TEMARIO:
1. GENDARMERÍA RESPONDIÓ SOBRE DURO CASTIGO A RECLUSOS 2. UNO DE CADA TRES PRESOS SUFRE VIOLENCIA FÍSICA Y SICOLÓGICA 3. DENUNCIAN CONDICIONES DE INSALUBRIDAD EN CÁRCEL DE ACHA 4. FAMILIA DE MACHI LINCONAO: ESTÁ GRAVE EN LA CÁRCEL 5. OTRA “LEY MORDAZA” SE ESTUDIA EN LA CÁMARA: CÁRCEL Y MULTAS PARA FUENTES Y DIRECTORES DE MEDIOS QUE FILTREN INFORMACIÓN 6. CASO LUCHSINGER: RECHAZAN RECURSO DE COMUNEROS IMPUTADOS EN CRIMEN. 7. ¿QUEREMOS UN ESTADO POLICIAL EN CHILE? 8. CINCO VOCERAS EN LA PLANA MAYOR DEL ORGANISMO 9. MIGRACIONES 10. LA SINIESTRA HIPÓTESIS DEL DESTINO QUE CORRIÓ BORIS WEISFEILER, EL ESTADOUNIDENSE DESAPARECIDO EN CHILE HACE MÁS DE 30 AÑOS
GENDARMERÍA RESPONDIÓ SOBRE DURO CASTIGO A RECLUSOS CHILEVISIÓN http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/policial/gendarmeria-respondio-sobre-durocastigo-a-reclusos/2016-04-10/214118.html Noticias relacionadas: http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/video-revelo-agresion-a-reclusos-enpenal-de-valparaiso/2016-04-09/211825.html http://www.soychile.cl/Valparaiso/Policial/2016/04/10/386214/Revelan-brutal-agresion-degendarmes-contra-internos-de-la-carcel-de-Valparaiso.aspx Los funcionarios dijeron que informaron sobre los hechos y que se hará un sumario interno. Luego de las impresionantes imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Cárcel de Valparaíso, que muestra un brutal castigo a los reclusos después de una pelea, gendarmería dijo que la situación fue informada a las autoridades, y que se está realizando un sumario para aclarar responsabilidades. El coronel Tito Barría, del Centro Penal de Valparaíso, dijo: "Fue una riña en primera instancia entre internos, fueron bandas rivales luego que intervino el personal de servicio que se encontraba en ese momento de turno, los internos trataron de agredir y transgredir la norma a través de algunas agresión desde el punto de vista físico y de elementos contundentes con el personal que estaba de servicio ese día". Este hecho se habría producido después de un intento de motín que dio paso a una pelea, el 18 de septiembre del 2015. Ante esta nueva denuncia se llevaron las imágenes a dirigentes de la Asociación de Gendarmes de Chile, quienes indicaron que al menos en este caso, el hecho se adecua a los protocolos establecidos. Además, aseguran que los funcionarios también son víctimas de agresiones en este tipo de hechos. UNO DE CADA TRES PRESOS SUFRE VIOLENCIA FÍSICA Y SICOLÓGICA LA TERCERA http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-676006-9-uno-de-cada-tres-presossufre-violencia-fisica-y-sicologica.shtml Fundación San Carlos de Maipo realizó estudio en 10 penales del país. Expertos califican como "preocupantes" las cifras de agresiones. Uno de cada tres internos de los penales masculinos ha sufrido violencia física (27,2%) y psicológica (27,7%) al interior de los complejos penitenciarios. Así lo indicó el estudio “Exclusión de personas privadas de libertad”, realizado por la Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana en 2015 y que recopiló la opinión de dos mil internos (hombres y mujeres) en diez recintos penales del país.
Para Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, estos resultados dan “cuenta de una realidad que generalmente está presente en la mayoría de las cárceles, particularmente en los recintos dónde están los internos hombres. (…) Casi un 30% de los internos sufre violencia al interior de las cárceles”. Una postura similar fue la que tuvo Ana María Morales, directora del área justicia y reinserción de la fundación Paz Ciudadana. “Me resulta preocupante, porque las cárceles deben ser espacios para resguardar la seguridad de quienes están ahí recluidas”, sostuvo. El estudio, que fue presentado a Gendarmería, no establece si la violencia de la que son víctimas los internos proviene de sus pares o de los guardias de las cárceles. “Me parece preocupante que haya maltrato dentro de las cárceles, tanto físico y psicológico. Ahí debe responder quien está a cargo de la custodia de los penitenciarios, que es Gendarmería”, comentó el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN). Al respecto, el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce indicó que la violencia sufrida por los internos “tiene que ver con que prácticamente la totalidad de quienes están en un recinto penitenciario o han estado en esta condición, arrastran un historial que, lamentablemente, viene desde la cuna, de su entorno, de familias disgregadas, de pobreza, etc. Es decir, la violencia ha sido una constante en sus vidas”. Búsqueda de soluciones Los expertos coinciden en que las condiciones en las que viven los reos en los recintos penales, afectan en el aumento de las agresiones que acusan recibir. “La violencia, en el caso de los hombres, aumenta al interior de las cárceles, porque se dan mayores condiciones de hacinamiento, de agresión y se ven bajos niveles de comunicación”, sostuvo Sánchez. Para el diputado Fuenzalida la responsabilidad de las agresiones tiene un claro responsable: “El Estado y el gobierno actual no han hecho ninguna inversión en construir cárceles ni en mejorar las condiciones existentes”. Arce, en tanto, apuntó a la importancia de posicionar el tema penitenciario en el debate. “Necesitamos mejorar las condiciones de infraestructura y ello implica construir y ampliar espacios para quienes están en las cárceles y cada vez que esto se plantea nos topamos con la oposición de la comunidad. DIARIO ELECTRÓNICO EL PUERTO LIBRE http://www.elpuertolibre.cl/archivos DENUNCIAN CONDICIONES DE INSALUBRIDAD EN CÁRCEL DE ACHA Su preocupación ante una serie de denuncias e irregularidades que inciden directamente en las condiciones mínimas de sanidad e higiene a la totalidad de los internos recluidos en el Centro Penitenciario de Acha, manifestó el presidente de la Organización Social y Cultural de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, Heriberto Gallardo Jopia.
