TEMARIO:
1. GOBIERNO DEFENDIÓ A GENDARMERÍA TRAS CRÍTICAS DE LA CORTE SUPREMA
2. LIBERTAD CONDICIONAL: EL PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA QUE PODRÍA BENEFICIAR A KRASSNOFF Y REOS DEL CASO DEGOLLADOS
3. PROCESO PARTICIPATIVO PARA PUEBLOS INDÍGENAS. Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social.
4. PROCESAN A EX GENERAL CAZA-MAPUCHE POR “ENCUBRIR” ASESINATO DE COMUNERO JAIME MENDOZA
5. ALCALDE JORGE CASTRO FACILITA DEPENDENCIAS MUNICIPALES A EX UNIFORMADOS CONDENADOS POR VIOLACIONES A DD.HH.
6. EL SALVADOR DECLARA EMERGENCIA NACIONAL: EN 80 AÑOS LA VIDA SERÁ INVIABLE EN EL PAÍS POR CRISIS DEL AGUA
7. UN INTENTO DE GARANTIZAR IMPUNIDAD
GOBIERNO DEFENDIÓ A GENDARMERÍA TRAS CRÍTICAS DE LA CORTE SUPREMA COOPERATIVA.CL http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/gendarmeria/gobierno-defendio-a-gendarmeriatras-criticas-de-la-corte-suprema/2016-05-12/080208.html
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, defendió la labor de Gendarmería luego de que la Corte Suprema cuestionara el trabajo de la institución carcelaria, tras detectar falta de prolijidad y profundidad en los informes sicológicos para negar el otorgamiento de la libertad condicional a tres internos del penal Punta Peuco. Se trata de Álex Ambler, condenado por el crimen de los hermanos Vergara Toledo, Claudio Salazar, sentenciado por el caso "Degollados", y Conrado Sesnic, condenado por el secuestro calificado de un militante del MIR, quienes recurrieron al máximo tribunal a través de un recurso de protección. En vista a los tres fallos, la Corte ordenó nuevos informes sicológicos y sociales al Servicio Médico Legal y a la Municipalidad de Colina, lo que generó la respuesta de la ministra Blanco. "Aquí hay una institución responsable como Gendarmería, que ha hecho informes que tienen que ver con población que ha estado a su cargo y lo que llama profundamente la atención es que esos informes vayan a ser solicitados, por ejemplo en un caso, a la Municipalidad de Colina, eso es algo que tendrán que explicar", sostuvo la secretaria de Estado. En tanto, el abogado Cristián Alarcón, de la defensa del ex agente de la Dicomcar Claudio Salazar, apuntó que existen claros antecedentes sobre las irregularidades en los informes de Gendarmería. "Estas desprolijidades son utilizadas específicamente para dejar algún tipo de apertura a la interpretación antigua que se hacía respecto del Decreto Ley 321, y que se utilizaba como fundamento para denegar la libertad condicional de modo sumario a los internos de Punta Peuco", remarcó. Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, esta es una señal clara del máximo tribunal del país para otorgar la libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos. "Me parece en extremo grave lo que ha ocurrido, porque finalmente lo que estamos presenciando es la determinación de la Tercera Sala de buscar cualquier subterfugio que permita asegurar la
libertad a los violadores de derechos humanos que piden beneficios carcelarios", sostuvo la dirigenta. Entre los internos de Punta Peuco que también recurrieron a la Corte Suprema por la misma situación se encuentran Miguel Krassnoff, Miguel Estay (alias "El Fanta"), y Guillermo González.
LIBERTAD CONDICIONAL: EL PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA QUE PODRÍA BENEFICIAR A KRASSNOFF Y REOS DEL CASO DEGOLLADOS THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/05/11/libertad-condicional-el-precedente-de-la-corte-suprema-quepodria-beneficiar-a-krassnoff-y-reos-del-caso-degollados/ La Tercera Sala de la Corte Suprema desestimó en tres casos los informes de Gendarmería respecto de la libertad condicional de presos condenados por violaciones a los derechos humanos. Otros siete uniformados, entre ellos Krassnoff y el Fanta podrían beneficiarse con este precedente. Familiares de Detenidos Desaparecidos anuncian que buscarán todas las alternativas “para evitar que la impunidad se siga perpetuando en nuestro país”.
