Prensa 14 noviembre

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TEMARIO: 1. LORENZA CAYUHAN, COMUNERA MAPUCHE: "GENDARMERÍA ME HABÍA PROHIBIDO HASTA FOTOGRAFIAR A MI HIJA" 2. SE PROMULGÓ LEY QUE ACABA CON LA JUSTICIA MILITAR EN JUICIOS DONDE ESTÉN INVOLUCRADOS CIVILES 3. AFDD: "PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DEBE DAR UN PASO AL COSTADO" 4. FEMICIDIOS: DESDE EL SENADO PIDEN AL GOBIERNO DAR URGENCIA A PROYECTOS QUE ENFRENTAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 5. COMANDO DE LA ARMADA PRESENTA DEMANDA LABORAL POR DISCRIMINACIÓN 6. DONALD TRUMP DICE QUE DEPORTARÁ A 2 O 3 MILLONES DE INDOCUMENTADOS 7. COLOMBIA: QUÉ CAMBIOS TRAE EL NUEVO ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC


LORENZA CAYUHAN, COMUNERA MAPUCHE: "GENDARMERÍA ME HABÍA PROHIBIDO HASTA FOTOGRAFIAR A MI HIJA" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/13/lorenza-cayuhan-comunera-mapuchegendarmeria-me-habia-prohibido-hasta-fotografiar-a-mi-hija/

Desde el 14 de octubre que la comunera mapuche Lorenza Cayuhán permanece internada en la clínica de la mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, donde tuvo el parto de su guagua engrillada y vigilada por un funcionario de Gendarmería, informa La Tercera. Cayuhán cumple una condena de cinco años por robo con intimidación en Arauco. Hoy, se encuentra en compañía de su hija Sayen y recibe a diario la visita de su familia. Todo esto dado que los


tribunales mantienen pendiente la resolución sobre la orden de no innovar que ha paralizado el alta de la joven y de su hija. "El 13 de octubre salí de la cárcel al Hospital de Arauco, con esposas y el chaleco amarillo. Me llevaron en taxi. Cuando llegué me sacaron todo, porque la doctora lo pidió para poder examinarme, y ahí me dijo que los exámenes estaban alterados. Como a las 4 de la tarde me sacaron para Concepción, con esposas en los pies, amarrada a la camilla", recuerda. "Cuando llegamos a Concepción, el doctor me estaba esperando. Me pusieron en una camilla de preparto y me volvieron a amarrar. Yo creo que los médicos no se dieron cuenta de que estaba con los grilletes, porque estaban mis pies tapados. Los gendarmes habían entrado a la sala, pero el doctor los sacó, porque en la pieza había más mujeres. Ahí los exámenes estaban igual de mal, el médico me dijo que había que interrumpir el embarazo. Tenía miedo, porque no quería cesárea. El doctor me dijo que estaba corriendo riesgo, así que tenía que ser cesárea sí o sí, y que me iban a llevar a la clínica, porque en el hospital no había cupo", dice. "Yo le pedí a la funcionaria si le podía avisar a alguien de mi familia. Me dijo que no tenía ningún problema en llamar, pero que tenía que pedir permiso. Ella me dijo que había preguntado y le habían dicho que no, porque le correspondía avisar a la asistente social. Me imaginé que no iban a llamar, así que se lo pedí a la doctora". Agrega que "ella me pidió el número de teléfono y llamó a mi mamá. Le dijo que me trajeran cosas, porque mi bebé iba a nacer. Mi mamá llegó como a la una de la tarde. A ella y al gendarme les pasaron ropa, gorro y mascarilla para estar en el pabellón. Me sacaron de la camilla y me pasaron al quirófano. Ahí el gendarme me sacó la esposa que estaba sujeta a la camilla y me la puso en los dos pies. Me trajeron dos custodias mujeres, pero en el rato del parto, mi tío fue a comprar al supermercado y se encontró con las dos funcionarias comprando. Entonces se dio cuenta de que yo estaba con el funcionario varón". Por último, expresa que " Gendarmería me había prohibido hasta tomarle fotos. Mis papás tuvieron que hablar con el abogado para que sacaran esa medida. Yo soy la mamá y decido qué hacer con mi hija. La condenada soy yo, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no con ella. Hoy me privan de eso, ¿y mañana qué?".