Según el dirigente las ya históricas carencias y atropellos a los derechos fundamentales de los internos que incluye problemas de hacinamiento, retardo procesal y falta de atención médica, se le suma otro elemento: el ambiente insalubre. Según Gallardo, de esa manera “las condiciones de rehabilitación son nulas con situaciones básicas como falta de un lavamanos o un urinario para las visitas de los internos, provoca un castigo adicional que no está previsto ni escrito en la condena del reo”, explica el presidente de la organización. Gallardo también fue enfático en insistir que esta situación también afecta al personal de Gendarmería, por lo que buscará como organización solucionar en conjunto con los funcionarios la forma en que el Estado de Chile aborde esta grave situación de salubridad que hoy afecta a la población penal del principal recinto penitenciario de la región de Arica y Parinacota. También denunció la falta absoluta de implementos de trabajo para los internos que desarrollan funciones en la granja de gendarmería que deben realizar sus labores sin protector solar, ni mascarillas y bajo la inclemencia del potente sol nortino. Para Gallardo, aquí se están vulnerando tratados internacionales que norman y regulan el trabajo de los recluidos bajo ciertas condiciones que según el presidente de la organización de derechos humanos, no se están cumpliendo. FAMILIA DE MACHI LINCONAO: ESTÁ GRAVE EN LA CÁRCEL RADIO BIOBIO http://www.biobiochile.cl/2016/04/10/familia-de-machi-linconao-esta-grave-en-la-carcel.shtml Noticias relacionadas: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/salud-de-machi-detenida-por-caso-luschsinger-mackaypreocupa-a-sus-familiares/xIQpdk!IEn0f7V2nfeZo/
Familiares de la machi Francisca Linconao aseguraron que el estado de salud de la comunera es grave y solicitaron una atención especial dentro de la cárcel de mujeres.
Más de 50 personas, entre familiares, amigos y dirigentes estudiantiles, visitaron el sábado a la machi que se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser acusada con otras 10 personas de participar en el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Su hija, Carmen Linconao, detalló que desde que su madre fue detenida ha bajado 3 kilos de peso, lo que sumado a otras complicaciones hace que su estado de salud sea grave. Debido a esto, la hija de Francisca Linconao solicitó que una nutricionista evalúe a la machi y se le entregue un tratamiento especial dentro del recinto penitenciario. OTRA “LEY MORDAZA” SE ESTUDIA EN LA CÁMARA: CÁRCEL Y MULTAS PARA FUENTES Y DIRECTORES DE MEDIOS QUE FILTREN INFORMACIÓN EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/11/otra-ley-mordaza-se-estudia-en-lacamara-carcel-y-multas-para-fuentes-y-directores-de-medios-que-filtren-informacion/
Solo 24 horas después de que el martes pasado la Sala del Senado aprobara el polémico artículo, en el marco de la agenda corta antidelincuencia, que endurece las penas para los intervinientes que vulneren el secreto de una investigación, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron la idea de legislar una norma aún más restrictiva. En el marco de
la moción parlamentaria que apunta a fortalecer la indagación de delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad, se plantea incluso la pena de cárcel para los directores de medios de comunicación que filtren información. Con votos tanto del oficialismo como de Chile Vamos, el miércoles 6 de abril se aprobó en general –en la instancia legislativa ad hoc– la referida moción impulsada por parlamentarios de la oposición y que había ingresado el 17 de diciembre pasado. El voto en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez –quien reemplazó en la Comisión a la titular Karol Cariola– no fue suficiente para impedir que, entre otros puntos, se aprobara la idea de discutir sobre el duro artículo 3. “Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice. La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada Claudia Nogueira (UDI). El proyecto apunta directamente a los medios de comunicación, por lo que es aún más incisivo que la enmienda de la agenda corta que finalmente fue modificada y terminó dirigiendo la ofensiva hacia las fuentes de la información. Asimismo, esta iniciativa legal tiene penas mayores que la iniciativa despachada por la Cámara Alta –que apuntó a funcionarios públicos que participen en la investigación, personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por