A primera hora de hoy, Lorena Pizarro, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pedirá una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, para manifestarle su indignación luego de tres fallos de la tercera sala del máximo tribunal en que se desestima la pertinencia de Gendarmería para dictaminar a quién debe entregarse la opción de
obtener libertad condicional y se abre la puerta para que condenados por violaciones a los derechos humanos accedan a este beneficio. Entre quienes optarán por esta vía figura Miguel Krassnoff Martchenko, el ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA que suma más de cien años de sentencia. “Esto es nefasto, gravísimo porque se está buscando cualquier resquicio para liberar a estas personas. Me recordó mucho el proceder de muchos jueces en dictadura. Hay informes de Gendarmería que dicen por qué no son beneficiarios y la Suprema establece que no son válidos porque el objetivo final es abrir una puerta siniestra de suspensión de condena a sujetos que han gozado de una impunidad obscena en cárceles especiales”, asegura la dirigente, que cuestiona, además que la Corte haya optado por requerir informes al Servicio Médico Legal y al municipio de Colina para revisar la situación de los prisioneros. “Lo de Colina sólo se entiende porque el alcalde es UDI (Mario Olavarría), no hay otra explicación porque aún no hay decisión de trasladar a los reos desde Punta Peuco, que está en Til-Til, no en Colina”, argumenta. En los fallos de la Tercera Sala, emitidos el 18 de abril, el 27 de abril y el 2 de mayo, la Suprema, en respuesta a recursos de protección presentados, revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones que había denegado la libertad condicional para Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia, oficial de carabineros que formó parte del Comando operativo del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) del Bío Bío que secuestró, torturó e hizo desaparecer al obrero y militante del MIR Rudy Cárcamo Ruiz en 1974; Alex Ambler, agente de la CNI condenado a 7 años por el homicidio calificado de Rafael Vergara Toledo, uno de los hermanos en cuya memoria se estableció el día del joven combatiente; y Claudio Salazar Fuentes condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1985 de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero. En los argumentos usados por la Corte para justificar su proceder se consigna que “la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal del Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en lo tocante a la evaluación psicológica y social del interno, es insuficiente, toda vez que se trata un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería de Chile, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentra recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”. Al considerar que los cuestionamientos de los reos al Tribunal de Conducta tienen “asidero” planteó que es preciso realizar “un nuevo informe psicológico y social por un profesional de una entidad pública distinta de Gendarmería de Chile, para luego de ello emitirse un nuevo pronunciamiento de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Condicional”. Según la información oficial recabada por este medio, la Corte Suprema ha requerido los nuevos informes a los que hace alusión en los fallos al Servicio Médico Legal y al municipio de Colina, dirigido por el UDI Mario Olavarría.
Punta Peuco está emplazado en Til-Til, pero el penal ha sobrepasado su capacidad y desde hace meses que se trabaja en la implementación de módulos en Colina 1 para que los militares cumplan allí sus condenas. Con todo, fuentes consultadas por The Clinic Online precisan que si bien se han hecho estos arreglos y, transitoriamente se podría incluso ocupar la unidad siquiátrica forense para estos fines, la decisión depende de la Presidenta Michelle Bachelet, quien no ha entregado señal alguna al respecto. Ahora, más allá si se cierra o no Punta Peuco, la aplicación del criterio de la Tercera Sala de la Corte Suprema con Sesnic, Ambler y Salazar abre la posibilidad de que otros condenados por violaciones a los derechos humanos puedan optar al beneficio. Entre quienes se encuentran en esta situación, según pudo constatar este medio, están Krassnoff; Miguel Estay Reyno (El Fanta), Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, presos por el Caso Degollados; Francisco Ferrer Lima, quien fue parte, entre otras actividades represivas, de la Operación Colombo; el coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo condenado como cómplice en el homicidio calificado de tres personas de empresa textil “Sumar”; y el capitán de fragata ® Hugo González Dárcangeli, detenido por la muerte de Rudy Cárcamo. Al respecto, Lorena Pizarro, quien está invitada hoy a la Comisión de Derechos Humanos, destaca que “se deben buscar todas las alternativas, y las analizaremos con los abogados, para evitar que la impunidad se siga perpetuando en nuestro país”.
