TEMARIO:
1. GENDARMES DE PUERTO NATALES SE CAPACITARON EN DERECHOS HUMANOS 2. GENDARMERÍA RECONOCE QUE PRESOS CONDICIONES ILEGALES EN LAS CÁRCELES
TRABAJAN
BAJO
3. CNTV RECHAZÓ CAMPAÑA DEL GOBIERNO PARA DIFUNDIR EL PROCESO CONSTITUYENTE 4. DIPUTADA SUECA PIDE QUE BACHELET RESPONDA POR REPRESIÓN AL PUEBLO MAPUCHE EN SU VISITA A SUECIA 5. “MICHELLE BACHELET REPRESENTA UN ESTADO QUE EN GRAN MEDIDA OPRIME AL PUEBLO MAPUCHE” 6. CORTE DE APELACIONES FALLA A FAVOR DE GENDARMERÍA EN TRES RECURSOS DE AMPARO 7. 6 MESES ENCARCELADO POR DEFENDER A LA MADRE TIERRA #ILDEFONSOLIBRE 8. AUTORIDADES MEXICANAS RECIBEN A 238 MIGRANTES CUBANOS PROCEDENTES DE PANAMÁ 9. KAREN DOGGENWEILER CENSURA BRUSCAMENTE A PESCADORA EN PLENO “BUENOS DÍAS A TODOS”
GENDARMES DE PUERTO NATALES SE CAPACITARON EN DERECHOS HUMANOS EL PINGUINO http://elpinguino.com/noticia/2016/05/09/gendarmes-de-puerto-natales-se-capacitaron-enderechos-humanos
Gendarmería de Chile ha considerado contar con un manual de principios y orientaciones en Derechos Humanos, el cual está basado en los estándares internacionales sobre esta temática, siendo una herramienta esencial para el trabajo penitenciario, especialmente en recintos penales, razón por la cual se han desarrollado diversas charlas y talleres al respecto en toda la Región de Magallanes. Esta vez fue el turno de Puerto Natales, en donde se expuso acerca de los alcances que tiene dicho concepto y como se involucra con la realidad institucional. Al respecto el mayor Freddy Molinet, jefe del Centro de Detención Preventiva de la ciudad, dijo que “lo que buscamos, es hacer de Gendarmería un organismo que conjugue de igual manera la eficiencia, eficacia y una especial humanización en su quehacer diario como Garantes del Estado, por lo que es sumamente relevante concretar estas actividades en todo Chile a través de la Unidad de Derechos Humanos”. Molinet a su vez agregó que “todo funcionario penitenciario debe siempre recordar que la persona privada de libertad en virtud de una sentencia condenatoria, sigue siendo un ser humano, es decir, es uno más entre nosotros”.
Junto a eso, explicó que hay que tener claridad en tanto que “la resolución judicial lo ha privado de su libertad pero no de su calidad humana, por lo que el gran desafío es crear y potenciar instancias que permitan cambiar el prisma de estos hombres y mujeres que en su gran mayoría provienen de un contexto de alta vulnerabilidad, brindando condiciones para la capacitación, trabajo, cultura y recreación por parte de nuestra institución”. LINKS RELACIONADOS http://www.radiopolar.com/noticia_119094.html http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/gendarmes-de-puerto-natales-se-capacitaron-enderechos-humanos/ http://patagoniad.com/2016/05/10/derechos-humanos-en-el-trabajo-penitenciario/ http://www.ovejeronoticias.cl/2016/05/gendarmes-de-puerto-natales-se-capacitaron-enderechos-humanos/
GENDARMERÍA RECONOCE QUE PRESOS TRABAJAN BAJO CONDICIONES ILEGALES EN LAS CÁRCELES EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/10/gendarmeria-reconoce-que-presostrabajan-bajo-condiciones-ilegales-en-las-carceles/
El trabajo remunerado de los presos dentro de los penales no cumple con las condiciones mínimas dictadas por la ley que lo norma, reveló una investigación de alumnas de Periodismo de la Universidad Católica, ganadoras de los premios Periodismo de Excelencia Universitario 2015 entregado por la Universidad Alberto Hurtado y Etecom Prensa Escrita 2015. Sueldos más bajos que el mínimo legal, inexistencia de contratos y ausencia de seguros laborales, son algunas de las irregularidades que constató este reportaje, publicado por primera vez en julio de 2015 en el sitio Kilómetro Cero y que El Mostrador reproduce. Gendarmería es la encargada de velar por que los empleadores respeten los mínimos establecidos, pero en la práctica esto no ocurre. La institución es juez y parte de este conflicto.