la Fiscalía o por una orden del tribunal, y los intervinientes del proceso penal– a quienes violen el secreto, ya que establece el presidio menor en su grado mínimo para estos. Diputados se justifican Varios de los parlamentarios que votaron la idea de legislar el proyecto explicaron a El Mostrador por qué respaldaron la iniciativa legal. Sin embargo, algunos apuntaron al desconocimiento del detalle de la iniciativa o al hecho de que en la votación en particular podrían rechazar alguno de los artículos que pudieran generar controversia. El actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Daniel Farkas (PPD), manifestó la necesidad de ciertas atribuciones especiales en los casos de terrorismo, no obstante lo cual sostuvo que buscará modificar el artículo 3°. “Aprobar la idea de legislar en ningún caso es una carta blanca para que cada uno de los artículos que están estipulados en dicho proyecto sean aprobados. Es más, pueden ser modificados radicalmente. En particular, el artículo 3° yo creo que tenemos que mirarlo con cuidado y que (respecto de) la redacción no me cabe ninguna duda que vamos a buscar una que sea diferente, que recoja lo que están pidiendo los fiscales, pero que equilibre y que en ningún caso tenga ese tipo de sanciones. Creo que hay que entregarles facultades a los fiscales para este tipo de delitos y
garantizar la reserva, pero ver cómo compatibilizarlo con otros valores importantes que también están expuestos”, dijo Farcas. “… En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada Claudia Nogueira (UDI). Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) aseguró que durante la votación del miércoles él no se encontraba en la Comisión, ya que tenía a esa hora agendada una reunión con organizaciones sociales, por lo que no tuvo opción para rechazar la moción. “Ese articulado sufrió reparos por las propias policías, por el Ministerio Público, y todos entendíamos que era una norma más vulneratoria de las libertades de información y de prensa que la misma indicación que se le ha denominado ‘mordaza’ o ‘filtraciones’ de Ley Antidelincuencia, establece incluso penas más altas y específicas hacia los que dirigen medios de prensa, por lo tanto, es un retroceso gigantesco respecto de todo el debate que ha existido en el último tiempo y, sin duda, es una indicación que no debiera ser aprobada”. El diputado Arturo Squella (UDI) señaló que cree que el artículo 3° merece revisión, pero que votó a favor del proyecto pensando que “hoy día es importante que los fiscales y quienes estén investigando puedan tener la posibilidad excepcionalmente de mantener la investigación en reserva por un tiempo, cuando lo amerita, y la puedan resguardar”. El único voto en contra fue el de Hugo Gutiérrez, quien tuvo duras palabras para los objetivos que busca la moción. “Aquí lo central debió haber sido la defensa del principio de publicidad, más allá de la libertad de prensa. En la actuación de todos los órganos del Estado la publicidad debe ser la regla; y el secreto, la excepción. La élite política desea blindar su posición de falsa pulcritud, lesionando este principio fundamental”, señaló Gutiérrez, al tiempo que lanzó más dardos al proyecto: “¿Cuántas veces han salido en televisión los nombres, rostros e información de involucrados e ilícitos que provienen de comunas vulnerables? ¿En esos casos nadie se acuerda del principio de inocencia y protección a la honra?”, se preguntó. Proyecto paralelo y artículos polémicos El proyecto al que se le da el visto bueno para ser discutido en particular, fue además aprobado el mismo día en que el ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció en La Tercera que el Ejecutivo pondría urgencia a la iniciativa legal que modifica la Ley Antiterrorista, texto que ingresó al Congreso en 2014 y que se encuentra alojado en el Senado. Varios parlamentarios explicaron que parte del espíritu de la propuesta de ley impulsada por los diputados de la oposición apuntaba a instalar una presión sobre La Moneda para que apurara la iniciativa legal sobre la temática que había quedada dormida en el Congreso, sin las aplicaciones de las urgencias necesarias. Sin embargo, algunos cuestionan el hecho de que no tenía ningún sentido “duplicar el trabajo legislativo”, más aún cuando en el Senado se expresaron las posiciones de la Comisión Antiterrorista que ya había trabajado en la Cámara Baja.
