Ingeniería Civil IC 651 abril 2024

La ingeniería como servicio integral

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Número 651, abril de

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Mauricio Jessurun Solomou

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IC Ingeniería Civil, año LXXIV, número 651, abril de 2024, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de marzo de 2024, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

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Acerca de la portada. CFE, SICT, Conagua y archivo Helios

Mensaje del presidente

Renovada continuidad institucional

Cada dos años nuestro colegio elige a un nuevo consejo directivo. Este proceso democrático y transparente permite cambios en función de la experiencia reciente, del legado de consejos directivos anteriores y de las iniciativas del grupo que logra la confianza y respaldo de los socios.

Algo que ha caracterizado al Colegio de Ingenieros Civiles de México es la consolidación de una visión institucional que es uno de los pilares del posicionamiento de nuestra organización gremial, junto al profesionalismo y el compromiso con México y sus ciudadanos para generar mejores condiciones y calidad de vida.

Existen desafíos y oportunidades para el desarrollo de la ingeniería civil en México, como la creciente demanda de infraestructura sostenible, la acelerada transformación digital y la evolución del paradigma de la infraestructura como servicio integral a la sociedad.

En el XL Consejo Directivo hemos hecho un ejercicio de análisis y reflexión, y mediante un proceso de diálogo y compromisos se lograron consensos y decisiones para elaborar un programa de trabajo que fue oportunamente presentado y ya está en marcha.

Históricamente, el CICM no comienza de cero cada bienio. A dos años de cumplir ochenta de su fundación, nuestra organización gremial se sigue construyendo sobre sus cimientos, sumando en cada periodo ideas y acciones con el propósito de progresar.

Hago una renovada y efusiva invitación a cada ingeniero civil a sumarse a nuestro colegio para ser parte de su historia, que está iniciando una nueva etapa con especial entusiasmo y compromiso con los socios, el gremio, la sociedad y con México.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Andrés Mota Solórzano

Lourdes Ortega Alfaro

Rodrigo Romo Orozco

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

Autopista Barranca Larga-Ventanilla, retos y expectativas

El pasado 4 de febrero de 2024 finalmente se abrió a la operación la anhelada autopista Barranca Larga-Ventanilla, que conecta la costa oaxaqueña y su capital con solo dos horas y media de recorrido ofreciendo una ruta rápida, cómoda y segura para beneficio de la población del estado y los turistas que lo visitan. Esta sensible reducción en los tiempos de recorrido acerca a la población de las comunidades aledañas a servicios de educación y salud de mayor calidad, además de mejorar las condiciones en las que compran y venden los productos que consumen y generan.

Palabras clave: desarrollo, planeación, infraestructura de transporte, riesgos sociales, socialización de proyectos.

JUAN JOSÉ OROZCO Y OROZCO

Director General de ORVA

Ingeniería.

Vicepresidente del XL Consejo

Directivo del CICM.

La autopista Barranca Larga-Ventanilla fue concesionada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes por primera vez hace 15 años, en enero de 2009, a una empresa privada; sin embargo, desde entonces tuvo que sortear innumerables retos para poder ponerse en operación. Después de pasar por dos empresas concesionarias, el proyecto fue tomado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del que es fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras), el cual, con el apoyo de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), finalmente logró hacer realidad el sueño de los habitantes del estado de Oaxaca de trasladarse de la región de los Valles Centrales a la región de la Costa, atravesando la sierra del sur en menos de la mitad de lo que tardaban por las carreteras existentes. En la tabla 1 se presentan las distancias y tiempos de recorrido de la autopista y de las vías libres existentes; se puede ver cómo para viajar a las bahías de Huatulco o a Puerto Ángel la distancia es mayor por la vía de cuota, pero el tiempo de recorrido es más corto. En la figura 1 se pueden observar las rutas por las carretas libres y el trazo de la autopista. En la figura 2 puede observarse una línea de tiempo con los principales hitos en la historia de la construcción de la autopista.

Aunque en 2022 Oaxaca fue la cuarta entidad federativa con mayor crecimiento del país (7.8%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi (figura 3), sigue siendo el tercer estado más pobre, solo después de Chiapas y Guerrero. De acuerdo con el reporte de Medición de Pobreza 2022 del Coneval, el

58.4% de la población del estado vive en condiciones de pobreza, y el 22.2% en pobreza extrema. Esta condición se refleja en un enorme rezago en términos de infraestructura, por lo que obras como esta autopista son un claro detonador de la actividad económica, que hay que aprovechar para impulsar otros proyectos de infraestructura que generen una tendencia de desarrollo sostenido. Esta autopista consta de 104 km de dos carriles con acotamientos (tipo A2), 15 entronques y accesos, 114 obras de cruce, 10 puentes, tres viaductos, tres túneles y dos plazas de cobro. En las figuras 4 y 5 se pueden ver imágenes de la autopista. Beneficia de manera directa a unas 150,000 personas que viven en las inmediaciones de la ruta, además de haber generado cerca de 6,000 empleos directos e indirectos.

Problemática de la autopista

Desde que se otorgó la concesión de la autopista en 2009 se presentaron varios retos, primero de tipo financiero, que derivaron en la necesidad de que el concesionario original la cediera a otra empresa y más tarde fuera nuevamente cedida, esta vez al Fonadin. Luego hubo que resolver muchos asuntos de índole social con las comunidades por las que atraviesa la ruta, y finalmente tuvo que atenderse la problemática técnica derivada de las condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas del terreno donde se construye la carretera, además de encontrarse en una zona sísmica y de alta precipitación. Debido al largo periodo de ejecución de la autopista, 15 años exactos, fue necesario hacer cambios de proyecto, principalmente por actualización de la normativa

Autopista Barranca Larga-Ventanilla, retos y expectativas

técnica de la SICT; esto afectó de manera destacada a las estructuras (puentes y viaductos). Además, tuvieron que realizarse proyectos adicionales para atender solicitudes de las comunidades, como obras de cruces, caminos secundarios, entronques y accesos adicionales, entre otros.

La autopista ha requerido la formación de un importante número de terraplenes y cortes, algunos de más de 100 m de altura, en la mayoría de los cuales han debido tomarse medidas de estabilización mediante el abatimiento de los taludes; sin embargo, en muchos casos se han tenido que emplear, además, otro tipo de soluciones con medios mecánicos como anclas, mallas, etcétera (figura 6).

Como medida preventiva, desde mediados de 2023 se ha estado realizando el monitoreo de las deformaciones y desplazamientos del terreno mediante la técnica de interferometría satelital (InSAR), para poder detectar oportunamente situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias orientadas a minimizar los riesgos de derrumbes. No obstante los temas técnicos aquí mencionados, indudablemente la problemática social ha sido la más compleja y la que afectó de manera más significativa el desfase en los tiempos de ejecución.

La autopista pasa por el territorio de 11 comunidades de muy alto rezago social, con necesidades de obras y servicios de primer orden; cinco de esas 11 comunidades se hallan en un estado de conflicto agrario histórico. Particularmente una de ellas tiene una pugna de límites desde hace mucho tiempo con otra comunidad que no está en las inmediaciones de la autopista; por décadas, esta situación ha llevado incluso a pérdidas de vidas en ambos grupos. A pesar de que este tipo de problemática rebasa totalmente el ámbito de la construcción de la autopista, esta comunidad puso como condición para permitir los trabajos que se le diera una solución a su conflicto de tierras, por lo que hubo que involucrar a organismos como la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), entre varios más, para llegar a un acuerdo que permitiera liberar áreas que por años estuvieron bloqueadas. En algún punto, el propio titular del Poder Ejecutivo tuvo que intervenir en las negociaciones con dicha comunidad. Por otro lado, debido a los periodos prolongados en que no hubo actividad de obra por problemas financieros y sociales, los compromisos, acuerdos y muchas promesas que se habían hecho dejaron de ser atendidas oportunamente, lo que propició inconformidades, desconfianza y descontento de los ciudadanos y las propias autoridades de las comunidades, quienes se manifestaron constantemente interrumpiendo los trabajos. Contrarrestar esta situación fue muy complejo, debido, entre otros motivos, al constante cambio de autoridades agrarias, los usos y costumbres con los que se rigen y la intervención de grupos externos con otro tipo de intereses. Para poder destrabar los temas sociales fue necesaria la participación directa y personal del titular de la SICT, quien coordinó a diversos actores del más alto ni-

Tabla 1. Tiempos de recorrido por las carreteras libres y la autopista Barranca Larga-Ventanilla

Origen Destino

Oaxaca Puerto Escondido

Oaxaca Huatulco

Oaxaca Puerto Ángel

Carreteras libres Autopista Diferencia Kilómetros Horas Kilómetros Horas Kilómetros Horas

2:45 –65.5 –3:35

–2:15

Oaxaca de Juárez

Santa Cruz Xoxocotlán Tlacolula de Matamoros

OAXACA

Carretera Federal 131

Entronque Barranca Larga Carretera Federal 175

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Santa Catarina Juquila

Puerto Escondido Entroque Ventanilla

Autopista Barranca Larga-Ventanilla Santa María Huatulco

Bahías de Huatulco

San Pedro Pochutla Puerto Ángel Crucecita Carretera Federal 200

Figura 1. Rutas de las carreteras libres y trazo de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.

vel de Banobras, el gobierno del estado, la Procuraduría Agraria, el INPI, la Guardia Nacional, el Tribunal Agrario, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda, entre otros organismos, así como a las empresas constructoras y supervisoras. Con la participación de todos ellos, se generaron las acciones y estrategias para resolver los conflictos.

Habría sido más efectivo, sin duda, que antes del inicio de las obras se hubiera llevado a cabo un estudio de impacto social en el que se hubiera identificado a los principales actores, analizado el entorno social y generado las estrategias para mitigar los riesgos sociales. Este estudio habría podido minimizar sensiblemente las desviaciones en los tiempos de ejecución.

Retos actuales y expectativas Desde el primer día de operación, la autopista se ha visto abarrotada, especialmente en los fines de semana cuando los habitantes de la ciudad de Oaxaca van a visitar la costa.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla, retos y expectativas

La entonces SCT otorga la concesión a una empresa privada

• No se logra obtener el crédito, por lo que el avance de obra es prácticamente nulo

Cesión de la concesión a otra empresa privada

• Primera modificación al título de concesión

• Se inician negociaciones con las comunidades

• Se logra tener acceso para construir en el 95% del tramo

El concesionario no puede seguir por problemas financieros

• Se suspenden los trabajos

• Avance de obra del 50%

30 enero abril diciembre

Cesión de la concesión a Fonadin

• Se modifica el título de concesión (segunda modificación)

Reinicio de los trabajos por Fonadin

• Conflictos sociales (bloqueos)

• Necesidad de actualizar proyectos por cambio de normativa

• Contratos de obra pública

noviembre mayo abril febrero

Inicio de operación de la autopista

• 4 de febrero de 2024

La SICT toma el liderazgo del proyecto

• Resolver la problemática social

• Coordinar a dependencias federales y estatales

Tabasco Hidalgo

Chihuahua Oaxaca

Quintana Roo

Chiapas Jalisco

Sonora Ciudad de México Puebla Nayarit

Estados Unidos Mexicanos

Baja California Sur San Luis Potosí

Michoacán de NuevoOcampo León

Tamaulipas

Yucatán

BajaGuanajuato

California Querétaro

México

Guerrero Tlaxcala

Sinaloa

Veracruz de Ignacio de la Llave Aguascalientes Colima

Coahuila de Zaragoza

Zacatecas

Morelos

Durango

Campeche

Datos del Inegi, 2022 (Comunicado 774/23 del 7 de diciembre de 2023)

3. Comportamiento del producto interno bruto por entidad federativa. Variación anual porcentual.

El tránsito esperado en la autopista se estimó en 4,500 vehículos (tránsito diario promedio anual, TDPA); sin embargo, se han registrado días de más de 8,000 en fines de semana y 12,000 durante los días de la Semana Santa de este año 2024. De igual forma, el interés en viajar a Puerto Escondido también se ve reflejado en la demanda aérea, que ha provocado que el modesto aeropuerto de esa localidad esté totalmente rebasado. Actualmente se están llevando a cabo obras de modernización de las instalaciones aeroportuarias, tanto del lado tierra con una nueva terminal, como del lado aire con la rehabilitación y ampliación de la pista, lo que permitirá que el aeropuerto pueda ser clasificado como internacional.

Esto representa una gran oportunidad para la industria turística del estado, pero también plantea varios retos que hay que resolver en el corto, mediano y largo plazo. La zona de la costa oaxaqueña está llamada a convertirse en un destino de primer nivel por sus atractivos naturales, su cultura, gastronomía y ahora buena conectividad con la ciudad capital. Puerto Escondido ya dejó de estar “escondido”, para recibir muchos más visitantes de los que puede atender.

