TEMARIO:
1. BACHELETISMO REALIZA RESERVADAS GESTIONES PARA TORPEDEAR CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD EN BANCADAS OFICIALISTAS 2. AGENDA ANTIDELINCUENCIA: CRECE REBELIÓN DE DIPUTADOS ANTE PROYECTO CLAVE DE BURGOS 3. EL LICEO DE ERCILLA QUE SE CONVIRTIÓ EN PREFECTURA DE FUERZAS ESPECIALES 4. UNA MUERTE, TANTAS MUERTES. OPINIÓN: Pamela Soto Vergara 5. RINGO STARR CANCELÓ CONCIERTO POR LEY CONTRA COMUNIDAD LGBT 6. LA CRISIS EN LAS CÁRCELES DE MÉXICO: 10 PROBLEMAS URGENTES SIN ATENCIÓN 7. "ESTOY HARTA, HARTA, HARTA, Y FRUSTRADA": EL DRAMA DEL IMPARABLE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN MÉXICO 8. ESTE TEXTO ES SÓLO PARA HOMBRES. Por: Daniel Moreno (@dmorenochavez), Periodista y director del portal Animal Político 9. LOS NIÑOS QUE SE ENFRENTAN SOLOS A TRIBUNALES DE DEPORTACIÓN EN EU
BACHELETISMO REALIZA RESERVADAS GESTIONES PARA TORPEDEAR CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD EN BANCADAS OFICIALISTAS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/14/bacheletismo-realiza-reservadas-gestionespara-torpedear-control-preventivo-de-identidad-en-bancadas-oficialistas/
Mientras el ministro del Interior hacía su despliegue en el Congreso, diversas fuentes de Gobierno confirmaban que, en paralelo y en reserva, la mitad de la administración bacheletista “opera en contra” de la aprobación de la polémica iniciativa. Esas gestiones han implicado llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios para explicarles que el rechazo a la iniciativa “no es mal mirado” por la Presidenta Michelle Bachelet, y tampoco será considerado un revés político para la jefa de Estado.
Fueron pocos los que en un principio, tanto en La Moneda como en la Nueva Mayoría, no miraron para el techo mientras el polémico proyecto del control preventivo de identidad avanzó su tramitación en el Congreso como parte de la Agenda Corta Antidelincuencia y que ahora se ha transformado en un problema real para La Moneda, ya que la tensiona una vez más con el ala más progresista de la coalición oficialista que ya anunció su rechazo categórico. Con tal escenario, en la trastienda del Ejecutivo y el Legislativo ha quedado en evidencia la soledad del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien es el único que realmente realiza gestiones para llevar la norma a buen puerto, porque en privado existen señales concretas desde las altas esferas de Palacio que apuntan literalmente en el sentido contrario, precisamente con miras a que la iniciativa naufrague. El ministro Burgos se reunió este martes 12 con las bancadas de diputados de la DC y el PPD, además de exponer en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En esta última instancia, la autoridad DC explicó que “si uno revisa la historia fidedigna de cómo surgió este proyecto o esta indicación se dará cuenta que esta es una indicación al proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo (…) es una indicación que un sector de parlamentarios ubicables en la Alianza presentaron en la comisión de Seguridad Pública, fue en esta comisión que fue contrastada por una distinta presentada por una serie de diputados de la Nueva Mayoría, texto que obtuvo la mayoritaria aprobación en la Cámara, entiendo que cerca de 90 votos, fue modificada sustancialmente en el Senado y a mi juicio modificada en ese aspecto positivamente, desde el punto de vista de dotar el control preventivo de identidad de más garantías para su ejecución y de fijar de manera más clara los límites territoriales de la aplicación (…) nosotros pretendemos la aprobación de esa norma, que no surge de nuestra iniciativa, pero que nos parece interesante desde el punto de vista de mejor dotar a las policías en su rol preventivo”. Pero mientras Burgos hacía este despliegue en el Congreso, diversas fuentes de Gobierno confirmaban que, en paralelo y en reserva, la mitad de la administración bacheletista realizaba gestiones “operando en contra” de la aprobación de la polémica iniciativa. Esas gestiones han implicado llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios para explicarles que el rechazo a la iniciativa “no es mal mirado” por la Presidenta Michelle Bachelet, y tampoco será considerado un revés político para la jefa de Estado como sí se ha argumentado y presionado en otras ocasiones a las bancadas de la Nueva Mayoría, tal como en el reciente caso del despacho de la Reforma Laboral. En el Ejecutivo diversas fuentes coinciden en que Bachelet no quiere que se apruebe esta polémica norma, que tampoco mira con buenos ojos la llamada Ley Mordaza, que lo considera un balazo en los pies para una administración de centroizquierda, porque contradice el sustento del discurso pro derechos de la coalición y que, por más resguardos que se tomen, el control preventivo de identidad inevitablemente abrirá una puerta a fomentar la discriminación con los sectores más vulnerables. Explicaron que a nivel gubernamental ha habido preocupación especial por el sigilo de estas gestiones para frenar la aprobación de la norma, que sean lo más sutiles posibles, que “la idea es que caiga por su propio peso en la Cámara” y no aparezca la Mandataria o el Gobierno haciéndola fracasar. Así, la estrategia sería que la Presidenta ha dejado ver su posición en algunas reuniones
bilaterales con dirigentes y autoridades, misma postura que se ha transmitido a sectores del Congreso en este reservado despliegue de asesores gubernamentales. En el Gobierno explicaron que las últimas semanas la Presidenta Bachelet ha recibido varios mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. Un mundo que es relevante para la Mandataria, que le es propio, que es parte de su esencia política, de sus prioridades y en el cual ha tenido un papel protagónico, como cuando fue la cabeza de ONU-Mujeres. Eso, mientras en su almuerzo con la bancada DC el ministro Burgos recalcó que para el Gobierno era necesaria la aprobación del proyecto en su conjunto, defendió el control preventivo de identidad y sostuvo que consideraba importante su aprobación. En el Ejecutivo varios reconocen que la situación actual no deja de ser bipolar, ya que mientras la autoridad DC y su equipo empujan la Agenda Corta Antidelincuencia en su conjunto, desde la propia administración bacheletista reman en el sentido contrario en relación con el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. La razón de esta dualidad sería que en Palacio reconocen que inicialmente hubo cierta desidia, que “se les pasó”, que miraron para el techo para evitarse conflictos políticos en meses previos cuando las aguas internas en La Moneda estaban demasiado revueltas, pero que el tema se transformó en una bola de nieve, que temen termine reventando y afectando a la propia Mandataria. Se suma otro factor. De aprobarse el control de identidad y la Ley Mordaza –explicaron en el oficialismo–, la Presidenta aparecería sacando adelante esta ley con los votos de la derecha, a pesar del público rechazo que han anunciado el PS, el PC, parte del PPD y sectores DC, que representan la identidad política de la Mandataria, lo que desdibuja aún más a la Nueva Mayoría. Hay sectores de la DC que tampoco comulgan con estas normas. Algunos diputados el martes le dijeron a Burgos que fue un error del Gobierno haber respaldado estas iniciativas y le anunciaron su rechazo. “Se ha intentado pasar gato por liebre, normas que nada tienen que ver con el espíritu original de la iniciativa, a la que, por lo demás, le falta el tema esencial: cómo hacemos para disminuir realmente la delincuencia con políticas eficientes de reinserción y rehabilitación y una inteligente labor de las policías”, dijo ese día el diputado de la falange Ricardo Rincón. En el Gobierno se están adelantando a los escenarios, incluso a la posibilidad de que las sutiles gestiones y mensajes reservados no logren sumar los votos necesarios para que en la Cámara de Diputados se rechace la iniciativa del control preventivo y la Ley Mordaza. Es más, el Ejecutivo ya habría empezado esta semana a sondear el “clima” en el Tribunal Constitucional (TC) para hacerla naufragar ahí, claro, a instancia de acciones que impulsen los diputados de la Nueva Mayoría que la rechazan. Dicho escenario no es descartable y, además, tampoco es descabellado como estrategia política. En La Moneda afirmaron que si bien el TC tiene en la mitad de su conformación a gente de derecha, algunos comulgan con las ideas liberales y, por ende, los cálculos hacen prever chances concretas de contar con una votación 6-4 que haga caer las normas en conflicto.