El 9 de marzo pasado, en una de las sesiones dedicadas a discutir sobre el proyecto, participó la asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Nelly Salvo, quien indicó –según consignan las actas de la instancia– que la voluntad de Jorge Burgos era tramitar con celeridad la Ley Antiterrorista, considerando las demás iniciativas que puedan servir de complemento o aporte. Además, indicó entonces que la demora en presentar indicaciones se debe a que la prioridad ha estado centrada en la tramitación de la denominada “Ley de Agenda Corta”, tras lo cual se espera avanzar en la “Ley Antiterrorista”, teniendo en cuenta las indicaciones tanto del Ejecutivo como aquellas emanadas de los parlamentarios. En la sesión del miércoles 6 de abril de la Comisión de Seguridad expusieron sobre el proyecto el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros, quienes plantearon sus reparos por ciertos aspectos de la iniciativa, la que finalmente igual fue aprobada casi por unanimidad. Cuando el proyecto fue ingresado, los parlamentarios presentaron, entre sus argumentos, la necesidad de dotar al Ministerio Público de herramientas investigativas y probatorias, en pos de una institucionalidad que permita hacer frente al fenómeno. En ese contexto, otro de los artículos que podría generar controversia dice relación con la opción de que el persecutor pueda autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o para que determinados informantes de dichos servicios actúen como tales. Específicamente, el artículo 4° del proyecto aprobado en general señala al respecto: "Para llevar a cabo su cometido, el Fiscal designado podrá hacer uso de todos los mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y las leyes 18.314 y 12.927, independiente del cuerpo legal por el cual se formalice en definitiva a quienes resulten imputados. Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en tal calidad”. CASO LUCHSINGER: RECHAZAN RECURSO DE COMUNEROS IMPUTADOS EN CRIMEN LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/09/A/fullpage#slider-5 La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó los recursos de amparo presentados en favor de 11 comuneros mapuches que —hace diez días— fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público por su eventual responsabilidad en el delito de homicidio del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido en enero de 2013 en Vilcún. La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó los recursos presentados en contra de la decisión de la magistrada Alejandra García Bocaz, del Juzgado de Garantía de Temuco, quien decretó la prisión preventiva de 10 imputados y el arresto domiciliario total de otro.
En su sentencia, los magistrados estiman que la decisión que determinó la prisión preventiva de José Talcal Coche, Luis Tracal Quidel, Francisca Linconao, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe, Juan Tracal Quidel, José Córdova Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra y Eliseo Catrilaf Tránsito y el arresto domiciliario de Juan Peralino Huinca, se ajusta a la normativa legal. De acuerdo a antecedentes entregados por el Ministerio Público, la georreferenciación de distintos teléfonos celulares (supuestamente usados por los imputados el día del crimen) evidencia que el grupo se habría reunido en la casa de la machi Linconao para organizar el ataque que es calificado por la fiscalía como terrorista. "El razonamiento adoptado por la jueza recurrida da cuenta de una exposición de los motivos que la llevaron a resolver como lo hizo, lo cual puede o no ser compartido por las partes y esta Corte, cuestión que no habilita a ejercer este recurso constitucional, teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que las partes cuentan con los recursos legales para que los antecedentes sean objeto de un nuevo análisis, por medio del recurso de apelación", sostienen los magistrados Luis Troncoso, Aner Padilla y María Elena Llanos. En consecuencia, dicen los magistrados, "no existe un acto arbitrario o resolución ilegal de la juez recurrida, que afecte la garantía constitucional que denuncia el recurrente, de modo que el presente recurso de amparo no puede prosperar".
¿QUEREMOS UN ESTADO POLICIAL EN CHILE? EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/04/11/queremos-un-estado-policial-enchile/ OPINIÓN: Javier Velásquez Ser policía en Chile no es fácil. Existe una relación esquizofrénica con ellos. Siendo la cara visible de la represión estatal, sea que estén cumpliendo labores de control de tránsito, patrullajes preventivos o bien derechamente siendo parte de unidades antiprotestas, la relación que tienen con la ciudadanía pareciera ser siempre tensa; por no decir mala. Y, sin embargo, Carabineros y la PDI son dos de las instituciones en las que mayor confianza tiene la ciudadanía. A lo anterior se suma el hecho de que la carrera policial en Chile exige muchos sacrificios personales por parte de los policías, es mal remunerada y la cantidad de trabajo es enorme para las dotaciones que actualmente mantienen ambas instituciones policiales. Esto explicaría por qué, quienes apoyan la Agenda Corta, creen que la mejor forma de combatir la delincuencia es darles mayores facultades a dichas instituciones: el problema es que se equivocan. El problema delictual en Chile no pasa por que tengamos malos policías, sino porque la forma en que están siendo estructuradas las policías en Chile no satisface las necesidades político-criminales de nuestra sociedad. Nuestras policías, hoy en día, están organizadas de forma reactiva, especialmente para enfrentar los casos “flagrantes”; vale decir, en aquellos casos en que se pilla a los delincuentes “con las manos en la masa”. Esto lo podemos ver reflejado en dos indicadores: 1) De acuerdo al último informe comparativo sobre población penal en el mundo, en Chile tenemos 247 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Sudamérica es de 217, y la mundial es de 144. Lo que es peor, no solo tenemos una población penal que supera la media mundial, sino que carecemos de espacio suficiente para resguardar los derechos humanos mínimos de los reos, por tanto, haciendo imposible cualquier intento por asegurar que salgan de la cárcel rehabilitados. Con todo, el alto número de presos nos está indicando que una parte del sistema sí está funcionando, ya que estamos enviando a prisión más delincuentes que la media en otros países. 2) El último boletín estadístico del Ministerio Publico nos muestra que el 58,91% de los imputados que fueron condenados el año 2015 provienen de audiencias de control de detención, vale decir, fueron formalizados por delitos flagrantes. No obstante, cuando comparamos los resultados de causas que ingresan al sistema con imputado conocido versus las que ingresan sin imputado conocido, vemos un cambio radical, que nos revela la debilidad del sistema: en el año 2015, de los 1.332.238 delitos ingresados, en 743.628 (55.61%) el imputado no era conocido; durante el mismo año el Ministerio Publico archivó provisionalmente, y por falta de antecedentes, 570.414 causas con imputado desconocido. En suma estos indicadores sugieren que las causas con imputado conocido que entran por flagrancia tienen una alta probabilidad de terminar con una condena, pero que dichas probabilidades se van reduciendo en los casos no flagrantes en los cuales se conoce el imputado, y son bajísimas en los casos en que se desconoce la identidad del delincuente.