PROCESO PARTICIPATIVO PARA PUEBLOS INDÍGENAS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/12/285467/proceso-participativo-para-pueblos-indigenas/ Marcos Barraza Gómez Ministro de Desarrollo Social Texto de la misiva del ministro de Desarrollo Social publicado por El Mercurio El editorial de El Mercurio del 7 de mayo sobre el Proceso Constituyente Indígena contiene planteamientos que exigen precisiones, tanto por el desconocimiento que refleja respecto del Convenio N° 169 de la OIT, que Chile ratificó en 2008, como por su perspectiva política y conceptual de asimilación de los pueblos indígenas, que se sitúa en las antípodas del pensamiento contemporáneo. Los pueblos indígenas y sus miembros han sido históricamente discriminados y marginados de la deliberación política y de la construcción de las instituciones estatales, de manera que el Proceso Constituyente representa una oportunidad histórica para comenzar a cambiar la relación del Estado con los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño (o Likan Antai), Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawashkar y Yagán.
Esto, además, es plenamente consistente con nuestras obligaciones internacionales. En efecto, el Convenio N° 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y la Participación (artículos 6 y 7). Estos principios no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos que pudieran afectarles, sino con cuestiones más amplias de gobernanza.
Al Proceso Participativo para Pueblos Indígenas que se sitúa en el marco del Proceso Constituyente están llamados prioritariamente los representantes de dichos pueblos, cumpliendo con el instrumento internacional referido, que señala explícitamente que la Participación y Consulta Previa debe darse “a través de sus instituciones representativas”. Allí donde existan “instituciones propias” de los pueblos indígenas, deberá otorgárseles un tratamiento especial, lo que incluye a sus “autoridades tradicionales” religiosas, culturales y políticas. Cabe además aclarar otro punto: el proceso participativo indígena en el Proceso Constituyente tendrá un doble carácter. Por un lado, los ciudadanos indígenas podrán participar en la instancia antes referida para aportar su visión en materia de derechos colectivos. Por otro lado, podrán sumarse, en igualdad de condiciones con toda la población, en las instancias que contempla el Proceso Constituyente general (encuentros locales, y cabildos provinciales y regionales) y plantear allí sus perspectivas desde el punto de vista de los derechos individuales. Las garantías de transparencia e imparcialidad en el Proceso Participativo para Pueblos Indígenas estarán dadas por un Comité Consultivo y de Seguimiento conformado por representantes del PNUD, la OIT, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unicef y dos miembros en representación del nuevo Consejo de la Conadi. Finalmente, es preciso referirnos a dos aspectos particularmente importantes. En primer lugar, contrariamente a lo que sugiere el editorial, es la ausencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de sus demandas la que puede aumentar la conflictividad social. Basta leer al respecto el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003. En segundo lugar, hay un equívoco cuando se habla de una “visión integradora que debiera primar a nivel nacional”.
La experiencia histórica indica que, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fueron precisamente las políticas de asimilación e integración forzada las que dieron lugar a verdaderas tragedias, llegando incluso al genocidio de muchos pueblos indígenas. El enfoque contemporáneo exige el reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de estos pueblos, así como superar la negación, invisibilización y discriminación de que han sido objeto, tanto en lo individual como en lo colectivo. En consecuencia, Chile puede y debe establecer un nuevo ciclo de convivencia con los pueblos indígenas que se exprese a todos los niveles, incluido el constitucional, asumiendo nuestra diversidad y pluralidad cultural como una realidad que nos enriquece.
PROCESAN A EX GENERAL CAZA-MAPUCHE POR “ENCUBRIR” ASESINATO DE COMUNERO JAIME MENDOZA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/11/285340/procesan-a-ex-general-caza-mapuche-porencubrir-asesinato-de-comunero-jaime-mendoza/ El oficial Iván Bezmalinovic Hidalgo perteneció a las filas de Carabineros hasta 2014, cuando abandonó la Jefatura de Zona del Biobío antes de cumplir un año en el cargo. Según el historiador Martín Correa, existen sospechas fundadas que lo involucran en un montaje.