SE PROMULGÓ LEY QUE ACABA CON LA JUSTICIA MILITAR EN JUICIOS DONDE ESTÉN INVOLUCRADOS CIVILES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/11/338180/se-acaba-la-justicia-militar-para-juicios-endonde-esten-involucrados-civiles/

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este viernes una nueva ley, esperada durante años por organizaciones de derechos humanos, que exime de la Justicia Militar a las causas en donde se vean involucrados civiles, las que ahora deberán ser vistas exclusivamente por la justicia ordinaria. En su Artículo 5, la normativa cambia el Artículo 1 de la ley N° 20.477, que Modifica la Competencia de Tribunales Militares, estableciendo ahora dentro de las restricciones de la competencia de los tribunales militares que “en ningún caso, los civiles y los menores de edad que revistan la calidad de víctimas o de imputados (Nota del redactor: lo destacado es lo que se agregó) estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares” y que ésta “siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal”. “Es lo correcto y es lo que se nos había recomendado como Estado por parte de los organismos internacionales”, señaló la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, haciendo alusión, por ejemplo, a la exigencia que este año realizó Amnistía Internacional (AI) a Chile en términos de que se debía terminar la Justicia Militar para casos en donde se veían afectados civiles por parte de las policías. A juicio de la organización, el sistema de justicia penal militar “pone en duda la imparcialidad e independencia del juicio” e impide “resguardar los derechos humanos”. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional, fue contundente entonces para ejemplificar aquello: “Que un carabinero sea juzgado por el tribunal militar es equivalente a que un delincuente sea enjuiciado por miembros de su familia”.


Mucho antes, en noviembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado chileno por la inadecuada inclusión de civiles como intervinientes en tribunales castrenses en el contexto de la sentencia del caso “Palamara Iribarne vs. Chile”. Entonces la Corte concluyó que en caso de que el Estado considerara necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debía limitarse solamente al conocimiento de delitos cometidos por militares, por lo que se ordenó al Estado chileno modificar su legislación. La Justicia Militar y la “predictibilidad” El abogado Humberto Palamara, del caso “Palamara Iribarne vs. Chile”, valoró esta modificación, señalando que “es una reforma que tenía que venir y que estaba pendiente, porque la Corte Interamericana ordenó al Estado de Chile terminar con toda posibilidad de juzgar civiles”. En ese sentido, el profesional apunta a que nuestra legislatura hasta ahora había mantenido algunos casos en donde cuando el autor era militar y había cometido el delito en actos de servicio y la víctima era civil, ésta quedaba inmersa en la Justicia Militar. “Ese civil no tenía derecho a querellarse, por ejemplo, lo cual era tremendamente grave porque quedaba en una posición de desventaja muy grande con respecto a otros civiles que tuvieran por autor del delito a una persona que no fuera militar”, explica.


Palamara ejemplifica cómo funciona la Justicia Militar mencionando una de las características importantes que se le atribuyen, la “predictibilidad”. ¿Qué significa esto?: “Cuando uno conoce el delito y conoce al autor, puede predecir cuál va a ser su resultado sin ningún temor a equivocarse”, explica el abogado, y agrega: “Si el acusado es una persona que tiene el grado de teniente coronel hacia arriba y comete un delito con características militares, obviamente sabemos que no va a ser condenado, y la víctima, que es un civil, va a quedar en la completa indefensión y vamos a tener una sentencia absolutoria a favor de este militar”, explica Palamara. “Revisar los protocolos de Carabineros”

Fotografía de Jorge Brito tras las lesiones sufridas

En 2013, en medio de una manifestación estudiantil, el dirigente de la Universidad Santa María, Jorge Brito, terminó con 7 puntos en su mentón, además de una contusión testicular y escrotal, entre otras lesiones, tras una brutal detención por parte de carabineros. Uno de los imputados en esa causa es el sargento 2° Marco Guerrero Martínez, el mismo que habría dado muerte en julio de 2015 al trabajador contratista de Codelco, Nelson Quichillao. Respecto a esta modificación del alcance de la Justicia Militar, Brito sostiene que si bien no es retroactiva y no implicará un cambio en causas como la que lleva él, “es importante, es algo que emociona a todos aquellos que han estado en la calle, trabajando por terminar con la impunidad que otorga la justicia militar en Chile”.


El ex dirigente agrega que no lo esperaba, considerando “las señales bastante confusas del gobierno en torno a lo que es derechos humanos”. Pero junto con ello, hace hincapié en la necesidad de que “se revisen los protocolos de Carabineros y se vea también de qué manera el Ministerio Público va a investigar todos estos casos de abuso policial, de tortura, de detenciones ilegales, que tarde, mal o nunca obtienen algo de justicia”.