En buen español, el nudo problemático de la inseguridad en Chile –me atrevería a sugerir–, se debe a que la ciudadanía percibe que la persecución penal es mala, debido al alto número de archivos provisionales. Esta percepción es parcialmente verdadera, dado que lo que ocurre es que las policías están orientando gran parte de su capacidad y recursos a los delitos flagrantes, reduciendo su capacidad para investigar delitos. Si las policías no investigan adecuadamente por falta de recursos, difícilmente el Ministerio Público podrá formalizar, y mucho menos condenar a alguien. Lo anterior no indica que las policías o el Ministerio Publico investiguen mal, sino que implica que, siendo los recursos limitados, se privilegian ciertas investigaciones por sobre otras. Es claro que frente a un homicidio o una violación, las policías o el Ministerio Público, destinarán mayores recursos que para resolver delitos contra la propiedad. Si las policías no investigan adecuadamente por falta de recursos, difícilmente el Ministerio Público podrá formalizar, y mucho menos condenar a alguien. Lo anterior no indica que las policías o el Ministerio Publico investiguen mal, sino que implica que, siendo los recursos limitados, se privilegian ciertas investigaciones por sobre otras. A la postre, al privilegiar policías reactivas y no investigativas la estructura total del sistema se resiente y se reduce la eficacia del mismo para hacer frente a delitos que requieran de investigaciones complejas. En relación con esto, el domingo 27 de marzo recién pasado, El Mercurio publicó una nota que refleja el problema: el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, habría pedido al Fiscal Nacional que se revisaran las ordenes de investigar que la Fiscalía envía a la institución, debido a que “la policía uniformada es eminentemente preventiva y que solo el 7% de su dotación está dedicada a labores investigativas de alto impacto.” En este contexto, la “Agenda Corta” no viene a cambiar el paradigma. De hecho, las diversas reformas sugeridas vienen a acentuar el carácter reactivo de las policías y facilitar su labor en delitos flagrantes. Se nos ha dicho que la idea detrás del control preventivo de identidad es utilizarlo para encontrar a los prófugos de la justicia. Esta explicación es a todas luces irracional por ser evidentemente ineficiente, dado que buscar aleatoriamente gente con órdenes de detención pendientes, es prácticamente como buscar una aguja en un pajar. Peor aún, ninguno de los parlamentarios que apoyan la “agenda corta” se ha planteado crear unidades de análisis delictual al interior de la policía, como ocurre en el Reino Unido. Por el contrario, la lógica que se ha instalado en los últimos gobiernos, sin importar su color político, es, por un lado, flexibilizar las garantías procesales, fomentando la mala calidad de trabajo investigativo, y, por otro, potenciar el carácter represivo de las policías, particularmente de Carabineros. Esto último queda en evidencia cuando Carabineros hace frente a protestas violentas en Santiago. Normalmente el número de detenidos es alto, pero el de condenados por desórdenes o delitos de daños es bajo por la nula capacidad de Carabineros para producir prueba en este contexto. Un problema análogo ocurre con el problema de La Araucanía, donde se ha producido una militarización de facto que no ha sido capaz de resolver los atentados incendiarios y ha polarizado aún más el conflicto en la zona. Ambos casos, ilustran cómo la función represiva de Carabineros, por muy eficaz que se le considere, se ve coartada por la incapacidad de producir evidencia que permita sostener en Tribunales las detenciones que hacen en esos contextos. En otras palabras, la represión,