Amenaza latente En el Gobierno explicaron que las últimas semanas la Presidenta Bachelet ha recibido varios mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. Un mundo que es relevante para la Mandataria, que le es propio, que es parte de su esencia política, de sus prioridades y en el cual ha tenido un papel protagónico, como cuando fue la cabeza de ONU-Mujeres. A nivel gubernamental manejan la información de que varios de estos organismos están preparando una campaña comunicacional, en caso de que esos dos proyectos sean aprobados por el Congreso, en la que se emplazaría abiertamente a Bachelet a aplicar su atribución constitucional de veto a dichas normas, lo que es visto con preocupación en el Ejecutivo, ya que dejaría a la Mandataria públicamente con un margen de acción muy estrecho. En la tarde del martes 12, durante la audiencia que Bachelet tuvo en La Moneda con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, fue tema obligado y si bien la Presidenta salió del paso –explicaron desde el Gobierno– precisando que dichos temas aún estaban en tramitación, que había que esperar, La Mandataria sí tomó nota de dicho diálogo, como lo ha hecho de todos los mensajes que ha recibido. Públicamente Unicef ha planteado su postura crítica al control preventivo. En un comunicado oficial en su página web precisó que el organismo ha sido “enfático en señalar que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales, explicitando que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”. El texto agrega que “la medida no satisface los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile en 1990, y presenta problemas asociados a la observancia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener salvaguardias especiales cuando están en contacto con la justicia en calidad de imputados de un delito, como víctimas o testigos”. Además, Unicef hizo presente que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial, razón por la que dicha norma, de aprobarse, los dejaría “expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”. Este planteamiento público es coincidente con lo que diversas fuentes gubernamentales confirmaron que ha sido el reclamo del organismo internacional, que ha enfatizado ante el Ejecutivo en diversas reuniones que el control preventivo contraviene y viola el comportamiento histórico del Estado de Chile en relación con los convenios y tratados firmados. Es más, agregaron desde distintos ministerios que, como el organismo internacional por su calidad de tal no puede interferir en asuntos de política interna, está evaluando realizar un gesto público de rechazo si se aprueba la norma en el Congreso, que iría más allá de la mera declaración pública y que no descarta retirar del país momentánea o indefinidamente a la representante en Chile, Hau
Kyung Jun. Mensaje –reconocieron en el Gobierno– que también habría llegado al segundo piso de La Moneda. Kyung Jun se ha reunido con diversas autoridades y parlamentarios, precisamente para explicar la postura del organismo internacional. El oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, dijo a El Mostrador que "decidimos crear una estrategia, como lo hacemos con todos los proyectos de ley que tienen que ver con infancia, para poder conversar con personeros del Poder Ejecutivo, que están viendo el tema, hemos tenido conversaciones formales con el Ministerio del Interior, con distintos organismos involucrados y también con el Parlamento, nos hemos reunido formalmente con parlamentarios de distintas bancadas (...) donde hemos manifestado nuestra posición y disposición para colaborar en la discusión y que una medida de esta naturaleza no impacte negativamente los derechos de los adolescentes". Agregó que el Comité de los Derechos del Niño es un órgano independiente que monitorea el cumplimiento de la convención en cada Estado y el 2 de octubre del año pasado dicho comité emitió su informe de recomendaciones al Estado de Chile para darle algunos consejos de cómo cumplir con la convención y uno de esos consejos era que en el tema de justicia juvenil el Estado chileno debía tomar medidas efectivas para implementar mecanismos de prevención del delito y evitar la criminalización y si con la ley vigente existen casos en que este control preventivo de identidad generara vulneración de derechos. Sobre posibles señales de protesta, Quesille explicó que “eventualmente el Comité de Derechos del Niño o algunos órganos del sistema interamericano de DDHH, como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, podrían adoptar algunas acciones, como la adopción de medidas cautelares o provisionales o hasta la visita de algún relator (...) son organismos autónomos, por lo tanto, no depende de Unicef y se constituyen en la medida que son requeridos en casos específicos y ahí la sociedad civil o eventuales personas que fueran perjudicada tienen un rol vital en esto". A nivel nacional, distintas organizaciones, desde Revolución Democrática (RD), la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, el Comité de Derechos Humanos de La Legua, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) y Red Liberal, entre otros que se están organizando en la Red Seguridad en Serio, llamaron al Gobierno a echar pie atrás en estos proyectos y este jueves se reunirán con diputados de distintas bancadas en el Congreso. La bola de nieve sigue creciendo y el ministro Burgos sigue remando solo. AGENDA ANTIDELINCUENCIA: CRECE REBELIÓN DE DIPUTADOS ANTE PROYECTO CLAVE DE BURGOS LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/13/A/fullpage#slider-4 Durante la sesión de la Comisión de Constitución, ayer en la tarde, el diputado DC Fuad Chahín — quien había sido uno de los aliados del gobierno en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia— sacó un papel al momento de intervenir.
El documento contenía una lista de reparos que el legislador DC tenía respecto de los cambios que introdujo el Senado en la tramitación de la iniciativa. Uno de los puntos centrales reclamados por Chahín era la desproporción de penas. "Estamos llegando a absurdos", dijo Chahín. No fue el único legislador oficialista que ayer se declaró ayer en rebeldía por diversos puntos del proyecto. Ya no se trataba sólo del debate sobre el control de identidad preventivo (donde existe una mayoría consolidada de diputados opositores y de la DC y el PPD para aprobar la norma) o de la llamada "Ley Mordaza" (donde existe una mayoría de diputados que rechazará esa enmienda). Ahora las dudas se expandían. El diputado PS Leonardo Soto, quien anunció su rechazo a todos los puntos en discordia, explicó a La Segunda que la desproporción de penas "llega a niveles increíbles". "El típico carterazo, si produce una lesión de más de 30 días, da derecho a encarcelar al delincuente por un mínimo de 15 años. Si uno compara la pena con los delitos de violación u homicidio simple, tienen penalidades más bajas. ¿Valdría, en esos casos, para un delincuente asesinar a una persona para obtener penas más bajas?", ejemplificó Soto. Amenaza ante el TC El DC Ricardo Rincón, quien anunció su rechazo a la norma antifiltraciones y calificó como "aberrante" la desproporción de penas, también ha alegado por "el juicio en ausencia", la posibilidad de que se puedan presentar pruebas contra un acusado sin su presencia. En este punto Rincón está promoviendo, incluso, una presentación ante Tribunal Constitucional (TC). Su par René Saffirio apoyó la idea de impugnar ante el TC normas que violen garantías individuales "Sin lugar a dudas, debemos recurrir al tribunal", dijo. Y Soto dijo que recurrir al TC era una posibilidad que el PS evaluará. Crecen dudas entre aliados Si bien las críticas de Rincón y Saffirio, además de los socialistas y comunistas (quienes siempre se opusieron a esta agenda) no son nuevas, lo complejo para La Moneda es que la rebelión se expanda a quienes defendían la agenda corta, iniciativa clave para el ministro del Interior, Jorge Burgos y una de las prioridades de la Presidenta Bachelet para el 21 de mayo. El PPD Daniel Farcas, uno de los promotores del control preventivo, admitió tener dudas en temas como el "juicio de ausencia", la "Ley Mordaza", ampliar los métodos invasivos y la desproporción de penas. "En el PPD hay posturas distintas. Hay algunas normas que son discutibles y hay que evaluarlas con cuidado", dijo Farcas, quien desestimó, sin embargo, la posibilidad de recurrir al TC. Otros DC, como Matías Walker y Jaime Pilowsky, aliados de Burgos en el proyecto, han expresado sus inquietudes por otros temas como las facultades de inspectores municipales.