AFDD: "PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DEBE DAR UN PASO AL COSTADO" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/14/afdd-presidente-de-la-corte-suprema-debedar-un-paso-al-costado/


La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Lorena Pizarro, aseguró que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, "debe dar un paso al costado". Esto se presenta después de que Dolmestch se mostró a favor de otorgarles beneficio de libertad condicional a los condenados por delitos de lesa humanidad. "Creo que los condenados por derechos humanos tienen derecho a libertad", dijo este sábado el presidente de la Corte Suprema en declaraciones a La Tercera. "El derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora viene el derecho humano de los condenados", añadió. Para Pizarro las palabras de Dolmestch son "extremadamente lamentables" e "indignantes", según dijo en declaraciones a los medios locales. "Alguien que hace un desconocimiento absoluto al derecho internacional humanitario, en su condición de presidente de la Corte Suprema, debe dar un paso al costado", agregó la presidenta de la agrupación de derechos humanos. Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto dijo "no compartir" lo declarado por la autoridad judicial. "Los condenados por crímenes de lesa humanidad) deben cumplir la totalidad de sus penas en prisión. Más aún cuando la inmensa mayoría de ellos ni siquiera ha manifestado un asomo de arrepentimiento o de conciencia del mal que les causaron a miles de chilenos", sostuvo Soto. En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez aseguró que las palabras de Dolmestch son las de un "juez preocupado por las personas". Asimismo, recalcó la importancia de construir una "política pública que asegure el 'nunca más' que impida que vuelvan a cometerse los crímenes de la dictadura. Y para ello es indispensable que los que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cumplan efectivamente sus penas". Por otro lado, las palabras de Dolmestch fueron "valoradas y apreciadas" por Raúl Meza, abogado del ex agente de la policía secreta de Pinochet, Miguel Krassnoff, quien cumple condena de prisión por crímenes de lesa humanidad. "Compartimos plenamente la postura del ministro Dolmestch al manifestar que la libertad condicional es un derecho que tiene todo reo en este país, sin excepciones de ninguna naturaleza", indicó Meza. "Esperamos que el discurso sea consecuente con la práctica judicial, considerando que hace 15 días, el presidente de la Corte Suprema rechazó un recurso jerárquico que presentamos en favor de la libertad de Miguel Krassnoff", añadió. El diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma también valoró lo declarado por Dolmestch y aseguró que las personas que están presas en Punta Peuco -la prisión especial para violadores de los derechos humanos encarcelados en Chile- "también tienen derechos humanos que hay que respetar".


FEMICIDIOS: DESDE EL SENADO PIDEN AL GOBIERNO DAR URGENCIA A PROYECTOS QUE ENFRENTAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/14/338479/femicidios-desde-el-senado-piden-al-gobiernodar-urgencia-a-proyectos-que-enfrentan-la-violencia-de-genero/

Una mayor coordinación de los recursos fiscales y el impulso decidido de una agenda legislativa que haga frente a la violencia de género solicitaron diversas senadoras y senadores en el marco de la treintena de casos de violentas agresiones que han terminado en femicidio, en lo que va corrido del año. Junto con solicitar al Ejecutivo que otorgue urgencia a una batería de proyectos que apuntan a hacer más efectivas las medidas de protección sobre las mujeres, endurecer las sanciones contra los agresores y el cumplimiento efectivo de las penas, los legisladores instaron al gobierno a disponer los recursos necesarios para implementar las mejoras tecnológicas que permitan perseguir efectivamente los objetivos propuestos. Uno de estos proyectos es el iniciado en moción de las senadoras Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz y Lily Pérez San Martín, que modifica la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar (Boletín 10705-07), en lo relativo a las medidas de protección a las víctimas y al cumplimiento efectivo de las penas. La iniciativa se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.


Este proyecto se suma a otra moción impulsada por la senadora Adriana Muñoz (Boletín 9715-07), que se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución, y que permite incorporar el monitoreo telemático como medida cautelar en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar. También se encuentra pronto a ser analizado en Sala el proyecto que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 645, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. Urgente llamado

