MEDIO AMBIENTE / RETOS DE ORDEN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL

gan sus máquinas sin preocuparse por el desbalance que podrían causar entre la oferta y la demanda. Así ocurrió en febrero, cuando dejaron de generar porque el combustible estaba demasiado caro, actitud que agravó un problema que la CFE tuvo que resolver con sus propios medios.

El estatus legal

Otra dolencia es la fragmentación y separación legal de la que fue objeto la empresa pública. El presupuesto es por empresa, y cada una de ellas lo ejerce de manera autónoma; sin embargo, la dirección general tiene la responsabilidad de rendir cuentas de cada subsidiaria, sin posibilidad de controlar su administración. Esa segmentación causa daño económico; en lo inmediato dificulta eliminar pérdidas de energía, entorpece la cobranza y resta flexibilidad al manejo del dinero. De igual manera, imposibilita mover recursos de un lado al otro para optimizar la operación y mejorar los resultados, así como para equilibrar el costo de la electricidad entre sus diferentes segmentos. A la empresa del Estado no se le permite hacer crecer sus ingresos mediante compras de electricidad entre las empresas del grupo. Las subsidiarias de generación no fueron autorizadas a participar en las subastas y se les niega la posibilidad de obtener ingresos emitiendo certificados de energía limpia, a pesar de ser las que más la producen (55 por ciento).

La reforma energética no privatizó a la empresa pública, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. Las limitaciones y restricciones normativas y regulatorias merman su capacidad para generar ingresos, cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable a la que aspira cualquier participante del mercado. De seguir operando bajo las reglas actuales, el deterioro financiero le impedirá obtener créditos y será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas, con afectación para el país entero.

Parecería que legisladores, autoridades y reguladores modificaron la legislación con reformas de mercado que no dan trato equitativo a la CFE; que la competencia siempre fue desleal; que su papel se limitaba a dar viabilidad a los proyectos privados; que sólo se le utilizó para hacer bancables los proyectos y acabará pagando varias veces el costo de centrales que ni siquiera serán suyas. En otras palabras, que paga por desaparecer. Le dejaron lo más difícil y costoso: atender a más de 40 millones de pequeños usuarios y responsabilizarse de la red, el negocio menos rentable de la cadena de valor que está bajo presión permanente por las pérdidas técnicas y no técnicas destructoras de ingresos. Las normas hacen que sea un participante del mercado atado de pies y manos.

Una nueva reforma para una nueva figura

Son los motivos para proponerle al Presidente de la República una reforma como la que se envió al Congreso el 1º de octubre de 2021, una reforma constitucional profunda que busca resolver los males que la aquejan, una reforma orientada a allegarse ingresos suficientes para cubrir sus costos, pero también para desprenderse del pobre papel que las reformas de mercado le asignaron.

La reforma propuesta le otorga una porción mayoritaria de la generación de electricidad (56%), que se traduce en ingresos garantizados. También le concede la exclusividad en la venta a los usuarios finales y la aplicación de tarifas definidas por ella misma, lo cual significa reconocimiento del costo real del suministro y, por lo tanto, ingresos que permiten cubrir la integralidad de los costos operativos y de capital, no sólo de la empresa pública sino de todos los que participen en el sistema eléctrico nacional. De esa manera se completaría el circuito del dinero sin desbalances, sin que unos pierdan y otros ganen; los privados autorizados venderían su energía a los precios que ellos decidan en las licitaciones de corto y largo plazo que organizaría el organismo de Estado, nueva figura aún por definir con precisión.

Lo que provoca una reacción en contra de empresarios e inversionistas es el alcance de una reforma que empodera a la CFE cerrándole el paso al sector privado, restándole beneficios, limitando sus posibilidades. Si se aprueba la iniciativa, cesaría el contacto comercial entre generadores privados y grandes usuarios: toda la electricidad en venta sería adquirida por la CFE, que además decidiría quién se conecta y en dónde, sin contar que la red ya no sería de acceso abierto ni un servicio público específico. El mercado mayorista sería remplazado por licitaciones y dejaría sin espacio a la especulación marginalista (encarecimiento artificial del precio de la última central despachada que se usa para pagar a todos los generadores). Ese arreglo conviene a los participantes; es parte de los transitorios que enriquecerán la iniciativa o será previsto en la legislación secundaria.