“¡Sin novedades, mi capitán!”, dicen automáticamente tres gendarmes desde las torres de seguridad de Colina I, cuando ven pasar a Milton Lermanda, jefe del sector laboral de esa cárcel. Con un cigarro en la mano, Lermanda pasea por el largo camino de cemento cercado por dos hileras de galpones. Cada uno tiene una calcomanía con un número y el nombre de una empresa. Galpón 6: Wintec. Tres reclusos sentados afuera del taller ven a Lermanda venir y entran rápidamente a trabajar. El capitán de Gendarmería apaga el cigarro y los sigue. – Oye, tú, flaco, ven pa’ acá –dice Lermanda con voz de mando. Un joven de 27 años con pelo corto y ojos claros, vestido con buzo y polera azul marino y la palabra “Wintec” estampada en el pecho, se acerca sumiso. – ¿Dónde están tus zapatos de seguridad? –le pregunta el capitán, apuntando a sus zapatillas de lona. –No me los han traído todavía –responde el joven en voz baja. ¿Cómo te llamai’? –vuelve a increparlo el gendarme. –Alonso Sánchez –dice el recluso. –Consíguete un par o te ganai una amonestación –Alonso asiente y vuelve a su puesto de trabajo mientras sus compañeros de taller se ríen mirando la escena con curiosidad. El capitán de Gendarmería enciende otro cigarro y continúa su paseo por el sector en el que trabajan diariamente 409 internos para tres empresas: Wintec, Valplast y Britec. Son tres también los gendarmes encargados de vigilarlos. El sonido ambiente es una mezcla de cumbia, reguetón, maquinaria y herramientas. Dentro de los nueve centros penitenciarios de la Región Metropolitana, los internos son divididos en dos secciones separadas físicamente, en las cuales viven y desarrollan todas sus actividades diarias, sin poder pasar de una a otra, a menos que Gendarmería los traslade. Dicha división consiste en la separación entre la población penal y el sector laboral, lugar en el que los presos pueden optar a trabajos remunerados de diferentes tipos. En las torres pertenecientes al sector laboral se establecen los Centros de Estudio y Trabajo (CET), donde los presos son capacitados en distintos oficios y además pueden postular a trabajar en talleres laborales, recibiendo un pago por ello. En 2011 entró en vigencia el “Reglamento que
establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario”, que define y regula de forma detallada las modalidades y condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el trabajo que realizan los internos dentro de la cárcel. Contratos, sueldos, seguros laborales, horarios y fiscalizaciones periódicas, son los temas centrales que el reglamento norma, fijando las condiciones mínimas que debiesen cumplir los empleados y empleadores. Establece además que Gendarmería es la encargada de supervisar que este proceso se realice de acuerdo a la normativa establecida, es decir, de que el reglamento se cumpla a cabalidad. Pero la realidad es que, en la práctica, esto no ocurre. Una de las modalidades laborales a la que pueden optar los presos, es trabajar para empresas privadas que se instalan en galpones dentro de las cárceles, que se utilizan como talleres de producción de cada compañía. La información entregada por las empresas consultadas que trabajan actualmente en las cárceles de la Región Metropolitana, indica que existen compañías instaladas hace más de diez años en distintos recintos penitenciarios. Entre ellas se encuentran Wintec y Britec, en Colina I, el CET más grande de Chile, y Prodalum en el Centro Penitenciario Femenino. Ausencia de contratos De acuerdo al reglamento, debe existir siempre un contrato que regule las condiciones del trabajo que realiza cada preso para las empresas instaladas en las cárceles. Además se establece que el pago que perciben los presos debe ser fijo e igual al que recibe un trabajador libre que realiza su misma función, e igual o mayor al salario mínimo legal, es decir, 241 mil pesos. Gabriel tiene 47 años. Fue condenado a 25 años de cárcel en Colina y hoy se encuentra bajo libertad condicional. Le quedan 60 días de firma y será un hombre libre. Su sentencia empezó con 4 años en Colina II, lugar donde se encuentran los presos más problemáticos y que cumplen condenas más largas, y luego fue trasladado a Colina I por su buena conducta. Después de 18 años pudo acceder al sector laboral. La mayor parte del tiempo que pasó en ese lugar trabajó en Wintec, empresa dedicada a la fabricación de ventanas y puertas de baño que, según su dueño y gerente general, Fernando Rex, es la firma más grande de Chile en el rubro. En 2002 Wintec se instaló en Colina con su primer taller y hoy es la compañía con mayor presencia en el sistema carcelario: tiene 6 talleres en Colina, uno en la cárcel de Talagante y otro en la de Puente Alto, empleando a 235 internos en total. De ellos, 128 trabajan en el sector laboral de Colina, cárcel en la que viven 1.500 reclusos, según datos de Gendarmería. Fernando Rex cuenta que el trato de su empresa ha sido siempre directamente con Gendarmería: en 13 años Wintec no ha firmado un contrato de trabajo con ninguno de los presos que trabajan en sus talleres dentro de las cárceles. Trabajando para Wintec, Gabriel se desempeñó en distintos cargos: fue bodeguero, cortaba vidrios y transportaba ventanas en un tractor de una torre a otra. Hoy, sentado en el comedor de la casa en la que vive de allegado al lado de la cárcel de San Miguel, explica cómo fue su experiencia en ese
taller. Nunca firmó un contrato y el sueldo que recibía era de acuerdo a lo que alcanzaba a producir en un mes. Víctor Pérez, gerente de desarrollo de mercado y planificación de Codelco, fue uno de los creadores del programa laboral que tiene esa empresa en Colina I desde 2003. En el taller de Codelco se fabrican paneles solares y no existen, según Pérez, otros talleres de producción de estos paneles en Chile: hay solo uno y está en la cárcel. En cuanto a los contratos, el gerente de Codelco dice que Gendarmería es quien está a cargo de ellos, de la ley laboral, del ahorro y de los seguros de los presos que trabajan para las empresas instaladas en las cárceles. Myriam Olate fue subdirectora técnica de Gendarmería desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015. En junio de ese año era la encargada y responsable de los programas laborales dentro de las cárceles y fue consultada acerca de la relación contractual que debe existir entre los internos y las empresas que les dan trabajo. Su respuesta fue contradictoria. En primera instancia, explicó que el trabajo que ofrecen las compañías al interior de las cárceles tiene que ser regulado de la misma forma que el de un trabajador libre. Es decir, debe haber un contrato con cada interno, cotizaciones y seguros de salud; pero finalmente reconoció que la realidad no se apega al reglamento. -Por transparencia Gendarmería dijo que no existen contratos y después de hablar con algunas empresas y ex internos, confirmamos esa información. –Ya, lo que pasa es que la empresa hace un convenio de instalación con la unidad penal. Pero nosotros tenemos que resguardar la privacidad de los internos. No podemos hacer público un contrato de trabajo que es un trato entre un trabajador y un empresario –dice Olate. -Pero no dijeron que no podían entregar esa información, dijeron que esos contratos simplemente no existen. –Mira, en general las empresas hacen contrato, pero hay situaciones en las que por privilegiar que haya gente ocupada, si el interno acepta el trato y se puede hacer, se hace. Y si eso es sin contrato, bueno, será sin contrato. Como la normalidad de todo el país. El 12 de diciembre de 2012, Leandro (37) cumplió una sentencia de 15 años en Colina. Cuando fue condenado entró a Colina II, donde psicólogos y otros profesionales evaluaron su conducta y, debido a que obtuvo buenos resultados, fue enviado a Colina I. Cuando llevaba 5 años preso fue sometido a una segunda observación y, por tener buen comportamiento, pudo solicitar un cupo dentro del sector laboral donde pasó los diez años restantes de su condena. La historia de Leandro da cuenta de la constante rotación que existe entre los distintos trabajos del CET. Si bien no recuerda con claridad la cantidad de tiempo que estuvo en cada taller, cuenta que trabajó haciendo aseo en el patio, en el taller de mueblería construyendo estructuras de fierro para las camas que se ocupan en las cárceles, y luego pasó cinco años trabajando para la cerrajería de Gendarmería, hasta que se abrió un cupo en el galpón de Codelco. En diez años en el CET, nunca firmó un contrato de trabajo. -¿Los internos sabían que por ley debían firmar un contrato de trabajo? -Sí, pero si tú alegai erís cabecilla, erís protestante. Y por hacerle ver a la multitud cosas que no tienen idea, te sacan de ahí. Incluso te pueden acusar de intento de motín –afirma Leandro.
