TEMARIO: 1. AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA: LUCES ROJAS PARA LAS LIBERTADES CIVILES 2. INFORME: DENUNCIAS POR HOMOFOBIA AUMENTARON CASI 9% EN EL AÑO 2015 3. POLÍTICOS DE LA UDI Y PASTOR SOTO APARECEN ENTRE RÁNKING DE PERSONAJES PÚBLICOS EVALUADOS COMO HOMOFÓBICOS 4. CORTE SUPREMA RATIFICA FALLO A FAVOR DE NIÑ@S MAPUCHE QUE PADECEN GRAVES SECUELAS PSICOLÓGICAS TRAS VIOLENTO DESALOJO 5. ALLENDE Y TEMA “RICARDINI”: INJUSTIFICADO Y DE MAL GUSTO 6. ABORTO: EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO QUE ENFRENTA AL SERNAM Y ALVEAR 7. VIDEO: VEA EL CABEZAZO QUE LE PROPINARON A ÁLVARO CORBALÁN
EDITORIAL AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA: LUCES ROJAS PARA LAS LIBERTADES CIVILES EL MOSTRADOR
Después de una larga y controvertida revisión de las más de 100 indicaciones que entre la Cámara y el Senado ha recibido el Proyecto de Ley conocido como “agenda corta antidelincuencia”, quedó listo para su votación en la Sala del Senado. El cuerpo del mismo está destinado a endurecer las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, en especial cuando existe reincidencia y/o de ellos resulta una lesión grave para la víctima. Los puntos neurálgicos del debate han estado en la ampliación de facultades a las policías para que actúen de manera preventiva y sin oficio previo del Ministerio Público en la persecución de estos delitos, incluso con facultades para allanar sin autorización y para retener hasta por 4 horas –1 hora en caso de menores de 18 años y mayores de 14– a cualquier persona, si existieren “indicios” de que hubiere cometido algún delito y no portare cédula de identidad. Esta indicación, que nació en la Cámara y fue acogida parcialmente por el Gobierno, conocida como “control preventivo de identidad”, ha sido calificada por sus detractores como una vuelta a la detención por sospecha, generando una alta oposición ciudadana. No tiene acuerdo político dentro del oficialismo y ha sido observada incluso por organismos internacionales, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que señaló en un informe que la iniciativa podría vulnerar los derechos de los menores.
El Ejecutivo ha insistido en que el nuevo procedimiento “no surge por sospecha, sino que por indicio de comisión de delito”, y argumenta que se trata de “una situación mucho más objetiva (que la detención por sospecha) y que la facultad de policías es disuasiva y preventiva”, según ha expresado la ministra de Justicia. Más allá de las buenas intenciones de sus promotores, existen sobrados argumentos jurídicos y políticos para encender las luces de alerta. Particularmente respecto al control preventivo de identidad, al allanamiento sin autorización y a la mayor severidad en la aplicación de las penas, que –en opinión de la Corte Suprema– distorsiona la gravedad de los delitos en general e impacta la igualdad ciudadana ante la ley y la independencia de los jueces al dictar sentencia. Este proyecto de ley es, desde el punto de vista constitucional, uno de los más complejos de la agenda gubernamental, pues su cuerpo se refiere a los derechos y libertades civiles, lo que ha motivado las opiniones contrarias también del Defensor Nacional, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la ONU (además de la UNICEF), y de destacados penalistas y líderes de opinión. En el proyecto existen varias instituciones que pudieran constituir un retroceso en cuanto a los derechos y libertades civiles. Por ejemplo, las facilidades procedimentales a las policías, que pueden omitir la dirección o impulso de un fiscal del Ministerio Público. También la eliminación de la aplicación de las atenuantes para los delitos de robo, hurto, receptación y extorsión, y el aumento desmesurado de las penas en caso de reincidencia, ponen un acento puramente represivo a la legislación y menoscaban la libertad de los jueces para ponderar la justicia de la pena, y, además, se eleva desproporcionadamente el rango de protección criminal del derecho de propiedad. No es reprochable en sí mismo que el Poder Legislativo decida endurecer las penas en los delitos contra la propiedad en un contexto de descontrol de la criminalidad. Pero el desborde de esta o el aumento de las tasas de detenciones pendientes, que en Chile es altísima, podría ser el resultado de una insuficiencia técnica de las policías, y no necesariamente una carencia de leyes más severas o trabas legales a la acción de las policías. Peor aún, si ello fuera efectivo, una mayor discrecionalidad en el actuar de las policías en los procedimientos investigativos podría generar más daño que buenos resultados, sobre todo