El periodo de ajuste debe estar previsto en un artículo transitorio que no fue incluido en la iniciativa. Ya no habría lucha por la renta diferencial eléctrica que atraía a los jugadores profesionales del mercado.

La iniciativa no rescata a la CFE, va más allá: le da reconocimiento constitucional, la coloca por arriba de

u La reforma de 2013 no privatizó a la CFE, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. Las limitaciones y restricciones normativas y regulatorias merman su capacidad para generar ingresos, cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable a la que aspira cualquier participante del mercado. De seguir operando bajo las reglas actuales, el deterioro financiero le impedirá obtener créditos y será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas.

autoridades y reguladores, la reunifica vertical y horizontalmente, le reintegra el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), además de hacerla responsable de todo cuanto tenga que ver con el sistema eléctrico nacional y la electricidad en el país, incluyendo la planeación y el control, la transición energética en la materia, la investigación y el desarrollo tecnológico. El Estado, a través de un poderoso operador público, toma el control del suministro de electricidad, fluido imprescindible en la sociedad moderna, naturalmente estratégico. Se trata de una renacionalización, sí, pero limitada. El margen de maniobra no da para más. Al gobierno no le queda otra opción que reconocer el avance del sector privado, garantizar que pueda seguir participando y reservar para sí casi la mitad de la generación eléctrica en el país. Se imponen límites para ambas partes.

Como en toda reforma, habría ganadores y perdedores. Los productores externos y las compañías que participaron en las subastas de energía limpia con ánimo de construir y operar sus centrales saldrían ilesas porque ¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? no se cancelaría ningún contrato otorgado por pasadas Escríbanos a ic@heliosmx.org

administraciones; el gobierno ha estado cumpliendo ese compromiso, acaso sólo revisando y, cuando ha encontrado alguna injusticia, ha buscado renegociar lo más lesivo para la hacienda pública. Ambos tipos de participantes representan el 31 y el 4% de la generación, y juntos llenarían una buena parte de la cuota reservada para el sector privado. Los primeros tienen contratos de 25 años, y los segundos, de entre 15 y 20, con diversos estados de avance. Se les daría prioridad en el despacho de manera que la CFE tenga ingresos para remuLos subsidios para impulsar las energías limpias favorecieron el desarrollo de nerarlos por sus servicios. una industria eléctrica privada que aprovechó para ofrecer una reducción en Las dificultades serían para las tarifas y la CFE comenzó a vaciarse de sus mejores clientes. las 239 sociedades de autoabastecimiento que durante 20 años se enriquecieron. Los 77,767 asociados se reincorporarían como usuarios del servicio público y las centrales tendrían que cerrar o competir contra otros privados en el despacho. Las plantas construidas después de la reforma energética también tendrían que competir, sin duda con mayor éxito que las primeras porque son ciclos combinados de alta gama o que funcionan con fuentes renovables. Las sociedades de autoabastecimiento representan el 12% de la generación y las segundas 15%; sin embargo, en el despacho ya sólo habría espacio para 11 por ciento. Durante los primeros años de aplicación de la reforma, la mayoría de las centrales privadas encontraría acomodo, porque la CFE no tiene capacidad para llenar su cuota de 56% (el periodo de ajuste debe estar previsto en un artículo transitorio que no fue incluido en la iniciativa). El problema vendría después, cuando la empresa pública haya rehabilitado sus plantas y construido más. Como el sistema se expande, habría nuevas oportunidades de inversión, pero notoriamente menos que en la actualidad. La construcción y operación de nuevas centrales quedaría sujeta a la planeación diseñada y puesta en práctica por la CFE.

Palabras finales

Es muy probable que la reforma no se apruebe, por lo menos no en los términos actuales, pero constituye un llamado a la reflexión sobre la importancia de cambiar las reglas del juego para dejar de ahogar a la Comisión Federal de Electricidad, pilar sobre el que reposa el modelo de mercado y, lo más importante, el circuito de los electrones. Su existencia es fundamental. A todos nos conviene que esté sana y fuerte

IBERDROLARENOVABLESMEXICO.COM u La reforma propuesta le otorga a la CFE una porción mayoritaria de la generación de electricidad (56%), que se traduce en ingresos garantizados. También le concede la exclusividad en la venta a los usuarios finales y la aplicación de tarifas definidas por ella misma, lo cual significa reconocimiento del costo real del suministro y, por lo tanto, ingresos que permiten cubrir la integralidad de los costos operativos y de capital, no sólo de la empresa pública sino de todos los que participen en el sistema eléctrico nacional. De esa manera se completaría el circuito del dinero sin desbalances, sin que unos pierdan y otros ganen.