Sueldos bajo el mínimo legal Debido a que las compañías firman contratos laborales únicamente con Gendarmería, como explicó la subdirectora técnica de ese entonces de la institución, esta se convierte en el empleador dentro de la cárcel y, por lo mismo, los gendarmes son los que administran los sueldos. Todos los meses se establece aleatoriamente dentro de los recintos penitenciarios un día de pago, en el que Gendarmería reparte entre los internos la plata que recibió de las empresas de acuerdo a la producción mensual de cada taller. No existe un organismo externo a Gendarmería que regule el manejo de ese dinero, ya que, por ley, es ella misma la que debe supervisar que se cumplan las condiciones que estipula la norma. Dicho de otro modo, Gendarmería se fiscaliza a sí misma. “El trabajo en Codelco era a trato, pero era bueno el trato. El sueldo era de alrededor de 300 mil pesos, que para estar dentro del CET, era caleta de plata. A veces ganábamos más, y andábamos con más plata que los gendarmes, incluso después del descuento. Nunca nos pagaron imposiciones”, cuenta Leandro. Del sueldo total que reciben los internos, se les descuenta un 11% como penalización por el delito cometido, un 5% queda para Gendarmería por concepto de mantención del CET y un 15% se deposita en una libreta de ahorro que se les entrega a los reclusos al momento de cumplir su condena, o cuando ellos la soliciten. “Aquí no se piensa en jubilación, sino en que no vuelvan a delinquir. Las cotizaciones serían el 15% que se descuenta por ahorro, por ejemplo”, explica Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I. Leandro dice que nunca tuvo claridad acerca del monto real que Codelco le entregaba a Gendarmería para que lo repartiera entre los internos del taller: solo recibía la plata que le entregaba un gendarme, que a su vez le decía que todos los descuentos estaban hechos. “No te preguntai por qué no te hacen firmar contrato porque si estai trabajando, bacán poh. Te ganai tus lucas y además te sirve para conducta, para ir postulando a las salidas”, cuenta. Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que los productos que se fabrican para cada empresa tienen valores determinados y el sueldo se define por producción y no por preso. Todos los meses personal de Gendarmería cuenta la producción, se valoriza y se factura a las compañías, que depositan a la institución en una cuenta común un pozo que se reparte entre todos los internos. En 2003 Codelco firmó un contrato de colaboración con Gendarmería y a su vez contrató a un grupo de ingenieros que luego formaron la empresa Britec, especializada en energía solar, para que administrara su taller dentro de Colina. Britec nació dentro de esa cárcel en 2007 con la misión de generar procesos productivos intensivos en mano de obra carcelaria, según Javier Ferrada, uno de sus socios. La labor inicial de la compañía consistía en fabricar paneles solares, pero debido a que hoy en día la demanda por estos es muy baja, la empresa cambió su foco y actualmente se dedica a desarrollar procesos productivos para apoyar emprendimientos que necesiten mano de obra. Es decir, “arriendan” mano de obra carcelaria a otras empresas que cuentan con materias primas, pero necesitan que alguien produzca bienes con ellas.
Britec administra los 2 galpones de Codelco dentro del CET de Colina y emplea a 23 reclusos. La empresa no tiene trabajadores libres; toda su mano de obra está en cárcel. Ferrada además confirma lo dicho por Leandro y asegura que los reos que trabajan para Britec ganan 300 mil pesos mensuales. Al ser cuestionado sobre la inexistencia de contratos de trabajo entre los reos y la empresa, Javier Ferrada asegura: “No tienen contrato porque los presos pierden sus derechos sociales. Son infractores de la ley y pierden sus derechos”. Codelco no tiene un registro de los pagos que Britec hace a sus trabajadores, ya que, según afirma Víctor Pérez, estos son administrados por Gendarmería, que a su vez los reparte entre los presos. “Es tarea de Gendarmería elaborar ese documento”, dice Pérez, y asegura que las condiciones básicas de un contrato laboral están, aunque la empresa tampoco tiene registro de la existencia de estos. En el caso de Wintec, Gabriel cuenta que los pagos que recibió durante los años 2008, 2009 y 2010, tiempo en el que trabajó para esa empresa dentro del CET de Colina I, siempre fueron por producción: lo máximo que ganó en un mes fueron 800 mil pesos, debido a que hacía distintos trabajos, y lo mínimo, 20 mil. Según él, Wintec pagaba 580 pesos por cada ventana producida. Gabriel y sus compañeros fabricaban entre 15 mil y 18 mil ventanas al mes, haciendo un promedio de 400 o 350 al día. En el Centro Penitenciario Femenino de Santiago hay 11 empresas instaladas trabajando con 250 internas mensualmente, según Marilyn Martínez, jefa del CET de este recinto. Una de estas compañías es Marisio, para la cual trabajan 35 mujeres. Cada una de ellas debe armar un kilo de partes internas de enchufes al día. De acuerdo a Martínez, las reclusas trabajan a cambio del sueldo mínimo legal. Una de las internas que se desempeña en ese taller, cuenta que recibe 86 mil pesos por su trabajo, después de la aplicación de los descuentos reglamentarios. Además agrega que el día de pago es aleatorio y puede ser, incluso, a mitad de mes. “Acá no podemos reclamar nada, nos echan cagando apenas escuchan que alegamos cualquier cosa”, dice. De acuerdo al reglamento, los establecimientos penitenciarios deben llevar control y registro de todos los pagos que hacen los empresarios a cada trabajador, manteniendo esa información en un archivo actualizado. Tras pedir este documento a Gendarmería, mediante una solicitud de Transparencia, la institución respondió que no hay contratos y, en consecuencia, tampoco existen registros de los pagos. Myriam Olate, subdirectora técnica de Gendarmería en 2015, explicó que las empresas pagan “incentivos” a los reclusos –y no sueldos– cuando no existe una relación contractual entre ambos. -¿Los incentivos dependen del trato que haga cada empresa con Gendarmería? ¿No se paga siempre el mínimo legal? -Ese es el sistema. Digamos que hemos accedido a que se haga así porque finalmente, aunque son periodos cortos de trabajo o para pocas personas, nosotros no tenemos la capacidad de ofrecerles a todos trabajo, porque hay una población penal de 45 mil personas y no tenemos el personal ni la infraestructura para que más internos trabajen. Tratamos de que las condiciones sean lo más dignas posibles y reciban un pago, sea el que sea, siempre que los reos acepten.