respecto de la obligación del imprescindible “debido proceso”. Tal consideración ha sido derechamente omitida. Ni las autoridades políticas ni las propias instituciones policiales han sido capaces, antes y ahora, de responder satisfactoriamente esta duda, y todos le sacan el bulto al asunto. Como en la mayoría de los proyectos de esta especie, en nuestro país subyace a la discusión penal y técnica un tema que es político y está referido al efectivo control de las policías por parte de la autoridad civil, en cuanto a su formación, despliegue y eficiencia. Especialmente Carabineros de Chile se caracteriza por su autorregulación interna, la formación de cuerpo antes que de individuos, y un manifiesto talante autoritario en el ejercicio de sus funciones. Las policías carecen de un currículo académico moderno, tienen una inexplicablemente alta rotación de personal y una baja formación profesional en redes y sistemas con otros organismos. Debido a ello, es posible concluir que una parte importante de la eficiencia institucional se diluye. Los rangos de especialidad policial
son muy limitados para lo que hoy se exige de una policía moderna, y viven recargadas burocráticamente. La ley en discusión las obligaría –el condicional es inevitable– a tener que reforzar labores burocráticas sin ventajas notorias que lo justifiquen. Además se prevé que tengan formularios estandarizados de quejas y que deban entregar de manera regular informes bimensuales sobre ellas y dar cuenta de los criterios de control. Todo dentro de la regla “hágalo usted mismo”. La persistencia de la autorregulación, que se sabe por experiencia que es ineficaz, sobre todo cuando los afectados por el eventual mal actuar de las policías son personas con menos recursos y sin contactos, está en uno de los incisos del artículo 12 del texto del Senado, que señala: “Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo que permita a aquellas personas que estimen haber sido objeto del ejercicio abusivo del control de identidad del presente artículo, formular su reclamo de conformidad con las normas administrativas, (…)”. Profundizando en otros aspectos, la legislación propuesta aparece abusiva al no recoger prácticamente nada de lo avanzado en años anteriores en cuanto a equilibrio de la norma penal. El control preventivo de identidad, en la forma y fondo planteados, no se justifica. Según cifras de Carabineros, en el año 2014 se realizaron cerca de dos millones de controles de identidad. Si se lleva la cifra a personas entre 14 y 75 años, uno de cada seis o siete chilenos fue controlado por la policía. Ello es el resultado de una ley ya existente, bastante amplia, y cuya operación no es objetada en los tribunales de garantía. Más aún, el propio director de la Policía de Investigaciones declaró en su audiencia ante el Congreso que lo existente era amplio y suficiente. El proyecto busca también algo que está prohibido en los tratados internacionales que obligan a Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y que ya casi no existe en otros países, como lo es el juicio en ausencia del imputado. Ello constituye una clara lesión al “debido proceso” que no se justifica en absoluto. Tiene además el agravante de que declaraciones de peritos y testigos, relevantes en un juicio, podrán operar en ausencia del imputado. Donde también se aprecia un problema en materia de derechos civiles es en la facultad que se otorga a las policías para que en la hipótesis de una persecución actual pueda, además de detener al sujeto, allanar sin autorización judicial previa el lugar cerrado al que entró, e incautar evidencia, sea ésta relacionada o no con el hecho por el cual se perseguía al imputado. En demasiadas oportunidades tal acción podría afectar gravemente el derecho a la intimidad en el hogar de terceros, sin contribuir en nada a la eficacia de la investigación penal. No se justifica ya que la norma vigente permite que el fiscal pueda llamar por teléfono al juez de garantía para obtener prontamente la autorización de allanamiento. Estimamos que este es un buen momento para retomar, como tantas otras cosas olvidadas, un debate serio sobre la seguridad ciudadana y el republicano y democrático control civil efectivo sobre las policías. Ello pasa hoy por moderar la inclinación populista y represiva del Estado. Desde Ricardo Lagos hacia acá, todos los gobiernos han prometido reformas y ministerios de la Seguridad, pero ninguno ha sido capaz de actuar con una visión de sistema, pese a que no solo la delincuencia se supera día a día, sino que el país experimenta brotes de violencia que merecerían una inteligencia más acabada.