Esta región de la costa no cuenta con suficientes servicios urbanos básicos, como agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, electricidad, movilidad urbana y gestión de residuos, entre otros. Desafortunadamente, tampoco hay planes de desarrollo actualizados, integrales y acordes a la demanda que ya se está presentando, por lo que las autoridades correspondientes tienen que tomar acciones inmediatas para generar una planeación que permita a la zona crecer de una manera ordenada y sostenible desde el punto de vista social y ambiental, siempre con una visión integral y de largo plazo. Oaxaca y su costa tienen actualmente una enorme oportunidad para el desarrollo social y económico de su población; sin embargo, el desafío de hacerlo en un periodo corto y con una estrategia que minimice los impactos negativos es complejo. Las autoridades correspondientes tienen el reto de generar las condiciones, planes, programas, reglas y lineamientos necesarios para que este desarrollo no lleve a su zona costera a convertirse en un nuevo Acapulco, Playa del Carmen o Tulum, donde la falta de una buena planeación, entre otros factores, ha resultado en un crecimiento sin orden, con grandes impactos ambientales y sociales, además de condiciones de inseguridad pública.

Conclusiones

La autopista Barranca Larga-Ventanilla es un ejemplo más de lo importante de la planeación de las obras de infraestructura. Se debe dedicar tiempo suficiente a los

Figura 2. Línea de tiempo de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.

Figura

Autopista Barranca Larga-Ventanilla, retos y expectativas

estudios técnicos, ambientales y sociales, así como a los análisis legales y financieros necesarios para que el tiempo total de desarrollo de la obra, desde su concepción hasta la puesta en operación, sea el óptimo, cuidando siempre la calidad y la seguridad.

Además, la planeación de la infraestructura tiene que hacerse de manera integral y con visión de largo plazo. Deben tenerse en consideración los impactos, positivos y negativos, que tendrá cada obra, para así llevar a cabo los análisis y planes necesarios para desarrollar otras infraestructuras complementarias. En el caso de esta autopista, lo adecuado habría sido desarrollar oportunamente las obras necesarias para satisfacer a la población y visitantes en la zona de la costa con los servicios básicos ya mencionados.

También es muy importante tomar en cuenta que este tipo de proyectos requiere la participación de especialistas en diferentes áreas, empezando, por supuesto, con los ingenieros civiles, pero también sociólogos, economistas, ambientalistas, abogados y urbanistas, entre varios más.

Con una adecuada planeación se puede tener mayor certeza en los tiempos de desarrollo de los proyectos, con lo que las obras entrarían en operación antes. El tiempo que se pierde por bloqueos o ineficiencias en la construcción no puede recuperarse, y esto representa aplazar el beneficio social de la infraestructura.

Los esfuerzos en el desarrollo de la infraestructura deben estar orientados a lograr una fecha cierta para la

puesta en operación, no así en la fecha para “poner la primera piedra” o “dar el banderazo”. Cuando el proyecto no está lo suficientemente maduro ni están razonablemente identificados y resueltos los riesgos que se van a enfrentar durante la construcción, se producen retrasos y sobrecostos. Esto es, se debe pensar despacio en la planeación para poder actuar rápido en la ejecución. Es sumamente conveniente que de manera previa al inicio de las obras se realice un estudio de riesgos sociales para:

• Identificar actores e intereses de cada uno

• Hacer un diagnóstico de la problemática que se va a enfrentar

• Desarrollar una estrategia para la gestión y mitigación de los riesgos sociales

Se debe dar un seguimiento permanente antes, durante y después de la construcción (etapa de operación) para minimizar la ocurrencia de bloqueos. Es necesario también involucrar a las comunidades para convertirlas en una parte interesada en el proyecto y que no sean simplemente una parte afectada. Como parte de las estrategias para mitigar los riesgos sociales y convertir a las comunidades en stakeholders de una obra como esta, por ejemplo, se puede involucrar a las comunidades en la prestación de los servicios a las autopistas, lo que reduce significativamente su interés en bloquear la vía, al verse afectados también en ese supuesto.

Esta autopista sin duda está ya cambiando la realidad de Oaxaca. Sumando otros proyectos, como la autopista Mitla-Tehuantepec y el Corredor del Istmo de Tehuantepec, en el corto plazo el estado estará inmerso en una dinámica de desarrollo que no había visto antes. Sin embargo, es necesario que este desarrollo se haga de manera ordenada y con criterios de sostenibilidad, siempre teniendo como objetivo el beneficio de la sociedad. Esta es una oportunidad histórica para todos los oaxaqueños

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

Figura 5. Viaducto Oaxaca y túnel San Sebastián.

Figura 6. Cortes en el kilómetro 42 de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.

Figura 4. Entronque Ventanilla (km 104+300).

ARTURO JESÚS

PALMA CARRO

Ingeniero civil con maestría en Dirección de Empresas. Tiene más de 27 años de experiencia en el sector hídrico realizando estudios, proyectos, obras, supervisión técnica y administrativa.

GESTIÓN

Enfrentando la sequía natural y funcional en los organismos operadores

La forma en que se enfrenta la sequía depende de cada tipo de uso de agua, pero sin duda el uso público urbano que gestionan los organismos operadores del país enfrenta uno de los mayores retos, debido a que la población a la que brindan los servicios representa el 79% de la población total nacional (población urbana en poblaciones mayores de 2,500 habitantes). El presente artículo dará cuenta de la situación que presentan y la forma en que enfrentan la sequía en un entorno de retos acumulados.

Palabras clave: organismos operadores, sequía, escasez, instituciones, resiliencia, programas públicos, indicadores de gestión

La sequía en México afecta al 85% de los municipios y al 82% de la superficie total del país (Conagua, 2024). A este fenómeno se le suman otros que afectan la disponibilidad de agua y provocan conflictos sociales cada vez más recurrentes; a ello se suma la necesidad de cumplimiento de los diferentes ordenamientos y acuerdos tanto nacionales como internacionales, lo cual hace que la sequía sea un componente exógeno que cada vez se internaliza más. Las afectaciones no son solo sociales, son también económicas; la baja en la actividad económica tiene impactos en el nivel de precios y en la recaudación de los propios organismos operadores, recursos que sirven a su vez para los subsidios cruzados al sector doméstico y para la implementación de programas de atención a la sequía.

En este entorno de retos, los organismos operadores instrumentan acciones para buscar la resiliencia. Las labores que realizan todos los días, a pesar de las dificultades y limitaciones, han permitido mantener la operación en prácticamente todo el territorio nacional. La mayoría de los operadores realizan acciones en el camino correcto, pero es necesario el apoyo decidido y permanente de todos: los tres órdenes de gobierno y sobre todo de la ciudadanía, ya que las ciudades representan cada vez mayores retos en todos los ámbitos de la vida pública.

Situación de los organismos operadores

Los organismos operadores en México atienden, básicamente, a las poblaciones con más de 2,500 habitantes. Existen aproximadamente 3,500 prestadores de servi-

cios, de los cuales únicamente 672 son considerados formalmente como organismos públicos descentralizados (OPD), es decir, que cuentan con ingresos, patrimonio y figura jurídica propios; 1,500 están centralizados en los ayuntamientos, y más de 1,320 son comités rurales, ejidales, de usos y costumbres, etcétera. En México, los impactos de la sequía se intensifican debido a décadas de aplicación de un modelo sin duda fallido, que no fortaleció las capacidades de los organismos de agua y, por el contrario, profundizó sus debilidades. Esto se materializa en baja capacidad técnica de los trabajadores; alta rotación de los directores; baja micromedición; falta de planeación a corto, mediano y largo plazo; poca inversión en obras de mantenimiento y rehabilitación, y el todavía menor monto para ampliar coberturas o en obras que prevengan situaciones de sequía y escasez. Las cuotas y tarifas se establecen por razones políticas y no con base en decisiones técnicas ni económicas. En la figura 1 se muestra un comparativo de tarifas domésticas en diferentes ciudades por 15 m3 mensuales; hay una diferencia muy marcada entre tarifas, en tanto que los costos de prestar los servicios son casi los mismos.

Los datos oficiales publicados por el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA), consultados para 2022 a través de su sistema de indicadores, señala que la micromedición se encuentra en 51% del total de tomas del país; la eficiencia física en 66%; la eficiencia comercial 74%; y se tiene una eficiencia global de 45%, indicadores muy por debajo de lo requerido para una gestión adecuada del agua.

Querétaro

Los Cabos

Naucalpan

Cancún

Playa del Carmen

Tijuana

Xalapa

Cd. Juárez

León

Guadalajara

Toluca

Campeche

Aguascalientes

Chihuahua

Monterrey

Mediana nacional

CDMX

S. M. Allende

Tecate

Saltillo

Hermosillo

Acapulco

Morelia

Culiacán

La Paz P. Vallarta SLP

Colima

Mexicali

Mérida

Mazatlán 571.24

$

Elaboración propia con base en leyes de ingresos municipales y estatales y acuerdos de juntas de gobierno, 2023.

Ninguna tarifa incluye IVA.

1. Comparación de principales ciudades de México, sector doméstico 2023, por consumo de 15 m 3

Otro dato que demuestra la crisis económica que atraviesan los organismos operadores es su bajo nivel de recaudación; la diferencia entre costo, tarifa autorizada y cobro efectivo promedio en escala nacional se refleja en la figura 2, donde se observa cómo la recaudación autorizada efectiva es de apenas el 33.7% del costo por metro cúbico.

También recordemos que se han visto incrementados costos importantes como la energía eléctrica, a la par de la desaparición de algunos programas federales que eran de gran ayuda, como el que brindaba incentivos a los organismos que cumplieran con el tratamiento de las aguas residuales según la normativa vigente, o la disminución de presupuestos importantes como el Promaga (antes APAZU). A esto se sumó la pandemia de Covid, que redujo la recaudación, aumentó la cartera vencida y los adeudos con la CFE, entre otras afectaciones. Es en este entorno en el que los organismos operadores enfrentan la sequía que estamos viviendo.

Sequía y escasez

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la sequía se define como una característica climática natural de baja precipitación promedio histórico (IDMP, 2022) en un tiempo y espacio geográfico determinados. El cambio climático ha profundizado este fenómeno en prácticamente todo el planeta; en México se evidencia con más de tres cuartas partes del territorio en esta situación. En algunas ocasiones se manifiesta

como un periodo de lluvias muy intenso en un corto periodo, lo que no permite la recarga de acuíferos y la escorrentía que reabastece las presas, importantes para almacenar y distribuir el agua en tiempos de estiaje. En un año por encima del promedio se pueden recargar las presas, pero no será suficiente para recuperar el vital líquido de nuestros acuíferos, que están sobreexplotados. Un reflejo de esto es el volumen en que ha disminuido la disponibilidad por habitante al año, que pasó de 17,741 m 3 en 1959 a 3,663 m 3 en 2020. En 2025 se esperan 3,482, y para 2030 la proyección es de 3,358 m3 (Conagua, 2021). Para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, la disponibilidad es menor a 180 m3 por habitante por año. Por su parte, la escasez tiene que ver con un concepto social que significa que la cantidad de agua necesaria es mayor a la cantidad de agua disponible; por tanto, está relacionada con las características demográficas, en especial las actividades humanas. A partir de estas definiciones, una zona del país puede presentar sequía y no escasez, de la misma forma en que otra puede presentar escasez sin el fenómeno de la sequía, mientras que otras presentan ambas.

Acciones para enfrentar la sequía

En escala nacional existe desde el año 2012 el Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose, 2022), cuyo objetivo es atender de manera integral el fenómeno de la sequía; con este esfuerzo se espera la participación

Figura

Costo promedio nacional CUA (m3) $20.00

Tarifa doméstica promedio nacional $13.80

Recaudación efectiva por metro cúbico $6.74

Nota: tarifa correspondiente a promedio nacional, sector doméstico 2022. Eficiencia física: 66%; eficiencia comercial: 74%

Figura 2. Costo promedio total por metro cúbico si se realizaran todos los procesos del ciclo urbano del agua, la tarifa promedio autorizada del sector doméstico y el cobro efectivo promedio.

de las autoridades locales, y entre sus líneas de acción están la prevención, estudios de vulnerabilidad y evaluación de impactos, además de acciones de mitigación, preparación y respuesta.

Específicamente como parte de sus facultades, los organismos operadores pueden realizar las siguientes acciones para enfrentar la sequía:

• Campañas de concienciación ciudadana.

• Mantenimiento y rehabilitación de fuentes de captación y redes de distribución para disminuir pérdidas físicas.

• Control de intrusión salina en zonas costeras.

• Micro y macromedición.

• Control de presiones.

• Sectorización.

• Separación de drenajes pluviales respecto de los sanitarios.

• Reúso de aguas residuales.

• Estructuras tarifarias que promuevan el uso racional.

• Desalación.

• Sistemas de captación de lluvia.

Acciones emergentes:

• Distribución por medio de pipas.

• Cesión temporal de derechos de agua por otros usos.

Mención aparte merece la concienciación de la población; su crecimiento en las ciudades se cuadruplicó, y pasó de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbana; sin embargo, ha habido una gran deforestación en el país. En las zonas urbanas es necesario conocer el ciclo urbano del agua y concientizarse de que el agua es un bien finito y vulnerable, que nuestras costumbres de consumo afectan la disponibilidad –y por tanto la sustentabilidad del planeta–. Implica también que seamos parte de una distribución justa y equitativa, acorde a la cantidad disponible, y que paguemos en la medida de las posibilidades económicas de las familias el costo de provisión de los servicios; entender que las tarifas que se pagan están por debajo de los costos de producción y que no es necesario tener subsidios generalizados.