“Un paquete de longanizas y uno de queso, y se acabó la inspección” Gendarmería, de acuerdo al reglamento, debe fiscalizar regularmente el debido desarrollo de la actividad laboral de los internos. Una vez al mes, el jefe del centro de reclusión debe emitir un informe que dé cuenta de la situación de cada compañía instalada dentro de la cárcel y, además, un informe anual de su desempeño. Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que las fiscalizaciones están a cargo de la Dirección Regional de Gendarmería. Agrega que las auditorías pueden durar una semana, y consisten en la supervisión de las planillas de sueldos, contabilidad, ingresos y compras de cada CET. A pesar de que, según el reglamento, las auditorías deberían ser semestrales, puede pasar un año entero sin que se realicen. -¿Hay alguien que fiscalice las condiciones de trabajo de los presos? -No, nada, y cuando hay, todos se tapan la cara. Una o dos veces al año iba gente a revisar y era de Gendarmería, pero no de Colina, de afuera. Cuando había una inspección, cerraban todas las puertas de los talleres. Ahí a esos huevones les pasai unas ventanas y chao. Yo una vez vi una inspección en el rancho [taller del CET donde los presos cocinan para el resto de los internos] y el huevón nunca entró al taller, le pasaron un paquete de longanizas y uno de queso y se acabó la inspección –cuenta Gabriel de la época que pasó preso en Colina. Seguros y accidentes laborales La jefa del Departamento de Reinserción en el Sistema Cerrado de Gendarmería, en respuesta a una solicitud de Transparencia, explica que los presos que trabajan para empresas privadas siempre han contado con seguros de protección laboral. Pero no existe constancia de esos seguros, y tampoco hay reportes estadísticos al respecto. Esto, a pesar de que el reglamento establece expresamente que la institución debe llevar un registro actualizado con esta información. Dice además que desde 2013 existen recursos limitados del presupuesto institucional para implementar seguros contra accidentes en algunos segmentos laborales, por ejemplo, en el dedicado al aseo y mantención de las cárceles. Según la información que Gendarmería entregó con respecto a esos seguros y desde el año 2013, solo hay registro de un accidente en 2014. En el CET del Centro Penitenciario Femenino, una mujer que trabajaba para panadería se aplastó la mano y sufrió una fractura. Leandro tiene otros recuerdos de los años en los que trabajó en el sector laboral de Colina. –Una vez un viejito se cortó la mano entera trabajando y lo mandaron, igual que cuando te apuñalan, al hospital penal. El enfermero de turno llamó al alcaide para que pusiera su firma y autorizara a que lo llevaran al hospital de la Peni. A este señor lo mandaron de vuelta a Colina I… estaba incapacitado, ya no servía en el sector laboral. No lo indemnizaron ni nada –cuenta, y asegura que, además de no haber contratos, no había seguros contra accidentes, a pesar de que eran muy frecuentes. Al acceder a las planillas de pago de los reclusos que trabajan para empresas en el CET de Colina I, fue posible constatar que, debido a que trabajan por producción, se les descuenta cada día perdido por accidente laboral. Además, en el caso de los 11 presos que trabajan para Valplast, ninguno de
los sueldos alcanza el mínimo legal: en mayo de 2015 el más alto fue de $140.225, y el menor, $40.000. Estos montos consideran los descuentos reglamentarios, que en el CET de Colina I son dos: un 15% destinado a la libreta de ahorro de cada preso y, del 85% restante, se descuenta un 5% para la mantención del CET. El jefe de este establecimiento, Milton Lermanda, explica que adoptó una política particular debido a la cual en el sector laboral de esta cárcel no se descuenta el 11% de penalización por el delito cometido, ya que le parece injusto castigar a los reos que trabajan. La medida fue tomada solo de acuerdo a su criterio. María Nelly Carreño, jefa del Departamento de Reinserción en el Sistema Cerrado de Gendarmería, explica que el proceso de aseguración de los presos se ha topado con tres problemas. Primero, alto costo de los seguros y la inexistencia de oferta de parte de empresas aseguradoras para ofrecer este servicio a los presos. Segundo, que el presupuesto es insuficiente para cubrir a todos los reos que trabajan dentro de los CET. Y finalmente, que la experiencia indica que los seguros no cubren la diversidad de tipos de accidentes laborales o es muy difícil hacerlos efectivos porque obliga a realizar gestiones que no son posibles de realizar dentro de las cárceles. Así, la opción de Gendarmería ha sido no asegurar a los internos que trabajan dentro de los sectores laborales, a pesar de que el reglamento lo estipula con claridad. Por su lado, las empresas que los emplean dicen que no lo consideran parte de sus responsabilidades. Myriam Olate, entonces subdirectora técnica de Gendarmería, aseguró que todos los reclusos que trabajan en los CET debiesen tener seguros en caso de accidente, provistos por Gendarmería. -Por transparencia Gendarmería dijo que no hay seguros. -Tendría que ver quién te respondió eso. ¿Tú tienes esa respuesta? ¿Me la pudieras mandar? Para yo revisar eso. -La respuesta se debió a que no hay documentos que certifiquen lo contrario; no hay respaldo de esa información. –No poh, no en todos los casos hay seguros. Como te digo, la gente de los CET que tiene contrato, tiene seguros, los demás no. Carreño asegura que debido a que la institución no maneja suficiente información de esta materia, ha considerado necesario implementar un sistema de registro de la misma desde este año (2015, a la fecha en que se efectuó este reportaje). Esto, a pesar de que la ley que reglamenta el trabajo dentro de las cárceles está vigente hace cuatro años y establece en su artículo 84 que los CET deben contratar seguros de accidentes del trabajo para proteger la integridad física de los internos del sector laboral. Abaratando costos El proceso mediante el cual las empresas son autorizadas para hacer uso de los galpones que dispone Gendarmería en los CET, también es especificado y normado por el reglamento. Está estipulado que las empresas deben pasar por un proceso de selección en el cual aquellas que cumplan con todos los requisitos se adjudican una licitación para instalar sus talleres con costo cero,