INFORME: DENUNCIAS POR HOMOFOBIA AUMENTARON CASI 9% EN EL AÑO 2015 PUBLIMETRO http://www.publimetro.cl/nota/cronica/informe-denuncias-homofobia-aumentaron-casi-9-en-elano-2015/xIQpco!UUIWxLgaIrqc/ Durante el año pasado las denuncias por homofobia y transfobia aumentaron en un 8.8% con respecto al año 2014, cifra que logró reflejar un total de 258 abusos de acuerdo a lo que señala el XIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual que fue elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En el informe de la organización que aboga por los derechos de la diversidad sexual, señalan que el aumento de las denuncias de homofobia se debe a que en el 2015 hubo “el mejor desempeño que el Poder Judicial ha tenido en su historia, calificando el año como “Año de la justicia para la diversidad sexual” con ocho fallos a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”.
Argumento similar fue el comentado a Publimetro por el vocero del Movilh, Oscar Rementería, quien señaló que las personas de la diversidad sexual se atreven más a denunciar. “A medida que la igualdad de derechos avanzan, los sectores más homofóbicos reaccionan de manera mucho más violenta ante la población perteneciente de la diversidad sexual, pero esto no significa que haya un aumento de los casos, pero sí de las denuncias porque las personas ya no tienen el miedo que había anteriormente”, comentó Oscar Remetería.
El denominado “Año de la justicia” se debe a que los fallos de la Corte Suprema y los Tribunales de Justicia fueron favorables para la comunidad LGBTI, como uno de los casos más renombrados dictados por la Corte Suprema, de la distribución para estudiantes del libro “Nicolás tiene dos papás”, texto que reconocía los derechos de las familias homoparentales. El alza de las denuncias (8.8%) no fue tan significativa en comparación con la explosión que se presentó en 2014 donde hubo un incremento del 65%, esto se debe, de acuerdo al informe presentado, porque después de la aprobación del Acuerdo Unión Civil (AUC) algunos grupos opositores no dejaron avanzar en la aprobación de leyes como matrimonio igualitario y de la identidad de género, ambos temas mencionados como deudas históricas con la diversidad sexual. Del total de las 258 denuncias, tres de ellas corresponden a asesinatos ocurridos en nuestro país, los que a pesar de disminuir en dos casos con respecto a 2014, el número sigue siendo preocupante por la violencia efectuada a los casos de dos mujeres transexuales que ejercían el comercio sexual y un hombre homosexual. Estos altos niveles de violencia también se vieron reflejados en los números más abultados de discriminación provenientes de amigos, familiares o vecinos con un porcentaje de aumento de 244%, seguido por los obstáculos o sanciones contra la libertad de expresión (72,2%) y agresiones físicas y verbales perpetradas por civiles (55%). Al dividir los abusos sufridos por la comunidad LGBTI, los hombres homosexuales concentraron el 20%, mientras que las mujeres lesbianas o bisexuales generaron un 17% y la población transexual un 15%. Frente a todas estas cifras, el informe señala que el Estado logró reaccionar de forma positiva con políticas públicas como la incorporación de la población LGBTI a la encuesta Casen, lo que “ayudará a mejorar las políticas públicas a favor de la diversidad sexual, en especial de aquellas personas de escasos recursos económicos que padecen doble discriminación”, señala el informe. Además destaca positivamente que por primera vez en siete años no se registraron abusos policiales y las declaraciones homofóbicas o transfóbicas bajaron a un 46,2%. Además en el XIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual añadieron un Ranking de la homofobia y la transfobia, en el que incorporaron a las instituciones y personas que encabezaron la discriminación.