Retos de orden ambiental, social y de sostenibilidad para el ingeniero civil

La evaluación de impactos socioambientales constituye un importante reto para los ingenieros civiles, quienes deben afrontarlo con el mismo esmero que han dedicado a desarrollar e incorporar paulatinamente en el diseño de obras los conocimientos sobre el comportamiento ingenieril de suelos y rocas, inexistentes hasta hace unos 80-90 años.

LUIS E.

MONTAÑEZ CARTAXO

Ingeniero civil. Coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM.

FRANCISCO JAVIER

DÍAZ PEREA

Doctor en Ecología y manejo de recursos naturales.

MARÍA ANTONIETA

GÓMEZ BALANDRA

Doctora en Recursos bióticos. Hoy en día un ingeniero civil no puede ejercer su profesión sin contar con una sólida base de conocimientos en el tema ambiental, y mientras más pronto los ingenieros adquieran y apliquen esos conocimientos para la gestión de impactos socioambientales, las obras se planificarán, diseñarán, construirán y operarán de mejor manera. No sobra agregar que la gestión de impactos es una actividad inter, multi y transdisciplinaria, de modo que los ingenieros tendrán que reforzar sus habilidades de relación e integración con colegas de muy variadas disciplinas.

Los sistemas ambientales y sociales son entidades complejas interconectadas, por lo que no pueden ser entendidos desde una sola perspectiva o disciplina (sea ésta ecológica, económica o social) y sin considerar los contextos espacial, histórico, social, político y de paisaje. La complejidad de los sistemas ecológicos y sociales impone grandes retos tanto a los analistas de impactos y gestores de recursos naturales como a los ingenieros y tomadores de decisiones estratégicas, pues las decisiones deben tomarse en contextos de incertidumbre y con información fragmentaria. En tales condiciones, los responsables de la gestión de impactos se enfrentan a los llamados problemas retorcidos (wicked problems), es decir, problemas complejos que abarcan múltiples sistemas, disciplinas y visiones del mundo.

Puede afirmarse que la emergencia de algunos impactos ambientales y sociales imprevistos en proyectos de infraestructura puede atribuirse a: • Que personas sin la adecuada preparación o comprensión para tomar decisiones las toman y resultan equivocadas. • Falta de conocimiento suficientemente profundo, donde una persona con preparación para la toma de decisiones de carácter general carece de la debida

preparación especializada en temas ambientales o sociales. • Decisiones en las que se magnifica la importancia de los aspectos económicos e ingenieriles y se desdeña aplicar un enfoque multidisciplinario que incluya a los temas ambientales y sociales. • Falta de actualización profesional en temas ambientales, sociales o de desarrollo sustentable. • Confianza ciega en métodos computacionales. • Fallas de comunicación. • Presiones de tiempo y dinero.

Ciertamente, las presiones de tiempo y dinero influyen de manera directa en la calidad y alcance de los estudios ambientales y sociales que pueden realizarse para el diseño de un proyecto dado. Pero es obligación del desarrollador y del jefe de proyecto allegarse los recursos humanos y económicos suficientes y de manera oportuna para realizar estas actividades. Debe tomarse en cuenta que, en general, los estudios de carácter ambiental requieren cuando menos de un año de observaciones para incorporar la variación estacional anual del comportamiento de los sistemas ambientales (incluyendo el estudio de los seres vivos) en el área de interés para realizar el proyecto.

En el caso de los impactos sociales, es fundamental que todos los involucrados en la planificación de un proyecto de infraestructura, incluidos los ingenieros participantes, actúen teniendo invariablemente en cuenta la máxima siguiente: el impacto social de la mayoría de los proyectos de infraestructura da inicio con el rumor del proyecto.