Para tratar de disipar dudas, ayer Burgos dividió el tiempo de su almuerzo entre las bancadas de la DC y el PPD, sin embargo, hubo poco tiempo para debatir. "Burgos vino expuso y se fue", relató Saffirio. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, en tanto, almorzó con los diputados PS, quienes ratificaron su rechazo al proyecto. "Tuvimos un diálogo franco y directo con la ministra", comentó Soto. Un asesor de Gobierno sostiene que el escenario era esperable. Y como la apuesta es sacar la agenda con sus ejes centrales, se afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a sacrificar temas secundarios. EL LICEO DE ERCILLA QUE SE CONVIRTIÓ EN PREFECTURA DE FUERZAS ESPECIALES THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/04/10/el-liceo-de-ercilla-que-se-convirtio-en-prefectura-defuerzas-especiales/ Hace dos semanas, el ex Liceo Técnico de Pailahueque apareció pintado de verde con blanco. Fue el momento en que la comunidad de Ercilla se enteró que allí se instalaría un insólito megacuartel para los efectivos de Fuerzas Especiales presentes en la región. Con capacidad para alojar a 300 personas y decenas de salas convertidas en oficinas, el ex establecimiento particular subvencionado, que cerró a fines de 2013, aspira a transformarse en el eje de la Zona Policial de Control de Orden Público. Una situación que se ha convertido en un nuevo foco de tensión, que se suma a la detención de los once comuneros formalizados en el caso Luchsinger-Mackay la semana pasada y a los seis ataques incendiarios registrados después de eso. Matías Huentecol, werken de 29 años de la comunidad mapuche Huañaco Millao Autónoma, quedó ensimismado cuando pasó frente al ex Liceo Politécnico de Pailahueque, y vio que estaba convertido en una comisaría. Pensó que todo se trataba de una mala broma, pero luego observó a algunos carabineros trabajando adentro y supo que los rumores eran ciertos. El establecimiento en el que se había educado -y que había cerrado sus puertas a fines de 2013 por falta de recursos- ahora estaba pintado de verde con blanco. -Somos la comuna más pobre del país y el gobierno, en vez de rescatar un proyecto educacional, va y nos pone una base policial –se queja el werken. El nuevo recinto indignó a los miembros de la comunidad, quienes una semana después se tomaron simbólicamente el edificio. Fueron 25 personas, entre niños, mujeres y hombres, que se instalaron en lo que antes era la entrada del establecimiento. Llevaban dos lienzos, uno que decía “Basta de militarización en Ercilla” y otro en el que escribieron “Educación para los jóvenes mapuches”. Buscaban que alguien les diera una explicación. A los pocos minutos, el lugar estuvo cercado por más de cien policías. Huentecol recuerda que el primero en acercarse fue un capitán, quien le dijo que tenían cinco minutos para salir de allí. La orden fue tan violenta que la comunidad aceptó retirarse. Cuando estaban regresando a sus casas, sin embargo, un comandante que venía recién llegando al lugar dio la orden de detenerlos a todos. Allí se armó una trifulca.
-Era alto, flaco, de piel blanca, y cabello castaño. Era el más violento, se notaba que no era de la zona. Gritaba: ‘Qué se creen ustedes que llegan y se paran acá, este liceo lo compramos nosotros. Así que agarren a todos estos indios y métalos pa’ adentro’ –recuerda Huentecol. Todos se fueron detenidos. También Camilo Tapia, fotógrafo independiente que ese día cubría la manifestación. El werken recuerda que con él se ensañaron, que le “sacaron la chucha y le quitaron todo”. Horas después, Tapia relató la violencia que sufrió en una carta que hizo pública en Internet. Dijo que lo trataron de asfixiar, que le rompieron las tarjetas de memoria que contenían las fotos de la manifestación, y que durante todo el procedimiento, policías sin identificación lo amenazaron. Huentecol y su comunidad no entienden las decisiones que han tomado las autoridades. -Si fueran más inteligentes, promoverían la educación y no la violencia –se lamenta. EL LICEO En marzo de 1996, Enrique de Luxemburgo, entonces Príncipe heredero del Gran Ducado, recibió en sus manos un proyecto educacional que pretendía realizarse en la comuna de Ercilla, pero que carecía de financiamiento. Se lo entregó el entonces diputado democratacristiano de la zona Edmundo Villouta Concha, a pedido del Instituto de Educación Rural, fundación vinculada a la Acción Católica Rural, que quería construir en la localidad de Pailahueque un liceo técnico particular subvencionado de 45 hectáreas, que contaría con maquinaria de trabajo, internado, casino de alimentación, calefacción central, y una sala de lavado. A los pocos meses, el Príncipe Enrique
mandó un suculento aporte: 1.350 millones de pesos. Al año siguiente, en una sesión de la Cámara, el diputado Villouta reconoció el gesto:
Agradezco al gobierno de Luxemburgo, porque la aprobación de este proyecto nos permitirá el agrado de ver allí en el próximo año a más de 280 alumnos, hijos de mapuches o de pequeños agricultores, no sólo de Ercilla, sino también de otras comunas -dijo. No fue hasta marzo de 2001, sin embargo, que el liceo abrió sus puertas a la primera generación de enseñanza media. Comenzó ofreciendo formación de técnicos agrícolas, mecánicos, forestales, y en párvulos. Al poco tiempo, se transformó en una gran alternativa para los más de dos mil habitantes de Pailahueque. No sólo porque era el único liceo técnico de la provincia, sino también por el rescate de la cultura mapuche. -Ese liceo tenía canchas de tenis, de fútbol y una para jugar al palín. Teníamos incluso un campo donde hacíamos el Guillatún –recuerda Matías Huentecol, que entró a estudiar para técnico forestal en el 2003. El establecimiento se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro cultural para los jóvenes de las más variadas localidades, mapuches y chilenos: Alto Biobío, Lonquimay, Lumaco, Ercilla, Tirúa, Temuco, e incluso una vez llegó alguien de Puerto Montt. Huentecol recuerda que por allí pasó también Alex Lemún, el joven mapuche de 17 años que estudiaba para técnico forestal y que murió luego de que un policía lo baleara en la cabeza, cuando él y un grupo de comuneros se encontraban en el Fundo Santa Elisa, en Ercilla. Luego de cinco días de agonía en el Hospital de Temuco, el 12 de noviembre de 2002 Lemún se convirtió en la primera víctima de este conflicto. Su muerte enlutó al colegio. -Alex estudió dos años allí. Él se trasladó de Angol a Pailahueque, porque decía que ese era un liceo más abierto para un joven mapuche, como que le abrió la mente. Yo no estoy de acuerdo con que