POLÍTICOS DE LA UDI Y PASTOR SOTO APARECEN ENTRE RÁNKING DE PERSONAJES PÚBLICOS EVALUADOS COMO HOMOFÓBICOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/15/politicos-de-la-udi-y-pastor-soto-aparecenentre-ranking-de-personajes-publicos-evaluados-como-homofobicos/
Jacqueline Van Rysselberghe, Iván Moreira, Ignacio Urrutia, José Antonio Kast, junto al llamado llamado "Pastor Soto" (Javier Soto), y el alcalde de Talca, Juan Castro, aparecen en los primeros lugares de los personajes públicos evaluados como homofóbicos, según el ránking del XIV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile. Según el estudio elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el segundo lugar aparecen: el senador Manuel José Ossandón, el diputado Leopoldo Pérez y Nicolás Monckeberg. En una tercera posición, aparecen más figuras públicas como la rectora del colegio Pumahue, Carolina Bergamasco Valle. Y en el cuarto, algunos miembros de la iglesia como el Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.
En total, se identificaron a 152 personas y 60 instituciones como responsables de total de atropellos a nivel nacional. “Se trata de colegios, pequeñas y grandes empresas, iglesias, partidos y organizaciones no gubernamentales que, de una u otra manera, están vinculados a religiones, a movimientos ultraconservadores y, en menor medida, a corrientes “neonazis”, siendo su perfil el mismo que el de años anteriores, pero con una lamentable excepción. Homofobia y transfobia Las denuncias por homofobia y transfobia aumentaron un 8,8% en el último año registrándose un total de 258 abusos, entre esos tres asesinatos y 48 graves ataques. Los atropellos contrastaron con el mejor desempeño que el Poder Judicial ha tenido en su historia, a un punto que el 2015 fue calificado como el “Año de la Justicia para la Diversidad Sexual” a raíz de 8 fallos a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), añadió el estudio. La investigación, que es la principal fuente en materia de diversidad sexual para Naciones Unidas, la OEA, las embajadas y organismos nacionales; precisó que “el aumento de denuncias fue inesperado, pues el 2014 hubo un explosivo incremento del 65%, tendencia que lejos de revertirse, siguió al alza durante 2015”. El aumento es “explicable, en parte, porque tras la aprobación del Acuerdo de Unión Civil (AUC) los opositores a la igualdad se movilizaron de norte a sur para impedir el avance de más leyes; como las del matrimonio igualitario y de la identidad de género; mientras que las parejas del mismo sexo se empoderaron en sus derechos, exigiéndolos en más espacios y denunciando todo episodio que las afectara”, indicó la investigación, “A la par, las autoridades reaccionaron púbicamente a abusos de alto impacto, lo cual generó la sensación de que las denuncias podían ser útiles, así como derivar en justicia”, redondeó el estudio. Pese a todo, “el Estado fue ineficiente en lo referente a saldar deudas históricas con la diversidad sexual, como son el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la derogación de leyes homofóbicas. El desempeño del Congreso Nacional y el Gobierno fue incluso hasta más conservador que el Poder Judicial, un fenómeno sin precedentes”, apuntó el Movilh. Casos de discriminación Los 258 casos y denuncias por homofobia y transfobia registrados el 2015 fueron más o igual de violentos