”. Hubo otra declaración sarcástica de similar tenor formulada por el ministro de Economía.

Evocaban ambos comentarios la respuesta “que coman pasteles” atribuida a la reina de Francia, María Antonieta, cuando se le dijo que el pueblo no tenía pan. Fue decapitada en 1793. Los ministros solo perdieron sus cargos.

En cambio, la Primera Dama, Cecilia Morel, aunque privadamente, exhortó a una mayor solidaridad por parte de los sectores pudientes.

Es del todo razonable sostener que la desesperanza y la angustia que provocan las carencias materiales ocasionaron esa inolvidable explosión social, y no los choques generacionales.

Los datos duros que describen la situación en la malhadada fecha, son expresivos.

1. El 49,4% de los trabajadores ganaba menos de $ 400.000.

2. El salario promedio mensual en 2018 era de solo $ 573.964.

3. El 10% más rico de Chile recibía el 37,9% del ingreso nacional.

4. El 1% más rico el 10,1%.

5. Chile se encontraba en el 23° lugar de la peor distribución del ingreso en el mundo, en un universo de 157 economías.

6. Al año 2019, la deuda media total de los hogares chilenos ascendía al 73,5% de sus ingresos anuales, fenómeno que afectaba a once millones de personas mayores de dieciocho años.

7. Al segundo semestre de 2019 la deuda de los hogares crecía en torno al 7% real anual.

8. El mismo año, la deuda morosa promedio, que afectaba al 33% de la población mayor de 18 años, es decir a 4,6 millones de chilenos, era de $1.800.000 (US$2.300) per cápita.

9. En 2019 el promedio de la jubilación de los hombres llegó a $290.070. (US$ 350).

10. El promedio de la jubilación de las mujeres fue de solo $176.856 (US$ 214).

11. Según la Encuesta Nacional de Salud de 20162017, los medicamentos más consumidos en el país eran ansiolíticos y antidepresivos.

12. Las licencias por enfermedades mentales presentadas en 2018 fueron 944.627.

13. Las licencias psiquiátricas que fueron rechazadas el año 2015 fueron 198.000.

14. Las licencias médicas psiquiátricas aprobadas en 2013 habían sido 616.942. El incremento en cinco años corresponde a un 53%.

15. En el periodo 2013 al 2014, el mayor número de estas licencias habían sido motivadas por dolencias como tendinitis o lumbago.

16. La tasa de suicidios en el año 2017 alcanzó 1.857 casos. Para efectos de comparación, ese año se registraron 1.483 muertes por accidentes de tránsito.

17. La mayor tasa de suicidios del país ocurría en personas de 80 años y más (8.13%).

18. Si se considera el tramo desde los 65 años hasta los 100, el porcentaje se eleva al 27,3%.

Es claro que el problema no es que pocos ganen mucho, sino que la gran mayoría de los chilenos no logra satisfacer sus necesidades materiales básicas con sus ingresos.

Una ligera interpretación de los hechos descritos, sin que sea necesario hilar fino, permite advertir que en la fecha señalada se había configurado una situación social crítica e insostenible, la cual podía desencadenar una protesta bastante violenta. Ello sin necesidad de la intervención de agitadores fascistas o bolcheviques y anarquistas provenientes del Caribe.

Era obligación de los servicios de seguridad estar en conocimiento de tales hechos.

Lo que ocurrió era un fenómeno fácilmente previsible. Lo que deja en evidencia que también fallaron seriamente los análisis de la realidad y la inteligencia del Poder Ejecutivo.

Naturalmente, la información pertinente y relevante es muchísimo más extensa y abarca otros sectores. Los restringidos espacios de estas notas no permiten exhaustividad.

Es claro que la situación, si bien no ha mejorado radicalmente, está momentáneamente controlada. Pero es evidente que, de no adoptar medidas urgentes y efectivas, nuestro país puede enfrentar nuevas manifestaciones populares violentas, de graves y de no mensurables consecuencias.

No hay que olvidar que hasta el 2020, Chile estaba en la posición 23° de peor distribución del ingreso en el mundo, junto a Lesotho.

“Necessitas caret lege”.

La manifestación pública pacífica está consagrada en la Constitución y en el Derecho Internacional, sin embargo, lo ocurrido en octubre de 2019 se desnaturalizó por el intenso vandalismo, saqueos y violencia, acicateado, eso sí, por grupos violentistas. Ello motivó una represión policial que hizo uso de procedimientos violentos e inefectivos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que las actuaciones policiales dejaron 3.765 personas heridas, de las cuales en 427 constataron heridas oculares y 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular.

La experiencia indica que esa forma de intentar el control de la protesta, no es la más efectiva. No parece haber otra solución para la cuestión social, en este momento, que no sea la actuación del Estado en el tema del perfeccionamiento del sistema tributario y en su labor subsidiaria y solidaria. Lo expuesto hasta aquí fundamenta lo expresado el 18 de junio pasado por el ministro de Hacienda Mario Marcel, ante la posibilidad de no alcanzar un nuevo pacto fiscal: “…significa un riesgo para el país de grandes magnitudes. Si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambios en materia de gastos, sin mayor esfuerzo tributario, y para algunos sin una nueva Constitución, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia…”.

Los hechos demuestran que sería torpe interpretar esa declaración como una amenaza. No cabe duda que está bien fundamentada.

Chile enfrenta un momento crucial. Se comienza a subsanar el origen de los problemas materiales que afectan a la sociedad o la anarquía se expandirá en nuestro territorio.