Una mirada alternativa a la reforma eléctrica
gan sus máquinas sin preocuparse por el desbalance que podrían causar entre la oferta y la demanda. Así ocurrió en febrero, cuando dejaron de generar porque el combustible estaba demasiado caro, actitud que agravó un problema que la CFE tuvo que resolver con sus propios medios. El estatus legal Otra dolencia es la fragmentación y separación legal de la que fue objeto la empresa pública. El presupuesto es por empresa, y cada una de ellas lo ejerce de manera autónoma; sin embargo, la dirección general tiene la responsabilidad de rendir cuentas de cada subsidiaria, sin posibilidad de controlar su administración. Esa segmentación causa daño económico; en lo inmediato dificulta eliminar pérdidas de energía, entorpece la cobranza y resta flexibilidad al manejo del dinero. De igual manera, imposibilita mover recursos de un lado al otro para optimizar la operación y mejorar los resultados, así como para equilibrar el costo de la electricidad entre sus diferentes segmentos. A la empresa del Estado no se le permite hacer crecer sus ingresos mediante compras de electricidad entre las empresas del grupo. Las subsidiarias de generación no fueron autorizadas a participar en las subastas y se les niega la posibilidad de obtener ingresos emitiendo certificados de energía limpia, a pesar de ser las que más la producen (55 por ciento). La reforma energética no privatizó a la empresa pública, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. Las limitaciones y restricciones normativas y regulatorias merman su capacidad para generar ingresos, cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable a la que aspira cualquier participante del mercado. De seguir operando bajo las reglas actuales, el deterioro financiero le impedirá obtener créditos y será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas, con afectación para el país entero. Parecería que legisladores, autoridades y reguladores modificaron la legislación con reformas de mercado que no dan trato equitativo a la CFE; que la competencia siempre fue desleal; que su papel se limitaba a dar via-
u La reforma de 2013 no privatizó a la CFE, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. Las limitaciones y restricciones normativas y regulatorias merman su capacidad para generar ingresos, cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable a la que aspira cualquier participante del mercado. De seguir operando bajo las reglas actuales, el deterioro financiero le impedirá obtener créditos y será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas.
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bilidad a los proyectos privados; que sólo se le utilizó para hacer bancables los proyectos y acabará pagando varias veces el costo de centrales que ni siquiera serán suyas. En otras palabras, que paga por desaparecer. Le dejaron lo más difícil y costoso: atender a más de 40 millones de pequeños usuarios y responsabilizarse de la red, el negocio menos rentable de la cadena de valor que está bajo presión permanente por las pérdidas técnicas y no técnicas destructoras de ingresos. Las normas hacen que sea un participante del mercado atado de pies y manos. Una nueva reforma para una nueva figura Son los motivos para proponerle al Presidente de la República una reforma como la que se envió al Congreso el 1º de octubre de 2021, una reforma constitucional profunda que busca resolver los males que la aquejan, una reforma orientada a allegarse ingresos suficientes para cubrir sus costos, pero también para desprenderse del pobre papel que las reformas de mercado le asignaron. La reforma propuesta le otorga una porción mayoritaria de la generación de electricidad (56%), que se traduce en ingresos garantizados. También le concede la exclusividad en la venta a los usuarios finales y la aplicación de tarifas definidas por ella misma, lo cual significa reconocimiento del costo real del suministro y, por lo tanto, ingresos que permiten cubrir la integralidad de los costos operativos y de capital, no sólo de la empresa pública sino de todos los que participen en el sistema eléctrico nacional. De esa manera se completaría el circuito del dinero sin desbalances, sin que unos pierdan y otros ganen; los privados autorizados venderían su energía a los precios que ellos decidan en las licitaciones de corto y largo plazo que organizaría el organismo de Estado, nueva figura aún por definir con precisión. Lo que provoca una reacción en contra de empresarios e inversionistas es el alcance de una reforma que empodera a la CFE cerrándole el paso al sector privado, restándole beneficios, limitando sus posibilidades. Si se aprueba la iniciativa, cesaría el contacto comercial entre generadores privados y grandes usuarios: toda la electricidad en venta sería adquirida por la CFE, que además decidiría quién se conecta y en dónde, sin contar que la red ya no sería de acceso abierto ni un servicio público específico. El mercado mayorista sería remplazado por licitaciones y dejaría sin espacio a la especulación marginalista (encarecimiento artificial del precio de la última central despachada que se usa para pagar a todos los generadores). Ese arreglo conviene a los participantes; es parte de los transitorios que enriquecerán la iniciativa o será previsto en la legislación secundaria. El periodo de ajuste debe estar previsto en un artículo transitorio que no fue incluido en la iniciativa. Ya no habría lucha por la renta diferencial eléctrica que atraía a los jugadores profesionales del mercado. La iniciativa no rescata a la CFE, va más allá: le da reconocimiento constitucional, la coloca por arriba de
IC Ingeniería Civil Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México ❙ Núm. 626 enero de 2022
