TEMARIO: 1. INDH DENUNCIA A PROGRAMA DE CHILEVISIÓN POR EXPONER A PRESOS A UN "TRATO DISCRIMINATORIO" Y POR "LA VULNERACIÓN DE SU DIGNIDAD HUMANA" 2. VIDEO| BEATRIZ SÁNCHEZ DEFIENDE A LORENA FRIES: “ES UNA DE LAS MUJERES MÁS PREPARADAS EN CHILE” 3. EL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA PROCESADO POR SECUESTRO Y TORTURAS 4. REDES| MATÍAS DEL RÍO DEJA LA HECATOMBE EN TWITTER CON PREGUNTA CAPCIOSA SOBRE LOS DDHH 5. CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RESTRICCIONES EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA
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INDH DENUNCIA A PROGRAMA DE CHILEVISIÓN POR EXPONER A PRESOS A UN "TRATO DISCRIMINATORIO" Y POR "LA VULNERACIÓN DE SU DIGNIDAD HUMANA" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/14/indh-denuncia-a-programa-dechilevision-por-exponer-a-presos-a-un-trato-discriminatorio-y-por-la-vulneracion-de-sudignidad-humana/
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en contra del programa de Chilevisión "Alerta Máxima", por "eventual vulneración de la dignidad humana, transgresiones al derecho a la privacidad, por trato discriminatorio y afectaciones a la resocialización de los internos e internas".
La denuncia se refiere principalmente a los hechos exhibidos en el programa “Alerta Máxima – Tras las Rejas”, emitido el 25 de agosto por Chilevisión, y solicita investigar las transgresiones y faltas cometidas durante el programa, además de aplicar sanciones al canal de TV. En la denuncia presentada por el INDH se hace énfasis respecto del “tono evidentemente burlesco del periodista que relata el programa, lo cual resulta atentatorio en contra la dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad y en una situación de vulnerabilidad”. Dentro de las expresiones e imágenes consideradas vulneratorias por el INDH, se detalla en el escrito el malestar que expresan internos(as) al ser grabados, pero que independientemente de sus protestas son igualmente exhibidos. Por ejemplo, el documento del INDH describe la situación de un interno que solicita a los periodistas que no lo graben, señalando “busca en Facebook, que salgo entero taquilla”, respecto de lo que el locutor le responde “lo dudo, ya que en esta cárcel no podrás actualizar tu estado hasta el 2021”. Asimismo, el programa muestra a algunos internos que se encuentran aislados, "indicando el locutor en forma burlesca: 'Viste que teníamos razón, ellos siempre se arreglan para estar solos, recuerden que les quedan dos semanas de aislamiento, así que cuiden sus cigarros'”, señalan desde la institución. Estos ejemplos –parte de los catorce que se consignan en la presentación del Instituto– dan cuenta de la forma burlesca y estigmatizadora de comunicar utilizada por periodistas y por el conductor del programa, respecto de las personas privadas de libertad. De esta manera el INDH solicitó al CNTV que "le indique a Chilevisión la serie de vulneraciones de derechos que cometió en la puesta al aire del programa, así como la advertencia de que toda estación de televisión tiene el deber de respetar los derechos de las personas, principalmente si estas están en condiciones de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas privadas de libertad". La demanda llega a meses del arribo del nuevo Director Ejecutivo del canal, Francisco Mandiola Allamand, quien reemplazó a Jaime de Aguirre y luego de que el equipo de prensa de CHV criticara al aire el despido del director del área, Patricio Caldichoury
VIDEO| Beatriz Sánchez defiende a Lorena Fries: “Es una de las mujeres más preparadas en Chile” eldesconcierto.cl http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/13/videobeatriz-sanchez-defiende-alorena-fries-es-una-de-las-mujeres-mas-preparadas-en-chile/?platform=hootsuite En la editorial con la que comienza a diario su programa de radio, la periodista Beatriz Sánchez realizó una defensa acérrima a Lorena Fries, tildando de “ridículo” que en un cargo como el suyo – que vela por los Derechos Humanos- se busque un consenso.