ya que es Gendarmería la que cubre los gastos de infraestructura y mantención de los espacios. Dicho de otra manera, las empresas usan estos galpones de producción de forma gratuita. Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I, explica que la instalación de empresas dentro de esa cárcel depende únicamente de dos factores: la disponibilidad de galpones y su criterio. –Trabajar dentro de la cárcel abarata los costos de la empresa, ya que no tenemos que pagar por arriendo de infraestructura, ni por las cuentas de luz, agua y electricidad. Gendarmería corre con esos gastos –explica Víctor Pérez, gerente de Codelco. Agrega que el contrato que tiene su empresa con Britec por la administración de sus talleres en Colina, no le cuesta más de dos millones y medio de pesos anuales a la cuprífera. El gerente general de Wintec, Fernando Rex, cuenta que no participó de ningún proceso de selección ni mucho menos concursó por una licitación. Cuando se instaló, le dijo al director regional de Gendarmería de ese entonces que le interesaba trabajar en el centro penitenciario, le hicieron una visita guiada para que conociera las instalaciones, y posteriormente firmó un contrato con el mismo director regional. -¿Qué incentivo tiene Wintec para instalarse en las cárceles y trabajar con presos? -Es algo bueno que puedo hacer simplemente. Para nosotros es más caro trabajar con presos. Hay reos que tienen permiso de salida diaria para trabajar con nosotros. Hoy son 30, y gastamos 10 millones de pesos al año solo en transportarlos, por ejemplo. Esto funciona porque yo soy el dueño y estoy dispuesto a gastar más plata por tener a los reos trabajando. Myriam Olate dice que las empresas se instalan en las cárceles gracias al trabajo que hace Gendarmería para fomentar el establecimiento de las mismas. Esto, a través del Ministerio de Justicia o su sitio web, pasando por alto las exigencias del reglamento para que las compañías puedan hacer uso de los galpones como talleres de producción. –Creamos un formato para que las empresas llegaran y se inscribieran, pero era todo demasiado engorroso porque había muchas exigencias para que se instalaran. Este mismo decreto 943 [apuntando el reglamento], es muy complicado. O sea, le exige demasiadas cosas al empresario, entonces los tipos no se motivan y pocos lo hacen –explica Olate. -¿Y cuál es el incentivo para las empresas? –Es solamente responsabilidad social. Pero hay mucha rotación. La realidad es que las empresas privadas se instalan, salen en la tele pa’ la foto, y trabajan un mes o dos meses y se van –dice Olate. A diferencia de lo expresado por Myriam Olate y Víctor Pérez, Javier Ferrada, socio de Britec, encargado de la administración del taller de Codelco al interior de Colina, dice que su empresa paga arriendo por ocupar ese galpón todos los meses y además, paga gastos de cuentas básicas. Tras la entrevista, Ferrada dejó de contestar nuestros llamados telefónicos, por lo que no fue posible corroborar el monto de este arriendo. Al ser consultada sobre esta situación, Olate respondió que ese pago debe obedecer al trato que posiblemente acordó Britec con la unidad penal de Colina.
¿Entonces el acuerdo no cabe dentro de un estatuto formal, igual para todas las empresas? ¿Cada una ve cómo se instala? –Exactamente. Puede ser eso. Más horas, más producción Los trabajadores de los seis talleres de Wintec trabajan fabricando ventanas de aluminio, las más básicas que produce esta empresa. Fernando Rex, gerente general de esta compañía, explica que sus trabajadores libres producen tres o cuatro veces más que los internos diariamente. Esto, debido a que las jornadas laborales de los presos son más cortas, irregulares y fácilmente interrumpidas por motines, actividades de Gendarmería y otros, mientras que los trabajadores libres trabajan fijo 45 horas semanales. -¿Cómo se definen los horarios de trabajo? -Gendarmería los tira no más. A las nueve se hace la cuenta, después todos a trabajar. Cuando no hay algún problema, allanamiento o cosas, a las nueve partíamos trabajando. Y trabajábamos hasta la una, que hay una hora libre de almuerzo, y después seguís trabajando hasta las cuatro –cuenta Gabriel. Sin embargo, los horarios de trabajo en algunos casos exceden las jornadas laborales máximas que establece el reglamento. En el CET de Colina I, si los empresarios lo solicitan, los reos trabajan hasta 12 horas diarias con el objetivo de cumplir con el monto total de producción que cada empresa requiere. En estos casos, Gendarmería es quien autoriza esta situación fuera de norma. A las cuatro de la tarde se termina la jornada en Colina I. Se produce el cambio de turno de los gendarmes que harán guardia durante la noche, y es la hora de encierro de los presos. El capitán Miltón Lermanda firma el registro del último conteo del día. En los galpones que ahora se ven cerrados ya no se escucha música ni hay ruido de herramientas. Todos los talleres están vacíos, menos uno. Afuera del galpón de Valplast hay cuatro reos conversando. ¿Qué están haciendo ahí? Pónganse a trabajar mejor, o los encierro –dice el capitán Lermanda con su boina bajo el brazo, antes de pasar por la reja de seguridad que separa a los 409 reos del sector laboral, de la población penal de Colina I.
