TEMARIO: 1. FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA CRITICÓ EL CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD 2. EL AUMENTO DE PENAS COSTARÁ MÁS DE $13 MIL MILLONES, SEGÚN SEÑALA PAZ CIUDADANA 3. RELIGIOSOS Y SACERDOTES DEL TERRITORIO MAPUCHE EMITEN DECLARACIÓN 4. LICEO RURAL DE ERCILLA: CONFLICTO MAPUCHE Y GRATUITA PROVOCACIÓN 5. EL MOSTRADOR. OPINIÓN: Manuel Lobos I. 6. NUEVAS DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL GOLPEAN A COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO 7. MILITARES TORTURAN A UNA MUJER Y LA SEDENA LOS PROCESA POR DESOBEDIENCIA 8. UNICEF: CHILE ES EL SEGUNDO PAÍS CON MAYOR TASA DE POBREZA INFANTIL EN LA OCDE 9. COLEGIO DE PERIODISTAS Y AGRUPACIONES DE DDDH PIDEN PROCESAMIENTO DE AGUSTÍN EDWARDS POR SU ROL EN EL GOLPE DE ESTADO
FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA CRITICÓ EL CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD COOPERATIVA.CL http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/seguridad-ciudadana/planes-antidelincuencia/fundacionpaz-ciudadana-critico-el-control-preventivo-de-identidad/2016-04-15/065841.html
A través de un informe emitido este jueves, la Fundación Paz Ciudadana criticó el control preventivo de identidad incluido en la Agenda Corta Antidelincuencia que se debate en la Cámara de Diputados y propone limitar esta diligencia policial sólo a lugares de libre tránsito. A juicio del organismo, el hecho de agravar las sanciones para quienes cometan robos y hurtos no es suficiente para "la disuasión de la criminalidad o su prevención". "La posición mayoritaria del directorio de Fundación Paz Ciudadana es que (el control de identidad) se regule incorporando algunos aspectos, como exigir que los controles sea realicen en lugares públicos o de libre acceso al público, en los cuales se razonablemente posible prever la ocurrencia de delitos", reza el documento citado por La Tercera. La directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz, sugiere que las policías detallen de forma periódica al Ministerio del Interior la cantidad de reclamos por controles de identidad y afirmó que "actualmente está consignado, pero de manera más estadística y no tanto en términos de publicidad de las soluciones concretas que se están perfilando". También el organismo critica que en el proyecto se establezca que los jueces no puedan aplicar menos del mínimo de la pena, incluso cuando existan atenuantes y que "el mayor uso de la cárcel como sanción, en desmedro de las penas alternativas, y la instauración de penas de cárcel más largas para un conjunto reducido de delitos, generan desarmonía en el Código Penal". Descargar: El informe elaborado por Paz Ciudadana.
EL AUMENTO DE PENAS COSTARÁ MÁS DE $13 MIL MILLONES, SEGÚN SEÑALA PAZ CIUDADANA EL MERCURIO http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-15&dtB=15-042016%200:00:00&PaginaId=4&bodyid=3 Fundación realizó un completo análisis de los pros y contras de la agenda corta. Una revisión de todas las propuestas que contiene la agenda corta antidelincuencia publicó ayer Fundación Paz Ciudadana. Y, a primera hora, fue distribuido entre los diputados de todas las bancadas con representación en el Congreso. El análisis, de 45 páginas, desmenuza cada una de las iniciativas y critica varios aspectos de los cambios que se proponen. Pero también señala que es necesario introducir mejoras a la persecución penal, como las que propone la iniciativa. Destacan, por ejemplo, las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público y de las policías para agilizar y hacer más efectivas sus actuaciones; las que resuelven problemas normativos y de proporcionalidad de tipos penales; y las relativas a la situación de personas condenadas por primera vez, pero que han cometido pluralidad de delitos, entre otras. También, la regulación del Banco Unificado de Datos. En una visión más crítica, apunta al aumento del uso de la cárcel en desmedro de las penas sustitutivas, el que, dice la fundación, "no tendrá un efecto disuasivo general o de reducción de la actividad delictiva por temor a mayores penas". Solamente, añade, tendrá un efecto marginal en los delitos, "logrando solo más personas presas por más tiempo". Es probable, señala el análisis, que tendrá un efecto negativo en los delitos, "porque aumentará la reincidencia de quienes, teniendo un bajo perfil de riesgo delictivo, serán ahora condenados a la cárcel y que hasta ahora lo son a penas sustitutivas, que registran menores tasas de reincidencia". Según el cálculo hecho por la institución, el costo de tener más gente presa significará alrededor de $13 mil millones para el sistema penitenciario, "al aumentar en alrededor de 12% la población reclusa y, consecuencialmente, el hacinamiento". Respecto del control preventivo de identidad, señala que deben introducirse regulaciones, tales como exigir que estos controles se realicen en lugares públicos o de libre acceso al público "en los cuales sea razonablemente posible prever la ocurrencia de delito, fundándose en su mayor frecuencia en determinadas localidades o cuadrantes, o para evitar situaciones concretas de peligro, y habiéndose decretado ello provisoriamente por una autoridad de gobierno".