De acuerdo a la Conagua (2023), en 2022 se realizaron 284 acciones contra la sequía (tabla 1), específicamente para mejorar y rehabilitar infraestructura de agua potable y el alcantarillado, mejorar la eficiencia en agua potable y en saneamiento. En cuanto a la inversión

Tabla 1. Acciones relacionadas con disminuir afectaciones por la sequía en participación gobierno federal-organismos operadores, 2022

Obra mejorada y rehabilitada

Mejoramiento de eficiencia

Total

Agua potable 159 44 203

Alcantarillado 62 0 62

Saneamiento 19 0 19

Total 240 44 284

Fuente: Elaboración propia con información de Conagua, 2023.

de estas acciones, se ejemplifican en la figura 3 con el monto de inversión en mejoramiento de eficiencias desde 1999 hasta 2022. Hay cuatro acciones que se están llevando a cabo en escala nacional: desalación, reúso, cesión de volúmenes de agua de la industria y distribución por pipas.

Desalación

Existen 25 plantas desaladoras instaladas en México, las cuales en total cuentan con una capacidad de 584.7 l/s: dos se encuentran en Baja California, 21 en Baja California Sur (plantas que abastecen pequeñas comunidades y una en Sonora. Sin embargo, el costo de operación es más alto que las otras fuentes de abastecimiento (Conagua, 2023).

Reúso

En 2022 México tenía un total de caudal tratado de 143.8 m3/s, de los cuales 52.3 tenían reúso directo, 83.5 reúso indirecto e intercambio de agua por agua de primer uso en 1.6 m3/s, es decir, se estima que el 95.55% del agua total tratada se reusó. El mayor porcentaje se utiliza para uso agrícola y riego de áreas verdes, y poco para el uso industrial, sin que ello signifique un aumento del agua disponible en las ciudades. El potencial es importante, sobre todo si se toma en cuenta que el total de agua producida en el mismo año fue de 353,334 l/s, es decir, se trata únicamente el 40.7%. Actualmente, varias ciudades de la República están en condiciones de iniciar un programa de reúso directo o indirecto (agua regenerada), y lo harían de forma responsable, cumpliendo con la normativa vigente que lo permita e invirtiendo en las líneas para su distribución, conocidas como líneas moradas (Conagua, 2023).

Cesión de volúmenes de agua de la industria

La Ciudad de México ha realizado grandes esfuerzos para dotar de agua a la ciudadanía, a pesar de la severa crisis que se atraviesa; por ejemplo, implementó un programa en 2024 mediante el cual empresas e instituciones cedieron en los meses de enero a marzo un volumen de 1.5 millones de metros cúbicos de un total convenido de 3.2 millones de metros cúbicos, con el único objetivo de atender la sequía y escasez.

Monterrey también se sumó a estas acciones desde 2022; participaron 62 empresas privadas, en 2023 lo hicieron 36 y en 2024 participan 10. En total, el volumen aportado en 2022 fue de 14.2 millones de metros cúbicos, en 2023 11.0 millones de metros cúbicos y en 2024, hasta el momento, han aportado 6.4 millones. Adicionalmente, los agricultores aportaron 850 l/s/año en promedio (26.8 millones de metros cúbicos) .

Distribución por pipas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se beneficiaron 366,341 viviendas que manifestaron ser afectadas por variaciones estacionales en la disponibilidad de agua, concentradas en 339 organismos municipales. Cabe señalar que es una acción emergente con el objetivo de cubrir temporalmente la dis-

tribución puntual de agua, y en ningún momento se puede pensar como una solución permanente ni deseable.

Ejemplos de acciones en entidades federativas ante la sequía

Chihuahua tiene el primer lugar en cobertura de agua potable; ha implementado programas de distribución por pipas, entrega de tinacos y filtros; instalado sistemas de cosecha de lluvia y sistemas colectivos; ha determinado puntos de perforación y extracción cercanos a comunidades de difícil acceso, además de haber brindado apoyo al sector agrícola mediante limpieza de canales y encementado de acequias, entre otros.

En el municipio de Huixquilucan, Estado de México, ha habido acciones como la mejora de las plantas de tratamiento y un decidido programa de reúso de estas.

En la ciudad de León, Guanajuato, se trabaja en el reúso de sus aguas tratadas, así como en un programa de concienciación ciudadana. En Irapuato se realizan grandes inversiones con excelentes resultados en sectorización, así como en un programa ambicioso de tratamiento de aguas residuales e intercambio de agua con los distritos de riego.

En Nuevo León ha habido rehabilitación, incorporación y perforación de pozos, reparación de fugas Enfrentando

Millones de pesos 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

Fuente: Elaboración propia con información de Conagua, 2023.

3. Inversiones ejercidas de 1999 a 2022 en mejoramiento de eficiencia.

que recuperan 1 m3/s, bombas flotantes en la presa Cerro Prieto, declaratoria de emergencia por sequía, atención con pipas, nuevos equipos de bombeo, tarifa para incentivar el ahorro y valor del agua, instalación de reductores y modulación de presiones, desazolve y limpieza de presas, bombardeo de nubes con yoduro de plata, inversión en infraestructura de presas y acueductos, recuperación de caudales agrícolas, medición y una campaña de concienciación.

En Aguas de Puebla se está trabajando e invirtiendo recursos en un adecuado programa para tratar y reutilizar sus aguas negras, y ha habido también fuertes inversiones en sectorización; es una de las ciudades con mayor eficiencia física en el país.

En la Zona Metropolitana del Valle de México se han desplegado acciones de rehabilitación, macromedición, reposición e incorporación de pozos, sectorización, sustitución de tuberías, reparación de fugas y rehabilitación de plantas de bombeo; también se han instaurado programas de distribución por pipas, sistemas de captación de lluvia, control de presiones y mejora de la eficiencia energética. Se dan otros esfuerzos en Xico, la presa Madín y próximamente en Zumpango para reutilizar el agua.

Conclusiones

Ante eventos de sequía cada vez más recurrentes, es necesario fortalecer las capacidades institucionales, económicas y de capital humano de los organismos de agua y saneamiento. Requieren plantear más acciones junto con otras dependencias en el sentido de reducir la demanda e incidir de forma decidida en la planeación urbana y los asentamientos humanos; no se puede ser solo reactivo; habrá que terminar con el rezago en inversión de la infraestructura existente para estar en posibilidades de invertir en infraestructura de resiliencia. No es sostenible que solo unos cuantos organismos tengan la capacidad de emprender acciones en ese

u La Ciudad de México ha realizado grandes esfuerzos para dotar de agua a la ciudadanía, a pesar de la severa crisis que se atraviesa; por ejemplo, implementó un programa en 2024 mediante el cual empresas e instituciones cedieron en los meses de enero a marzo un volumen de 1.5 millones de metros cúbicos de un total convenido de 3.2 millones de metros cúbicos, con el único objetivo de atender la sequía y escasez. Monterrey también se sumó a estas acciones desde 2022; participaron 62 empresas privadas, en 2023 lo hicieron 36 y en 2024 participan 10.

sentido: deberían tenerlo todos. Los desafíos son y serán cada vez mayores. Mientras más tiempo tardemos en encaminarnos a ello, los costos se incrementarán. El gran reto es contar con organismos autosustentables para dar un buen servicio a la ciudadanía y poder brindar un buen servicio y enfrentar de mejor manera las sequías

Referencias

Comisión Nacional del Agua, Conagua (2021). Estadísticas del Agua en México. Conagua (2023). Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento.

Conagua (2024) Monitor de sequía. Disponible en: smn.conagua.gob.mx/ es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico World Meteorological Organization, WMO (2022). Drought and water scarcity. Integrated Drought Management Programme 1284. Génova. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi (2022). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Programa Nacional Contra la Sequía, Pronacose (2022). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Conagua.

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Figura

IDEAS AL MAXIMO NIVEL

Alta resistencia

Más de 600 kg/cm2

Rigidez superior

Durabilidad extraordinaria Hasta 40 GPa

Máximo 750 Coulombs

TORRE SOHL, MONTERREY, NUEVO LEÓN.

HUGO ROBERTO

ROJAS SILVA Economista doctorante en Economía en el área de Recursos Naturales. Consultor en economía del agua.

Fondo de aportaciones para el financiamiento de la política hídrica

Uno de los principios de la política hídrica nacional es “el agua paga el agua”. Sin embargo, durante décadas los recursos han sido insuficientes ante las necesidades de inversión que enfrenta el subsector agua y saneamiento, con el actual modelo de gestión. Existen problemas estructurales que limitan la creación de un sistema financiero que cubra los requerimientos de operación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación; los retos son cada vez mayores y los recursos para lograrlo también lo serán, de ahí que resulte necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento al amparo de un nuevo modelo de gestión.

Palabras clave: financiamiento, ingresos del agua, prestadores de servicios de agua y saneamiento, recaudación fiscal, Ramo 33.

La teoría fiscal identifica los ingresos por servicios públicos como ingresos no tributarios. En el caso del uso o aprovechamiento de aguas nacionales, las cuotas y tarifas que cobran los prestadores de servicios de agua y saneamiento no tienen un carácter recaudatorio; su fin principal es incentivar su uso racional y en segundo lugar obtener los recursos suficientes para la gestión integrada de los recursos hídricos, mantener la operación y realizar las obras necesarias para garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento. En México a este arreglo institucional se le conoce como Sistema Financiero del Agua, y está definido en la Ley de Aguas Nacionales. Esa misma ley hace mención de que debe privilegiarse la gestión de la demanda, racionalizar patrones de consumo, inhibir la demanda excesiva, realizar los ajustes necesarios en función de los costos e indicadores, y recuperar inversiones federales (DOF, 2023). Por ello resulta necesario buscar nuevos mecanismos de financiamiento basados en un nuevo arreglo institucional y económico que haga sostenible un modelo de gestión a largo plazo. Las necesidades de inversión superan con mucho las fuentes de financiamiento actual. En el presente artículo se explica el porqué de esta afirmación.

Fuentes de ingresos actuales

Los ingresos federales del agua provienen principalmente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su fundamento se encuentra en la Ley Federal de Derechos. En la tabla 1 se muestra la evolución de los ingresos desde el año 1994; de entonces a la fecha, el principal ingreso proviene del uso o aprovechamiento de aguas nacionales,

es decir, los derechos vía asignaciones y concesiones; en seguida se encuentran los ingresos por el suministro de agua en bloque; le sigue el uso de cuerpo receptor, y después los ingresos por conceptos menores. El total de los ingresos en 1994 fue de 18,700 millones, mientras que en 2022 ascienden a 27,300 millones de pesos, es decir, 46.11% más. Dado que el mayor porcentaje debería provenir de los derechos de uso de agua, resalta que mientras en 1994 la participación de esta fuente de ingresos representaba el 64.21%, en 2022 fue de 61.12%, casi el mismo porcentaje. ¿Cuál es la razón? En un entorno de baja disponibilidad del agua, sería conveniente revisar la estructura de ingresos, con el objetivo de contar con mayores recursos para atender problemas como la sequía y escasez que estamos enfrentando.

Otro dato que llama la atención es el del uso de cuerpo receptor, que ha pasado de 429 millones a 3,697 millones. Este dato destaca porque tal pago se realiza cuando un usuario no ha cumplido con la norma NOM001-SEMARNAT, realiza descargas que contaminan los cuerpos receptores de aguas residuales y paga por contaminar. Por un lado parecería que debemos alegrarnos si el incremento se debe a un cobro efectivo de multas, pero si la razón de ello es un incremento en los volúmenes de contaminantes, es digno de preocupación.

Divergencia recaudatoria

Una de las características de nuestro sistema financiero del agua es la gran divergencia de ingresos entre los diferentes prestadores de servicios de agua y saneamiento de México. La recaudación per cápita tiene variaciones

(millones de pesos constantes de 2020)

agua en bloque a centros urbanos e

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas del agua en México 2001-2023 y Datos Abiertos Conagua, 2022.

9,000,000,000

8,000,000,000

7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

CDMX Baja California Nuevo León Edo. México Jalisco Chihuahua Guanajuato Q. Roo Tamaulipas Veracruz Coahuila Sinaloa Querétaro Sonora Puebla Michoacán Aguascalientes Hidalgo S. L. Potosí B. California Sur Guerrero Morelos Chiapas Durango Zacatecas Colima Yucatán Nayarit Oaxaca Tlaxcala Campeche Tabasco

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP, 2022, y Conagua, 2020.

1. Monto estatal recaudado por servicios de agua 2022.

que van desde algunos pesos hasta más de 2,000 pesos al año, cuando los costos por metro cúbico no son tan dispares entre las distintas regiones (figura 1).