Al respecto, la senadora Isabel Allende hizo un llamado al Ejecutivo para que otorgue urgencia a por “lo menos tres mociones que hemos presentado un grupo de parlamentarias y parlamentarios también y que tienen que ver con la violencia de género, como la que busca mejores maneras de prevenir o morigerar este tipo de delitos o bien, tener una justicia verdadera”. Asimismo, recalcó que “hemos tenido que lamentar el femicidio número treinta en Quillota y ya está bueno. Nosotros hemos hecho mociones concretas, muy importantes, que tienen que ver con los pisos y los techos de las sanciones para que pueda haber, a lo menos, un piso para que sean más efectivas las medidas cautelares, que tienen que ver con que cumplan un año efectivo de prisión aquellos que son reincidentes”. Por su parte, la senadora Lily Pérez, coautora de proyectos para mejorar la legislación vigente en materia de femicidios y de agravantes, coincidió en que junto con poner urgencia a los diversos proyectos también se requieren los recursos necesarios. “No puede ser que cada vez que haya una crisis, un problema, un crimen, se ponga de relevancia una vez más en la agenda pública esto que es algo permanente. Esto nos preocupa a la sociedad, este es un problema del país, donde vemos con lamentación que cada cierto tiempo tenemos en la agenda pública nuevos crímenes contra mujeres o contra niños o abusos o contra adultos mayores”, señaló.


Por su parte, el senador Pedro Araya acogió el llamado de sus colegas y señaló que la Comisión de Constitución está haciendo un esfuerzo por revisar distintos proyectos de ley, pero las urgencias dependen del Ejecutivo, más aún cuando involucran recursos públicos. En tanto, el senador Felipe Harboe recordó que se ha estado analizando el proyecto que establece el uso del brazalete electrónico como medida cautelar, para efectos de evitar la agresión de mujeres durante el desarrollo de algún tipo de investigación. Coincidió con su par el senador Alberto Espina, quien explicó que “las medidas cautelares que se pueden decretar dicen relación con los brazaletes y nosotros le hemos pedido al Gobierno que otorgue los recursos para que puedan contarse con los brazaletes”.

La senadora Adriana Muñoz, también coautora de diversas mociones, agregó que “habría que hacer un llamado al Gobierno porque en el Presupuesto del 2016 hay 35 mil millones de pesos destinados a la compra de brazaletes para los imputados y que están en libertad condicional, y que tienen la posibilidad de salir de la cárcel”. Sin embargo, detalló, “de esos 35 mil millones se han ejecutado el 10 por ciento. O sea, hay plata en la Ley de Presupuestos, incluso el 2016, para comprar brazaletes. Entonces, podríamos establecer en la Ley de Presupuestos 2017 de la Partida de Justicia que estos


recursos se destinaran no solamente para los reos de sede penal que cumplen parte de la condena en libertad, sino que también se destinaran a estos usos para las medidas cautelares en sede familia”. Finalmente, el senador Alejandro Navarro, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, precisó que esta instancia está en condiciones, si la Comisión de Constitución no tiene el espacio y tiempo, para ver y revisar y así poder apresurar el trámite de esos proyectos de ley relacionados con el combate al femicidio.

COMANDO DE LA ARMADA PRESENTA DEMANDA LABORAL POR DISCRIMINACIÓN EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/14/338191/comando-de-la-armada-presenta-demandalaboral-por-discriminacion/ Nazario Zúñiga, ex funcionario de la institución naval y presidente de la agrupación "Chile te Cuida", formada en defensa de los miembros de las FFAA, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería que denuncian maltratos de sus respectivos mandos, afirmó que el sargento Claudio Machuca "está echado de forma incorrecta".

Vistiendo uniforme y respaldado por los fallos de la Corte Suprema que protegen el derecho de funcionarios públicos a recurrir de tutela frente a despidos injustificados y arbitrariedades cometidas por el Estado, el sargento primero de la Armada, Claudio Machuca Leal, presentó una demanda laboral para revertir la decisión de una junta secreta de la institución que lo echó a la calle sin ofrecer explicaciones.