RELIGIOSOS Y SACERDOTES DEL TERRITORIO MAPUCHE EMITEN DECLARACIÓN EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/14/275718/religiosos-y-sacerdotes-del-territorio-mapucheemiten-declaracion/
Urgen caminos de paz como fruto de la justicia Como hombres y mujeres de Iglesia que colaboran en territorio mapuche desean expresar su sentir ante una nueva escalada de violencia en el territorio. Aseguraron que su fe en Jesús liberador y en el Reino de justicia y de paz nos mueve a decir las siguientes palabras: 1. “Nos sentimos profundamente afectados frente a lo que denominamos una presión creciente sobre el territorio mapuche que está produciendo violencia, falta de comunicación, desconfianza y polarización”. 2. “Nos duelen y rechazamos los hechos de violencia que esta presión sobre el territorio ancestral mapuche está produciendo: militarización del territorio, persecución política judicial a muchos hombres y mujeres de comunidades, incendios a viviendas, personas
heridas por “enfrentamientos”, niños y niñas afectados por este clima de conflicto, amedrentamientos y amenazas, así como lo que hemos visto últimamente la quema de templos cristianos”. Esto, según explican los religiosos, lo único que hace es polarizar más a la sociedad local y tensar más las relaciones, además de producir más desconfianza en la convivencia local y regional, lo cual no beneficia a nadie. 3. “La sociedad nacional y local está cada vez más polarizada. Las miradas entre gobierno y comunidades está siendo cada vez más antagónicas. Las vías de comunicación son demasiado débiles, están agotadas o incluso cortadas”. Esta desconfianza, aseguran, se ha instalado también entre personas, grupos y en muchos casos entre comunidades. 4. Esta mirada antagónica, en una lógica de enemigos, no construirá la paz, ni menos el derecho. No es una lógica cristiana ni tampoco democrática. 5. Reconocen además, que la violencia de los innumerables atropellos a la nación mapuche. Pero estamos claros que la respuesta y la solución no es con más violencia, más incendios, más agresiones policiales y que ello sólo atrae más represión y víctimas, donde todos pierden. El tema es que repudian el hecho de criminalizar las demandas de un pueblo que busca recuperar sus derechos reconocidos por tratados internacionales no lleva a ninguna solución real. “El país debe asumir el carácter político de las reivindicaciones del pueblo nación mapuche, reconociéndolo constitucionalmente y generando espacios reales que garanticen su participación en la toma de decisiones en los asuntos que le afectan y competen”. 6. “Desde el despojo de sus tierras y de su autonomía política, la pobreza y la segregación social han herido gravemente a la nación mapuche. En las últimas décadas el daño creciente a la naturaleza y sus criaturas en el territorio ancestral, promovida por una elite empresarial que no se detiene en su afán de lucro, se han convertido en el campo de batalla contra un modelo económico que busca conquistar y colonizar los últimos espacios ancestrales del pueblo mapuche”. 7. Saben que la inmensa mayoría de la nación mapuche, “cada vez más consciente de sus derechos”, no está por una solución violenta, pero tampoco acepta la dilación por décadas de sus derechos a la tierra, cultura y autodeterminación. 8. El camino no es fácil, pero debemos intentar reconstruir las confianzas. Es cierto que cuando uno ha sido herido se hace más difícil hablar de cercanía, confianza, reconciliación, paz. 9. Los religiosos creen que debe haber gestos fundamentales para cimentar esta confianza. Dos gestos fundamentales que desde el Estado pueden allanar los caminos para que “la palabra” venza a la violencia y sea camino de paz: 10. a) Restitución: Urge concentrar el esfuerzo político del Estado en la restitución de las tierras despojadas y en devolverles su productividad sustentable para las comunidades que desde siempre han vivido de ellas y en ellas reivindican su identidad. Se gasta tanta energía y recursos en buscar culpables de acciones violentas, en vez de invertirlas en una vía factible y dialogada de restitución.