Entre las causas de esta divergencia recaudatoria se encuentran algunas con justificación y otras sin ella. Por ejemplo, se puede entender que para el cobro de una tarifa cercana al costo se deban tomar en cuenta las diferencias socioeconómicas de la población: para un municipio con alto grado de pobreza será casi imposible cubrir una tarifa cercana al costo de producción; si, por otro lado, el servicio es deficiente, también será difícil lograrlo.

También existen en nuestro país tarifas que responden a decisiones políticas, otras que obedecen a la falta de un estudio que las determine, algunas más por un mal sistema comercial. Sea cual sea la razón, no hay correlación entre el monto de las cuotas y tarifas y las

condiciones socioeconómicas o demográficas; la única que se encuentra está entre la prestación de un servicio eficiente y la eficiencia de recaudación. La recaudación total de todos los prestadores de servicios en el año 2022 fue de 82,200 millones de pesos, monto que –para ponerlo en contexto– corresponde a 14.5% más que el total de recaudación por predial. Para calcular el máximo potencial de recaudación, podría multiplicarse el total de metros cúbicos producidos por el costo de producción de cada metro cúbico, lo que arroja un monto de 220,100 millones de pesos, por lo que la pérdida económica es de 137,900 millones, es decir, estamos recaudando el 62.64% del total de lo que cuesta la prestación de los servicios, siempre y cuando se realizaran los ocho procesos del ciclo urbano: extracción, potabilización, almacenamiento, distribución, consumo, recolección, saneamiento y reúso (figura 2).

Tabla 1. Recaudación de la Conagua por derechos y otros conceptos (1994-2022)

Figura

u Los ingresos federales del agua provienen principalmente de la Comisión Nacional del Agua. Su fundamento se halla en la Ley Federal de Derechos. Desde el año 1994 hasta la fecha, el principal ingreso proviene del uso o aprovechamiento de aguas nacionales es decir, los derechos vía asignaciones y concesiones; en seguida se encuentran los ingresos por el suministro de agua en bloque; le sigue el uso de cuerpo receptor, y después los ingresos por conceptos menores. El total de los ingresos en el año 1994 fue de 18,700 millones, mientras que en 2022 ascienden a 27,300 millones de pesos, es decir, 46.11% más.

Necesidades de inversión en el subsector agua y saneamiento

Durante décadas las necesidades de inversión se han ido acumulando. La mayor parte de la infraestructura de distribución y recolección de agua ha llegado al final de su vida útil; la población urbana no deja de crecer en valores absolutos y relativos respecto a la población rural; la baja disponibilidad hace necesaria más inversión en la búsqueda de resiliencia de las ciudades. Todo esto hace que las necesidades de inversión sean cada vez mayores.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Saravia, 2023), la inversión recomendada para el subsector debe ubicarse en un 1.56% del PIB, lo que para México representaría un monto superior a los 412,000 millones de pesos; esta cifra está muy lejos de ello, dado que del total de recaudación nacional el mayor monto se eroga en gastos operacionales, y se deja para inversión un monto mínimo, que en la realidad no supera el 10%, en las cifras más optimistas (tabla 2).

Si a lo anterior se suma el costo de operación, que se calcula en 220,100 millones, entonces la cantidad requerida de manera sostenida por al menos los próximos 10 años asciende a 673,180 millones de pesos. Como es de esperarse, las necesidades urbanas son mayores que las rurales.

Inviabilidad del sistema financiero del agua actual Por las razones expuestas, en las condiciones actuales es imposible alcanzar el monto de inversión necesario mencionado. La inversión de la Conagua es la máxima potencial de todos los ingresos relacionados con el uso y aprovechamiento de agua (tabla 3); incluye los permisos de descarga y trasvase, entre otros, mientras que del total potencial de cobro de los prestadores de servicios

2022

$220,121,280,000

Figura 2. Monto total de costos totales si se realizaran todos los procesos del ciclo urbano del agua, la recaudación potencial y la recaudación efectiva, con lo que se obtiene la pérdida económica en 2022.

Tabla 2. Inversión en expansión y cobertura, y gasto en operación y mantenimiento necesaria al 2030 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL 2023.

México produjo para el servicio público urbano en 2022

Costo total si se realizaran adecuadamente los 8 procesos del ciclo urbano del agua

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP, 2022, y Conagua, 2020.

Ingresos actuales Inversión (%) Inversión potencial actual Ingresos potenciales máximos Porcentaje

potencial máxima

Ingresos relacionados con el uso o aprovechamiento de aguas nacionales

Conagua

Recaudación nacional por los prestadores de servicios

Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas del Agua 2023 y Transparencia Presupuestaria SHCP 2022.

u Durante décadas las necesidades de inversión se han ido acumulando. La mayor parte de la infraestructura de distribución y recolección de agua ha llegado al final de su vida útil; la población urbana no deja de crecer en valores absolutos y relativos respecto a la población rural; la baja disponibilidad hace necesaria más inversión en la búsqueda de resiliencia de las ciudades. Todo esto hace que las necesidades de inversión sean cada vez mayores. La inversión recomendada para el subsector debe ubicarse en un 1.56% del PIB, lo que para México representaría un monto superior a los 412,000 millones de pesos.

solo aspiramos a contar con un 10% de ese monto, ya que los costos de operación y mantenimiento se llevan aproximadamente el 90%. En resumen, las posibilidades de inversión alcanzan apenas un 6.45% de lo requerido. La única opción posible, con el modelo de gestión actual, es el financiamiento vía ingresos fiscales. Una propuesta es crear un fondo obligatorio del Ramo 33, denominado Fondo de Infraestructura de Agua y Saneamiento (FIAS).

Entre los beneficios de etiquetarlo en un fondo de aportaciones federales están: 1) se garantiza su progresividad nominal, al ser un fondo participable por la recaudación fiscal; 2) no es necesario recortar otros ramos o programas federales para fondearlo; 3) se fondeará por primera ocasión del incremento que tenga anualmente el Ramo 33; 4) se etiquetan recursos federales, una ventaja del Ramo 33 es que son sus recursos condicionados a los fines establecidos en el fondo, y 5) se deberán establecer lineamientos y otros “candados” para una adecuada ejecución y eficiencia del gasto de inversión. Por ejemplo, el incremento propuesto para 2024 del Ramo 33 fue de 6.71%, lo que representa 61,600 millones de pesos; este sería el tope del presupuesto que podría asignársele al FIAS propuesto, y significa alrededor de tres veces más de lo que está invirtiendo actualmente la Conagua. Obviamente, esto se sumaría a lo que ya se ejecuta, y sumado representaría un presupuesto considerablemente mayor sin quitar presupuesto a otros rubros ni disminuir los ya existentes: se trata solo de etiquetar.

Habría que tomar en cuenta la elaboración de una fórmula para distribuir los recursos del fondo, considerando las coberturas existentes de los servicios de agua y saneamiento, calidad del agua, grado de pobreza y pobreza extrema, contaminación de cuerpos de agua, nivel de sequía y estrés hídrico, especificar las acciones que podrían llevarse a cabo, y la aprobación por parte de las comisiones o secretarías de agua estatales, así como de los consejos de cuenca (incluida la Conagua), supervisando sus licitaciones y costos de ejecución. Además de lo anterior, se deben diseñar estructuras tarifarias con perspectiva progresiva de ingresos, disminuir costos de operación, trabajar en un sistema de valoración del agua y destrabar “cuellos de botella” normativos y legales en el sistema financiero del país.

Conclusión

Para llevar a cabo la propuesta que aquí se plantea, se requiere en primera instancia voluntad política; hay que tomar en cuenta el Sistema de Coordinación Fiscal para su aprobación. En una segunda etapa, se deberán revisar los criterios de cobro de la Ley Federal de Derechos, y tendrá que haber una mayor participación de las entidades federativas en el presupuesto. Adicional a ello, se puede buscar inversión privada y fondos internacionales en proyectos específicos. Un cambio de esta magnitud requiere un trabajo importante y la participación de todas las instituciones del Estado, pero sobre todo necesita voluntad política. Empero, si se quiere avanzar de manera importante, hay que trabajar en ello, el reto lo amerita

Referencias

Comisión Nacional del Agua, Conagua (2001-2023). Estadísticas de agua en México.

Conagua (2023). Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento.

Diario Oficial de la Federación (1992). Ley de Aguas Nacionales [última reforma publicada: 08/05/2023].

Saravia Matus, S., et al. (2023). Necesidades de inversión en agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe: efectos en el empleo verde y el valor agregado bruto. Serie Recursos Naturales y Desarrollo 218. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP (2022). Transparencia presupuestal. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

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Tabla 3. Total de potencial de ingresos 2022 (millones de pesos a precios corrientes)

MAURICIO JESSURUN SOLOMOU

TEMA DE PORTADA

La infraestructura integral a la

“México sigue requiriendo mucha inversión constante cada año para ampliar y conservar su infraestructura. El objetivo primordial de la infraestructura es elevar la calidad de vida de la gente. La transformación digital que se experimenta en escala mundial debe servir para hacer más eficientes los procesos del ciclo de vida de los proyectos y también ayudar en la operación de los servicios que provee la infraestructura.”

IC: Como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) en su plan de trabajo estableció diez objetivos estratégicos. ¿Cómo llegó a ellos?

Mauricio Jessurun Solomou (MJS): Antes de la elección hicimos varias reuniones con los miembros de la planilla que presentaríamos en la elección. En esas reuniones vertimos ideas y planteamos el ejercicio de imaginar el colegio en una gestión que nosotros encabezáramos. De ahí tomamos muchas opiniones y eso nos dio abundante información para generar los 10 ejes estratégicos que presentamos en el Programa de Trabajo en la asamblea del 21 de marzo.

IC: Menciona: “Desafíos significativos y oportunidades sin precedentes para el desarrollo de la ingeniería civil en México […]; creciente demanda de infraestructura sostenible, acelerada transformación digital y [subrayo] evolución del paradigma de la infraestructura como servicio integral a la sociedad”. ¿Puede desarrollar esta última idea de “servicio integral a la sociedad”?

MJS: México sigue requiriendo mucha inversión constante cada año para ampliar y conservar su infraestructura. El servicio integral a la sociedad que se plantea es precisamente reconocer que el objetivo primordial de la infraestructura es elevar la calidad de vida de la gente. La transformación digital que se experimenta en escala mundial debe servir para hacer más eficientes los procesos del ciclo de vida de los proyectos y también ayudar en la operación de los servicios que provee la infraestructura.

IC: ¿Qué valoración hace del perfil institucional del CICM a lo largo de su historia en lo gremial, lo social y lo político?

MJS: El colegio es una institución con gran prestigio, una organización con buena imagen en la sociedad.

Afortunadamente ha contado y tiene como socios a muchos de los ingenieros más prestigiados que ha tenido este país y es referencia en los temas que tienen que ver con nuestra profesión. Es órgano de consulta del Estado por mandato de ley y siempre estará atento a proporcionar opiniones técnicas objetivas que le sean solicitadas. Específicamente sobre la institucionalidad que caracteriza al CICM, tiene que ver con dos frentes: uno, el de trabajar con respeto y en concordia con otras instituciones de los sectores público, social y empresarial, y dos, el tener una participación política pero no partidista, con respeto a la diversidad de preferencias ideológicas y políticas de los socios.

IC: ¿Esa postura orilla a no ser críticos?

MJS: Pienso que, si en algún momento no estamos muy de acuerdo con alguna decisión, habrá que propiciar un acercamiento inteligente con la persona a la que le queremos comunicar nuestra opinión, pero de manera respetuosa, para solicitar una reunión en aras de debatir e intentar llegar a acuerdos.

IC: Un tema en el CICM es el “alto promedio de edad de los socios del colegio”; se habla de la importancia de la participación de los jóvenes. ¿Qué opina usted al respecto?

MJS: Hay que definir primero qué es un joven. La bibliografía en general habla de gente de 40 años o menos. El colegio es de profesionales, no de estudiantes. Los estudiantes tienen sus espacios en las instituciones educativas y en espacios específicos del CICM; sin embargo, a mí me interesa que tengamos jóvenes profesionales participando en los comités técnicos, porque ahí es donde se aprende mucho, donde están los temas

como servicio la sociedad

estratégicos, donde están las personalidades, los ingenieros que más saben de las diversas especialidades de la ingeniería civil y así también prepararemos nuevos liderazgos. Por supuesto que los estudiantes también serán atendidos y nos interesa mucho que participen en las sesiones de los Comités Técnicos, en los foros, y que nos sigan ayudando en el congreso y otros espacios que tenemos para ellos.

IC: ¿Cuál es el enfoque de su gestión para promover la ética y la responsabilidad social en la práctica de la ingeniería civil y qué hacer ante el dilema ético de la profesión de participar en proyectos de infraestructura redituables y necesarios y, por el contrario, en los que no lo son?

MJS: En mi programa de trabajo menciono mucho la integridad y la ética, un tema al que le damos la mayor relevancia. No es mi función decir a las personas cómo deben opinar o actuar; sí debemos recomendar y cuidar que lo que se haga en la vida profesional respete los valores que impulsa nuestra organización, y que se encuentran en nuestro Código de Ética.