haya un cuartel policial, deberían seguir estudiando niños indígenas allí –dice Edmundo Lemún, padre del joven fallecido que hoy vive, junto a otras 15 familias, en una comunidad de 60 hectáreas que recuerda el nombre de su hijo. El liceo tuvo diez años de esplendor y luego se sumió en una crisis financiera. No está claro en qué momento comenzaron los problemas, pero según cuentan profesores, apoderados y alumnos, a fines del año 2012 la situación hizo crisis. No sólo estaban impagos algunos sueldos de los profesores, sino que también existían deudas previsionales y a veces incluso escaseaba la alimentación de los estudiantes que estaban en el internado. La situación se repetía en varios de los 27 recintos que llegó a regentar el Instituto de Educación Rural, en esa época el tercer sostenedor más grande del país (según un ranking elaborado por La Tercera el 2013), con más de diez mil alumnos de zonas rurales y vulnerables. -El cuerpo docente estaba muy comprometido con el colegio y creo que se cerró por un problema administrativo, que venía de la casa central. Hubo un tiempo en que venían directores de otras ciudades y no duraban ni una semana. Ese semestre tuvimos como 10 directores distintos –recuerda Carlos Rivera, que en ese tiempo era el profesor jefe de la carrera de técnico en mecánica. A fines de 2013, el Instituto inició un proceso legal de reorganización judicial, elaboró una lista de activos prescindibles, y cerró cinco colegios, entre ellos el de Pailahueque. Necesitaban con urgencia conseguir dinero para cumplir con los acreedores y cubrir las más de 140 demandas laborales que tenía a lo largo de Chile, y pusieron a la venta el predio donde estaba ubicado el liceo: 45 hectáreas que fueron avaluadas en más de dos mil millones de pesos, con edificio incluido. Meses más tarde, Enrique Hrdalo, presidente del consejo directivo de la fundación, explicaría las razones del descalabro financiero en el que se encontraban. Diría que cometieron un error al hacerse cargo de algunos liceos que el Estado les entregó para que dirigieran, mediante el Sistema de Administración Delegada, y que eso desajustó todas sus finanzas. En una comuna como Ercilla, la más pobre del país, donde la gente vive de la agricultura y la ganadería, y donde el promedio de escolaridad es de apenas 7.1 años, el cierre del único colegio técnico de la zona causó una gran polémica. Antes de concretarlo, hubo tomas, manifestaciones, y reuniones, pero ninguna autoridad logró darle continuidad al proyecto educativo. Aunque los apoderados solicitaron que el liceo siguiera funcionando bajo otra modalidad, la decisión fue irreversible. A comienzo de 2014, 120 alumnos quedaron sin matrícula. Uno de ellos fue Erick, el hijo de Gloria Quiñilén, la presidenta del centro de padres. Él fue de los pocos que logró reubicarse y terminar cuarto medio en una escuela nocturna de Ercilla. -Nadie se preocupó de que los chiquillos siguieran estudiando. Creo que el 10% se fue a Angol a terminar su carrera y el resto se tuvo que ir a trabajar, dejaron sus estudios botados –recuerda Gloria, que luego del cierre le envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet para ver si ella podía interceder, pero nunca recibió respuesta. El gobierno tendría otros planes para ese lugar. LA BASE Matías Huentecol cuenta que la vida en Pailahueque se ha vuelto complicada. Que antes de las forestales y los policías, todo era más fácil. Hoy, además de escasear el trabajo –dice- deben
moverse con cuidado en la calle, como si fueran unos criminales. Se queja del trato inhumano que reciben a diario. -Acá ya no se puede vivir, te controlan a cada rato, abusan del poder. Se atraviesan delante tuyo y se bajan con escopeta en mano, apuntándote. De ahí te registran, con las manos levantadas, y luego te dejan ir. Por estos lados, permanentemente pasan los helicópteros y los drones vuelan como moscas. Uno no puede ir ni al baño sin que te vigilen -describe. Huentecol estaba esperanzado de que el colegio se reabriera. Esperaba que eso ocurriera antes que sus dos hijos llegasen a la enseñanza media, para que no tuvieran que irse del pueblo, pero hoy esa posibilidad es casi nula. Peor aún, el werken dice que sus hijos, y el resto de los niños y jóvenes de la comunidad, viven atemorizados, que ven los blindados de la policía y corren a esconderse. En el último tiempo, la presencia de efectivos en la zona ha ido en aumento. A mediados de octubre de 2015, Bruno Villalobos, general director de Carabineros, dio a conocer el complejo plan de reordenamiento de las fuerzas en la Araucanía. Dijo que se crearía una nueva jefatura, bautizada como Zona Policial de Control de Orden Público, y que ésta se encargaría de perseguir los ataques incendiarios y el robo de madera. Todo esto, en coordinación con la Sección Aérea y el Grupo de Operaciones Especiales. Pailahueque, entonces, se convertiría en el centro de operaciones de la policía y el liceo sería la base de la Prefectura de Fuerzas Especiales. El complejo se sumaría así a la subcomisaría de Pidima, ubicada a 18 kilómetros y creada a mediados del 2012, la misma en que el ministro del interior Jorge Burgos pasó el último año nuevo junto a la policía. El 8 de marzo pasado, según informó Carabineros a The Clinic, el ex establecimiento educacional pasó formalmente a manos de la institución en comodato, mientras se agilizan los trámites para su compra. A fines de ese mes, el Instituto de Educación Rural, informó a sus acreedores que el liceo de Pailahueque estaría a punto de ser vendido en más de mil millones de pesos a Carabineros, contrato que -según dicen las autoridades- debería firmarse en los próximos días. -En la base están haciendo pistas de aterrizaje. Es un internado grande, que tiene capacidad para 300 alumnos, ahí los pacos van a quedar como reyes. Tienen muchas salas y galpones para guardar los blindados –se lamenta Matías Huentecol. Para Gloria Quiñilén, la actual situación no es más que un reflejo de las malas decisiones que ha tomado el Estado en la zona de la Araucanía. La falta de voluntad política -dice- llevó a las autoridades a privilegiar la intervención policial por sobre la educacional. -Si hubiésemos tenido el apoyo este liceo hubiera continuado educando, pero nadie nos ayudó. Me da pena y rabia por nuestras autoridades, no se mueven. Es vergonzoso que algo que sirve para educar, sirva ahora para reprimir. En las próximas semanas, la nueva base estará completamente operativa.
UNA MUERTE, TANTAS MUERTES COOPERATIVA http://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/una-muerte-tantas-muertes/201604-13/161641.html Por: Pamela Soto Vergara
El día lunes en dependencias del Servicio Nacional de Menores falleció una niña de once años por un paro cardio-respiratorio. La muerte de una niña no puede sino conmovernos, pero la conmoción se convierte en horror cuando caemos en la cuenta que además esa niña está internada en un centro de protección del Estado, para protegerla, por ser víctima de –quizás muchas- vulneraciones de derechos. Que la protección termine siendo una condena, es algo que ha sido tan naturalizado que cuando la directora del SENAME entrega una explicación que sugiere, o al menos eso entiendo yo, que la niña murió de pena, nadie se pregunta por qué, en primer lugar, una niña de once años está durante tanto tiempo privada de libertad. Cuando se expone a la niña y su familia al escrutinio público, al mismo tiempo que se evade la responsabilidad de la mirada crítica sobre el propio actuar de la institución, se devuelve perversamente la culpa a las mismas personas que, producto de condiciones de exclusión social, terminan siendo sujetos de la acción de estos programas. Porque el SENAME no está preocupado de todos los niños, sino que específicamente de algunos niños, aquellos provenientes de familias de sectores populares, frecuentemente en situaciones de pobreza y que de alguna manera se constituyen en sujetos indóciles, a quienes se busca domesticar por la vía de la internación, la intervención psicosocial o la medicalización. Cuando Marcela Labraña dice que el Servicio Nacional de Menores “hizo todo lo posible para salvar la vida de la niña” omite, que mucho de lo que el propio Estado hizo, contribuyó a su condición de vulnerabilidad. Esto no es novedad. Cualquiera que se haya relacionado con las instituciones del SENAME, sabe que en un gran porcentaje, esta institución alberga a niños y niñas pobres, que reciben por toda intervención un control estatal intenso, que no es capaz de constituirse en una solución efectiva a sus problemáticas. Dependen del esfuerzo de los trabajadores que en condiciones de máxima precariedad laboral, hacen aquello que les es posible, en ausencia total de regulación.