Habrá que presionar políticamente a las empresas a “entregar” o vender esas tierras. Esto implica mucha audacia, pues estas empresas tienen mucho poder, no solo económico, sino también político, pero no parecen ver el efecto de su codicia. Quizás volver a pensar en la expropiación, como último recurso, como se propone en “lnforme de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas” (pág-577) encomendado por el presidente Lagos (2003). Estos serían pasos reales para un nuevo trato, afirman. Esta restitución debe ser expresión del perdón que pedimos a los pueblos indígenas y a todos los que han sufrido las consecuencias de la ocupación del territorio mapuche. “Necesitamos entender y decirnos a nosotros mismos que nos hemos equivocado, todos, Estado, empresas, sociedad civil, iglesias. Necesitamos pedir perdón por lo mal que lo hemos hecho al construir una sociedad que atropelló y continúa atropellando los derechos de los pueblos”. 1. b) Reparación: La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus alimentos culturalmente adecuados de forma sostenible, es decir, su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto consiste por lo menos en destinar los mismos recursos que se han entregado al modelo forestal en un modelo agrícola sustentable. Reparar el daño en lo que sea posible genera nuevas posibilidades de convivencia, es un acto de justicia que trae la paz. 2. Confiar es arriesgar. Se trata de confiar y esperar que el resultado sea satisfactorio para todos y no solo para unos pocos. Es creer que sin el otro, por muy distinto que sea, no se puede construir una sociedad fraterna. Pedro Pablo Achondo SSCC, Rio Bueno, Javier Cardenas SSCC, La Unión, Juan Fuenzalida SJ, Tirúa, Carlos Bresciani SJ, Tirúa, David Soto SJ, Tirúa, Oscar Gutierrez, Alto Biobío, Jaime Riquelme, Alto Biobío, Fernando Díaz svd, JUPIC Araucanía, Hernán Llancaleo, Coordinador Pastoral Mapuche Concepción, Palmira Alcamán, CC de Vedruna, Padre Las Casas. LICEO RURAL DE ERCILLA: CONFLICTO MAPUCHE Y GRATUITA PROVOCACIÓN EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/04/15/liceo-rural-de-ercilla-conflicto-mapuchey-gratuita-provocacion/ OPINIÓN: Manuel Lobos
I.
El liceo Particular Subvencionado de Ercilla fue un ejemplo de proyecto educacional rural que se ha convertido en Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. El ex establecimiento educacional pasó formalmente a manos de la institución en comodato, mientras en estos momentos se agilizan los trámites para su compra.
En marzo de 1996, gracias a la filantropía de Enrique de Luxemburgo –entonces Príncipe heredero del Gran Ducado–, se otorgaron $ 1.350 millones de pesos al Instituto de Educación Rural, a través de la intervención del diputado DC de la zona, Edmundo Villouta. La fundación, vinculada a la Acción Católica Rural, construyó en Pailahueque, en 45 hectáreas, un centro con altos estándares de calidad, equipado con maquinaria de trabajo, internado, casino de alimentación, calefacción central, sala de lavado, grandes espacios de esparcimiento y para desarrollo del proyecto educacional. Este proyecto educacional pensado en la comuna rural de Ercilla, pero que carecía de financiamiento, finalmente se hizo realidad. Ercilla es la comuna más pobre del país, la principal actividad de subsistencia de la zona es la agricultura y la ganadería. El promedio de escolaridad es de 7.1 años. En lo referente a la educación, en la comuna el 100% de la matrícula escolar del año 2012 recibe financiamiento público (55,8% corresponde a establecimientos municipalizados y 44,2% a particulares subvencionados). Los resultados promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas Simce 2012, son en general significativamente menores que los observados en la región y el país, salvo en la prueba de inglés de 3° medio, en que el resultado promedio de la comuna no difiere estadísticamente del promedio regional, pero es menor al nacional. El año 2001 el liceo rural de Ercilla abrió sus puertas a la primera generación de Enseñanza Media, ofreciendo formación de excelencia a técnicos agrícolas, mecánicos, forestales y en párvulos. El año 2011, se estima que el 48,8% de la población comunal se encontraba en situación de pobreza, lo que corresponde a una tasa significativamente mayor, desde un punto de vista estadístico, a la registrada a nivel regional (22,9%) y nacional (14,4%). Conocido también como Liceo Técnico de Pailahueque, más del 90% de su presupuesto provenía de subvenciones del Mineduc y aportes del Ministerio de Agricultura. Tras diez años