“Yo espero que el mando recapacite y pueda reconocer que cometieron una injusticia conmigo”, señaló en conversación con El Ciudadano el marino, acongojado pero confiado en ganarle en tribunales a la Armada cuando visitó la ciudad de Santiago para interponer la acción, con el patrocinio del abogado Marcelo Figueroa. Su hoja de vida registra una carrera intachable. Tiene especialidades de buzo táctico, soldador, paracaidista, combate especial y empacador de paracaídas. Siempre estuvo en Lista 1 y con calificación sobresaliente, a excepción del período 1993-1994, cuando un superior le anotó dos faltas leves. En 2011 fue enviado a Haití, como seguridad personal del comandante del Batallón Chile, fuerza que cumple actividades de “mantenimiento de la paz” en dicho país. Según relata, el segundo comandante de su unidad, Hugo Espina, le notificó su llamado a retiro en un patio. “Ese día nos encontrábamos realizando una actividad deportiva, celebrando el día de los buzos tácticos en la Playa Las Salinas. Para mí fue un balde de agua fría, no me lo esperaba”, recuerda. Machuca presentó dos reclamaciones, pero no le fue bien. Solicitó una entrevista con el almirante José Miguel Rivera del Comando de Operaciones Navales de Valparaíso, para entender los fundamentos de la resolución tomada por la junta calificadora. En esa oportunidad le dijeron que sus determinaciones eran “secretas, autónomas e irrefutables”. “Fui discriminado porque jamás he estado en la cuota de retiro, esta es la primera vez. Cuando le pregunté al almirante (Rivera) por qué me estaban retirando, me dijo ‘a lo mejor fue porque al ascender un suboficial artillero y uno soldador, ¿a quién prefiere? Va a preferir a un suboficial artillero’. El almirante Rivera después me dice que nadie puede pedirle a la Marina la justificación o los motivos de mi retiro. Durante los 45 minutos estuve de pie, y el almirante sentado cómodamente”, evoca.


Un apetito inestable y graves problemas para dormir son algunas secuelas de ese episodio, agrega con lamento. Actualmente está en lista de espera en el Hospital Naval para ser controlado por un cáncer testicular y, si abandona la Armada, ya no tendrá la misma prioridad para completar su tratamiento. “SIGUEN ABUSANDO” Nazario Zúñiga, ex mecánico artillero de la institución y presidente de la agrupación “Chile te Cuida”, formada en defensa de los miembros de las FFAA, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería que denuncian maltratos de sus respectivos mandos, calificó las palabras utilizadas por el almirante José Miguel Rivera como actos de “matonaje”. “No es un caso aislado, esto es un caso que se da a diario. A mí, por haber denunciado un hecho al Presidente de la República, me desvincularon de la institución, porque ellos se creen dueños de la verdad, dicen que nadie les dobla la mano, ni la Contraloría, que dice que los estatutos son internos y nadie puede inmiscuirse. Abusaron en un período de dictadura militar y ahora siguen abusando”, declaró a El Ciudadano. Asimismo, Zúñiga descargó contra la Subsecretaría de FFAA, dependencia del Ministerio de Defensa que estaría avalando “todo lo que dice la institución, sin hacer las investigaciones. Aquí lo que debería hacerse es una investigación sumaria, porque el sargento Claudio Machuca está echado de forma incorrecta”, afirmó. El Ciudadano tomó contacto con el Departamento de Comunicaciones de la Armada en busca de una versión institucional sobre los motivos del llamado a retiro del afectado, pero no hubo respuesta.

DONALD TRUMP DICE QUE DEPORTARÁ A 2 O 3 MILLONES DE INDOCUMENTADOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/11/13/donald-trump-dice-que-deportara-a2-o-3-millones-de-indocumentados/ El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que deportará a los inmigrantes que tienen "antecedentes penales", una decisión que podrían afectar a entre uno y tres millones de personas. Trump hizo estas declaraciones en una entrevista para el "programa 60 minutos" del canal CBS, programada para esta noche y cuyos fragmentos adelantó hoy la televisión. "Lo que vamos a hacer es tomar a la gente que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, y vamos a echarlos del país o vamos a encarcelarlos", indicó Trump en su primera aparición televisiva tras el triunfo electoral.


Las palabras de Trump hacia los inmigrantes indocumentados en la entrevista fueron muy diferentes a las pronunciadas durante la campaña presidencial, cuando prometió crear "una fuerza de deportación" para expulsar a todos los indocumentados, incluidos a los mexicanos a los que llamó "criminales y violadores". En la entrevista, Trump indicó que, una vez que la frontera sea fortalecida, su Gobierno determinará qué ocurre con el resto de indocumentados que viven en Estados Unidos y a los que elogió por ser gente "fantástica". "Son gente fantástica y tomaremos una decisión sobre ello. Pero antes de tomar esa decisión, tenemos que asegurar nuestra frontera", consideró Trump. Con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza, Trump reiteró su deseo de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, aunque admitió que podrían alzarse "vallas" en "ciertas áreas" de los más de 3.000 kilómetros de la frontera entre los dos países. "Para algunas áreas lo consideraría (alzar vallas), pero para otras, un muro es más apropiado. Soy muy bueno en esto, se llama construcción", resaltó Trump. Si Trump realmente cambia su planteamiento y propone deportar solo a los inmigrantes con antecedentes penales, sus políticas no se diferenciarían tanto de las implementadas por el presidente, Barack Obama, quien en noviembre de 2014 proclamó unas medidas para expulsar a los indocumentados con récord criminal y no a las familias de indocumentados. No obstante, de manera paralela, en 2014 Obama proclamó unas medidas para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados, unas iniciativas que nunca llegaron a entrar en vigor y contra las que Trump ha mostrado su más firme rechazo.