Lo sabemos porque hace 25 años atrás firmamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en ese acto nos comprometimos como país a enviar informes periódicos al Comité de los Derechos del niño, el que nos ha hecho saber en, a lo menos tres informes de observaciones, que en Chile los derechos de niños, niñas y jóvenes menores de dieciocho años, no son respetados. Y esto es, quizás, lo que más estremece: saber que a esta muerte la anteceden otras muertes, otros horrores más o menos conocidos, jóvenes que se suicidan en los centros del mismo servicio, otros que encuentran dentro de sus dependencias el abuso y el maltrato del que se supone han sido salvados, niños y niñas cuyas trayectorias de vida quedan marcadas con el estigma de su paso por el sistema. Porque a esta niña no sólo no la vinieron a ver el día domingo, no sólo ese día tuvo pena o angustia. Los niños y niñas que pasan por los recintos residenciales del Servicio Nacional de Menores son sometidos a diagnósticos reiterados, diversas intervenciones psicosociales, privados de libertad, reciben fármacos para morigerar su angustia y son entrevistados por psicólogos y trabajadores sociales para examinar su vida sin recibir a cambio una atención que verdaderamente pueda protegerlos de la tremenda injusticia que significa haber nacido en un país donde los niños y niñas no han sido –ni son- prioridad. Quizás no se ha entendido antes, que cuando hemos exigido un debate social abierto a propósito del proyecto “Ley de Garantías de Derechos de la Niñez” y la institucionalidad asociada a el, lo que queremos es que esto no siga sucediendo. Que como sociedad hemos avalado y hemos sido cómplices de una larga historia de acciones de violencia sobre niños y niñas que entre otras cosas, como hemos visto a propósito de esta pequeña niña, pueden resultar en la muerte. Cuando pedimos que se transparenten las condiciones de posibilidad de una verdadera transformación en este ámbito, no queremos una consulta ciudadana, queremos que como sociedad nos abramos a la pregunta por la forma en que consideraremos a los niños, niñas y adolescentes, cuál será el estatuto que tendrán, qué derechos sociales estamos dispuestos a garantizarles, de qué recursos económicos dispondremos, en definitiva, de qué manera se materializarán efectivamente todas aquellas buenas intenciones vertidas en el proyecto. Porque no podemos permitir nuevamente soluciones a medias, porque no queremos más violencia ni más muerte, nos parece una tarea insoslayable que este Gobierno, de manera democrática, considerando la participación de la sociedad, construya una institucionalidad que vaya, más allá de los meros actos declarativos, en la dirección de ofrecer garantía a los niños y niñas de un trato digno, respetuoso de sus derechos y al máximo de nuestras posibilidades.
RINGO STARR CANCELÓ CONCIERTO POR LEY CONTRA COMUNIDAD LGBT COOPERATIVA http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/ringo-starr-cancelo-concierto-por-leycontra-comunidad-lgbt/2016-04-13/210839.html El ex baterista de The Beatles Ringo Starr anunció este miércoles la cancelación de su concierto en Cary, Carolina del Norte, como protesta contra la ley aprobada en ese estado que, en su opinión, ataca a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB). "Lamento decepcionar a mis seguidores en la zona, pero necesitamos tomar partido frente a este odio. Propaguen la paz y el amor", dijo el artista británico en un comunicado en su cuenta de Facebook. Con la cancelación de su concierto en Cary, previsto para el 18 de junio, Starr se une al rockero Bruce Springsteen, que decidió recientemente no actuar en Carolina del Norte para mostrar su oposición a la denominada ley HB2 de "Instalaciones públicas, ley de privacidad y seguridad". La medida impide a los gobiernos locales fijar sus propias normas contra la discriminación sexual y revierte así una ordenanza de la ciudad de Charlotte a favor de los transgénero. La ley estatal, que entró en vigencia con la firma del gobernador Pat McCrory el 23 de marzo, ya ha sido objeto de demanda por parte de organizaciones civiles. "Esta ley abre la puerta a la discriminación en todos los lugares al limitar las leyes antidiscriminación contra las personas debido a su orientación sexual o identidad de género", dijo Starr en su nota. Además, pidió que todo el mundo "apoye" a las organizaciones que están luchando para anular esa ley. "Como (la banda) Canned Heat cantó, 'Trabajemos juntos'. Y como The Beatles dijeron, 'Todo lo que necesitas es amor'", concluyó Starr. El artista tiene planeada una gira veraniega por Estados Unidos que comenzará el 3 de junio en Siracusa (Nueva York) y que concluirá el 2 de julio en Los Ángeles. La pasada semana, Springsteen adoptó una postura de oposición similar a la de Starr y canceló su concierto en Greensboro. En una nota, el artista conocido como "El jefe" aseguró que "algunas cosas son más importantes que el rock y la lucha contra los prejuicios y el fanatismo es una de ellas".
LA CRISIS EN LAS CÁRCELES DE MÉXICO: 10 PROBLEMAS URGENTES SIN ATENCIÓN ANIMAL POLÍTICO http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/
Hacinamiento, falta de custodios, sin protocolos en caso de motín, penales donde los presos asumen las funciones de la autoridad... La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico sobre la situación de violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas, Esta es una de las principales conclusiones que expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos, la persistente falta de atención médica y las malas condiciones de higiene, o que en algunas cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas. “En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, concluyó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, durante la presentación del Diagnóstico de la CNDH. En Animal Político te exponemos una radiografía de la situación de las cárceles, a partir del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Sin avances en el 2015 Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.
Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones. 13 estados tienen cárceles en situación grave de violaciones a derechos humanos Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua. No obstante, el informe hace hincapié en que hasta 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. La prisión que enfrenta peores condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit, con una calificación de 3.9 puntos sobre 10. El Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, es la segunda peor cárcel, con 4.38 puntos. Faltan custodios, malas condiciones de higiene, sin protocolos en caso de motín. Del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, la CNDH refiere que en 104 detectaron que personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes. Asimismo, en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines. En 84 centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor. Además, hasta en 75 centros es una constante la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad. Sobrepoblación, privilegios y falta de oportunidades laborales La CNDH subraya que otro problema reiterado en 65 prisiones estatales es la sobrepoblación de reos y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas. Además, en 71 centros existe hacinamiento. En este sentido, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, explicó que detectaron centros donde 30 reos comparten una celda diseñada para cuatro personas. Otro problema: en 73 centros se detectaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Prisiones autogobernadas por los reos En su diagnóstico, la CNDH documenta otra deficiencia grave: en al menos 71 cárceles los presos asumen las labores propias de la autoridad. Es decir, son los mismos presos quienes brindan ‘seguridad’ a otros reos y ‘gobiernan’ la prisión. En este apartado destacan los casos de la Ciudad de México y el Estado de México, con cinco y seis centros penitenciaros, respectivamente, autogobernados por los prisioneros. En la Ciudad de México, la CNDH documentó que esta situación de autogobierno se da en los Reclusorios Preventivos Varonil Oriente, Norte y Sur; en Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Martha Acatitla. En el Edomex, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlalnepantla, y Cuatitlán.
Las riñas, el acontecimiento violento más recurrente Otra situación grave que expone la CNDH hace referencia a las riñas en los penales. De los 2 mil 110 incidentes registrados en 2015 (mil 142 en cárceles estatales y 968 en cárceles federales), el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas con un total de mil 382 (808 en cárceles estatales y 574 en centros federales).Le siguen los desórdenes con 280 (205 en prisiones estatales); los homicidios con 54 (52 en centros estatales); los abusos con 55 (48 en cárceles estatales); los suicidios con 23 (todos en prisiones estatales), y los motines con 6 (también todos en cárceles estatales). Sonora, donde más riñas se producen en sus penales y con más eventos violentos Por estados, Sonora destaca como el estado donde se producen más riñas al interior de sus penales, con un total de 220 casos. Le siguen el Edomex (87), Chihuahua (75), Nuevo León (74) y Michoacán (51). Asimismo, Sonora también es el estado con mayor número de incidentes violentos en sus cárceles, con 359 casos. Una cifra muy superior a la del segundo clasificado, el Edomex, con 99 casos.