la crisis financiera en que se encontraba el Instituto de Educación Rural (en esa época el tercer sostenedor más grande del país, con más de diez mil alumnos de zonas rurales y vulnerables) llevó, a fines del año 2013, a un proceso legal de reorganización judicial, el cual elaboró una lista de activos prescindibles, y cerró cinco colegios, entre ellos el de Pailahueque, el único colegio técnico de la zona. Cuesta creer que frente a una coyuntura de conflicto que se da en esa zona con los innumerables emplazamientos entre autoridades, oposición y comunidad mapuche, hasta ahora las autoridades políticas de la zona, tanto el diputado Mario Venegas (DC) como los senadores Jaime Quintana (PPD), Eugenio Tuma (PPD), no hayan hecho ninguna declaración visible en la prensa escrita respecto de la insólita transformación del Liceo Técnico de Ercilla en la nueva Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros. A nivel de autoridades de Gobierno, ya sean el ministro del Interior y la ministra de Educación, incomprensiblemente, nadie ha hecho referencia al tema. Los parlamentarios de oposición, como el diputado Jorge Rathgeb (RN) y los senadores José García Ruminot (RN) y Alberto Espina Otero (RN), no han manifestado ningún comentario al respecto. Por su parte, los nuevos inquilinos encabezados por Bruno Villalobos, General Director de Carabineros, plantean que esta nueva jefatura, bautizada como “Zona Policial de Control de Orden Público”, es necesaria para encargarse de perseguir los ataques incendiarios y el robo de madera.
El INDH, por su lado, en sus Informes Anuales, ha manifestado su preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el contexto del conflicto generado en la zona de La Araucanía, en el marco de las reivindicaciones de tierras del pueblo mapuche. La instalación de este mega cuartel para efectivos de fuerzas especiales en la comuna de Ercilla, produce un cambio significativo en la educación y desarrollo social en el sector de Pailahueque, puesto que se privilegia la presencia de Carabineros en desmedro de la educación de los niños y jóvenes de la comuna. Aquí la autoridad y el Estado, en plena faena de Reforma Educacional, han privilegiado crear una poderosa base policial capaz de alojar a 300 efectivos de fuerzas especiales de Carabineros, en vez de rescatar un proyecto educacional imprescindible en la zona de conflicto mapuche. Con la implementación de esta base policial de Carabineros, es probable que exista un recrudecimiento de la violencia al interior de la comuna de Ercilla, debido a un privilegio de control por parte de Carabineros sobre los comuneros mapuches, esto es, potenciado por la misión del cuartel, el que aspira a ser el “eje de la Zona Policial de Control de Orden Público”. La Prefectura de Fuerzas Especiales evidencia, además, una falta de plan de desarrollo en la comuna de Ercilla, dejando en claro incapacidad, desinteligencia e ignorancia por parte de funcionarios del Estado en temas del conflicto mapuche, en tanto que, al ser Ercilla una de las comunas más pobres del país, resulta necesario tener una institución educacional que potencie el desarrollo social de sus habitantes. Lamentablemente, la autoridad ha privilegiado el control y represión en la zona del conflicto mapuche, por sobre el diálogo y promoción del desarrollo de sus habitantes. En el particular contexto actual, en el cual día a día los medios de comunicación nos informan sobre ataques, allanamientos y actos incendiarios, ya no solo de vehículos o maquinaria forestal, sino de iglesias y escuelas, esta medida se presenta como una macabra e irónica provocación. La situación da cuenta de la incapacidad del Ejecutivo (y del Estado en general) de controlar el conflicto en La Araucanía, y denota un claro privilegio del control sobre el establecimiento de un plan de desarrollo que permita mejorar las condiciones de la gente de la comuna y reforzar la presencia del Estado. Lamentablemente en donde debiera primar la disposición al diálogo y encuentro con los habitantes de la zona, el Gobierno ahonda la brecha y justifica las desconfianzas ya maduradas. La ausencia de posiciones de parlamentarios y autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, da cuenta de que no existe en el espectro político voluntad o disposición para enfrentar la problemática en su conjunto. Finalmente, la invisibilización de este hecho reafirma, al mismo tiempo, la manera como se construye la agenda informativa en nuestro país: con una mirada sesgada y centralista, unidireccional, parcial y racista.