CNTV RECHAZÓ CAMPAÑA DEL GOBIERNO PARA DIFUNDIR EL PROCESO CONSTITUYENTE COOPERATIVA.CL http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/cntv-rechazocampana-del-gobierno-para-difundir-el-proceso-constituyente/2016-05-10/083155.html
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) rechazó la segunda tanda de comerciales sobre el proceso constituyente, que se iba a emitir por los diversos canales entre el 13 y el 29 de mayo. El presidente del CNTV, Óscar Reyes, explicó que "para aprobar una campaña de utilidad o de interés público se requiere de un quórum especial, siete votos de 11, y no se obtuvieron los siete votos, hubo seis votos a favor de aceptar la campaña presentada por la Secretaría General de Gobierno y hubo cinco votos en contra". "Yo voté a favor de esta campaña, porque considero que las personas tenemos derecho a estar informados para poder participar en este proceso público que es histórico", argumentó Reyes. En la votación resultó decisivo el voto negativo del abogado Gastón Gómez, quien es consejero del CNTV e integrante del Consejo de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente. El pasado 12 de abril el CNTV había aprobado la transmisión obligatoria del spot publicitario en horario prime que se transmitió entre el 17 y 23 de abril.
DIPUTADA SUECA PIDE QUE BACHELET RESPONDA POR REPRESIÓN AL PUEBLO MAPUCHE EN SU VISITA A SUECIA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/05/09/diputada-sueca-pide-que-bacheletresponda-por-represion-al-pueblo-mapuche-en-su-visita-a-suecia/ En el marco de la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Suecia, la diputada de dicho país, Amineh Kakabaveh, parlamentaria del Partido de Izquierda consultó si la mandataria tratará los casos de "trato de las fuerzas de seguridad chilenas al pueblo mapuche". La consulta fue realizada directamente a la Ministra de Ralaciones exteriores Margot Walltröm. Se le consultó si en su reunión con la Presidenta de Chile, se trataría el operar de las fuerzas de seguridad chilenas al pueblo mapuche como una violación de los derechos humanos, además de indicar lo improcedente de que la lucha del pueblo mapuche por sus derechos sea catalogada como terrorismo.
"¿Considera la Ministra de Relaciones Exteriores, en su reunión con la Presidenta de Chile, indicar el trato de las fuerzas de seguridad chilenas al pueblo mapuche como una violación de los derechos humanos, además de indicar lo improcedente de que la lucha del pueblo mapuche por sus derechos sea catalogada como terrorismo?", preguntó la diputada, según Radio del Mar. En octubre del año pasado la diputada, junto a otros parlamentarios visitó Chile, con el fin de conocer la situación que viven los mapuche. Esto se suma a la Carta de líderes de pueblos originarios donde solicitan que cese la represión al pueblo mapuche. “MICHELLE BACHELET REPRESENTA UN ESTADO QUE EN GRAN MEDIDA OPRIME AL PUEBLO MAPUCHE”
EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284541/michelle-bachelet-representa-un-estado-que-engran-medida-oprime-al-pueblo-mapuche1/ La Presidenta inicia una visita oficial al país nórdico, donde los activistas esperan que las autoridades locales le llamen la atención sobre el atropello de los derechos del pueblo indígena.
Mediante una carta, que ha llegado a nuestra sala de redacción, activistas pro derechos humanos en Suecia denuncian que Chile “en gran medida oprime al pueblo mapuche”. Esto en el contexto de la visita oficial que inicia hoy en la nación escandinava, y luego en Reino Unido, la presidenta Michelle Bachelet. Los redactores argumentan que “Bachelet en nueve oportunidades ha dado luz verde a los tribunales para que apliquen la ley antiterrorista en contra de activistas mapuche. En estos últimos veinte años el trato de los indígenas mapuche ha derivado en la crítica al gobierno de Chile por parte de varios relatores especiales de Naciones Unidas”.
Además, añaden que tienen la esperanza de que el Primer Ministro sueco, Stefan Löfven, dialogue con la Presidenta y le enfatice la importancia de respetar los derechos humanos de los pueblos originarios. “Junto a otros pueblos, nuestra aspiración es contribuir a la construcción de una sociedad sobre la base del mutuo respeto entre las personas”, explican en la carta que a continuación reproducimos de forma textual. Chile debe cesar la represión contra el pueblo mapuche Entre los días 10-12 de mayo del 2016 Michelle Bachelet presidenta de Chile realiza una visita oficial a Suecia invitada por S.M. el rey. El programa de la presidenta Bachelet contempla un encuentro con representantes del gobierno, el empresariado y la sociedad civil. Esta es la primera vez que desde Chile se lleva a efecto una visita de estado a Suecia. El motivo de ésta visita es que Chile y Suecia comparten opinión afines sobre diversas materias entre ellas el libre comercio, las políticas de las Naciones Unidas, derechos humanos, cambio climático y equidad. La presidenta de Chile Michelle Bachelet representa un Estado que en gran medida oprime a los pueblos originarios; al pueblo mapuche. En la sociedad chilena aumenta la conciencia de que los mapuches son un grupo que no ha sido tomado en consideración, y que durante los pasados siglos ha sido víctima de atropellos. El pueblo mapuche en Chile sufrió duramente durante la dictadura de Pinochet. Violentamente se le incautaron grandes extensiones de territorio de propiedad tradicional del pueblo mapuche. Después de haber visto a lo largo de muchos años la confiscación y transferencia de sus territorios ancestrales a los intereses privados el pueblo mapuche de alrededor 2 millones de personas se ha organizado políticamente y demanda diálogo y respeto por sus derechos. La respuesta ha sido la militarización del territorio donde el pueblo originario vive así como el masivo encarcelamiento de activistas de acuerdo con la nueva legislación antiterrorista que brinda la posibilidad de mantener arrestados a los sospechosos de terrorismo hasta dos años sin presentar una acusación formal y sin un juicio público. El programa de gobierno de Bachelet contenía un detallado capítulo sobre la política dirigida a los pueblos originarios. Contemplaba contrarrestar la discriminación y mejorar la situación del pueblo mapuche. Con este gobierno existía la esperanza de que la incautación y persecución llegara a su fin. Esto no ha sucedido. Hoy 18 presos políticos de origen mapuche acusados de terroristas, se encuentran