La Fiscalía Militar sometió a proceso al ex general de Carabineros Iván Bezmalinovic Hidalgo por obstrucción a la investigación en el caso del comunero Jaime Mendoza Collío, fallecido en agosto de 2009 durante un desalojo ocurrido en las cercanías de Angol. El oficial en retiro, conocido también como el caza-mapuche, es acusado por el abogado que representa a la familia de la víctima, Lorenzo Morales, como el presunto encubridor del asesinato de Mendoza por el cual ya fue condenado Miguel Jara Muñoz, sindicado como el autor del disparo. En conversación con El Ciudadano, el abogado Lorenzo Morales se refirió al procesamiento como “un paso adelante”, aunque reconoció que el delito es de menor intensidad a otros por los cuales la familia se querelló. Además, sostuvo que es necesario aclarar la intervención personal que Bezmalinovic tuvo momentos después de la muerte del comunero. “El general Bezmalinovic llegó a los minutos posteriores de este hecho y en ese momento hay un ocultamiento de pruebas, una cierta suplantación de otras pruebas que estaban ahí. Después de una hora y media llegó el fiscal militar. Todo eso lo queremos reconstruir, esa hora y media, donde él estuvo con el cuerpo y con otras seis personas del GOPE y ver que él era el superior jerárquico de todos los que estaban ahí”, comentó. Morales señaló que el fiscal de la época constató “que estaban manipulados ciertos elementos que eran parte de la indumentaria del cabo Jara, que es el autor material del hecho”, lo cual amerita ser investigado. En este sentido, existe ya un informe de la PDI que da cuenta de una manipulación del chaleco antibalas de Jara que es posterior al incidente por el cual resultó muerto Mendoza Collío. El documento es una pieza clave del proceso que se comenzará a instruir en contra de Bezmalinovic, ya que demuestra que los perdigones incrustados en el chaleco fueron disparados de arriba hacia abajo, a una distancia de un metro y en una superficie de cemento, no a campo abierto. Para el historiador Martín Correa es evidente que hubo un montaje para fabricar la versión de que los uniformados habían actuado en legítima defensa al disparar contra Mendoza. “La Tercera, El Diario Austral y El Mercurio fueron voceros de lo que planteó la Dirección de Carabineros y el gobierno. En los días previos al funeral de Jaime Mendoza Collío, salió José Antonio Viera Gallo, que en ese momento formaba parte del gobierno, y señaló que si el carabinero no hubiera ido con el uniforme que correspondía, podría haber muerto. Luego se comprobó que Mendoza nunca disparó, pero quedó inscrita la imagen que se quiere construir del mapuche violento que atacó a Carabineros, cosa que nunca fue”, explicó. El investigador también discrepa con quienes dicen que la muerte de Mendoza fue un hecho aislado. “Forma parte de una historia de represión y no solamente en los últimos años”, afirmó. “Es una historia de persecución desde que el Ejército chileno decidió ocupar militarmente la Araucanía. A Jaime Mendoza lo asesinan en las faldas del Cerro Chiguaihue, donde se construyó el fuerte Chiguaihue en la ocupación militar de 1867, que es el núcleo de la avanzada militar en el Río Malleco. El primer muerto de la Reforma Agraria es Carlos Collío, en el año 1961, asesinado por el dueño del fundo Chiguaihue, Ignacio Silva. El primer muerto de la Concertación es Alex Lemún, quien también es asesinado en las faldas del Chiguaihue”, explicó Correa.
El historiador recordó que a sólo cinco kilómetros del lugar donde cayó Mendoza “está el Retén de Pidima, donde funcionan las Fuerzas Especiales de Carabineros. Ahí mismo, el ministro Burgos fue a pasar el año nuevo. Entonces no podemos entender la muerte de Jaime como una casualidad. Es parte de un proceso histórico de represión a las demandas territoriales mapuche”.
ALCALDE JORGE CASTRO FACILITA DEPENDENCIAS MUNICIPALES A EX UNIFORMADOS CONDENADOS POR VIOLACIONES A DD.HH. EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/12/285470/alcalde-jorge-castro-facilitas-dependenciasmunicipales-a-ex-uniformados-condenados-por-violaciones-a-dd-hh/
Luego de la polémica generada por el préstamo de las dependencias de la Municipalidad de Valparaíso a la recién creada multigremial nacional de pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas, que defiende a ex uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos – explica la radioemisora perteneciente a la Universidad de Valparaíso– el municipio porteño defendió su decisión y dijo tener abiertas sus puertas a cualquier (organización) sin fines de lucro, pero asumió que la asociación de ex miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías es un ente político, ya que lo comparó con el Partido Comunista. El encargado de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Valparaíso, Marcos Maganza, de quien depende el uso del Salón de Honor del municipio porteño, señaló que “la política municipal es
facilitar, en la medida de lo posible, las instalaciones del municipio a toda institución que lo requiera sin sesgo, desde la agrupación de tejedoras hasta instituciones voluntarias y sin fines de lucro. La única exigencia es un fin social y no pecuniario. La política y los credos religiosos no son impedimento para usar las instalaciones municipales. Es así como hemos tenido importantes actividades solicitadas, por ejemplo, por el Partido Comunista, clubes de cueca, organizaciones sociales, entidades gremiales, etcétera”. Con ocasión de la controvertida reunión en la municipalidad, el alcalde Jorge Castro dijo que desea que la multigremial se transforme en una organización poderosa y comprometió su colaboración con la agrupación, que ha dicho que en Chile no existe estado de derecho y que los militares condenados por crímenes durante la dictadura fueron juzgados por presunciones y sin pruebas.