NUEVAS DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL GOLPEAN A COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/14/275772/nuevas-denuncias-por-acoso-laboral-golpeana-comandante-en-jefe-del-ejercito/
Injustificados traslados y múltiples sanciones arbitrarias tendrían a punto de perder su fuente laboral a un suboficial del Ejército de Chile con más de 19 años de servicio, que en 2012 denunció a un mayor del Regimiento Logístico Nº 3 “Limache”, con base en Renca, por supuestas faltas a la probidad. El afectado es el sargento segundo Juan Pablo Díaz Pino, auxiliar de inteligencia activo que desde el año pasado ha enviado cartas a la Presidencia y al Ministerio de Defensa para reclamar por las decisiones que lo han perjudicado y que involucran directamente al Comandante en Jefe de la institución, general Humberto Oviedo Arriagada. Así se concluye a partir de numerosos documentos a los que accedió a El Ciudadano, como un escrito enviado al entonces coronel Gustavo Núñez Kocher, actual general de la Brigada de Aviación con asiento en Rancagua, donde se acusaba al mayor Eduardo Rodríguez de ocupar bienes fiscales
como computadoras, hojas y cartuchos de tinta, para hacer trabajos universitarios en horario laboral. El entonces coronel Núñez Kocher habría prometido tomar cartas en el asunto, pero sólo estampó una anotación en la Hoja de Vida del oficial denunciado, sin disponer investigación administrativa alguna. En paralelo, Díaz Pino, quien acusó al mayor, empezó a ser objeto de imprevistas recargas horarias, lo que culminó en un repentino traslado a La Reina que dificultó enormemente su traslado desde la comuna en que vivía, en Quilicura. Así lo informó al comandante del Regimiento “Limache” una asistente social que analizó el caso y recomendó revertir la decisión, la cual derivó en una escalada de licencias médicas por estrés. DISCRIMINACIÓN Cuando había transcurrido más de un año desde su problema en Renca, el sargento Juan Pablo Díaz, a través de la Ley de Transparencia, solicitó acceso a un documento que presuntamente daba fe de la intervención personal que había tenido el coronel Gustavo Núñez en su traslado al Campo Militar La Reina (CMLR). La respuesta fue sorpresiva. El Estado Mayor de Ejército declaró inadmisible su solicitud ya que él, como funcionario activo de la institución, no estaba facultado para usar la Ley de Transparencia y toda petición debía canalizarla por el “conducto regular”. De acuerdo a lo observado por El Ciudadano, la determinación contradice lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago en un caso de similares características que protegió los derechos de un carabinero en servicio activo cuando requirió antecedentes a la policía uniformada usando el mismo mecanismo que Díaz Pino. En esa ocasión, la justicia dictaminó que los órganos del Estado están obligados a entregar información a “todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias” (sentencia recaída en Reclamo de Ilegalidad Rol Nº 3223-2013). La negativa a proporcionar el documento no fue lo único que el sargento de Ejército, en ese momento con grado de cabo primero, debió afrontar. Días más tarde, el teniente coronel Daniel Beltrán Carvajal, comandante del CMLR, lo sancionó con tres días de arresto por infringir “las máximas de respeto y obediencia” al pretender usar la Ley de Transparencia de la forma en que lo hizo. EL CARTERO Previo a la solicitud por Ley de Transparencia que el Ejército objetó, el suboficial Díaz Pino se había visto envuelto en un altercado con un capitán del CMLR: el oficial Esteban Henríquez Albarracín, ayudante del hoy comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, que en ese entonces dirigía el Comando de Educación y Doctrina. Todo empezó cuando el sargento Díaz permitió el ingreso de un funcionario de Correos de Chile que portaba una misiva para el general Oviedo. Al notar, supuestamente, que el cartero deambulaba
por el recinto militar “sin un rumbo claro”, el capitán Henríquez mandó a llamar a Díaz para llamarle la atención. El intercambio quedó registrado en un audio. CAP. HENRÍQUEZ: ¿Y si él dice que viene a un lado y después pasa a otro? CB1. DÍAZ: Mi capitán, la persona de Correos entregó el correo a quien correspondía. CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parado? CB1. DÍAZ: ¿Cómo? CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parao? ¿Qué es esto? CB1. DÍAZ: ¿Pero por qué me habla así? CAP. HENRÍQUEZ: ¿Pero sabe usted qué es esto o no? CB1. DÍAZ: ¿Cuántos años de servicio cree que tengo? ¿Por qué me pregunta eso, mi capitán? CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parado? ¡Responda! CB1. DÍAZ: Es que yo no le