En la editorial de su programa Combinación Clave la periodista Beatriz Sánchez defendió enérgicamente a Lorena Fries, quien encabeza la recién creada subsecretaría de Derechos Humanos. Fries – que se especializó en Derechos Humanos en la Universidad de Oxford- fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ha sido duramente criticada tanto por la UDI como por RN, quienes la acusaron de atacar a carabineros y defender a los encapuchados durante su gestión. Esas mismas críticas han reflotado con su reciente designación, pues desde esos mismos sectores consideran que ella no genera consensos. Frente a eso, Sánchez es categórica: encuentra ridículo que pidan que un cargo de confianza presidencial se base en el consenso, más aun si este cargo tiene como misión fiscalizar que el mismo Estado no vulnere los DD.HH. Para sustentar su idea rescata palabras de la recién designada subsecretaría, recordando el momento en que ella aclaró que algo fundamental al trabajar en un organismo como el INDH era estar en permanente tensión con los organismos del Gobierno, algo completamente alejado de la idea de que plantean sus opositores. “Me gustaría que se supiera más de qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos”, planteó Sánchez, Explicando en que sé qué se diferencia la agresión a un carabinero en una manifestación, versus la agresión de un carabinero a un manifestante, en donde el primero es un delito que se ve en tribunales, mientras que el segundo caso es el de un trabajador del Estado agrediendo a una persona natural.
Por otra parte, se refirió a la actitud de la UDI frente al tema, contando que le provoca curiosidad ver cómo rasgan vestiduras ante cualquier acto que identifican como violación a los derechos fundamentales en Venezuela, mientras que son incapaces de reaccionar frente al inserto de La Tercera, que exalta a un grupo de hombres que ejecutó, torturó e hizo desaparecer a miles de personas en su propio país. El vídeo completo puedes verlo acá: http://www.eldesconcierto.cl/paisdesconcertado/2016/09/13/videobeatriz-sanchez-defiende-a-lorena-fries-es-una-de-lasmujeres-mas-preparadas-en-chile/?platform=hootsuite
EL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA PROCESADO POR SECUESTRO Y TORTURAS THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/09/14/el-funcionario-del-ministerio-de-energia-procesado-porsecuestro-y-torturas/
Viviana Fernández
Jaime Riesle Wetherby es un ingeniero naval que desde 1976 trabaja en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHE), organismo dependiente del Ministerio de Energía. Mientras se desempeña como empleado público y recibe un sueldo de $3.477.472, el oficial en retiro de la Armada enfrenta a la justicia por violaciones a los derechos humanos.
Hace unas semanas, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó autoprocesamiento y decretó prisión preventiva para Riesle y otros 10 uniformados por secuestro y tortura del entonces menor Marco Contardo de 15 años. Tras ser detenidos, los procesados accedieron al beneficio de libertad bajo fianza hasta que termine la investigación y se dicten las condenas. El 12 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, Contardo Guerra fue detenido en su domicilio de Playa Ancha en Valparaíso, junto a su madre y su abuela, por personal de la Armada y de Investigaciones, para ser trasladados a la Academia de Guerra Naval. En ese lugar, Contardo fue sometido a torturas, “aplicándosele golpes y corriente eléctrica, por personas no identificadas pues tenía la vista vendada, siendo su madre obligada a presenciar el maltrato”, se lee en el autoprocesamiento del Juez Arancibia. Posteriormente, el menor fue llevado al barco Lebu, atracado en Valparaíso, y tras dos semanas fue liberado. En noviembre de 1973 fue nuevamente detenido y torturado en la Academia Naval de Guerra. Las razones de su detención responden a que era hijo del abogado socialista Emilio Contardo, quien durante el gobierno de Salvador Allende, se desempeñó como jefe del departamento jurídico de la Intendencia de Valparaíso y era un reconocido partidario de la UP. Contardo padre fue una de las personas más buscadas por los agentes de la Armada y debió salir al exilio. Además de Riesle, en esta causa, fueron procesados por el delito de secuestro con grave daño: Alejo Esparza Martínez, Bertalino Castillo Soto, Sergio Hevia Febres, Valentín Riquelme Villalobos, Gilda Ulloa Valle, Jaime Lazo Vega, Héctor Santibáñez Obreque, Juan Reyes Basaur, Juan Jorquera Terrazas y como autores de detención ilegal y secuestro a Ricardo Riesco Cornejo y Guilfor Aracena Rojo. No es la única causa judicial que enfrenta Riesle. En julio pasado, el Juez Arancibia también dictó el procesamiento en su contra por la causa de Viviana Fernández, quien fue detenida en febrero de 1974, junto a su hermana y su madre en el cuartel Silva Palma, cuando solo tenía 14 años. Las tres acusadas de ser guerrilleras y mantener armas escondidas en su domicilio, que nunca fueron halladas. Durante el secuestro, que se extendió por una semana, Fernández fue sometida a torturas y agresiones sexuales, que incluyeron “abusos sexuales, golpes, insultos, amenazas de muerte y aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de manos”, según el magistrado Arancibia. Por este caso, junto a Riesle fueron procesados los ex marinos Gilda Ulloa Valle, Alejandro Riesco Cornejo, Valentín Riquelme Villalobos, Bertalino Castillo Soto; Eduardo Núñez Contreras; Héctor Tapia Olivares; Juan Orlando Jorquera Terrazas; Ángel Lorca Fuenzalida y Marcelo Onofre Goas, quienes también quedaron en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia. En esa ocasión, Fernández dijo a The Clinic Online, “a nosotros nos truncaron la vida, para mí, después de lo que pasamos, ya no hubo proyecto de vida, ya no hubo sueños, solo sobrevivir, con ese miedo que por tantos años me mantuvo paralizada. Ahora que soy una mujer vieja, venir a tener esta, comillas, reparación de la justicia, es algo que me hace respirar un poquito mejor”.