Prisiones de la CDMX, donde más homicidios dolosos La Ciudad de México ocupa el primer lugar de prisiones con mayor número de homicidios dolosos registrados: 14. Le sigue Tamaulipas con 6. Las deficiencias en cárceles federales En cuanto a las cárceles federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en 16 casos hay insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales, en 11 se mezclan procesados y sentenciados; y en 8 hay hacinamiento. En Ciudad Juárez y Sonora, las peores cárceles federales La cárcel federal peor clasificada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de los presos es el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de ciudad Juárez, en Chihuahua. La segunda es el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora. Aquí puedes leer el informe completo: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 by http://www.animalpolitico.com "ESTOY HARTA, HARTA, HARTA, Y FRUSTRADA": EL DRAMA DEL IMPARABLE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN MÉXICO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/04/13/estoy-harta-harta-harta-y-frustrada-eldrama-del-imparable-hostigamiento-sexual-en-mexico/ Poco después de las siete de la tarde del 29 de marzo, Ninde se subió a uno de los vagones exclusivos para mujeres del metro de Ciudad de México. Unas estaciones más adelante se empezaron a subir hombres y uno se puso a su lado, por lo que tomó precauciones para evitar un tocamiento o un robo. Cuando se bajó, tenía el pantalón eyaculado. Decidió hacer la denuncia y lo contó en redes sociales. Lo que vino después la indignó igual que lo sufrido en el metro. El suyo es uno de una serie de casos recientes sobre agresiones sexuales a mujeres que llegaron a los medios de comunicación, contrariamente a lo que sucede la inmensa mayoría de las veces.
Aunque la situación no es nueva ni exclusiva de México, genera un necesario debate en el país que todavía no ha logrado siquiera empezar a contener el descontrolado hostigamiento sexual a las mujeres. Cada hora se cometen 68 delitos sexuales en el país, de acuerdo con cifras oficiales. El dilema del transporte público "Lo que me resulta preocupante es pensar hasta qué punto hemos llegado a normalizar estas situaciones de violencia. Se llegó al punto de que la mujer tiene que aprender a convivir con que su cuerpo en el transporte público no es enteramente suyo", le dice a BBC Mundo Ninde, de 24 años. En los sobrecargados autobuses y metros mexicanos, el contacto se hace por momentos casi inevitable.
Ante la avalancha de tocamientos intencionales las autoridades de la ciudad lanzaron hace ocho años el programa "Viajemos seguras" con vagones exclusivos para mujeres. Ciudad de México es la principal metrópolis latinoamericana que cuenta con este sistema, aunque la separación entre hombres y mujeres en el metro existe desde 1974. Al no estar en funcionamiento constante y a veces sin el control policial para vigilar que no se suban hombres, ha resultado un experimento falible. "Mejor me voy" Los problemas no se dan sólo en el transporte público. Otro de los casos que llegó a los medios de comunicación a comienzos del mes pasado fue el de Andrea Noel, una periodista estadounidense que residía hasta ese entonces en la capital mexicana. Mientras caminaba por una calle del acomodado barrio de la Condesa, un hombre le levantó el vestido, le bajó su ropa interior y salió corriendo. Consiguió la filmación de las cámaras de seguridad, colocó el video en su cuenta de Twitter e hizo la denuncia ante la justicia. Un mes después Noel, de 26 años, decidió que tras vivir tres años en Ciudad de México y varios más en otras partes del país, era momento de partir. "Soy periodista, escribo sobre feminicidios, pero no me había tocado ser el objeto de tanto odio y si recibes miles de mensajes diciendo que eres una puta y una pendeja, entonces dices güey, mejor me voy a un lugar donde no piensen de esta forma", le dice a BBC Mundo. "Me ha pasado tantas veces que te nalguean, te agachas y sientes una mano, y son tantas que el estrés no lo vale; estoy de verdad harta, harta, harta y frustrada". Insultos y amenazas Tras divulgar las agresiones sufridas en sus redes sociales, Ninde y Noel recibieron un aluvión de mensajes ofensivos, insultos y hasta amenazas de muerte. A Ninde le dijeron que debería sentirse bien que un hombre se haya masturbado pensando en ella, que si sabe que el metro va lleno debería tomar un Uber y que estaba mintiendo y se había tirado yogur en el pantalón. Cuando fue a hacer la denuncia, una de las primeras cosas que le dijeron en la fiscalía fue: "¿Va a denunciar? El trámite tarda de 4 a 6 horas". A Noel en la fiscalía le explicaron que se le debía hacer un dictamen psicológico porque su agresor tenía derecho a saber quién lo acusaba y si estaba loca o no. Y fue una "tortura", cuenta. "Dura cinco horas si tienes suerte, te preguntan a qué edad te desvirgaron, cómo era la relación con tu padre, cómo defines la palabra sexualidad, dibuja una casa, un árbol, un hombre y narra un párrafo sobre el hombre que dibujaste (...) ahí me tienes llorando, temblando y dibujando un puto
árbol, es ofensivo. Da coraje y no es por mi caso, este es el menor de los casos, en cada momento me he imaginado en cada paso del proceso, imagina si me estuviera violando mi marido". Críticas al sistema Las autoridades reconocen que hay aspectos que deben ser mejorados. "Ese proceso tiene que cambiar. No puede ser que una mujer tenga que esperar tres horas y someterse a todo un rollo de este tipo por eventos que pudieran sancionarse más eficazmente y mandar una señal más certera de que no vamos a tolerar esto", le dice a BBC Mundo Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de Ciudad de México. El primer diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en el país divulgado el mes pasado y realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuestiona el sistema. Existe un "amplio desconocimiento" en el sistema judicial de los derechos de las víctimas y una "falta de sensibilidad" y la impunidad es alta, en parte, por una cultura que culpabiliza a las víctimas y donde se ven como normales el acoso o el hostigamiento sexual. El estudio cuestiona que todavía existan códigos penales en el país, entre ellos el de la capital, donde se deba probar un resultado material consistente en un daño o prejuicio para que se pueda configurar el delito de hostigamiento sexual. Incháustegui Romero reconoce que la "ola mediática" es una oportunidad para "sensibilizar sobre el problema tanto entre la población y los propios medios como internamente al gobierno". Para la directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ximena Andión Ibáñez, la clave por empezar a resolver el problema pasa por el combate a las actitudes que muchos hombres ni siquiera ven como negativas. "Me parece que es fundamental empezar con aquellas expresiones que parecen chiquitas de violencia pero que son fundamentales para ir rompiendo esos círculos de impunidad, esos círculos de violencia e ir desnormalizando la violencia", le dice a BBC Mundo. "El tema del acoso en las calles y el transporte", afirma, "parece algo mínimo pero para las mujeres significa la decisión de salir o no a la calle, de cómo sales, a qué hora, cómo te vistes". ------------#VivasNosQueremos Bajo el lema #VivasNosQueremos, el 24 de abril diversas organizaciones sociales realzarán en más de 20 localidades de México una movilización nacional contra la violencia machista. El objetivo, aseguran los organizadores, es: "Sumar a todas las personas que deseen tomar acciones para visibilizar, cuestionar y denunciar todas las violencias machistas de las que las mujeres somos víctimas todos los días, en todos los espacios". "¡¿Por qué eres tan hijueputa?!" La reconocida columnista y feminista colombiana Catalina Ruiz Navarro, radicada en Ciudad de México, cuenta que cuando le gritan por la calle no se queda callada.