voy a contestar esa cosa. A raíz del conato verbal que se produjo, el capitán Henríquez optó por derivar los antecedentes al general Oviedo, acusando al suboficial por “faltarle el respeto”. Oviedo, con fecha 3 de noviembre de 2013, ordenó tomar las “medidas disciplinarias” que “el grave hecho” ameritaba, sin dejar espacio para escuchar a la contraparte. El escueto documento de Oviedo al que accedió El Ciudadano, derivó en una sanción de trece días de arresto contra Díaz. Luego de que éste apelara, la medida fue rebajada a tres días, en virtud de que el primer castigo se estimó excesivo por el superior que lo revisó. IMPROCEDENTE El suboficial Díaz Pino insistió en afirmar que la persona que realmente había cometido la falta de respeto era el asistente del general Humberto Oviedo. A fines de junio de 2015 elevó una carta al Ministerio de Defensa, pero Oviedo, ya instalado en la Comandancia en Jefe del Ejército, devolvió el documento, por estimarlo “improcedente”. La cabeza de la institución castrense citó un dictamen de la Contraloría que sostiene: “…el mando superior de cada una de las instituciones es ejercido por el Comandante en Jefe, de tal manera que la interposición de los recursos de reclamación en contra de medidas dispuestas por autoridades inferiores a dicho jefe superior, deberían alcanzar, como máximo, hasta éste último”. Lo curioso es que en el caso de Díaz Pino, la última instancia de apelación recaía en manos de la misma persona que había exigido sancionarlo cuando se desempeñaba como jefe del Comando de Educación y Doctrina: el propio general Oviedo. En febrero de 2016, meses después de que el sargento explicara detalladamente su caso en una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, el comandante del CMLR resolvió castigar nuevamente a Díaz Pino, esta vez con seis días de arresto, por “infringir nuevamente el conducto
regular” y las “máximas de respeto y obediencia”, al osar poner su situación en conocimiento del Ministerio de Defensa. TUTELA El Ciudadano se contactó con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a fin de conocer pormenores de las gestiones que se han hecho a nivel interno sobre la materia, pero no obtuvimos respuesta. Una fuente cercana al caso explicó que, de complicarse más el asunto, el uniformado podría recurrir próximamente a los Juzgados de Letras del Trabajo, los cuales ya han acogido tutelas por vulneración de derechos fundamentales presentadas por funcionarios del Ejército de Chile. A principios de abril, por mencionar un ejemplo, se conoció una sentencia favorable a la demanda presentada en Rancagua por el ex cabo César Iluffi, quien se desempeñaba en la Brigada de Aviación. En el proceso, la jueza María Loreto Reyes Gamboa logró determinar que Iluffi fue víctima de castigos y humillaciones en la institución, ordenando que el Fisco lo indemnizara. MILITARES TORTURAN A UNA MUJER Y LA SEDENA LOS PROCESA POR DESOBEDIENCIA ANIMAL POLÍTICO http://www.animalpolitico.com/2016/04/un-video-muestra-a-militares-y-a-supuesto-policiafederal-torturando-a-una-mujer/ Dos militares fueron detenidos y procesados por la justicia militar debido a su participación en los hechos en Ajuchitlán, Guerrero; la PGR inició una averiguación previa desde el 7 de enero pasado, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. En un video difundido en redes sociales se observa a un par de militares y a otra persona con uniforme de la Policía Federal torturando a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero de 2015, y que dos de sus elementos fueron detenidos y procesados desde enero pasado, por participar en la agresión. “La Secretaría de la Defensa Nacional se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”, indicó el reporte de la Sedena, este jueves 14 de abril. “Para el 4 de enero 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”, agregó. El 5 de enero de 2016, informó la Sedena, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia. Tanto el oficial como el elemento de tropa están internados en la prisión militar.
Se les dictó auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 “y están a disposición del Juez Quinto Militar, quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda; denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado”. En tanto, la PGR indicó en un comunicado que desde el 7 de enero pasado, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició una averiguación previa. “Para investigar la probable responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, así como de uno de la Policía Federal”, detalló el boletín. Como parte de la investigación, agregó la PGR, se han practicado diligencias e inspecciones.