que en el pasado, dañando a las personas en los planos físicos, emocionales, laborales, familiares y educacionales, entre otros, situación que resulta preocupante. En los casos más extremos se trata de asesinatos y de ataques que incluyen cortes con vidrio en cara y cuerpo, apuñalamientos, azotes de cabeza contra el cemento, puñetazos, patadas y apedreamientos, a lo que suman abusos contra niños/as LGBTI o hijos/s de parejas del mismo sexo. El total de abusos se dividen en 3 asesinatos; 45 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles; 16 casos de discriminación laboral y 18 de tipo educacional; 48 movilizaciones o campañas contra los derechos de personas LGBTI; 33 exclusiones o intentos de marginación institucional; 19
obstáculos para la libertad de expresión en espacios públicos o privados; 31 excesos comunitarios (propinadas por familiares, amigos o vecinos); 43 declaraciones homofóbicas o transfóbicas y 2 atropellos en la cultura, los medios o el espectáculo. De las 11 categorías de homofobia y transfobia mencionadas, en 7 aumentaron las denuncias y casos, en 3 disminuyeron y en 1 se mantuvieron. El mayor incremento se registró en la discriminación propinada por amigos, familiares o vecinos, con un 244% más que el 2014; seguida por los obstáculos o sanciones contra la libertad de expresión de las personas y parejas LGBTI (+72,7%,) y por las agresiones físicas y verbales perpetradas por civiles (+55%), Los atropellos más brutales, aquellos que quitan la vida, descendieron un 40%, pasando de 5 a 3 los asesinatos homofóbicos o transfóbicos. Sin embargo, en el año se conoció el suicidio de un joven que en reiteradas ocasiones denunció acosos en razón de su orientación sexual. Destaca positivamente que por primera vez en 7 años no se registraron abusos policiales, mientras las declaraciones homofóbicas o transfóbicas mermaron un 46,2%. La población transexual concentró el 15% del total de abusos del 2015, las mujeres lesbianas o bisexuales el 17% y los hombres homo-bisexuales el 20%. El 48% de los casos afectó a las personas LGBTI como conjunto. Los abusos contra personas transexuales incrementaron un 135% en relación al 2014, sumando 40 casos, la cifra más alta reportada en un año. El alza obedeció a un mayor empoderamiento de las personas trans en torno a sus derechos laborales y educacionales, así como a las continuas movilizaciones de reducidos sectores contra la Ley de Identidad de Género. Distribución geográfica de los abusos En 9 regiones aumentaron los casos o denuncias por discriminación ubicándose en primer lugar Atacama, que pasó de cero a 5 reportes. Le siguen las regiones Bernardo O´Higgins y Arica y Parinacota (+300% cada una), Aysén (+200%,), Maule (+133%) Antofagasta (+120%), Magallanes (+50%), Metropolitana (+30%) y Valparaíso (+18.7%) En la Araucanía (-44%), Los Lagos (-37,5%) Biobío (-6,6%) se registraron mermas, mientras que en Tarapacá, Coquimbo y Los Ríos no hubo variaciones estadísticas. Por último, el Gran Santiago concentró el 35,3% de los abusos a nivel nacional, seguido por las regiones de Valparaíso (22,1%), del Biobío (5,4%), de Antofagasta (4.3%), del Maule (2.7%), de Magallanes (2.3%) de Atacama (1.9%), de la Araucanía (1.9%), de Los Lagos (1.9%), de Bernardo O´Higgins (1,6%), de Tarapacá (1,2%), de Arica (1,2%), de Aysén (0.8%), de Los Ríos (0.8%) y de Coquimbo (0.4%).