Quienes cuentan con poder de decisión sobre planeación, selección de sitios, diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructura requieren la

contribución de especialistas en diversos campos para desarrollar estas actividades, en las cuales se deben buscar alternativas que armonicen el desarrollo económico, la protección ambiental y la participación y el desarrollo social. Esto implica claramente la necesidad de reforzar las capacidades de interacción del ingeniero con profesionistas y especialistas de otras disciplinas, algunas de ellas “alejadas” de la ingeniería: biólogos, ecólogos, arqueólogos, antropólogos, geógrafos, sociólogos y otros. Un buen ingeniero debe saber cuán apropiada es una solución desde el punto de vista de los detalles técnicos más finos hasta los conceptos más amplios de planeación. Además, un buen ingeniero no debe aceptar acríticamente lo que asesores en otras disciplinas opinan; debe tener conocimientos y el juicio ingenieril suficientes como para ponderar el valor de las observaciones y recomendaciones de otros, manteniendo siempre una perspectiva integral del proyecto de que se trate.

Es fundamental que el tomador de decisiones tenga plena conciencia de que la consideración temprana (en las etapas de planificación, prefactibilidad y factibilidad) de las implicaciones ambientales y sociales de un proyecto –condición indispensable para la buena gestión de éste– tiene, por un lado, un costo insignificante en comparación con el costo final del proyecto, y, por el otro, redunda en una muy importante reducción de los impactos que el proyecto podría ocasionar, con lo que se reduce el riesgo de que surja algún conflicto derivado de una mala gestión socioambiental.

Hay un tema de singular importancia asociado a los riesgos ambientales y que debe considerarse en el desarrollo de los proyectos. Es el referente a los efectos del cambio climático que se están experimentando en todo el mundo, en especial en países tropicales como México. Se trata de los efectos que sobre los proyectos de desarrollo traerían los cambios en los patrones climáticos (incremento en el número e intensidad de los ciclones, lluvias atípicas, sequías, heladas y nevadas atípicas, entre otros).

Comunicación

La buena comunicación es un factor clave para informar sobre los impactos ambientales de los proyectos. Se trata de no dejar dudas sobre los efectos asociados a un proyecto y las medidas que se aplicarán para la prevención o mitigación de los impactos. La manifestación de impacto ambiental (MIA) cumple con propósitos simultáneos de carácter técnico y legal y es, a la vez, la memoria de cálculo ambiental y un documento de análisis y justificación de la viabilidad ingenieril, económica, ambiental y social de un proyecto. De manera que, en función de la terminología, precisión, profundidad y claridad de una MIA, un proyecto puede ser aprobado, rechazado o impugnado, y el responsable de su elaboración y el promotor del proyecto podrían hasta ser sancionados si se les encontrase culpables de falsedad en la información presentada.

Son cada vez más los casos en que se hace necesario interactuar con el público para explicar un proyecto y hacer resaltar sus beneficios, pero también sus implicaciones ambientales y sociales, es decir, exponer lo que teóricamente debe estar contenido en la MIA. En países como EUA, Canadá y los de la Unión Europea la participación pública se integra al proceso de gestión ambiental de un proyecto de desarrollo desde su fase inicial; esto mismo ocurrirá más temprano que tarde en países donde aún no sucede así. También los agentes financieros que apalancan proyectos de infraestructura en todo el mundo exigen cada vez más la contribución pública en el análisis y diseño de este tipo de obras. En consecuencia, el ingeniero debe estar capacitado para comunicar la justificación y las bases técnico-científicas sobre las que se sustenta un proyecto, y para ello debe ampliar sus capacidades de exposición escrita y verbal pero también de diálogo.

Los participantes en estudios ambientales tienen el compromiso ético de promover la sostenibilidad, la libertad de acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a tener voz en las decisiones que los afecten. Al evaluar el impacto de proyectos deben promover el libre flujo de información completa, imparcial y rigurosa para el cliente, los tomadores de decisiones, las autoridades competentes y las partes afectadas. Las evaluaciones de impactos deben ser incluyentes y exhaustivas, abordar los impactos más amplios de carácter social y a la salud humana, así como los demás impactos sobre el entorno biofísico. El respeto a los derechos humanos debe ser la base en todas las evaluaciones.

El valor de los bienes y servicios de los ecosistemas Los bienes y servicios de los ecosistemas constituyen todos los beneficios que la humanidad (individuos, sociedades y naciones) obtiene de la naturaleza, tales como la provisión de agua y de alimentos, la regulación del clima y de inundaciones o la obtención de servicios culturales; por ello, son esenciales para la vida en la tierra y para nuestra existencia como seres vivos y sociedad.

Los cambios en los patrones climáticos deben considerarse en el desarrollo de los proyectos actuales.