Tras la difusión del material, según Radio Fórmula, la oficina del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, indicó que la Unidad de Asuntos Internos analiza el video, y que tras la investigación se actuaría en consecuencia, en caso de confirmar la participación de uno de sus elementos en la tortura. La grabación muestra a una mujer sentada sobre tierra. Tiene el rostro cubierto con una camiseta, sus manos están atadas, y llora mientras a su lado una mujer con vestimenta militar le hace preguntas. Al no obtener las respuestas que quiere, la mujer con vestimenta militar coloca un arma sobre la cabeza de la mujer en el piso, y luego una bolsa de plástico, para torturarla impidiéndole respirar.
“¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste, o quieres más?”, le dice la mujer con vestimenta militar. “Contéstame lo que te estoy preguntando, quién es la pinche María”. La mujer sobre el piso, después de que le quitan la bolsa de la cabeza, le responde: “¿Qué María? Yo no la conozco”. Ante su respuesta, la mujer con vestimenta militar le dice: “Pinche vieja dramática, si estabas respirando, hija de tu puta madre… ¿ya te acordaste, o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita, o quieres toques”. Además de la mujer que coloca la bolsa, en el video se observa a otra persona con uniforme militar, y a otra con uniforme de la Policía Federal. El pasado miércoles 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un informe que México padece tortura generalizada y violencia en gran parte del territorio, además de un grave problema de desapariciones.
UNICEF: CHILE ES EL SEGUNDO PAÍS CON MAYOR TASA DE POBREZA INFANTIL EN LA OCDE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/14/275618/unicef-chile-es-el-segundo-pais-con-mayor-tazade-pobreza-infantil-en-la-ocde/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada
El Instituto de Investigaciones de UNICEF, Innocenti, presentó hoy a nivel internacional el estudio “Report Card 13: Equidad para los niños. Una tabla clasificatoria de la desigualdad respecto al bienestar en los países ricos”. En el análisis se consideraron 41 países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se incluye Chile.
La investigación describe la situación infantil en estos países a partir del análisis de datos en 4 ámbitos clave del bienestar de los niños y adolescentes: Ingresos, Educación, Salud y Satisfacción en la Vida. En el caso de Chile, la brecha relativa de los ingresos –esto es el cálculo de la desigualdad de ingresos de los niños en el extremo inferior-, resultó ser de un 59,03%, lo que significa que los ingresos de las familias de los niños que están el percentil 10 son casi un 60% inferior a los de las familias de los niños que están en el centro de la distribución. Chile es uno de los países que tienen una mayor desigualdad en los ingresos, junto con países como Japón (60,21%), México (65%) y Rumania (67,08%), siendo este último el que presentó la mayor brecha relativa de ingresos de los 41 países analizados. En cambio, países como Noruega (37%), Finlandia (38,34%) y Alemania (43,11%), se ubicaron en el tercio superior de los países menos desiguales en cuanto a la distribución de sus ingresos. En el caso de la pobreza infantil, el Report Card 13 –que fue medida como el porcentaje de niños que viven en hogares con ingresos inferiores al 50% de la mediana de la renta-, Chile resultó ser el segundo país de los 41 analizados, con una mayor tasa de pobreza infantil (26,3%, esto es cerca de 1 millón 200 mil niños), siendo solamente superado por Israel (27,5%). Mientras que países como Finlandia (3,7%), Noruega (4,5%) y Alemania (7,2%), exhibieron las tasas de pobreza infantil más bajas. Respecto de la educación, la brecha en este ámbito corresponde al cálculo de la desigualdad en el rendimiento escolar, a partir de la distribución de los resultados en la prueba PISA 2012. Aquí, Chile es el país que tiene una menor desigualdad en los resultados de rendimiento escolar entre los estudiantes que se encuentran en la mediana y los que se encuentran en el percentil 10 de más bajos resultados en la prueba PISA. Sin embargo, un 24,6% de los estudiantes chilenos se encuentran por debajo del nivel 2 de competencias en lectura, matemáticas y ciencias, lo que significa que 1 de cada 4 estudiantes de 15 años de edad, no comprende lo que lee, no sabe resolver operaciones matemáticas básicas como la multiplicación y división, y no puede explicar sucesos naturales básicos o cotidianos. Esta situación se mantiene igual desde la prueba PISA 2006, que arrojó que el 25% de los estudiantes chilenos se encuentra por debajo del nivel 2 de competencias en las tres materias.