EL SALVADOR DECLARA EMERGENCIA NACIONAL: EN 80 AÑOS LA VIDA SERÁ INVIABLE EN EL PAÍS POR CRISIS DEL AGUA EFE http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/05/11/crisis-del-agua-en-80-anos-no-se-podravivir-en-el-salvador/
El ombudsman salvadoreño señaló que el estudio da cuenta de que en 80 años "la disponibilidad per cápita de agua" se reducirá en un 83% en esta nación, en la que unas 600.000 familias del área rural no tienen acceso al agua potable. Por su parte el procurador nacional indicó que "estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo, estamos destruyendo nuestra viabilidad como nación y me parece inaceptable la pasividad del Estado". La vida en El Salvador será inviable en 80 años por la crisis hídrica, que recientemente llevó al Gobierno a declarar una emergencia nacional, concluye un estudio realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dado a conocer hoy. "De acuerdo a los análisis científicos realizados por diferentes organizaciones internacionales y analizados en el presente estudio", si seguimos en esta lógica de deterioro, de degradación de los bienes hídricos en El Salvador, en 80 años la vida será inviable en el país", sentenció el titular de la PDDH, David Morales. El ombudsman salvadoreño señaló que el estudio da cuenta de que en 80 años "la disponibilidad per cápita de agua" se reducirá en un 83% en esta nación, en la que unas 600.000 familias del área rural no tienen acceso al agua potable. "El estudio estaría reflejando la progresiva degradación de nuestros mantos acuíferos, aguas subterráneas y el deterioro de nuestras cuencas, especialmente en el oriente del país", detalló. Por su parte, el experto que realizó el estudio, Julio Basagoitia, señaló que la disminución de la disponibilidad de agua no se debe solo a los efectos del cambio climático, sino también a la "eliminación de áreas boscosas, el avance urbanístico y una agricultura basada en monocultivos". "Las recomendaciones (del estudio) van giradas a que debemos de conservar nuestra cobertura arbórea" y "tener un giro en el paradigma urbanístico que tenemos", señaló. El experto expuso que en 2016 "se han roto récords históricos" de disminución de los caudales de los ríos principales. Añadió que en el país centroamericano existe una "contaminación legal" del agua, como el vertido de aguas residuales a los ríos que afecta al menos el 89% de las aguas superficiales. "Hay acuíferos que ya exceden los estándares de poder ser potabilizados mediante métodos tradicionales, se tienen que usar tecnologías más desarrolladas", sostuvo. En este sentido, el procurador Morales acusó al Estado salvadoreño de ser "pasivo" ante esta situación. "Estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo, estamos destruyendo nuestra viabilidad como nación y me parece inaceptable la pasividad del Estado", señaló el procurador. Morales fue más específico y responsabilizó al Congreso que desde 1996 debate la creación de la Ley General de Aguas y de establecer el acceso al líquido como un derecho humano en la Constitución. Para el defensor, la "intervención" del Estado en la crisis del agua es "urgente".
El pasado 14 de abril el Gobierno salvadoreño decretó emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central, y puso a disposición de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 3,5 millones de dólares para construir cuatro nuevos pozos. Por otra parte, la semana pasada, un ingenio azucarero derramó miles de galones de melaza de caña en el río Magdalena, en el occidental departamento de Santa Ana, lo que comprometió el abastecimiento de unas 400 familias y la muerte de la mayoría de los peces. La contaminación generada por este derrame ha llegado hasta Guatemala.