"A uno le dan ganas de regresarse a la casa y además uno se siente culpable. Ahora que hace calor y estoy caminando por México con esta falda hoy le he gritado a tres tipos en la calle: ¡¿Por qué eres tan hijueputa?! ¡Ven y dímelo en la cara!". "La manera en que nosotros habitamos el espacio es de permanente autodefensa", le dice a BBC Mundo. "Las mujeres no lo hacemos consciente pero voy a ir a un lugar y miro la calle, miro si tiene recovecos, si hay un lugar oscuro, si hay un grupo de hombres. Cada vez que me enfrento a un espacio hago un análisis de riesgo para ver si puedo transitar". Así viven las mujeres y los hombres no sólo no suelen verlo sino que contribuyen a que la mujer sufra en la calle. En medio del debate público de las últimas semanas el periodista Daniel Moreno, director del portal Animal Político, escribió una columna ampliamente difundida en redes titulada "Este texto es sólo para hombres": (se publica en la siguiente noticia). "En este país, una mujer debe saber que en la calle, en la oficina o en la escuela, hay hombres convencidos de que pueden agredirla, acosarla, insultarla, solo porque son mujeres. "Y no hablo de hombres 'enfermos', sicópatas. Hablo de casi cualquier hombre-jefe-compañeropariente-colega-desconocido, que además sabe que su agresión quedará impune. Gente común, que ha normalizado esta violencia". El desafío de cambiarles la mentalidad a estos hombres es mayúsculo. La receta de Ruiz Navarro, por ejemplo, es confrontarlos y hablarles. "Es un trabajo de reeducación, mi esposo te dirá que es un macho en rehabilitación (...) Todas las mujeres tenemos que hacer esto todo el tiempo. Hay que educar a nuevos hombres, porque a los hombres de mi generación los educaron machistas". Y a nivel de políticas públicas asegura que hay mucho por hacer. Desde promover la igualdad a partir del jardín de infantes, pasando por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, hasta mayor licencia de paternidad, todo en aras del empoderamiento de la mujer. "Lo que hay que hacer con los hombres es una reflexión sobre el tema de las masculinidades", considera Andión Ibáñez. "Es trabajar con hombres y mujeres sobre los roles que les ha asignado la sociedad". Hace hincapié en que no es posible que un programa gubernamental cambie la situación. "Se necesita realmente una respuesta multidimensional, de muchos niveles, desde lo personal hasta lo institucional... lo educativo, las campañas, los medios de comunicación, y las personas y los cambios personales, va a tomar muchísimo tiempo". El Instituto Beauvoir junto al Banco Mundial lanzó el mes pasado la campaña "Hazme el paro" (Hazme un favor) que busca que los pasajeros y choferes no se hagan los desentendidos cuando son testigos de una agresión sexual en el transporte público.
Por el momento se trata de un plan piloto con una línea de autobús que recorre la avenida Revolución de la ciudad. A través de una aplicación, los usuarios pueden reportar el abuso a la Secretaría de Seguridad Pública y también tienen la opción de hacer sonar en el autobús una grabación con la advertencia: "Lo que está haciendo es un delito y los demás se han dado cuenta". La idea es hacer "corresponsables a los hombres y a las mujeres y a todo el mundo de prevenir el acoso, cómo más allá de esperar una respuesta de la autoridad puede haber una respuesta de la comunidad", explica Andión Ibáñez. "Son acciones chiquitas que permiten ir reconstruyendo el tejido social", agrega. Inmujeres en la capital ya prepara el lanzamiento de la campaña "Ciudad segura y amigable para las mujeres" y la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) recientemente puso en marcha la iniciativa "Nosotros por ellas". El objetivo es promover la construcción de un nuevo modelo de masculinidad, que fomente el respeto, la igualdad y la equidad de género. Recursos públicos en campañas y programas oficiales y privadas para atacar el problema no faltan. Pero el camino para que las mujeres en México vivan día a día con tranquilidad todavía es largo y está cargado de obstáculos. ESTE TEXTO ES SÓLO PARA HOMBRES PORTAL ANIMAL POLÍTICO http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/04/04/este-texto-es-solo-parahombres/ Nunca he perdido un segundo en pensar qué ropa voy a usar según con quién me reuniré, ni he sentido miedo al pasar cerca de un grupo de mujeres. Suena absurdo, ¿no? ¿Tenerle miedo a un grupo de mujeres? Blog Invitado Por: Daniel Moreno (@dmorenochavez) , Periodista y director del portal Animal Político Yo sé que ustedes me van a entender: por las mañanas, cuando me visto, nunca he perdido un segundo en pensar “¿voy a tomar el Metro? Entonces, ¿qué tipo de pantalón tendré que usar?” Quizá en alguna ocasión he tenido que pensar que debo vestirme un poco más formal, si tengo una junta de trabajo que lo requiera. Pero nunca he pensado si mi camisa o mi pantalón puede ser “mal interpretado” por la persona con la que voy a reunirme. Menos he tenido que pensar cómo hago para “verme intencionalmente feo”. Si el transporte público va muy lleno y hay una mujer detrás de mí, nunca he considerado que deba vigilarla.
Si camino por la calle y veo un grupo de mujeres, nunca he sentido miedo por pasar cerca de ellas. ¿Me cambio de acera? Me cuesta trabajo imaginar que, si algo me pasara, un policía o un agente del ministerio público me diría que me lo busqué por la forma en cómo iba vestido. Nunca he tenido una jefa que me diga “chaparrito”, ni “príncipe”, ni “guapo”. Y si alguna vez he tenido que denunciar algo vía redes sociales, nunca he recibido tuits o mensajes de mujeres diciéndome que me lo merezco o que me harán algo peor. Nunca. Suena absurdo, ¿no? ¿Tenerle miedo a un grupo de mujeres? Pero si nunca he sentido, sufrido, pensado o padecido algo de esto no es porque tenga algún poder especial o porque sea diferente. Es simplemente porque soy hombre. Y por eso suena tan absurdo. Porque si fuera mujer, todos los “nunca” que han leído tendría que cambiarlos por unos “siempre”. Una mujer siempre tiene que pensar en la ropa que va a usar, siempre corre un riesgo al pasar en medio de un grupo de hombres, siempre será culpada por la forma en que un hombre reaccione… Porque en este país, una mujer debe saber que en la calle, en la oficina o en la escuela, hay hombres convencidos de que pueden agredirla, acosarla, insultarla, solo porque son mujeres. Y no hablo de hombres “enfermos”, sicópatas. Hablo de casi cualquier hombre-jefe-compañeropariente-colega-desconocido, que además sabe que su agresión quedará impune. Gente común, que ha normalizado esta violencia. El tema no es nuevo, aunque es normalmente invisible. Pero en los últimos días pienso más en mis “nunca”, a causa de los casos sobre violencia contra las mujeres denunciados en los medios. Un día toca la nota de una periodista que sufrió abuso sexual en un pesero. Al día siguiente el caso de Daphne en Veracruz. Luego, otra mujer que se atrevió a usar falda en el transporte público y se topó con un tipo que la grababa con su celular. Uno más que violó a una mujer y subió el video en una página porno… Nunca les hubiera pasado si fueran hombres. Ni qué decir de violaciones no denunciadas (80 por ciento, según los cálculos de Amnistía Internacional) y los feminicidios, ocurridos todos los días, sin excepción. Por eso la insistencia, porque no hablo de lo extraordinario, sino de lo normal, aunque sea con frecuencia silenciado. Ya lo reveló un estudio realizado por El Colegio de México: 80 por ciento de las mujeres se sienten inseguras al transitar por la ciudad de México; una de cada dos mujeres han sido agredidas sexualmente, por una frase, un tocamiento o una violación; el 40 por ciento de las mujeres ha modificado su vestimenta si van a usar transporte colectivo. No sería así, si fueran hombres. Ya lo denunció Daphne, en su conmovedora carta pública:
“Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad. ¿Por eso me van a juzgar? ¿Por eso me lo merecía? ¿Por eso pasó lo que pasó? ¿Por andar de noche con mis amigas?” Jamás le hubiera pasado si fuera hombre. Y ahí está el origen del porqué los hombres creemos que la violencia que ejercemos contra las mujeres no existe, fue provocada, era sólo un chiste o no se hace “con ganas de agredir”. Porque es normal. Porque era solo un piropo. Por supuesto, hay un fallo grave en las políticas diseñadas por los gobiernos federal y estatales que han sido incapaces de frenar la impunidad, que es una constante en estas agresiones. Hay estados, como todos lo sabemos, que ni siquiera penalizan la mayoría de los diferentes tipos de agresión. Esos gobiernos no han sido capaces de diseñar políticas que permitan la denuncia y la persecución del delito, y se han quedado muy cortos en lo que se refiere a la prevención. Sin embargo, no podemos eludir que tampoco hemos sido capaces de erradicar esta violencia en cada casa, ahí donde se vive agresión física, sexual o emocional. No es ninguna sorpresa decir que los hombres hemos sido educados bajo el criterio patriarcal, según el cual las mujeres son nuestra propiedad y la violencia nuestra prerrogativa. Por eso hay que repetir que el germen está en el machismo, la desigualdad y la discriminación que se enseñan en cada casa. La violencia machista, hay que insistirlo, cobra víctimas todos los días. Y debe cesar. A los periodistas, por lo pronto, nos toca informar y denunciar, sin revictimizar a la mujer. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que gritarlo todos.