La influencia del contexto socioeconómico de las familias en los resultados educativos de los niños es gravitante, al igual que en el resto de las dimensiones que son fundamentales en el bienestar y desarrollo de los niños, como la salud y la satisfacción en la vida. La metodología del estudio se concentra en la brecha que existe entre el bienestar de los niños que se sitúan en el extremo inferior de la distribución (percentil 10) y los que se encuentran en el medio (percentil 50). Concentrarse en la mitad inferior de la distribución de los datos para el análisis de dicha brecha, permite evitar los sesgos que se producen al calcular el promedio, el cual se ve afectado por los valores que se concentran en el extremo más alto. Para la promoción de la equidad en los niños, UNICEF plantea que es necesario considerar las siguientes recomendaciones: – El diseño de las políticas públicas y programas sociales deben tener en cuenta que las desigualdades en el mundo adulto afectan a los niños. Si esto no se revierte, la situación seguirá afectando a generaciones de niños que verán trabadas sus oportunidades de desarrollo, mermando su bienestar en la vida adulta. – Invertir en infancia conlleva múltiples beneficios, no sólo para los niños sino también para el conjunto de la sociedad. En la medida en que se reduzcan las brechas de inequidad en el bienestar de la infancia, las desigualdades disminuirán en el bienestar de los adultos y del país en general. – Situar la equidad en el centro de la agenda implica mejorar el bienestar de los niños que se encuentran más desfavorecidos. – Es fundamental proteger a los hogares más pobres que tienen niños, a través de la creación de puestos de trabajo de calidad para los padres, la aplicación de impuestos progresivos y la prestación de servicios efectivos para las familias y sus integrantes. Se requiere que el sistema de protección social proteja los ingresos de los hogares más pobres por medio de transferencias monetarias económicamente significativas y estables en el tiempo. – Chile requiere realizar esfuerzos por medir y monitorear el bienestar infantil, lo que implica disponer de información comparable con los otros países en distintas dimensiones para contar con una mirada integral respecto de los derechos y el bienestar de la infancia. Revisa el estudio completo aquí: https://www.unicef-irc.org/publications/832/
COLEGIO DE PERIODISTAS Y AGRUPACIONES DE DDDH PIDEN PROCESAMIENTO DE AGUSTÍN EDWARDS POR SU ROL EN EL GOLPE DE ESTADO THE CLINIC ONLINE http://www.theclinic.cl/2016/04/14/530174/
Agrupaciones de derechos humanos y el Colegio de Periodistas de Chile solicitaron a la Corte Suprema decretar el procesamiento del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, por el delito de sedición respecto del golpe de Estado, uno de los principales responsables del alzamiento armado en contra del gobierno de Chile de septiembre de 1973. Junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, la Agrupación de Ejecutados Políticos, AFEP, y el abogado Eduardo Contreras, pidieron también la detención o pena de arraigo para el imputado, basándose principalmente en las pruebas reveladas por los archivos desclasificados de la CIA. La causa cita el fallo del Tribunal de Ética y Disciplina del consejo Metropolitano de la Orden que el año pasado determinó la expulsión de Edwards. “Nosotros hemos venido a solicitar el procesamiento de un autor del delito de sedición y de sublevación que terminó con el sistema democrático en Chile en 1973, dando paso a 17 años de dictadura, donde se hizo desaparecer y asesinó a buena parte del pueblo de Chile”, señaló la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que la presentación no sólo tiene que ver con lo ocurrido en Chile, sino que responde a “su complicidad en los hechos, cómo denigró y ultrajó la memoria de las víctimas de la dictadura y su responsabilidad en lo económico y político en forma criminal, cooperando con el golpe y con su silencio cómplice”. “Agustín Edwards debe ser condenado y procesado por los crímenes que ha cometido”.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que “los distintos poderes del Estado no han asumido su rol de perseguir a los violadores de los derechos humanos, el poder judicial debió procesar hace mucho tiempo a Agustín Edwards Eastman, no sólo como incitador al golpe, sino que por el rol que ha jugado posteriormente al 11 de septiembre y con los 17 años de dictadura, quien estuvo al servicio de los responsables del golpe cívico militar”. Por su parte, la dirigenta del Colegio, Javiera Olivares, sostuvo que “los y las periodistas organizados de nuestro país estamos con la voluntad política clara por avanzar en justicia, avanzar en verdad y que los autores y cómplices de delitos en el mundo civil también reciban no solo justicia, sino que también