no conlleva un mejor combate contra la delincuencia si las policías no son capaces de investigar y desarrollar planes de prevención estratégica mediante el uso de inteligencia policial. La nueva agenda corta que se discute en el Parlamento está buscando convertir a Chile, de a poco, en un Estado Policial. Aumentar las facultades de las policías en el contexto político actual, continuar flexibilizando los requerimientos probatorios, crear un delito de lesiones que no requiere probar las mismas y el control de identidad preventivo son mecanismos que buscan aumentar la efectividad de Carabineros, y en menor medida de la PDI, para reprimir la protesta social. A qué punto queda claro que el real objetivo de la agenda corta es este y no la delincuencia, que se aprovecha para sancionar filtraciones, las mismas que han posibilitado que el MP haya podido investigar casos en contra de políticos. En conclusión, la ciudadanía debiera ser consciente de que ha llegado la hora de debatir sobre qué tipo de policías queremos. Discutir sobre cómo mejorar la policía no significa atacarla, sino hacerse cargo de lo necesario que es realizar una “agenda larga” que mire a modernizar y mejorar la eficiencia de las policías. Necesitamos una policía que sea eficiente contra al delito, no una policía eficiente reprimiendo la protesta social. Una policía cuyo fin sea la investigación de delitos y la obtención de una condena para los responsables, no una policía, como ocurre ahora, cuya principal meta es satisfacer la estadística de “detenidos” que le pide el Ministerio del Interior. Si los parlamentarios no son capaces de realizar este debate, es hora de que los ciudadanos comencemos a exigir que se realice. CINCO VOCERAS EN LA PLANA MAYOR DEL ORGANISMO LA SEGUNDA Las mujeres se toman la Confech: feministas, de izquierda y pro causa mapuche Tres de ellas militan en la Izquierda Autónoma (UChile, UDP y UAustral), el movimiento encabezado por el diputado y ex dirigente universitario Gabriel Boric. Nicole Cornejo (Uach) "Ampliando los límites de lo posible" Nicole Cornejo (23 años) es la primera mujer en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. En 2011 —cuando ingresó a estudiar Enfermería— se acercó al mundo de la dirigencia estudiantil y al año siguiente comenzó a militar en la Izquierda Autónoma. "Estoy convencida de que la educación es un derecho, y veo la injusticia de que muchos jóvenes no pueden acceder a la educación superior, y quienes estamos dentro tenemos que endeudarnos por años", señala. Se reconoce feminista, y asegura: "el que hoy seamos más mujeres las que estemos dentro del movimiento estudiantil, y liderándolo, da luces de cómo el movimiento social va ampliando los límites de lo posible".
Carolina Figueroa (UDP) La vocera de las privadas "¿Sabían que la deuda del CAE no prescribe, al igual que los delitos de lesa humanidad? ¡¡MARCHAMOS EL 21 DE ABRIL!!". Así reza la página Facebook de Carolina Figueroa (23 años), quien cursa el último año de Historia en la U. Diego Portales. La batalla 2016 de la joven —que en 2014 fue dirigenta de su carrera— será visibilizar los problemas en las universidades privadas: "ahora viene lo de verdad: concretar una federación de privadas, lograr representatividad y disputar los espacios de poder". ¿Qué hace en su tiempo libre? —Jabones naturales que regalo y lectura del siglo XX. Camila Rojas (U. Chile) Entre trompetas y novelas Camila Rojas (25) ya es administradora pública y cursa segundo año de Magíster en la U. de Chile. "Soy feminista y una mujer de esfuerzo que este año pretende promover una educación no sexista, la reconstrucción de la educación pública y consagrar la educación, salud y vivienda como derechos sociales". Fue miembro del Senado Universitario, desde los 13 años practica trompeta y le encantan los libros de realismo mágico. ¿Placer culpable? —Ver teleseries. Me gustan las nacionales, brasileñas, mexicanas y turcas. Marta Matamala (Usach) Con los mapuches detenidos Marta Matamala (25) estudia Pedagogía en Historia en la U. de Santiago. Es "chuncha", feminista, a favor de la legalización del aborto y de los derechos de los pueblos originarios. La joven —que partió en la dirigencia a los 19 años, mientras estaba en el Preuniversitario Popular— milita en el colectivo de izquierda SomosUsach: "Este año buscamos una reforma estructural que implique triestamentalidad", advierte. Pero no solo la mueve la demanda estudiantil. También ha marchado por el bono Atacama y ha hecho visitas solidarias a los mapuches detenidos por el caso Luchsinger.