IC: Cuando se da un problema con una infraestructura que afecta la funcionalidad de la sociedad e incluso le cuesta la vida a alguien, la sociedad suele atribuir responsabilidad a los ingenieros, aun cuando no sea suya por completo. ¿Cómo aclarar, como revalorizar el papel de la ingeniería civil ante la sociedad?

MJS: En nuestro programa de trabajo hay un eje estratégico donde hemos propuesto que debemos impulsar la salud y la seguridad en las obras. Hay normas internacionales en estos temas que se deben exigir y cumplir por todos los actores. En la medida en que reforcemos estrictamente las medidas de seguridad en los proyectos vamos a minimizar accidentes; esa es la parte que corresponde a la ingeniería y tendremos un impacto positivo en la opinión de la sociedad hacia los ingenieros.

IC: Muchos ingenieros civiles reniegan de la política partidista y de quienes participan en ella. Hasta el decenio de 1990, los ingenieros civiles ocupaban espacios de primer

nivel en áreas de gobierno donde se toman decisiones en materia de infraestructura. Desde entonces abundan abogados, economistas… en esos puestos. ¿No deberían los ingenieros civiles trabajar para recuperar esos espacios, incluidos los legislativos?

MJS: Pienso que lo que deberíamos hacer es promover ante las autoridades –y sobre todo en épocas electorales– que los cargos en general sean ocupados por especialistas en las diferentes áreas del gobierno. Así, que las que tengan que ver con cuestiones de ingeniería civil sean ocupadas por ingenieros civiles. Lo que sí creo que se debe recuperar es la capacidad técnica con el número de especialistas adecuados y bien capacitados de las diferentes dependencias gubernamentales que tienen que atender los temas relacionados con la infraestructura, como era algunos años atrás.

IC: ¿Qué medidas puede promover el CICM para abordar los desafíos actuales que enfrenta la industria de la construcción en México, como la falta de mantenimiento de la infraestructura, la carencia de financiamiento y de planeación adecuada, la desatención a la sostenibilidad ambiental y el incumplimiento de los procesos en tiempo y forma?

MJS: Aquí hay un tema importante: los presupuestos deben contemplar el ciclo completo, es decir, el ciclo de un proyecto comienza con la planeación –hemos hablado mucho de ella–; sigue con el diseño, la ejecución, la operación y la conservación. Entonces, si se proyecta por ejemplo el tren México-Querétaro, que considero es muy buen proyecto, porque desahogaría la autopista que es un desastre, ojalá se tome en cuenta el ciclo completo y se incluya la operación y la conservación, y no solamente la construcción, porque eso es lo que otorga el flujo necesario para que sea sostenible en el tiempo y no se convierta en una carga para las finanzas públicas.

IC: ¿Rentable económica y también socialmente?

MJS: El costo social a veces es más importante que el económico. Te pongo un ejemplo: ¿cuánto cuesta en productividad que mucha gente esté esperando en una estación sin que llegue el transporte oportunamente?

u México sigue requiriendo mucha inversión constante cada año para ampliar y conservar su infraestructura. El servicio integral a la sociedad que se plantea es precisamente reconocer que el objetivo primordial de la infraestructura es elevar la calidad de vida de la gente. La transformación digital que se experimenta en escala mundial debe servir para hacer más eficientes los procesos del ciclo de vida de los proyectos y también ayudar en la operación de los servicios que provee la infraestructura. La tecnología es una herramienta, no hace las obras; las obras las hacen los humanos y los equipos utilizando herramientas y maquinaria.

Quizás sea más que el costo del proyecto. Por eso hay que planear considerando los postulados básicos de los análisis costo-beneficio.

IC: ¿En ese tema falta legislar?

MJS: Pienso que hay que cambiar las leyes, porque tenemos leyes fiscalizadoras y pocas promotoras. Hay que hacer los procesos y procedimientos más ejecutivos, más eficientes, más ágiles. ¿Por qué hemos llegado a una ley tan fiscalizadora?, por la desconfianza que hay en todo mundo sobre la aparición de prácticas que sugieren actos de corrupción. Esto ha hecho que todos los procesos licitatorios y de ejecución sean tediosos, poco ágiles y muy caros. Viene a cuento el órgano de planeación que nuestro colegio, junto a otras organizaciones, viene proponiendo y que en su momento expondremos ante las autoridades que resulten electas.

IC: ¿Cómo propone usted que se aborden los retos de la resiliencia en la infraestructura frente a desastres naturales y otros riesgos en el corto y largo plazo?

MJS: Es caso por caso: hay algunos temas que son comunes, y otros que son particulares. Por ejemplo, en Acapulco había tres plantas de tratamiento de agua que tenían alimentación eléctrica por aire; la voló el huracán y Acapulco se quedó sin agua. Si la instalación hubiese sido subterránea no se habría suspendido el servicio de agua. Otro caso de planeación deficiente.

IC: ¿Cuál es su opinión sobre la digitalización y la tecnología emergente en la industria de la construcción y cómo plantea usted aprovechar estas tendencias para mejorar la eficiencia y la calidad de la ingeniería civil?

MJS: La tecnología es una herramienta. La tecnología no hace las obras, las obras las hacen los humanos y los equipos utilizando herramientas y maquinaria. Tener a los equipos bien comunicados por la tecnología sería un acierto tremendo, porque –como ya dijimos– es colaborativo: si no están en colaboración y en comunicación los equipos que hacen las obras, estamos mal. Ese es un primer punto. Ya comenté que la tecnología en el ámbito mundial no es muy adoptada en nuestro

campo, entonces hay que promoverla, promover lo que se demuestre eficaz.

IC: Entiendo que siempre con la supervisión de un ingeniero, no confiando a ciegas en la tecnología, en los programas y aplicaciones…

MJS: Sin duda. Se tiene que saber cómo interpretar un resultado de un programa; si no sabes cómo interpretar el resultado de un programa no estás haciendo bien tu trabajo. Si te equivocas en un dato que metiste al programa, puede resultar un error, y si no es verificado por el conocimiento del ingeniero, esto puede derivar en un problema grave.

IC: ¿Cuál es su plan para fortalecer las relaciones entre el colegio de ingenieros civiles y el gobierno, al igual que con otros sectores interesados clave, para impulsar el desarrollo y la innovación en la ingeniería civil?

MJS: Nos ha tocado iniciar nuestra gestión en un periodo muy interesante. El primer punto es que hemos invitado a todos los candidatos a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a que expongan sus planes en el CICM. Nuestro mensaje es breve y puntual porque nuestra prioridad hoy es escuchar lo que proponen. Cuando haya funcionarios electos, buscaremos interactuar más de lleno con los equipos de trabajo para atender las propuestas aterrizadas por ellos y aportar nuestros comentarios y propuestas.

IC: ¿Cómo está funcionando el Consejo Académico del CICM y qué idea tiene respecto a posibles cambios?

MJS: El Consejo Académico funciona bien; obviamente, siempre deben analizarse los procesos y considerar propuestas de ajustes. Cumpliremos con dicho ejercicio.

IC: Uno de los puntos de su plan de trabajo es fortalecer la formación continua y la certificación profesional de los ingenieros civiles, algo que ya hace el CICM. ¿En que enfocaría esta tarea?

MJS: Planteamos tres acciones prioritarias: la primera es establecer programas de educación continua que ofrezcan cursos, seminarios y talleres sobre avances tecnológicos, cambios normativos y mejores prácticas en ingeniería civil especialmente, entre otras, la mejora en la seguridad y salud en la construcción. Una segunda es establecer programas de certificación que evalúen y reconozcan las competencias específicas y promuevan la excelencia y la especialización en áreas clave, incluyendo prácticas de ingeniería de vanguardia y con responsabilidad social. La tercera es la actualización en normativas: proporcionar cursos y recursos específicos sobre cambios en normativas y regulaciones, para asegurar que los ingenieros estén al tanto de los requisitos legales actualizados.

IC: En pocos meses asumirá una nueva persona al frente del gobierno de la Ciudad de México, que es el ámbito

Preservación del conocimiento y fomento a la innovación y utilización de tecnologías de vanguardia

Preservación del patrimonio y organización del 80 aniversario del CICM

Excelencia en servicios al socio

Promover casos de éxito a través de comités técnicos

Planeación y desarrollo sostenible

10

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Inclusión y equidad en la ingeniería

Responsabilidad social en la comunidad Formación continua y certificación profesional

Colaboración nacional e internacional Comunicación interna y externa

Orientación principal

A la sociedad

A la membresía

Al interior del CICM

En la elaboración del Programa de Trabajo del XL Consejo Directivo, hemos identificado 10 objetivos estratégicos como complemento a lo que mandata el Estatuto del Colegio

u Hay que cambiar las leyes, porque tenemos leyes fiscalizadoras y pocas promotoras. Hay que hacer los procesos y procedimientos más ejecutivos, más eficientes, más ágiles. ¿Por qué hemos llegado a una ley tan fiscalizadora?, por la desconfianza que hay sobre la aparición de prácticas que sugieren actos de corrupción. Esto ha hecho que todos los procesos licitatorios y de ejecución sean tediosos, poco ágiles y muy caros. Viene a cuento el órgano de planeación que nuestro colegio, junto a otras organizaciones, viene proponiendo y que en su momento expondremos ante las autoridades que resulten electas.

específico, no excluyente, de incumbencia del CICM, y otra persona asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el papel que debe desempeñar el CICM en relación con las nuevas autoridades?

MJS: El papel del CICM siempre será el colaborar con las autoridades. Estaremos atentos a sus consultas en los temas que consideren podemos apoyar. Al mismo tiempo haremos llegar los documentos de coyuntura que emerjan de nuestros Comités Técnicos con las

opiniones de los especialistas en los diversos temas que estudiamos permanentemente.

IC: Finalmente, a pocos días de haber asumido como presidente, ¿cuáles son las primeras acciones que considera poner en práctica, los objetivos concretos que se ha planteado a corto, mediano y largo plazo?

MJS: Debemos revisar nuestra organización interna en aras de brindar un mejor servicio al socio. Hemos detectado algunas áreas que requieren mejora en nuestras instalaciones, como puede ser la conectividad y otros espacios, ya que siempre hay socios que visitan el CICM. Hemos hecho contacto con los equipos de las candidaturas a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX para que visiten el colegio y expongan su visión en la temática que nos concierne. Después de la elección buscaremos a los equipos de los que resulten electos para comenzar a trabajar con ellos en los temas que nos ocupan. Por supuesto, reforzar la comunicación interna y externa para que la sociedad entienda y valore las actividades de los ingenieros civiles

Entrevista de Daniel N. Moser

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PLANEACIÓN

Pensar rápido y actuar despacio vs. pensar despacio y actuar rápido

La importancia de la planeación en los proyectos de infraestructura

El tema “pensar rápido y actuar despacio vs. pensar despacio y actuar rápido” ha sido ampliamente estudiado por la psicología y la economía y tiene también implicaciones importantes para la ingeniería civil, especialmente en el contexto de la gestión de proyectos de infraestructura.

Palabras clave: pensar rápido, pensar lento, planeación de infraestructura, proyectos correctos, Congreso Nacional de Ingeniería.

CARLOS SANTILLÁN

DOHERTY

Presidente del Comité Técnico de Planeación del CICM. damente una situación, identificar los riesgos y tomar ágilmente las medidas necesarias para evitarlos. Así pues, el pensamiento rápido es una habilidad esencial para responder a emergencias, como desastres naturales o accidentes.

Por un lado, la ingeniería civil es una profesión que requiere tomar decisiones rápidas y acertadas. Los ingenieros civiles deben ser capaces de analizar rápidamente una situación, identificar los riesgos y tomar ágilmente medidas para evitarlos. En este sentido, el pensamiento rápido es una habilidad esencial para responder a emergencias, como desastres naturales o accidentes.

Por otro lado, la planificación de la infraestructura es un proceso complejo que requiere un alto nivel de precisión y atención al detalle. Los ingenieros civiles deben considerar una amplia gama de factores, como los costos, los plazos, el impacto ambiental y las necesidades de la comunidad. En tal contexto, el pensamiento lento es una habilidad esencial para tomar decisiones informadas que satisfagan las necesidades a largo plazo de la sociedad. En este artículo se discuten los pros y los contras de cada enfoque.

Si bien este tema ha sido ampliamente estudiado por psicólogos y científicos cognitivos, y le ha valido un Premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman, también tiene implicaciones importantes para la ingeniería civil, especialmente en el contexto de la planificación de infraestructura. En ese sentido, son el urbanista danés Bent Flyvbjerg y el periodista Dan Gardner, con su libro How big things get done (2023), quienes abordan estos conceptos desde la perspectiva del desarrollo de proyectos, incluyendo los de infraestructura. Por un lado, la ingeniería civil es una profesión que requiere tomar decisiones rápidas y acertadas. Los ingenieros civiles deben ser capaces de analizar rápi-

Por otro lado, la planificación de la infraestructura es un proceso complejo que requiere un alto nivel de precisión y atención al detalle. Los ingenieros civiles deben considerar una amplia gama de factores, como los costos, los plazos, el impacto ambiental y las necesidades de la comunidad. En este sentido, el pensamiento lento es una habilidad esencial para tomar decisiones informadas que satisfagan las necesidades a largo plazo de la sociedad.