LOS NIÑOS QUE SE ENFRENTAN SOLOS A TRIBUNALES DE DEPORTACIÓN EN EU ANIMAL POLÍTICO http://www.animalpolitico.com/2016/04/los-ninos-que-se-enfrentan-solos-a-tribunales-dedeportacion-en-eu/
“Tiene derecho a hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno de oficio”. Muchos de nosotros hemos oído estas palabras en numerosas películas y series de televisión estadounidenses. Sin embargo, no siempre es así. Miles de menores inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin compañía o que son hijos de inmigrantes indocumentados deben comparecer ante cortes migratorias sin representación legal. Los pequeños, que en algunos casos no llegan a los 5 años, se tienen que defender a sí mismos en procesos judiciales en los que se exponen a su propia deportación.
Para ello se espera que comprendan la compleja legislación migratoria. El gobierno estadounidense se apoya en el hecho de que la obligación de asignar abogados de oficio a quienes no se lo pueden permitir sólo atañe a los procesos penales y los casos migratorios se dirimen en cortes civiles. Del otro lado, organizaciones de derechos humanos luchan por cambiar esa realidad y esperan que se resuelva una demanda colectiva que presentaron contra el Departamento de Justicia de EU para que se fuerce al gobierno a ofrecer asistencia legal a los menores. En medio de este litigio, están los protagonistas de esta historia: los niños. Casos en los que peligra la vida Arturo (nombre ficticio) tenía 3 años cuando llegó a EU en abril de 2014. Su madre tuvo que huir de El Salvador, donde fue amenazada por el hombre que la violó y la dejó embarazada de Arturo, y el niño se quedó con su tía. La familia continuó temiendo por su seguridad en el país centroamericano y Arturo fue trasladado a través de México hasta la frontera con Texas. Inmediatamente fue puesto bajo custodia del gobierno estadounidense, que inició el proceso para su deportación. Mientras espera la resolución del proceso, Arturo está en Los Ángeles, California, con su madre, que tiene la residencia permanente. Sin asistencia legal y con apenas 6 años, Arturo no puede explicar ante una corte de migración si puede optar a protección en EU. “Tener que presentarse solos ante una corte migratoria tiene un efecto devastador sobre los menores“, le dice a BBC Mundo Clara Long, investigadora de la organización Human Rights Watch, especializada en política migratoria de EU. “Los niños tienen que presentar argumentos legales, solos ante el juez, mientras en la mesa del otro lado se enfrentan a abogados formados”, añade. “Cualquiera de nosotros tendría problemas, los niños son el caso extremo”. No piensa lo mismo el juez de inmigración Jack H. Weil, quien en octubre de 2015 desató la polémica al declarar que los niños de 3 y 4 años son capaces de comprender la legislación migratoria. “He enseñado derecho migratorio literalmente a niños de 3 y 4 años“, indicó Weil como parte de un testimonio jurado en una corte federal. “Requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Lo entienden. No es lo más eficaz, pero se puede hacer”. Tras la indignación generada por sus declaraciones, Weil matizó sus palabras y dijo que se sacaron de contexto.
Ansiedad y temor La profesora de antropología en la Universidad de Georgetown, EU, Susan Terrio, entrevistó a miles de jóvenes que se han visto en esta situación. Lo que vio fue una serie de niños asustados, que apenas respondían con monosílabos a las preguntas del juez y que a menudo no entendían lo que se les preguntaba. En conversación con BBC Mundo, Terrio habla de la ansiedad y el temor que percibió en los menores. “La primera aparición ante una corte migratoria federal fue una experiencia desconcertante y aterradora para todos los jóvenes que entrevisté”, afirma. “En la audiencia la mayoría se enfrenta sin representación legal a poderosos abogados que representan al gobierno. Esto no hace más que aumentar su ansiedad y el temor a la deportación”. Terrio sostiene que los jóvenes con los que habló recordaban muy poco sobre sus derechos bajo custodia federal. “No distinguían entre las autoridades adultas que trabajan directamente para el gobierno (personal de los centros de detención, jueces de inmigración, fiscales públicos, agentes de la frontera) de los que afirman ser independientes (abogados de oficio y trabajadores sociales contratados para hacer una revisión independiente de sus casos)”, relata. “Del país rojo” – “¿De qué país eres?”, le pregunta una voz en off a una niña que no llega a los 3 años y que mira sonriente a la cámara. – “Del país rojo”, responde, y más tarde aclara: “en realidad es rosa”. Otros menores exclaman “¡de Nueva York!”, “¡de Massachussetts!” hasta que la misma voz le pregunta a una niña de más de 6 años: “¿Sabes lo que es un país?”. “No”, dice la menor. Son imágenes de un video que forma parte del material con el que cuenta la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para exigirle al gobierno de EU que cambie su normativa y garantice representación legal para cada uno de los menores que corren el riesgo de ser deportados. La ACLU junto con otras organizaciones como American Immigration Council, Northwest Immigrant Rights Project, Public Counsel y K&L Gates LP presentó en 2014 una querella en un tribunal de distrito de Seattle, estado de Washington. En la demanda, conocida como el caso J.E.F.M. vs Lynch, se acusa a las autoridades de violar la cláusula de la Constitución que garantiza el debido proceso y la ley de inmigración y nacionalidad que defiende “una vista completa y justa” ante un juez de inmigración. Reacción del gobierno El gobierno, por su parte, desestimó la demanda y argumentó que no tiene una obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en cortes de inmigración.
Además, aseguró en su defensa que ningún menor se ha visto perjudicado por esta realidad. “Esta reacción del gobierno es sorprendente”, señala la abogada Kristin Macleod-Ball, de American Immigration Council. “Hay información fácilmente comprobable, datos del TRAC con los que es muy claro ver que cada año a miles de niños sin abogado se les ordena que abandonen el país“, subraya.
Los gráficos del servicio de datos públicos TRAC reflejan la disparidad en las resoluciones dependiendo de la presencia o no de un abogado. La instancia que menciona Macleod-Ball es la organización Transactional Records Access Clearinghouse, un servicio de recopilación, investigación y distribución de datos de la Universidad de Siracusa. “Si se estudian los datos, se ve que los casos de los niños que sí tienen abogado van mucho mejor, es más probable que tengan un resultado exitoso en su proceso”, prosigue la abogada. “Creo que en un básico sentido de justicia, estos chicos deben tener una oportunidad para al menos argumentar sus casos ante la corte con la representación adecuada, es realmente lo único que estamos pidiendo”, concluye.