Noelia Garrido (Ufro) Promotora del despertar femenino "Desde el Confech estamos instalando con mucha fuerza el tema de la mujer trabajadora, la eliminación del sexismo en la educación y la violencia de género", dice Noelia Garrido (23 años). Está en cuarto año de Terapia Ocupacional, es militante de Fuerza Universitaria Rebelde y feminista. "Que cinco de los 11 voceros del Confech sean mujeres muestra claramente el despertar del sexo femenino a nivel país", dice. Agrega que otro tema de gran preocupación es "lo que ocurre con el pueblo mapuche, que está siendo violentado por el Estado de manera permanente. Estamos trabajando en la generación de lazos fuertes con el mundo estudiantil". MIGRACIONES LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/09/A/fullpage#slider-9 OPINIÓN: Carlos Franz
En todas partes la fuerza de las migraciones asusta a los inseguros y a los débiles de carácter". En Estados Unidos, el demagogo candidato Trump arenga a sus huestes proponiendo construir más murallas legales y físicas contra la inmigración. En Europa algunos se resisten a recibir a más refugiados y para evitarlo construyen vallas de ambos tipos. Esos nacionalistas intolerantes demuestran una ingenuidad evidente. Las migraciones pueden controlarse —un poco— pero no detenerse. La especie humana ha migrado desde sus orígenes. El impulso migratorio proviene de la desesperación pero también de la esperanza. Además, usualmente son los fuertes quienes se atreven a partir y su carácter se templa aún más en el largo camino. Todo esto convierte al emigrante en un ser humano extraordinario. Sólo así se explica la inaudita persistencia con la que siguen intentando llegar. A diario vemos multitudes huyendo de Siria. Vemos niños ahogados recogidos en una playa de Grecia. Vemos caravanas atravesando a pie las llanuras mojadas de Rumania y Hungría. Estas escenas se añaden a espectáculos ya invisibles de tan usuales: los subsaharianos encaramados sobre la alta reja que separa Melilla de Marruecos, las balsas que cada día se vuelcan frente a las costas de Italia o España. Cientos se ahogan para que unos miles lleguen a esas playas. También en América son millones los que emigran atreviéndose a un viaje horrible. Cada día un tren, apodado "la bestia", cruza parte de México cargado de polizones centroamericanos que van en pos de la frontera estadounidense. En el camino son salvajemente abusados, violados, comprados y vendidos por las mafias que los trafican y que a veces los asesinan en masa. Los afortunados que sobreviven y cruzan a Estados Unidos viven a salto de mata, evitando a la policía que podría deportarlos, explotados como trabajadores ilegales. Reciben trabajo, pero no una auténtica bienvenida. Llegaron pero no terminan de entrar. Los migrantes también se mueven desde el norte hacia el sur, incluso hasta el remoto Chile. Se calcula que en este país hay medio millón de inmigrantes. Tras la frontera peruana acampan colombianos, ecuatorianos y hasta dominicanos y haitianos, quienes esperan por un visado legal. Otros arriesgan su vida cruzando el desierto de noche a través de viejos campos minados. Hace dos décadas en las calles de Santiago la gente miraba sorprendida a los escasos negros. Ahora ya nadie repara en ellos. Para bien y para mal. Los trabajos más duros, que los chilenos rehúyen, caen sobre esos hombros invisibles. Y serán cada vez más necesarios pues la población envejece a tasas europeas. En todas partes la fuerza de las migraciones asusta a los inseguros y a los débiles de carácter. Los nacionalistas piden más murallas contra los extranjeros achacándoles crímenes, terrorismo, parasitismo social. Pero si esos miedosos triunfan y, por ejemplo, detienen el flujo migratorio desde Siria, sus países podrían perderse a un nuevo Steve Jobs. El cofundador de Apple fue hijo biológico de un sirio musulmán apellidado Jandali, originario de la ahora arrasada Homs y de una estadounidense descendiente de suizos y alemanes cuyo apellido es Schieble. Recién nacido, Steve Jobs fue dado en adopción a una pareja de orígenes no menos extranjeros. El padre adoptivo de Steve —Paul Reinhold Jobs— venía de una familia alemana calvinista, mientras que su madre adoptiva —Clare Hagopian— era hija de inmigrantes armenios.
Sirios, alemanes, suizos, armenios —y quién sabe cuántas otras influencias— se mezclaron en el crisol de la California tecnológica para gestar, criar y educar la inteligencia y el carácter de un inventor y empresario creativo. En su filme El peregrino, Charles Chaplin resume magistralmente la creatividad agudizada del inmigrante. Su protagonista es expulsado de Estados Unidos hacia México por un policía grandote igualito a Donald Trump. Sin embargo, el expulsado no hace más que cruzar la frontera y pisar territorio mexicano cuando se desata una balacera infernal entre unos bandidos locales. Él desearía volverse para huir de esa violencia, pero no puede porque en EE.UU. lo espera la cárcel. Amenazado y rechazado en ambas partes, Chaplin opta por una solución creativa: busca refugio en la frontera misma. La escena final lo muestra caminando con mucho cuidado con un pie a cada lado de esa línea imaginaria. El inmigrante que dejó su país y no es bienvenido en el nuevo, vive en ese límite y "al límite", todos los días. Lo único bueno de nuestra indiferencia y nuestro egoísmo hacia ellos es que este rechazo aumenta la resistencia y creatividad de los inmigrantes. También por eso los necesitamos. LA SINIESTRA HIPÓTESIS DEL DESTINO QUE CORRIÓ BORIS WEISFEILER, EL ESTADOUNIDENSE DESAPARECIDO EN CHILE HACE MÁS DE 30 AÑOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/04/11/la-siniestra-hipotesis-del-destino-quecorrio-boris-weisfeiler-el-estadounidense-desaparecido-en-chile-hace-mas-de-30-anos/ El profesor de matemática viajó a Chile en 1984 para pasar el verano en la montaña y desde entonces no se le volvió a ver. Te contamos en qué punto está la investigación de su caso. La última vez que Olga Weisfeiler habló con su hermano Boris fue en 1984, justo antes de que volara a Chile para pasar allí las vacaciones escalando. "Necesito escapar de toda esta nieve de Pensilvania", Estados Unidos, le dijo. "Me voy al sur. Allí es verano". Días después, Boris Weisfeiler se colgó una mochila a la espalda y se dirigió a los Andes, las montañas del sur de Chile. Y nunca más regresó.