La importancia de pensar lento-actuar rápido vs. pensar rápido-actuar lento

Una máxima de la gestión de proyectos es definir primero el proyecto correcto; después, ejecutarlo correctamente. Las consecuencias de no realizar el esfuerzo adecuado en la definición del proyecto correcto están ampliamente demostradas y publicadas. El proceso FEL (Front End Loading, desarrollado por el Independent Project Analysis (Passalacqua et al., 2013), que describe la aportación de recursos en la etapa de conceptualización y definición de los proyectos, antes de iniciar su diseño detallado y construcción, así como los beneficios de usar dicho proceso y los perjuicios de no hacerlo, son un ejemplo que refuerza que, para que un proyecto sea exitoso, primero hay que asegurarse

La planificación de la infraestructura es un proceso complejo que requiere un alto nivel de precisión y atención al detalle.

de que sea el proyecto correcto. Esto es equivalente a pensar despacio.

Una vez definido el proyecto correcto, se tienen las herramientas para realizarlo con eficiencia en tiempo, costo y calidad, utilizando las herramientas apropiadas para planear el proyecto y controlar su ejecución para que se ajuste al plan. Esto se puede asociar a actuar rápido.

De esta forma, es claro que toda la experiencia conocida en proyectos apunta a pensar despacio y actuar rápido, y no lo contrario. Es por ello que este tema debe ser de interés para los ingenieros.

Es indispensable una adecuada planeación de los proyectos de infraestructura; esto incluye, por supuesto, las etapas de análisis de prefactibilidad, análisis de factibilidad, desarrollo del proyecto conceptual –que debe incluir costos paramétricos–, desarrollo de un anteproyecto, desarrollo del proyecto ejecutivo y sus ingenierías de detalle, análisis de costos y tiempos, viabilidad financiero-económica, viabilidad ambiental, análisis de riesgos, contingencias sociales, trámites y permisos, cronogramas de construcción detallados durante la etapa de inversión, planeación de la operación, modernizaciones requeridas en el horizonte de tiempo y su revisión final. Todas estas acciones forman parte de planear con el detalle requerido (pensar lento) para que el inicio de la obra y la operación de infraestructura (actuar rápido) pueda hacerse con la velocidad necesaria para desarrollarlo de manera segura, viable

en lo económico y en el tiempo adecuado.

Desafortunadamente, no solo en México sino en todo el mundo se tienen ejemplos de obras de infraestructura que se han iniciado sin una adecuada y suficiente planeación y han terminado como mamuts reumáticos condenados a morir de inanición por excedentes brutales en sus inversiones iniciales, ya sea por temas de derecho de vía, por falta de estudios previos para determinar la morfología del terreno o las condiciones geológicas e hidrológicas, interferencias físicas de obras inducidas e incluso por temas sociales y medioambientales no considerados (no contemplados por falta de planeación).

Todo lo anterior debería ser previsto si la etapa de planeación la desarrollan de forma seria y meticulosa todos los profesionales especializados en cada una de las áreas que intervienen. Hoy en día, el desarrollo de los megaproyectos de infraestructura requiere que los ingenieros civiles aprendamos a trabajar, interactuar y considerar a otros especialistas que intervienen en la planeación y desarrollo de nuestros proyectos: economistas, mercadólogos, sociólogos, ambientalistas, abogados, arquitectos, urbanistas, políticos, líderes sociales, informadores, biólogos, geólogos, contadores y usuarios finales, solo por mencionar algunos. El éxito de los proyectos de infraestructura no solo estriba en la adecuada confluencia de conocimientos, sino en una adecuada confluencia de voluntades y acuerdos de las partes, entre las cuales destacan las comunidades impactadas por el proyecto y los usuarios finales. Una infraestructura que no sirve para el bien, el desarrollo y el crecimiento de una sociedad y de un país es una infraestructura inservible; debemos siempre pensar en las comunidades impactadas por su construcción y operación y en los usuarios finales. Ellos deben ser siempre considerados desde la etapa de planeación, para que, al llegar a la etapa de explotación, operación, mantenimiento, conservación y modernización, sirvan de detonante y promotor del desarrollo local, regional y nacional.

Es por todo ello que resulta relevante el tema de pensar lento-actuar rápido vs. pensar rápido-actuar lento en el actuar diario de los ingenieros civiles que desarrollamos la infraestructura de México y del mundo entero, partiendo del hecho de que nuestras acciones impactan nuestro entorno inmediato y mediato, además

GERD ALTMANN PIXABAY

de las condiciones de vida y las circunstancias en que los seres humanos se desarrollan.

El valor de la planeación en los proyectos de infraestructura

La construcción y puesta en operación del metro de la Ciudad de México tuvo un detenido y cuidadoso proceso de planeación, que inició en 1952 y se intensificó en 1965, para con ello poder dar inicio a las obras en 1967, tras 15 años de planeación. En ese lapso, la planeación de este sistema consideró:

• Sumar las voluntades políticas para resolver el grave problema del transporte colectivo.

• Resolver técnicamente el reto de la construcción de un sistema subterráneo en las condiciones del subsuelo de la ciudad.

• Realizar estudios económicos para resolver el financiamiento de esta costosa obra y definir el subsidio a la operación.

• Echar abajo el tabú de que había territorios sagrados que no se podían horadar, como el Zócalo.

• Gestionar la aceptación ciudadana, que requirió una consulta de cuatro meses a colegios de profesionales, cámaras industriales, secretarías de Estado, el Consejo Consultivo de la Ciudad, instituciones de cultura y educación y a la ciudadanía en general.

• El resultado de esta cuidadosa planeación fue la construcción de tres líneas en los principales ejes de movilidad urbana, con una longitud de 35 km, en tan solo tres años.

El sistema del metro demostró a la postre sus beneficios para la movilidad de la ciudad, la eficiencia del servicio y la resiliencia, sobre todo ante grandes sismos como el de 1985.

Varios años después se decidió construir la línea 12. Bastaron solo 16 meses para hacer estudios, proyectos y licitaciones, con un trazo que no se apegaba a las prioridades del Plan Maestro del Metro, con una geometría comprometida por falta de derecho de vía y con cambios de especificaciones relevantes en la

u No solo en México, sino en todo el mundo, se tienen ejemplos de obras de infraestructura que se han iniciado sin una adecuada y suficiente planeación y han terminado como mamuts reumáticos condenados a morir de inanición por excedentes brutales en sus inversiones iniciales, ya sea por temas de derecho de vía, por falta de estudios previos para determinar la morfología del terreno o las condiciones geológicas e hidrológicas, interferencias físicas de obras inducidas e incluso por temas sociales y medioambientales no considerados (no contemplados por falta de planeación).

superestructura de la vía y en el equipo. La construcción se inició en 2008 y concluyó en 2012, para cumplir compromisos políticos.

Bastaron 16 meses para interrumpir el servicio entre las estaciones Tláhuac y Atlalilco por fallas estructurales de la vía y fuerte desgaste ondulatorio del riel. Más adelante, en 2021, se colapsó un tramo de la sección elevada entre las estaciones Olivos y San Lorenzo. Una inspección completa llevó al cierre total de la línea, la cual, a la fecha, solo opera parcialmente. Un proyecto totalmente fallido.

¿Cuáles son, entonces, las diferencias entre las líneas 1, 2 y 3, originales, y la línea 12? Simplemente planeación. Pensar lento, pensar bien, analizar alternativas, determinar presupuestos y tiempos de ejecución correctos y gestionar responsablemente los impactos ambientales y sociales. Después de haber pensado lento, entonces sí, actuar rápido, pero tan rápido como el cronograma lo determine.

Es la única manera en que se puede asegurar que los proyectos sean bien concebidos, que den los beneficios sociales y económicos esperados y que estén libres de riesgos económicos, técnicos y humanos.

Lo privado y lo público

El desarrollo de infraestructura normalmente queda a cargo de dos tipos de promoventes: los entes privados y los entes públicos. La diferencia fundamental entre ambos tipos de promoventes es lo que ha provocado la disyuntiva de pensar rápido-actuar lento/pensar lentoactuar rápido.

Los entes públicos tienen el problema de estar subyugados por un marco jurídico que les limita el tiempo disponible para pensar lento. Partiendo del nivel superior de planeación, está el ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un periodo de seis meses para su elaboración. Los planes estatales de desarrollo también tienen 6 meses, mientras que los planes municipales, en algunos casos, solo 3 meses. Otro elemento negativo es la vigencia de los instrumentos de planeación; mientras que en México estos tienen la vigencia del periodo de gobierno, en Japón, por ejemplo, el plan nacional de abastecimiento de agua tiene un horizonte de aplicación de 50 años. Esto hace evidente la necesidad de reestructurar nuestra normativa para poder alcanzar un verdadero desarrollo de infraestructura sostenible. De igual manera es preciso considerar los tiempos de distribución de los recursos, que a veces tardan para entregarse, además de que se apuran para gastar y se cierran las ventanas de comprobación de gastos.

Los entes privados, en cambio, cuando desarrollan infraestructura por su cuenta, no están restringidos por estas limitaciones; tienen el tiempo suficiente para pensar de forma adecuada lo que hay que hacer, y ya con el proyecto o la estrategia bien planeados desarrollan rápidamente. El problema lo enfrentan los entes privados

Pensar rápido y actuar despacio vs. pensar despacio y actuar rápido

cuando participan en el desarrollo de obra pública, ya que en este escenario deben participar de la misma estructura que desarrollan los entes públicos: el ente público exige al ente privado actuar rápido, sin pensar lento, y lo que se obtiene es un actuar lento derivado de pensar rápido.

Conclusiones

La planeación es la fase inicial en el ciclo de desarrollo de la infraestructura de un país. Pensar lento es el modo en el cual esta fase –la de planeación– permite no solo escoger los proyectos correctos sino, luego, hacerlos correctamente y con agilidad, o pensando rápido, para –asimismo–acelerar el retorno de los beneficios esperados del proyecto: económicos, medioambientales, sociales.

Esta primera conclusión queda plenamente demostrada en los ejemplos presentados y en la experiencia que cada ingeniero tiene en su práctica profesional.

En México, y en el caso del sector público, estructuralmente hay limitaciones jurídicas que promueven el pensamiento rápido; el ejemplo más contundente de ello son los tan sólo seis meses que establece la Ley General de Planeación para elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. Si bien la misma ley prevé que el plan se desarrolle para más allá del sexenio en turno, se sabe que los planes se centran básicamente en los seis años de ejercicio de quienes los formulan.

También es evidente, aunque natural, la influencia que tiene la política (no de algún sexenio en particular, sino en general) sobre la planificación y el pensamiento en modo rápido.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México debe promover el pensar lento en la ingeniería civil a través de las siguientes acciones:

• Difundir información sobre la importancia de la planeación en los proyectos de infraestructura.

• Apoyar la formación de profesionales que tengan las habilidades necesarias para realizar una adecuada planeación de proyectos.

• Promover cambios en las leyes y políticas públicas, para que esto ocurra.

El ingeniero civil, por su parte, debe participar en política y pugnar por que se valore su pericia, sumándose incluso a movimientos políticos para aportar su conocimiento en beneficio del país. Quizás se nos olvide, pero tenemos una tradición de grandes ingenieros que promovieron el pensamiento lento en la planificación y desarrollo de infraestructura. Es hora de revisar las biografías de grandes ingenieros civiles como Javier Barros Sierra, Rodolfo Félix Valdés o Heberto Castillo,

u El Plan Nacional de Desarrollo tiene un periodo de seis meses para su elaboración. Los planes estatales de desarrollo también tienen 6 meses, mientras que los planes municipales, en algunos casos, solo 3 meses. En México, los instrumentos de planeación tienen la vigencia del periodo de gobierno; en Japón, el plan nacional de abastecimiento de agua tiene un horizonte de aplicación de 50 años. Debe reestructurarse nuestra normativa para poder alcanzar un verdadero desarrollo de infraestructura sostenible y es preciso considerar los tiempos de distribución de los recursos, que a veces tardan para entregarse.

entre muchos otros más, a quienes históricos líderes políticos confiaron el desarrollo correcto de México, correctamente ejecutado

Este artículo se elaboró con base en las intervenciones de los siguientes ingenieros como parte del panel “Pensar rápido y actuar despacio vs. pensar despacio y actuar rápido”, organizado por el Comité Técnico de Planeación durante el 32 Congreso Nacional de Ingeniería Civil: José Francisco Albarrán, ingeniero, investigador y académico; Héctor Lases, ingeniero civil diplomado en Alta Dirección de Empresa y en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Infraestructura y Servicios; Juan Carlos Miranda, ingeniero civil con maestría en Dirección de Empresas y maestría en Ingeniería, especialidad en Planeación; Juan Carlos Tejeda, ingeniero civil, maestro y doctor en Ciencias Ambientales, coordinador del Comité Técnico de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM.

Referencias

Flyvbjerg, B., y D Gardner (2023). How big things get done. Penguin Random House.