CORTE SUPREMA RATIFICA FALLO A FAVOR DE NIÑ@S MAPUCHE QUE PADECEN GRAVES SECUELAS PSICOLÓGICAS TRAS VIOLENTO DESALOJO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/03/15/265234/corte-suprema-ratifica-fallo-a-favor-de-ninsmapuche-que-padecen-graves-secuelas-psicologicas-tras-violento-desalojo/
Luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco emitiera un fallo a favor de niñas y niños mapuches que fueron violentamente desalojados por la Fuerza Pública en conjunto con asalariados de la Forestal Mininco, la Corte Suprema ha ratificado el dictamen del tribunal de la Región de La Araucanía en defensa de los pequeños de la comunidad Rankilko, sector de Malleco Bajo, comuna de Ercilla. El tribunal de la ciudad del cerro Ñielol había acogido un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de los menores, quienes producto del desalojo quedaron con graves secuelas traumáticas de acuerdo a los informes proporcionados por el Servicio Nacional de Menores. El recurso está dirigido en favor de siete niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los seis meses y los nueve años de edad y sus respectivos progenitores, quienes desde abril de 2015 viven en el predio “El Retiro 3”, ubicado en los faldeos del cerro Chiguahue.
El fallo confirmado por la Corte Suprema exige a Carabineros “implementar en los procedimientos policiales un actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de los menores amparados, y disponer de un procedimiento sumarial administrativo, en el que se investigue la eventual existencia de responsabilidades en relación al hecho”. Además, el INDH explicó que el tribunal de Temuco en su sentencia indica que sin menoscabar las potestades que disponen las Fuerzas de Orden y Seguridad “el uso de dichas facultades se encuentra limitado por el respeto de las garantías constitucionales, que la misma Carta Fundamental consagra, entre las cuales se encuentra la integridad personal de las personas y la libertad personal de las mismas, en todas sus variantes de ejercicio (…) además, de los derechos que instrumentos internacionales consagran para el respeto y protección de los derechos de los niños y de las comunidades indígenas, como se indica en el libelo de amparo”.
Finalmente, el tribunal determina un hecho relevante y también ordena una investigación, pues establece que la Fuerza Pública transgredió los derechos y garantías de los niños y niñas; y por ello ordenó un sumario para que se investiguen los presuntos responsables del violento desalojo en la comunidad de Rankilko. ALLENDE Y TEMA “RICARDINI”: INJUSTIFICADO Y DE MAL GUSTO LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/03/15/A/fullpage#slider-16 A raíz del episodio protagonizado por el presidente de la Cámara, el diputado Marco Antonio Núñez (PPD) el pasado 2 de marzo, donde tras la intervención de la diputada socialista Daniela Cicardini sobre la Ley de Acoso Callejero, Núñez le dijo "muchas gracias diputada Ricardini", los usuarios en redes sociales no han descansado viralizando el video e, incluso, la misma diputada afectada retuiteó los mensajes que hablaban del "desubicado" comentario o "piropo". Esta mañana la presidenta del PS, senadora Isabel Allende, se sumó a las críticas y habló de un episodio "tan desafortunado que no podía creerlo". "Hubiese podido imaginarme que hubiese sido un error, pero no me puedo imaginar que hubiera habido una intencionalidad a ese respecto, porque habría sido absolutamente reprochable e injustificado. Y no sólo de sexismo, sino que además de un mal gusto inconcebible. Espero que realmente no tenga el contenido que quiso darle, es incomprensible", señaló. Consultada si esta actitud se repite en el Senado, Allende dijo que no lo ha sentido. "Cuando era presidenta, casi todos se dirigían a mí como ‘señora presidenta', pero a los dos minutos estaban con el ‘señor presidente'. Pero era el hábito, tanto que hice poner ‘presidenta' fuera de mi oficina". Los 6 minutos de la diputada Cicardini "Es penoso tener que pedir respeto" "Es lamentable que a esta altura de los tiempos y de la historia todavía tengamos que crear normas y leyes para regular aquello que debiese ser más fundamental y básico, que es el respeto a los derechos del otro simplemente por la condición de ser humano y persona, independiente de su género", fueron las palabras de Cicardini por la Ley de Acoso Callejero. "Todavía hoy una mujer no puede caminar por nuestras calles ni subirse al metro sin tener la certeza y la tranquilidad de que no será violentada o pasada a llevar (…) Es triste y penoso tener que pedir a través de una ley algo tan básico como el respeto", agregó en sus seis minutos de intervención.