UN INTENTO DE GARANTIZAR IMPUNIDAD
(ARGENTINA) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299161-2016-05-12.html
Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos. Esta semana, sin embargo, desde Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y eximición de penas para los delitos de lesa humanidad. “Creemos firmemente que en el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente, sin incurrir en componendas con quienes cometieron los crímenes más graves que ha sufrido nuestro país”, señaló el organismo que preside Estela de Carlotto. “Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes”, manifestaron los HIJOS, Familiares y Abuelas de Córdoba. “Llegamos hasta acá después de un proceso histórico único, con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos juicios y bajo un paradigma cultural sustancial como para admitir este tipo de proyectos que no solo pretenden meterse con futuros procesos sino también con los ya realizados”, afirmó el colectivo de abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad. Estas fueron solo algunas de las cartas enviadas a la Comisión de Legislación Penal, que lograron que su presidenta, la diputada radical María Gabriela Burgos, se comprometiera a eliminar la mención a los represores del proyecto. La iniciativa del PRO que introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto ya tenía objeciones de especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes, sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo. Se había agregado que estas herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, el proyecto establecía que,
a discreción de los jueces, los represores podían ser beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena. “Esto sería procedente si los datos o información aportada por el `arrepentido` contribuye, entre otros supuestos, a `esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de instigadores, coautores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación`. De esta forma, no se establece ningún límite para que se vean beneficiados por esta figura aquellos imputados o condenados que sindiquen como intervinientes en el hecho delictivo a personas ya fallecidas o sobre las cuales el proceso penal se encuentra suspendido por incapacidad o incluso condenados por otros hechos”, señaló Abuelas de Plaza de Mayo en la carta que envió ayer a Diputados. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su documento varias deficiencias generales de la iniciativa y, puntualmente sobre este tema, destacó que “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera”. Justamente, esto fue lo que preguntaron desde el despacho del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto cuando descubrieron la novedad: si los organismos de derechos humanos habían sido informados o consultados sobre el tema. En Cambiemos respondieron que sí, pero no supieron decir qué organizaciones habían sido advertidas. La postura de los organismos de derechos humanos ha sido históricamente opuesta a este planteo. Las características del proceso argentino, que constituye un ejemplo en el mundo, demostraron que la posibilidad de acercarse a la Verdad y a la Justicia no depende de tener arrepentidos. En este caso fue decisiva la voluntad de los tres poderes del Estado de investigar los crímenes. Además, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada ya contempla la opción de establecer “circunstancias atenuantes” a quienes contribuyan a la reaparición con vida de una persona desaparecida o permitan esclarecer casos de ese tipo. El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en crímenes del terrorismo de Estado. Luego de que se conociera a través de Página/12 la reunión “privada” entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la defensora de los represores Cecilia Pando, la desconfianza se acrecentó entre los diputados de la oposición y los organismos de derechos humanos, que ya estaban en alerta. Sin embargo, desde esa cartera aseguraron que no tenían nada que ver con las modificaciones y que ni siquiera estaban al tanto. En el Congreso recordaron que en una reunión de comisión de la que participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada delasotista Claudia Rucci advirtió sobre la posibilidad de hacer esos cambios. Ayer, luego de que en la Comisión de Legislación Penal se armara una discusión a los gritos, se decidió hacer dos dictámenes: uno referido a las técnicas de investigación (como el agente encubierto) que fue firmado, y otro para la figura del arrepentido, cuya firma fue aplazada. Burgos, presidenta de la comisión, se comprometió a que en ninguno de los dos casos se incluirían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, los diputados que no firmaron el proyecto –el bloque
del Frente para la Victoria, Victoria Donda, de Libres del Sur y Myriam Bregman, del FIT– no pudieron ver cómo quedó redactado el texto. La anunciada marcha atrás generó alivio en los organismos de derechos humanos, aunque aún se preguntan si se trató de un acuerdo entre Bullrich y Rucci, una iniciativa de un sector del Gobierno o un globo de ensayo oficial para ver hasta dónde se puede avanzar sobre los juicios a los represores. Desactivar la posibilidad de beneficiar a los responsables de crímenes de lesa humanidad fue la prioridad ayer, pero las críticas al proyecto de ley del Arrepentido exceden este aspecto. El CELS advirtió que hay “problemas de constitucionalidad” en juego, que “la discrecionalidad es tan amplia que inclusive puede frustrar el objetivo de facilitar la investigación”, que puede generar “situaciones extorsivas” e incentivar “denuncias falsas”.