Passalacqua, H., et al. (2013). Front-End-Loading Process supporting optimum field development decision making. Proceedings of the SPE Kuwait Oil and Gas Show and Conference. Mishref.

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Es claro que toda la experiencia conocida en proyectos apunta a pensar despacio y actuar rápido, y no lo contrario.

HANS I. ARCHUNDIA

ARANDA

Ingeniero civil y doctor en Ingeniería. Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Comité Técnico en Seguridad Estructural del CICM. Tiene experiencia en ingeniería forense y en la evaluación postsísmica de inmuebles.

INGENIERÍA SÍSMICA

La necesidad de homologar la caracterización del daño estructural por sismo

La atención a una emergencia ocasionada por un sismo fuerte requiere la participación de brigadas de evaluación postsísmica. Estas brigadas deben contar con criterios homologados para determinar el nivel de seguridad estructural de los inmuebles no colapsados destinados a vivienda.

Palabras clave: evaluación postsísmica, brigada de inspección postsísmica, daño sísmico.

Al ocurrir un evento sísmico importante es de esperar que, en la zona epicentral y en otras alejadas con características particulares, la intensidad sea tal que ocasione daño en edificaciones e infraestructura en general. Las consecuencias de un sismo fuerte son tan relevantes que desde tiempos antiguos pertenecen al registro histórico de las civilizaciones (García y Suárez 1996). En este contexto, y ante el escenario de un evento sísmico que haya derrumbado varias edificaciones y dañado visiblemente muchas más, seguramente autoridades, especialistas, periodistas, cronistas, historiadores y la ciudadanía en general tendrán una valoración global muy parecida sobre la magnitud del desastre.

Procedimiento para la evaluación de daños

A pesar de que puede existir coincidencia colectiva en la valoración de los daños causados por un sismo en una región determinada (valoración macro), pueden existir dificultades para lograr coincidencia en la valoración de los daños de una edificación en particular (evaluación micro). Dicho de otra forma: determinar la integridad estructural de una edificación que no fue derrumbada por un sismo es una actividad que podría conducir a resultados no coincidentes, a pesar de haber sido realizada por especialistas. Por dar un ejemplo, Archundia et al. (2018) compararon dos bases de datos sobre la condición estructural postsísmica de edificios de la Ciudad de México inspeccionados poco después del sismo del 19 de septiembre de 2017, y observaron que: a) era bajo el porcentaje total de edificios incluidos en

ambas bases de datos, ya que, en el mejor de los casos, en algunas colonias la coincidencia fue de alrededor del 30%, y en otras no se alcanzó el 10%, y b) en los edificios incluidos en ambas bases de datos la coincidencia de edificios clasificados de alto riesgo también fue baja, siendo la mayor coincidencia observada en la colonia Juárez (48%) y la menor en la colonia Narvarte (11%). ¿Cómo se pueden explicar estas diferencias?

A partir de la experiencia ganada en la evaluación postsísmica generada por el sismo del 19 de septiembre de 1985, se elaboró en el Instituto de Ingeniería de la UNAM un manual de evaluación postsísmica (Rodríguez y Castrillón 1995). De acuerdo con sus autores, una finalidad de ese manual era “emplear un procedimiento razonable y uniforme, de manera que dos equipos diferentes que evalúen la seguridad de la misma edificación lleguen a conclusiones esencialmente semejantes”. Como era de esperarse, este documento se convirtió en una referencia obligada sobre el tema. En un informe elaborado por Alcocer et al. (2019) se puede verificar que el Manual de Evaluación Postsísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM fue la base para la elaboración de manuales de otras instituciones o dependencias. De hecho, los formatos de inspección postsísmica que se utilizaron en la Ciudad de México a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 están basados en ese documento.

En términos generales, las evaluaciones postsísmicas se clasifican en rápidas y detalladas. Se entiende que el objetivo de las evaluaciones rápidas es identificar

si una edificación es segura y si puede seguir siendo utilizada inmediatamente después de un sismo. Por otra parte, el objetivo de las inspecciones detalladas es resolver alguna duda sobre la valoración que se hizo en la evaluación rápida y, dependiendo del resultado, se confirma la valoración previa o se recomienda un procedimiento de demolición o de rehabilitación sísmica, según sea el caso.

No debería quedar duda de la gran importancia y responsabilidad social que implica hacer una evaluación postsísmica en edificaciones de uso habitacional, ya que lo que está de por medio es la vida y el patrimonio de la ciudadanía. En este contexto, es de esperarse que la valoración de la integridad estructural de una vivienda sea consistente cuando es evaluada por dos equipos diferentes, aun cuando pertenezcan a instituciones diferentes. En efecto, si las valoraciones no son consistentes se genera desconfianza.

Brigadas de inspección postsísmica

Los equipos que hacen las inspecciones postsísmicas se denominan Brigadas de Inspección Postsísmica. De acuerdo con la Real Academia Española, entre otras definiciones de índole castrense, una brigada es un “grupo organizado de personas reunido para un trabajo concreto”. Por otra parte, la denominación brigada “ha

1. Muestra de la variedad de avisos públicos realizados por diversas brigadas durante las inspecciones rápidas realizadas en la ciudad de Jojutla, Morelos, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. La

sido usada y todavía se usa para grupos de personas, militares y no militares de distintas unidades” (Wikipedia). Por su origen, el término brigada debe entenderse en sintonía con: a) una jerarquización de índole operacional de las personas que la integran, y b) el nivel de responsabilidad de esas personas en el trabajo por realizar, que generalmente es trabajo en campo. De esta manera, una brigada de inspección postsísmica no debería estar integrada exclusivamente por personas con el mismo nivel de experiencia y especialidad (brigadas compuestas solo por personas expertas en la misma especialidad, o solo por personas sin experiencia no serían funcionales). En efecto, existen las llamadas Brigadas de Reconocimiento Postsísmico, que habitualmente están integradas por personas experimentadas cuya labor se desarrolla con un enfoque académico después de que ha sido atendida la emergencia. A este tipo de brigadas no se está haciendo referencia en este trabajo. Finalmente, reconocer el origen del término brigada es sustancial, pues de otra manera se estaría hablando solamente de equipos de trabajo.

El orden jerárquico en la brigada de inspección postsísmica obliga a que, necesariamente, deba existir una persona al mando y otra predefinida que la supla en caso de que una eventualidad impida que la persona al mando participe en una actividad o sea capaz

Figura

La necesidad de homologar la caracterización del daño estructural por sismo

de tomar decisiones. Todo esto es importante, ya que en los trabajos que se realizan en campo siempre hay imprevistos. La distribución ordenada y acordada de las actividades que realizan las personas que integran una brigada siempre dará valor agregado al trabajo encomendado y agilizará las labores en una situación imprevista. Este planteamiento tendría que aumentar el aprovechamiento de los recursos disponibles durante la atención de una emergencia sísmica. Debido al carácter altamente especializado de las brigadas, estas deben estar formadas, en su mayoría, por personas profesionales del diseño o construcción de inmuebles (estructuras y geotecnia). Una de ellas debe ser la encargada de la comunicación con el público y, si es posible, debe tener competencias profesionales para ello, aunque no participe decididamente en las actividades técnicas. Para la “formación de cuadros”, es deseable que se integre a la brigada una persona estudiante con estudios avanzados de licenciatura.

Por lo general, es común que antes de salir a campo las brigadas reciban una capacitación rápida para llenar un formato de evaluación y para colocar un aviso público con la calificación cualitativa de la inspección y las advertencias derivadas de ella. Cuando por alguna circunstancia dos brigadas diferentes realizan una inspección rápida en un mismo inmueble, la segunda brigada necesariamente tendría que haber visto el aviso y las advertencias que dejó la brigada que inspeccionó previamente. En primera instancia, si dos brigadas realizan inspecciones rápidas en un mismo inmueble ya se está incurriendo en el uso ineficiente de recursos durante la atención de la emergencia, pero es común que esto suceda puesto que, por lo general, las dos brigadas involucradas pertenecen a instituciones o dependencias diferentes que llevan sus propios controles y estadísticas. Si ya el uso ineficiente de recursos durante la atención de la emergencia sísmica puede ser cuestionable, la situación puede empeorar cuando no se tienen criterios homologados para realizar las inspecciones postsísmicas. Por ejemplo, en la ciudad de Jojutla, Morelos, se observó cualquier cantidad de formatos en los avisos públicos que hicieron las brigadas adscritas a diversas

instituciones o dependencias (figura 1). No se pueden esperar evaluaciones postsísmicas coincidentes y confiables si el sistema de avisos no lo es. En efecto, este ejemplo no corresponde a la Ciudad de México, pero no por ello deja de ser un antecedente nacional reciente que debe tomarse en cuenta.

Considerando que: a) en las brigadas de inspección postsísmica el trabajo técnico debe ser responsabilidad de personas profesionales del diseño o construcción de inmuebles, b) hay evidencia de que puede presentarse poca coincidencia en la valoración de la integridad estructural de inmuebles dañados por un sismo cuando son inspeccionados por brigadas diferentes (inspecciones rápidas) y c) no hay uniformidad en los avisos que muestran la calificación cualitativa y las advertencias que fueron producto de una inspección realizada, se puede decir que existe la necesidad de homologar los criterios para realizar una evaluación postsísmica, así como para expresar los resultados de dicha evaluación. En las regiones donde se sabe que existe actividad sísmica recurrente, la mejora de las actividades concernientes a la atención de una emergencia derivada de un sismo fuerte debe ser prioritaria en los tres órdenes de gobierno, así como para el gremio organizado. Las evaluaciones postsísmicas están entre estas actividades.

Necesidad de capacitación

Una manera de explicar que no se obtengan inspecciones postsísmicas coincidentes, a pesar de haber sido realizadas por profesionales, se puede relacionar con el perfil profesional de las personas que integran las brigadas de inspección postsísmica. Estas personas generalmente están especializadas en el diseño y construcción de estructuras nuevas y no están, necesariamente, familiarizadas con la identificación y clasificación del daño estructural. Esta situación se puede revertir con programas oportunos y continuos de capacitación documental y con talleres. La capacitación documental debe considerar actividades individuales (autodidactas) y colectivas (cursos) referentes a:

• La identificación y clasificación del daño por sismo tanto de la estructura como de su cimentación. Esto

Figura 2. Ejemplo de un inmueble que podría parecer, desde afuera, que no tiene daño estructural importante por sismo.

obliga a estar familiarizado con diferentes materiales constructivos.

• La familiarización con los diferentes niveles de inspección sísmica (por ejemplo, rápida y detallada).

• La valoración global del nivel de daño en una identificación.

• El llenado de formatos de inspección y avisos de advertencias.

• El conocimiento de los aspectos a considerar en los trabajos de campo para que se desarrollen en condiciones de seguridad.

Para atender la capacitación documental de carácter autodidacta, se recomienda consultar bibliografía reciente de acceso libre disponible en internet (INFE, 2020). Respecto a los cursos de capacitación grupales, presenciales o a distancia, la recomendación es atender los cursos que se han preparado en el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México que se imparten por medio de su Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica.

La capacitación documental no es, por sí misma, suficiente para aprender a identificar y clasificar el daño estructural por sismo. Por ello se recomienda adquirir experiencia didáctica mediante talleres. Lo que se pretende es que, antes de salir a campo para atender una emergencia, las personas que formarán parte de las brigadas hayan tenido previamente la experiencia de estar frente a un elemento estructural dañado y hayan puesto en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación documental, así como utilizado las herramientas con las que clasificarán y documentarán el nivel de daño.

La capacitación con talleres puede asegurarse mediante la firma de convenios con las instituciones o dependencias que cuentan con laboratorios que tienen capacidad para ensayar elementos estructurales grandes. Se puede programar una visita a uno de esos laboratorios cuando se tenga al menos un elemento estructural ensayado y dañado. Alguna persona calificada e involucrada en ese experimento puede explicar la causa de los daños y su categorización. En esta actividad se requiere necesariamente la firma de acuerdos de confidencialidad, puesto que los experimentos serán utilizados para la elaboración de artículos o informes de investigación.

Un tema que puede ser un factor decisivo en una evaluación postsísmica rápida tiene que ver con la recomendación común de realizarla desde afuera del inmueble (evaluación “de banqueta”). En algunas ocasiones puede suceder que el inmueble parezca, desde afuera, que no tiene daño estructural, pero por dentro tener daño importante (figura 2). Esta situación también puede ser una fuente de inconsistencia en las estadísticas. Eventualmente, alguna brigada deberá entrar al inmueble para clasificar el nivel de daño por sismo, y es mejor que sea solo la primera que llega y que esté bien organizada y capacitada. Así, la decisión que tome una

brigada que llegue después respecto de entrar o no al inmueble dependerá de la valoración que se haga del aviso que dejó la primera brigada.