COLOMBIA: QUÉ CAMBIOS TRAE EL NUEVO ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC BBC http://www.24horas.cl/noticiasbbc/colombia-que-cambios-trae-el-nuevo-acuerdo-de-pazentre-el-gobierno-y-las-farc-2190537 Este sábado los negociadores del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC firmaron un nuevo acuerdo que incorpora cambios solicitados por quienes lideraron la campaña del "No" que triunfó en plebiscito del pasado 2 de octubre. Esto es lo que cambió.


Santos anunció que los críticos del acuerdo anterior conocerán el nuevo texto a más tardar este domingo.

"Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos", dijo a los ciudadanos de su país el presidente de Colombia Juan Manuel Santos este sábado, luego de que desde La Habana los representantes de su gobierno y los de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un nuevo acuerdo de paz. Es un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban voceros del "No", de aquellos que lograron una pequeña mayoría el 2 de octubre pasado para rechazar en plebiscito el acuerdo original. ¿Qué se modificó? "Preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo convenido", dijo el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez. Sin embargo, explicó, entre otras cosas incorpora no menos del 65% de las propuestas del "No" en lo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, el sistema de justicia transicional prevista en los acuerdos) y casi el 90% de las iniciativas vinculadas a la cuestión de cómo el acuerdo trataba el tema de equidad de género, que había despertado resistencia especialmente entre grupos religiosos. Pero no cambia la posibilidad de participación política para los jefes guerrilleros, uno de los puntos que más preocupaban a muchos votantes del "No".


Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, afirmó que el texto preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo.

Ni los textos de las modificaciones, ni el documento definitivo del nuevo acuerdo han sido difundidos, por lo cual es imposible hacer un análisis exhaustivo o detallado del nuevo acuerdo. Sin embargo, entre la larga alocución del presidente Santos, lo que dijo el jefe de su equipo negociador, Humberto De la Calle, y lo que pudo indagar BBC Mundo, hay una primera idea de cuáles son los cambios en lo pactado. Estos son los principales: • El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución", dijo Santos. • La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años. No podrá haber jueces extranjeros en la JEP (pero expertos no colombianos sí podrán participar dando opiniones). Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. • Se definió con mayor claridad qué será la "restricción efectiva de la libertad" (pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata). El nuevo acuerdo especifica dónde deberá cumplirse la pena, que será en un espacio no mayor al de una vereda (la más chica división rural de Colombia), qué horarios deberán respetar.


También incluye otros detalles acerca del período de implementación del castigo, como los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas.

Las primeras reacciones populares ante el anuncio no se hicieron esperar.

• "El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades", dijo el presidente Santos. • Durante la dejación de armas, las FARC deberán declarar sus bienes y entregarlos para reparar a las víctimas. • Se reducirá en un 30% la financiación al partido de las FARC, en comparación con el acuerdo anterior. "Para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos", dijo el presidente Santos. • "Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida", dijo el presidente. "Lo que sí se dejó claro", agregó, "es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos".


• El nuevo acuerdo reconoce a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.

En Bogotá, los partidarios del acuerdo celebraron en la calle.

• El gran cambio que no ocurrió y que fue motivo de muchos votantes para decirle que "No" al primer acuerdo es que le daba a la posibilidad a los jefes guerrilleros de acceder a cargos electivos. Eso se mantuvo: podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir de 2018. Hasta que no esté el texto definitivo es difícil tener en claro las implicaciones específicas de estos y otros cambios. Lo mismo estarán pensando los líderes del "No". El presidente Santos aseguró que ellos lo tendrán en sus manos a más tardar el domingo. Lo analizarán y lo hablarán con el gobierno. Si respaldan el nuevo acuerdo, su incorporación será bastante fácil, a través de un gran pacto nacional. Pero si lo rechazan el presidente deberá decidir si vuelve a enviar a sus negociadores a La Habana, si convoca un nuevo plebiscito, otro modo de refrendación popular o si busca que se tramite por el Congreso, donde hoy tiene una mayoría que lo respalda.


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