en diferentes cárceles en el sur de Chile. Ésta situación ha despertado la atención tanto en Chile como a nivel internacional. Como presidente, Bachelet en nueve oportunidades a dado luz verde a los tribunales para que apliquen la ley antiterrorista en contra de activistas mapuche. En esto último veinte años el trato de los indígenas mapuche ha derivado en la crítica al gobierno de Chile por parte de varios relatores especiales de Naciones Unidas. En fecha reciente, el 18 de marzo, 2016; el organismo estatal, Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciada a la policía chilena por tortura a activistas mapuche que en la práctica se les considera terroristas. La decisión y actuación del Estado chileno viola los derechos del Pueblo mapuche y es discordante con los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La visita oficial de estado de la presidenta de Chile brinda la oportunidad para llamar la atención sobre el atropello de los derechos del pueblo mapuche. Nosotros como representantes de los pueblos originarios saludamos la –tantas veces anunciadainiciativa del gobierno chileno para solucionar esta situación y manifestamos nuestra disposición a participar activamente en este trabajo. Junto a otros pueblos, nuestra aspiración es contribuir a la construcción de una sociedad sobre la base del mutuo respeto entre las personas. Tenemos la esperanza de que el Primer Ministro, Stefan Löfven con ocasión de ésta visita de estado; en su diálogo con la presidenta de Chile destaque la importancia del respeto de los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Jorge Calbucura. Pueblo Mapuche, Ph.D. catedrático en sociología. Stefan Mikaelsson. Pueblo Sami, presidente del Parlamento Sami (Sametinget). Peter Rodhe. Pueblo Sami, presidente, Asociación Nacional para la Conservación del Patrimonio Artesanal Sami (Same Ätnam) Lilian Mikaelsson. Pueblo Sami, activista por los derechos humanos y ambientales. Majvor Massa Eriksson. Pueblo Sami, psicoterapeuta infantil y terapeuta familiar. Carmen Blanco Valer. Pueblo Quechua, activista por los derechos de los pueblos indígenas. Jerker Bexelius. Pueblo Sami, presidente, Fundación Gaaltije. Domingo Paine. Pueblo Mapuche, consultor en eficiencia energética. Oscar Loncochino, Pueblo Mapuche.
CORTE DE APELACIONES FALLA A FAVOR DE GENDARMERÍA EN TRES RECURSOS DE AMPARO VIENTOPATAGON.CL http://www.vientopatagon.cl/2016/05/corte-de-apelaciones-falla-a-favor-de-gendarmeria-entres-recursos-de-amparo/
La Corte de Apelaciones de Coyhaique falló en favor de Gendarmería, luego que familiares de internos expuestos a medidas disciplinarias por parte de la institución verde boldo presentaran tres recursos de amparo en contra del servicio, acusando una serie de irregularidades en los procedimientos administrativos y operativos. Los fallos del máximo órgano judicial en la región vinieron a reafirmar el trabajo de intervención de la unidad penal de Coyhaique, que Gendarmería de Chile está llevando adelante y viene a ratificar, que tanto las medidas disciplinarias como traslados de internos realizados durante este año se ajustan a derecho. Este año llegó hasta la región un importante número de oficiales, en su mayoría destinados al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, con la finalidad de normalizar el régimen interno en un proceso de intervención que se está llevando adelante poco a poco. “Sabemos que no va ser fácil y que los cambios que se buscan implementar iban a generar molestia en la población penal y sus familiares, así como tenemos claro que esta situación iba ser instrumentalizada para acusar maltratos y mediante estas acusaciones conseguir apoyos para frenar los cambios que estamos implementando, afortunadamente los tribunales en esta ocasión han respaldado nuestras determinaciones” explicó el director regional de Gendarmería, coronel José Provoste Sepúlveda. Para llevar adelante el proceso de intervención de la unidad penal de Coyhaique es fundamental la coordinación de las distintas áreas del servicio, ya que si bien este proceso reviste fundamentalmente características operativas asociadas principalmente a la seguridad, se hacía necesario realizar un trabajo paralelo desde el área jurídica para estar preparados para la instrumentalización que se haría de los cambios que se están llevando a cabo. “En este trabajo jurídico intervinieron muchos profesionales, ya que uno de los recursos estaba orientado contra el Subdirector Operativo por autorizar un traslado fuera de la región, alegatos que fueron encabezados por el abogado, Salomón Figueroa Riquelme. Desde ese punto de vista no queda más que agradecer a los ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique por acoger los argumentos presentados por Gendarmería de Chile” agregó el abogado de la dirección regional del servicio Rodrigo de los Reyes Recabarren. Uno de los fallos del tribunal indica que se “actuó dentro de las facultades que le competen, no divisándose ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar institucional de Gendarmería de Chile, ya que se trató de medidas provisorias e indudablemente de seguridad, de la que son responsables los funcionarios de Gendarmería” indica el texto legal. Rechazando el recurso de amparo interpuesto contra la Institución.
6 MESES ENCARCELADO POR DEFENDER A LA MADRE TIERRA #ILDEFONSOLIBRE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/10/284693/6-meses-encarcelado-por-defender-a-lamadre-tierra-ildefonsolibre/
El nombramiento del defensor de bosques Ildefonso Zamora como preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional confirma que las autoridades mexicanas estatales y federales mantienen en prisión por razones políticas y con una acusación sin fundamentos al ambientalista tlahuica, quien por casi 20 años ha luchado pacíficamente contra la tala ilegal en el Estado de México, señalaron hoy Greenpeace y el Centro Prodh, acompañantes del defensor del territorio. Los presos de conciencia son personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición. Es una distinción que Amnistía Internacional sólo da a personas que no han usado la violencia ni propugnado su uso. Desde prisión, Ildefonso Zamora señaló: “Yo trabajo para detener la tala ilegal en nuestros bosques y ese trabajo me costó caro. Me costó la vida de mi hijo y mi libertad. Quiero seguir trabajando por el bien de mi comunidad y porque la tala está acabando con gran parte de nuestra madre tierra”.