Conclusiones y recomendaciones

Se tiene evidencia de que las inspecciones postsísmicas realizadas en un mismo edificio por dos brigadas diferentes pueden conducir a valoraciones diferentes. Al respecto, se ha presentado un punto de vista sobre algunas causas que pueden originar esta situación y se han dado algunas recomendaciones para minimizarlas. Quizás el mayor reto para homologar la caracterización del daño estructural en inmuebles no colapsados por sismo sea la masificación de las actividades que se han recomendado. Por razones obvias, los tres órdenes de gobierno tienen la encomienda de organizar las actividades asociadas a la atención de una emergencia sísmica. Por otro lado, el gremio organizado tiene la responsabilidad social de estar preparado para participar eficiente y ordenadamente en dichas actividades. En este contexto, en el Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM se elaboró un Protocolo de Actuación Postsísmica, que tiene como objetivo satisfacer esta necesidad (CICM, 2022). Sin embargo, este conocimiento y liderazgo no debe limitarse a la Ciudad de México y su zona metropolitana, sino trasladarse, mediante convenios, a los colegios regionales donde también es prioritario tener una organización consistente con el peligro sísmico local. En primera instancia esto puede llevarse a cabo como parte de la agenda de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Al final, de lo que se trata es de optimizar los recursos disponibles para atender eficientemente una emergencia por sismo

Referencias

Alcocer, S., R. Bautista y G. A. Valencia (2019). Revisión de la literatura y del estado del arte de metodologías de evaluación postsísmica. Resiliencia Sísmica. UNAM. Disponible en: www.resilienciasismica.unam.mx/docs/1.1.1_Estado_del_arte_MEPS.pdf

Archundia, H., et al. (2018). Actualización de normas y reglamentos de construcción con base en las causas y efectos de los daños ocasionados en edificios de la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Reporte final UAM-A/DMAE-2018/04. México: Departamento de Materiales. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Reporte preparado a solicitud del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

Colegio de Ingenieros Civiles de México, CICM (2022). Protocolo de actuación postsísmica. Comité Técnico de Seguridad Estructural. México: CICM.

García, V., y G. Suárez (1996). Los sismos en la historia de México. México: Fondo de Cultura Económica.

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INFE (2020). Evaluación y rehabilitación de la INFE. Resiliencia Sísmica. UNAM. Disponible en: www.resilienciasismica.unam.mx/evaluacion_rehabilitacion_INFE.html

Rodríguez, M., y E Castrillón (1995). Manual de evaluación postsísmica de la seguridad estructural de edificaciones. México: Instituto de Ingeniería. UNAM.

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ODÓN DE BUEN

RODRÍGUEZ

Ingeniero mecánico

electricista con maestría en Energía y Recursos. De 2013 a abril de 2023 fue director general de la Comisión

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México.

Cambio tecnológico, electrificación e implicaciones para el sistema eléctrico mexicano

Se presenta una reflexión sobre los procesos de cambio tecnológico en el sector de la energía, donde las tendencias recientes apuntan hacia una mayor electrificación, asociado a la búsqueda de la descarbonización de las economías. En este contexto, la electrificación del transporte, en particular de los automóviles, representa, por sus dimensiones y velocidad, un reto mayor para un sistema eléctrico como el de México, para lo cual se anotan algunos escenarios e implicaciones, además de líneas de acción de política pública.

Son cuatro los principales factores que empujan a una transición energética: el precio de los energéticos, que está directamente relacionado con su abundancia o escasez –con el petróleo como energético dominante–; las políticas públicas, que reflejan las preocupaciones sociales y que son definidas por los actores políticos; el cambio tecnológico, que es cada vez más acelerado; y las preferencias sociales, que a su vez influyen en los otros tres factores y son influidas por ellos. Desde esa perspectiva, la humanidad ha sido protagonista y sujeto de grandes transiciones energéticas desde que, en el siglo XVI, en Inglaterra se presentó una crisis de oferta de leña que llevó a utilizar masivamente el carbón.

Más recientemente, a partir de mediados del decenio de 1970, los sistemas energéticos fueron sujetos de otra gran transformación, primero por el gran aumento en el precio del petróleo, producto de renegociaciones globales forzadas por conflictos entre productores y consumidores, pero también por crecientes preocupaciones sociales debidas a los impactos ambientales de la producción y uso de combustibles fósiles. La necesidad de disminuir la dependencia del petróleo, pero también la mayor rentabilidad de una gran variedad de alternativas, aceleró el cambio tecnológico en la producción de energía, su transporte y distribución y, muy particularmente, su uso final, es decir, los dispositivos que nos permiten tener calor, frío, luz y fuerza motriz para una gran variedad de propósitos.

Como parte de estas grandes transformaciones, llegamos al final del primer cuarto de siglo XXI, con

cuatro grandes corrientes que siguen transformando los sistemas energéticos en sus fuentes, su arquitectura y sus formas de funcionamiento. Estas corrientes, que se relacionan unas con otras, son: la continua y creciente electrificación, la descentralización de la oferta, la descarbonización y la digitalización.

La creciente electrificación, precisamente, está fuertemente asociada a la descarbonización, ya que se busca utilizar electricidad para servicios energéticos generada con fuentes de energía renovable o de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan detener o desacelerar el cambio climático. Existe también un vínculo fuerte con la descentralización, que implica un sistema eléctrico que funciona con plantas de generación mucho más pequeñas que las tradicionales grandes instalaciones centralizadas de generación eléctrica, cuya expresión más evidente son los sistemas fotovoltaicos instalados en hogares.

A su vez, los sistemas eléctricos y los dispositivos que se alimentan de electricidad integran cada vez más elementos de la tecnología de las comunicaciones y la información.

Transporte eléctrico

En este contexto, en la última década ha venido creciendo la importancia de los vehículos eléctricos, que han pasado de existir como prototipos a ser parte importante de la producción global de vehículos de los grandes fabricantes, de manera que su precio podría igualar al de los de gasolina este año, con escenarios que estiman

Cambio tecnológico, electrificación e implicaciones para el sistema eléctrico mexicano

ventas globales de autos eléctricos iguales a las de los de combustión interna en tres años (NYT, 2023).

Igualmente, si se considera que los ciclos de vida de la mayoría de los autos rondan los 20 años, no es arriesgado pensar que la natural renovación del parque vehicular, el costo competitivo de compra y operación de los vehículos eléctricos y una enérgica estrategia de los fabricantes lleven a considerar la posibilidad de que, en esos 20 años, en México tengamos una presencia mayoritaria de estos vehículos, con todo lo que eso implica.

Posibles implicaciones

para la red eléctrica de México

De esta manera, buscando prevenir lo que este gran proceso de cambio tecnológico puede implicar para México, se anotan algunas estimaciones simples.

La primera tiene que ver con el consumo de energía de un vehículo eléctrico y su contraste con uno de combustión interna. El rendimiento estimado es 3.5 veces mayor para el vehículo eléctrico, en términos de distancia recorrida por una misma cantidad de energía alimentada al vehículo en equivalencias energéticas de litros de gasolina y kilowatt-hora (el rendimiento estimado de un auto eléctrico es de 5 km por cada kilowatt-hora consumido, que equivale a cerca de 1.4 km por kilojoule, mien-

tras que el de un vehículo a gasolina es de cerca de 15 km por cada litro, que es igual a 0.4 km/kJ). Sin embargo, si lo analizamos en términos de energía primaria (la que alimenta a las grandes plantas de generación eléctrica o a las refinerías), el rendimiento puede llegar a ser igual cuando la electricidad que alimenta al auto eléctrico procede de una planta termoeléctrica de ciclo abierto (con eficiencias máximas de 33%), lo que implica que el vehículo eléctrico no ahorra energía al país ni resulta en reducción de emisiones. Por supuesto, si la electricidad proviene de celdas solares o aerogeneradores, la diferencia es abismal a favor del vehículo eléctrico.

La segunda estimación tiene que ver con el efecto en el consumo individual de una familia o de una vivienda. Suponiendo un recorrido de 20,000 km al año, el consumo eléctrico sería de 4,000 kWh, lo cual equivale a cuatro veces el consumo promedio de una vivienda en clima templado en México, que es un dato importante. Extrapolado a los 36 millones de vehículos ligeros que operan en México, este consumo sería equivalente al 68% de lo que se consume actualmente para todo el sistema eléctrico. Visto de esta manera, y suponiendo una renovación completa del parque vehicular en México en 20 años, se tendría una tasa adicional de 2% en el crecimiento requerido de la generación eléctrica en

Cambio tecnológico, electrificación e implicaciones para el sistema eléctrico mexicano

México, con sus consecuentes efectos en necesidades de nuevas plantas, redes de transmisión, subestaciones y redes de distribución.

Por supuesto, las implicaciones para el sistema eléctrico no solo tienen que ver con el aumento de la generación, sino con otro aspecto fundamental de los sistemas eléctricos, que es la demanda coincidente, la cual es resultado de la suma de las potencias de los equipos y sistemas que, al mismo tiempo, demandan electricidad para funcionar. Esta demanda varía a lo largo del día, pero tiene su mayor valor, según la temporada del año y la región, por la tarde o por la noche. Es precisamente esta demanda la que determina –más allá del volumen de energía entregada– el tamaño de las plantas de generación, de las redes de transmisión, de las subestaciones y de las redes de distribución hasta los usuarios finales. Por lo tanto, cuando crece la demanda máxima, crecen las necesidades de inversión en todo el sistema para que no se tengan apagones o alteraciones en el servicio.

En este sentido, si suponemos que el patrón dominante sea la recarga de baterías de los autos eléctricos por las tardes al regreso del trabajo, y que en 20 años todos los vehículos serán eléctricos, nos encontramos con tasas anuales de crecimiento de la demanda máxima de 5% o más, lo cual es un reto mayor y puede ocurrir de manera desigual en la red eléctrica, con riesgos de apagones en zonas con mayor densidad poblacional.

Las posibles líneas de acción para mitigar el impacto

Afortunadamente, la recarga en instalaciones domésticas no es el patrón dominante que se vislumbra hacia el futuro cercano. En Estados Unidos, donde existe una acelerada adopción de vehículos eléctricos, se perfilan varios caminos de solución, que van desde un reforzamiento de las redes de distribución, aprovechamiento de la generación eléctrica con energía solar en las viviendas y, muy particularmente, infraestructura de carga en centros de trabajo y comerciales.

Igualmente, y asociado a las capacidades existentes de las tecnologías de la información y comunicaciones, pueden establecerse tarifas de uso particular que premien o castiguen, según el caso, la carga de electricidad en vehículos según la hora y el lugar donde ocurra, lo que debe permitir un uso óptimo de la red eléctrica.

Desde esa perspectiva, en México debemos prepararnos para atender esta creciente demanda en varias líneas desde la política pública:

• Hacer un seguimiento muy cercano del crecimiento del mercado para poder predecir las necesidades de infraestructura en el tiempo (en términos de la velocidad del crecimiento y de los horarios de recarga) y el espacio (en términos de la localización geográfica de la demanda y su relación con la infraestructura existente).

• Definir las formas de recarga que sean más favorables para el sistema eléctrico y gestionar, invertir en o in-

centivar la instalación de puntos de carga en centros de trabajo y comerciales.

• Integrar al universo de tarifas eléctricas las señales que incentiven la recarga en los momentos del día con menor demanda y menores costos operativos al sistema.

• Establecer y vigilar regulaciones técnicas aplicables a equipos y sistemas de recarga en todo tipo de instalaciones.

• Establecer las regulaciones y los mecanismos de vigilancia correspondientes que atenúen los riesgos asociados a las baterías eléctricas en cuanto a sus riesgos de incendio y a su reciclado (todo o en partes) y su disposición final.

Otras perspectivas sobre la movilidad de personas Existen, por supuesto, otras soluciones, no tanto para atender la demanda de los vehículos eléctricos sino las necesidades de movilidad de la población. En este sentido, es necesario ampliar y mejorar las capacidades del transporte público (que, por supuesto, puede operar con vehículos eléctricos) y otras alternativas de movilidad que atiendan los requerimientos con menores impactos ambientales, como la bicicleta o el desplazamiento a pie, lo que entraña necesidades de otro tipo de infraestructura.

Asimismo, una perspectiva de largo plazo vislumbra ordenamientos urbanos más densos, con arreglos que disminuyan las distancias a la escuela, el trabajo, las compras o el entretenimiento, que sirva para reducir la congestión urbana, un problema que no se atiende si solo se busca volver eléctricos a los vehículos que actualmente y de forma creciente circulan en las ya muy congestionadas urbes del mundo.

Conclusiones

El cambio constante y acelerado de la tecnología, las nuevas preferencias sociales en cuanto a formas de movilidad y uso de la tecnología (cada vez más dependiente de la electricidad e interconectada por medios digitales), las preocupaciones sobre los efectos de los cambios climáticos resultado de crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, además de lo asociado a los impactos, también crecientes, de la disposición de tecnología en desuso, implican retos mayores para la sociedad y quienes operan su gobierno. Por lo mismo, es necesaria una mayor atención y activismo de ambos sectores (sociedad y gobierno) para establecer las reglas básicas orientadas a aprovechar los muchos beneficios de este cambio tecnológico y atenuar sus inevitables impactos negativos

Referencias

New York Times, NYT (2023). Electric vehicles could match gasoline cars on price this year. Disponible en: www.nytimes.com/2023/02/10/ business/electric-vehicles-price-cost.html

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