Actualmente Fernández preside la organización de Ex menores víctimas de la represión y tortura. The Clinic Online consultó con el Ministerio de Energía por la situación laboral de Riesle, donde explicaron que “el ingeniero naval Sr. Jaime Riesle Wetherby, ingresó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear el 2 de junio de 1976 y está nombrado desde el 1 de septiembre de 1989, en carácter de titular, en el cargo de Profesional, grado 4°”. “El Sr. Riesle informó a esta institución que se encuentra sometido a procesos por el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia” y agregaron que la “Institución está al tanto de los procesos que se llevan a cabo como autor de un delito de secuestro y un delito de secuestro con grave daño en la persona o intereses del secuestrado”. Sobre el futuro laboral del ingeniero afirmaron que de tomar medidas, lo harán una vez que se conozca la sentencia: “Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna notificación del mencionado ministro en visita indicando que este funcionario haya sido declarado reo o condenado. Una vez que se dicte sentencia, la CCCHEN actuará de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”. The Clinic Online intentó obtener una versión de Jaime Riesle, pero no contestó los mensajes de este medio.
REDES| MATÍAS DEL RÍO DEJA LA HECATOMBE EN TWITTER CON PREGUNTA CAPCIOSA SOBRE LOS DDHH eldesconcierto.cl http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/14/redes-matias-del-rio-deja-lahecatombe-con-pregunta-capciosa-sobre-los-ddhh/ El conductor de noticias de TVN le hizo una particular pregunta a sus seguidores en Twitter sobre los Derechos Humanos y desató una ola de comentarios en su contra. ¡Educación cívica para Matías!
A un par de días de la conmemoración del 11 de septiembre y en medio de la polémica por la petición de Miguel Krassnoff de salir en libertad condicional y el posible cierre de Punta Peuco, el conductor de noticias de TVN, Matías del Río, reflexionó un poquito sobre los Derechos Humanos y se le ocurrió hacer una pregunta. Lo hizo en Twitter y en forma de encuesta, desatando una ola de comentarios que fueron desde la vergüenza ajena hasta la indignación. El conductor preguntó: “¿Deben respetarse los DD.HH de los violadores de los DD.HH?”, escribió el animador. Si bien la pregunta tuvo más de 4.000 votos -de gente que consideró válida la cuestión, asumimoscausó desconcierto y enojo en gran cantidad de personas que consideraron que la pregunta apuntaba a que efectivamente se están violando los DD.HH de los criminales de la dictadura. “¿En qué momento estuvieron en duda los DDHH de Krassnoff? No ha sido torturado, ni encarcelado sin juicio”, se preguntó un tuitero, que formó parte del vendaval de respuestas que recibió Matías del Río. Aquí te dejamos algunas:
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTALES EN VENEZUELA
POR
RESTRICCIONES
AL
EJERCICIO
DE
DERECHOS
COMUNICADO DE PRENSA 132/16 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan la ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial. Asimismo, la CIDH lamenta los despidos masivos de funcionarios públicos, presuntamente por haber firmado la solicitud de convocatoria de referendo revocatorio. La CIDH expresa además su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea General. El 5 de septiembre, se divulgó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”. El Tribunal sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato por haber juramentado a tres diputados del Estado Amazonas que la Sala Electoral del Tribunal Supremo había ordenado dejar en suspenso mientras investigaba recursos impugnatorios relativos a su elección. El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido que los ciudadanos tienen el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, la declaración de nulidad de todas las decisiones que adopte la Asamblea Nacional, poder del Estado electo por voto popular, podría constituir una restricción indebida al
ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y producir una seria afectación al funcionamiento del sistema democrático. Esta sentencia fue anunciada en un contexto de restricciones a los derechos a la libre circulación, asociación, protesta pacífica y libre expresión en conexión con manifestaciones pacíficas y, particularmente, la marcha nacional convocada para el 1 de septiembre por partidos de oposición y sectores sociales. La manifestación del 1 de septiembre fue convocada en favor de la activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La CIDH recibió información sobre obstáculos al libre tránsito para el ejercicio del derecho a participar en manifestaciones públicas, a través del establecimiento de controles militares, policiales y de inteligencia en las carreteras y vías de acceso a Caracas. Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a líderes políticos pertenecientes al Partido Voluntad Popular bajo acusaciones de ser los "principales promotores del plan conspirativo" en contra del gobierno. El 26 de julio, un líder del partido Voluntad Popular, Daniel Ceballos, fue trasladado por agentes de Sebin de su arresto domiciliario a una prisión común. El 29 de agosto fue detenido el ex dirigente estudiantil y miembro del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea. El 30 de agosto agentes del cuerpo de inteligencia detuvieron al dirigente del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, cuando se encontraba en la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas. El 2 de septiembre fue detenido el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado de Aragua por el partido Voluntad Popular, Delson Guarate. Se les acusa de llevar a cabo planes para “la colocación de artefactos explosivos, tenían en su poder armas y dólares falsos”. Se ha denunciado que las detenciones se realizaron al margen de la ley, acompañadas de incomunicación y malos tratos. Según anunció el Ministro de Interior y Justicia, general Gustavo González López, las autoridades están en la búsqueda del diputado por el estado Zulia de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien será acusado de delitos de “traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. El Ministro indicó que “las intenciones de golpe se mantienen” en las próximas marchas convocadas por la oposición. Según informaron altos funcionarios estatales, 92 hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados en comunidades pobres de Caracas, por supuestamente integrar un “campamento de paramilitares y mercenarios”. Adicionalmente, al menos 81 personas fueron detenidas durante las manifestaciones del 1 de septiembre. Según se informó a la CIDH, algunos detenidos habrían sido liberados sin cargos, mientras que otras serían imputadas y presentadas ante los tribunales. Adicionalmente, la CIDH expresa su preocupación por las limitaciones al trabajo periodístico en el marco de la marcha del 1 de septiembre, así como de otras protestas contra el gobierno. Esto incluyó detenciones, amenazas, allanamientos y apertura de procesos penales contra periodistas, la desaparición de un reportero durante 36 horas hasta que se informó que estaba detenido por los servicios de inteligencia, así como la deportación y la negativa de ingreso al país a varios miembros de la prensa internacional. Según se informó, periodistas de medios extranjeros que llegaron a cubrir la marcha del 1 de septiembre fueron deportados, y otros fueron “inadmitidos” al llegar al aeropuerto, y que se lanzaron amenazas contra periodistas y medios que la cubrieron. Adicionalmente, el 3 de septiembre, el periodista Braulio Jatar, director del medio digital Reporte
Confidencial, fue detenido por agentes de la policía de inteligencia y su casa fue allanada tras publicar videos sobre una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en isla Margarita. Braulio Jatar estuvo 36 horas sin paradero conocido hasta que el Sebin informó que lo tenía detenido, después de lo cual continuó sin que le permitieran tener contacto con familiares ni abogados. Formalmente, el periodista habría sido imputado con el delito de “legitimación de capitales”. La CIDH y su Relatoría Especial expresan profunda preocupación por la presunta manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la oposición venezolana, manifestantes y periodistas. En particular, preocupa que las detenciones realizadas en represalia a expresiones de protesta hayan sido precedidas por declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y que puedan estar basadas en acusaciones falsas o denuncias infundadas. El poder punitivo del Estado no puede ser utilizado como pretexto para limitar derechos fundamentales. Particularmente, el Estado tiene el deber especial de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por el simple hecho de estar ejerciendo su profesión. Es obligación del Estado respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país, de reunirse en manifestaciones públicas, y de criticar o de oponerse al gobierno, propiciando el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. La CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado al Estado de Venezuela a cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, y asegurar que cualquier detención sea llevada a cabo con estricto apego al derecho de la libertad e integridad personal. En particular, insta al Estado a no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.