“La determinación adoptada por la organización de derechos humanos más grande del mundo debe ser considerada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, así como por el Juez Vicente Antonio Bermúdez, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien próximamente resolverá el juicio de amparo promovido por la defensa del líder indígena tlahuica”, indicaron las organizaciones, quienes confiaron en que el juzgador otorgará en breve el amparo de la Justicia Federal reconociendo que la acusación sin fundamentos en su contra busca inhibir la labor que ha ejercido como defensor de los bosques de San Juan Atzingo. “A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos”, sostuvo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ildefonso es originario de San Juan Atzingo, en el Estado de México, donde ha combatido la tala clandestina de los bosques especialmente desde el año 2005. El 15 de mayo de 2007, tras interponer una denuncia por tala ilegal, sus hijos fueron emboscados. Aldo murió y Misael quedó herido. Unas semanas después, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, le entregó un reconocimiento por su trabajo y le prometió justicia, lo mismo que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido por policías ministeriales y trasladado al penal de Tenancingo en un vehículo particular. Fue acusado de robo a casa-habitación y allanamiento de morada, una acusación apoyada en testimonios fabricados y un proceso irregular. Amnistía Internacional detalló que el fiscal registró los testimonios de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas. El estado de salud de Idelfonso es un factor de riesgo, pues padece de diabetes y tiene una lesión en un dedo de la mano derecha a consecuencia de la misma enfermedad; sin embargo, las autoridades carcelarias le han condicionado el acceso a sus medicamentos y las condiciones en la cárcel son malas. Desde que el Centro Prodh y Greenpeace México documentaron el injusto encarcelamiento del ambientalista, lanzaron la campaña #IldefonsoLibre que incluye una petición en línea dirigida al Gobernador, Eruviel Ávila; al Procurador de Justicia Estatal, Alejandro Gómez; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sergio Medina; para exigirles desechar los falsos cargos que se le imputan a Zamora. Hasta el día de hoy, ninguna de las autoridades ha respondido a las más de 22 mil personas que ya firmaron la carta para exigir la liberación de Ildefonso. “Frente a la inacción de las autoridades del Estado de México, el Juez Federal de Amparo Vicente Antonio Bermúdez tiene en sus manos la oportunidad de finalmente hacer justicia, atendiendo así el llamado de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de miles de personas que saben que Ildefonso Zamora fue detenido en represalia por defender el medio ambiente y los derechos humanos”, finalizaron las organizaciones.
AUTORIDADES MEXICANAS RECIBEN A 238 MIGRANTES CUBANOS PROCEDENTES DE PANAMÁ TERRA http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/autoridades-mexicanas-reciben-a-238-migrantescubanos-procedentes-de-panama,e258023a4a75ba40dd690c09fc407969p2ut1q86.html
Las secretarías de Gobernación (Interior) y de Relaciones Exteriores refirieron en un comunicado conjunto que "en cumplimiento a un acuerdo con países de Centroamérica, México brindará apoyo humanitario en una medida excepcional, limitada y única, al traslado de 3.995 cubanos que están varados en la frontera de Panamá" con Costa Rica desde enero pasado. "A fin de atender el llamado urgente realizado por el Gobierno de Panamá, México ha decidido continuar con el apoyo excepcional que brindó en las semanas previas y que permitirá a ese país hermano hacer frente a esa grave problemática. Al mismo tiempo, ambos países acordaron poner en marcha una serie de acciones para prevenir y desincentivar nuevos flujos", indicaron. Precisaron que este lunes fueron recibidas a través de dos vuelos 238 personas -166 hombres, 71 mujeres y un menor de edad-, a quienes se les entregó un Documento Provisional por Razones Humanitarias que contempla su estancia en el país por 20 días y a cuyo término deberán abandonar el territorio mexicano. El texto señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación, tiene la facultad legal de permitir el ingreso de extranjeros por causas de fuerza mayor y cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación al país. "La medida es una solución de carácter temporal, cuyo objeto es privilegiar un flujo ordenado de migrantes, en una circunstancia extraordinaria, sin que se violente el marco legal", subrayó. Añadió que con estas acciones México "refrenda su compromiso con la protección y salvaguarda de los derechos humanos de todos los extranjeros que transitan por territorio nacional, independientemente de su condición migratoria". Una fuente oficial informó a Efe en Panamá que unos 300 cubanos reanudaron hoy su viaje a Estados Unidos mediante vuelos a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. México y Panamá lograron la semana pasada un acuerdo para evacuar a los migrantes varados desde diciembre pasado en la frontera panameña con Costa Rica. De acuerdo con la fuente, se realizarán dos vuelos diarios para llevar a los cubanos hasta Ciudad Juárez. Los cubanos proseguirán viaje a Estados Unidos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que les da automáticamente residencia en ese país si pisan territorio continental estadounidense. El arreglo es similar al logrado en marzo pasado que permitió evacuar a otros 1.800 cubanos, que no podían avanzar por tierra porque Costa Rica cerró su frontera en diciembre tras acoger a 8.500 migrantes.
Luego de que en noviembre Nicaragua también cerró su frontera a los cubanos, los costarricenses gestionaron un acuerdo con México y El Salvador para permitir la continuación de su travesía.
KAREN DOGGENWEILER CENSURA BRUSCAMENTE A PESCADORA EN PLENO “BUENOS DÍAS A TODOS” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284662/karen-doggenweiler-censura-bruscamente-apescadora-en-pleno-buenos-dias-a-todos/
Karen Doggenweiler, conductora de TVN y esposa del presidenciable Marco Enríquez-Ominami interrumpió descaradamente a una mujer que interpelaba a la presidenta Bachelet debido al conflicto en Chiloé, tapándole la boca con su mano y abrazándola para impedir que la mujer siguiera hablando. En plena transmisión del matinal “Buenos Días a Todos”, en directo desde el cruce Chayahué, al norte del canal de Chacao, Sandra Ayancán, esforzada pescadora, empezó a dar su visión sobre el conflicto que tiene paralizado a Chiloé y quiso mandarle un mensaje directo a la presidenta Michelle Bachelet. Lamentablemente, producto de la censura de la conductora, la mujer no pudo manifestar completamente su idea y descontento acerca del conflicto. La reprobable acción de la animadora de TVN, llegó a tal nivel que trató de disimular la situación dándole un abrazo a la pobladora y diciendo “acá no censuramos a nadie”. Mira las imágenes y juzga la situación por ti mismo. (NO ES POSIBLE VERLO) http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284662/karen-doggenweiler-censura-bruscamente-apescadora-en-pleno-buenos-dias-a-todos/