A Boris Weisfeiler se le perdió la pista en 1984. En enero de 1985 su mochila fue hallada junto a un río. Pero no había rastro de Weisfeiler, de 43 años. Y no lo ha habido desde entonces. Una investigación llevada a cabo en Chile aquel mismo año concluyó que el ciudadano ruso nacionalizado estadounidense, un experimentado montañero, se había ahogado al tratar de cruzar el río. Sin embargo, nunca encontraron su cuerpo. Años después, en 2000, unos documentos desclasificados en EE.UU. sugirieron que pudo haber sufrido un destino más siniestro. Los papeles citan a un testigo, quien aseguró que era parte de una patrulla del ejército chileno que recogió a Weisfeiler y lo llevó a la Colonia Dignidad, una comuna agrícola secreta establecida por un exnazi en Chile en la década de 1960. La que fuera la Colonia Dignidad es hoy Villa Baviera. Es sabido que el régimen militar del general Augusto Pinochet, quien gobernó Chile entre 1973 y 1990, ocasionalmente usaba la Colonia Dignidad como un centro de detención y tortura. Murió ex nazi y fundador de Colonia Dignidad Y el testigo relató que Weisfeiler fue interrogado en la Colonia Dignidad, que después lo obligaron a arrodillarse y que lo "mataron de un disparo en la nuca".
Caso cerrado A pesar de que esa versión nunca fue probada, ayudó a que se abriera una nueva investigación. En 2012 un juez chileno acusó a siete expolicías y exmilitares de secuestrar a Weisfeiler y a un octavo hombre de ser cómplice. Tras eso, la familia Weisfeiler pensó que se haría justicia. Pero ahora, el juez Jorge Zepeda acaba de cerrar el caso.
Olga Weisfeiler le dijo a la BBC que está devastada tras el fallo. En su resolución del 4 de marzo pasado, Zepeda reconoció que Weisfeiler fue secuestrado, pero insistió en que fue víctima del crimen común y no de una violación de derechos humanos. Así, al caso le fue aplicado el estatuto de limitaciones; esto es, el presunto delito fue prescrito. Y como consecuencia, los ocho hombres quedaron en libertad. "Estoy devastada", cuenta a la BBC Olga Weisfeiler, la hermana de 72 años del desaparecido. "He pasado los últimos 16 años intentando averiguar qué pasó con Boris y ¡ahora esto!", exclama. En lucha La embajada de EE.UU. en Santiago, la capital chilena, describió al fallo como "un frustrante revés".
"Es vital que las víctimas y los familiares sean capaces de buscar que se haga justicia cuando se trata de violaciones de derechos humanos, sin importar cuándo fueron cometidas", reclamó a través de un comunicado. Asimismo, el fallo ha consternado a los círculos científicos. Y es que Boris Weisfeiler era profesor de matemáticas en la Universidad del Estado de Pensilvania, y un académico con talento.
Weisfeiler desapareció en pleno régimen militar de Augusto Pinochet. Así, el Comité de Científicos Preocupados (CCS, por sus siglas en inglés), un organismo con base en EE.UU. que defiende la libertad de los científicos a nivel internacional, pidió a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que intervenga y ordene que se reabra el caso. "El doctor Weisfeiler se merece algo mejor", escribió el comité a Bachelet. "En nombre de su familia, urgimos a su gobierno que vuelva a trabajar en la construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos en Chile". La Sociedad de Matemática de Chile también pidió a las autoridades que abran el caso de nuevo. Weisfeiler era "un matemático brillante que, en el momento de su desaparición, estaba en el cenit de su carrera", proclamó la sociedad.
"Noches en vela"
Olga Weisfeiler no está dispuesta a ceder. Olga Weisfeiler, con el respaldo de la embajada de EE.UU., ha presentado un recurso al fallo del juez. "Si perdemos, iré a la Corte Suprema y si perdemos también allí, acudiré a los tribunales internacionales", dice en Santiago. "No puedo dejar que esto ocurra". Por el momento, sin embargo, ella y su familia están aún lejos de averiguar qué fue lo que le ocurrió a Boris Weisfeiler aquél enero, hace más de 30 años, en las montañas del sur de Chile. "Paso las noches en vela preguntándome qué le pasó realmente a mi querido hermano", cuenta. "Aún sigo esperando las respuestas a por qué, dónde y cuándo perdió Boris su vida".