Tras el desafortunado comentario de Núñez, la diputada levantó la voz para decir "se merece una multa por lo que acaba de decir, señor Presidente", lo que fue contestado por el diputado con un "sí, ya me la autoasigné". ABORTO: EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO QUE ENFRENTA AL SERNAM Y ALVEAR EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/15/aborto-este-es-el-programa-deacompanamiento-que-enfrenta-al-sernam-y-alvear/
"Esta no es una sofisticación, una elaboración espacial o venida de otro planeta, ni siquiera de otros países: es hecha por médicos chilenos que actualmente están haciendo acompañamiento", dijo ayer Soledad Alvear sobre el plan de acompañamiento integrado al proyecto por el Ejecutivo que despenaliza el aborto en tres causales, a instancias de la Democracia Cristiana. La ministra del Sernam, Claudia Pascual, defendió el plan de acompañamiento del Gobierno y respondió a Alvear asegurando que “es mucho más que la entrega de una información con respecto a en qué consiste la garantía de la prestación de salud".
Estos son los principales puntos que enfrentan a la ex senadora con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo las de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. “También se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso”. Si la mujer decide continuar su embarazo, además del apoyo ya descrito, se le entregará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. El acompañamiento solo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice. Además deberá entregarse la información completa y objetiva a las mujeres que quieran presentar una denuncia, sin influir en su voluntad. El prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprenda todas las alternativas que tiene frente a la interrupción del embarazo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. El prestador de salud deberá, asimismo, proporcionarle a la mujer los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo. Estos deberes se cumplirán mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. La mujer también podrá reclamar en una instancia regulada en la ley, en caso de que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos que la misma indica. El prestador de salud deberá responder en un plazo de cinco días y adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas, también dentro de cinco días hábiles. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente, esta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos. VIDEO: VEA EL CABEZAZO QUE LE PROPINARON A ÁLVARO CORBALÁN LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/videos/pais/video-vea-el-cabezazo-que-le-propinaron-aalvaro-corbalan/2016-03-15/210551.html El pasado viernes, el ex agente de la CNI y militar en retiro Álvaro Corbalán Castilla, quien cumple penas por violaciones a los DDHH en la Cárcel de Alta Seguridad, divulgó que había sido víctima de una agresión mediante un cabezazo de parte de un militante anarquista, también detenido, que se lo topó en los pasillos.
La situación motivó incluso que el propio Corbalán enviara una carta abierta su agresor, vía CNN Chile, en la que acusa a Joaquín García de haberlo agredido de manera “abrupta, sorpresiva y cobarde”. Pues bien este martes, se divulgó el golpe que sufriera el jerarca de la CNI a través de distintas redes sociales. OTRO MIEMBRO DEL GRUPO QUE LIDERABA BERTA CÁCERES ES ASESINADO EN HONDURAS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/03/15/265397/otro-miembro-del-grupo-lideraba-bertacaceres-es-asesinado-en-honduras/
Según información local de Honduras que se encuentra disponible en la web, fue asesinado el activista Nelson Noé García, de 35 años de edad, en la comunidad Río Chiquito, ubicado en el departamento de Cortés. Miembros del Copinh señalaron que el homicidio sucedió mientras se realizaba un desalojo que fue ejecutado por Policía Militar en la zona. El deceso de Nelson Noé García sucedió a razón de que recibió cuatro impactos de bala en su rostro. Esta información aún no se ratifica de parte de las autoridades del país. Este lamentable crimen sucede a menos de dos semanas del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Copinh, en su vivienda por unos desconocidos. Cabe mencionar que Cáceres, líder indígena del pueblo lenca fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones por acompañar las luchas por la defensa de su pueblo. Además, Berta Cáceres fue víctima de persecución política ya que sobre ella recayeron varias órdenes de detención.